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En el recurso de apelación número 11.239/91, interpuesto ante el Tribunal Supremo por la Abogacía del Estado en la representación que le es propia, contra la sentencia de la Audiencia Nacional, de 25 de mayo de 1991, estimatoria del recurso contencioso-administrativo 17.084 -cuyo cumplimiento ya fue ordenado el 22 de diciembre de 1991 por la Subsecretaría del entonces Ministerio de Obras Públicas y Transportes- deducido por don Rafael Arévalo Camacho, sobre pago de honorarios devengados como Arquitecto, por obras realizadas por el entonces Instituto Nacional de la Vivienda, en Sevilla, se ha dictado sentencia, en fecha 4 de abril de 1997, cuya parte dispositiva literalmente dice:

«Fallamos: Que declaramos haber lugar en parte al recurso de apelación interpuesto por la representación de la Administración del Estado, debemos revocar y revocamos la sentencia apelada, dictada el 25 de mayo de 1991 por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el único sentido de declarar, como declaramos, conformes a Derecho las resoluciones administrativas impugnadas en el punto en el que se desestimó la reclamación referente a la aplicación del descuento del 20 por 100 de los honorarios, descuento que declaramos procedente, confirmando la sentencia apelada en todos sus demás pronunciamientos.»

Este Ministerio, de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y cumplimiento.

Madrid, 9 de octubre de 1997.-P. D. (Orden de 30 de mayo de 1996, «Boletín Oficial del Estado» de 1 de junio), el Subsecretario, Víctor Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín.

Ilmo. Sr. Director general de la Vivienda, la Arquitectura y el Urbanismo.