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Documento BOE-A-1998-20304

Sentencia de 22 de junio de 1998, recaída en el conflicto de jurisdicción número 72/1997, planteado entre el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Móstoles y la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Ministerio de Justicia.

Publicado en:
«BOE» núm. 200, de 21 de agosto de 1998, páginas 28724 a 28724 (1 pág.)
Sección:
III. Otras disposiciones
Departamento:
Tribunal de Conflictos de Jurisdicción
Referencia:
BOE-A-1998-20304

TEXTO ORIGINAL

El Secretario de Gobierno y del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción,

Certifico: Que en el conflicto antes indicado se ha dictado la siguiente

sentencia:

En la villa de Madrid, a veintidós de junio de mil novecientos noventa

y ocho.

Visto por el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, compuesto por

don Francisco Javier Delgado Barrio, Presidente, y don Juan Antonio Xiol

Ríos, don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, don Antonio Sánchez del Corral

y del Río, don Miguel Vizcaíno Márquez y don Antonio Pérez-Tenessa

Hernández, Vocales, el conflicto negativo de jurisdicción suscitado a instancia

de don Eladio Sanz Faraldos entre el Juzgado de Primera Instancia

número 5 de Móstoles y la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del

Ministerio de Justicia, al declararse ambos incompetentes para resolver acerca

de la solicitud del beneficio de asistencia jurídica gratuita.

Antecedentes

Primero.-El 14 de noviembre de 1996, don Eladio Sanz Faraldos,

asistido por la Letrada del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid doña María

Teresa Andreo Sánchez, presentó en el Juzgado de Primera Instancia

número 5 de Móstoles demanda de justicia gratuita en el juicio de cognición

número 147/1996, seguido a instancia de la Comunidad de Propietarios

de la avenida de Portugal, número 11, de Móstoles. El Juzgado después

de otras incidencias que no, del caso, por Auto de 15 de septiembre

de 1997, acordó inadmitir dicha demanda de conformidad con lo

preceptuado en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita,

por falta de competencia, que viene atribuida a la Comisión de Justicia

Gratuita, creada por dicha Ley, ante quien se deberá formalizar la

pretensión por el interesado.

Segundo.-La Comisión Nacional de Asistencia Jurídica Gratuita del

Ministerio de Justicia, en su reunión de 17 de septiembre de 1997, acordó

declarar inadmisible la solicitud por estimar, a la vista de la disposición

transitoria única de la Ley 1/1996 y de la fecha en que fue presentada

la primera petición ante el Servicio de Orientación Jurídica del Colegio

de Abogados de Madrid, que carece de jurisdicción y competencia para

el conocimiento de este asunto, remitiendo al interesado, si a su derecho

conviene, el planteamiento del conflicto negativo de jurisdicción.

Tercero.-Por escrito de fecha 20 de noviembre de 1997, el interesado

solicitó al Juzgado de Primera Instancia número 5 de Móstoles que tuviese

por planteado el conflicto negativo de jurisdicción, y el Juzgado, por

providencia de 20 de octubre de 1997, acordó elevar el expediente al Tribunal

de Conflictos de Jurisdicción y librar oficio a la Comisión de Asistencia

Jurídica Gratuita para que hiciera lo mismo con las actuaciones

administrativas.

Cuarto.-Por providencia de este Tribunal de Conflictos de 19 de

diciembre de 1997 se dio cuenta de la recepción de las actuaciones judiciales,

que fueron incorporadas a las actuaciones y se acordó reclamar a la

Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Ministerio de Justicia las

actuaciones administrativas correspondientes, y por otra de 12 de marzo

de 1998 se dieron por recibidas las actuaciones administrativas,

concediéndose al propio tiempo un plazo común de diez días al Ministerio Fiscal

y al Abogado del Estado para su preceptivo informe.

Quinto.-El Ministerio Fiscal entiende que la competencia corresponde

en este caso a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, porque el 17

de julio de 1996, cuando se presentó ante el Juzgado la demanda de

asistencia gratuita estaba ya en vigor, a tenor de su disposición transitoria

única, la Ley 1/1996 que, abandonando el sistema anterior, atribuyó la

competencia de esta materia a la citada comisión. El Abogado del Estado,

con autorización del Director general del Servicio Jurídico cuya copia

adjunta, manifestó que a la vista de las repetidas sentencias del Tribunal

de Conflictos de Jurisdicción a que, en supuestos idénticos al presente,

ha reconocido la competencia de la Comisión de Asistencia Jurídica

Gratuita del Ministerio de Justicia para reconocer y resolver las solicitudes

de justicia gratuita, se muestra conforme con ese criterio y entiende que

el conflicto negativo de jurisdicción debe resolverse a favor de dicha

Comisión.

Sexto.-Por providencia de 8 de enero de 1998 fue designado Ponente

en este conflicto el excelentísimo señor don Miguel Vizcaíno Márquez.

Fundamentos de Derecho

Primero.-La cuestión planteada en el presente conflicto negativo de

jurisdicción consiste en determinar si la competencia para conocer y

resolver la solicitud de justicia gratuita formulada por don Eladio Sanz Faraldos

corresponde al Juzgado de Primera Instancia número 5 de Móstoles o

a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, debiendo tenerse en cuenta,

por un lado, la disposición transitoria única de la Ley 1/1996, de 10 de

enero, y, por otro, la fecha en que se presentó la solicitud.

Segundo.-La disposición transitoria única de la Ley 1/1996, de

Asistencia Jurídica Gratuita, estableció que "las solicitudes de justicia gratuita

presentadas, con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley,

se regirán por la normativa vigente en el momento de efectuar la solicitud",

entrada en vigor que se produjo a los seis meses de su publicación en

el "Boletín Oficial del Estado", o sea, el 12 de julio de 1996. Sobre el

alcance de esta disposición transitoria y, en particular, de la expresión

"las solicitudes de justicia gratuita", ya ha tenido ocasión de pronunciarse

este Tribunal en varias sentencias (de 23 de octubre y 19 de diciembre

de 1997), llegando siempre a la conclusión de que, en el régimen jurídico

vigente, antes del 12 de julio de 1996, se entiende por "solicitud de justicia

gratuita", la demanda que se formula ante el Juzgado, único órgano

competente entonces para conocer y resolver la pretensión, conforme a lo

dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Cualquier

otro escrito presentado ante el Colegio de Abogados o ante el Ministerio

de Justicia para la designación de Abogado de oficio o para instrumentar

la subvención estatal a la asistencia jurídica gratuita no es, a efectos de

la disposición transitoria de la Ley 1/1996, una "solicitud de justicia

gratuita" y no puede tener el alcance de desplazar el régimen jurídico aplicable

ni la competencia para resolver. Criterio compartido en este conflicto tanto

por el Ministerio Fiscal como por el Abogado del Estado.

Tercero.-En el presente caso, la verdadera solicitud -es decir, la

demandaincidental se presentó en el Juzgado el 14 de noviembre de 1997,

cuando ya había expirado el período transitorio y había entrado en vigor

la Ley 1/1996, de 10 de enero, cuyo artículo 9 atribuye la competencia

para resolver sobre esa solicitud a la Comisión de Asistencia Jurídica

Gratuita, ante la que debe instarse el reconocimiento del derecho de

asistencia jurídica gratuita, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la

citada Ley.

En su virtud, fallamos:

Que la competencia a que se refiere el presente conflicto negativo de

jurisdicción corresponde a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita,

integrada orgánicamente en el Ministerio de Justicia, la cual deberá admitir

a trámite la solicitud y resolver lo que proceda.

Así por esta nuestra sentencia, que se comunicará a los órganos

contendientes y se publicará en el "Boletín Oficial del Estado", lo

pronunciamos, mandamos y firmamos.-Francisco Javier Delgado Barrio.-Juan

Antonio Xiol Ríos.-Jorge Rodríguez-Zapata Pérez.-Antonio Sánchez del

Corral y del Río.-Miguel Vizcaíno Márquez.-Antonio Pérez-Tenessa

Hernández.

Corresponde fielmente con su original. Y para que conste y remitir

para su publicación al "Boletín Oficial del Estado", expido y firmo la

presente en Madrid, a 16 de julio de 1998.-Certifico.

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