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En la villa de Madrid a 19 de octubre de 1999.

Visto por el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, compuesto por

los señores indicados al margen, el conflicto negativo de jurisdicción

promovido por doña Paulina Baños Martínez, entre el Juzgado de Primera

Instancia número 25 de Madrid, en autos de justicia gratuita número

1136/96, y la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Ministerio de

Justicia, siendo Ponente el excelentísimo señor don Segundo Menéndez

Pérez, quien expresa el parecer de la Sala.

Antecedentes de hecho

Primero.-El Juzgado de Primera Instancia número 25 de Madrid dictó

el 7 de enero de 1997 auto por el que, ante la solicitud deducida ante

él el 12 de noviembre de 1996 de reconocimiento de los beneficios de

justicia gratuita, se declaraba incompetente para su tramitación en virtud

de lo dispuesto en la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita. Dicho

auto fue confirmado en apelación por otro de 4 de marzo de 1997, dictado

por la Sección 22 de la Audiencia Provincial de Madrid.

Segundo.-La Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita dependiente

del Ministerio de Justicia resolvió, en fecha 6 de octubre de 1997, inadmitir

la petición de justicia gratuita realizada por la persona interesada

fun

dándose en que ésta había presentado solicitud de obtención de asistencia

jurídica gratuita ante el Servicio de Orientación Jurídica del Colegio de

Abogados competente con anterioridad al 13 de julio de 1996, fecha de

entrada en vigor de la nueva Ley, y presentado la demanda incidental

con posterioridad a dicha fecha, por lo que se estimaba que, siendo el

momento de la determinación de la legislación aplicable, según la

disposición transitoria única de la referida ley, la del momento de la solicitud,

y refiriéndose con ello la ley al acto de la petición formulada ante el

Colegio de Abogados, debía entenderse aplicable la legislación derogada

y, con ello, carente de jurisdicción la Comisión.

Tercero.-Doña Paulina Baños Martínez, por medio de su representación

procesal, planteó en el Juzgado conflicto negativo de jurisdicción frente

a las resoluciones que han quedado reseñadas mediante escrito de 29

de octubre de 1997.

Cuarto.-Recibidas las actuaciones en este Tribunal se acordó oír al

Ministerio Fiscal, el cual manifestó, en conclusión, que la competencia

a que se refiere el presente conflicto negativo corresponde a la Comisión

de Asistencia Jurídica Gratuita, integrada en el Ministerio de Justicia,

por entender, en síntesis, que la única fecha relevante a efectos de la

disposición transitoria de la Ley 1/1996 es la de 12 de noviembre de 1996,

en la que se presentó la demanda incidental en solicitud del beneficio

de justicia gratuita, momento en que dicha Ley estaba plenamente en vigor

y era competente para conocer de la solicitud la Comisión de Asistencia

Jurídica Gratuita.

Quinto.-Se acordó asimismo oír al Abogado del Estado, el cual, en

síntesis, de acuerdo con la autorización concedida por el Director general

del Servicio Jurídico del Estado, formuló la expresa conformidad con el

criterio ya establecido por el Tribunal de reconocimiento de la competencia

para resolver la solicitud de obtención del beneficio a la asistencia jurídica

gratuita a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Ministerio de

Justicia.

Sexto.-Para la decisión del presente conflicto se señaló la audiencia

del pasado día 18 de octubre, a las diez horas, en que tuvo lugar.

Séptimo.-Se designó Ponente de este conflicto al excelentísimo señor

don Segundo Menéndez Pérez.

Fundamentos de Derecho

Primero.-El presente conflicto negativo de jurisdicción tiene por objeto

determinar si es competente el Juzgado de Primera Instancia número 25

de Madrid o la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Ministerio

de Justicia para conocer de una solicitud de justicia gratuita. Tanto el

Juzgado como la citada Comisión entienden que no les corresponde conocer

de una concreta solicitud en aplicación de la disposición transitoria única

de la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita, a cuyo tenor "las

solicitudes de justicia gratuita, presentadas con anterioridad a la entrada

en vigor de la Ley se regirán por la normativa vigente en el momento

de efectuar la solicitud". Dicha entrada en vigor se produjo a los seis

meses de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado", que tuvo lugar

el 12 de enero de 1996 -esto es, el 12 de julio de 1996-, con arreglo

al cómputo de fecha a fecha que prescribe el artículo 5 del Código Civil.

La disposición legal tenida en cuenta por ambas partes en el presente

conflicto, al determinar el régimen jurídico transitorio para la aplicación

del nuevo régimen de justicia gratuita, otorga alternativamente la

jurisdicción para reconocer el derecho a la asistencia jurídica gratuita al órgano

judicial o a la Administración, puesto que si se estima aplicable el régimen

derogado corresponde el reconocimiento de ese derecho a la autoridad

judicial por medio de demanda incidental, mientras que si se estima

aplicable el régimen implantado por la nueva ley resulta competente la

Comisión en virtud del régimen administrativo de reconocimiento de aquel

derecho que dicha ley introduce como una de sus novedades, tal como

se refleja en su exposición de motivos.

La discrepancia entre ambas partes nace de que las resoluciones

judiciales consideran como "solicitud" la demanda incidental que se presentó

con posterioridad a la entrada en vigor de la nueva ley, mientras que

la Comisión considera relevante que la interesada presentara solicitud

de obtención del beneficio de asistencia jurídica gratuita ante el Servicio

de Orientación Jurídica del Colegio de Abogados, con anterioridad a aquella

fecha, aunque formulara la demanda incidental ante el órgano

jurisdiccional competente con posterioridad a la misma.

Segundo.-La Abogacía del Estado, en representación de la

Administración interviniente en el conflicto, al ser oída por este Tribunal, ha

formulado la expresa conformidad con el criterio ya establecido por el

Tribunal de reconocimiento de la competencia para resolver la solicitud de

obtención del beneficio a la asistencia jurídica gratuita a la Comisión de

Asistencia Jurídica Gratuita del Ministerio de Justicia.

Como declara el auto de este Tribunal de 4 de marzo de 1991, este

Tribunal, juez de conflictos, cuando se formulan ante él peticiones de

significado abdicativo, o de desestimiento, partiendo del carácter indisponible

de las competencias públicas, y dado que la decisión adquiere una

dimensión que trasciende del dato formal de constatar la voluntad del requirente

-y aun del mutuo acuerdo de la partes en conflicto- debe valorar, proceda

de una u otra autoridad, la administrativa o la judicial, si realmente se

ha producido abdicación competencial que es ineludible ejercer, según

los principios propios del sistema y que se proyectan sobre las exigencias

institucionales de la función administrativa y el ejercicio de la potestad

jurisdiccional, con efectos para las garantías mismas de las partes en el

proceso judicial o en el procedimiento administrativo. Esta misma doctrina

resulta aplicable a aquellos casos en los que, como ocurre en el que se

examina, una de las partes, en este caso la Administración representada

por el Abogado del Estado, formula una declaración de voluntad favorable

a la aceptación de la jurisdicción en un conflicto negativo, en la medida

en que dicha manifestación de voluntad tiene un contenido similar al

allanamiento.

Tercero.-La postura definitiva de la Administración debe conducir a

dictar sentencia en consonancia con su manifestación. Este Tribunal, en

sentencias ya reiteradas, viene declarando que en el régimen jurídico

vigente antes del 12 de julio de 1996, día de entrada en vigor de la Ley de

Asistencia Jurídica Gratuita, no cabía solicitar la justicia gratuita del

Colegio de Abogados, sino que la solicitud había de formularse en el Juzgado,

puesto que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 20 de la Ley

de Enjuiciamiento Civil, a la sazón vigente, "el reconocimiento del derecho

a litigar gratuitamente se solicitará del Juez o Tribunal que conozca o

vaya a conocer del proceso o acto de jurisdicción voluntaria en que se

trate de utilizar", y a tenor del artículo 22 de la misma Ley "la solicitud

se considerará como un incidente del proceso principal".

Estos preceptos son lo suficientemente explícitos para dejar claro que

la única solicitud a la que podía referirse la Ley 1/1996 era regulada

en el artículo 20 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pues no cabía, bajo

el régimen derogado, otra forma de instar el reconocimiento del derecho

de asistencia jurídica gratuita que el de dirigir una solicitud al Juez o

Tribunal competente en forma de demanda incidental. Cualquier otro

escrito presentado antes en cualquier organismo público o privado, incluido

el Colegio de Abogados, no podía entenderse como "solicitud" válida del

reconocimiento del derecho a litigar gratuitamente según la Ley de

Enjuiciamiento Civil en el texto entonces vigente y, por ende, no puede ser

invocada en aplicación de la disposición transitoria única de la Ley 1/1996,

pues su mandato debe entenderse referido al régimen propio de las

solicitudes en cada momento temporal.

En favor de esta interpretación juega, finalmente, la consideración de

la relevancia constitucional del derecho al beneficio de justicia gratuita,

como derivación del derecho a la defensa y a la asistencia de letrado,

y de la circunstancia de que el nuevo régimen legal ha tratado de implantar

un tratamiento jurídico y económico más favorable que el originariamente

establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En consecuencia, fallamos:

Que la jurisdicción sobre la que versa el presente conflicto corresponde

a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita dependiente del Ministerio

de Justicia.

Así por nuestra sentencia, que se comunicará a los órganos

contendientes, con devolución de las respectivas actuaciones, y se publicará en

el "Boletín Oficial del Estado", lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-El

Presidente, Francisco Javier Delgado Barrio.-Los Vocales, Segundo

Menéndez Pérez, Eladio Escusol Barra, Landelino Lavilla Alsina, Miguel

Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer y José Luis Manzanares Samaniego.