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La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado sentencia, con fecha 15 de noviembre de 1995, en el recurso contencioso-administrativo número 2.000/1991, en el que son partes, de una, como demandante, don Gabriel Serrano Corral, y de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.
El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas de fecha 13 de septiembre de 1991, que desestimaba el recurso de alzada interpuesto contra la resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado de fecha 14 de mayo de 1991 sobre pensión complementaria de jubilación.
La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:
«Fallamos: Que desestimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador don José Luis Pinto Marabotto, en representación de don Gabriel Serrano Corral, contra la resolución de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado de 14 de mayo de 1991, confirmada en reposición por Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas de 13 de septiembre de 1991, debemos declarar y declaramos ajustadas a derecho tales resoluciones, sin hacer especial imposición de las costas causadas.»
En su virtud, este Ministerio para las Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución; 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado» para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.
Lo que digo a VV. II.
Madrid, 25 de marzo de 1996.-P. D. (Orden de 11 de septiembre de 1992, «Boletín Oficial del Estado» del 22), el Subsecretario, Manuel Ortells Ramos.
Ilmos. Sres. Subsecretario y Directora general de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado.
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