Por Resolución de 26 de enero de 2000 ("Boletín Oficial del
Estado" de 23 de febrero), del Director general de Instituciones
Penitenciarias, se hace pública la lista de admitidos y excluidos
para las pruebas selectivas de ingreso en el Cuerpo Técnico de
Instituciones Penitenciarias, especialidades de Juristas y
Psicólogos, mediante el proceso específico de promoción interna,
convocadas por Orden de 26 de noviembre de 1999 ("Boletín Oficial
del Estado" de 10 de diciembre).
De acuerdo con el artículo 71 de la Ley 30/1992, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, expirado el plazo de diez días hábiles para poder subsanar
el defecto o la omisión que en su día motivó la exclusión en las
listas mencionadas anteriormente, se acuerda aprobar el listado
definitivo de admitidos y excluidos que no sufre ninguna
modificación con respecto a las provisionales, al no producirse ninguna
subsanación en los mismos.
Al mismo tiempo, se establece que la lista de aspirantes que
han quedado definitivamente excluidos será expuesta en los
centros penitenciarios, en las Delegaciones del Gobierno, en las
Comunidades Autónomas, Subdelegaciones del Gobierno en las
provincias, en la Dirección General de Instituciones Penitenciarias
del Ministerio del Interior, en la Dirección General de la Función
Pública y en el Centro de Información Administrativa del Ministerio
para las Administraciones Públicas, los cuales se adjuntan en el
anexo I.
Frente a los actos de exclusión definitivos dictados por la
autoridad convocante, podrán los aspirantes, potestativamente,
interponer recurso de reposición ante esta autoridad en el plazo de
un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación
de la resolución o ser impugnada directamente ante la Audiencia
Nacional, pudiendo, en este caso, interponer recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el
día siguiente de la publicación de la Resolución, conforme a lo
establecido en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
y la Ley 29/1998, de 13 de julio, modificada por la Ley 4/1999,
de 13 de enero, y la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Madrid, 8 de marzo de 2000.-El Director general, Ángel Yuste
Castillejo.
Ilmos. Sres. Presidentes de los Tribunales.
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