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Documento BOE-A-2002-7665

Resolución de 14 de marzo de 2002, de la Secretaría General de Medio Ambiente, sobre la evaluación de impacto ambiental del proyecto «Mejora del regadío y sustitución de aguas potables en la zona de Sóller - Fase I», promovido por la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Publicado en:
«BOE» núm. 95, de 20 de abril de 2002, páginas 14973 a 14974 (2 págs.)
Sección:
III. Otras disposiciones
Departamento:
Ministerio de Medio Ambiente
Referencia:
BOE-A-2002-7665

TEXTO ORIGINAL

El Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, modificado por la Ley 6/2001, de 8 de mayo, y el Reglamento de ejecución aprobado por Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, establecen la obligación de formular declaración de impacto ambiental, con carácter previo a la resolución administrativa que se adopte para la realización, o en su caso, autorización de la obra, instalación o actividad de las comprendidas en los anexos a las citadas disposiciones.

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 695/2000, de 12 de mayo, en el Real Decreto 1415/2000, de 21 de julio, modificado por el Real Decreto 376/2001, de 6 de abril, por los que se establece la estructura orgánica básica y la atribución de competencias del Ministerio de Medio Ambiente, corresponde a la Secretaría General de Medio Ambiente la formulación de las resoluciones sobre los proyectos del anexo II del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, modificado por la Ley 6/2001, de 8 de mayo.

Debido a ello, la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación remitió a la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental la documentación ambiental de las actuaciones definidas en el proyecto «mejora del regadío y sustitución de aguas potables en la zona de Sóller-Fase I», al objeto de determinar la obligatoriedad, en su caso, de aplicar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental previsto en el Real Decreto 1131/1988.

Una vez examinada la documentación que constituye el expediente de evaluación de impacto ambiental del proyecto, se efectúan las siguientes consideraciones:

1. Con objeto de ahorrar el consumo de agua debido a las pérdidas por filtración y evaporación en las acequias principales y secundarias existentes, se proponen las siguientes actuaciones:

10.465 metros de limpieza manual y eliminación de incrustaciones en las acequias, incluyendo retirada de broza y sedimentos.

2.055 metros de entubado de acequia mediante tubería de PVC de 300 mm recubierta de hormigón, incluyendo reposición de servicios.

8.290 metros de entubado de acequia mediante tubería de PVC de 250 mm recubierta de hormigón, incluyendo reposición de servicios.

180 metros cuadrados de reparación y regularización de acequias con mortero.

Instalación de pozos y arquetas.

2. La Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de las Islas Baleares informa favorablemente la ejecución del proyecto destacando el beneficio que supone el ahorro de un recurso tan escaso, como es el agua, en esas islas indicando, por otra parte, que el ayuntamiento de Sóller junto con la Comisión del Patrimonio, controlarán las posibles afecciones a los valores culturales y arqueológicos.

En consecuencia, analizadas las características de las actuaciones, la documentación ambiental presentada por la Confederación Hidrográfica del Norte, la sensibilidad del medio en que se pretende ubicar, y teniendo en consideración los criterios de selección contemplados en el Anexo III de la Ley 6/2001, que modifica al Real Decreto Legislativo 1302/1986, la Secretaría General de Medio Ambiente resuelve que es innecesario aplicar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental dispuesto en el Real Decreto 1131/1988 a las actuaciones definidas en el proyecto «mejora del regadío y sustitución de aguas potables en la zona de Sóller-Fase I» por no preverse impactos adversos significativos en su ejecución.

Madrid, 14 de marzo de 2002.–La Secretaria general de Medio Ambiente, Carmen Martorell Pallás.

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