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La Sala de lo Contencioso-Administrativo de Granada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha dictado sentencia, con fecha 9 de marzo de 1992, en el recurso contencioso-administrativo número 2.507/1989, en el que son partes, de una, como demandantes, don Francisco Jiménez Prados y doña Isabel Camacho Rebollo, y de otra, como demandadas, la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía, representada y dirigida por el señor Letrado de la misma; la Dirección General de la Función Pública, representada y dirigida por el señor Letrado de Estado, y el Ayuntamiento de Piñar-Morelabor (Granada).

El citado recurso se promovió contra la aprobación, por parte del citado Ayuntamiento, del baremo específico para la provisión de una plaza en el mismo por concurso de funcionarios de Administración Local, con habilitación de carácter nacional.

La parte dispositiva de la expresada sentencia contiene el siguiente pronunciamiento:

"Fallo: 1.o Rechaza las causas de inadmisiblidad invocadas por el coadyuvante de la demandada, al amparo de lo dispuesto en el artícu- lo 82, e) y f), de la Ley de la jurisdicción.

2.o Estima, parcialmente, el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora doña Francisca Medina Montalvo, en nombre y representación de doña Isabel Camacho Rebollo y don Francisco Jiménez Prados, contra la Resolución desestimatoria presunta del recurso de reposición interpuesto contra el baremo específico aprobado por la Agrupación Piñar-Morelabor, publicado en el anexo de la Orden de 20 de octubre de 1988 de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía y de la Resolución de 25 de noviembre del mismo año, de la Dirección General de la Función Pública, por las que se convocó concurso público para la provisión de plazas reservadas a funcionarios con habilitación de carácter nacional, vacantes en la Entidades Locales de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

3.o Anula el referido baremo específico impugnado, por no ser el mismo conforme a derecho.

4.o No hace expreso pronunciamiento en costas."

En su virtud, este Ministerio de Administraciones Públicas, en lo que afecta al ámbito de competencias del departamento, de conformidad con lo establecido en los artículos 118 de la Constitución, 17.2 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y demás preceptos concordantes de la vigente Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, ha dispuesto la publicación de dicho fallo en el "Boletín Oficial del Estado", para general conocimiento y cumplimiento, en sus propios términos, de la mencionada sentencia.

Lo que digo a VV. II.

Madrid, 29 de enero de 1998.-P. D. (Orden de 19 de noviembre de 1997, "Boletín Oficial del Estado" del 28), el Secretario general técnico, Tomás González Cueto.

Ilmos. Sres. Subsecretario y Director general de la Función Pública.