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En la pieza separada de ejecución de la sentencia del Tribunal Supremo de 15 de enero de 1992, cuyo cumplimiento ya fue ordenado el 11 de noviembre de 1992 por la Subsecretaría del entonces Ministerio de Obras Públicas y Transportes, recaída en el recurso contencioso-administrativo número 28/1986, interpuesto por don Andrés Castells Crespo contra la Orden de 25 de noviembre de 1985, referida a pérdida de acceso a finca parcialmente expropiada con motivo de la construcción de la autopista Valencia-Alicante, en el término municipal de Benisa (Alicante), se ha dictado auto, en fecha 5 de septiembre de 1996, cuya parte dispositiva literalmente dice:

«La Sala acuerda: Que la indemnización que debe satisfacer la Administración al recurrente, en ejecución de la sentencia de 15 de enero de 1992, es la siguiente: a) 1.807.452 pesetas por los daños agrícolas ocasionados por pérdida de acceso a finca expropiada, cantidad referida a 26 de febrero de 1990; b) 5.494.725 pesetas por sustitución de construcción del referido acceso, cantidad referida a 20 de abril de 1993, y c) ambas cantidades deberán ser incrementadas desde las mencionadas fechas hasta el efectivo pago de acuerdo con el índice de precios al consumo; todo ello sin expresa condena en costas.»

Este Ministerio, de conformidad con lo establecido en los artículos 103 y siguientes de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla en sus propios términos el referido auto.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y cumplimiento.

Madrid, 31 de enero de 1997.-P. D. (Orden de 30 de mayo de 1996, «Boletín Oficial del Estado» de 1 de junio), el Subsecretario, Víctor Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín.

Ilmo. Sr. Director general de Carreteras.