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Por Resolución de 23 de diciembre de 1999 («Boletín Oficial del Estado» de 18 de enero de 2000) se convocaron las ayudas para cortometrajes realizados, al amparo de lo dispuesto en el capítulo II del Real Decreto 1039/1997, de 27 de junio.

De conformidad con las normas de valoración expuestas en el punto tercero, apartado 8, de la citada resolución, la Comisión Delegada para cortometrajes del Comité de Expertos, en su reunión del día 4 de abril, informó las solicitudes que, presentadas hasta la fecha hubieran aportado la documentación requerida en el punto tercero, apartado 3, y reunieran los requisitos exigidos.

Teniendo en cuenta el informe de la citada Comisión y en uso de las atribuciones conferidas por el Real Decreto 1039/1997, de 27 de junio, y Orden de 4 de mayo de 1998, dictada en su desarrollo, por Resolución de esta Dirección General de 26 de abril de 2000, se resolvió la concesión de ayudas a cortometrajes realizados en la primera fase de la convocatoria del año en curso.

Por todo ello, y como garantía del principio de publicidad establecido por la Ley General Presupuestaria,

Esta Dirección General ha resuelto:

Primero.

Hacer público el extracto de la Resolución de 26 de abril de 2000 por la que se conceden con cargo a la aplicación 18-108-471, «Fondo de Protección a la Cinematografía», del programa 456C, «Cinematografía», del presupuesto de gastos del organismo para 2000, las siguientes ayudas, a las productoras que se relacionan y por las cuantías que se indican, resultantes de aplicar a la inversión del productor el porcentaje correspondiente a la media aritmética de las puntuaciones otorgadas por los Vocales de la Comisión Delegada para cortometrajes del Comité de Expertos.

El resto de las solicitudes se entenderán desestimadas o excluidas.

Segundo.

La Resolución de 26 de abril de 2000, cuyo texto íntegro se encuentra a disposición de los interesados en el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales y en el tablón de anuncios de la Secretaría de Estado de Cultura, plaza del Rey, sin número, de Madrid, pone fin a la vía administrativa, por lo que contra la misma puede interponer en el plazo de dos meses desde el día siguiente a la publicación de la presente Resolución, recurso contencioso-administrativo, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, conforme a lo establecido en el artículo 9, c), de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa («Boletín Oficial del Estado» del 14).

En el caso de no impugnarla directamente mediante el recurso contencioso-administrativo a que se refiere el párrafo anterior podrá ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes y ante el mismo órgano que la ha dictado, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Madrid, 12 de mayo de 2000.–El Director general, José María Otero Timón.