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Documento BOE-A-2017-10292

Ley 5/2017, de 1 de junio, de Integridad y tica Pblicas.

TEXTO

En nombre del Rey y como Presidente de la Comunidad Autnoma de Aragn, promulgo la presente Ley, aprobada por las Cortes de Aragn, y ordeno se publique en el Boletn Oficial de Aragn y en el Boletn Oficial del Estado, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artculo 45 del Estatuto de Autonoma de Aragn.

NDICE

Captulo I. Disposiciones Generales.

Artculo 1. Objeto.

Artculo 2. mbito de aplicacin.

Artculo 3. Sector pblico de Aragn.

Artculo 4. Sector pblico autonmico.

Artculo 5. Objetivos generales.

Artculo 6. Educacin en integridad y tica pblicas.

Artculo 7. Formacin permanente.

Captulo II. Agencia de integridad y tica pblicas.

Artculo 8. Creacin y mbito de actuacin.

Artculo 9. Funciones.

Artculo 10. Autonoma.

Artculo 11. Organizacin de la Agencia.

Artculo 12. Requisitos de sus miembros.

Artculo 13. Eleccin, nombramiento y duracin del mandato del Director.

Artculo 14. Eleccin, nombramiento y duracin del mandato de los Subdirectores de la Agencia.

Artculo 15. Conflictos de intereses e incompatibilidades de los miembros de la Agencia.

Artculo 16. Cese de los miembros de la Agencia.

Artculo 17. Funciones del Director.

Artculo 18. Funciones de la Comisin Ejecutiva.

Artculo 19. Funciones de los Subdirectores.

Artculo 20. Relaciones con las Cortes de Aragn.

Artculo 21. Personal y medios materiales.

Artculo 22. Plan de actuacin y memorias de actividad.

Artculo 23. Procedimiento de actuacin.

Artculo 24. Potestades de la Agencia.

Artculo 25. Confidencialidad.

Artculo 26. Proteccin y cesin de datos.

Artculo 27. Colaboracin con otros rganos y organismos.

Artculo 28. Delimitacin de funciones.

Captulo III. Evaluacin de Polticas Pblicas y Disposiciones Legales.

Artculo 29. mbito material.

Artculo 30. Evaluacin de polticas pblicas.

Artculo 31. Evaluacin de disposiciones legales.

Artculo 32. Momento de la evaluacin.

Artculo 33. Publicidad.

Artculo 34. Informe a las Cortes de Aragn.

Captulo IV. Rgimen de los Lobbies.

Artculo 35. Conceptos.

Artculo 36. Registro.

Artculo 37. Rgimen jurdico del Registro.

Artculo 38. Cdigos de conducta.

Artculo 39. Medidas aplicables en caso de incumplimiento.

Captulo V. Cdigos de buen Gobierno y de conducta.

Seccin 1. Cdigo de buen Gobierno.

Artculo 40. Principios de buen gobierno.

Artculo 41. Recursos humanos y materiales.

Seccin 2. Cdigo de conducta y Estatuto de Empleados Pblicos.

Artculo 42. Principios de actuacin.

Artculo 43. Derechos y deberes.

Artculo 44. Cdigo de conducta.

Seccin 3. Estatuto del denunciante.

Artculo 45. Definicin de denunciante.

Artculo 46. Medios para garantizar la confidencialidad.

Artculo 47. Estatuto del denunciante.

Captulo VI. Rgimen de conflictos de intereses e incompatibilidades.

Artculo 48. Conceptos.

Artculo 49. Dedicacin exclusiva.

Artculo 50. Compatibilidad con actividades pblicas.

Artculo 51. Compatibilidad con actividades privadas.

Artculo 52. Limitaciones patrimoniales en participaciones societarias.

Artculo 53. Limitaciones al ejercicio de actividades privadas con posterioridad al cese.

Artculo 54. Compensacin econmica tras el cese por aplicacin del rgimen de incompatibilidades.

Artculo 55. Declaracin de actividades.

Artculo 56. Declaracin de bienes y derechos patrimoniales.

Artculo 57. Registros de actividades y de bienes y derechos patrimoniales.

Artculo 58. Deber de abstencin.

Artculo 59. Examen de la situacin patrimonial de las autoridades y cargos del sector pblico autonmico.

Captulo VII. Rgimen sancionador.

Artculo 60. Principios generales.

Artculo 61. Infracciones.

Artculo 62. Sanciones.

Artculo 63. Sanciones aplicables a otras personas por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley.

Artculo 64. Procedimiento sancionador.

Artculo 65. rganos competentes del procedimiento sancionador.

Artculo 66. Prescripcin de infracciones y sanciones.

Disposiciones adicionales.

Primera. Referencias de gnero.

Segunda. Supresin de tratamientos protocolarios oficiales.

Tercera. Oficina Virtual de la Agencia.

Cuarta. Obligacin de comunicar nombramientos.

Quinta. Atribucin de competencias sobre conflictos de intereses e incompatibilidades.

Sexta. Rgimen de publicidad de las instrucciones de la Intervencin General.

Sptima. Rgimen sancionador en las materias de gestin econmico-presupuestaria y disciplinaria.

Octava. Control parlamentario sobre responsabilidad civil en los procesos penales.

Disposiciones transitorias.

Primera. Aplicacin de la normativa sobre conflictos de intereses e incompatibilidades.

Segunda. Aplicacin de medidas a denunciantes.

Disposicin derogatoria.

nica. Derogacin normativa.

Disposiciones finales.

Primera. Modificacin de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pblica y Participacin Ciudadana de Aragn.

Segunda. Modificacin de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de Medidas en Materia de Contratos del Sector Pblico de Aragn.

Tercera. Modificacin de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragn.

Cuarta. Modificacin del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragn, aprobado por Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio.

Quinta. Modificacin de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragn.

Sexta. Aprobacin de los reglamentos de la Agencia de Integridad y tica Pblicas.

Sptima. Personal directivo en el sector pblico autonmico.

Octava. Delegacin legislativa.

Novena. Desarrollo de la ley.

Dcima. Entrada en vigor.

PREMBULO

I

Hoy da podemos afirmar que la democracia est firmemente asentada en el pas. No hay crisis desde esta perspectiva. Pero la dureza de la crisis econmica y la revelacin de fenmenos de corrupcin empresarial, institucional y poltica en los ltimos aos ha generado un evidente distanciamiento de amplios sectores de la ciudadana de sus instituciones y, en general, la puesta en cuestin del actual modelo socioeconmico, del sistema de partidos y de parte de las instituciones. Frente a todo ello, la respuesta, sin embargo, no puede ser fragmentaria, limitarse al mero impulso de actuaciones judiciales o adoptar sesgos puramente partidistas o coyunturales. Es indispensable una accin sostenida de inmersin del conjunto de las instituciones y de la sociedad entera en la cultura de la integridad en general y de la tica pblica en particular.

La consolidacin de la democracia requiere que el conjunto del modelo institucional y social asuma como elemento estructural la transparencia, la participacin, la integridad y la tica pblica, contribuyendo de este modo a una mejor gobernanza, a mejores prcticas regulatorias, a un mejor servicio a los intereses generales y a las demandas sociales. Y no resultan tampoco adecuadas respuestas en negativo, que se limiten a combatir prcticas de corrupcin, clientelismo o despilfarro, pblicas o privadas, del todo rechazables. Solo de la construccin de esa nueva cultura de la gestin pblica y de relacin con lo pblico basada en la integridad, de la accin en positivo para ello, surgir un combate eficaz de tales prcticas, desterrndolas en la mayor medida posible de nuestra sociedad. Y, conviene reconocerlo, tales actuaciones son, antes que nada, producto de acciones de personas o entidades concretas, a ellas imputables. La previsin del castigo al delito o la infraccin administrativa desincentiva su comisin, sin duda, pero no la erradica. La existencia de la normativa penal o sancionadora, necesaria, lo pone de manifiesto.

En esta lnea, regulaciones recientes en muy diferentes mbitos han supuesto avances innegables. Pero, hasta el momento, todas ellas han adoptado perspectivas sectoriales, fragmentarias, que no han impulsado un tratamiento integral en el sentido en que se propone adoptarlo esta ley, desde el sistema educativo hasta el estatuto de altos cargos, desde la publicidad de la actividad de los lobbies hasta la de las instrucciones de los rganos de fiscalizacin previa, desde la imposicin efectiva de los cdigos de conducta y de buen gobierno hasta la esperada regulacin del personal directivo y el estatuto del denunciante. Todo ello, adems, se articula en el contexto de unos objetivos generales y comunes que, en sntesis, pueden resumirse en la promocin, impulso y garanta de la integridad y la tica pblicas en el sector pblico de Aragn y en las personas y entidades que se relacionan directamente con el mismo. Este es el objeto de la presente ley, cuya intencin es construir un nuevo discurso de integridad interiorizando un conjunto de valores que nos permita garantizar a los ciudadanos el derecho a una Administracin capaz de responder a las necesidades colectivas de nuestros das fortaleciendo los activos ticos, explicitando valores y estndares de conducta.

El Estatuto de Autonoma de Aragn impulsa tambin esta transformacin de la cultura institucional al regular las diferentes instituciones de la Comunidad Autnoma de Aragn y la Administracin pblica. Principios como los de buena fe, confianza legtima, transparencia y servicio efectivo a los ciudadanos avanzan, sin duda, por este camino. Mediante esta ley se trata de profundizar en esos planteamientos, ejerciendo en plenitud, en relacin con la integridad y la tica pblicas en el sector pblico y en las instituciones y rganos estatutarios de Aragn, las competencias exclusivas del artculo 71 del Estatuto de Autonoma sobre, 1., creacin, organizacin, rgimen y funcionamiento de las instituciones de autogobierno, 3., derecho procesal derivado de las particularidades del derecho sustantivo aragons, 5., rgimen local, 7., procedimiento administrativo derivado de las especialidades de la organizacin propia, 9., urbanismo, as como la competencia compartida sobre enseanza del artculo 73, las competencias compartidas reconocidas en el artculo 75, 12. y 13., sobre contratacin y rgimen estatutario de los funcionarios de la Comunidad Autnoma de Aragn respectivamente, y la competencia sobre ejercicio de la actividad de fomento autonmico del artculo 79, todas ellas de nuestra norma institucional bsica.

II

La presente ley se estructura en siete captulos, con sesenta y seis artculos, ocho disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias, una disposicin derogatoria y diez disposiciones finales.

III

En el captulo primero se regula el objeto de la ley, que se concreta en el establecimiento del rgimen de promocin, impulso y garanta de la integridad y la tica pblicas en el sector pblico de Aragn y en las personas y entidades que se relacionan directamente con el mismo, as como en la creacin de la Agencia de Integridad y tica Pblicas.

Se establece el mbito de aplicacin al que se van a referir las distintas medidas contenidas en el texto legal, definindose los entes y organismos integrantes del sector pblico de Aragn y del sector pblico autonmico. Adems, se concretan las autoridades y cargos del sector pblico autonmico destinatarios de la ley y se prev igualmente que esta pueda aplicarse en los supuestos en que as se establezca a autoridades y cargos de las instituciones y rganos estatutarios u otras entidades cuya normativa as lo exija.

Este primer captulo se completa con el establecimiento de los objetivos generales que se pretenden alcanzar y con el mandato a la administracin educativa para que incluya contenidos formativos en estas materias en los currculos, y al Instituto Aragons de Administracin Pblica para que haga lo propio en sus planes formativos.

IV

La Agencia de Integridad y tica Pblicas se crea como ente pblico que depender directamente de las Cortes de Aragn. La Agencia constituye uno de los instrumentos fundamentales para la promocin y garanta de la integridad y la tica pblicas en Aragn. Con una estructura directiva ligera y una autonoma frreamente garantizada, desarrollar funciones de investigacin y evaluacin de polticas pblicas y disposiciones legales, colaborando para ello con cuantas instituciones, rganos y autoridades ostentan competencias similares. Consecuencia directa de su autonoma es la posibilidad de que elabore sus propios reglamentos de organizacin y funcionamiento, y de actuacin, los cuales sern aprobados por las Cortes de Aragn.

Su estructura directiva viene conformada por el Director, elegido y nombrado mediante un procedimiento parlamentario, por mayora de tres quintos, quien a su vez propondr a los tres Subdirectores, de investigacin, de evaluacin y de rgimen interior, igualmente elegidos y nombrados por las Cortes de Aragn. Director y Subdirectores, entre otros requisitos, habrn de cumplir las condiciones de idoneidad, probidad y profesionalidad necesarias para ejercer tales cargos y, en todo caso, debern estar en posesin de ttulo universitario superior y contar con experiencia profesional o ser persona de reconocido prestigio en relacin con los temas relacionados con el objeto de la ley. Se establece un rgimen de conflictos de intereses e incompatibilidades para los miembros de la Agencia, especificndose las causas de cese de los mismos, as como las funciones asignadas a cada uno de los rganos que la integren.

La Agencia desarrollar sus funciones bajo la dependencia de las Cortes, conforme a los Planes de Actuacin que someter al Pleno y rindiendo cuentas ante el mismo mediante las correspondientes Memorias de Actuacin. Sus potestades de investigacin son amplias y resultan potenciadas por el mandato de colaboracin y asistencia con otras autoridades. A este respecto, se contempla la posibilidad de que desarrolle funciones de asistencia a otros rganos y organismos y se prev el establecimiento de protocolos estables de comunicacin de datos y colaboracin, as como la creacin de una Comisin aragonesa de integridad y tica pblicas como rgano de colaboracin con los rganos y organismos con competencias en la materia.

V

La regulacin de la evaluacin externa de polticas pblicas y de disposiciones legales se regula en el captulo III de la ley, y se atribuye su competencia a la Agencia de Integridad y tica Pblicas, sin perjuicio de la evaluacin interna que se realice por la Administracin autonmica. Si la evaluacin de polticas pblicas tiene un precedente inmediato en la Ley 5/2013, de 20 de junio, de Calidad de los Servicios Pblicos de la Administracin de la Comunidad Autnoma de Aragn, su alcance se potencia ahora, asignando a las Cortes de Aragn, a travs de la Agencia, la evaluacin externa de las polticas pblicas, tratando as de lograr la efectiva realizacin de las evaluaciones que procedan conforme a sus sucesivos planes de actuacin.

Mayor inters si cabe tiene, desde la perspectiva del impulso de una cultura de integridad y tica pblicas, la evaluacin de las disposiciones legales. Se trata con ella, en lnea con lo que ya estn haciendo los pases ms avanzados en esta materia, de prevenir prcticas regulatorias que no respondan a los intereses generales o que, aun hacindolo, resulten ineficaces. Para ello, la ley somete a evaluacin las disposiciones legales en sus trabajos iniciales de redaccin del anteproyecto, as como en su ejecucin.

VI

Sobre la base de la conviccin de que es necesario que la cultura de la integridad y la tica pblicas no se quede nicamente en el mbito pblico en general y administrativo en particular, se regula en el captulo IV de esta ley el rgimen jurdico de los lobistas y lobbies en Aragn. De este modo, antes que el propio Estado, Aragn es una de las primeras comunidades autnomas en dotarse de un instrumento como el Registro de lobistas y lobbies, dependiente de la Agencia de Integridad y tica Pblicas, a travs del cual se les imponen a los mismos, y a las autoridades y cargos con los que se relacionen, concretas exigencias de transparencia y el compromiso de cumplir con un cdigo tico mnimo, establecindose las medidas aplicables para el caso de incumplimiento de tales obligaciones y del propio cdigo de conducta.

La capacidad de influir debe someterse a exigencias ticas y de transparencia, como as sucede en los ms avanzados Estados de la OCDE y de la propia Unin Europea o, siendo pioneros en esta materia, en los Estados Unidos de Amrica desde hace ya setenta aos. Los cdigos de conducta afectarn a los lobistas y los lobbies, al igual que a las autoridades y cargos que se relacionen con ellos. Y as ha de ser, en el marco de la nueva cultura de integridad que mediante esta ley se promueve, porque lo rechazable no es que exista comunicacin entre los intereses privados, corporativos, empresariales, sociales o de otro orden y los intereses generales, ni que los titulares de los primeros intenten influir sobre los decisores pblicos, lo rechazable, lo que ha de combatirse es la opacidad de tales prcticas, la influencia torticera, determinante a la postre de que las decisiones no se adopten por razones de inters general, sino por otras que, en ltima instancia, no responden al mandato de eficaz servicio al inters general que la Administracin y sus servidores estn constitucional y estatutariamente llamados a cumplir.

VII

Se desarrollan en el captulo V de esta ley las disposiciones sobre buen gobierno, que engloban la regulacin del cdigo de buen gobierno dirigido a las autoridades y cargos del sector pblico autonmico y los cdigos de conducta y estatuto de empleados pblicos, incluyendo un reclamado estatuto del denunciante.

De todo ello, interesa destacar especialmente la regulacin del estatuto del denunciante, al que se otorga una proteccin efectiva, basada en la confidencialidad, para evitar que sufra perjuicios en su carrera profesional o en su vida personal como consecuencia de la formulacin de denuncias fundadas. Asimismo, se conecta esta proteccin administrativa con el estatuto de testigo protegido, que la Agencia de Integridad y tica Pblicas podr instar de la autoridad judicial cuando d traslado de las actuaciones practicadas, en su caso. Se establecen tambin, para articular un rgimen equilibrado, til y que prevenga posibles inicuos, medidas para evitar el uso abusivo de la denuncia con fines espurios.

Se prev tambin el rgimen de utilizacin por las autoridades y cargos del sector pblico autonmico de los recursos humanos y materiales precisos para el ejercicio de sus funciones. Tal uso estar guiado ante todo por los principios de eficiencia y sostenibilidad y estar vinculado estrictamente a las funciones que les correspondan o a razones de seguridad. Por otra parte, al tiempo que se garantizan unas retribuciones suficientes para no comprometer en modo alguno su integridad, y coherentes con las funciones y responsabilidades encomendadas, se tasa el destino posible de los gastos de representacin y atenciones protocolarias y se limitan los medios de pago a disposicin de autoridades y altos cargos, prohibiendo formalmente que tales gastos se abonen mediante tarjetas de crdito, convirtiendo en norma legal lo que ha sido una regla establecida en la prctica a lo largo de la historia de la Administracin autonmica.

VIII

Se actualiza y ampla en el captulo VI de esta ley la regulacin de los conflictos de intereses e incompatibilidades de autoridades y altos cargos del sector pblico autonmico, superando la disposicin normativa precedente y derogando la regulacin establecida en la Ley del Presidente y del Gobierno de Aragn. Adems de la definitiva clarificacin del mbito de aplicacin, el mantenimiento del rgimen de dedicacin exclusiva y la previsin excepcional de las actividades pblicas y privadas compatibles, las limitaciones patrimoniales en participaciones societarias son mucho ms rigurosas que las aplicables en el mbito de la Administracin general del Estado. En lo que respecta a las actividades privadas compatibles, en previsin de futuras polmicas acerca de las retribuciones compatibles con las correspondientes a autoridades y cargos del sector pblico autonmico, se prev que no cabr retribucin alguna por el ejercicio de actividades y cargos en partidos polticos o por la participacin en fundaciones o entidades culturales o benficas que no tengan nimo de lucro.

Se introduce ex novo en Aragn el rgimen de incompatibilidades al cese y, lgicamente, en conexin con el mismo, las indemnizaciones al cese, pero solo para supuestos absolutamente excepcionales en los que surja una incompatibilidad total para el desarrollo de la actividad profesional anterior al nombramiento como autoridad o cargo del sector pblico autonmico. Dicha incompatibilidad debe ser apreciada motivadamente por el rgano competente en materia de conflictos de intereses e incompatibilidades previo informe vinculante de la Agencia de Integridad y tica Pblicas. En tal caso, adems, se extender el rgimen de incompatibilidades a los potenciales beneficiarios de tal indemnizacin en tanto la perciban.

Se regulan los Registros de actividades y de bienes y derechos patrimoniales de las autoridades y cargos del sector pblico autonmico. Asimismo, en coherencia con lo ya establecido en la normativa aragonesa de transparencia, se prevn las condiciones en las que se harn pblicas las declaraciones de bienes y actividades, con las adaptaciones obligadas para garantizar la seguridad y confidencialidad precisas.

Novedosa tambin resulta la previsin del examen de la situacin patrimonial al cese, que realizar el rgano competente en materia de conflictos de intereses e incompatibilidades en colaboracin con la Agencia de Integridad y tica Pblicas.

IX

Se establece en el captulo VII un rgimen sancionador que d respuesta al incumplimiento de los deberes y obligaciones establecidos en la ley, por los obligados a ello. La ley clarifica el procedimiento aplicable, los rganos competentes y el plazo de prescripcin de infracciones y sanciones.

X

La parte final de esta ley incorpora muy relevantes novedades en forma de disposiciones adicionales o finales. Mediante ellas, se establece la clusula de gnero; la supresin de tratamientos protocolarios oficiales personales, manteniendo los de los rganos e instituciones; el plazo para la puesta en funcionamiento de la Oficina Virtual de la Agencia de Integridad y tica Pblicas a los efectos de su utilizacin por los denunciantes; la obligacin de comunicar nombramientos, a los efectos del riguroso control del rgimen de conflictos de intereses e incompatibilidades, y el rgano competente para ello; el rgimen de publicidad de las circulares, instrucciones u otras resoluciones de la Intervencin General de la Administracin de la Comunidad Autnoma, y el procedimiento que hay que seguir y los rganos competentes en el rgimen sancionador en materias de gestin econmico-presupuestaria y disciplinaria y el control parlamentario sobre la responsabilidad civil derivada de delito.

Son muchas tambin las reformas que para impulsar la integridad y la tica pblicas se plantean mediante disposiciones finales que modifican la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pblica y Participacin Ciudadana de Aragn, la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de Medidas en Materia de Contratos del Sector Pblico de Aragn, la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragn, el Decreto Legislativo1/2014, de 8 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragn, y la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragn. Se ampla en esta ltima la regulacin de los procesos de traspaso de poderes, con objeto de evitar malas prcticas, concretando las facultades del Presidente y del Gobierno en funciones, por un lado, y el proceso mismo de traspaso de poderes, la comisin de traspaso y la documentacin e informacin precisas para realizarlo, por otro.

En materia de contratos se establecen diversas medidas en relacin con la publicidad, la composicin de las mesas y comits de expertos, competencia del Tribunal Administrativo de Contratos Pblicos de Aragn, composicin de este, conflictos de intereses, participacin previa de candidatos o licitadores, exigencias de compromisos ticos, protocolos de legalidad en la licitacin, monitorizacin de contratos o causas de exclusin, entre otras. Tambin muy relevantes son las modificaciones en materia de subvenciones, que clarifican el mbito de aplicacin de esta normativa en relacin con los organismos pblicos, amplindola incluso respecto de lo establecido en la normativa estatal, introducen mayores garantas de profesionalizacin e independencia para su otorgamiento, rgimen de subvenciones nominativas, exigencias de comisiones tcnicas de valoracin y regmenes de justificacin o de reintegro, entre otras. En materia de urbanismo, finalmente, se introducen medidas que permiten u obligan, segn los casos, a los rganos autonmicos competentes a comunicar a la Agencia de Integridad y tica Pblicas determinados expedientes de alteracin o aprobacin de planeamiento o convenios cuando, a su juicio, puedan resultar comprometidas la integridad y la tica pblicas.

Por otra parte, se establece el plazo para la aprobacin de los Reglamentos de la Agencia de Integridad y tica Pblicas, se mandata al Gobierno para remitir al Parlamento un Proyecto de ley de funcin pblica que regule el estatuto especial del personal directivo, y se autoriza al Gobierno para la aprobacin de textos refundidos de la Ley del Presidente, de medidas en materia de contratos del sector pblico y de subvenciones de Aragn.

La presente ley entrar en vigor de forma inmediata, salvo en aquellos aspectos en que resulta imprescindible su previo desarrollo o la adopcin de medidas organizativas. La aplicacin del nuevo rgimen de conflictos de intereses e incompatibilidades se difiere hasta pasado un ao desde la entrada en vigor de la presente ley y se anticipa la aplicacin del rgimen sobre publicidad de las declaraciones de actividades y de bienes y derechos patrimoniales de dichas autoridades y altos cargos, ya contempladas en la normativa sobre transparencia, condicionndolas al nuevo rgimen previsto en esta ley.

CAPTULO I
Disposiciones generales
Artculo 1. Objeto.

Es objeto de la presente ley el establecimiento del rgimen de promocin, impulso y garanta de la integridad y la tica pblicas en el sector pblico de Aragn y en las personas y entidades que se relacionan directamente con el mismo, as como la creacin y regulacin de la Agencia de Integridad y tica Pblicas.

Artculo 2. mbito de aplicacin.

La presente ley ser de aplicacin, de conformidad con lo previsto en la misma, al sector pblico de Aragn y al sector pblico autonmico en los trminos definidos en el presente captulo.

Artculo 3. Sector pblico de Aragn.

1. A los efectos de la presente Ley, integran el sector pblico de Aragn:

a) La Administracin y los organismos pblicos y empresas de la Comunidad Autnoma de Aragn.

b) Las entidades locales de Aragn y sus organismos pblicos.

c) La Universidad de Zaragoza.

d) Los organismos, consorcios, empresas, fundaciones, asociaciones y dems entidades con personalidad jurdica propia en los que las entidades integrantes del sector pblico citados en los apartados anteriores participen, de forma directa o indirecta, mayoritariamente en su capital, en su dotacin fundacional o en la constitucin de sus recursos propios, o financien mayoritariamente sus actividades, o tengan capacidad de nombramiento de ms de la mitad de los miembros de los rganos de direccin, administracin o control.

e) Aquellas entidades y organismos pblicos no incluidos en los apartados anteriores y que tengan a su cargo la gestin o manejo de fondos pblicos del sector pblico de Aragn.

2. El Director y los Subdirectores de la Agencia de Integridad y tica Pblicas estarn sujetos a esta ley en los mismos trminos que las autoridades y cargos a los que se refiere el apartado anterior, as como aquellas otras autoridades y cargos cuya normativa especfica lo establezca.

3. Estarn igualmente sometidos a lo establecido en el captulo IV de la presente ley, en los trminos fijados en la misma y en sus especficas normas reguladoras, las autoridades y cargos de las siguientes instituciones y rganos estatutarios:

a) Los diputados de Cortes de Aragn.

b) Los miembros de la Cmara de Cuentas.

c) El Justicia y su lugarteniente.

d) Los miembros del Consejo Consultivo.

4. La presente ley ser de aplicacin a las personas y entidades que desarrollen profesionalmente la actividad de lobby en nombre propio o de terceros en las materias previstas en la misma.

Artculo 4. Sector pblico autonmico.

1. Se entiende por sector pblico autonmico, a los efectos de esta ley, el integrado por la Administracin de la Comunidad Autnoma y los organismos pblicos y empresas de ella dependientes.

2. Quedan sometidos al rgimen establecido en esta ley, de conformidad con lo previsto en la misma, las siguientes autoridades y cargos del sector pblico autonmico:

a) Miembros del Gobierno.

b) Viceconsejeros, secretarios generales tcnicos y directores generales.

c) Presidentes, directores y directores gerentes de los organismos pblicos y entidades pblicas dependientes o vinculadas a la Administracin de la Comunidad autnoma de Aragn.

d) Jefe de la Delegacin del Gobierno de Aragn en Bruselas.

e) Delegados territoriales del Gobierno en Huesca y Teruel.

f) Presidentes, consejeros delegados, administradores y el personal que ocupe puestos como mximos responsables en las sociedades mercantiles autonmicas a las que se refiere el artculo 133 del texto refundido de la Ley de Patrimonio de Aragn. Comprender, en todo caso, al personal que realice en dichas sociedades funciones ejecutivas de nivel superior, conforme a lo establecido en la Ley 1/2017, de 8 de febrero, de medidas de racionalizacin del rgimen retributivo y de clasificacin profesional del personal directivo y del resto del personal al servicio de los entes del sector pblico institucional de la Comunidad Autnoma de Aragn.

g) Directores y gerentes de las fundaciones del sector pblico y consorcios autonmicos.

h) Directores y jefes de gabinete integrados en los gabinetes de los miembros del Gobierno.

3. La presente ley ser de aplicacin a los empleados pblicos del sector pblico autonmico y al personal al servicio de las entidades locales sin habilitacin de carcter nacional en las materias previstas en la misma, sin perjuicio de lo establecido en el Estatuto Bsico del Empleado Pblico.

Artculo 5. Objetivos generales.

Son objetivos generales en materia de integridad y tica pblicas en Aragn los siguientes:

a) Promover y fortalecer las medidas para garantizar la integridad y la tica pblicas combatiendo eficazmente cualquier modalidad de corrupcin y de clientelismo.

b) Promover, facilitar y apoyar la cooperacin y asistencia entre los rganos y organismos competentes en las materias reguladas por la presente ley.

c) Crear la Agencia de Integridad y tica Pblicas como autoridad independiente en la materia, con el estatuto y las funciones establecidos en esta ley.

d) Impulsar la evaluacin de polticas pblicas como instrumento para garantizar su adecuado diseo y ejecucin.

e) Implantar, en conexin con la evaluacin de polticas pblicas, la evaluacin de las disposiciones normativas que las regulan, su elaboracin, adecuacin al objeto, fundamentacin desde la perspectiva del inters general y ejecucin.

f) Monitorizar la tramitacin de procedimientos administrativos concretos con objeto de verificar el cumplimiento de la normativa aplicable y las exigencias de integridad y tica pblicas.

g) Regular el rgimen de los lobbies con el objetivo prioritario de garantizar la transparencia en su actuacin en relacin con el sector pblico en Aragn.

h) Establecer, a travs del cdigo de buen gobierno, los principios ticos y de conducta para las autoridades y cargos del sector pblico autonmico.

i) Establecer y fomentar el cumplimiento de los cdigos de conducta de los empleados pblicos.

j) Regular el estatuto del denunciante a los efectos establecidos en esta ley.

k) Regular los elementos esenciales del estatuto de los cargos del sector pblico autonmico sujetos a esta ley para garantizar su integridad y actuacin tica y, en particular, para evitar sus potenciales conflictos de intereses.

l) Velar por la adecuada capacitacin de los miembros de los organismos pblicos y altos cargos en el desempeo de su funcin.

m) Establecer un rgimen sancionador para el supuesto de incumplimiento de las obligaciones contenidas en la presente ley.

Artculo 6. Educacin en integridad y tica pblicas.

1. El Departamento competente en materia de educacin incluir en su ordenacin curricular y en la normativa de educacin adecuada contenidos que incidan en el impulso y concienciacin de los principios informadores de integridad y tica pblicas de acuerdo con lo previsto en esta ley.

2. La Administracin educativa impulsar la realizacin de acciones de formacin especficas tendentes a sensibilizar al profesorado respecto a los derechos y obligaciones previstos en la presente ley.

3. Las universidades del sistema aragons integrarn gradualmente en sus enseanzas contenidos relacionados con la integridad y la tica pblicas para impulsar su difusin, conocimiento y seguimiento efectivos, incorporndolos a las guas docentes de asignaturas en titulaciones de grado o mster y a travs de actividades acadmicas complementarias de carcter transversal.

Artculo 7. Formacin permanente.

El Instituto Aragons de Administracin Pblica incluir en su planificacin anual cursos especficos de formacin en materia de integridad y tica pblicas para todos los empleados pblicos.

CAPTULO II
Agencia de Integridad y tica Pblicas
Artculo 8. Creacin y mbito de actuacin.

Se crea la Agencia de Integridad y tica Pblicas, ente pblico que depender directamente de las Cortes de Aragn y asumir las competencias establecidas en esta ley para la garanta, coordinacin e impulso de la integridad y la tica pblicas.

Artculo 9. Funciones.

La Agencia tendr las siguientes funciones:

a) Promover los valores, las condiciones y las buenas prcticas que integran una democracia efectiva.

b) Estudiar, promover e impulsar cuantas medidas favorezcan la integridad y la tica pblicas, la obligacin de rendir cuentas y la debida gestin de los asuntos y los caudales pblicos.

c) Promover el establecimiento de criterios previos, claros y estables de control en todo momento de la accin pblica en coordinacin con los rganos y organismos de control interno y externo de la actuacin administrativa.

d) Impulsar la implantacin de procedimientos de toma de decisin transparentes y abiertos al escrutinio pblico.

e) Colaborar con los rganos competentes en la formacin del personal en materia de integridad y tica pblicas.

f) Asesorar, informar y plantear propuestas a las Cortes y al Gobierno de Aragn en las materias de su competencia.

g) Colaborar en las comisiones de investigacin de las Cortes de Aragn, que as se lo demanden de forma expresa, en la elaboracin de dictmenes o realizando informes especiales sobre asuntos que estn dentro del mbito de su competencia.

h) Asesorar, elaborar informes y formular propuestas y recomendaciones a las instituciones y colectivos que considere oportunos.

i) Asesorar, elaborar informes y formular propuestas y recomendaciones que sean necesarias en relacin con la evaluacin de polticas pblicas como instrumento para garantizar su adecuado diseo y ejecucin.

j) Implantar y gestionar el registro de lobbies de Aragn.

k) Actuar contra el fraude, la corrupcin, el clientelismo y cualquier otra actuacin que, en perjuicio de los intereses generales, infrinja los cdigos de conducta y de buen gobierno.

l) Investigar o inspeccionar posibles casos de uso o destino irregulares de fondos pblicos, as como conductas opuestas a la probidad que comporten conflicto de intereses o el uso en beneficio propio de informaciones derivadas de sus funciones pblicas.

m) Cuantas otras atribuciones le sean asignadas por ley.

Artculo 10. Autonoma.

1. La Agencia tendr autonoma organizativa plena.

2. La Agencia aprobar el anteproyecto de su presupuesto, que garantizar su autonoma a travs de la suficiencia de medios para el correcto desempeo de sus funciones y se integrar en los presupuestos de la Comunidad Autnoma, conformando un servicio de la seccin destinada a las Cortes de Aragn.

3. La Comisin Ejecutiva de la Agencia presentar ante la Mesa de las Cortes un proyecto de reglamento de organizacin y funcionamiento, que ser debatido y aprobado por dicha Mesa, de acuerdo con la Junta de Portavoces y publicado en el Boletn Oficial de las Cortes de Aragn y en el Boletn Oficial de Aragn.

Artculo 11. Organizacin de la Agencia.

1. Son rganos directivos de la Agencia el Director, los Subdirectores de evaluacin, de investigacin y de rgimen interior, y la Comisin Ejecutiva.

2. La Comisin Ejecutiva estar integrada por el Director y los titulares de las subdirecciones.

Artculo 12. Requisitos de sus miembros.

Los miembros de la Agencia debern cumplir los siguientes requisitos:

a) Tener la condicin poltica de aragons, conforme a lo establecido en el Estatuto de Autonoma.

b) Estar en pleno uso de sus derechos civiles y polticos.

c) Cumplir las condiciones de idoneidad, probidad y profesionalidad necesarias para ejercer el cargo y, en todo caso, estar en posesin de ttulo universitario superior y contar con experiencia profesional relacionada con el mbito funcional de la Agencia, o ser persona de reconocido prestigio en los temas comprendidos dentro del objeto de la presente ley.

Artculo 13. Eleccin, nombramiento y duracin del mandato del Director.

1. El Director es elegido por el Pleno de las Cortes, por mayora de tres quintos y conforme a lo que establezca su Reglamento.

2. Los candidatos debern comparecer previamente ante la Comisin correspondiente de las Cortes de Aragn con el fin de que esta pueda informarse de su idoneidad para el cargo. La Comisin atender a cuestiones relativas a formacin, experiencia, trayectoria y tica profesional.

3. La Mesa de las Cortes elevar la propuesta al Pleno para su eleccin.

4. El Director ser nombrado por el Presidente de las Cortes de Aragn y su nombramiento se publicar en el Boletn Oficial de las Cortes de Aragn y en el Boletn Oficial de Aragn.

5. Su mandato ser de cinco aos, con posibilidad de renovacin por un ao.

Artculo 14. Eleccin, nombramiento y duracin del mandato de los Subdirectores de la Agencia.

1. Los Subdirectores sern elegidos por el Pleno de las Cortes de Aragn, por mayora absoluta y conforme a lo que establezca su Reglamento, entre personas que cumplan los mismos requisitos exigidos al Director, a propuesta de este.

2. Los candidatos propuestos debern comparecer previamente y por separado ante la Comisin correspondiente de las Cortes de Aragn, con el fin de que estas puedan informarse de su idoneidad para el cargo antes de su eleccin. La comisin atender a cuestiones relativas a formacin, experiencia, trayectoria y tica profesional.

3. La Mesa de las Cortes elevar la propuesta al Pleno para su eleccin.

4. Si se rechaza a alguno de los candidatos propuestos, se habilitar un plazo de quince das para que el Director realice una nueva propuesta.

5. Los Subdirectores son nombrados por el Presidente de las Cortes y su nombramiento se publicar en el Boletn Oficial de las Cortes de Aragn y en el Boletn Oficial de Aragn.

6. Su mandato ser el mismo que el del Director que los propuso.

Artculo 15. Conflictos de intereses e incompatibilidades de los miembros de la Agencia.

1. A los miembros de la Agencia les ser de aplicacin el rgimen de conflictos de intereses e incompatibilidades previsto en esta ley para las autoridades y cargos del sector pblico.

2. En todo caso, la condicin de miembro de la Agencia ser incompatible con la de diputado a las Cortes de Aragn; diputado al Congreso de los Diputados; senador; miembro del Tribunal de Cuentas; Justicia de Aragn; Defensor del Pueblo; cualquier otro cargo poltico o funcin administrativa del Estado, comunidades autnomas y entidades locales o sus organismos, consorcios, empresas, fundaciones, asociaciones y dems entidades pblicas y empresas participadas, cualquiera que sea su forma jurdica; el cumplimiento de funciones directivas o ejecutivas en partidos polticos, sindicatos y asociaciones empresariales, o en colegios profesionales, y con el ejercicio de su profesin o de cualquier otra actividad remunerada.

3. Cuando proceda en funcin de su estatuto personal previo, pasarn a la situacin administrativa de servicios especiales.

Artculo 16. Cese de los miembros de la Agencia.

1. Los miembros de la Agencia cesarn por las siguientes causas:

a) Por renuncia.

b) Por expiracin del plazo de su mandato.

c) Por fallecimiento.

d) Por acuerdo del Pleno de las Cortes de Aragn, adoptado con la misma mayora exigida para su eleccin por alguna de las siguientes causas:

– Imposibilidad fsica o enfermedad de duracin superior a tres meses consecutivos.

– Actuacin contraria a los criterios, principios y objetivos a que se refiere el artculo 5 de esta ley.

– Incurrir en alguna de las causas de incompatibilidad.

– Incumplimiento de sus deberes.

– Incompetencia manifiesta.

– Ser encausado judicialmente por delitos relacionados con el desempeo de un cargo pblico.

2. En caso de que cualquier miembro de la Comisin Ejecutiva se encuentre investigado judicialmente por delitos relacionados con el desempeo de su cargo, ser automticamente suspendido de sus funciones hasta que se resuelva su situacin procesal o pase a incurrir en alguna de las causas de cese del apartado 1.

Artculo 17. Funciones del Director.

El Director de la Agencia tendr las siguientes atribuciones:

a) Representar ante cualquier instancia a la Agencia.

b) Comparecer ante las Cortes de Aragn para la aclaracin de los informes remitidos cuando as sea requerido.

c) Ejercer la jefatura superior del personal y las funciones relativas a su nombramiento y contratacin.

d) Asignar las tareas que deban desarrollarse de acuerdo con el plan de actuacin que elabore la Comisin Ejecutiva.

e) Dirigir los servicios tcnicos y administrativos de la Agencia, en particular, autorizar y disponer del gasto, as como ordenar los pagos que correspondan a la Agencia y autorizar los documentos de formalizacin de los ingresos.

f) Notificar y certificar todos los informes que se realicen por la Agencia en el ejercicio de sus funciones.

g) Convocar y presidir la Comisin Ejecutiva.

h) Autorizar con su firma todas las certificaciones que se expidan.

i) Las dems funciones que le reconozca el reglamento de organizacin y funcionamiento de la Agencia.

Artculo 18. Funciones de la Comisin Ejecutiva.

Corresponden a la Comisin Ejecutiva las siguientes funciones:

a) Aprobar los informes de la Agencia.

b) Elaborar y proponer para su aprobacin por las Cortes de Aragn el proyecto de Reglamento de Organizacin y Funcionamiento de la Agencia.

c) Elaborar y proponer para su aprobacin por el Pleno de las Cortes el Reglamento de actuacin de la Agencia.

d) Elaborar el plan de actuacin sometido a la aprobacin de las Cortes de Aragn.

e) Elaborar las memorias anuales de la Agencia para su aprobacin por las Cortes de Aragn.

f) Aprobar el proyecto de presupuesto de la propia Agencia.

g) Aprobar la relacin de puestos de trabajo de la Agencia.

h) Las dems funciones que le asigne el reglamento de organizacin y funcionamiento de la Agencia.

Artculo 19. Funciones de los Subdirectores.

Los Subdirectores ostentarn funciones articuladas sobre la base de las funciones desempeadas por la Agencia de evaluacin, investigacin y rgimen interior, las cuales sern desarrolladas por el reglamento de organizacin y funcionamiento de la Agencia.

Artculo 20. Relaciones con las Cortes de Aragn.

1. La Agencia de Integridad y tica Pblicas se relaciona con el Parlamento aragons mediante la Comisin parlamentaria que se establezca, de acuerdo con el Reglamento de la Cmara.

2. Corresponde a la Comisin parlamentaria correspondiente ejercer el control de la actuacin de la Agencia de Integridad y tica Pblicas y valorar los requisitos exigidos a los candidatos y miembros de la Agencia antes de ser elegidos por el Pleno de la Cmara, y tambin las otras funciones establecidas por el Reglamento de las Cortes de Aragn.

Artculo 21. Personal y medios materiales.

1. Para el cumplimiento de sus funciones, la Agencia de Integridad y tica Pblicas dispondr de los medios personales y materiales necesarios de acuerdo con las partidas que figuren en el presupuesto de las Cortes de Aragn.

2. El personal de la Agencia podr ser personal funcionario y laboral de cualquier Administracin pblica, que se regir, respectivamente, por la normativa legal y jurdica que le sea de aplicacin. El Director de la Agencia podr nombrar, con destino en su gabinete, un mximo de dos personas para su asistencia directa, que tendrn la consideracin de cargos de confianza y de asesoramiento especial de carcter eventual. El nombramiento y cese de los miembros del gabinete sern objeto de publicacin en el Boletn Oficial de las Cortes de Aragn y en el Boletn Oficial de Aragn.

3. La Agencia contar con una relacin de puestos de trabajo que deber ser aprobada por la Comisin Ejecutiva, en la que constarn, en todo caso, aquellos puestos que deban ser desempeados en exclusiva por funcionarios pblicos, por consistir en el ejercicio de las funciones que impliquen la participacin directa o indirecta en el ejercicio de potestades materialmente pblicas.

4. La Agencia, al objeto de asegurar la solvencia y capacitacin tcnicas y la formacin continuada de su personal, puede suscribir convenios, acuerdos o protocolos docentes con cualesquiera administraciones, las universidades pblicas y dems entidades de educacin superior y oficinas con naturaleza, fines o funciones similares de carcter autonmico, estatal, comunitario o internacional.

Artculo 22. Plan de actuacin y memorias de actividad.

1. La Agencia elaborar como mnimo cada dos aos un plan de actuacin que incluir las reas prioritarias de accin y se someter a la aprobacin del Pleno de las Cortes de Aragn.

2. El plan de actuacin incluir, como mnimo, las siguientes cuestiones:

a) Identificacin de los mbitos y procedimientos en los que detecte un mayor riesgo de incumplimiento de las exigencias de integridad y tica pblicas.

b) Concretar planes de formacin, actuacin, control y monitorizacin en las reas previstas en la letra anterior.

c) Colaborar con el Consejo de Transparencia en la deteccin del grado de cumplimiento de la normativa de transparencia conforme a su normativa especfica.

d) Colaborar con el rgano competente en materia de conflicto de intereses e incompatibilidades en la determinacin del grado de cumplimiento de la normativa en estas materias, con especial atencin a los aspectos sobre los que se hayan recibido ms denuncias y quejas, as como sobre los que se haya constatado un mayor grado de incumplimiento en ejercicios anteriores.

3. La Agencia someter a la aprobacin del Pleno de las Cortes de Aragn la memoria de la actividad desarrollada en el periodo correspondiente.

La memoria anual de la Agencia debe contener informacin detallada con relacin a sus actividades. No deben incluirse los datos personales que permitan la identificacin de las personas afectadas hasta que no recaiga una sancin penal o administrativa firme. En todo caso, deben constar el nmero y el tipo de actuaciones emprendidas, con indicacin expresa de los expedientes iniciados, los resultados de las investigaciones practicadas y la especificacin de las recomendaciones y requerimientos cursados a las Administraciones pblicas, as como sus respuestas.

4. La Agencia, de oficio o a instancia del Pleno de las Cortes o de la Comisin parlamentaria correspondiente, podr realizar actuaciones especficas o elaborar informes o memorias sectoriales en su mbito de actuacin.

5. El plan de actuacin, las memorias de actividad y el resto de actuaciones e informes se elaborarn y tramitarn conforme a lo que establezca el reglamento de organizacin y funcionamiento de la Agencia segn lo previsto, en su caso, en el Reglamento de las Cortes.

Artculo 23. Procedimiento de actuacin.

1. La Comisin Ejecutiva propondr para su aprobacin por el Pleno de las Cortes de Aragn el Reglamento de actuacin de la Agencia, donde se establecer su procedimiento de actuacin, que deber garantizar los derechos de los afectados y la posibilidad de que los rganos e instituciones sujetos realicen alegaciones antes de la formulacin de conclusiones. El Director de la Agencia podr solicitar al rgano competente la adopcin de medidas cautelares cuando as lo exija el buen fin de las actuaciones.

2. Las denuncias o comunicaciones que se dirijan a la Agencia se formularn por persona fsica o jurdica en cualquier momento, aunque los hechos o circunstancias se hubieran iniciado o producido con anterioridad y siempre que no haya prescrito su sancin conforme a la legislacin administrativa o penal aplicable.

3. La Agencia deber informar de sus actuaciones al personal que pudiera resultar afectado y, en todo caso, deber otorgarle audiencia antes de formular conclusiones o informes sobre el resultado de las mismas. Excepcionalmente, cuando lo exija el buen fin de las actuaciones, podr diferirse la informacin al personal afectado, comunicndolo en tal caso al responsable del rgano o entidad correspondiente.

4. Las actuaciones de la Agencia debern reflejar los hechos sobre los que se acta y las personas implicadas siempre que puedan ser identificadas. Sus resoluciones debern estar motivadas de manera suficiente.

5. Como resultado de sus actuaciones, la Agencia podr emitir recomendaciones e informes, as como instar comparecencias ante la comisin parlamentaria competente y proponer modificaciones normativas que contribuyan al cumplimiento de sus fines.

Artculo 24. Potestades de la Agencia.

1. En el ejercicio de sus funciones de investigacin e inspeccin, y con pleno respeto por los derechos de los ciudadanos, la Agencia puede acceder a cualquier informacin que se halle en poder de las personas fsicas o jurdicas, pblicas o privadas, sujetas a su mbito de actuacin. En el caso de los particulares, las potestades de inspeccin se limitarn estrictamente a su actividad relacionada con las entidades del sector pblico en Aragn.

2. El Director, el Subdirector de investigacin o, por delegacin expresa, el personal funcionario de la Agencia que tenga atribuidas funciones de investigacin e inspeccin pueden:

a) Personarse, acreditando la condicin de autoridad o agente de la Agencia, en cualquier oficina o dependencia de las entidades del sector pblico en Aragn para solicitar informacin, efectuar comprobaciones in situ y examinar los documentos, expedientes, libros, registros, contabilidad y bases de datos, cualquiera que sea el soporte en que estn grabados, as como los equipos fsicos y lgicos utilizados.

b) Efectuar las entrevistas personales que se estimen convenientes, tanto en la correspondiente dependencia del sector pblico en Aragn como en la sede de la Agencia. Los entrevistados tienen derecho a ser asistidos por la persona que ellos mismos designen.

c) Acceder, si as lo permite la legislacin vigente, a la informacin de cuentas corrientes en entidades bancarias en que se hayan podido efectuar pagos o disposiciones de fondos relacionados con procedimientos de adjudicacin de contratos del sector pblico u otorgamiento de subvenciones pblicas, mediante el requerimiento oportuno.

d) Acordar, al efecto de garantizar la indemnidad de los datos que puedan recogerse, la realizacin de copias o fotocopias adveradas de los documentos obtenidos, cualquiera que sea el soporte en que estn almacenados.

3. Los funcionarios al servicio de la Agencia que tengan atribuidas competencias inspectoras tendrn la condicin de agente de la autoridad. Los documentos que formalicen en los que, observndose los requisitos legales correspondientes, se recojan los hechos constatados por aquellos harn prueba de estos, salvo que se acredite lo contrario.

Artculo 25. Confidencialidad.

1. Las actuaciones de la Agencia estn sometidas a la mxima reserva con objeto de garantizar el buen fin de sus actuaciones y los derechos de las personas y entidades afectadas.

2. El personal de la Agencia, para garantizar la confidencialidad de sus actuaciones, est sujeto al deber de secreto. El incumplimiento de este deber dar lugar a responsabilidad disciplinaria y/o a las que procedan en el mbito de su competencia.

Artculo 26. Proteccin y cesin de datos.

1. El tratamiento y la cesin de los datos obtenidos por la Agencia como resultado de sus actuaciones, especialmente los de carcter personal, estn sometidos a las disposiciones vigentes sobre proteccin de datos.

2. La Agencia no ceder los datos que obtenga excepto a rganos o entidades que, de acuerdo con la normativa vigente, puedan o deban conocerlos por razn de sus funciones. En todo caso, no podrn utilizarse ni cederse con fines diferentes de los establecidos en esta ley.

3. La Agencia, la Cmara de Cuentas, el Justicia de Aragn y los restantes rganos e instituciones con competencias relacionadas con la integridad y la tica pblicas o con funciones de control de los cargos y entidades sujetos a esta ley establecern acuerdos de colaboracin para la comunicacin de datos e informacin relevante en el mbito de sus respectivas competencias.

4. Los datos e informacin recabados por la Agencia en ejercicio de sus competencias sern remitidos a la autoridad competente para iniciar los procedimientos disciplinarios, sancionadores o penales a que pudieran dar lugar.

5. La Agencia de Integridad y tica Pblicas mantendr una relacin de cooperacin continuada en la cesin de datos con la Agencia Estatal de Administracin Tributaria y cuantas otras entidades de similar carcter puedan existir a nivel estatal o autonmico, a efectos de realizar la oportuna comprobacin fiscal de las declaraciones presentadas y el posible inicio de expedientes por incoherencias detectadas.

Artculo 27. Colaboracin con otros rganos y organismos.

1. La Agencia ejercer sus funciones sin perjuicio de las que corresponden conforme a su normativa reguladora especfica al Justicia de Aragn, la Cmara de Cuentas de Aragn, la Intervencin General de la Comunidad Autnoma y la Inspeccin General de Servicios, los rganos competentes en materia de transparencia, conflictos de intereses e incompatibilidades u otros rganos de control interno o externo, supervisin o protectorado de las entidades sometidas a su mbito de actuacin.

2. Como rgano colegiado de consulta, participacin y colaboracin de la Agencia con los rganos y organismos enumerados en el apartado anterior, se crea la Comisin Aragonesa de Integridad y tica Pblicas, cuya composicin y funciones se establecern en el Reglamento de organizacin y funcionamiento de la Agencia.

3. La Agencia impulsar el establecimiento y aplicacin de protocolos y prcticas efectivas de colaboracin funcional entre los rganos, organismos y entidades de control del sector pblico en Aragn ya existentes, tales como el Justicia de Aragn, la Cmara de Cuentas, la Intervencin General de la Comunidad Autnoma, su Inspeccin de Servicios o los rganos equivalentes de las entidades locales aragonesas.

4. La Agencia colaborar con los rganos, organismos y entidades de control del resto del sector pblico que pudieran ostentar competencias en relacin con su mbito de actuacin en el marco de lo establecido en la normativa estatal.

5. La Agencia colaborar con las autoridades judiciales y el Ministerio Fiscal en el marco establecido en la normativa estatal. En particular, corresponder a la Agencia la funcin de asistencia a las autoridades policiales y judiciales y al Ministerio Fiscal cuando sea requerida para ello.

Artculo 28. Delimitacin de funciones.

1. La Agencia no podr suplantar en su actuacin a las autoridades judiciales, al Ministerio Fiscal ni a las autoridades bajo su mando.

2. La Agencia no podr investigar hechos que estn sujetos a investigacin de dichas autoridades y deber cesar en su actuacin tan pronto sea requerida por las mismas para ello o tenga conocimiento por cualquier medio de la iniciacin por ellas de procedimiento para determinar la relevancia penal de los hechos de que se trate. En tal caso, la Agencia aportar de oficio toda la informacin de la que disponga y, si fuese requerida para ello, prestar la asistencia y colaboracin precisa.

CAPTULO III
Evaluacin de polticas pblicas y disposiciones legales
Artculo 29. mbito material.

1. La evaluacin externa de las polticas pblicas, que realizar la Agencia de Integridad y tica Pblicas, podr abarcar materias completas de la competencia del sector pblico autonmico o limitarse a mbitos o sectores concretos que integren tales materias.

2. La evaluacin de las polticas pblicas se realizar conforme a los principios y criterios recogidos en la Ley 5/2013, de 20 de junio, de Calidad de los Servicios Pblicos de la Administracin de la Comunidad Autnoma de Aragn, y tendr por finalidad comprobar el grado de aplicacin, entre otros, de los criterios que se relacionan en el artculo 3 de dicha ley.

Artculo 30. Evaluacin externa de polticas pblicas.

1. La evaluacin externa de las polticas pblicas tratar, como mnimo, los siguientes aspectos:

a) Necesidades detectadas y que se pretenden resolver.

b) Segmentacin de los interesados o grupos de inters a los que se dirige.

c) Objetivos que se pretenden alcanzar, de acuerdo con el inters general.

d) Resultados alcanzados, en contraste con los esperados.

e) Relacin entre los elementos anteriores.

f) Impactos constatados y sectores sobre los que se han producido.

g) Medios administrativos, tcnicos y jurdicos y recursos econmicos y humanos empleados.

h) Costes soportados y relacin con los medios empleados.

i) Sostenibilidad y permanencia de los cambios y efectos positivos en el tiempo, relacionado con su coste y medios empleados.

j) Procedimientos utilizados y razones de su eleccin.

k) Grado de colaboracin interinstitucional.

l) Grado de participacin ciudadana en la elaboracin y desarrollo de la poltica pblica.

m) Valoracin por los ciudadanos de las actuaciones desarrolladas.

n) Comparabilidad con otras Administraciones pblicas.

) Cumplimiento de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos.

2. Adems de estos criterios, se pueden aplicar otros factores de anlisis, como son la coherencia, la equidad, la capacidad de respuesta, la oportunidad, la cobertura y la rentabilidad, a aplicar con flexibilidad en funcin de cada caso concreto.

Artculo 31. Evaluacin de disposiciones legales.

Debern ser objeto de evaluacin, en el marco de las disponibilidades materiales, personales y presupuestarias de la Agencia, las disposiciones legales autonmicas en la fase de elaboracin del anteproyecto, atendiendo a su adecuacin al objeto y su fundamentacin desde la perspectiva del inters general, as como ejecucin.

Artculo 32. Momento de la evaluacin.

1. La evaluacin externa de las polticas pblicas se realizar con posterioridad a la implementacin de la poltica pblica programada o en cualquier momento que se considere oportuno.

2. La evaluacin de disposiciones legales autonmicas podr realizarse en cualquier momento de su aplicacin y podr comprender los trabajos iniciales de redaccin del anteproyecto y su ejecucin.

3. El diseo e implementacin de nuevas polticas pblicas, as como la elaboracin de nuevas disposiciones legales autonmicas, debern tener en cuenta las evaluaciones existentes sobre sus materias, debiendo ofrecer motivacin cuando se aparten de su contenido.

Artculo 33. Publicidad.

La Agencia dar publicidad a sus evaluaciones por los medios tcnicos que considere ms adecuados a fin de conseguir su mxima difusin entre el personal de la Administracin pblica y el conjunto de la ciudadana.

Artculo 34. Informe a las Cortes de Aragn.

La Agencia de Integridad y tica Pblicas dar cuenta a las Cortes de Aragn de los resultados de las evaluaciones que realice, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de organizacin y funcionamiento.

CAPTULO IV
Rgimen de los lobbies
Artculo 35. Conceptos.

1. Se considerar actividad de lobby, a los efectos de esta ley cualquier comunicacin directa o indirecta con cualesquiera de los cargos o autoridades del sector pblico de Aragn, de las Instituciones y rganos estatutarios, as como de sus empleados, con la finalidad de influenciar la toma de decisin pblica, desarrollada por o en nombre de un grupo organizado de carcter privado o no gubernamental, en beneficio de sus propios intereses.

2. Se considerarn lobistas, a los efectos de esta Ley, las personas que, como parte de su profesin, desarrollen profesionalmente la actividad de lobby en nombre propio o de terceros, tales como consultores de relaciones pblicas, representantes de organizaciones no gubernamentales, corporaciones, empresas, asociaciones industriales o de profesionales, colegios profesionales, sindicatos, organizaciones empresariales, talleres o grupos de ideas, despachos de abogados, medios de comunicacin, organizaciones religiosas u organizaciones acadmicas.

Artculo 36. Registro.

1. Se crea el Registro de lobistas y lobbies, que tendr carcter pblico, accesible y gratuito.

2. La Agencia de Integridad y tica Pblicas ser la responsable del Registro de lobistas y lobbies.

Artculo 37. Rgimen jurdico del Registro.

1. El rgimen jurdico del Registro de lobistas y lobbies ser establecido por el Reglamento de organizacin y funcionamiento de la Agencia conforme a las siguientes reglas mnimas:

a) En el Registro se inscribirn los lobistas y los lobbies que desarrollen su actividad en relacin con los cargos y autoridades sujetos a esta ley.

b) La estructura y el contenido del Registro debern distinguir las diferentes categoras de sujetos, actividades e informacin que han de inscribirse, as como el cdigo de conducta aplicable en cada caso y los sistemas de seguimiento y control de cumplimiento.

c) El Registro dar publicidad, a travs de la pgina web de Transparencia de la Administracin, institucin u rgano correspondiente, a la agenda de las autoridades y cargos sujetos al presente captulo y a la informacin resultante de la actividad de los lobistas y lobbies y, en particular, a las reuniones y los informes y documentos tratados en ellas o de ellas resultantes.

d) La inscripcin, que tendr lugar a instancia de parte mediando declaracin responsable, ser de carcter obligatorio y habilitar para ejercer la actividad de lobby como lobista o lobby inscrito en el Registro y producir aquellos otros efectos que establezca su normativa reguladora.

e) El Registro tendr carcter electrnico.

2. Los lobistas y los lobbies no podrn disponer de los anteproyectos de disposiciones normativas de cualquier naturaleza antes de que estos resulten accesibles al pblico en general.

Artculo 38. Cdigos de conducta.

1. Los lobistas y lobbies quedarn sujetos en su actuacin, como mnimo y en los trminos que establezca la normativa reguladora del Registro, al siguiente Cdigo de conducta:

a) Actuar de forma transparente, identificndose con su nombre o con el de la entidad para la que prestan servicios.

b) Facilitar la informacin de forma clara, entendible y accesible relativa a la identidad de la persona u organizacin a quien representan y los objetivos y finalidades representados.

c) No falsear la informacin y los datos aportados al registro con el fin de obtener la acreditacin.

d) No poner a los cargos electos o autoridades en situacin que pueda generar conflicto de intereses.

e) Garantizar una informacin veraz, completa, relevante y actualizada.

f) No influir, obtener ni tratar de obtener informacin o decisiones de manera deshonesta.

g) Informar a los cargos y autoridades con los que se relacionen que estn actuando como lobby inscrito en el registro aragons o de otro mbito sin inducirles a incumplir las exigencias de integridad y tica pblicas.

h) No difundir la informacin de carcter confidencial que conozcan en el ejercicio de su actividad.

i) Aceptar que la informacin proporcionada se haga pblica obligatoriamente.

j) Garantizar que el personal a su servicio no est incurso en incompatibilidades al cese de los cargos o autoridades sujetos a esta ley.

k) Cumplir estrictamente la normativa aplicable sobre integridad y tica pblicas.

2. Los lobistas, los lobbies y sus organizaciones profesionales podrn aprobar Cdigos de conducta ms exigentes que el Cdigo mnimo general regulado en el apartado anterior. Estos Cdigos podrn inscribirse en el Registro como especficamente aplicables a los lobistas y lobbies a los que afecten y que especficamente los suscriban asumiendo las obligaciones que de ellos deriven.

Artculo 39. Medidas aplicables en caso de incumplimiento.

1. El incumplimiento de las obligaciones establecidas por la presente ley o por el cdigo de conducta puede dar lugar a la suspensin temporal de la inscripcin en el Registro de lobistas y lobbies o, si el incumplimiento es grave, a la cancelacin de la inscripcin.

2. En tales supuestos, dejarn de producirse, temporal o definitivamente, los efectos contemplados en el artculo 37.1.d) de la presente ley.

3. El procedimiento de tramitacin ser desarrollado por el Reglamento de actuacin de la Agencia de Integridad y tica Pblicas y deber garantizar la audiencia del afectado.

CAPTULO V
Cdigos de buen gobierno y de conducta
Seccin 1. Cdigo de buen gobierno
Artculo 40. Principios de buen gobierno.

1. Las autoridades y cargos del sector pblico autonmico observarn y respetarn el Cdigo de buen gobierno, que incluye los principios ticos y de conducta que deben informar el ejercicio de sus funciones.

2. Dicho Cdigo podr ser aplicable, de manera voluntaria y mediante adhesin individual, a las siguientes personas:

a) Diputados de las Cortes de Aragn, Justicia de Aragn, consejeros de la Cmara de Cuentas, miembros del Consejo Consultivo y los integrantes de cualquier otro rgano o institucin anloga que se pueda crear en el futuro.

b) Los miembros de las corporaciones Locales y el personal directivo de su sector pblico.

c) Los miembros de los rganos de direccin de la Universidad de Zaragoza.

3. Son principios ticos:

a) El pleno respeto a la Constitucin, al Estatuto de Autonoma de Aragn y al resto del ordenamiento jurdico, ajustando su actuacin a los valores superiores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo poltico.

b) La orientacin estratgica y exclusiva a los intereses generales y al bien comn de los ciudadanos, ejerciendo sus atribuciones con lealtad a la Administracin aragonesa y respetando los principios de eficacia, eficiencia, diligencia y neutralidad.

c) La imparcialidad en sus actuaciones, sin que puedan condicionarlas ningn tipo de inters personal, familiar, corporativo, clientelar o cualquier otro que pueda colisionar con este principio.

d) La asuncin de la responsabilidad de las decisiones y actuaciones propias y de los rganos u organismos que dirigen, sin perjuicio de otras que fueran exigibles legalmente.

e) El desempeo de la actividad pblica regida por los principios de transparencia en la gestin y accesibilidad a los ciudadanos.

f) La abstencin de contraer obligaciones econmicas, realizar cualquier tipo de operacin financiera o negocio jurdico que pudiera suponer un conflicto de intereses con su cargo pblico.

g) La no obtencin de ningn privilegio o ventaja injustificada, beneficindose de su condicin.

h) La no contribucin a la agilizacin o resolucin de trmites o procedimientos administrativos que pudiera beneficiarles a ellos mismos o a su entorno familiar y social inmediato o cuando suponga un menoscabo de los intereses de terceros.

i) La confidencialidad y el secreto en relacin con los datos e informes de los que tuvieran conocimiento por razn de su cargo, aun despus de cesar, no pudiendo hacer uso de esa informacin para su propio beneficio o el de terceros, o en perjuicio de los intereses de los ciudadanos.

4. Son principios de conducta:

a) Dedicarse plenamente y con profesionalidad al servicio pblico, cumpliendo fielmente el rgimen de incompatibilidades que les es aplicable.

b) Actuar con la diligencia debida y realizar una gestin eficiente y austera de los recursos pblicos que tengan asignados, no utilizando los mismos en beneficio propio o de su entorno familiar y social, as como cuidar y conservar los recursos y bienes pblicos asignados a su puesto.

c) Actuar con imparcialidad en el ejercicio de sus funciones, sin que la pertenencia a rganos ejecutivos y de direccin en partidos polticos comprometa su actuacin ni suponga menoscabo o dejacin de las funciones que tengan encomendadas.

d) Hacer uso adecuado de los medios que se arbitran para el mejor y eficaz desarrollo de su funcin, administrando los recursos pblicos con austeridad y evitando actuaciones que puedan menoscabar la dignidad con que ha de ejercerse el cargo pblico.

e) Hacer un uso adecuado, motivado, justificado y austero de los gastos de representacin y atenciones protocolarias que tengan asignados por razn de su cargo.

f) Rechazar cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que suponga una ganancia o ahorro que vaya ms all de los usos habituales, sociales y de cortesa o prstamos u otras prestaciones econmicas que puedan condicionar el desempeo de sus funciones. En el caso de obsequios de mayor significacin de carcter institucional se incorporarn al patrimonio de la Comunidad Autnoma de Aragn, en los trminos previstos en la legislacin vigente.

g) Facilitar el acceso de los ciudadanos a la informacin requerida, con las limitaciones previstas en el ordenamiento jurdico.

h) Ser accesibles a los ciudadanos, respondiendo a sus peticiones, escritos y reclamaciones que formulen.

i) Evitar los contactos con lobistas no registrados y comunicar a la Agencia de Integridad y tica Pblicas cualquier violacin del rgimen de los lobbies de la que tenga conocimiento.

Artculo 41. Recursos humanos y materiales.

1. Las autoridades y cargos del sector pblico autonmico gestionarn los recursos humanos, econmicos y materiales siguiendo los principios de eficiencia y sostenibilidad.

2. Las autoridades y cargos del sector pblico autonmico percibirn las retribuciones fijadas conforme a su normativa reguladora y a la Ley de Presupuestos, que habrn de ser suficientes para no comprometer en modo alguno su integridad y coherentes con las funciones y responsabilidad encomendadas.

3. La utilizacin de vehculos oficiales por autoridades y cargos del sector pblico autonmico estar vinculada a las obligaciones de desplazamiento derivadas del desempeo de sus funciones y, en su caso, por razones de seguridad. La prestacin de otros servicios que, en su caso, puedan requerir el uso de vehculos oficiales deber ser debidamente justificada atendiendo a la naturaleza del cargo desempeado y a las necesidades de seguridad, y de acuerdo al principio de eficiencia en el uso de los recursos pblicos.

4. El crdito presupuestario de los gastos de representacin y atenciones protocolarias solo podr utilizarse para sufragar actos de esta naturaleza en el desempeo de las funciones de la autoridad o cargo del sector pblico autonmico, tanto en el territorio nacional como en el extranjero, siempre que dichos gastos redunden en beneficio o utilidad de los intereses pblicos y no existan para ellos crditos especficos en otros conceptos. No podr abonarse con cargo a estos ningn tipo de retribucin, en metlico o en especie, para la autoridad o cargo del sector pblico autonmico.

Asimismo, debern ser debidamente justificados y acreditar su necesidad para el desempeo de las funciones inherentes al ejercicio de la autoridad o cargo del sector pblico autonmico.

5. La Administracin no pondr a disposicin de las autoridades o cargos del sector pblico autonmico tarjetas de crdito.

Seccin 2. Cdigo de conducta y estatuto de empleados pblicos
Artculo 42. Principios de actuacin.

1. Los empleados pblicos ajustarn su actuacin al cdigo de conducta y a los deberes previstos en esta ley, en la normativa reguladora que les resulte de aplicacin y, especialmente, a los principios siguientes:

a) Legalidad.

b) Dedicacin al servicio pblico.

c) Eficacia.

d) Profesionalidad.

e) Integridad y responsabilidad.

f) Transparencia y rendicin de cuentas.

g) Ejemplaridad, austeridad y honradez.

h) Servicio efectivo al ciudadano.

i) Fomento y garanta de la igualdad entre hombres y mujeres.

j) Objetividad, neutralidad e imparcialidad.

k) Confidencialidad.

l) Accesibilidad.

m) Promocin del entorno cultural y medioambiental.

2. Los principios y reglas establecidos en la presente seccin informarn la interpretacin y aplicacin del rgimen disciplinario de los empleados pblicos.

Artculo 43. Derechos y deberes.

Los empleados pblicos tendrn los derechos y deberes establecidos en la normativa de empleo pblico que les resulte de aplicacin.

Artculo 44. Cdigo de conducta.

1. Los empleados pblicos de las Administraciones pblicas y el personal perteneciente al sector pblico incluidos en el mbito de aplicacin de esta ley, en el ejercicio de sus funciones y en el desempeo de sus tareas, debern, en todo caso, ajustar sus actuaciones a los principios ticos y de conducta que conforman el cdigo de conducta de los empleados pblicos regulado en el Estatuto Bsico del Empleado Pblico y en la legislacin de funcin pblica de la Comunidad Autnoma de Aragn.

2. El Gobierno de Aragn y los rganos competentes del sector pblico de Aragn podrn desarrollar dicho cdigo bsico de conducta, as como aprobar otros cdigos de conducta especficos que desarrollen lo previsto en este captulo para colectivos de empleados pblicos cuando se considere necesario por las peculiaridades del servicio que presten o por el carcter directivo del puesto que ocupen.

3. Los Cdigos de conducta sern publicados en su integridad en el Boletn Oficial de Aragn.

4. El Plan de formacin de cada Administracin pblica concretar, anualmente, el conjunto de acciones formativas y otras iniciativas que atiendan a la divulgacin y el conocimiento del conjunto de principios e instrumentos previstos en el presente Cdigo.

5. Las Administraciones pblicas promovern las actuaciones necesarias para que el sistema de gestin del rendimiento que se establezca incluya, dentro de la valoracin de la conducta profesional del empleado, criterios que permitan garantizar la observancia de los deberes y principios establecidos en este Cdigo.

6. El incumplimiento del cdigo de conducta podr ser objeto de denuncia ante la Agencia de Integridad y tica Pblicas, sindole aplicable al denunciante el mismo estatuto previsto para su proteccin en la seccin siguiente.

Seccin 3. Estatuto del denunciante
Artculo 45. Definicin de denunciante.

1. Se considera denunciante a los efectos de esta ley a cualquier empleado del sector pblico de Aragn o de las instituciones y rganos estatutarios que pone en conocimiento de la Agencia de Integridad y tica Pblicas hechos que pudieran dar lugar a la exigencia de responsabilidades por alcance o penales por delitos contra la Administracin pblica.

2. No ser de aplicacin el estatuto del denunciante establecido en esta ley cuando, a juicio de la Agencia, la denuncia se formule de mala fe, proporcionando informacin falsa, tergiversada u obtenida de manera ilcita. En tales supuestos, la Agencia podr, previa audiencia reservada al denunciante, archivar sin ms trmite, pero con motivacin suficiente, la denuncia, manteniendo la confidencialidad, advirtindole de que, de hacerla pblica, no se aplicar el estatuto del denunciante establecido en esta ley e incluso podran derivarse responsabilidades disciplinarias o penales contra el falso denunciante.

3. El procedimiento para la sustanciacin de las denuncias presentadas se desarrollar en el Reglamento de actuacin de la Agencia previsto en el artculo 23.1 de la presente ley.

Artculo 46. Medios para garantizar la confidencialidad.

No se admitirn denuncias annimas. No obstante, la Agencia deber establecer procedimientos y canales confidenciales para la formulacin de denuncias que garanticen su estricta confidencialidad cuando el denunciante invoque la aplicacin del estatuto regulado en este artculo. En particular, la Agencia crear una oficina virtual, que pondr a disposicin de los denunciantes para la presentacin de denuncias y documentacin asociada, as como para la comunicacin con los denunciantes que as lo soliciten, de manera segura y confidencial. Dichos procedimientos y canales podrn ser tambin utilizados por quienes ya hubiesen actuado como denunciantes para comunicar represalias u otras actuaciones lesivas derivadas de la presentacin de la denuncia.

Artculo 47. Estatuto del denunciante.

1. Sin necesidad de previa declaracin o reconocimiento, los denunciantes recibirn de inmediato, con los recursos propios de la Agencia, asesora legal para los hechos relacionados con su denuncia y tendrn garantizada la confidencialidad de su identidad.

2. No podr adoptarse, durante la investigacin ni tras ella, medida alguna que perjudique al denunciante en su carrera profesional o la cesacin de la relacin laboral o de empleo. La proteccin podr mantenerse, mediante resolucin de la Agencia, incluso ms all de la culminacin de los procesos de investigacin que esta desarrolle, sin perjuicio de lo establecido en el apartado segundo de este artculo. En ningn caso la proteccin derivada de la aplicacin del estatuto del denunciante le eximir de las responsabilidades en que hubiese podido incurrir por hechos diferentes de los que constituyan objeto de la denuncia.

3. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, a instancia del denunciante, la Agencia podr instar del rgano competente el traslado del denunciante a otro puesto siempre que no implique perjuicio a su estatuto personal y carrera profesional. Excepcionalmente, podr tambin instar del rgano competente la concesin de permiso por tiempo determinado con mantenimiento de su retribucin. La normativa de los empleados pblicos establecer las previsiones suficientes para evitar que el rgano competente deniegue los citados traslados y/o permisos y para que no se produzca una disminucin relevante en las retribuciones efectivas.

4. El denunciante tendr derecho a la indemnizacin por daos y perjuicios derivada de la responsabilidad patrimonial de la Administracin pblica cuando acredite la existencia de un dao individualizado y determinado econmicamente, consecuencia directa de la denuncia, en los trminos previstos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Rgimen Jurdico del Sector Pblico.

5. El estatuto del denunciante regulado en esta ley se entender sin perjuicio de lo que establezca la normativa estatal. En todo caso, cuando la Agencia denuncie ante la autoridad competente hechos que pudieran ser constitutivos de delito que hayan sido denunciados por personas que se hayan acogido al estatuto del denunciante conforme a esta ley, deber indicarlo expresamente poniendo de manifiesto, cuando pudiera concurrir a su juicio, la existencia de peligro grave para la persona, libertad o bienes del denunciante o testigo, su cnyuge o persona a quien se halle ligado por anloga relacin de afectividad o sus ascendientes, descendientes o hermanos.

CAPTULO VI
Rgimen de conflictos de intereses e incompatibilidades
Artculo 48. Conceptos.

1. Las autoridades y cargos del sector pblico autonmico servirn con objetividad a los intereses generales de Aragn, debiendo evitar que sus intereses personales puedan influir indebidamente en el ejercicio de sus funciones y responsabilidades.

2. Se entiende por conflicto de intereses la situacin en la que se produce una colisin entre el inters pblico y el privado, derivado del inters particular, econmico, personal o profesional, que pudiera tener la autoridad o cargo del sector pblico autonmico que afectase a la forma en que cumple sus obligaciones y responsabilidades.

3. Se considerarn intereses privados o personales, al menos, los siguientes:

a) Los intereses propios.

b) Los intereses familiares, incluyendo los del cnyuge o persona con quien conviva en anloga relacin de afectividad y parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad.

c) Los de las personas con quienes tenga una cuestin litigiosa pendiente.

d) Los de las personas con quienes tenga amistad ntima o enemistad manifiesta.

e) Los de las personas jurdicas o entidades privadas a las que las autoridades y cargos del sector pblico autonmico hayan estado vinculados por una relacin laboral o profesional de cualquier tipo en los dos aos anteriores al nombramiento.

f) Los de las personas jurdicas o entidades privadas a las que los familiares previstos en la letra b) estn vinculados por una relacin laboral o profesional de cualquier tipo, siempre que la misma implique el ejercicio de funciones de direccin, asesoramiento o administracin.

g) Aquellos otros que pueden colisionar con las funciones pblicas encomendadas.

Artculo 49. Dedicacin exclusiva.

Las autoridades y cargos del sector pblico autonmico ejercern sus funciones con dedicacin exclusiva y no podrn compatibilizar su actividad con el desempeo, por s o mediante sustitucin o apoderamiento, de cualquier otro puesto, cargo, representacin, profesin o actividad, sean de carcter pblico o privado, por cuenta propia o ajena, y, asimismo, tampoco podrn percibir cualquier otra remuneracin con cargo a los presupuestos de las Administraciones pblicas o entidades vinculadas a estas o dependientes de ellas, ni cualquier otra percepcin que directa o indirectamente provenga de una actividad privada simultnea, sin perjuicio de las excepciones previstas en esta ley.

Artculo 50. Compatibilidad con actividades pblicas.

1. Los miembros del Gobierno podrn compatibilizar su actividad con la propia del mandato como diputado en las Cortes de Aragn, en los trminos previstos en la legislacin electoral.

2. La condicin de autoridad o cargo del sector pblico autonmico es incompatible con cualquier mandato representativo popular, salvo el alto cargo con competencia en materia de relaciones con las Cortes de Aragn, que podr ostentar la condicin de diputado autonmico.

3. La condicin de autoridad o cargo del sector pblico autonmico ser compatible con las siguientes actividades pblicas:

a) El ejercicio de los cargos que con carcter legal o institucional les correspondan o para los que fueren designados por su propia condicin.

b) La representacin de la Administracin autonmica en toda clase de rganos colegiados y en los consejos de direccin y administracin de organismos pblicos y sociedades mercantiles con capital pblico.

c) La participacin, en representacin del Gobierno de Aragn, como miembros de instituciones, organismos y empresas pblicas del Estado.

d) La colaboracin con fundaciones pblicas.

e) El desarrollo de misiones temporales de representacin ante otros Estados o ante organizaciones o conferencias internacionales.

4. Las autoridades y cargos del sector pblico autonmico solo podrn percibir, por actividades compatibles, los gastos de viaje, estancias y traslados que les correspondan de acuerdo con la normativa vigente o ser resarcidos por la cuanta exacta de los gastos realizados de acuerdo con la justificacin documental de los mismos.

5. Las cantidades devengadas por cualquier concepto que no deban ser percibidas debern ser facturadas a la Administracin de la Comunidad Autnoma de Aragn e ingresadas directamente por la sociedad, empresa o ente pagador a la Tesorera de la Comunidad Autnoma.

Artculo 51. Compatibilidad con actividades privadas.

1. La condicin de autoridad y cargo del sector pblico autonmico ser compatible con la debida motivacin con las siguientes actividades privadas:

a) Las que se deriven de la mera gestin del patrimonio personal y familiar, con las limitaciones previstas en el artculo siguiente.

b) El ejercicio de actividades y cargos en partidos polticos, siempre que no perciban ningn tipo de retribucin por dicha participacin.

c) Las de produccin y creacin literaria, artstica, cientfica o tcnica y las publicaciones derivadas de las mismas, as como la asistencia ocasional como ponentes a congresos, seminarios, jornadas de trabajo, conferencias o cursos de carcter profesional, siempre que no sean consecuencia de una relacin de empleo o de prestacin de servicios, o supongan un menoscabo del estricto cumplimiento de su deberes.

d) La participacin en fundaciones o entidades culturales o benficas que no tengan nimo de lucro, siempre que no perciban ningn tipo de retribucin por dicha participacin.

2. No se considerarn retribucin a estos efectos las indemnizaciones que les pudieran corresponder por gastos de viaje, estancias y traslados que deben percibir de acuerdo con la normativa vigente o ser resarcidos por la cuanta exacta de los gastos realizados de acuerdo con la justificacin documental de los mismos.

Artculo 52. Limitaciones patrimoniales en participaciones societarias.

1. Las autoridades y cargos del sector pblico autonmico no podrn tener, por s o junto a su cnyuge, sea cual sea el rgimen econmico matrimonial, o persona que conviva en anloga relacin de afectividad e hijos econmicamente dependientes o personas tuteladas, participaciones directas o indirectas superiores a un diez por ciento en empresas mientras estas tengan conciertos o contratos de cualquier naturaleza con el sector pblico estatal, autonmico o local, o sean subcontratistas de dichas empresas, o reciban subvenciones provenientes de cualquier Administracin pblica.

2. En el supuesto de sociedades mercantiles cuyo capital social suscrito supere los600.000 euros, dicha prohibicin afectar a las participaciones patrimoniales que, sin llegar al porcentaje del diez por ciento, supongan una posicin en el capital social de la empresa que pueda condicionar de forma relevante su actuacin.

3. En el supuesto de que la persona que sea nombrada para ocupar un cargo de los comprendidos en el mbito de aplicacin de esta ley poseyera una participacin superior a las que se refieren los apartados anteriores, tendr que desprenderse de la misma en el plazo de dos meses, a contar desde la fecha de la toma de posesin de su cargo. Si la participacin fuera adquirida por sucesin hereditaria o donacin durante el ejercicio del cargo, el plazo para desprenderse de la misma ser de cuatro meses.

En ambos casos se dar cuenta al registro de bienes y derechos patrimoniales de autoridades y cargos del sector pblico autonmico de la enajenacin o cesin, as como de la identificacin del destinatario.

Artculo 53. Limitaciones al ejercicio de actividades privadas con posterioridad al cese.

1. Durante los dos aos siguientes a la fecha del cese, las autoridades y cargos del sector pblico autonmico no podrn realizar, por s mismos o a travs de sociedades o empresas participadas por ellos directa o indirectamente en ms del diez por ciento o con las que mantengan cualquier relacin profesional remunerada, actividades privadas relacionadas con procedimientos sobre los que hayan emitido informe preceptivo y vinculante o hayan dictado resolucin o sobre los que hayan intervenido mediante la presentacin de propuestas en reuniones del Gobierno en las que se hubiera adoptado acuerdo o resolucin.

2. Las autoridades y cargos del sector pblico autonmico que con anterioridad a ocupar dichos puestos pblicos hubieran ejercido su actividad profesional en empresas privadas a las cuales quisieran reincorporarse no incurrirn en la incompatibilidad prevista en el apartado anterior cuando la actividad que vayan a desempear en ellas se desarrolle en puestos de trabajo que no estn directamente relacionados con las competencias del cargo ocupado ni puedan adoptar decisiones que afecten a este.

3. Las autoridades y cargos del sector pblico autonmico debern efectuar, durante el perodo de dos aos a que se refiere el primer apartado de este artculo, ante el rgano competente en materia de conflictos de intereses la declaracin sobre las actividades que vayan a realizar, con carcter previo a su inicio. En el plazo de un mes, el rgano competente en materia de conflictos de intereses se pronunciar sobre la compatibilidad de la actividad a realizar y se lo comunicar al interesado y a la empresa o sociedad en la que fuera a prestar sus servicios. En caso de no pronunciamiento, el sentido del silencio ser positivo.

4. Estas limitaciones con posterioridad al cese sern de aplicacin a quienes hubieran ocupado un puesto de alto cargo y reingresen a la funcin pblica y tengan concedida la compatibilidad para prestar servicios retribuidos.

Artculo 54. Compensacin econmica tras el cese por aplicacin del rgimen de incompatibilidades.

1. Podr establecerse una compensacin econmica mensual, durante un perodo mximo de dos aos tras el cese, en relacin con aquellos cargos o autoridades que cuando tomaron posesin desarrollaban una actividad que, conforme a esta ley, resulte totalmente incompatible por razn de las funciones desarrolladas. La incompatibilidad deber ser apreciada motivadamente por el rgano competente en materia de conflictos de intereses e incompatibilidades, previo informe vinculante de la Agencia de Integridad y tica Pblicas. La percepcin de esta compensacin econmica mensual ser incompatible con la percepcin de cualquier otra retribucin, pblica o privada.

2. El rgano competente en materia de conflictos de intereses e incompatibilidades supervisar que durante el perodo en que se perciba la compensacin, cuando proceda conforme al apartado anterior, se mantienen las condiciones que motivaron su reconocimiento.

Artculo 55. Declaracin de actividades.

1. Las autoridades y cargos del sector pblico autonmico estn obligados a formular una declaracin de las actividades econmicas, profesionales o mercantiles que hubieren desempeado, por s o mediante sustitucin o apoderamiento, durante los dos aos anteriores a su toma de posesin. Dicha declaracin de actividades deber efectuarse en el plazo improrrogable de los dos meses siguientes a la fecha de toma de posesin.

2. Una vez hubiesen cesado en el desempeo de los cargos, las autoridades y cargos del sector pblico autonmico estarn obligados a formular una declaracin de las actividades econmicas, profesionales o mercantiles que vayan a realizar tras su cese, ante el rgano competente en materia de conflictos de intereses, en el plazo improrrogable de los dos meses siguientes a la fecha de su cese.

3. Asimismo, las autoridades y cargos del sector pblico autonmico, una vez que hayan cesado, debern efectuar una nueva declaracin de actividades previa al inicio de cualquier nueva actividad no declarada ante el rgano competente en materia de conflicto de intereses. Esta obligacin se mantendr durante los dos aos siguientes a la fecha de su cese.

Artculo 56. Declaracin de bienes y derechos patrimoniales.

1. Las autoridades y cargos del sector pblico autonmico debern formular una declaracin patrimonial comprensiva de los bienes, derechos y obligaciones ante el rgano competente en materia de conflictos de intereses.

2. La declaracin patrimonial ir acompaada de la copia de la ltima declaracin tributaria del impuesto sobre la renta de las personas fsicas y del impuesto sobre el patrimonio, en su caso.

3. La declaracin patrimonial se presentar en el plazo improrrogable de dos meses siguientes a las fechas de toma de posesin y cese, respectivamente, en el cargo.

Adems, anualmente, debern presentar copia de las declaraciones tributarias referidas en el apartado anterior, en el plazo improrrogable de dos meses desde la conclusin de los plazos establecidos legalmente para su presentacin.

Artculo 57. Registros de actividades y de bienes y derechos patrimoniales.

1. El Registro de actividades y el Registro de bienes y derechos patrimoniales de autoridades y cargos del sector pblico autonmico, tendrn carcter pblico y se regir por lo dispuesto en la normativa de proteccin de datos personales y de transparencia.

2. El contenido de las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales de las autoridades y cargos del sector pblico autonmico se publicar en el portal de transparencia, en los trminos previstos reglamentariamente. En relacin con los bienes patrimoniales, se publicar una declaracin comprensiva de la situacin patrimonial de estos altos cargos, omitindose aquellos datos referentes a su localizacin y salvaguardando la privacidad y seguridad de sus titulares. La informacin procedente de estas declaraciones se organizar de manera que sea fcilmente accesible y permita una consulta rpida, gil e intuitiva, para lo que se utilizarn formatos de datos que permitan la interoperabilidad y la reutilizacin de la informacin de acuerdo con la normativa de proteccin de datos.

3. El rgano competente para la gestin de los registros es el rgano competente en materia de conflictos de intereses. Ser el encargado de la llevanza y gestin de los Registros de actividades, y de bienes y derechos patrimoniales, as como responsable de la custodia, seguridad e indemnidad de los datos y documentos que en ellos se contengan.

4. Los datos incorporados a ambos Registros se inscribirn en el correspondiente fichero de datos de carcter personal, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgnica 15/1999, de 13 de diciembre, de proteccin de datos de carcter personal.

5. El personal que preste servicios en los Registros regulados en esta ley tiene el deber permanente de mantener en secreto los datos e informaciones que conozcan por razn de su cargo, trabajo o funcin, incluso despus de haber cesado en el desempeo de estas funciones.

Artculo 58. Deber de abstencin.

1. Las autoridades y cargos del sector pblico autonmico vienen obligados a abstenerse del conocimiento de los asuntos en los que pudieran incurrir en conflicto de intereses y, en todo caso, en aquellos asuntos en cuyo despacho hubieran intervenido o que interesen a empresas o sociedades en cuya direccin, asesoramiento o administracin hubieran tenido alguna parte ellos, su cnyuge o persona con quien convivan en anloga relacin de afectividad, o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad, y en los dos aos anteriores a su toma de posesin como cargo pblico.

2. En el caso de que, durante el desempeo del cargo pblico, las autoridades y cargos del sector pblico autonmico estuvieran obligados a abstenerse en los trminos previstos en esta ley, en la normativa reguladora del rgimen jurdico del sector pblico o en cualquier otra ley, la abstencin se producir por escrito para su adecuada expresin y constancia y se notificar al superior inmediato del alto cargo o al rgano que lo design, quien decidir sobre la procedencia de la misma. En todo caso, esta abstencin ser comunicada por el interesado, en el plazo de un mes, al Registro de actividades de las autoridades y cargos del sector pblico autonmico para su constancia.

3. A los efectos de este artculo, el rgano competente en materia de conflicto de intereses, de acuerdo con lo manifestado en la respectiva declaracin de actividades de las autoridades y cargos del sector pblico autonmico, les informarn sobre los asuntos o materias sobre los que debern abstenerse. En todo caso, las autoridades y cargos del sector pblico autonmico podrn formular cuantas consultas estimen necesarias al rgano competente en conflictos de intereses.

Artculo 59. Examen de la situacin patrimonial de las autoridades y cargos del sector pblico autonmico.

1. La situacin patrimonial de los miembros del Gobierno y de los altos cargos ser examinada por el rgano competente en materia de conflicto de intereses al finalizar su mandato.

2. Se elaborar un informe en el plazo de los cuatro meses siguientes a su cese, en que se examinarn los siguientes extremos:

a) El adecuado cumplimiento de las obligaciones reguladas en esta ley.

b) La existencia de indicios de enriquecimiento injustificado, teniendo en consideracin los ingresos percibidos a lo largo de su mandato y la evolucin de la situacin patrimonial.

3. Para la elaboracin de este informe, el rgano competente en materia de conflicto de intereses podr requerir a los miembros del Gobierno y a los altos cargos aportar toda la documentacin que considere necesaria.

4. Una vez elaborado el informe, en fase de propuesta, ser remitido al interesado para que pueda formular las alegaciones que estime oportunas, en el plazo de quince das.

5. Transcurrido dicho plazo y habiendo sido respondidas motivadamente las alegaciones presentadas, se elevar el informe a definitivo, procedindose a su notificacin a los interesados.

6. Si las conclusiones del informe reflejasen indicio de enriquecimiento injustificado, se dar cuenta a la Agencia de Integridad y tica Pblicas y se solicitar colaboracin de la Agencia Estatal de Administracin Tributaria a los efectos de aclarar los hechos. Si, concluida esta colaboracin, persistiesen los indicios de enriquecimiento injustificado, se dar traslado a las autoridades y rganos competentes.

CAPTULO VII
Rgimen sancionador
Artculo 60. Principios generales.

1. El incumplimiento de los deberes y obligaciones establecidos en la presente ley por parte de las personas responsables conlleva la aplicacin del rgimen sancionador regulado por este captulo.

2. En todo aquello no determinado por el presente captulo son de aplicacin los principios y reglas generales sobre el ejercicio de la potestad sancionadora y el procedimiento sancionador establecidos por la legislacin bsica y por la legislacin autonmica.

Artculo 61. Infracciones.

1. A los efectos de esta ley, se consideran infracciones muy graves:

a) La obstaculizacin o incumplimiento de las actuaciones y resoluciones de la Agencia de Integridad y tica Pblicas.

b) El incumplimiento de los principios de conducta establecidos en el artculo 40.4 de la presente ley.

c) El ejercicio de actividades incompatibles.

d) La presentacin de declaraciones con datos o documentos falsos.

e) La induccin, por parte de personas fsicas, a un cargo o empleado pblico del sector pblico autonmico a la comisin de alguna de las infracciones tipificadas en este captulo, aun cuando no haya obtenido el beneficio particular pretendido.

2. Se consideran infracciones graves:

a) El incumplimiento por los lobistas y lobbies de las obligaciones del Cdigo de conducta reguladas en la presente ley o la comisin de tres o ms infracciones leves durante el desempeo de su actividad.

b) La vulneracin de la confidencialidad garantizada por el estatuto del denunciante.

c) La no presentacin de la declaracin de actividades y de bienes y derechos patrimoniales en los correspondientes Registros tras el apercibimiento para ello.

d) La omisin deliberada de datos y documentos que deban ser presentados conforme a lo establecido en esta ley.

e) El incumplimiento del deber de abstencin cuando determine la nulidad de la actuacin de que se trate.

f) La comisin de tres o ms infracciones leves durante el ejercicio del cargo.

3. Se consideran infracciones leves:

a) La falta de colaboracin injustificada ante los requerimientos de la Agencia de Integridad y tica Pblicas.

b) El incumplimiento por los lobistas y lobbies de las obligaciones del Cdigo de conducta reguladas en la presente ley cuando este, siendo posible su subsanacin, se haya subsanado tras el requerimiento que se formule al efecto.

c) La no presentacin de la declaracin de actividades o de bienes y derechos patrimoniales en los correspondientes registros, dentro de los plazos establecidos, cuando se subsane tras el requerimiento que se formule al efecto.

Artculo 62. Sanciones.

1. Las infracciones muy graves y graves sern sancionadas con la declaracin del incumplimiento de la ley y su publicacin en el Boletn Oficial de Aragn.

2. La sancin por infraccin muy grave comprender adems:

a) El cese en el cargo o en la relacin de empleo o servicio que ostentase, salvo que ya se hubiese producido.

b) La obligacin de restituir, en su caso, las cantidades percibidas indebidamente en la forma que se establezca reglamentariamente.

3. Lo dispuesto en este captulo se entiende sin perjuicio de la exigencia de las dems responsabilidades a que hubiera lugar.

4. Si las infracciones pudieran ser constitutivas de delito, la Administracin deber poner los hechos en conocimiento del Ministerio fiscal y se abstendr de seguir el procedimiento mientras la autoridad judicial no dicte la resolucin que proceda.

5. Las personas que hayan sido sancionadas por la comisin de infracciones muy graves no podrn ser nombradas ni miembros del Gobierno ni altos cargos de la Administracin autonmica durante un perodo de entre cinco y diez aos, contados desde que sea efectiva la sancin.

En la graduacin de la medida prevista en el prrafo anterior se valorar la existencia de perjuicios para el inters pblico, la repercusin de la conducta en los ciudadanos y, en su caso, la percepcin indebida de cantidades por el desempeo de actividades pblicas incompatibles. En este supuesto, el rgano competente para sancionar deber realizar la liquidacin de las cantidades percibidas indebidamente.

6. Las infracciones leves se sancionarn con amonestacin.

Artculo 63. Sanciones aplicables a otras personas por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente ley.

1. Las sanciones que pueden aplicarse a las personas fsicas o jurdicas que no tienen la condicin de altos cargos o de personal al servicio de las Administraciones pblicas y que incurran en las infracciones previstas en el apartado e) del prrafo 1, apartado a) del prrafo 2 o apartado b) del prrafo 3 del artculo 61 son las siguientes:

a) Por la comisin de infracciones muy graves:

1. La suspensin para poder contratar con la Administracin durante un perodo de uno a tres aos.

2. La inhabilitacin para ser beneficiarios de ayudas pblicas durante un perodo de uno a tres aos.

b) Por la comisin de infracciones graves:

1. La inhabilitacin para ser beneficiarios de ayudas pblicas durante un perodo mximo de un ao.

2. La suspensin, durante un perodo mximo de un ao, de la inscripcin en el Registro de grupos de inters para los lobistas y lobbies o su cancelacin definitiva en funcin de la gravedad del incumplimiento.

c) Por la comisin de infracciones leves: amonestacin.

Artculo 64. Procedimiento sancionador.

El procedimiento se sustanciar en expediente contradictorio y sumario conforme se determine reglamentariamente. En lo que no se regule de manera especfica, se aplicar supletoriamente la normativa autonmica que regula el procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora de la Comunidad Autnoma de Aragn.

Artculo 65. rganos competentes del procedimiento sancionador.

1. El rgano competente para ordenar la incoacin del procedimiento sancionador es el consejero del Departamento de Presidencia, salvo que el cargo pblico afectado sea miembro del Gobierno, en cuyo caso la incoacin corresponde al propio Gobierno, a propuesta de dicho consejero.

2. La instruccin de los correspondientes expedientes se realizar por el rgano competente en materia de conflictos de intereses e incompatibilidades.

3. Corresponde al Consejo de Gobierno la imposicin de sanciones por faltas muy graves y, en todo caso, cuando se trata de un miembro del Gobierno. La imposicin de sanciones por faltas graves y leves corresponde al consejero del Departamento de Presidencia.

4. La suspensin o cancelacin de la inscripcin en el Registro de intereses corresponde a la Agencia de Integridad y tica Pblicas, de conformidad con lo establecido en el artculo 39 de la presente ley.

Artculo 66. Prescripcin de infracciones y sanciones.

1. El plazo de prescripcin de las infracciones previstas en esta ley ser de cinco aos para las infracciones muy graves, tres aos para las graves y un ao para las leves.

2. Las sanciones impuestas por la comisin de infracciones muy graves prescribirn a los cinco aos; las impuestas por infracciones graves, a los tres aos, y las que sean consecuencia de la comisin de infracciones leves prescribirn en el plazo de un ao.

Disposicin adicional primera. Referencias de gnero.

La utilizacin de sustantivos de gnero gramatical determinado en referencia a cualquier sujeto, cargo o puesto de trabajo debe entenderse realizada por economa de expresin y como referencia genrica tanto para hombres como para mujeres con estricta igualdad a todos los efectos.

Disposicin adicional segunda. Supresin de tratamientos protocolarios oficiales.

1. El tratamiento oficial de carcter protocolario de las autoridades y cargos del sector pblico de Aragn y de las instituciones y rganos estatutarios ser el de seor/seora seguido de la denominacin del cargo o empleo correspondiente.

2. El tratamiento oficial de carcter protocolario de las instituciones y rganos del sector pblico de Aragn continuar siendo el vigente a la entrada en vigor de esta Ley.

Disposicin adicional tercera. Oficina Virtual de la Agencia.

La Oficina Virtual a que se refiere el artculo 46 deber estar operativa en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley y deber garantizar la confidencialidad, la seguridad de las comunicaciones y admitir la posibilidad de aportar documentacin en diferentes formatos.

Disposicin adicional cuarta. Obligacin de comunicar nombramientos.

1. Todas las entidades del sector pblico autonmico debern comunicar al rgano competente en materia de conflictos de intereses los nombramientos y ceses que efecten correspondientes a puestos de trabajo cuyo titular est incluido en el mbito de aplicacin de la presente ley.

2. Las sociedades participadas por la Corporacin Empresarial Pblica de Aragn realizarn la comunicacin a travs de esta.

Disposicin adicional quinta. Atribucin de competencias sobre conflictos de intereses e incompatibilidades.

1. Las competencias en materia de conflictos de intereses e incompatibilidades correspondern a la Secretara General Tcnica de la Presidencia del Gobierno de Aragn.

2. Mediante Decreto podr modificarse el Departamento u rgano de la Administracin autonmica competente en materia de conflictos de intereses e incompatibilidades.

Disposicin adicional sexta. Rgimen de publicidad de las instrucciones de la Intervencin General.

1. La Intervencin General de la Administracin de la Comunidad Autnoma podr dirigir las actividades de sus rganos jerrquica o funcionalmente dependientes mediante instrucciones u rdenes de servicio.

2. Las instrucciones u rdenes de servicio que dicte la Intervencin General se publicarn por medios telemticos en todo caso y podrn tambin publicarse en el Boletn Oficial de Aragn cuando la Intervencin General lo considere conveniente por razn de sus destinatarios o de los efectos que puedan producirse. Asimismo, podrn publicarse aquellos informes de fiscalizacin de especial relevancia, a juicio de la Intervencin General, para la coordinacin de las funciones que le corresponden.

3. El incumplimiento de las instrucciones u rdenes de servicio no afecta por s solo a la validez de los actos dictados por los rganos administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir y de los efectos generadores de precedente administrativo que su seguimiento continuado pueda llegar a producir.

Disposicin adicional sptima. Rgimen sancionador en las materias de gestin econmico-presupuestaria y disciplinaria.

Las previsiones contenidas en los artculos 64 y 65 de esta ley, referidos al procedimiento sancionador y a los rganos competentes de ste, sern de aplicacin al rgimen sancionador en las materias de gestin econmico-presupuestaria y disciplinaria reguladas por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Informacin Pblica y Buen Gobierno.

Disposicin adicional octava. Control parlamentario sobre responsabilidad civil en los procesos penales.

En los procesos penales que se sigan por delitos contra la Administracin pblica y se halle comparecida la Administracin autonmica no se podr alcanzar acuerdo alguno sobre la responsabilidad civil derivada del delito en cualesquiera de las fases del proceso sin autorizacin previa de las Cortes de Aragn.

Disposicin transitoria primera. Aplicacin de la normativa sobre conflictos de intereses e incompatibilidades.

Las autoridades y cargos del sector pblico de Aragn se regirn por la normativa sobre conflictos de intereses e incompatibilidades establecida en esta ley, pasado un ao desde su entrada en vigor.

No obstante, transcurridos tres meses desde la entrada en vigor de esta ley, se aplicarn sus disposiciones sobre publicidad de las declaraciones de actividades y de bienes y derechos patrimoniales y las establecidas en la normativa sobre transparencia.

Disposicin transitoria segunda. Aplicacin de medidas a denunciantes.

Las medidas favorables a la proteccin del denunciante reguladas en esta ley sern de aplicacin a todos los denunciantes relacionados con denuncias vigentes, aunque su presentacin haya sido anterior.

Disposicin derogatoria nica. Derogacin normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo dispuesto en la presente ley, y expresamente los artculos 21, 31 a 36 de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragn.

Disposicin final primera. Modificacin de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pblica y Participacin Ciudadana de Aragn.

La Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pblica y Participacin Ciudadana de Aragn, se modifica en los siguientes trminos:

1. Se introduce una nueva letra en el apartado 1 del artculo 8 con la siguiente redaccin:

f) Los lobistas y lobbies inscritos en el Registro de lobistas y lobbies.

2. La letra a) del apartado 5 del artculo 13 queda redactada como sigue:

a) Las agendas de actividad institucional de los miembros del Gobierno y de los altos cargos y mximos responsables de todas las entidades comprendidas en el artculo 4, que se mantendrn pblicas, como mnimo, durante todo su mandato. En el caso en que no pueda hacerse pblica la agenda con carcter previo, la publicidad se har a posteriori, salvo que existan causas justificadas. En todo caso, debern incluirse en las agendas de actividad institucional de los miembros del Gobierno y de los altos cargos, con carcter previo, las reuniones que los mismos mantengan con lobistas y lobbies.

Disposicin final segunda. Modificacin de la Ley 3/2011, de 24 de febrero, de Medidas en Materia de Contratos del Sector Pblico de Aragn.

La Ley 3/2011, de 24 de febrero, de Medidas en Materia de Contratos del Sector Pblico de Aragn, se modifica en los siguientes trminos:

1. Se modifica el apartado 1 del artculo 3, que pasa a tener la siguiente redaccin:

Los rganos de contratacin y el personal que intervenga en los procedimientos de adjudicacin de los contratos pblicos otorgarn a los licitadores y candidatos un tratamiento igualitario y no discriminatorio, actuarn con transparencia, integridad y profesionalidad, velarn en su actuacin por la eficiencia de los fondos pblicos y respetarn la jurisprudencia comunitaria y la emanada del resto de tribunales, as como las resoluciones del Tribunal Administrativo de Contratos Pblicos de Aragn.

2. Se modifica la titulacin del artculo 4, que pasa a denominarse de la siguiente manera:

Artculo 4. Fomento de la concurrencia y la transparencia.

3. Se aaden dos nuevos apartados 3 y 4, en el artculo 4, con la siguiente redaccin:

3. La utilizacin del procedimiento negociado sin publicidad deber ampararse en los supuestos especficos recogidos en la normativa bsica, sin que sea posible que los rganos de contratacin incluidos en el mbito de aplicacin de esta ley puedan recurrir a la aplicacin de este procedimiento basndose nicamente en el importe del contrato.

4. En los supuestos en que resulte aplicable el procedimiento negociado sin publicidad, podr publicarse en el perfil del contratante, simultneamente al envo de las solicitudes de ofertas a las que se refiere el artculo 178.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Pblico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, un anuncio, al objeto de facilitar la participacin de otros posibles licitadores.

Las ofertas que presenten los licitadores que no hayan sido invitados no podrn rechazarse exclusivamente por dicha circunstancia.

4. Se modifica el ttulo del artculo 8, que queda redactado de la siguiente manera:

Artculo 8. Composicin y funcionamiento de las Mesas de contratacin y los Comits de expertos.

Se introduce un inciso final, como ltimo prrafo, en el apartado segundo del artculo 8, con la siguiente redaccin:

Los cargos electos, los titulares de los rganos de contratacin y el personal eventual no podrn formar parte de las Mesas de contratacin ni de los Comits de expertos que hayan de valorar criterios de adjudicacin cuya valoracin dependa de un juicio de valor.

5. Se aade un artculo 12 quater, con la siguiente redaccin:

Artculo 12 quater. Anuncios de adjudicacin.

1. La adjudicacin de los contratos se notificar a los candidatos o licitadores y, simultneamente, se publicarn en el perfil de contratante los contratos que superen las cuantas previstas para los contratos menores.

2. En el anuncio de adjudicacin deber figurar, al menos, la siguiente informacin:

a) Identificacin y datos de contacto de la entidad contratante y del rgano de contratacin.

b) Descripcin del objeto del contrato e identificacin de sus cdigos CPV.

c) Valor estimado del contrato, presupuesto de licitacin e importe de adjudicacin.

d) Procedimiento de adjudicacin utilizado, con expresin de la causa que lo habilita en el caso de los procedimientos negociados, y tipo de tramitacin del expediente.

e) En su caso, fechas de publicacin de los anuncios de licitacin, e instrumentos a travs de los que se han publicitado.

f) Identidad de los licitadores que han participado en el procedimiento, ya se trate de licitadores que han presentado una oferta, de licitadores invitados a participar (en el caso de procedimientos restringidos y con negociacin) o de licitadores excluidos, con expresin del motivo de su exclusin. En el caso de Uniones Temporales de Empresas, adems de su denominacin se indicar la de los integrantes de las mismas y su porcentaje de participacin.

g) Nmero de ofertas presentadas por operadores econmicos que sean pequeas y medianas empresas, operadores econmicos de otro Estado miembro o de un tercer pas o las ofertas presentadas por va electrnica.

h) Motivos por los que se hayan rechazado ofertas consideradas anormalmente bajas.

i) Identidad del adjudicatario y motivos por los que se ha elegido su oferta.

j) Declaracin del adjudicatario de no estar incurso en causa de prohibicin de contratar, as como, en su caso, informe favorable de la Junta Consultiva de Contratacin Administrativa de la Comunidad Autnoma de las medidas planteadas para eximir de la prohibicin de contratar.

k) Cuando se conozca, especificacin de la parte del contrato que el adjudicatario tenga previsto subcontratar con terceros y, en caso de que existan, y si se conocen en ese momento, los nombres de los subcontratistas del contratista principal.

l) Plazo de ejecucin y posibles prrrogas.

m) En su caso, la declaracin de desierto o los motivos por los que se desista del procedimiento o se renuncie a adjudicar un contrato.

n) En su caso, los conflictos de intereses detectados y las medidas tomadas al respecto.

) Resolucin por la que se acuerda el mantenimiento de los efectos del contrato en el supuesto de declaracin de nulidad.

3. El Departamento competente para la gestin del perfil de contratante de la Comunidad Autnoma de Aragn elaborar el modelo de anuncio que habr de utilizarse para publicar la informacin sealada en el apartado anterior, que deber permitir un tratamiento automatizado de la informacin interoperable que pueda alimentar de forma directa los perfiles de contratante, el portal de transparencia del Gobierno de Aragn y, previos los acuerdos tcnicos necesarios, las pginas de transparencia del resto de los entes pblicos.

6. Se aade un artculo 12 quinquies, con la siguiente redaccin:

Artculo 12 quinquies. Anuncio de la ejecucin del contrato.

En los contratos a los que hace referencia el artculo anterior, y concluida su ejecucin, se aadir a los datos del perfil del contratante, al menos, la siguiente informacin:

a) El coste total y los plazos finales de ejecucin.

b) Los modificados aprobados: su naturaleza, motivacin, fecha e importe definitivo.

c) Las prrrogas: su plazo, fecha de inicio, motivacin y la justificacin de su aplicacin.

d) Las empresas subcontratadas: la fecha de pago a estas por el adjudicatario principal y el cumplimiento de sus condiciones laborales y sociales.

e) El informe sobre cumplimiento de las condiciones de ejecucin del contrato.

f) Las medidas o los procedimientos iniciados en el supuesto de incumplimientos o ejecucin defectuosa del contrato.

7. La letra a) del apartado 2 del artculo 17 queda redactada como sigue:

a) Conocer y resolver los recursos especiales en materia de contratacin a que se refiere el artculo 40 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Pblico, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, as como para los contratos de obras de valor estimado superior a 200.000 euros y de suministros y servicios superior a 60.000 euros.

8. Se aade un nuevo apartado 3 en el artculo 17, con la siguiente redaccin:

3. De resultas del ejercicio de sus competencias, el Tribunal Administrativo de Contratos Pblicos de Aragn pondr en conocimiento de las instituciones competentes en materia de competencia, auditora y fiscalizacin o tributaria los hechos que pudieran ser constitutivos de infracciones propias de los mbitos de dichas instituciones.

9. El apartado 1 del artculo 18 queda redactado como sigue:

1. El Tribunal Administrativo de Contratos Pblicos de Aragn estar compuesto por un presidente y al menos dos vocales.

10. El artculo 20 queda redactado como sigue:

Uno de los vocales del Tribunal ejercer las funciones de secretario y actuar con voz y voto.

11. Se aade un nuevo apartado 3 en el artculo 21, con la siguiente redaccin:

3. Si el acto recurrido fuera el de adjudicacin, hasta la resolucin del recurso en va administrativa se produjese el vencimiento del contrato al que debiera suceder aquel cuya adjudicacin se recurre, en aquellos casos en los que el inters pblico haga necesaria la continuidad de las prestaciones, se podr prorrogar el contrato originario hasta que comience la ejecucin del nuevo contrato, por un periodo mximo de seis meses y sin modificar las restantes condiciones del contrato.

12. Se aade un captulo VI, con la siguiente redaccin:

Captulo VI. Integridad en la Contratacin Pblica

Artculo 23. Conflictos de intereses.

1. Las entidades contratantes estarn obligadas a comprobar la existencia de eventuales conflictos de intereses y a tomar las medidas adecuadas para prevenir, detectar y poner remedio a los conflictos de intereses.

2. El concepto de conflicto de intereses comprender al menos cualquier situacin en la que los miembros del personal del poder adjudicador, o de un proveedor de servicios de contratacin que acte en nombre del poder adjudicador, que participen en el desarrollo del procedimiento de contratacin o puedan influir en el resultado de dicho procedimiento tengan, directa o indirectamente, un inters financiero, econmico o personal que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia en el contexto del procedimiento de contratacin.

3. En el expediente de contratacin se dejar constancia de la manifestacin que realicen todas las personas que participan en este de que no concurre en ellas ningn conflicto de inters que pueda comprometer su imparcialidad e independencia durante el procedimiento, as como de que se comprometen a poner en conocimiento del rgano de contratacin, de forma inmediata, cualquier potencial conflicto de intereses que pueda producirse durante el desarrollo del procedimiento de adjudicacin o en la fase de ejecucin. Los miembros de las Mesas de contratacin u otros rganos de asistencia harn constar dicha manifestacin en las actas de sus reuniones. Quienes deban realizar algn informe tcnico a solicitud de la Mesa o del propio rgano de contratacin lo manifestarn al recibir tal solicitud.

4. Cuando una de las personas mencionadas en el apartado segundo tuviese un inters que pudiera parecer que compromete su imparcialidad e independencia deber abandonar el procedimiento y ser sustituida por otra persona. Dicha sustitucin ser comunicada a los participantes en la licitacin. La sustitucin de personas deber plantearse no solo si existe un conflicto de intereses real, sino siempre que haya motivos para albergar dudas sobre su imparcialidad.

5. Cuando un licitador presente elementos objetivos que pongan en entredicho la imparcialidad o independencia de alguna de las personas mencionadas en el apartado segundo, la entidad contratante examinar las circunstancias alegadas y decidir sobre la existencia real o potencial de un conflicto de intereses, pudiendo incluso requerir a las partes para que, en caso necesario, presenten informacin y elementos de prueba. Caso de apreciar la existencia de un conflicto de intereses, el rgano de contratacin podr declarar nula la actuacin que hubiese llevado a cabo dicha persona. Cuando el conflicto afectase al titular del rgano de contratacin, la adopcin de las medidas anteriores corresponder a su superior jerrquico o al rgano de gobierno de la institucin.

6. Las entidades contratantes podrn excluir a un operador econmico de la participacin en un procedimiento de contratacin cuando no pueda resolverse por medios menos restrictivos un conflicto de intereses.

Artculo 24. Participacin previa de candidatos o licitadores.

1. Cuando un candidato o licitador, o una empresa vinculada a ellos, haya asesorado al poder adjudicador o haya participado de algn otro modo en la preparacin del procedimiento de contratacin, incluida la participacin en consultas al mercado, la entidad contratante tomar las medidas adecuadas para garantizar que la participacin de ese candidato o licitador no falsee la competencia.

2. En particular, la entidad contratante comunicar a los dems candidatos y licitadores las circunstancias de ese asesoramiento o participacin, y en particular la informacin intercambiada con ese candidato o licitador en el marco de la participacin en la preparacin del procedimiento de contratacin, o como resultado de ella.

3. Adems, los plazos para la presentacin de ofertas se aumentarn al menos un veinticinco por ciento respecto de los plazos mnimos ordinarios aplicables al procedimiento de que se trate.

4. El candidato o el licitador en cuestin solo ser excluido por el rgano de contratacin del procedimiento cuando no haya otro medio de garantizar el cumplimiento del principio de igualdad de trato. No obstante, antes de proceder a dicha exclusin, se dar audiencia a los candidatos o licitadores para que puedan, en su caso, demostrar que su participacin en la preparacin del procedimiento de contratacin no supone falsear la competencia. Contra la admisin del licitador que ha participado en la preparacin del contrato podrn interponer recurso especial el resto de candidatos o licitadores.

Artculo 25. Protocolos de legalidad para los licitadores.

Los rganos de contratacin podrn obligar a los licitadores a incluir junto con sus ofertas, bajo pena de exclusin de la licitacin, todos o alguno de los siguientes compromisos:

a) Compromiso de suscripcin de un protocolo de legalidad con el objetivo de prevenir y luchar contra la corrupcin, las actividades delictivas y las distorsiones de la competencia. Los rganos de contratacin determinarn el contenido de las clusulas incluidas en los protocolos de legalidad, respetando los principios de igualdad de trato, transparencia y proporcionalidad.

b) Compromiso de sujecin a la monitorizacin del procedimiento de contratacin en todas sus fases por la Agencia de Integridad y tica Pblicas.

Artculo 26. Informe de supervisin.

Cada dos aos, la Junta Consultiva de Contratacin Administrativa de la Comunidad Autnoma elaborar un informe de supervisin de la contratacin pblica que presentar al Gobierno. Dicho informe dar cuenta de las fuentes ms frecuentes de aplicacin incorrecta de la normativa de contratacin pblica o de inseguridad jurdica, as como sobre la prevencin, deteccin y notificacin adecuada de los casos de fraude, corrupcin, conflicto de intereses y otras irregularidades graves en la contratacin.

Artculo 27. Responsable del contrato.

1. Los rganos de contratacin designarn un responsable del contrato al que corresponder supervisar su ejecucin y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin de asegurar la correcta realizacin de la prestacin pactada, dentro del mbito de las facultadas que aquellos le atribuyan. El responsable del contrato podr ser una persona fsica o jurdica, vinculada al ente, organismo o entidad contratante o ajena a l.

2. En los contratos de obras, las facultades del responsable del contrato se entendern sin perjuicio de las que corresponden al director facultativo conforme a lo dispuesto en el captulo I del ttulo II del libro IV.

3. En los contratos menores y en los contratos por procedimiento negociado, la designacin del responsable del contrato por parte del rgano de contratacin tendr carcter voluntario.

13. Se aade un captulo VII, con la siguiente redaccin:

Captulo VII. Causas de exclusin

Artculo 28. Procedimientos de declaracin de prohibicin de contratar.

1. Las autoridades y rganos competentes que acuerden una prohibicin de contratar que afecte especficamente al mbito del sector pblico autonmico comunicarn las sentencias, sanciones y resoluciones firmes recadas en los procedimientos correspondientes a la Junta Consultiva de Contratacin Administrativa de la Comunidad Autnoma de Aragn, sin perjuicio de que la Junta, de tener conocimiento de su existencia y no habiendo recibido el citado testimonio de la sentencia o copia de la resolucin administrativa, pueda solicitarlos al rgano del que emanaron.

2. Cuando concurra alguno de los supuestos de prohibicin de contratar previstos en la legislacin bsica de contratos del sector pblico, el rgano competente deber incoar el oportuno procedimiento para su declaracin.

3. El plazo para resolver y notificar los procedimientos de declaracin de prohibicin de contratar ser de ocho meses contados desde la fecha en la que el rgano de contratacin acuerde la incoacin del procedimiento.

4. Los acuerdos adoptados sobre prohibicin de contratar se notificarn a los interesados. Todas las prohibiciones de contratar que se impongan por los rganos de contratacin se inscribirn en una seccin especial del Registro de Licitadores de la Comunidad Autnoma de Aragn, especificando la fecha de imposicin y su duracin, y se publicarn en el Boletn Oficial de Aragn.

5. La inscripcin de la prohibicin de contratar en el Registro de Licitadores de la Comunidad Autnoma de Aragn caducar pasados tres meses desde que termine su duracin, debiendo procederse de oficio a su cancelacin en dicho registro tras el citado plazo.

Artculo 29. Medidas de cumplimiento voluntario.

1. Todo operador econmico que se encuentre en situacin de prohibicin de contratar podr presentar pruebas de que las medidas adoptadas por l son suficientes para demostrar su fiabilidad pese a la existencia de un motivo de exclusin pertinente. Si dichas pruebas se consideran suficientes, el operador econmico de que se trate no quedar excluido del procedimiento de contratacin.

2. A tal efecto, el operador econmico deber demostrar que ha pagado o se ha comprometido a pagar la indemnizacin correspondiente por cualquier dao causado por la infraccin penal o la falta, que ha aclarado los hechos y circunstancias de manera exhaustiva colaborando activamente con las autoridades investigadoras y que ha adoptado medidas tcnicas, organizativas y de personal concretas, apropiadas para evitar nuevas infracciones penales o faltas.

3. En el caso de que un operador econmico afectado por una prohibicin de contratar presente a un rgano de contratacin un programa de medidas adoptadas voluntariamente y solicite su participacin en un procedimiento de adjudicacin o enve una oferta, el rgano de contratacin remitir a la Junta Consultiva de Contratacin Administrativa de la Comunidad Autnoma de Aragn dicha documentacin acompaada de un informe sobre la procedencia o no de admitirlas y, en consecuencia, de admitirlo a la licitacin.

4. La Junta Consultiva de Contratacin Administrativa de la Comunidad Autnoma de Aragn emitir informe y lo notificar en el plazo de quince das desde que este fuera solicitado. La Junta Consultiva evaluar las medidas adoptadas por los operadores econmicos teniendo en cuenta la gravedad y las circunstancias particulares de la prohibicin de contratar impuesta.

5. En el caso de que el informe de la Junta Consultiva de Contratacin Administrativa sea favorable, el rgano de contratacin decidir sobre la admisin del operador econmico. Cuando las medidas de cumplimiento voluntario se consideren insuficientes, el operador econmico recibir decisin motivada sobre ello.

6. Los operadores econmicos que hayan sido excluidos por sentencia firme de la participacin en procedimientos de contratacin no tendrn derecho a acogerse a la posibilidad prevista en el presente artculo durante el perodo de exclusin resultante de dicha sentencia.

14. Se aade un captulo VIII, con la siguiente redaccin:

Captulo VIII. Efectos de la declaracin de nulidad

Artculo 30. Efectos de la declaracin de nulidad.

1. La declaracin de nulidad de los actos preparatorios del contrato o la adjudicacin, cuando sea firme, llevar en todo caso consigo la del mismo contrato, que entrar en fase de liquidacin, debiendo restituirse las partes recprocamente las cosas que hubiesen recibido en virtud del mismo y, si esto no fuese posible, se devolver su valor. La parte que resulte culpable deber indemnizar a la contraria de los daos y perjuicios que haya sufrido.

2. La nulidad de los actos que no sean preparatorios solo afectar a estos y sus consecuencias.

3. Los modificados y la concesin de prrrogas contrarios a la ley no podrn en ningn caso suponer un enriquecimiento injusto para el adjudicatario.

4. Si la declaracin administrativa de nulidad de un contrato produjese un grave trastorno al servicio pblico, podr disponerse en el mismo acuerdo la continuacin de los efectos de aquel y bajo sus mismas clusulas, hasta que se adopten las medidas urgentes para evitar el perjuicio.

15. La disposicin adicional octava queda redactada de la siguiente manera:

Lo dispuesto en los artculos 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 12 bis, 12 ter, 12 quater, 12quinquies, 13 y 21, en el captulo VIII y en los artculos 27 y 28 de esta ley ser de aplicacin a las entidades locales aragonesas y a sus organismos pblicos y dems entidades vinculadas o dependientes que tengan la consideracin de poder adjudicador, hasta la aprobacin de su legislacin especfica sobre contratacin del sector pblico. En las entidades locales municipales podr integrarse en la Mesa personal al servicio de las correspondientes Comarcas o Diputaciones Provinciales.

Disposicin final tercera. Modificacin de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragn.

La Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragn, se modifica en los siguientes trminos:

1. La letra b) del apartado 1, del artculo 2 queda redactada como sigue:

b) Los organismos autnomos y entidades de derecho pblico, con personalidad jurdica propia, dependientes o vinculados a la Administracin de la Comunidad Autnoma de Aragn.

2. Se modifica el apartado 7 y se introduce un apartado 8 en el artculo 5, que quedan redactados como sigue:

7. Los planes estratgicos tendrn carcter programtico y su contenido no crea derechos ni obligaciones, debiendo ser objeto de publicacin.

8. El establecimiento o supresin de lneas de subvencin no contempladas en los planes estratgicos requerir autorizacin previa del Gobierno a propuesta del Departamento competente. A la mayor brevedad, el Departamento que introduzca esta modificacin la publicar en el portal de transparencia y remitir a los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragn toda la informacin referida a la modificacin, as como su motivacin.

3. Se introduce un nuevo apartado cuarto en el artculo 14, numerndose sus actuales apartados 4 a 6 como apartados 5 a 7 sin modificaciones y quedando redactado el nuevo apartado 4 como sigue:

4. A los procedimientos simplificados les ser de aplicacin lo dispuesto en el apartado tercero del artculo 21 de esta ley, salvo en los casos en que se aplique el procedimiento simplificado previsto en las letras b) y c) del apartado anterior y no sea preciso acudir a criterios para seleccionar ni para cuantificar la subvencin a conceder.

4. El apartado tercero del artculo 21 queda redactado como sigue:

3. Se constituir la comisin de valoracin de carcter tcnico, como rgano colegiado al que corresponde evaluar las solicitudes presentadas de acuerdo con los criterios de valoracin establecidos en las bases reguladoras y detalladas en la convocatoria.

La comisin de valoracin, formada por al menos tres miembros, realizar el examen de las solicitudes y elaborar un informe en el que figurarn la aplicacin de los criterios de valoracin y el orden preferente resultante.

No podrn formar parte de la comisin de valoracin los cargos electos y el personal eventual, sin perjuicio de la composicin que se derive de la normativa comunitaria aplicable.

El informe ser la base de la propuesta de resolucin del rgano instructor.

5. El apartado primero del artculo 22 queda redactado como sigue:

1. El rgano instructor, a la vista del contenido del expediente y del informe de la comisin de valoracin, formular la propuesta de resolucin provisional.

Si la propuesta de resolucin se separa del informe tcnico de valoracin, en todo o en parte, el instructor deber motivar su decisin, debiendo quedar constancia en el expediente.

Dicha propuesta se formular en un acto nico, salvo que, conforme a la previsin contemplada para los supuestos del artculo 14.3. a) y b), se resuelva de forma individualizada, en cuyo caso se podrn formular propuestas de resolucin en actos individuales.

La propuesta de resolucin deber expresar la relacin de solicitantes para los que se propone la concesin de la subvencin y su cuanta, especificando la puntuacin obtenida y los criterios de valoracin seguidos para efectuarla, as como la propuesta de desestimacin fundamentada del resto de solicitudes.

6. Se introduce un nuevo apartado quinto en el artculo 23 redactado como sigue:

5. Si el rgano concedente se aparta en todo o en parte de la propuesta del instructor deber motivarlo suficientemente, debiendo dejar constancia en el expediente.

7. Se introducen dos nuevos apartados segundo y quinto en el artculo 26, numerndose sus actuales apartados 2 y 3 como apartados 3 y 4 sin modificaciones y quedando redactados los nuevos apartados como sigue:

2. En la ley de Presupuestos de la Comunidad Autnoma de Aragn figuraran en un listado nico y separado las subvenciones nominativas, debiendo constar el importe y el objeto al que van destinadas.

5. Un mismo beneficiario no podr percibir una subvencin directa de carcter nominativo y una subvencin en concurrencia competitiva para un mismo objeto o actividades accesorias del mismo.

8. Se introduce un nuevo apartado tercero en el artculo 28, numerndose sus actuales apartados 3 a 6 como apartados 4 a 7 sin modificaciones y quedando redactado el nuevo apartado 3 como sigue:

3. Antes de dictar la orden de concesin o de aprobar la redaccin definitiva del convenio, la propuesta de concesin deber ser objeto de informe por parte de una comisin tcnica compuesta por tres funcionarios del rea funcional que corresponda, que se pronunciar sobre el expediente. Si la propuesta de concesin o el rgano que deba resolver se apartan del informe emitido por la comisin tcnica, debern motivarlo en el expediente.

9. El apartado quinto del artculo 32 queda redactado como sigue:

5. En las subvenciones concedidas a otras Administraciones pblicas o a entidades vinculadas o dependientes de aquellas y a la Universidad pblica, se considerar que el gasto ha sido efectivamente pagado cuando se haya procedido a reconocer su obligacin con anterioridad a la finalizacin del perodo de justificacin determinado por la norma reguladora de la subvencin. A estos efectos, la justificacin podr consistir en la certificacin emitida por la Intervencin o el rgano que tenga atribuidas las facultades de control en la que se haga constar la toma de razn en contabilidad y el cumplimiento de la finalidad para la que fue concedida, salvo que se trate de subvenciones de capital, que debern justificarse con facturas o documentos contables de valor probatorio. En ambos supuestos, tambin deber acreditarse de forma documental el pago efectivo dentro del mes siguiente a la finalizacin del plazo de justificacin o, tratndose de gastos del ltimo mes del ejercicio presupuestario, dentro del mes siguiente.

10. El apartado segundo del artculo 40 queda redactado como sigue:

2. No podr realizarse el pago de la subvencin si el beneficiario no se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y tiene pendiente de pago alguna otra deuda con la Hacienda de la Comunidad Autnoma o es deudor por resolucin de procedencia de reintegro.

Las normas reguladoras de las subvenciones podrn establecer un rgimen simplificado de acreditacin de estas circunstancias en los siguientes casos:

a) Las otorgadas a favor de la Administracin de la Comunidad Autnoma, de los organismos pblicos a ella adscritos, de las sociedades pblicas y fundaciones del sector pblico de la Comunidad Autnoma de Aragn, as como de los rganos estatutarios de Aragn.

b) Las otorgadas a favor de las Universidades pblicas.

c) Las otorgadas a favor de las entidades locales y de sus organismos autnomos.

d) Las becas y ayudas destinadas expresamente a financiar estudios en centros de formacin pblicos o privados, cuando las perciban directamente las personas individuales beneficiarias.

e) Las que no superen los 3.000 euros, por beneficiario y ao.

f) Las que se concedan con cargo a los programas presupuestarios en los que as se seale en la correspondiente ley de Presupuestos.

11. El apartado tercero del artculo 49 queda redactado como sigue:

3. En la tramitacin del procedimiento se garantizar, en todo caso, el derecho del interesado a la audiencia. Antes de formular la propuesta de resolucin, el instructor lo pondr en conocimiento de una comisin tcnica compuesta por tres funcionarios del rea funcional que corresponda, que emitir un informe sobre la misma. Si la propuesta de resolucin o el rgano que deba resolver sobre el reintegro se apartan del informe emitido por la comisin tcnica, debern motivarlo en el expediente.

12. Se introduce un nuevo apartado quinto en el artculo 56 redactado como sigue:

5. El informe definitivo producir los efectos previstos en el artculo 58 de esta ley cuando as se indique en el mismo respecto de concretas subvenciones.

13. El artculo 58 queda redactado como sigue:

1. Cuando en un informe definitivo de control financiero se recomiende la iniciacin de procedimiento para el reintegro de subvenciones o ayudas pblicas, el rgano gestor, en caso de conformidad con la recomendacin, deber iniciar en el plazo de un mes, con base en el referido informe, el procedimiento de reintegro mediante notificacin formal al beneficiario o entidad colaboradora, concedindole un plazo de quince das para alegaciones. El rgano gestor, a la vista de las alegaciones, dictar resolucin definitiva del reintegro.

2. En caso de disconformidad con la recomendacin, el rgano gestor deber formular su discrepancia con el informe definitivo al Interventor general u rgano de control equivalente en las entidades locales, que resolver definitivamente el rgano de gobierno de la entidad, en el caso de que se confirmara el criterio del informe definitivo.

3. Una vez recada resolucin de reintegro, y simultneamente a su notificacin, el rgano gestor dar traslado de la misma al rgano de control, debiendo incorporarse la documentacin remitida al efecto al archivo de auditora.

4. Si en los informes de control financiero se ponen de manifiesto irregularidades que no supongan el reintegro, el rgano gestor deber adoptar las medidas que sean necesarias para corregirlas. De las medidas que se adopten se dar traslado al rgano de control.

Disposicin final cuarta. Modificacin del texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragn, aprobado por Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio.

Se introduce una nueva disposicin adicional decimoquinta en el texto refundido de la Ley de Urbanismo de Aragn, aprobado mediante Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio, quedando renumerada la anterior disposicin adicional decimoquinta como disposicin adicional decimocuarta; y la disposicin adicional decimocuarta como disposicin adicional decimosexta.

La nueva disposicin adicional decimoquinta queda redactada como sigue:

Los rganos competentes para la aprobacin definitiva de los planes generales, incluidas sus revisiones y modificaciones aisladas, as como de delimitaciones de suelo urbano y convenios urbansticos, darn conocimiento a la Agencia de Integridad y tica Pblicas del expediente mediante el que se tramite el instrumento de que se trate en cualquier momento, cuando a criterio de los referidos rganos, incorpore contenidos que supongan relevantes variaciones en el valor de los suelos afectados y, en todo caso, en los siguientes supuestos:

a) Que supongan incrementos de suelo urbano o urbanizable en proporcin superior al diez por ciento de la superficie del suelo urbano previo a la tramitacin, y esta supere la extensin de treinta hectreas.

b) Que el incremento de suelo urbano o urbanizable represente ms del cien por cien del suelo urbano previo a la tramitacin.

c) Que el incremento de suelo urbano o urbanizable tenga una extensin superior a cien hectreas.

d) Que la actuacin en trmite afecte a suelo no urbanizable, en cualesquiera de sus categoras, en una extensin superior a cien hectreas, aun sin alterar tal clasificacin, siempre que se posibiliten usos lucrativos distintos a los autorizables antes de la actuacin en trmite.

Disposicin final quinta. Modificacin de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragn.

1. Se modifica el captulo IV del ttulo IV, relativo al Gobierno en funciones, que queda redactado de la siguiente manera:

Captulo IV. Rgimen del Gobierno en funciones y de los traspasos de poderes

Artculo 21. Gobierno en funciones.

1. Cuando se produzca el cese del Presidente, por cualesquiera de las causas previstas en el Estatuto de Autonoma, el Gobierno continuar en funciones hasta la toma de posesin del nuevo Gobierno.

2. El Presidente en funciones no podr ejercer las siguientes facultades:

a) Disolver las Cortes de Aragn.

b) Plantear ante las Cortes de Aragn la cuestin de confianza.

c) Crear, modificar o suprimir las vicepresidencias y departamentos del Gobierno de Aragn, as como sus competencias y los organismos pblicos adscritos.

d) Nombrar o separar a los Vicepresidentes y a los Consejeros, salvo por causa legal determinante de incompatibilidad sobrevenida.

3. El Gobierno en funciones no podr ejercer las siguientes facultades:

a) Adoptar la iniciativa para la reforma del Estatuto de Autonoma.

b) Aprobar proyectos de ley, incluido el proyecto de ley de presupuestos de la Comunidad Autnoma.

c) Solicitar que las Cortes de Aragn se renan en sesin extraordinaria.

d) Aprobar o autorizar convenios de colaboracin y acuerdos de cooperacin con el Estado y dems Administraciones pblicas, as como convenios con entidades pblicas o privadas que supongan reconocimiento de obligaciones para la Hacienda de la Comunidad Autnoma, salvo que concurran circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad, dando cuenta de ello a las Cortes de Aragn.

e) Convocar consultas populares.

f) Constituir comisiones delegadas del Gobierno.

g) Modificar la estructura orgnica de los departamentos.

h) Autorizar expedientes de contratacin cuyo valor estimado supere los tres millones de euros y acuerdos de concesin de subvenciones de importe superior a900.000 euros.

i) Conceder subvenciones de forma directa.

j) Nombrar y separar a altos cargos de la Administracin de la Comunidad Autnoma, as como personal eventual al servicio de esta, salvo por causa legal determinante de incompatibilidad sobrevenida.

k) Designar o proponer a los titulares de los rganos de la administracin y representantes del Gobierno en las sociedades mercantiles autonmicas y en las participadas por la Comunidad Autnoma, as como del resto de entidades del sector pblico autonmico.

l) Designar a representantes de la Comunidad Autnoma de Aragn en las delegaciones espaolas ante las instituciones y organismos de la Unin Europea que traten asuntos de su competencia o que afecten a los intereses de Aragn.

m) Designar a sus representantes en los organismos econmicos, las instituciones financieras y las empresas pblicas del Estado cuyas competencias se extiendan al territorio aragons, de acuerdo con la legislacin estatal.

n) Autorizar el convenio o acuerdo bilateral econmico-financiero con el Estado al que se refiere el artculo 108 del Estatuto de Autonoma.

) Conceder honores y distinciones.

4. Los restantes rganos de la Administracin autonmica, as como de los organismos pblicos dependientes de la misma que resulten, en su caso, competentes, ejecutarn sus competencias garantizando en todo caso la continuidad en la prestacin de los servicios pblicos, especialmente en los mbitos educativo, social y sanitario.

5. Las delegaciones legislativas acordadas por las Cortes de Aragn quedarn en suspenso durante el tiempo que el Gobierno permanezca en funciones como consecuencia de la celebracin de elecciones autonmicas.

Artculo 21 bis. Traspaso de poderes.

1. Se considerar que existe traspaso de poderes cuando el titular de la Presidencia de la Comunidad Autnoma de Aragn sea persona distinta del que la ocupaba.

2. En la primera reunin inmediatamente posterior al cese del Presidente, el Gobierno en funciones dictar las instrucciones precisas para elaborar la documentacin relativa al traspaso de poderes, en donde se incluir toda la informacin que se considere relevante para facilitar el normal desarrollo del proceso de formacin del nuevo Gobierno, as como el traspaso de poderes.

3. Dicha documentacin incluir, como mnimo, el siguiente contenido:

a) Relacin y estado de tramitacin de los asuntos pendientes de acuerdo del Gobierno.

b) Estado de ejecucin del presupuesto del ejercicio en curso.

c) Situacin y disponibilidades de la Tesorera.

d) Importe de las obligaciones pendientes de pago del ejercicio en curso.

e) Importe de los compromisos que afecten a los dos ejercicios siguientes.

f) Importe y caractersticas de las operaciones de endeudamiento concertadas en la anualidad en curso.

g) Informacin del grado de cumplimiento y resultados de los planes y programas a los que se refiere el artculo 14 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo, de Transparencia de la Actividad Pblica y Participacin Ciudadana de Aragn, incluyendo los indicadores establecidos para el seguimiento y evaluacin del plan de gobierno.

h) Los contratos y concesiones en ejecucin por un importe superior a dos millones de euros.

i) Estado de ejecucin de los contratos de obra y concesin de obra pblica sujetos a regulacin armonizada de valor estimado superior a diez millones de euros.

4. La documentacin de traspaso se remitir a la comisin a la que se refiere el artculo 39 o, en el caso de que no se constituya esta, al Presidente de las Cortes de Aragn, que la har llegar a todos los grupos parlamentarios.

Artculo 21 ter. Informacin del Gobierno en funciones.

Tras la celebracin de las elecciones autonmicas, el candidato a la Presidencia propuesto por el Presidente de las Cortes de Aragn, y a travs de ste, podr solicitar al Gobierno en funciones:

a) El orden del da de las reuniones del Gobierno que se vayan a celebrar, que deber ser puesto en conocimiento, al menos, con cuarenta y ocho horas de antelacin a su celebracin.

b) Las actas de las reuniones celebradas, que debern ser puestas en conocimiento, como mximo, en el plazo de veinticuatro horas desde su celebracin.

Artculo 21 quater. Comisin de traspaso.

1. Tras la celebracin de las elecciones autonmicas, el candidato a la Presidencia propuesto por el Presidente de las Cortes de Aragn, y a travs de este, podr solicitar la constitucin en las Cortes de una comisin de traspaso con la finalidad de examinar la documentacin de traspaso y aclarar cuantos extremos sean necesarios al objeto de facilitar el normal traspaso de poderes.

2. Integrarn la comisin los miembros del Gobierno en funciones y/o los altos cargos de la Administracin designados por el Presidente en funciones junto con las personas designadas al efecto por el candidato a la Presidencia.

2. La disposicin adicional tercera, relativa al Estatuto de los ex Presidentes de la Comunidad Autnoma, pasa a tener la siguiente redaccin:

Tercera. Estatuto de los ex Presidentes de la Comunidad Autnoma.

1. Los Presidentes de la Comunidad Autnoma, tras cesar en el cargo, ocuparn, en los actos oficiales, el lugar protocolario que reglamentariamente se determine.

2. Las medidas que resulten necesarias para garantizar su seguridad personal sern las que determine el consejero competente en materia de seguridad e interior.

Disposicin final sexta. Aprobacin de los Reglamentos de la Agencia de Integridad y tica Pblicas.

En el plazo de cuatro meses desde la creacin de la Agencia de Integridad y tica Pblicas se aprobarn su reglamento de organizacin y funcionamiento y su reglamento de actuacin, de acuerdo con lo establecido en la presente ley.

Disposicin final sptima. Personal directivo en el sector pblico autonmico.

1. El Gobierno de Aragn presentar ante las Cortes de Aragn un proyecto de ley de funcin pblica de Aragn en el plazo mximo de seis meses desde la entrada en vigor de esta ley.

2. Dicho proyecto de ley deber incluir, en desarrollo del artculo 13 del texto refundido de la Ley del Estatuto Bsico del Empleado Pblico, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, el estatuto especial del personal directivo con arreglo a las siguientes reglas:

a) Las relaciones de puestos de trabajo calificarn como puestos de carcter directivo, como mnimo, aquellos que, ubicados bajo la dependencia directa de altos cargos, tengan encomendadas funciones directivas que afecten a diversas unidades administrativas y requieran perodos plurianuales de gestin. Los puestos de carcter directivo podrn incorporar complementos asociados a la evaluacin del desempeo, sin que sus retribuciones totales puedan superar las fijadas para los altos cargos de los que dependan.

b) El nombramiento del personal directivo deber realizarse mediante un procedimiento selectivo que garantice la publicidad y libre concurrencia con arreglo a los principios de mrito y capacidad. La valoracin de los mritos corresponder a un rgano colegiado, que propondr un mnimo de tres candidatos idneos para el puesto al titular del departamento u organismo pblico, que deber seleccionar a uno de ellos.

c) El cese del personal directivo se producir por causas tasadas legalmente, que debern responder a criterios objetivos, vinculados al desempeo y a la valoracin del ejercicio profesional del puesto, incluida la idoneidad para la implementacin de las polticas pblicas diseadas desde el departamento, sin que puedan justificarse nicamente por razn de cambios de gobierno o de los altos cargos de los que dependan.

d) Podrn establecerse perodos de desempeo de los puestos directivos temporalmente limitados, que en ningn caso podrn ser coincidentes con los de las legislaturas.

Disposicin final octava. Delegacin legislativa.

1. Conforme a lo dispuesto en el artculo 43 del Estatuto de Autonoma de Aragn y en el artculo correspondiente de la Ley 2/2009, de 11 de mayo, se autoriza al Gobierno de Aragn para que, en el plazo mximo de un ao desde la entrada en vigor de esta ley, apruebe un texto refundido de las siguientes leyes:

a) Ley 2/2009, de 11 de mayo, del Presidente y del Gobierno de Aragn, y las normas legales que la modifican.

b) Ley 3/2011, de 24 de febrero, de Medidas en Materia de Contratos del Sector Pblico de Aragn, y las normas legales que la modifican.

c) Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragn.

2. La facultad de refundicin comprende su sistematizacin, regularizacin, renumeracin, aclaracin y armonizacin en el marco de los principios contenidos en las respectivas normas reguladoras.

Disposicin final novena. Desarrollo de la ley.

Se faculta al Gobierno de Aragn para dictar cuantas disposiciones de carcter reglamentario sean precisas para el desarrollo y ejecucin de la presente ley.

Disposicin final dcima. Entrada en vigor.

1. La presente ley entrar en vigor a los veinte das de su publicacin en el Boletn Oficial de Aragn.

2. No obstante, el captulo IV de la ley entrar en vigor en el plazo de seis meses desde la aprobacin del reglamento que regule el rgimen jurdico del Registro de lobbies previsto en el artculo 37 de esta.

As lo dispongo a los efectos del artculo 9.1 de la Constitucin y los correspondientes del Estatuto de Autonoma de Aragn.

Zaragoza, 1 de junio de 2017.–El Presidente del Gobierno de Aragn, Javier Lambn Montas.

(Publicada en el Boletn Oficial de Aragn nmero 114, de 16 de junio de 2017, y correccin de errores en el nmero 133, de 13 de julio de 2017)

Análisis

  • Rango: Ley
  • Fecha de disposición: 01/06/2017
  • Fecha de publicación: 08/09/2017
  • Entrada en vigor, con la salvedad indicada, el 6 de julio de 2017.
  • Publicada en el BOA nm. 114, de 16 de junio de 2017.
Referencias posteriores

Criterio de ordenación:

  • CORRECCIN de errores, con modificacin de la disposicin final 4, en BOA nm. 133, de 13 de julio de 2017 (Ref. BOA-d-2017-90409).
Referencias anteriores
  • DEROGA los arts. 21 y 31 a 36 y MODIFICA el Captulo IV del Ttulo IV de la Ley 2/2009, de 11 de mayo (Ref. BOE-A-2009-9390).
  • MODIFICA:
    • los arts. 8.1 y 13.5 de la Ley 8/2015, de 25 de marzo (Ref. BOE-A-2015-5332).
    • los arts. 2.1, 5, 14, 21.3, 22.1, 23, 26, 28, 32.5, 40.2, 49.3, 56 y 58 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo (Ref. BOE-A-2015-5329).
    • los arts. 3.1, 4, 8, 17, 18.1, 20, 21, la disposicin adicional 8 y AADE 12 quater, 12 quinquies y los Captulos VI a VIII a la Ley 3/2011, de 24 de febrero (Ref. BOE-A-2011-6241).
  • AADE una nueva disposicin adicional 14 y renumera la anterior disposicin adicional 14 como 15 en la Ley de Urbanismo de Aragn, texto refundido aprobado por Decreto Legislativo 1/2014, de 8 de julio (Ref. BOA-d-2014-90410).
Materias
  • Administraciones Pblicas
  • Aragn
  • Contratacin administrativa
  • Derecho a la informacin
  • Derechos de los ciudadanos
  • Gobierno
  • Grupos de inters
  • Organizacin de las Comunidades Autnomas
  • Subvenciones
  • Urbanismo

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