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El Secretario de Gobierno y del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción,

Certifico: Que en el conflicto antes indicado se ha dictado la siguiente sentencia:

En la villa de Madrid, a veintidós de junio de mil novecientos noventa y ocho.

Visto por el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, compuesto por don Francisco Javier Delgado Barrio, Presidente, y don Juan Antonio Xiol Ríos, don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, don Antonio Sánchez del Corral y del Río, don Miguel Vizcaíno Márquez y don Antonio Pérez-Tenessa Hernández, Vocales, el conflicto negativo de jurisdicción suscitado a instancia de don Eladio Sanz Faraldos entre el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Móstoles y la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Ministerio de Justicia, al declararse ambos incompetentes para resolver acerca de la solicitud del beneficio de asistencia jurídica gratuita.

Antecedentes

Primero.

El 14 de noviembre de 1996, don Eladio Sanz Faraldos, asistido por la Letrada del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid doña María Teresa Andreo Sánchez, presentó en el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Móstoles demanda de justicia gratuita en el juicio de cognición número 147/1996, seguido a instancia de la Comunidad de Propietarios de la avenida de Portugal, número 11, de Móstoles. El Juzgado después de otras incidencias que no, del caso, por Auto de 15 de septiembre de 1997, acordó inadmitir dicha demanda de conformidad con lo preceptuado en la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, por falta de competencia, que viene atribuida a la Comisión de Justicia Gratuita, creada por dicha Ley, ante quien se deberá formalizar la pretensión por el interesado.

Segundo.

La Comisión Nacional de Asistencia Jurídica Gratuita del Ministerio de Justicia, en su reunión de 17 de septiembre de 1997, acordó declarar inadmisible la solicitud por estimar, a la vista de la disposición transitoria única de la Ley 1/1996 y de la fecha en que fue presentada la primera petición ante el Servicio de Orientación Jurídica del Colegio de Abogados de Madrid, que carece de jurisdicción y competencia para el conocimiento de este asunto, remitiendo al interesado, si a su derecho conviene, el planteamiento del conflicto negativo de jurisdicción.

Tercero.

Por escrito de fecha 20 de noviembre de 1997, el interesado solicitó al Juzgado de Primera Instancia número 5 de Móstoles que tuviese por planteado el conflicto negativo de jurisdicción, y el Juzgado, por providencia de 20 de octubre de 1997, acordó elevar el expediente al Tribunal de Conflictos de Jurisdicción y librar oficio a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita para que hiciera lo mismo con las actuaciones administrativas.

Cuarto.

Por providencia de este Tribunal de Conflictos de 19 de diciembre de 1997 se dio cuenta de la recepción de las actuaciones judiciales, que fueron incorporadas a las actuaciones y se acordó reclamar a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Ministerio de Justicia las actuaciones administrativas correspondientes, y por otra de 12 de marzo de 1998 se dieron por recibidas las actuaciones administrativas, concediéndose al propio tiempo un plazo común de diez días al Ministerio Fiscal y al Abogado del Estado para su preceptivo informe.

Quinto.

El Ministerio Fiscal entiende que la competencia corresponde en este caso a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, porque el 17 de julio de 1996, cuando se presentó ante el Juzgado la demanda de asistencia gratuita estaba ya en vigor, a tenor de su disposición transitoria única, la Ley 1/1996 que, abandonando el sistema anterior, atribuyó la competencia de esta materia a la citada comisión. El Abogado del Estado, con autorización del Director general del Servicio Jurídico cuya copia adjunta, manifestó que a la vista de las repetidas sentencias del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción a que, en supuestos idénticos al presente, ha reconocido la competencia de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Ministerio de Justicia para reconocer y resolver las solicitudes de justicia gratuita, se muestra conforme con ese criterio y entiende que el conflicto negativo de jurisdicción debe resolverse a favor de dicha Comisión.

Sexto.

Por providencia de 8 de enero de 1998 fue designado Ponente en este conflicto el excelentísimo señor don Miguel Vizcaíno Márquez.

Fundamentos de Derecho

Primero.

La cuestión planteada en el presente conflicto negativo de jurisdicción consiste en determinar si la competencia para conocer y resolver la solicitud de justicia gratuita formulada por don Eladio Sanz Faraldos corresponde al Juzgado de Primera Instancia número 5 de Móstoles o a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, debiendo tenerse en cuenta, por un lado, la disposición transitoria única de la Ley 1/1996, de 10 de enero, y, por otro, la fecha en que se presentó la solicitud.

Segundo.

La disposición transitoria única de la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita, estableció que «las solicitudes de justicia gratuita presentadas, con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, se regirán por la normativa vigente en el momento de efectuar la solicitud», entrada en vigor que se produjo a los seis meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», o sea, el 12 de julio de 1996. Sobre el alcance de esta disposición transitoria y, en particular, de la expresión «las solicitudes de justicia gratuita», ya ha tenido ocasión de pronunciarse este Tribunal en varias sentencias (de 23 de octubre y 19 de diciembre de 1997), llegando siempre a la conclusión de que, en el régimen jurídico vigente, antes del 12 de julio de 1996, se entiende por «solicitud de justicia gratuita», la demanda que se formula ante el Juzgado, único órgano competente entonces para conocer y resolver la pretensión, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Cualquier otro escrito presentado ante el Colegio de Abogados o ante el Ministerio de Justicia para la designación de Abogado de oficio o para instrumentar la subvención estatal a la asistencia jurídica gratuita no es, a efectos de la disposición transitoria de la Ley 1/1996, una «solicitud de justicia gratuita» y no puede tener el alcance de desplazar el régimen jurídico aplicable ni la competencia para resolver. Criterio compartido en este conflicto tanto por el Ministerio Fiscal como por el Abogado del Estado.

Tercero.

En el presente caso, la verdadera solicitud –es decir, la demanda incidental– se presentó en el Juzgado el 14 de noviembre de 1997, cuando ya había expirado el período transitorio y había entrado en vigor la Ley 1/1996, de 10 de enero, cuyo artículo 9 atribuye la competencia para resolver sobre esa solicitud a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, ante la que debe instarse el reconocimiento del derecho de asistencia jurídica gratuita, conforme a lo dispuesto en el artículo 12 de la citada Ley.

En su virtud, fallamos:

Que la competencia a que se refiere el presente conflicto negativo de jurisdicción corresponde a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, integrada orgánicamente en el Ministerio de Justicia, la cual deberá admitir a trámite la solicitud y resolver lo que proceda.

Así por esta nuestra sentencia, que se comunicará a los órganos contendientes y se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», lo pronunciamos, mandamos y firmamos.–Francisco Javier Delgado Barrio.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Jorge Rodríguez-Zapata Pérez.–Antonio Sánchez del Corral y del Río.–Miguel Vizcaíno Márquez.–Antonio Pérez-Tenessa Hernández.

Corresponde fielmente con su original. Y para que conste y remitir para su publicación al «Boletín Oficial del Estado», expido y firmo la presente en Madrid, a 16 de julio de 1998.–Certifico.