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La continuación de los procesos de reindustrialización emprendidos y aún no concluidos, así como la persistencia de diversas causas que han incidido e inciden sobre las empresas públicas estatales, tales como, la evolución de la demanda de los mercados nacionales e internacionales o el desarrollo de procesos y pautas económicas y empresariales que tienen lugar en dichos ámbitos, obligan a estas empresas a adaptar sus estructuras y sus formas de actuación a los entornos en los que operan. Estas operaciones de adaptación, que forman parte de los procesos de racionalización y modernización del segmento público empresarial que se están produciendo en nuestro país, son especialmente intensas en aquellas empresas que operan en sectores en declive.
Entre los efectos de las citadas operaciones de adaptación en las empresas afectadas, destacan las disminuciones de la capacidad productiva, que van con frecuencia acompañadas de ajustes de carácter laboral. Ambos efectos afectan de forma negativa a la totalidad del tejido industrial productivo produciendo efectos sobre las variables socioeconómicas, nivel de renta y empleo principalmente, de las zonas en las que se ubican estas empresas.
Para tratar de atenuar, y en lo posible evitar, estos efectos nocivos sobre el conjunto del tejido industrial de las citadas zonas, en particular en aquellas en las que estos efectos son más intensos, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, actuando en el ámbito de sus políticas de reindustrialización y de dinamización tecnológica, trata de llevar a cabo actuaciones de apoyo tendentes a potenciar, regenerar o crear el tejido industrial, a la vez que incidan positivamente en las variables socioeconómicas del entorno geográfico de referencia en cada caso.
Al igual que en las órdenes publicadas en los años precedentes, en el contenido de la actual destaca, en primer término, el carácter específico de los apoyos del Ministerio de Ciencia y Tecnología, ya que se plantean como respuesta a determinadas actuaciones de las empresas públicas del sector estatal, que son difíciles de prever con antelación, a la vez que tienen lugar en zonas específicas, geográficamente dispersas, en cuyo entramado productivo tienen un gran peso las citadas empresas.
Este carácter específico de las ayudas condiciona su duración y aplicación, que serán las imprescindibles para obtener unos resultados apreciables en las zonas destinatarias, por lo que puede ser necesario que se concedan durante varios años. La falta de concreción temporal, no sólo del origen, sino de la duración de las situaciones que pretende atenderse con estos apoyos, hace conveniente que el periodo en que están en vigor las Órdenes reguladoras se limite a un ejercicio, el de su publicación. La reiteración que se ha venido haciendo de estas Órdenes, permite, por una parte, continuar los apoyos en aquellas zonas que aún lo precisen, a la vez que atender otras zonas que pudieran incluirse por primera vez en este régimen, así como la posibilidad de valorar anualmente la oportunidad de prorrogar o no este esquema de ayudas.
Junto al aludido carácter específico de las ayudas destaca su finalidad compensatoria frente a los efectos producidos por las operaciones de ajuste de las citadas empresas públicas. Esta finalidad se ejerce de un modo simultáneo o con posterioridad a dichas actuaciones. A este respecto, cabe señalar la eficacia que proporcionan las actuaciones preventivas o simultáneas con el inicio de tales operaciones, ya que atajan los posibles efectos negativos antes de que estos deterioren significativamente el tejido industrial y afecten a los niveles de renta y empleo de la zona.
Basándose en lo expuesto anteriormente y en beneficio de la efectividad y operatividad de las medidas de apoyo, es conveniente la concentración de los fondos que las financian. Esta concentración viene obligada, al no poderse establecer, a priori, un esquema de distribución territorial del gasto, pues tal distribución debe de basarse en una previsión de demanda de ayudas, que es desconocida en general y, que procede de unas zonas que a su vez no están determinadas con carácter general, con excepción de aquellas en las que se reiteran actuaciones por imperativos de la severidad de los ajustes acontecidos.
Las peculiaridades anteriormente descritas originan que la gestión de las citadas ayudas se efectúe desde la Administración General del Estado. Tal gestión centralizada se justifica sobre la base de la necesidad de: a) Armonizar las actuaciones de apoyo a la reindustrialización a cargo del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en todas las zonas afectadas por el ajuste o reestructuración de empresas del sector público estatal; b) Determinar, aplicar y coordinar los criterios de selección, evaluación, seguimiento y tramitación con otras entidades susceptibles de recibir ayudas en las diversas zonas afectadas del territorio español, al objeto de evitar posibles agravios comparativos; c) Hacer posible la compensación de ayudas con otros programas del Departamento; d) Potenciar las actuaciones que presenten un carácter de dinamización tecnológica y un notable grado de relación interterritorial, y e) Facilitar la corrección de los desequilibrios económicos y sociales de las comarcas afectadas por la reindustrialización de forma compensada para que en todas ellas las actuaciones tengan efectos equivalentes.
Por otra parte, la diversidad existente en la ubicación geográfica de las zonas beneficiarias, así como la imposibilidad de prever los nuevos procesos de adaptación y ajuste en empresas del sector público estatal, son hechos que recomiendan asimismo la distribución y gestión de las ayudas desde un órgano de la Administración General del Estado para garantizar el acceso a las mismas en condiciones de igualdad garantizando el principio de equivalencia.
No obstante lo anterior, sin perjuicio de la gestión de las ayudas por los Servicios del Ministerio de Ciencia y Tecnología y, sobre las bases de la coordinación general, podrán establecerse mecanismos de cooperación con las Administraciones Autonómicas y Locales, como ya se han realizado en años anteriores. Estos mecanismos vienen utilizando la fórmula de los convenios de colaboración. Esta cooperación permite un perfeccionamiento de la gestión de las referidas ayudas, ya que éstas Administraciones por tener un conocimiento más preciso del tejido industrial de las zonas susceptibles de apoyo en los ámbitos territoriales de sus competencias, pueden aportar un mayor abundamiento en los detalles del destino de las ayudas.
El régimen de ayudas que se regula en la presente Orden ha sido aprobado por la Comisión Europea con fecha 18 de mayo de 2001, y dicha aprobación incluye en su vigencia el ejercicio 2003.
En la redacción de la presente Orden se ha seguido el informe emitido por la Caja General de Depósitos, de acuerdo con la disposición adicional primera del Real Decreto 161/1997, de 7 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de la Caja General de Depósitos.
Asimismo, la presente Orden se dicta al amparo del artículo 3. 5 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, del artículo 81 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, del Reglamento de procedimiento para la concesión de subvenciones públicas, aprobado por el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y por las demás disposiciones que resultan de aplicación.
En su virtud, dispongo:
A los efectos de aplicación de esta Orden, el Programa de Reindustrialización y de Dinamización Tecnológica se aplicará en aquellas zonas deprimidas que cumplan conjuntamente y de forma simultánea los siguientes requisitos:
a) Zonas geográficas en las que existiendo un tejido industrial significativo, compuesto deforma relevante por sectores sometidos a procesos de cambio o adaptación, se produzcan en ellos operaciones de ajuste o reestructuración de empresas del sector público estatal que afecten sensiblemente al empleo. Su delimitación se circunscribirá al entorno de las localidades donde sean más acusados los efectos citados.
b) Zonas geográficas pertenecientes a regiones que cumplan lo dispuesto en las letras a) y c) del Apartado 3 del Artículo 87 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, según el mapa español de ayudas aprobado por escrito de la Comisión Europea, de 17 de mayo de 2000.
1. Podrán recibir ayudas las iniciativas que tengan por finalidad contribuir a la Reindustrialización y a la Dinamización Tecnológica de las zonas a las que se refiere el punto primero de esta Orden a través de alguna de las siguientes áreas y, dentro de ellas, de las actuaciones correspondientes:
a) Área de infraestructura:
a.1) Infraestructura básica y de servicios: Realización de inversiones en infraestructuras técnicas e industriales de uso común o compartido, tales como parques tecnológicos, suelo industrial, acceso a redes de transporte y de telecomunicación, etc. Asimismo, se incluye el desarrollo de proyectos que proporcionen al sector industrial servicios de diagnosis y soluciones tecnológicas a grupos de pymes, así como de asesoramiento y gestión sobre necesidades y oportunidades de captación de negocio, de proyectos de inversión, y de procesos de internacionalización.
a.2) Infraestructura tecnológica: Constitución o potenciación de centros tecnológicos, así como del desarrollo de actividades que tengan como objetivo colaborar con las empresas de las zonas elegibles en el desarrollo de proyectos innovadores, aportándoles asistencia técnica y servicios tecnológicos especializados.
Las actuaciones en cualesquiera de las subáreas descritas anteriormente para ser objeto de apoyos, deberán estar relacionadas con las contempladas en el área de industria, según se detallan en el apartado siguiente.
b) Área de industria: Arranque y ejecución de iniciativas industriales que generen empleo y que actúen como fuerza motriz del desarrollo del sector productivo empresarial. En esta área no se incluirán proyectos relativos a la industria del carbón, ni a la industria siderúrgica, según se definen en el anexo I del Tratado de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, ni a empresas en crisis tal como se definen en las Directrices comunitarias de ayudas estatales de salvamento y reestructuración de empresas en crisis [«Diario Oficial de las Comunidades Europeas» (DOCE) C 288, de 9 de octubre de 1999]. Dentro de esta área se priorizarán los proyectos dirigidos a:
Crear nuevas actividades industriales que supongan un fortalecimiento y diversificación de la estructura industrial de las zonas susceptibles de aplicación de esta Orden.
Integrar esfuerzos de varias empresas con un objetivo industrial común que, aprovechando las capacidades y potencialidades de la zona, produzcan una dinamización de la economía local.
Crear puestos de trabajo estables con un periodo de permanencia mínimo de tres años. Los empleos que se definan con periodos de mayor duración recibirán una nota de prioridad en la evaluación del correspondiente proyecto o actuación.
Desarrollo de empresas de sectores maduros que incorporen procesos de elevado contenido tecnológico.
Instalación y ampliación de industrias de sectores emergentes.
2. En las actuaciones correspondientes al área de infraestructura del apartado anterior, podrán ser objetos de ayuda, y constituirán la base sobre la que se calcule ésta, tanto las inversiones en activos fijos como el resto de los costes necesarios para el desarrollo de la actuación: gastos de personal, materiales, colaboraciones externas y otros gastos imputables a la iniciativa objeto de la ayuda. El detalle de los presupuestos de inversión a tener en cuenta se recoge en el anexo II de esta Orden.
3. En las actuaciones del área de industria serán objeto de ayudas las inversiones que realicen en activos fijos, y en especial las efectuadas en bienes de equipo nuevos y las que incorporen estos a procesos con un alto contenido tecnológico. Los gastos subvencionables también podrán incluir los ligados a la transferencia de tecnología en forma de adquisición de patentes, licencias de explotación o de conocimientos técnicos patentados y conocimientos técnicos no patentados. Estas inversiones inmateriales cuando no se trate de una pequeña o mediana empresa [según la definición fijada en el anexo I del Reglamento (CE) N 70/2001, de la Comisión, de 12 de enero de 2001], no podrán rebasar el 25 por 100 de la inversión en terreno, edificio y equipamiento.
Las inversiones en activos fijos que hayan sido objeto de ayuda deberán mantenerse y dedicarse a los fines previstos en la actuación durante un periodo, como mínimo, de cinco años.
Podrán acogerse a las ayudas contempladas en esta Orden las personas físicas o jurídicas siguientes:
a) Para el área de infraestructura: Entidades públicas, instituciones sin ánimo de lucro y asociaciones de empresas que tengan por finalidad proporcionar servicios de uso común o compartido al sector empresarial de carácter técnico conexos a la actividad industrial, y que no se dediquen a actividades industriales, comerciales y de servicios distintos a los que corresponden a esta área de la Orden que se contempla, siempre que dichos servicios los presten a precios de mercado.
b) Para el área de industria: Empresas y asociaciones de empresas públicas y privadas que desarrollen una actividad productiva de carácter industrial.
1. Las actividades objeto de apoyo descritas en el apartado segundo que se lleven a cabo en el ejercicio 2003, podrán acceder, en concurrencia entre ellas y con otras ayudas financieras públicas nacionales o internacionales, a las siguientes modalidades y cuantías máximas de ayudas, teniendo en cuenta para éstas el contenido del punto 2 de este apartado:
a) Para el área de infraestructura:
Subvenciones hasta un montante máximo del 50 por 100 del presupuesto financiable de la actuación.
Préstamos reembolsables sin intereses hasta un montante máximo, del 75 por 100 del presupuesto financiable de la actuación. En todo caso, el beneficiario deberá satisfacer con fondos propios, como mínimo, la financiación del 25 por ciento de la inversión financiable.
b) Para el área de industria:
Préstamos reembolsables sin intereses hasta un montante máximo del 50 por 100 del coste de la actuación. Las intensidades de las correspondientes ayudas respetarán los límites máximos de intensidades establecidos en el mapa español de ayudas con finalidad regional, aprobado por la Comisión Europea. En todo caso, el beneficiario deberá satisfacer con fondos propios, como mínimo, la financiación del 25 por ciento de la inversión financiable.
No obstante, las intensidades de las ayudas serán las que, en su caso, autorice específicamente la Comisión Europea cuando se trate de proyectos relativos a los sectores de construcción naval [Reglamento (CE) N.1540/98, del Consejo, de 29 de junio 1998, vehículos a motor, fibras sintéticas y siderúrgico, y en general las intensidades máximas estarán limitadas a las fijadas en las Directrices comunitarias multisectoriales sobre ayudas regionales a grandes proyectos de inversión (Comunicación 2002/C 70/04 de la Comisión) para aquellos proyectos incluidos en el ámbito de aplicación de esta regulación.
2. Las ayudas se concederán con cargo a las siguientes aplicaciones presupuestarias de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2003: 20.11.723B.744; 20.11.723B.764; 20.11.723B.774; 20.11.723B.784; 20.11.723B.821.14; y 20.11.723B.831.14.
Las inversiones y los gastos objeto de las ayudas de la presente Orden deberán realizarse durante el año 2003.
1. Los interesados presentarán su solicitud, en ejemplar duplicado, dirigida al Director General de Política Tecnológica, según modelo que figura en el anexo I a esta Orden, en el Registro General del Ministerio de Ciencia y Tecnología, Paseo de la Castellana, 160, de Madrid; o por cualquier otro de los procedimientos establecidos en el artículo 38 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Para la presentación de la solicitud, junto con los documentos que deben acompañarla, se estará a lo dispuesto en el Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo, que regula la presentación de solicitudes, escritos y comunicaciones ante la Administración General del Estado, la expedición de copias de documentos y devolución de originales y el régimen de las oficinas de registro.
2. A las solicitudes se acompañará la documentación siguiente:
a) Cuestionario, en ejemplar duplicado, según el anexo II de esta Orden, cumplimentando obligatoriamente todos los datos que en él figuran y adjuntando la preceptiva memoria técnica del proyecto o actuación que en dicho anexo se especifica en el punto 3, así como las capacidades específicas de la entidad solicitante establecidas en el punto 4. Este cuestionario se proporcionará por la Dirección General de Política Tecnológica y por las áreas funcionales de industria dependientes de las Delegaciones del Gobierno o Subdelegaciones del Gobierno en las correspondientes provincias.
b) Fotocopia del DNI, si el solicitante es persona física, o de la tarjeta de personas jurídicas y entidades en general, establecida en el Decreto 2423/1975, de 25 de septiembre, si el solicitante es persona jurídica.
c) Acreditación de la representación del firmante de la solicitud, cuando actúe como representante, de acuerdo con lo previsto en el artículo 32 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
d) Declaración del solicitante en la que se haga constar las ayudas obtenidas, las solicitadas y las que se prevén solicitar de cualquier Administración, nacional o internacional, en relación con la actuación objeto de la solicitud de apoyo, según el modelo que figura en el anexo I de esta Orden.
3. El plazo de presentación de las solicitudes y la documentación anexa referida en los puntos anteriores será de treinta días naturales contados desde el día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado».
4. En la presentación de documentos será de aplicación lo previsto en el Real Decreto 772/1999, de 7 de mayo.
5. La instrucción del procedimiento se realizará por la Dirección General de Política Tecnológica.
6. Previo al estudio y evaluación de las solicitudes, se examinará la documentación presentada, requiriendo al interesado para que, en su caso, subsane o acompañe nueva documentación en el plazo de diez días. Si así no lo hiciera, se tendrá por desistido de su petición, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992 y con los efectos previstos en el artículo 42 de la citada Ley.
1. Los informes técnicos resultantes de la evaluación de los proyectos de actuación que han presentado solicitudes de ayudas serán realizados por la Dirección General de Política Tecnológica o, en su caso, por las Comunidades Autónomas o Entes Locales de acuerdo con lo que se determine en el correspondiente convenio de colaboración a que se refiere el apartado decimoquinto de esta Orden.
2. Las solicitudes serán evaluadas de acuerdo con los siguientes criterios de obligado cumplimiento:
a) Adecuación a las prioridades establecidas en el apartado segundo de la presente Orden.
b) Calidad y viabilidad técnica, económica y financiera.
c) Adaptación a las necesidades y potencialidades de la zona.
d) Utilización de una tecnología adecuada a la naturaleza del proyecto.
e) Creación de empleo en la zona.
3. A lo largo del proceso de evaluación podrá ser recabada, por los servicios del Departamento, cuanta información y documentación complementaria se considere necesaria para definir la actuación o proyecto objeto de la solicitud.
4. Los informes técnicos a que se hace referencia en el punto 1 de este apartado serán sometidos al Comité de Gestión y Coordinación, regulado en el apartado octavo, epígrafe 2 de esta Orden.
5. Las solicitudes se evaluarán y resolverán en régimen de concurrencia competitiva de acuerdo con lo previsto por la disposición adicional vigesimonovena.3 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
1. La propuesta de resolución de concesión o denegación de las solicitudes de ayudas requerirá la evaluación y la correspondiente decisión del Comité de Gestión y Coordinación constituido al efecto. Dicha evaluación y su correspondiente decisión se emitirá basándose en el referido informe técnico resultante de la evaluación del proyecto o actuación citado en el punto 1 del apartado séptimo y a las condiciones técnico-económicas establecidas por el referido Comité.
En el caso de que se suscriban convenios de colaboración, de acuerdo con el apartado Decimocuarto de esta Orden, y se determine en ellos que la valoración de las solicitudes se realice por las Comunidades Autónomas o por los Entes Locales, la composición del Comité se establecerá en el convenio correspondiente.
2. El Comité de Gestión y Coordinación estará presidido por el Director General de Política Tecnológica y formarán parte de él, como vocales, los Subdirectores Generales de Programas Estratégicos, de Programas Tecnológicos, de Aplicaciones y Desarrollos Tecnológicos, y un representante de los siguientes Entes o Unidades: Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial y Gabinete Técnico de la Subsecretaria del Departamento. Los representantes no pertenecientes a la Dirección General de Política Tecnológica serán de rango, al menos de Subdirector General o asimilado. Actuará como Secretario un funcionario de la Dirección General de Política Tecnológica.
El régimen jurídico del citado Comité será el establecido en el capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de la Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
3. Con carácter previo a la propuesta de Resolución de la solicitud de ayuda, una vez el Comité de Gestión y Coordinación haya emitido su informe, se evacuará el trámite de audiencia a los interesados durante el plazo de quince días hábiles para que formulen las alegaciones y presenten los documentos y justificantes que estimen pertinentes, quedando decaídos en su derecho a alegar si no actúan en este sentido en el plazo expresado. En todo caso, se notificarán a los interesados las propuestas de Resolución de concesión de ayuda, con indicación de los términos y condiciones de dicha concesión, para que en el plazo anteriormente indicado manifiesten su aceptación o renuncia a la ayuda. De no contestar en dicho plazo, se entenderá que acepta las condiciones y términos de la propuesta de concesión de la ayuda.
4. Una vez transcurrido el plazo recogidos en el anterior punto se elevará al órgano competente para resolver la correspondiente propuesta de resolución, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 5 del Reglamento de procedimiento para la concesión de subvenciones públicas, aprobado por el Real Decreto 2225/1993, de 17 de Diciembre.
5. En todo caso, en la evaluación de los proyectos o actuaciones de las ayudas solicitadas, se deberá comprobar que el total de las distintas ayudas de finalidad regional que pueda recibir una actuación o proyecto, no superará el límite de intensidad de la correspondiente zona asistida, según el mapa español de ayudas aprobado por la Comisión Europea. Asimismo se establecerá la condición de que los activos, tanto materiales como inmateriales, objeto de las ayudas, estén afectos a la actuación o proyecto apoyado al menos durante los cinco años siguientes a su incorporación.
6. La resolución de concesión o denegación de las ayudas se dictará por el Secretario de Estado de Política Científica y Tecnológica o por el órgano en quien delegue. En la resolución se harán constar todas aquellas condiciones que se consideren necesarias para desarrollar la actividad objeto de la ayuda.
7. La resolución se notificará en el plazo máximo de seis meses desde el día de fin del plazo para la presentación de solicitudes. En el caso de no producirse la notificación de la resolución en el plazo anteriormente indicado, se entenderá desestimada la solicitud, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional vigesimonovena.3 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
8. La resolución pondrá fin a la vía administrativa.
1. La resolución del procedimiento de concesión de ayudas podrá recurrirse en reposición ante el mismo órgano que la dictó, en el plazo de un mes, según lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992. Sin perjuicio de lo anterior, contra dicha resolución de concesión cabe interponer, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, recurso contencioso administrativo ante la Audiencia Nacional.
2. Asimismo, contra las resoluciones presuntas del procedimiento de concesión de estas ayudas podrá recurrirse en reposición, en el plazo de tres meses contados a partir del día siguiente al de cumplirse el plazo señalado en el apartado Octavo.7 de la presente Orden. Sin perjuicio de lo anterior, contra esas resoluciones presuntas, cabe interponer recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente de cumplirse el plazo señalado en el citado apartado Octavo.7.
1. La Dirección General de Política Tecnológica será la encargada de llevar a cabo el seguimiento y control de las ayudas concedidas a las actuaciones y proyectos, verificando el cumplimiento y efectividad de todas las condiciones y plazos impuestos y entregando a los beneficiarios los fondos correspondientes.
2. El perceptor de la ayuda se obliga a poner a disposición de la Dirección General de Política Tecnológica todos los comprobantes y documentos justificativos de gastos y pagos, así como todos los documentos acreditativos de las inversiones realizadas. También se obliga a remitir una memoria técnica y una memoria económica incluyendo la correspondiente valoración final sobre el grado de cumplimiento de los objetivos planteados en la actuación, igualmente deberá permitir el libre acceso a los funcionarios que dicho Centro Directivo designe, para visitar los lugares, establecimientos e instalaciones donde se desarrolle la actuación o proyecto objeto de apoyo.
Finalizada la ejecución de la actividad, se procederá a la comprobación de la misma, levantándose al efecto la correspondiente acta de conformidad, a la que se acompañará una valoración final sobre el grado de cumplimiento de los objetivos planteados en el proyecto o actuación.
3. En casos razonables y justificados, previa petición del interesado, la subvención concedida podrá ser abonada, parcial o totalmente, con anterioridad a la justificación de la realización de la actuación o proyecto.
4. Los préstamos concedidos, que tendrán la consideración de aportaciones reembolsables, serán abonados con anterioridad a la justificación de la realización de la actuación o proyecto.
5. Tanto en caso de pago de la ayuda bajo la modalidad de préstamo como en el supuesto de pago anticipado de la ayuda en la modalidad de subvención, con carácter previo al pago, se requerirá del interesado la aportación del resguardo de constitución de una garantía ante la Caja General de Depósitos, en alguna de las modalidades previstas en la normativa de la citada Caja y con los requisitos establecidos por la misma, por los importes de la ayuda anticipada y de los intereses de demora que se produzcan desde el momento de la concesión del anticipo hasta la fecha de finalización del plazo máximo de justificación de la realización de la actuación o proyecto objeto de apoyo. El interés de demora será el previsto en el artículo 36 de la Ley General Presupuestaria. La garantía será liberada cuando tenga lugar la acreditación de que se ha realizado la actividad objeto de la subvención.
En el caso de los préstamos, la garantía correspondiente al importe de la ayuda será liberada por tramos a medida que se produzcan los reembolsos, mientras que la correspondiente a los intereses de demora lo será cuando tenga lugar la acreditación de que se ha realizado la actividad objeto de la ayuda.
6. El pago de las ayudas establecidas en la presente Orden vendrá condicionado al cumplimiento por los beneficiarios de sus obligaciones fiscales y para con la Seguridad Social en los términos fijados por las Órdenes del Ministerio de Economía y Hacienda de 28 de abril de 1986 y de 25 de noviembre de 1987 en el plazo máximo de un mes desde el día siguiente al de la notificación de requerimiento de aportación de dichas certificaciones en el caso de que dicha notificación se lleve a cabo.
1. Como norma general, el reembolso de los préstamos se realizará en anualidades de idéntica cuantía, venciendo la primera, como máximo, al quinto año, a partir del de su concesión. El número de anualidades, sin considerar el periodo de carencia anterior, será como máximo de diez.
2. En casos justificados de carácter singular y, previo informe del Comité de Gestión y Coordinación, se podrán conceder prórrogas en los plazos de reembolsos.
3. Las cantidades a reembolsar por los beneficiarios de los préstamos tendrán la consideración de deudas no tributarias de derecho público y se ingresarán directamente en el Tesoro Público.
El incumplimiento de esta obligación en los plazos establecidos determinará la aplicación de lo dispuesto en el apartado decimotercero de la presente Orden.
1. Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de las ayudas, así como la obtención concurrente de otras ayudas otorgadas por otras Administraciones Públicas nacionales o internacionales, podrá dar lugar a la modificación de la resolución de concesión.
2. Las modificaciones o alteraciones de las condiciones iniciales, relativas a la ejecución de la actuación objeto de la ayuda establecidas en la resolución de concesión y definidas en el informe técnico resultante de la evaluación de los proyectos o actuaciones correspondientes a lo determinado por decisión del Comité de Gestión y Coordinación, que se produzcan por circunstancias ajenas a la voluntad de la entidad beneficiaria podrán dar lugar, previa solicitud motivada de ésta, a la correspondiente modificación del calendario previsto de entrega y, en su caso, de reembolso de las ayudas.
3. En casos justificados de carácter singular, a petición motivada del interesado y previo informe del Comité de Gestión y Coordinación, se podrán conceder prórrogas en los plazos máximos de realización de la actuación o proyecto. Asimismo, se podrá autorizar, sin modificación de la resolución de concesión, variaciones de las partidas que constituyen el presupuesto financiable, siempre que no se disminuya la inversión total y la destinada a activos fijos.
1. Procederá la revocación de las ayudas, así como el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés de demora desde el momento del pago de la ayuda, en los casos y en los términos previstos por el artículo 81.9 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria.
2. Tendrán consideración de infracciones y serán sancionables las conductas a que se refiere el artículo 82 del vigente texto refundido de la Ley General Presupuestaria, en los términos establecidos en el mismo.
Para la ejecución del régimen de ayudas regulado por esta Orden, se podrán celebrar convenios de colaboración con Comunidades Autónomas y con Entes Locales.
Las ayudas a que se refiere la presente Orden, además de lo previsto por la misma, se regirán por lo establecido en el texto refundido de la Ley General Presupuestaria, por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y por el Reglamento de procedimiento para la concesión de subvenciones públicas, aprobado por el Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre.
La presente Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 12 de febrero de 2003.
PIQUÉ I CAMPS
Excmo. Sr. Secretario de Estado de Política Científica y Tecnológica.
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Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
