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Documento BOE-A-2017-10609

Orden HFP/878/2017, de 15 de septiembre, por la que se publica el Acuerdo de la Comisin Delegada del Gobierno para Asuntos Econmicos de 15 de septiembre de 2017, por el que se adoptan medidas en defensa del inters general y en garanta de los servicios pblicos fundamentales en la Comunidad Autnoma de Catalua.

TEXTO

La Comisin Delegada del Gobierno para Asuntos Econmicos, en su reunin del da15 de septiembre de 2017, ha aprobado, a propuesta del Ministro de Hacienda y Funcin Pblica, un Acuerdo por el que se adoptan medidas en defensa del inters general y en garanta de los servicios pblicos fundamentales en la Comunidad Autnoma de Catalua.

En su virtud, en aplicacin de lo previsto en el artculo 24.1.e) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, se dispone la publicacin de dicho Acuerdo en el Boletn Oficial del Estado, en los trminos que figuran en el anexo de la presente Orden.

Madrid, 15 de septiembre de 2017.–El Ministro de Hacienda y Funcin Pblica, Cristbal Montoro Romero.

ANEXO
Acuerdo de la Comisin Delegada del Gobierno para Asuntos Econmicos de 15 de septiembre de 2017, por el que se adoptan medidas en defensa del inters general y en garanta de los servicios pblicos fundamentales en la Comunidad Autnoma de Catalua

La Comisin Delegada del Gobierno para Asuntos Econmicos acuerda:

Primero.

Adoptar nuevas medidas adicionales para garantizar en la Comunidad Autnoma de Catalua la prestacin de los servicios pblicos en defensa del inters general, en los trminos que a continuacin se recogen, y garantizar el cumplimiento de la Constitucin y las leyes.

Segundo.

Publicar en el Boletn Oficial del Estado el contenido del presente Acuerdo.

EXPOSICIN

La Constitucin espaola de 1978 introduce en nuestro modelo de organizacin de la convivencia colectiva el que la misma pueda desarrollarse en libertad y en un marco democrtico de conformidad con un sistema de distribucin del poder poltico. Partiendo del artculo 2 de la Constitucin espaola que reconoce el derecho a la autonoma a las nacionalidades y regiones que integran Espaa, se configura, como un Estado nico, con un nico Ordenamiento jurdico en el que se integran los ordenamientos de las diferentes Comunidades Autnomas que, precisamente, lo son en tanto que integrados en el Ordenamiento jurdico espaol. El Tribunal Constitucional seala que en ningn caso el principio de autonoma puede oponerse al de unidad, sino que es precisamente dentro de ste donde su alcanza verdadero sentido, de acuerdo con el artculo 2 de la Constitucin (STC 4/1981); el derecho a la autonoma de las nacionalidades y regiones, que lleva como corolario la solidaridad entre todas ellas, se da sobre la base de la unidad nacional (STC 25/1981).

Bajo la premisa del reconocimiento constitucional de nuestro modelo territorial previsto en la Constitucin, su artculo 156 prev que las Comunidades Autnomas gozan de autonoma financiera para el desarrollo y ejecucin de sus competencias con arreglo a los principios de coordinacin con la Hacienda estatal y de solidaridad entre todos los espaoles. El artculo 156 de la Constitucin rene los principios esenciales relativos a la autonoma financiera de las Comunidades Autnomas, y a la vez que la reconoce establece dos elementos que permiten configurarla y enmarcarla: la coordinacin y solidaridad.

La autonoma financiera implica la propia determinacin y ordenacin de los ingresos y gastos necesarios para el ejercicio de sus funciones y por ello, no slo se vincula a las competencias atribuidas a las Comunidades Autnomas constitucional y estatutariamente, sino que se halla limitada por los principios de coordinacin y solidaridad, que establecen los artculos 2 y 3 de la Ley Orgnica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiacin de las Comunidades Autnomas y que ha subrayado el Tribunal Constitucional en diversas sentencias (SSTC 11/1984, 75/1986, 146/1986, 179/1987 y 68/1996).

Por otra parte, el artculo 135 de la Constitucin espaola dispone que todas las Administraciones Pblicas adecuarn sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria que, como ha venido sealando el Tribunal Constitucional reiteradamente desde su sentencia 134/2011, supone un lmite constitucional a la autonoma financiera.

Para garantizar el cumplimiento de dicho principio constitucional, las directrices de cooperacin y coordinacin debe darlas el Estado, ya que para preservar el equilibrio general es necesario poner lmites a las decisiones unilaterales cuyas repercusiones en el conjunto condicionaran las decisiones de otras Administraciones (STC 134/2011, FJ 8). Por tanto, el Estado debe ejercer las competencias de coordinacin general que para ello la Constitucin le atribuye.

La estabilidad presupuestaria existe de modo diferenciado a la ya citada autonoma financiera prevista en el artculo 156 CE, de manera que, como seala el Tribunal Constitucional, se puede afirmar que la autonoma financiera termina donde comienza el principio de estabilidad. El principio de estabilidad opera como lmite de la autonoma financiera, como tambin lo hace el principio de coordinacin.

Los mencionados principios constitucionales recogidos en los artculos, 2, 135 y 156 se completan con el principio de responsabilidad de los poderes pblicos que recoge el artculo 9.3 del texto constitucional.

Los aludidos principios constitucionales han sido objeto de desarrollo bsicamente a travs de la Ley Orgnica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y la Ley Orgnica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiacin de las Comunidades Autnomas.

En este sentido, el artculo 8 de la Ley Orgnica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera recoge el citado principio de responsabilidad, y lo desarrolla, afirmando que el Estado no asumir, ni responder de los compromisos de las Comunidades Autnomas, sin perjuicio de las garantas financieras mutuas para la realizacin conjunta de proyectos especficos. El principio de responsabilidad obliga al Estado a ejercer sus competencias, cuyo ejercicio es irrenunciable. As, el Estado ocupa una posicin de ltimo garante del cumplimiento de las obligaciones de las Administraciones Pblicas, en particular, en la funcin que tienen de prestacin de los servicios pblicos fundamentales a los ciudadanos. El ejercicio del principio de responsabilidad, por lo tanto, debe englobarse en la funcin superior del Estado de actuar en defensa del inters general y garantizar la igualdad de todos los espaoles en el ejercicio de sus derechos y el acceso a dichos servicios mnimos.

Asimismo, el artculo 9 de la Ley Orgnica 2/2012, de 27 de abril, recoge el principio de lealtad institucional que exige a todas las Administraciones Pblicas valorar el impacto que sus actuaciones pudieran provocar en el resto de Administraciones Pblicas, a respetar el ejercicio legtimo de las competencias que cada Administracin Pblica tenga atribuidas y a ponderar, en el ejercicio de sus competencias propias, la totalidad de los intereses pblicos implicados y, en concreto, aquellos cuya gestin est encomendada a otras Administraciones Pblicas.

En desarrollo del artculo 135 de la Constitucin espaola, los artculos 3 y 4 de la Ley Orgnica 2/2012, de 27 de abril, recogen y concretan los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera que deben presidir las actuaciones econmicas de las Administraciones Pblicas al gestionar su presupuesto, y para garantizar su cumplimiento prev un conjunto de medidas de correccin y coercitivas que el Estado debe aplicar como garante ltimo de dichos principios.

Finalmente, la Ley Orgnica 2/2012, de 27 de abril, introdujo en su disposicin adicional primera, la regulacin de los mecanismos adicionales de financiacin para las Comunidades Autnomas y Corporaciones Locales. Segn esta disposicin, las Administraciones territoriales pueden solicitar al Estado acceso a mecanismos adicionales de apoyo a la liquidez, con la obligacin de acordar un plan de ajuste, que garantice el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de la deuda pblica. Dichos mecanismos, esencialmente desarrollados por el Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autnomas y entidades locales y otras de carcter econmico, estn permitiendo garantizar un mnimo nivel comn en la prestacin de los servicios pblicos fundamentales, tal y como exige, adems, el artculo 15 de la Ley Orgnica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiacin de las Comunidades Autnomas.

En las ltimas semanas se ha producido una escalada de acontecimientos que ponen en riesgo el principio de coordinacin de las Haciendas Pblicas, el de estabilidad presupuestaria y el de sostenibilidad financiera, perjudicando gravemente el inters general y poniendo en peligro el funcionamiento del sistema de financiacin autonmico en Catalua.

Estas actuaciones han sido de diferente ndole y en particular, dieron lugar a que el da5 de julio de 2017 se dictara sentencia del Tribunal Constitucional por el que se declar la inconstitucionalidad y nulidad de la disposicin adicional 40 de la Ley del Parlamento de Catalua 4/2017, de 28 de marzo, de Presupuestos de la Generalitat para 2017 y de determinadas partidas presupuestarias de los mismos. Esta situacin, aadida a las diferentes actuaciones de representantes y miembros de instituciones pblicas y sus efectos sobre la financiacin y el acceso a los mercados por parte de la Administracin de Catalua ha dado lugar a que en este tiempo se hayan ido adoptando, de forma progresiva, diferentes medidas, para garantizar la estabilidad presupuestaria, la sostenibilidad financiera y los servicios pblicos esenciales.

A estos efectos se dict la Orden PRA/686/2017, de 21 de julio, que publica el Acuerdo de la Comisin Delegada del Gobierno para Asuntos Econmicos (CDGAE) de 21 de julio de 2017, por el que se adoptan nuevas medidas adicionales para garantizar en la Comunidad Autnoma de Catalua la prestacin de los servicios pblicos en defensa del inters general y el cumplimiento de la Constitucin y las Leyes. En la misma se adoptaron nuevas medidas adicionales a las ya acordadas en noviembre de 2015 para garantizar en la Comunidad Autnoma de Catalua la prestacin de los servicios pblicos en defensa del inters general y el cumplimiento de la Constitucin espaola y las leyes, reclamando de funcionarios y autoridades la remisin de certificados peridicos semanales para acreditar que no se han iniciado o tramitado modificaciones presupuestarias ni expedientes de gastos o pagos, presupuestarios o extrapresupuestarios, en sus respectivos mbitos de competencia, que puedan estar destinados a la realizacin de las actividades vinculadas con la convocatoria del referndum referido en la Sentencia del Tribunal Constitucional de5 de julio de 2017. El Estado debe otorgar mecanismos a los ciudadanos que garanticen que actan con la debida seguridad jurdica.

Desde la publicacin del citado Acuerdo y hasta el pasado 6 de septiembre de 2017, se han recibido semanalmente diversas certificaciones firmadas por los Consejeros del Gobierno de Catalua y la lnterventora General.

No obstante lo anterior, la actuacin de determinadas autoridades, no solo no ha ido encaminada a paliar los efectos de anteriores decisiones, sino que se han agravado las mismas dando lugar a que el Tribunal Constitucional admita a trmite y acuerde la suspensin de leyes y actuaciones que afectan a la ordenacin general de la Comunidad Autnoma de Catalua dentro del Estado espaol, lo cual afecta tambin a la necesaria vinculacin presupuestaria y financiera establecida en el marco constitucional y legal.

En particular, la Interventora General de la Comunidad Autnoma ha remitido una comunicacin al Ministerio de Hacienda y Funcin Pblica (en adelante MINHAFP), con manifiesto incumplimiento del Acuerdo de la CDGAE de 21 de julio de 2017, por la cual se informa de que el Vicepresidente del Gobierno y Consejero del Departamento de Economa y Hacienda deja de asumir la obligacin de remisin de informacin que corresponde a los interventores y les dispensa y exime como superior jerrquico del cumplimiento de las obligaciones de remisin de informacin definidas por la Comisin Delegada del Gobierno para Asuntos Econmicos. Dicho Vicepresidente autonmico, tambin justifica en una carta fechada el 13 de septiembre de 2017 remitida al MIINHAFP, el incumplimiento del Acuerdo de la CDGAE de 21 de julio de 2017 al considerarlo incompatible con la normativa que regula el referndum de 1 de octubre de 2017.

Estas actuaciones suponen, sin duda, un agravamiento sin precedentes en el alcance de la actuacin de las citadas autoridades, que hacen omisin en el cumplimiento de las obligaciones que las Leyes y la Constitucin les atribuyen y de su deber de procurar el funcionamiento regular de las instituciones pblicas. De esta forma, se est perjudicando de forma grave la confianza sobre la situacin financiera de Catalua, y son elementos que podran afectar negativamente a la imagen de estabilidad de la situacin econmica del conjunto de Espaa, e incidir sobre los principales indicadores econmicos que miden dichas circunstancias, como son la prima de riesgo, la calificacin crediticia y el acceso a los mercados financieros. Es ms, estas actuaciones por parte de las autoridades de la Comunidad Autnoma suponen un incumplimiento de las condiciones que rigen el funcionamiento de los mecanismos de financiacin a los que est adherida y el incumplimiento de su plan de ajuste, a lo que se aade el incumplimiento de los principios recogidos en la Ley Orgnica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad y Sostenibilidad Financiera y en la Ley Orgnica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiacin de las Comunidades Autnomas, en particular del principio de estabilidad presupuestaria que concierne a todos los poderes pblicos a la hora de adoptar sus decisiones econmico-presupuestarias.

Tanto es as, que dicho principio, previsto en los Tratados europeos y en el artculo 135 de la Constitucin, es un mandato constitucional que, como tal, vincula a todos los poderes pblicos y que, por tanto, en su sentido principal queda fuera de la disponibilidad de la competencia del Estado y de las CCAA (STC 189/2011). Dicho cumplimiento no puede garantizarse aisladamente, sino que no es viable la instrumentacin por cada CCAA, libremente y sin homogeneidad, de las medidas encaminadas al logro del objetivo de estabilidad presupuestaria, pues los presupuestos autonmicos inciden en la actividad financiera del conjunto del sector pblico, (STC 134/2011, FJ 11).

Ante los citados incumplimientos, resulta imprescindible adoptar nuevas medidas proporcionadas a la accin pretendida por parte de las autoridades y dirigentes de la Comunidad Autnoma de Catalua. Desde el punto de vista del funcionamiento de la Hacienda Pblica, los citados incumplimientos, adems de suponer un ataque frontal al ordenamiento jurdico vigente, por otra parte, rompen la necesaria coordinacin entre las Comunidades Autnomas y la Hacienda del Estado, y amenazan la sostenibilidad financiera y, en definitiva, la estabilidad presupuestaria, al generar dudas sobre la voluntad del Gobierno de la Comunidad de atender los pagos de la deuda pblica, siendo la Hacienda del Estado el principal acreedor, con diferencia, de la Comunidad Autnoma de Catalua. Las decisiones de la Comunidad, as, son una clara amenaza para el correcto funcionamiento de la Hacienda Pblica del conjunto del pas, situacin ante la que el Estado, en virtud del principio de responsabilidad, y como garante ltimo de la prestacin de los servicios pblicos fundamentales y del principio de estabilidad, debe tomar las decisiones oportunas.

As, de forma excepcional y sin que sea posible garantizarlo de otro modo, y mientras se mantenga la actual situacin que amenaza el correcto funcionamiento de la Hacienda Pblica y pone en riesgo el inters general, a travs del presente Acuerdo, se dictan instrucciones a la Comunidad Autnoma para evitar que se financien actividades contrarias al ordenamiento jurdico vigente y asegurar que la financiacin que tiene como origen la Hacienda del Estado, se destina al pago de los sueldos y salarios de los empleados pblicos, la sanidad, la educacin y los servicios sociales, como servicios pblicos fundamentales. De forma proporcionada, y salvando las competencias de la Comunidad Autnoma en la gestin de los recursos propios, en aplicacin de la Ley Orgnica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se exige al Presidente de la Comunidad la adopcin de un Acuerdo de no disponibilidad, se regula un sistema de certificacin previo al pago para garantizar que no se estn financiando actividades contrarias a la ley, junto con un mecanismo para la ordenacin de pagos que garantice que todos los recursos econmicos que el Estado transfiere a la Comunidad Autnoma sean utilizados de acuerdo con lo previsto en la Constitucin, y que el Estado garantice que se respeta el nivel mnimo de prestacin de servicios pblicos fundamentales a los que los ciudadanos tienen derecho, tal y como establece la Ley Orgnica 8/1980, de22 de septiembre, de Financiacin de las Comunidades Autnomas.

A su vez, al encontrarse la Comunidad Autnoma en situacin de incumplimiento de su plan de ajuste, se someten a autorizacin del Estado las operaciones de financiacin a corto plazo de la Comunidad, para preservar la estabilidad financiera, con el fin de mejorar la informacin ya disponible sobre la facturacin de los proveedores de la Comunidad, se solicita a la Intervencin autonmica el listado de los contratos, ya sean pblicos o privados, de auditora o de prestacin de servicios bancarios o financieros suscritos por la Administracin de la Comunidad Autnoma y por cualesquiera de sus entidades adscritas o dependientes. Finalmente se exige la aportacin de una declaracin responsable que acredite que no se estn presentando servicios o entregando bienes para la celebracin de actividades contrarias al ordenamiento jurdico vigente.

A estos efectos, debe tenerse presente la necesaria cooperacin y colaboracin del sector privado para lograr el cumplimiento de los fines, principios y objetivos hasta ahora sealados, que afectan al inters general y a la adecuada prestacin mnima de los servicios pblicos que exige la Constitucin y las leyes. La colaboracin del sector privado en la prestacin de los servicios pblicos es clave, pues suministran bienes y prestan servicios esenciales para que la Administracin cumpla con sus obligaciones y garantice los derechos de los ciudadanos, especialmente en lo que se refiere a la prestacin de los servicios pblicos fundamentales, que, como seala el artculo 15 de la Ley Orgnica8/1980, de 22 de septiembre, de Financiacin de las Comunidades Autnomas, son la educacin, la sanidad y los servicios sociales esenciales.

La fundamentacin que permite la adopcin de las medidas deriva directamente de los principios constitucionales sealados y de su desarrollo normativo en la Ley Orgnica2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y el Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autnomas y entidades locales y otras de carcter econmico.

En particular, la disposicin adicional primera de la Ley Orgnica 2/2012, de 27 de abril, establece que el acceso a estos mecanismos vendr precedido de la aceptacin por la Comunidad Autnoma de las condiciones particulares que determinen la puesta en marcha del mismo, a lo que se aade la mencin a las consecuencias en caso de incumplimiento del plan de ajuste y el resto de condiciones reguladoras del mecanismo.

En desarrollo de lo anterior, el Real Decreto Ley 17/2014, en la regulacin prevista para la adhesin al compartimento Fondo de Liquidez Autonmico (FLA), y en particular en su artculo 22, seala que la adhesin de la Comunidad Autnoma debe ser solicitada por la misma y aceptada por el Ministerio de Hacienda y Funcin Pblica. Una vez aceptada la solicitud, la Comunidad Autnoma adopta un Acuerdo de su Consejo de Gobierno, en el que consta su voluntad de adhesin a este compartimento y el compromiso de cumplir lo dispuesto en el real decreto-ley, los Acuerdos del Consejo de Poltica Fiscal y Financiera, los Acuerdos de la Comisin Delegada del Gobierno para Asuntos Econmicos, el Programa que resulte de aplicacin, as como lo previsto en cualquier disposicin que desarrolle este mecanismo de financiacin. Adems de quedar por tanto vinculada la Comunidad Autnoma a las decisiones que se puedan adoptar por el Gobierno constituido como Comisin Delegada del Gobierno para Asuntos Econmicos al amparo de la norma citada. En definitiva, como consecuencia de estar adherida al Fondo de Financiacin a Comunidades Autnomas, a travs del compartimento Fondo de Liquidez Autonmico, de acuerdo con lo previsto en la disposicin adicional primera de la Ley Orgnica 2/2012, de27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y en el artculo 22 del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autnomas y entidades locales y otras de carcter econmico, la Comunidad Autnoma de Catalua ha asumido el compromiso de cumplir lo dispuesto en cualquier disposicin que desarrolle este mecanismo de financiacin, circunstancia esta que no es nueva para la Comunidad Autnoma que ya se vio afectada en noviembre de2015 y julio de 2017 por determinadas medidas bajo este mismo fundamento y que hoy se mantienen vigentes.

En atencin a la situacin descrita, con el objetivo de seguir garantizando el normal funcionamiento de los servicios pblicos fundamentales, la estabilidad presupuestaria, la sostenibilidad financiera y la coordinacin de la Hacienda Pblica, en defensa del inters general, considerando que las recientes actuaciones de determinadas autoridades y miembros de las instituciones representativas y de gobierno de la Comunidad Autnoma de Catalua atentan contra dichos principios e incumplen sus obligaciones constitucionales y legales, han de adoptarse las medidas necesarias para garantizar su respeto y cumplimiento al amparo de lo previsto en la Constitucin espaola, la Ley Orgnica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y el Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autnomas y entidades locales y otras de carcter econmico.

Por lo expuesto, a propuesta del Ministro de Hacienda y Funcin Pblica, la Comisin Delegada del Gobierno para Asuntos Econmicos en su reunin de 15 de septiembre de2017 acuerda:

Primero. Acuerdo de no disponibilidad.

Requerir al Presidente de la Comunidad Autnoma de Catalua para que, en el plazo de 48 horas, a contar desde la publicacin de este Acuerdo, adopte y comunique al Ministerio de Hacienda y Funcin Pblica (en adelante MINHAFP) un acuerdo de no disponibilidad sobre su presupuesto que afecte a todos los crditos presupuestarios distintos de los sealados en los anexos I y II del Acuerdo de la Comisin Delegada del Gobierno para Asuntos Econmicos de 20 de noviembre de 2015.

En caso de no ser adoptado en el plazo establecido, dicho acuerdo se adoptar por el Ministro de Hacienda y Funcin Pblica que lo comunicar al Presidente de la Comunidad Autnoma y a su Intervencin General.

Excepcionalmente, el MINHAFP, a solicitud del Interventor General de la Comunidad Autnoma, podr autorizar la revocacin parcial de dicho Acuerdo de no disponibilidad, si se justifica la concurrencia de razones de urgente y extraordinaria necesidad.

Segundo. Gestin de pagos.

Desde la publicacin de este acuerdo, los pagos correspondientes a los crditos de los anexos I y II del Acuerdo de la Comisin Delegada del Gobierno para Asuntos Econmicos de 20 de noviembre de 2015, por importe equivalente a los recursos mensuales que recibe la Comunidad Autnoma con cargo a los recursos procedentes de los mecanismos extraordinarios de financiacin as como de su participacin en los regmenes de financiacin por cualquier concepto con cargo a los presupuestos generales del Estado, se ajustarn al siguiente procedimiento de ordenacin de pago:

a) El interventor general de la Comunidad Autnoma de Catalua deber, al menos, mensualmente, comunicar al MINHAFP en los trminos establecidos por dicho Ministerio, una relacin de acreedores con los que la Comunidad Autnoma tiene obligaciones pendientes de pago por importe equivalente al que le corresponde en su participacin en las entregas a cuenta de los regmenes de financiacin, indicando el captulo y programa presupuestario al que corresponde y que necesariamente deber ser uno de los previstos en los anexos I y II del Acuerdo de la Comisin Delegada del Gobierno para Asuntos Econmicos de 20 de noviembre de 2015.

b) Dicha comunicacin y listados se remitirn firmados por el interventor general de la Comunidad Autnoma de Catalua, a travs de los medios y condiciones que establezca el MINHAFP, junto con el certificado de que dicha comunicacin cumple lo previsto en este Acuerdo y no se financia ninguna actividad no amparada por la ley, ni contraria a las decisiones de los tribunales.

c) Finalmente, el Estado, por medio de la Secretara General del Tesoro y Poltica Financiera, ordenar los pagos correspondientes a travs de los sistemas, procedimientos y medios que establezcan el Ministerio de Economa, Industria y Competitividad y elMINHAFP, realizndose el pago al tercero acreedor, por cuenta de la Comunidad Autnoma.

Tercero. Entidades de crdito.

Desde la publicacin de este acuerdo, para que la Comunidad Autnoma de Catalua pueda ordenar la realizacin material de pagos por medio de los servicios contratados con las entidades de crdito, deber acompaar el correspondiente certificado del Interventor, que se ajustar al modelo facilitado por MINHAFP, y que en caso de resultar aplicable permita comprobar el cumplimiento de lo sealado en el apartado anterior.

En el caso en el que no se aplicara un procedimiento de fiscalizacin previa, ser preciso que, junto con la orden de pago, se acompae una declaracin responsable, con la misma finalidad sealada anteriormente, firmada por los titulares de las entidades y rganos competentes de la Comunidad Autnoma, acorde al modelo establecido por elMINHAFP.

Las citadas certificacin y declaracin responsable debern ser comunicadas alMINHAFP.

La no remisin del aludido certificado o declaracin responsable a la entidad de crdito o la falsedad de su contenido, dar lugar a la eventual exigencia de las correspondientes responsabilidades de todo orden que procedan, incluida la penal, en su caso.

El Ministerio de Hacienda y Funcin Pblica dar traslado de la declaracin responsable establecida en este apartado y de la certificacin o declaracin a la que se refiere el apartado 3, a las entidades que presten los servicios de pago a los efectos de que tengan garantas de que el servicio no se dirige a la financiacin de ninguna actuacin ilegal, ni contraria a las decisiones de los tribunales.

Cuarto. Operaciones de endeudamiento.

Desde la publicacin del presente acuerdo, todas las operaciones de endeudamiento de la Comunidad Autnoma de Catalua precisarn autorizacin del Consejo de Ministros. Esta autorizacin se exigir para todas las operaciones formalizadas por cualquiera de las entidades integrantes del sector pblico de la Comunidad Autnoma en los trminos establecidos por el artculo 2.1 de la Ley Orgnica 2/2012, de 27 de abril, y afectar tanto las que se formalicen a corto como largo plazo.

Quinto. Declaracin responsable.

Desde la publicacin de este acuerdo, los rganos de contratacin y los interventores que fiscalicen las actuaciones administrativas dirigidas a la entrega de bienes o prestacin de servicios a la Comunidad Autnoma de Catalua o cualesquiera de sus entidades vinculadas o dependientes, deber remitir al adjudicatario y al MINHAFP, a travs del sistema que dicho Ministerio indique, una declaracin responsable, en los trminos que establezca el MINHAFP, en la que conste que dichos bienes o servicios no tienen relacin con la financiacin de ninguna actividad ilegal, ni contraria a las decisiones de los tribunales.

Sexto. Servicios de auditora o de prestacin de servicios bancarios o financieros.

Desde la publicacin de este acuerdo, el Interventor General de la Comunidad Autnoma de Catalua deber remitir firmado, en el plazo de 48 horas a contar desde la publicacin del presente Acuerdo, el listado de los contratos, ya sean pblicos o privados, de auditora o de prestacin de servicios bancarios o financieros suscritos por la Administracin de la Comunidad Autnoma y por cualesquiera de sus entidades adscritas o dependientes.

Recibido dicho listado, el MINHAFP comunicar a las personas fsicas y jurdicas indicadas, el contenido del presente Acuerdo. Asimismo, los supervisores del sector financiero publicarn esta medida en sus respectivas pginas web.

En caso de identificar alguna orden de pago, transferencia o movimiento que tuviera relacin con actividades ilegales, o contrarias a las decisiones de los tribunales, toda persona fsica o jurdica prestadora de servicios de auditora o de servicios bancarios o financieros deber ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal o, en su caso, delSEPBLAC para que pueda ejercer sus competencias legales, so pena de las responsabilidades en que pudiera incurrir.

Sptimo. Declaracin responsable acompaante de la factura.

Desde la publicacin de este acuerdo, cualquier persona fsica o jurdica que entregue bienes o preste servicios a la Administracin de la Comunidad Autnoma de Catalua o cualesquiera de sus entidades vinculadas o dependientes, podr adjuntar a la correspondiente factura que emita, una declaracin responsable, en los trminos que establezca el MINHAFP, en la que quede constancia de que dichos bienes o servicios no tienen relacin con la financiacin de actividades ilegales, ni contrarias a las decisiones de los tribunales.

En todo caso, si quien entrega los bienes o presta los servicios tiene dudas sobre si ello puede tener relacin con la financiacin de actividades ilegales, o contrarias a las decisiones de los tribunales, podr comunicarlo, junto a la documentacin correspondiente que lo acredite, al MINHAFP sin perjuicio de su eventual comunicacin al Ministerio Fiscal. En el caso de haberse prestado el servicio o el suministro, a la fecha de publicacin del presente Acuerdo, que pudiera generar esa duda, se comunicar igualmente al MINHAFP y en su caso, al Ministerio Fiscal.

Octavo. Vigencia.

Se mantendr la aplicacin de lo previsto en este Acuerdo hasta que desaparezca la situacin de riesgo para el inters general en la Comunidad Autnoma de Catalua o sea necesario para garantizar la prestacin de los servicios pblicos en la Comunidad Autnoma, en los trminos descritos en este Acuerdo. Esta circunstancia deber ser apreciada por la Comisin Delegada del Gobierno para Asuntos Econmicos.

La Comisin Delegada del Gobierno para Asuntos Econmicos, a propuesta del Ministro de Hacienda y Funcin Pblica, en su reunin de 15 de septiembre de 2017.

Análisis

  • Rango: Orden
  • Fecha de disposición: 15/09/2017
  • Fecha de publicación: 16/09/2017
  • Fecha de derogación: 27/12/2017
Referencias posteriores

Criterio de ordenación:

  • SE DEROGA el Acuedo, por Orden HFP/1281/2017, de 22 de diciembre (Ref. BOE-A-2017-15520).
  • SE DICTA DE CONFORMIDAD y establece un sistema especial de pagos a acreedores en la Comunidad Autnoma de Catalua: Orden HFP/996/2017, de 17 de octubre (Ref. BOE-A-2017-11922).
  • SE DICTA EN RELACION y se declara la no disponibilidad de crditos en el Presupuesto de la Comunidad Autnoma de Catalua para el 2017: Orden HFP/886/2017, de 20 de septiembre (Ref. BOE-A-2017-10741).
Referencias anteriores
  • DE CONFORMIDAD con el art. 24.1 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre (Ref. BOE-A-1997-25336).
Materias
  • Administraciones Pblicas
  • Catalua
  • Comunidades Autnomas
  • Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas
  • Presupuestos de las Comunidades Autnomas
  • Secretara General del Tesoro y Poltica Financiera

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