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Por Orden de 3 de julio de 1997, del Ministerio de Justicia, se convocó concurso público para el nombramiento de Abogados Fiscales sustitutos.

Transcurrido el plazo fijado para la presentación de solicitudes y evacuado informe por el Fiscal Jefe correspondiente, a propuesta del Fiscal General del Estado, y de conformidad con lo establecido en el artículo 6.o del Real Decreto 1050/1987, de 26 de junio («Boletín Oficial del Estado» de 2 de septiembre),

He acordado los siguientes nombramientos de Abogados Fiscales sustitutos, por orden preferente en cada Fiscalía y adscripción permanente, en función de los méritos alegados:

Tribunal Superior de Justicia de Navarra

Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Navarra: Doña María Soledad Ezcurra Irure.

Audiencia Provincial de Alicante

Adscripción permanente de Alcoy de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Alicante: Doña Antonia Sánchez Carpena.

Audiencia Provincial de León

Adscripción permanente de Ponferrada de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de León: Doña María Luisa Calabuig Costa.

Audiencia Provincial de Castellón

Fiscalía de la Audiencia Provincial de Castellón: Doña María Dolores Peralta Muro.

Los presentes nombramientos extenderán sus efectos desde su toma de posesión hasta el 31 de marzo de 1998, salvo que durante dicho período se incremente el número de Fiscales de carrera destinados en las respectivas Fiscalías, como consecuencia de concurso de traslado de la carrera Fiscal, en cuyo caso, se dará de baja en cada Fiscalía o adscripción, un número de Abogados Fiscales sustitutos, equivalente al aumento de Fiscales de carrera destinados en ella, procediéndose para ello en sentido inverso al orden de prelación seguido para su nombramiento. También será motivo de cese cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 5.o 2 del Real Decreto 1050/1987, de 26 de junio.

Por el Fiscal Jefe correspondiente se comunicará a la Subdirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal si los Abogados Fiscales sustitutos desarrollan sus actuaciones de forma continua o discontinua, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7.o del Real Decreto 1050/1987, de 26 de junio, antes citado.

Esta Orden pone fin a la vía administrativa; contra la misma podrán los interesados interponer recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses, desde el día siguiente a su publicación, previa comunicación a este centro directivo (artículo 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

Madrid, 31 de julio de 1997.-P. D. (Orden de 29 de octubre de 1996), el Director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Juan Ignacio Zoido Álvarez.