Está Vd. en

Documento BOE-A-2000-1783

Orden de 21 de enero de 2000 por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión de ayudas económicas para la realización, durante el año 2000, de actividades de estudio, promoción y defensa de los derechos de libertad religiosa por parte de personas o instituciones sin fines de lucro.

Publicado en:
«BOE» núm. 24, de 28 de enero de 2000, páginas 3954 a 3956 (3 págs.)
Sección:
III. Otras disposiciones
Departamento:
Ministerio de Justicia
Referencia:
BOE-A-2000-1783

TEXTO ORIGINAL

El artículo 16 de la Constitución reconoce y garantiza la libertad

religiosa y de culto de los individuos y las comunidades ; la Ley

Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa, establece el régimen jurídico

básico de este derecho fundamental ; y numerosas disposiciones de distinto

rango normativo regulan aspectos diversos del desarrollo de la misma.

Por la propia naturaleza de este derecho, su ejercicio se realiza desde

la libre afirmación de los individuos y grupos. La garantía de ese ejercicio

corresponde al Estado, es decir, al conjunto de poderes que lo integran,

cada uno desde su esfera de competencia.

Como en cualquier dimensión o actividad humana regulada por el

derecho, la creación y protección de una situación de convivencia en la que

las diferentes manifestaciones del derecho de libertad religiosa resulten

reconocidas y amparadas, requiere o se ve favorecida por un conjunto

de actividades que no son expresión de una confesionalidad determinada,

ni pueden ser consideradas como actos religiosos. Estas actividades, cuyo

objeto es la libertad religiosa sin consistir en un ejercicio de religiosidad

en sentido estricto, pueden desarrollarse en el ámbito de los estudios o

el análisis teórico, de la promoción y defensa de los valores

constitucionalmente reconocidos, etc., siendo realizadas tanto por entes públicos,

como privados, o personas individuales. Una de las formas en que personas

y entidades pueden articularse con la finalidad descrita consiste en que

el ente o poder público apoye con sus medios las actividades de éstos

que contribuyan al interés general.

La Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2000 ha incluido

entre los créditos presupuestarios del Ministerio de Justicia una partida

específica dentro del capítulo IV, Transferencias Corrientes, destinada a

familias e instituciones sin fines de lucro, para actividades relacionadas

con el estudio, promoción y defensa de los derechos de libertad religiosa.

La ejecución de dicha partida mediante la presente convocatoria de ayudas

económicas persigue, desde el ámbito de competencia de este

Departamento, el logro del objetivo antes apuntado.

Con esta tercera edición de la convocatoria de ayudas se da continuidad

a las realizadas en 1998 y 1999, introduciendo las modificaciones que

la experiencia aconseja. En especial, se pretende una mayor concreción

del objeto de las mismas con una doble finalidad: Por un lado, evitar

una dispersión de las iniciativas que dificulte su valoración comparada

y, por otro, favorecer el desarrollo de las que más directamente se centren

en el estudio, promoción y defensa de los derechos de libertad religiosa.

Por tanto, de conformidad con el Reglamento de procedimiento para

la concesión de ayudas y subvenciones públicas aprobado por el Real

Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre ("Boletín Oficial del Estado" del 30),

dispongo:

Primero.-Establecer las bases reguladoras y la convocatoria por las

que ha de regirse la concesión, en régimen de concurrencia competitiva,

de ayudas económicas a personas o instituciones sin fines de lucro para

la realización de actividades relacionadas con el estudio, promoción y

defensa de los derechos de libertad religiosa.

El importe máximo de las ayudas a distribuir en esta convocatoria

será de 8.000.000 de pesetas, con cargo a la aplicación presupuestaria

13.01.141B.481 del presupuesto de gastos del Ministerio de Justicia para

el año 2000.

Segundo.-Podrán optar a dichas ayudas las personas o instituciones

sin fines de lucro que se propongan desarrollar actividades para el estudio,

promoción y defensa de los derechos de libertad religiosa, aunque no

constituyan el objeto principal de su actuación, e independientemente de su

inspiración confesional específica si la tuvieren.

Tercero.-Las actividades que se propongan por los concurrentes

deberán realizarse en el año 2000 y estarán incluidas en alguna de las siguientes

modalidades:

a) Congresos, encuentros o seminarios de alcance internacional

promovidos por instituciones sin fines de lucro, centrados en las cuestiones

que son objeto del Derecho Eclesiástico del Estado.

b) Trabajos de investigación inéditos centrados en el estudio y

valoración de la Ley Orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa,

o de cualquiera de los aspectos del régimen de libertad religiosa que la

misma regula.

La autoría de los trabajos habrá de ser individual, aunque puedan

formar parte de un esfuerzo coordinado o línea de investigación conjunta

de varias personas. Su extensión estará comprendida entre los 50 y los

100 folios DIN A-4, escritos a doble espacio. La cuantía máxima de las

ayudas de esta modalidad será de 500.000 pesetas a cada una de las que

se concedan.

Cuarto.-Las solicitudes de ayudas se formalizarán en el modelo oficial

que figura como anexo I de la presente Orden, cumplimentándose

enteramente a máquina o con letra de molde, y deberán dirigirse al Director

general de Asuntos Religiosos. Las solicitudes podrán ser presentadas en

el Registro General del Ministerio de Justicia (calle San Bernardo,

número 45, 28071 Madrid), así como en los registros y oficinas a que se refiere

el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común.

A cada solicitud acompañará la siguiente documentación:

Actividades de la modalidad a):

- Programa detallado de la actividad, con expresión del nombre y

categoría profesional de los ponentes ; título u objeto de las conferencias,

ponencias, mesas redondas, etc. ; lugar y fecha en que se celebrarán; instituciones

y personalidades que comprometen su apoyo o participación en el proyecto ;

previsiones sobre la difusión de los trabajos desarrollados y conclusiones

alcanzadas ; así como cualquier otra circunstancia que avale la calidad

del proyecto presentado.

- Presupuesto global de la actividad.

- Documentación acreditativa de la condición de institución sin fines

de lucro, sin perjuicio de que los solicitantes podrán acogerse a lo

establecido en el apartado f) del artículo 35 de la Ley 30/1992, de la Ley

de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común respecto de los documentos que ya estuvieran en

poder de la Administración actuante.

- Fotocopia autenticada de la tarjeta de identificación fiscal.

Actividades de la modalidad b):

- Proyecto de investigación que incluya memoria, índice y referencia

de la bibliografía de consulta.

- Currículum vitae del autor.

- Fotocopia autenticada del NIF.

Quinto.-El plazo de presentación de solicitudes será de veinte días

naturales contados a partir del día siguiente al de publicación de esta

convocatoria en el "Boletín Oficial del Estado".

Si el escrito de solicitud no reuniera los datos de identificación o alguno

de los extremos previstos en el artículo 70 de la Ley de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, se requerirá al solicitante, de acuerdo con lo establecido en el

artículo 71.1 de la citada Ley, para que en un plazo de diez días hábiles

subsane las faltas o acompañe los documentos preceptivos, con indicación

de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición,

archivándose sin más trámite, con los efectos previstos en el artículo 42

de la misma Ley.

Sexto.-El órgano competente para la ordenación e instrucción del

expediente es la Dirección General de Asuntos Religiosos.

El estudio de las solicitudes será realizado por una Comisión de

selección que podrá realizar, de oficio, cuantas actuaciones estime necesarias

para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud

de los cuales debe pronunciarse.

Efectuado el estudio, dicha Comisión elevará ante el excelentísimo

señor Secretario de Estado de Justicia propuesta de resolución de las

ayudas concedidas.

La Comisión de selección estará integrada por los siguientes miembros:

- El Director general de Asuntos Religiosos, que actuará como

Presidente.

- La Subdirectora general de Relaciones Religiosas Institucionales.

- El Subdirector general de Organización y Registro.

- El Subdirector Jefe de la Oficina Presupuestaria.

- Dos expertos de la Comisión asesora de Libertad Religiosa,

designados por su Presidente. Uno de ellos pertenecerá al grupo de

represen

tantes de las iglesias, confesiones y comunidades religiosas ; y el otro, al

grupo de expertos de reconocida competencia en la materia.

- Un funcionario de la Dirección General de Asuntos Religiosos, que

actuará como Secretario.

Séptimo.-Los criterios de valoración para la concesión de las ayudas

serán los siguientes:

Actividades de la modalidad a):

- Relación con la finalidad de la convocatoria.

- Viabilidad de las actividades de acuerdo con el programa.

- Solvencia técnica del presupuesto.

- Experiencia que las entidades concurrentes acrediten en la

organización de actividades similares a las propuestas.

- Repercusión previsible de las actividades.

- Idoneidad de los recursos humanos y materiales que se aportan.

Actividades de la modalidad b):

- Relación con la finalidad de la convocatoria.

- Interés del tema investigado.

- Relevancia de las fuentes utilizadas.

- Rigor científico con el que está planteado el trabajo.

- Trayectoria académica y/o profesional del solicitante.

Octavo.-La Resolución del Secretario de Estado de Justicia, en la que

se harán constar los beneficiarios y el importe concedido a cada uno de

ellos, será notificada a los interesados, según lo dispuesto en el

artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de

las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,

y se publicará en el "Boletín Oficial del Estado". Dicha Resolución, que

habrá de ser dictada en un plazo máximo de dos meses desde la fecha

en que concluya el de presentación de solicitudes, pondrá fin a la vía

administrativa.

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión

de la ayuda y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones

o ayudas otorgadas por otras Administraciones o entidades públicas o

privadas, podrá dar lugar a la modificación de la Resolución de concesión.

También procederá la modificación y el reintegro del exceso que

corresponda, cuando el importe de la yuda otorgada sea de tal cuantía que,

aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones o ayudas de las

Administraciones públicas o de otros entes públicos o privados, nacionales

o extranjeros, supere el coste de las actividades de la modalidad a), o

la cuantía máxima establecida para las de la modalidad b).

La concesión de la ayuda económica a un trabajo de investigación

supondrá la cesión al Ministerio de Justicia de los derechos de publicación

y difusión del mismo.

Noveno.-El pago de las ayudas se efectuará de la siguiente forma:

Actividades de la modalidad a). Los beneficiarios recibirán una primera

entrega del 75 por 100 de la ayuda una vez publicada la Resolución de

concesión en el "Boletín Oficial del Estado".

Actividades de la modalidad b). Los beneficiarios recibirán una primera

entrega del 25 por 100 de la ayuda una vez publicada la Resolución de

concesión en el "Boletín Oficial del Estado".

Ejecutada la actividad o entregado el trabajo de investigación, los

beneficiarios recibirán el resto de la ayuda concedida, previa justificación de

su realización.

Décimo.-La justificación de la realización de las actividades se

practicará de la misma forma que el apartado cuarto establece para las

solicitudes, mediante la presentación de la siguiente documentación:

Actividades de la modalidad a):

Memoria resumen de la actividad.

Presupuesto final de la actividad, con detalle de la cuenta de gastos

hasta el límite de la ayuda recibida.

Facturas, o documento equivalente, relativas al pago de servicios o

medios materiales empleados en la ejecución de la actividad, e incluidos

en la cuenta de gastos.

Actividades de la modalidad b):

Original firmado por el autor del trabajo de investigación realizado.

Copia del trabajo en soporte informático (procesador de textos Word

Perfect 6.1 para Windows/disquete 3,5 pulgadas).

En el caso de que los resultados de las actividades o trabajos llevados

a cabo suponga una desviación evidente respecto de la finalidad de la

convocatoria, los beneficiarios perderán la ayuda concedida, debiendo

restituir la cantidad recibida en la primera entrega.

Undécimo.-La justificación de las actividades deberá ser realizada

dentro de los plazos que se indican a continuación:

Modalidad a): Antes del 30 de noviembre del año 2000.

Excepcionalmente, previa alegación de las razones que lo justifican, podrá extenderse

este plazo al 15 de diciembre del año 2000.

Modalidad b): Antes del 15 de noviembre del año 2000.

Excepcionalmente, previa alegación de las razones que lo justifican, podrá extenderse

este plazo al 30 de noviembre del año 2000.

Duodécimo.-Los beneficiarios de las ayudas deberán colaborar con

las actuaciones de comprobación que realicen los Servicios del Ministerio

de Justicia y las de control financiero que corresponden a la Intervención

General de la Administración del Estado, en relación con las ayudas

concedidas, y las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas y la

Ley General Presupuestaria.

Los beneficiarios de las subvenciones habrán de acreditar, previamente,

al cobro, que se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus

obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, mediante certificación de

la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y de la Tesorería General

de la Seguridad Social, respectivamente.

En el caso de entidades sin fines de lucro será indispensable acreditar

que éstas figuran dadas de alta en el Tesoro Público, a efectos del cobro

obligatorio por transferencia (Órdenes del Ministerio de Economía y

Hacienda de 27 de diciembre de 1995 y de 20 de abril de 1998).

Asimismo, los beneficiarios comunicarán al Ministerio de Justicia la

obtención de cualquier otra subvención o ayuda para la misma finalidad,

procedente de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados,

nacionales o internacionales.

Si el gasto efectivamente realizado fuere inferior a la subvención

recibida ésta se reducirá en idéntica cuantía, debiendo reintegrarse la

diferencia.

Decimotercero.-En los distintos medios o elementos de presentación

y difusión de la actividad, en todo caso, y en los de publicación de los

trabajos efectuados, cuando el Ministerio no hiciese directamente uso del

derecho que posee a tenor del último párrafo del punto octavo de la

presente convocatoria, los beneficiarios de las ayudas serán responsables de

que se haga constar de manera significativa que el Ministerio de Justicia

ha contribuido a la realización de ellos mediante la ayuda económica

concedida y con su apoyo institucional.

Decimocuarto.-Los beneficiarios de las subvenciones quedarán

sometidos a las responsabilidades y régimen sancionador que sobre infracciones

administrativas en materia de subvenciones establece el artículo 82 del

texto refundido de la Ley General Presupuestaria, el título IX de la

Ley 30/1992 y el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la

Potestad Sancionadora.

Decimoquinto.-En todo lo no regulado en la presente Orden serán

de aplicación las disposiciones de la sección cuarta del capítulo I del

título II del texto refundido de la Ley General Presupuestaria y las del

Reglamento de Procedimiento para la Concesión de Ayudas y Subvenciones

Públicas.

Madrid, 21 de enero de 2000.

MARISCAL DE GANTE Y MIRÓN

ANEXO I (ver imagen página 3956).

Excmo. Sr. Secretario de Estado de Justicia.

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid