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La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha dictado sentencia, con fecha 17 de diciembre de 1996, en el recurso contencioso-administrativo número 8/712/1995, en el que son partes, de una, como demandante, doña Mercedes Garríguez Notario y otros, y de otra, como demandada, la Administración General del Estado, representada y defendida por el Abogado del Estado.

El citado recurso se promovió contra la Resolución del Ministerio para las Administraciones Públicas, de fecha 14 de julio de 1993, que desestimó o declaró inadmisibles los respectivos recursos de reposición interpuestos contra sendas Resoluciones del departamento, de fechas 4 y 5 de mayo de 1993, sobre integración en la Escala a extinguir de Técnicos de Administración de la AISS.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

«Fallamos: 1. Estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Letrado señor Núñez Samper y Macho-Quevedo, en nombre y representación procesal de doña Mercedes Garríguez Notario, doña Nieves Campo Toribio, doña Marina Díaz Neira, doña Mercedes García Vizcaíno, doña Petra Hernández Alonso, doña Rocío López Paz, doña María José Losada Sánchez, doña Alicia Rodríguez Cortecero, doña Rosalía Trejo Pintado, doña Carmen Dueñas Guallart, doña María Luisa Dueñas Guallart y doña Ángela Camarero Delgado, contra las Resoluciones de 25 de septiembre de 1992 y 14 de julio de 1993, del Subsecretario del Ministerio para las Administraciones Públicas, por delegación del Ministro (referencia 2R 2196-2207/93), en materia de integración en la Escala a extinguir de Técnicos de Administración de la AISS, que anulamos en parte, en el concreto punto de la inadmisibilidad allí declarada del recurso de reposición deducido por doña Nieves Campo Toribio, doña Rosalía Trejo Pintado y doña María Luisa Dueñas Guallart, a pretexto de falta de acto administrativo recurrible, que no se ofrece conforme a Derecho.

2. Desestimamos las restantes pretensiones ejercitadas por los recurrentes por ser conformes al ordenamiento jurídico en cuanto al fondo de la cuestión planteada las Resoluciones que se recurren, que, en consecuencia, procede confirmar; sin expreso pronunciamiento sobre costas procesales.»

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Públicas, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el «Boletín Oficial del Estado», para general conocimiento y cumplimiento en sus propios términos de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 4 de abril de 1997.-P. D. (Orden de 27 de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado» de 4 de octubre), el Secretario general técnico, Tomás González Cueto.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Función Pública.