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Documento BOE-A-2017-8620

Orden PRA/686/2017, de 21 de julio, por la que se publica el Acuerdo de la Comisin Delegada del Gobierno para Asuntos Econmicos de 21 de julio de 2017, por el que se adoptan nuevas medidas adicionales para garantizar en la Comunidad Autnoma de Catalua la prestacin de los servicios pblicos en defensa del inters general y el cumplimiento de la Constitucin y las Leyes.

TEXTO

La Comisin Delegada del Gobierno para Asuntos Econmicos, en su reunin del da 21 de julio de 2017, ha aprobado, a propuesta de los Ministros de Hacienda y Funcin Pblica y de Economa, Industria y Competitividad, un Acuerdo por el que se adoptan nuevas medidas adicionales para garantizar en la Comunidad Autnoma de Catalua la prestacin de los servicios pblicos en defensa del inters general y el cumplimiento de la Constitucin y las Leyes.

En su virtud, en aplicacin de lo previsto en el artculo 24.1.e) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, se dispone la publicacin de dicho Acuerdo en el Boletn Oficial del Estado, en los trminos que figuran en el anexo de la presente Orden.

Madrid, 21 de julio de 2017.–La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Senz de Santamara Antn.

ANEXO
Acuerdo por el que se adoptan nuevas medidas adicionales para garantizar en la Comunidad Autnoma de Catalua la prestacin de los servicios pblicos en defensa del inters general y el cumplimiento de la Constitucin y las Leyes

La Comisin Delegada del Gobierno para Asuntos Econmicos acuerda:

1. Adoptar nuevas medidas adicionales para garantizar en la Comunidad Autnoma de Catalua la prestacin de los servicios pblicos en defensa del inters general, en los trminos que a continuacin se recogen, y garantizar el cumplimiento de la Constitucin y las Leyes.

2. Publicar en el Boletn Oficial del Estado el contenido del presente Acuerdo.

Exposicin

La Constitucin garantiza expresamente el principio de responsabilidad de los Poderes Pblicos, en el artculo 9.3.

La Ley Orgnica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, recoge en su artculo 8 el citado principio de responsabilidad, y lo desarrolla, afirmando que el Estado no asumir, ni responder de los compromisos de las Comunidades Autnomas, sin perjuicio de las garantas financieras mutuas para la realizacin conjunta de proyectos especficos.

El principio de responsabilidad no exonera al Estado de ejercer sus competencias. As, el Estado ocupa una posicin de ltimo garante del cumplimiento de las obligaciones de las Administraciones Pblicas, en particular, en la funcin que tienen de prestacin de los servicios a los ciudadanos. El ejercicio del principio de responsabilidad, por lo tanto, debe englobarse en la funcin superior del Estado de actuar en defensa del inters general, y garantizar la igualdad de todos los espaoles en el ejercicio de sus derechos.

En desarrollo de la funcin del Estado en garanta del inters general, la Ley Orgnica 2/2012, de 27 de abril introdujo en su disposicin adicional primera los mecanismos adicionales de financiacin para las Comunidades Autnomas y Corporaciones Locales. Segn esta disposicin, las Administraciones territoriales pueden solicitar al Estado acceso a mecanismos adicionales de apoyo a la liquidez, con la obligacin de acordar un plan de ajuste, que garantice el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de la deuda pblica.

Los mecanismos adicionales de financiacin, el primero de ellos fue el Fondo de Pago a Proveedores, quedaron regulados en sucesivos Reales Decretos-ley. Tras diferentes modificaciones, los mecanismos extraordinarios han quedado organizados en dos fondos, el Fondo de Financiacin a Comunidades Autnomas y Fondo de Financiacin a Entidades Locales, regulados en el Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las Comunidades Autnomas y entidades locales y otras de carcter econmico. El sistema inicial de pago directo por parte del Estado de vencimientos al acreedor y de facturas al proveedor de las Administraciones territoriales se ha mantenido e incluso perfeccionado a travs de instrumentos adicionales de liquidez, dando preferencia a la atencin al pago de las deudas con proveedores de servicios pblicos fundamentales. Conviene destacar que los mecanismos extraordinarios han atendido necesidades de liquidez incluso derivadas de deudas entre administraciones territoriales, a travs de la creacin de un nuevo Fondo Social, que proporciona financiacin para convenios de servicios pblicos fundamentales firmados por entidades locales con Comunidades Autnomas, y que estaban pendientes de pago.

Estos mecanismos extraordinarios de liquidez surgieron en un momento de restriccin en el acceso de las Administraciones territoriales a la financiacin de mercado. Proporcionando financiacin a los proveedores y prestamistas de las Administraciones se han consolidado como decisivos para garantizar la igualdad de todos los espaoles en el ejercicio de sus derechos, y en particular en el acceso a los servicios pblicos. Pero a su vez, los mecanismos han contribuido de forma decisiva a la consolidacin fiscal de las Administraciones Pblicas. De nada hubiera servido la simple provisin de liquidez, si las Administraciones territoriales no hubiesen avanzado en la consolidacin fiscal. Los mecanismos han supuesto un xito de poltica econmica, en el sentido de que han atendido el fallo de mercado, la falta de acceso a la financiacin, a la vez que han puesto en marcha un sistema de disciplina presupuestaria, que se ha exigido como condicin para el acceso a la financiacin a las Comunidades Autnomas y a las Entidades Locales. La provisin de liquidez ha facilitado e incentivado la consolidacin fiscal a travs de los planes de ajuste. A su vez, slo exigiendo responsabilidad presupuestaria a las Administraciones territoriales, evitando que la situacin presupuestaria de una de ellas pueda repercutir de forma negativa en el resto, puede el Estado garantizar la defensa del inters general.

La magnitud de la inyeccin total de liquidez proporcionada por los mecanismos extraordinarios y la subvencin de tipos de inters han permitido contribuir de forma decisiva a acelerar la refinanciacin de los sectores pblico y privado, para garantizar la prestacin de los servicios pblicos fundamentales en los peores aos de la crisis econmica, y ha activado la palanca del canal de crdito, para impulsar de forma decisiva la recuperacin econmica y la creacin de empleo. Resultado de la disciplina presupuestaria y de las reformas aplicadas. La economa espaola avanza a un ritmo del 3 % anual, en contraste con el resto de economas avanzadas, cuya estimacin de crecimiento est en el 1,9 % para la zona euro.

Ante el acaecimiento de diferentes acontecimientos que pusieron en riesgo la estabilidad econmica y financiera de la Comunidad Autnoma de Catalua y la adecuada prestacin de determinados servicios pblicos fundamentales, la Comisin Delegada del Gobierno para Asuntos econmicos, adopt un acuerdo, el 20 de noviembre de 2015, con un conjunto de medidas que permitieran garantizar a los ciudadanos y empresas de la Comunidad Autnoma de Catalua recibir adecuadamente la prestacin de dichos servicios pblicos, a los que tiene derecho, y defender el inters general, en cumplimiento de las obligaciones constitucionales.

No obstante lo anterior, en las ltimas semanas, se ha producido una sucesin de nuevos acontecimientos que ponen de manifiesto la necesidad de fortalecer el control de la informacin econmico-financiera de la Comunidad Autnoma de Catalua. El Acuerdo del Tribunal Constitucional de fecha 4 de abril de 2017, por el que se admite a trmite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Presidente del Gobierno, acord la suspensin de la vigencia de la disposicin adicional 40, apartados uno y dos, de la Ley 4/2017, de 28 de marzo, del Parlamento de Catalua de Presupuestos de la Generalitat de Catalua para el ejercicio 2017, y diversas partidas presupuestarias, en la medida en que se destinen a dar cobertura financiera a los gastos de convocatoria del referndum a que se refiere la citada disposicin adicional. Dicho Acuerdo ha sido objeto de notificacin personal a los cargos que se citan en el apartado cuarto del mismo, entre los que incluye al Interventor General de la Generalitat de Catalua.

Posteriormente, con fecha 5 de julio ha recado sentencia del Tribunal Constitucional por el que se decide declarar la inconstitucional y nulidad de la disposicin adicional 40 de la Ley de Catalua 4/2017, de 28 de marzo de Presupuestos de la Generalitat para 2017, con el alcance que se determina en su fundamento jurdico 12. As mismo, declara que las partidas presupuestarias GO 01 D/227.0004/132, DD 01 D/227.004/132 y DD 01/22700157/132 del programa 132 son inconstitucionales en el caso de que se destinen a la financiacin del proceso refrendario al que se refiere la disposicin adicional 40 de la citada Ley.

A este respecto, en la ltima certificacin remitida el pasado jueves 13 de julio de 2017 por el Interventor General de la Comunidad Autnoma de Catalua, se certifica que a finales del mes de junio de 2017 se han reconocido obligaciones en el programa 132. Organizacin, gestin y seguimiento de procesos electorales por importe de 19,37 miles de euros, y se han registrado autorizaciones y disposiciones de gasto por importe de 25,52 miles de euros (6,15 miles de euros adicionales sobre los datos del mes precedente).

En este sentido, el apartado IV.6 del programa del Fondo de Liquidez Autonmico aplicable para el ejercicio 2017, relativo al control reforzado, prev la remisin adicional de determinada informacin, entre la que se encuentra el Seguimiento particular, con el detalle que se establezca, del estado de ejecucin del gasto pblico de la comunidad y sus entes dependientes, as como de determinadas lneas de gasto que, por razn de cuanta, evolucin, naturaleza econmica o finalidad, el MINHAFP determine que tienen que ser objeto de un seguimiento especial en el mbito de una Comunidad concreta.

A la vista de las nuevas circunstancias sealadas, y atendiendo a la finalidad de las lneas de gasto aludidas, el pasado 18 de julio de 207 se ha requerido a la Comunidad Autnoma de Catalua la remisin de un informe especfico de la Intervencin General de la Comunidad pronuncindose sobre las actuaciones acometidas por dicha Intervencin general o sus rganos dependientes en relacin a los expedientes de gasto tramitados con cargo al programa 132. Organizacin, gestin y seguimiento de procesos electorales de los presupuestos generales de la comunidad del ejercicio 2017, as como sobre el eventual incumplimiento de la resolucin del Tribunal Constitucional anulando la vigencia de las partidas presupuestarias impugnadas as como los expedientes completos de gasto tramitados con cargo al programa 132. Organizacin, gestin y seguimiento de procesos electorales de los presupuestos generales de la comunidad del ejercicio 2017.

A estos signos de riesgo se aaden las recientes manifestaciones de alguno de los representantes de sus instituciones declarando su voluntad de continuar con el procedimiento referendario, lo que ha puesto en nuevo riesgo la estabilidad y el normal funcionamiento de las Administraciones Pblicas y el resto de instituciones de la Comunidad Autnoma de Catalua y ha generado una nueva situacin de incertidumbre econmica en la misma que est perjudicando a ciudadanos y empresas y por tanto a la estabilidad financiera. Prueba de ello es la desconfianza que ello ha generado en los inversores en los ltimos das, tal y como refleja su prima de riesgo y su imposibilidad de financiarse en los mercados.

En atencin a la situacin descrita, la Comisin Delegada del Gobierno para Asuntos Econmicos, con el objetivo de seguir garantizando el normal funcionamiento de los servicios pblicos fundamentales, en defensa del inters general, considerando la Sentencia del Tribunal Constitucional de 5 de julio de 2017, adopta nuevas medidas adicionales para la Comunidad Autnoma de Catalua relativas al desarrollo y ejecucin de los mecanismos adicionales de financiacin, que se aplicarn adems de las ya previstas en el Acuerdo adoptado por la Comisin Delegada del Gobierno para Asuntos Econmicos de 20 de noviembre de 2015 sobre medidas para garantizar en la comunidad autnoma de Catalua la prestacin de los servicios pblicos en defensa del inters general, que seguir surtiendo plenos efectos, y que implica que a los certificados iniciales y mensuales mencionados en dicho Acuerdo se adiciona el nuevo certificado semanal previsto en este Acuerdo.

A estos efectos, cabe recordar que, como consecuencia de estar adherida al Fondo de Financiacin a Comunidades Autnomas, a travs del compartimento Fondo de Liquidez Autonmico, de acuerdo con lo previsto en la disposicin adicional primera de la Ley orgnica 2/2012, de 27 de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y en el artculo 22 del Real Decreto-ley 17/2014, de 26 de diciembre, de medidas de sostenibilidad financiera de las comunidades autnomas y entidades locales y otras de carcter econmico, la Comunidad Autnoma de Catalua ha asumido el compromiso de cumplir lo dispuesto en cualquier disposicin que desarrolle este mecanismo de financiacin.

En su virtud, la Comisin Delegada del Gobierno para Asuntos Econmicos de da 21 de julio de 2017, establece lo siguiente:

Informacin adicional a comunicar semanalmente

A. Certificado semanal. Semanalmente, y referido al mismo mbito subjetivo que el certificado mensual recogido en el Acuerdo adoptado por la Comisin Delegada del Gobierno para Asuntos Econmicos, de 20 de noviembre de 2015, sobre medidas para garantizar en la comunidad autnoma de Catalua la prestacin de los servicios pblicos en defensa del inters general, se exigir la remisin de un certificado individual, a los siguientes responsables:

a) Los interventores de las respectivas consejeras y entidades (para entidades sometidas a funcin interventora), con el soporte a su vez de certificados de los mximos responsables de los rganos gestores que estn en su mbito;

b) los responsables econmico financieros de las entidades en las que no existan intervenciones delegadas que realicen funcin interventora integradas o no en los Presupuestos de la Generalitat,

c) el Director General de Presupuestos y

d) el Director General de Poltica Financiera, Seguros y Tesoro.

Cada uno de los citados responsables certificarn, en los modelos y con las particularidades que, de acuerdo con las competencias de cada uno de ellos, determine el Ministerio de Hacienda y Funcin Pblica, que no se han iniciado o tramitado modificaciones presupuestarias ni expedientes de gastos o pagos, presupuestarios o extrapresupuestarios, en sus respectivos mbitos de competencia, que puedan estar destinados a la realizacin de las actividades vinculadas con la convocatoria del referndum referido en la Sentencia del Tribunal Constitucional de 5 de julio de 2017.

El interventor general de la Comunidad Autnoma de Catalua remitir todos los mircoles el certificado final al Ministerio de Hacienda y Funcin Pblica por medios electrnicos, con firma electrnica y siguiendo los modelos, sistemas y canales facilitados por la Secretara general de financiacin autonmica y local. En este certificado se anexarn los certificados individuales anteriormente sealados indicando si se hubiese detectado alguna falsedad en los mismos. El certificado final se referir a los datos acumulados relativos a la semana natural anterior.

Asimismo, el interventor general de la Comunidad Autnoma remitir el 26 de julio de 2017 un listado de los rganos y entidades que conforman el sector pblico de la Comunidad Autnoma de Catalua, as como los nombres de los mximos responsables de las mismas, y el listado de los responsables enumerados en las letras a) a la d) de este apartado.

El Interventor General de la Comunidad Autnoma informar al Ministerio de Hacienda y Funcin Pblica de las consultas dirigidas a esa Intervencin, o a cualquier rgano consultivo o de asesoramiento de la que se tenga conocimiento, con el fin de recibir asesoramiento para la definicin de procedimientos que permitan la financiacin del procedimiento refrendario, indicando la procedencia de la consulta y la respuesta que, en su caso, se haya comunicado.

En particular, en el certificado semanal del Interventor General se har expresa referencia a la existencia o no de partidas presupuestarias financiadas o no con cargo a los mecanismos de financiacin que, directa o indirectamente, pretendan financiar o financien procesos refrendarios as como las actuaciones llevadas a cabo para impedir el gasto correspondiente a esta finalidad.

La primera certificacin semanal, ser remitida el 28 de julio y se referir al periodo comprendido entre el 17 de julio y el 23 de julio de 2017.

Adicionalmente, se remitir una certificacin que se referir al periodo comprendido entre el 1 de enero y el 16 de julio de 2017, que ser remitido el 9 de agosto de 2017.

En el caso de que de la informacin obtenida o conocida se tuviera certeza o indicio de que se vaya a proceder o se hayan ejecutado actuaciones dirigidas a la financiacin del procedimiento refrendario, deber remitirse junto con el certificado semanal, el expediente completo de gasto correspondiente con independencia del programa presupuestario afectado.

B. Verificacin de cumplimiento. En caso de incumplimiento de la remisin de informacin solicitada o si del contenido de la misma se concluyera que se ha financiado directa o indirectamente el procedimiento refrendario, el Ministerio de Hacienda y Funcin Pblica dar traslado de esta informacin a la Comisin Delegada del Gobierno para Asuntos Econmicos a los efectos de que la misma adopte las medidas procedentes que impidan la ejecucin, continuacin o reiteracin en esta actividad y cuantas otras se consideren precisas con la finalidad de restablecer la actuacin financiera de la Comunidad Autnoma a la legalidad incluyendo la posible suspensin de la financiacin correspondiente.

Lo anterior no impedir que la informacin recabada se traslade a las autoridades competentes a los efectos de la posible exigencia de la responsabilidad administrativa, contable y/o penal que, en su caso, pudiera corresponder a los responsables del uso de fondos pblicos, cualquiera que fuera su procedencia, por el uso de recursos pblicos para financiar actividades relacionadas con la celebracin de procedimientos relativos a consultas o referndums ilegales.

A estos efectos, se entender, al menos, por incumplimiento de las obligaciones previstas en este Acuerdo, el incumplimiento de los plazos establecidos, que no resulte correcto el contenido de la informacin, la falta de idoneidad de los datos requeridos o que no se cumpla con el modo de envo de la informacin previsto en el presente Acuerdo.

Vigencia de las medidas

Se mantendr la aplicacin de lo previsto en este Acuerdo hasta que desaparezca la situacin de riesgo para el inters general en la Comunidad Autnoma de Catalua o sea necesario para garantizar la prestacin de los servicios pblicos en la Comunidad Autnoma, en los trminos descritos en este Acuerdo. Esta circunstancia deber ser apreciada por la Comisin Delegada del Gobierno para Asuntos Econmicos.

La Comisin Delegada del Gobierno para Asuntos Econmicos, a propuesta del Ministro de Hacienda y Funcin Pblica y del Ministro de Economa, Industria y Competitividad, en su reunin de 21 de julio de 2017.

Análisis

  • Rango: Orden
  • Fecha de disposición: 21/07/2017
  • Fecha de publicación: 22/07/2017
Referencias anteriores
  • DE CONFORMIDAD con el art. 24.1 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre (Ref. BOE-A-1997-25336).
Materias
  • Catalua
  • Comisin Delegada del Gobierno de Asuntos Econmicos
  • Control financiero
  • Gestin presupuestaria
  • Informacin
  • Ministerio de Hacienda y Funcin Pblica
  • Organizacin de las Comunidades Autnomas
  • Presupuestos de las Comunidades Autnomas
  • Referndum

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