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El Ministerio de Economía y la Consejería de Industria y Comercio del Gobierno de Canarias han suscrito, el 26 de noviembre de 2002, un convenio de colaboración para el desarrollo del Plan Marco de Modernización del Comercio Interior, por lo que, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho convenio, que figura como anexo a esta Resolución.
Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 21 de febrero de 2003.‒El Director general, Manuel Lagares Gómez-Abascal.
En Madrid a 26 de noviembre de 2002.
El Excmo. Sr. don Rodrigo de Rato y Figaredo, Vicepresidente Segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía, de conformidad con las competencias atribuidas por la disposición adicional decimotercera de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativos Común, según la redacción establecida por la Ley 4/1999, de 13 de enero, nombrado por Reales Decretos 560/2000 y 561/2000, de 27 de abril, «Boletín Oficial del Estado», 102.
El Excmo. Sr. don Adán Martín Menis, Consejero de Economía, Hacienda y Comercio, del Gobierno de Canarias, nombrado por Decreto 16/2001, de 29 de enero, así como lo dispuesto en el artículo 29.1 k de la Ley Territorial 14/90, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias.
Reconociéndose, en la representación que ostentan, capacidad para formular el presente Convenio, exponen:
Que ante el importante cambio estructural que se ha producido en el sector de la distribución comercial en los últimos años y el previsible mantenimiento de esta tendencia en el futuro más próximo, es necesario desarrollar un marco de actuación para el fomento del sector de distribución comercial, de forma que se proporcione a los pequeños comerciantes una colaboración eficaz por parte de los poderes públicos para enfrentarse a este proceso de innovación.
El Plan Marco de Modernización del Comercio Interior, aprobado por el Consejo de Ministros en su reunión del 12 de mayo de 1995 y su Reforma, aprobada por el Consejo de Ministros en su reunión de 13 de diciembre de 1996, recogen una serie de medidas encaminadas a mejorar la competitividad del comercio minorista.
Que esta Reforma fue presentada y adoptada en la Conferencia Sectorial de Comercio, celebrada el 19 de noviembre de 1996, ya que su ejecución supondrá la adopción de un conjunto de medidas y estímulos económicos que se programarán de manera conjunta por cada Comunidad Autónoma con el apoyo de la Administración General del Estado.
Que es voluntad del Ministerio de Economía y de la Consejería de Industria y Comercio, del Gobierno de Canarias, impulsar y potenciar la colaboración, la corresponsabilidad y la coordinación de los diferentes niveles de las Administraciones Públicas en la realización de actuaciones previstas en el Plan Marco de Modernización del Comercio Interior.
En virtud de lo expuesto, en ejecución de la competencia exclusiva del Estado prevista en el artículo 149.1.13 de la Constitución y de la competencia atribuida al Gobierno de Canarias en el artículo 31.3 de su Estatuto de Autonomía, en virtud de la reforma operada por la Ley Orgánica 4/1996, de 30 de diciembre, las partes firmantes, acuerdan:
Las partes firmantes colaborarán para desarrollar el Plan Marco de Modernización del Comercio Interior, dentro del ámbito geográfico del Gobierno de Canarias, como marco en el que se recoge una estrategia común para todo el sector y en el que quedan encuadradas las iniciativas que se incluyen en este Convenio.
En desarrollo del Plan Marco de Modernización del Comercio Interior, el Gobierno de Canarias se compromete a convocar ayudas en los siguientes programas:
a) Programa de cooperación empresarial, dirigido a otorgar ayudas a las pequeñas y medianas empresas comerciales, asociadas en organizaciones que realicen funciones comerciales para la implantación de redes informáticas, la reforma de establecimientos minoristas y la implantación o renovación de establecimientos mayoristas así como a la propia organización.
b) Programa de apoyo a la ordenación territorial del comercio, de cuyas ayudas serán beneficiarios las asociaciones de comerciantes, siempre que se orienten a su creación o su desarrollo mediante la implantación de servicios comunes de gestión, así como a la remodelación física de los establecimientos colectivos y la adecuación de los locales particulares.
Teniendo en cuenta las competencias que en materia urbanística ostentan las Corporaciones Locales, a partir de este Convenio se estimulará la participación de la Administración Local, como elemento indispensable, para poder sentar las bases de una adecuada actuación territorial y, por tanto, se podrá considerar como beneficiarios de las ayudas a los Ayuntamientos.
En cuanto a las actuaciones para mejora y adecuación de los Mercados Minoristas, y teniendo en cuenta la titularidad Municipal de estos mercados, los Ayuntamientos podrán ser también beneficiarios de estas ayudas, mediante convenio con ellos y, ocasionalmente, con asociaciones de comerciantes o empresas públicas o privadas.
c) Programa de apoyo a comerciantes independientes, dirigido a las pequeñas y medianas empresas de distribución comercial minorista para realizar inversiones en la transformación física de los establecimientos, la adquisición de equipamiento comercial y de gestión, así como la formación de empleados.
De este programa quedan excluidas las actividades comerciales que en el espíritu del Plan Marco no se consideran de interés prioritario, tal como se acordó en la Conferencia Sectorial de Comercio Interior de 15 de diciembre de 1998.
d) Podrán, asimismo, ser objeto de las ayudas de este Convenio, las actividades que aún no contempladas en el Plan Marco, se puedan relacionar de forma evidente con el espíritu del mismo y contribuyan con su desarrollo a la consecución de la modernización de la distribución.
Las actuaciones que se acojan al presente Convenio serán cofinanciadas por ambas partes.
La aportación del Ministerio de Economía representará un máximo del 40 por 100 para el programa contemplado en el apartado a); del 30 por 100 para los del apartado b); del 20 por 100 para los del c) y del 30 por 100 para los del d), de la ayuda concedida por la Comunidad Autónoma.
Estas aportaciones del Ministerio de Economía se financiarán, dentro de los límites presupuestarios, con cargo a la partida presupuestaria 751 (transferencias de capital a las Comunidades Autónomas-Plan de Modernización del Comercio Interior), Programa 763 A (ordenación y modernización de las estructuras comerciales), Servicio 16 (Dirección General de Política Comercial).
La asignación de recursos al Gobierno de Canarias es del 5,36614 por 100 de la dotación territorializada de la partida presupuestaria de transferencias a las Comunidades Autónomas del Ministerio de Economía, en el concepto Plan Marco de Modernización del Comercio Interior; y que es el 75 por 100 del crédito presupuestario, (esto es 6.761.385,00 euros) quedando el 25 por 100 restante para disponer de él según se recoge en la cláusula sexta, de conformidad con lo acordado en la Conferencia Sectorial de Comercio Interior de 23 de mayo de 2002 y formalizado en Consejo de Ministros de 28 de junio de 2002, equivalente a 362.825,39 euros.
La gestión de las ayudas se realizará de acuerdo con el siguiente procedimiento:
1. Las solicitudes de concesión de ayudas públicas se presentarán en la unidad administrativa y en los términos que establezca la normativa de convocatoria que dicte la Administración del Gobierno de Canarias.
2. La Administración de la Comunidad Autónoma instruirá y resolverá el otorgamiento de las ayudas solicitadas.
3. La Unidad Administrativa correspondiente de la Comunidad Autónoma enviará antes del 31 de octubre del 2002 a la Dirección General de Política Comercial la relación de expedientes subvencionados para los que solicita la mencionada cofinanciación, aludida en el apartado tercero.
4. La Comisión de Seguimiento a la que se alude en el apartado quinto decidirá cuales de los expedientes subvencionados por la Comunidad Autónoma son cofinanciables a través del Plan Marco de Modernización del Comercio Interior, teniendo en cuenta también el último párrafo del apartado segundo.
5. Redactadas y firmadas las correspondientes Actas por la Comisión de Seguimiento se efectuarán las transferencias de fondos a la Comunidad Autónoma.
6. En el supuesto de que, una vez analizadas por la Comisión de Seguimiento las propuestas de cofinanciación de todas las Comunidades Autónomas se verifique la existencia de crédito disponible en la partida presupuestaria correspondiente del Estado, bien porque alguna Comunidad Autónoma no hubiera agotado los recursos que se le han asignado o se produjera alguna generación de crédito, y la cofinanciación solicitada por el Gobierno de Canarias no haya podido ser atendida en su integridad, el Ministerio de Economía podrá incrementar su aportación inicial prevista.
La cuantificación de esta aportación complementaria se llevará a cabo de acuerdo y en aplicación de los criterios objetivos de distribución acordados en Conferencia Sectorial de Comercio Interior de 23 de mayo de 2002 y formalizado en Consejo de Ministros de 28 de junio de 2002 y, exclusivamente, entre las Comunidades Autónomas que tengan un exceso de demanda de proyectos.
7. El pago a los perceptores del importe total de las ayudas será efectuado por el Organismo pagador de la Administración Autonómica.
8. Los expedientes enviados a la Dirección General de Política Comercial por las Comunidades Autónomas para su cofinanciación, podrán acogerse a este Convenio aunque la concesión de la ayuda por la Comunidad Autónoma haya sido, dentro del año 2002, anterior a la fecha de la firma del Convenio.
9. Corresponde al Gobierno de Canarias el control de la ejecución y el seguimiento de los expedientes cofinanciados por decisión de la Comisión de Seguimiento, comunicando a la Dirección General de Política Comercial las incidencias que se produzcan. A tal fin, de acuerdo con las Comunidades Autónomas se podrá establecer el sistema de intercambio de información que se estime necesario. Particularmente las Comunidades Autónomas aportarán a la Dirección General de Política Comercial, las certificaciones de pago cuando éste se haya realizado y no más tarde del 31 de diciembre de 2003. Todo ello se entiende sin perjuicio del control financiero que corresponde a la Intervención General de la Administración del Estado, y al Tribunal de Cuentas.
Se creará una Comisión de Seguimiento para el desarrollo del Convenio, integrada por tres representantes de cada una de las partes firmantes designados, respectivamente, por el Ministro de Economía y el Consejero de Economía, Hacienda y Comercio.
Serán funciones de esta Comisión el seguimiento de la aplicación del presente Convenio y de todas aquellas actuaciones que se regulen o deriven del mismo y en particular las siguientes:
a) Analizar las solicitudes de cofinanciación a través del Plan Marco de Modernización del Comercio Interior enviadas por la Comunidad Autónoma para acogerse a este Convenio, y decidir los proyectos a cofinanciar, de acuerdo con el apartado tercero.
b) Realizar el seguimiento de las actuaciones que se desarrollen en ejecución del presente Convenio y reflejar su grado de desarrollo.
c) Interpretar el presente Convenio y dar solución a las dudas y controversias que en el cumplimiento del mismo puedan producirse.
De acuerdo con el último párrafo del apartado tercero, con el 25 por 100 aludido, el Ministerio de Economía podrá cofinanciar, con un máximo del 50 por 100 de lo aportado por la Comunidad Autónoma, determinadas actuaciones de especial interés por su efecto innovador o porque constituyan una acción piloto que ejerza un efecto de arrastre para otras acciones. La selección de este tipo de actividades a cofinanciar entre las solicitadas por la totalidad de las Comunidades Autónomas se hará mediante acuerdo en reunión de Directores Generales de Comercio, como Comisión de la Conferencia Sectorial, según delegación expresa realizada por el Pleno de ésta de 23 de mayo de 2002.
Como se indica en el mencionado párrafo tercero, esta cofinanciación será también con cargo a la partida presupuestaria 751, Programa 763A, Servicio 16 de la que se ha retenido un 25 por 100 del crédito al efecto y la cantidad disponible para ella es de 2.253.795,00 euros.
Las actuaciones singulares que aspiren a esta cofinanciación deberán presentarse por la Comunidad Autónoma a la Dirección General de Política Comercial del Ministerio de Economía antes del 31 de octubre de 2002, y las transferencias de fondos a las Comunidades Autónomas se efectuará una vez que la Reunión de Directores Generales de Comercio haya decidido sobre los proyectos a cofinanciar.
Los fondos aportados por el Ministerio de Economía se acogen al Programa Operativo 2000-2006, cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). Por este motivo, de acuerdo con las recomendaciones de la Comisión Europea, la Comunidad Autónoma no deberá presentar a esta Dirección General para acogerse a los beneficios de este Convenio, aquellos expedientes para los que haya solicitado retornos para cualquier otro programa de ayuda de la Unión Europea.
El Gobierno de Canarias comunicará la cofinanciación europea (programa Operativo para la Mejora de la Competitividad y Desarrollo del Tejido Productivo 2000-2006) a los beneficiarios de los proyectos acogidos a este Convenio.
Asimismo, la Dirección General de Política Comercial podrá solicitar a la Comunidad Autónoma información complementaria sobre los expedientes aprobados por la Comisión de Seguimiento, a fin de poder cumplimentar la normativa contenida en el Programa Operativo 2000-2006.
Sin perjuicio del procedimiento previsto y de las funciones asignadas a la Comisión de Seguimiento, la difusión del Plan Marco en el ámbito de la Comunidad Autónoma, corresponderá a la Consejería de Industria y Comercio, de la Administración autonómica del Gobierno de Canarias.
El presente Convenio entrará en vigor desde la fecha de su firma y tendrá una vigencia temporal hasta el 31 de diciembre del año 2002. No obstante, podrá producirse su resolución antes del plazo indicado, por mutuo acuerdo de las partes, por incumplimiento o por denuncia de alguna de ellas, hasta dos meses antes de la fecha de extinción del Convenio.
El régimen jurídico aplicable a este Convenio es el establecido en el Título I de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siendo de aplicación asimismo las restantes normas de Derecho Administrativo en materia de interpretación, modificación y resolución de las cuestiones no contempladas en el Convenio que se suscribe.
Las cuestiones litigiosas que pueden surgir en la interpretación y cumplimiento del presente Convenio, serán de conocimiento y competencia del Orden Jurisdiccional de lo Contencioso-Administrativo.
Y en prueba de conformidad, firman los intervinientes, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.‒El Vicepresidente Segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía.—El Consejero de Industria y Comercio.
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