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El Secretario de Gobierno y del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción,

Certifico: Que en el conflicto antes indicado, se ha dictado la siguiente

sentencia:

En la villa de Madrid a 29 de junio de 1998.

Visto por el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, compuesto por

los excelentísimos señores, Presidente, don Francisco Javier Delgado

Barrio; Magistrados, don Juan Antonio Xiol Ríos, don Jorge

Rodríguez-Zapata Pérez, don Antonio Sánchez del Corral y del Río, don Miguel Vizcaíno

Márquez y don Antonio Pérez-Tenessa Hernández, el conflicto negativo

de jurisdicción promovido por doña Aurora Díaz Sánchez entre el Decanato

de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Madrid, en

expediente gubernativo número 16/1998, seguido a instancia de doña Aurora

Díaz Sánchez y la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Ministerio

de Justicia, siendo Ponente el excelentísimo señor don Juan Antonio Xiol

Ríos, quien expresa el parecer de la Sala.

Antecedentes de hecho

Primero.-El Decanato de los Juzgados de Primera Instancia e

Instrucción de Madrid dictó el 2 de diciembre de 1996 resolución, por la que

declaraba no haber lugar a admitir a trámite la demanda de solicitud

del reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita, presentada

por la representación procesal de doña Aurora Díaz Sánchez, por carecer

de competencia.

Segundo.-La Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, dependiente

del Ministerio de Justicia resolvió, en fecha 17 de septiembre de 1997,

inadmitir la petición de justicia gratuita realizada por la persona

interesada, fundándose en que ésta había presentado solicitud de obtención

de asistencia jurídica gratuita, ante el Servicio de Orientación Jurídica

del Colegio de Abogados competente con anterioridad al 13 de julio de

1996, fecha de entrada en vigor de la nueva Ley, y presentado la demanda

incidental con posterioridad a dicha fecha, por lo que se estimaba que,

siendo el momento de la determinación de la legislación aplicable, según

la disposición transitoria única de la referida Ley, la del momento de

la solicitud, y refiriéndose con ello la Ley al acto de la petición formulada

ante el Colegio de Abogados, debía entenderse aplicable la legislación

derogada y, con ello, carente de jurisdicción la Comisión.

Tercero.-Doña Aurora Díaz Sánchez, por medio de su representación

procesal, planteó en el Juzgado conflicto negativo de jurisdicción frente

a las resoluciones que han quedado reseñadas, mediante escrito de 12

de diciembre de 1997.

Cuarto.-Recibidas las actuaciones en este Tribunal, se acordó oír al

Ministerio Fiscal, el cual manifestó, en síntesis, que la jurisdicción

correspondía al Colegio de Abogados.

Quinto.-Se acordó, asimismo, oír al Abogado del Estado, el cual, en

síntesis, de acuerdo con la autorización concedida por el Director general

del Servicio Jurídico del Estado, formuló la expresa conformidad con el

criterio ya establecido por el Tribunal de reconocimiento de la competencia

para resolver la solicitud de obtención del beneficio a la asistencia jurídica

gratuita a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Ministerio de

Justicia.

Sexto.-Para la decisión del presente conflicto se señaló la audiencia

del día 22 de junio, a las once treinta horas, en que tuvo lugar.

Séptimo.-Se designó Ponente de este conflicto al excelentísimo señor

don Juan Antonio Xiol Ríos.

Fundamentos de derecho

Primero.-El presente conflicto negativo de jurisdicción tiene por objeto

determinar si son competentes los Juzgados de Primera Instancia e

Instrucción de Madrid o la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del

Ministerio de Justicia para conocer de una solicitud de justicia gratuita. Tanto

el Juzgado Decano como la citada Comisión entienden que no les

corresponde conocer de una concreta solicitud en aplicación de la disposición

transitoria única de la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita, a cuyo

tenor "las solicitudes de justicia gratuita, presentadas con anterioridad

a la entrada en vigor de la Ley se regirán por la normativa vigente en

el momento de efectuar la solicitud". Dicha entrada en vigor se produjo

a los seis meses de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado", que

tuvo lugar el 12 de enero de 1996, esto es, el 12 de julio de 1996, con

arreglo al cómputo de fecha a fecha que prescribe el artículo 5 del Código

Civil.

La disposición legal tenida en cuenta por ambas partes en el presente

conflicto, al determinar el régimen jurídico transitorio para la aplicación

del nuevo régimen de justicia gratuita, otorga alternativamente la

jurisdicción para reconocer el derecho a la asistencia jurídica gratuita al órgano

judicialoalaAdministración, puesto que si se estima aplicable el régimen

derogado, corresponde el reconocimiento de ese derecho a la autoridad

judicial por medio de demanda incidental, mientras que si se estima

aplicable el régimen implantado por la nueva Ley, resulta competente la

Comisión en virtud del régimen administrativo de reconocimiento de aquel

derecho que dicha Ley introduce como una de sus novedades, tal como

se refleja en su exposición de motivos.

La discrepancia entre ambas partes nace de que el Juzgado considera

como "solicitud" la demanda incidental que se presentó ante él, con

posterioridad a la entrada en vigor de la nueva Ley, mientras que la Comisión

considera relevante que la interesada presentara solicitud de obtención

del beneficio de asistencia jurídica gratuita ante el Servicio de Orientación

Jurídica del Colegio de Abogados, con anterioridad a aquella fecha, aunque

formulara la demanda incidental ante el órgano jurisdiccional competente

con posterioridad a la misma.

Segundo.-La Abogacía del Estado, en representación de la

Administración interviniente en el conflicto, al ser oída por este Tribunal, ha

formulado la expresa conformidad con el criterio ya establecido por el

Tribunal de reconocimiento de la competencia para resolver la solicitud de

obtención del beneficio a la asistencia jurídica gratuita a la Comisión

de Asistencia Jurídica Gratuita del Ministerio de Justicia.

Como declara el Auto de este Tribunal de 4 de marzo de 1991, este

Tribunal, juez de conflictos, cuando se formulan ante él peticiones de

significado abdicativo, o de desistimiento, partiendo del carácter indisponible

de las competencias públicas, y dado que la decisión adquiere una

dimensión que trasciende del dato formal de constatar la voluntad del requirente,

y aun de mutuo acuerdo de las partes en conflicto, debe valorar, proceda

de una u otra autoridad, la administrativa o la judicial, si realmente se

ha producido abdicación competencial, que es ineludible ejercer, según

los principios propios del sistema y que se proyectan sobre las exigencias

institucionales de la función administrativa, y el ejercicio de la potestad

jurisdiccional, con efectos para las garantías mismas de las partes en el

proceso judicial o en el procedimiento administrativo. Esta misma doctrina

resulta aplicable a aquellos casos en los que, como ocurre en el que se

examina, una de las partes, en este caso la Administración, representada

por el Abogado del Estado, formula una declaración de voluntad favorable

a la aceptación de la jurisdicción en un conflicto negativo, en la medida

en que dicha manifestación de voluntad tiene un contenido similar al

allanamiento.

Tercero.-La postura definitiva de la Administración debe conducir a

dictar sentencia en consonancia con su manifestación. Este Tribunal, en

sentencias ya reiteradas, viene declarando que en el régimen jurídico

vigente antes del 12 de julio de 1996, día de entrada en vigor de la Ley de

Asistencia Jurídica Gratuita, no cabía solicitar la justicia gratuita del

Colegio de Abogados, sino que la solicitud había de formularse en el Juzgado,

puesto que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley

de Enjuiciamiento Civil, a la sazón vigente, "el reconocimiento del derecho

a litigar gratuitamente se solicitará del Juez o Tribunal que conozca o

vaya a conocer del proceso o acto de jurisdicción voluntaria en que se

trate de utilizar", y, a tenor del artículo 22 de la misma Ley, "la solicitud

se considerará como un incidente del proceso principal".

Estos preceptos son lo suficientemente explícitos para dejar claro que

la única solicitud a la que podía referirse la Ley 1/1996, era la regulada

en el artículo 20 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pues no cabía, bajo

el régimen derogado, otra forma de instar el reconocimiento del derecho

de asistencia jurídica gratuita que el de dirigir una solicitud al Juez o

Tribunal competente en forma de demanda incidental. Cualquier otro

escrito presentado antes en cualquier organismo público o privado, incluido

el Colegio de Abogados, no podía entenderse como "solicitud" válida del

reconocimiento del derecho a litigar gratuita según la Ley de

Enjuiciamiento Civil en el texto entonces vigente, y, por ende, no puede ser invocada

en aplicación de la disposición transitoria única de la Ley 1/1996, pues

su mandato debe entenderse referido al régimen propio de las solicitudes

en cada momento temporal.

En favor de esta interpretación juega, finalmente, la consideración de

la relevancia constitucional del derecho al beneficio de justicia gratuita,

como derivación del derecho a la defensayalaasistencia de letrado,

y de la circunstancia de que el nuevo régimen legal ha tratado de implantar

un tratamiento jurídico y económico más favorable que el originariamente

establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En consencuencia,

Fallamos: Que la jurisdicción sobre la que versa el presente conflicto

corresponde a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita dependiente

del Ministerio de Justicia.

Así, por esta nuestra sentencia, que deberá publicarse en el "Boletín

Oficial del Estado", lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-Francisco

Javier Delgado Barrio, Juan Antonio Xiol Ríos, Jorge Rodríguez-Zapata

Pérez, Antonio Sánchez del Corral y del Río, Miguel Vizcaíno Márquez

y Antonio Pérez-Tenessa Hernández.

Y para que conste y remitir para su publicación al "Boletín Oficial

del Estado", expido y firmo la presente en Madrid a 20 de julio de 1998,

certifico.