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Documento BOE-A-2018-16678

Ley 12/2018, de 15 de noviembre, de servicios a las personas en el mbito social en la Comunidad Autnoma de las Illes Balears.

TEXTO

LA PRESIDENTA DE LAS ILLES BALEARS

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de las Illes Balears ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que se establece en el artculo48.2 del Estatuto de Autonoma, tengo a bien promulgar la siguiente Ley:

EXPOSICIN DE MOTIVOS

I

La configuracin de los servicios sociales en Europa, en cuanto servicios de inters general, habilita la flexibilizacin de las normas del mercado interior, ya que no se consideran actividades econmicas, de acuerdo con lo previsto en el artculo106.2 del Tratado de Funcionamiento de la Unin Europea. Los servicios de asistencia social, como servicios de inters general, deben responder a los principios de universalidad, igualdad de acceso, equidad, continuidad de las prestaciones, transparencia y calidad. Tambin les resulta de aplicacin el Protocolo nm. 26 del Tratado de Lisboa, que declara que las disposiciones de los Tratados no afectarn en modo alguno a la competencia de los estados miembros, para prestar, encargar y organizar servicios de inters general que no tengan carcter econmico (artculo2). Luego, los estados son competentes para organizar sus servicios sociales.

Son, por tanto, los estados miembros competentes para organizar sus servicios y prestaciones sociales, siendo aplicable el principio de no discriminacin, la libertad de circulacin de las personas y, en su caso, la normativa contractual pblica, contenida en la Directiva2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de26 de febrero de2014, relativa a la adjudicacin de contratos de concesin, y la Directiva2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de26 de febrero de2014, sobre contratacin pblica.

Por otra parte, la gestin de los servicios sociales se encuentra sujeta a un sistema de descentralizacin poltica y de gestin segn lo previsto en el artculo148.1.20 de la Constitucin Espaola, en virtud del cual corresponden al Estado las bases y la coordinacin, y a las comunidades autnomas el desarrollo y la ejecucin prestacional; y los apartados14, 15, 16, 39 y49 del artculo30 y el apartado5 del artculo31 del Estatuto de Autonoma de las Illes Balears, aprobado por la Ley Orgnica1/2007, de28 de febrero. De ah que la comunidad autnoma de las Illes Balears, de conformidad con lo previsto en su Estatuto, pueda aprobar esta regulacin, ya que no invade los ttulos competenciales del Estado.

La Directiva2014/24 no interfiere en la organizacin que de los servicios sociales hagan los distintos estados o poderes subestatales competentes, como es el caso de las Illes Balears. Se reconoce a los poderes pblicos la libertad para prestar por s mismos determinadas categoras de servicios, en concreto los servicios que se conocen como servicios a las personas, como son los servicios sociales, y para organizarlos de manera que no sea necesario celebrar contratos pblicos, por ejemplo, mediante la simple financiacin de estos servicios o la concesin de licencias o autorizaciones a los operadores que cumplan las condiciones previamente fijadas por el poder adjudicador, siempre que dicho sistema garantice los objetivos del modelo social propio, una publicidad suficiente y se ajuste a los principios de transparencia y no discriminacin. Y esa posibilidad es objeto de desarrollo en esta ley. Esta posibilidad est prevista en la Ley9/2017, de8 de noviembre, de contratos del sector pblico, por la que se transponen al ordenamiento jurdico espaol las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo2014/23/UE y2014/24/UE, de26 de febrero de2014. Concretamente, las disposiciones adicionales cuadragsimo sptima, cuadragsimo octava y cuadragsimo novena prevn, sucesivamente: los principios aplicables a los contratos de concesin de determinados servicios, como los de carcter social, sanitario o educativo; la reserva de determinados contratos de servicios sociales, culturales y de salud para determinadas organizaciones (tal como recoge el artculo18 de esta ley), y la legislacin de las comunidades autnomas relativa a instrumentos no contractuales para la prestacin de servicios pblicos de carcter social, que fundamenta el captulo I de esta ley.

II

Los principios reguladores sobre los que descansan las previsiones de esta ley son: carcter pblico del modelo y de alcance universal, cooperacin institucional pblica y colaboracin de las entidades no lucrativas del Tercer Sector de Accin Social y, en su caso, del sector privado para preservar la eficiencia y mejor calidad del sistema, facilitando la consolidacin del tercer sector, referente en el compromiso solidario de la sociedad civil para prestar servicios a personas en especiales situaciones, como ocurre en muchos de los pases de la Unin Europea.

La principal sea de identidad es la titularidad pblica del servicio –que garantiza los principios de universalidad y calidad–, gestionado mediante mecanismos de descentralizacin funcional y de colaboracin horizontal entre los distintos sujetos pblicos, que se complementa con la colaboracin de las entidades no lucrativas del Tercer Sector de Accin Social y la iniciativa privada, en su caso, con distintas frmulas e intensidad, pero sin desvirtuar los rasgos pblicos del modelo. La arquitectura del modelo se caracteriza por una red de servicios publificados en su gestin, profesionalizados y de calidad en su prestacin, flexible en sus relaciones, y arraigado en el territorio mediante un tejido de sinergias e interdependencias multifuncionales, muy relevante al nivel local. El diseo propuesto viene a validar y ajustar un modelo que ha venido funcionando de forma eficaz, y claramente comprometido con las polticas pblicas mantenidas de forma constante hasta la actualidad. De este modo, el artculo10 de la Ley4/2009, de11 de junio, de servicios sociales de las Illes Balears, establece que el sistema pblico de servicios sociales est integrado por el conjunto de recursos, prestaciones, actividades, programas, proyectos y equipamientos destinados al bienestar social de la poblacin, de titularidad del Gobierno de las Illes Balears, de los consejos insulares y de las entidades locales, as como tambin los que la administracin contrate con las entidades de iniciativa social, mercantil o civil. Y al respecto cabe destacar que, entre los principios rectores de los servicios sociales relacionados en la Ley4/2009, ya citada, destacan el de descentralizacin y desconcentracin, por el que los consejos insulares, las mancomunidades y los municipios deben aproximar tanto como sea posible los servicios a la ciudadana, mediante la zonificacin territorial y la descentralizacin; as como el principio de intervencin comunitaria, por el que el sistema pblico de servicios debe promover la intervencin en el mbito comunitario con la voluntad de priorizar las acciones preventivas y conseguir procesos de insercin social ntimamente ligados al entorno social y ms prximo a la ciudadana.

Dentro del concepto de servicios a las personas en el mbito social est incluido el servicio de orientacin profesional recogido en la Cartera Comn del Servicio Nacional de Empleo, dirigido a colectivos especialmente vulnerables, tales como colectivos con discapacidad, colectivos con especiales dificultades de insercin laboral, personas con diagnsticos de salud mental, etc. El servicio de orientacin profesional est definido en el artculo8.1 del Real Decreto7/2015, de16 de enero, por el que se aprueba la Cartera Comn de Servicios del Sistema Nacional de Empleo, y tiene como objetivos ayudar a las personas usuarias a mejorar su empleabilidad, promover su carrera profesional y facilitar su contratacin u orientacin hacia la autoocupacin.

La colaboracin de las entidades no lucrativas del Tercer Sector de Accin Social y del sector privado se articula mediante frmulas de accin concertada, que publifican, en la medida que cooperan con el inters pblico, la gestin privada, lo que permite que esta coadyuve en la viabilidad y la eficacia del propio modelo pblico. Esta opcin est vinculada con el principio de participacin, que aconseja que los poderes pblicos promuevan la implicacin de las personas usuarias, de las entidades y de la ciudadana en general en la planificacin, la gestin y la evaluacin de los servicios.

Asimismo, como cierre del sistema, se prev la posibilidad de contratar servicios y prestaciones complementarios, que debern respetar las normas de contratacin pblica, que garantizan la adecuada transparencia e igualdad de trato. Normas de contratacin que, para prestaciones a personas efectuadas por el tercer sector, contendrn previsiones singulares pensadas en la mejor calidad subjetiva de la prestacin como elemento determinante para considerar la oferta que suponga mejor relacin calidad/precio.

En todo caso, esta colaboracin privada no puede desnaturalizar la filosofa pblica del sistema, alejado, por lo dems, de la lgica del mercado.

III

La Ley3/2018, de29 de mayo, del Tercer Sector de Accin Social, establece que forman parte del Tercer Sector Social de las Illes Balears las entidades de iniciativa social y privada, cuya finalidad principal es promover la inclusin socio-laboral y el ejercicio efectivo de los derechos de personas, familias, grupos, colectivos o comunidades que afronten situaciones de vulnerabilidad o exclusin, desproteccin, discapacidad o dependencia, presten apoyo o realicen las actividades necesarias en los mbitos de servicios sociales, laboral, educativo, sanitario, o cualquier otro transversal que afecte a los mencionados colectivos. Tambin incorpora, de manera excepcional, dentro de esta categora a las empresas de insercin y a los centros especiales de ocupacin sin nimo de lucro de imprescindibilidad social que renen unos determinados requisitos.

La misma Ley3/2018 define lo que se debe considerar intervencin social como aquellas actividades desarrolladas con el fin de promover la inclusin social y el ejercicio efectivo de los derechos de las personas, familias, grupos, colectivos o comunidades que afrontan situaciones de vulnerabilidad o exclusin, desproteccin, discapacidad o dependencia, que luchan contra la desigualdad social, la marginacin, la desproteccin y la violencia machista, y que avanzan en la necesaria transformacin social hacia una sociedad ms justa, solidaria, igualitaria, participativa y democrtica. En particular, se consideran como actividades de intervencin social de los servicios sociales, la promocin del acceso a la ocupacin, las actividades de insercin laboral y formacin para la calificacin profesional.

Adems declara como actividades de inters general aquellas actividades de intervencin social, llevadas a cabo por organizaciones no lucrativas, realizadas por personal remunerado o por personal voluntario, de manera desinteresada y libremente. En concreto, se considerarn como tal la provisin (diseo, prestacin, evaluacin y mejora) de servicios de responsabilidad pblica, o ajenos a esta, y la realizacin de otras actividades o proyectos de intervencin.

El artculo6.4 de la Ley3/2018, ya citada, establece que las prestaciones y los servicios de responsabilidad pblica en el mbito de la intervencin social constituyen el sistema de servicios sociales que habitualmente sern de carcter no econmico, cuando menos, excepcionalmente, podrn ser servicios de inters econmico general, en los trminos en que estos conceptos estn definidos en la normativa de referencia de la Unin Europea, tanto si son provistos directamente por las administraciones pblicas, como si estas cuentan con la colaboracin de la iniciativa privada.

Por otra parte, el artculo15 de la Ley3/2018, citada anteriormente, define la accin concertada como un instrumento para formalizar la colaboracin entre las administraciones pblicas y las organizaciones del Tercer Sector de Accin Social en cuanto a la provisin de servicios de responsabilidad pblica en el mbito de la intervencin social.

IV

El rgimen de accin concertada es una opcin organizativa que permite concertar la prestacin de servicios sociales con entidades no lucrativas del Tercer Sector de Accin Social y, si procede, entidades del sector privado, con la opcin de que cuando existan anlogas condiciones de eficacia, calidad y costes, las administraciones pblicas para el establecimiento de conciertos darn prioridad a las entidades sin nimo de lucro. Destaca la importancia tanto histrica como cuantitativa de la intervencin de las entidades de iniciativa privada sin nimo de lucro del Tercer Sector de Accin Social en los servicios sociales.

Esta ley determina el alcance y el significado de esta accin concertada, las modalidades de servicios y prestaciones, as como el sistema de contraprestacin.

Los servicios que opten a un modelo de accin concertada deben disponer de autorizacin y acreditacin administrativa y estar inscritos en el Registro Unificado de Servicios Sociales, previsto en la Ley4/2009, de11 de junio, de servicios sociales de las Illes Balears, o en el registro de entidades del Servicio de Ocupacin de las Illes Balears, que se deber regular mediante reglamento; asimismo, hay que cumplir un conjunto de obligaciones de gestin y de control fijadas legalmente y desarrolladas reglamentariamente.

Corresponde al Gobierno de las Illes Balears, entre las directrices de planificacin, establecer los aspectos bsicos a los que se tienen que someter los conciertos sociales y su alcance correspondiente. En concreto, tienen que regularse: la tramitacin de la solicitud para acogerse a esta modalidad, la duracin mxima del concierto y las causas de extincin; las obligaciones de la entidad titular del servicio concertado; el sometimiento de la accin concertada al derecho administrativo; y las singularidades del rgimen del personal.

Tiene que existir una reglamentacin que determine los derechos y las obligaciones derivados de la seleccin mencionada y establezca las condiciones tcnicas y econmicas para la prestacin de la actividad concertada concreta. Las entidades que accedan al rgimen de concertacin lo tienen que formalizar con el acuerdo de accin concertada correspondiente.

La eleccin de servicio de servicios sociales concertado no implica, en ningn caso, un trato menos favorable ni una desventaja para la ciudadana, y se respetar la equivalencia de prestacin de la cartera de servicios.

La cuanta global de los fondos pblicos destinados al sostenimiento de los servicios concertados, a fin de hacer efectivo el rgimen econmico de las prestaciones de servicios sociales objeto de concierto, se establecer en los presupuestos de la comunidad autnoma.

V

Existir siempre la posibilidad de acudir a frmulas de contratacin pblica ordinaria para poder preservar la eficacia del sistema pblico, cuando este, por motivos coyunturales, no pueda dar cumplimiento a las exigencias de calidad –por objeto o plazo– de determinados servicios o prestaciones. Aqu deber respetarse el principio de igualdad de trato de todas las personas o entidades licitadoras y la tipificacin del contrato deber ajustarse a las notas propias, de tal forma que en ausencia de riesgo empresarial –que ser lo ordinario– el contrato deber calificarse como contrato de servicios, aunque puede preverse un plazo acorde al propio objeto y finalidad. Existe, adems, la posibilidad de una regulacin simplificada y de reserva de contratos –habilitada por la Directiva2014/24 en sus artculos76 y77– que se regulan, dentro del mbito competencial propio, en esta ley.

Resulta posible, en contratos de prestaciones directas a la ciudadana en el mbito social, adoptar medidas de licitacin ms especficas, que atiendan a las especialidades expuestas. Esto significa que un contrato de prestaciones personales de carcter social podra estar excepcionado de las reglas de concurrencia propias de un contrato tpico de servicios o productos, dado el marcado carcter estratgico, desde la perspectiva de correcta prestacin del mismo, optando por la modalidad de reservas. Junto a esta opcin, existe la posibilidad de un procedimiento simplificado que ponga atencin en las propias caractersticas del servicio y, en especial, la regla de la mayor calidad/precio que se concretar en la cualificacin concreta del personal encargado de prestar el servicio. Y ello porque no puede desconocerse que es una actividad de inters general que se rige, principalmente, por los principios de universalidad, solidaridad, eficiencia econmica y adecuacin.

En la articulacin de este procedimiento especial, junto a medidas de simplificacin administrativa, deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos: a) la especial valoracin de la solvencia de las entidades licitadoras (con limitacin de la subcontratacin); b) la determinacin de criterios de adjudicacin que pongan en valor la calidad/precio, vinculada a la calidad, la experiencia contrastada del personal que prestar efectivamente el servicio y la participacin de los profesionales en la gestin; c) la necesaria regulacin de supuestos de anormalidad en estos contratos desde la perspectiva social de la oferta; y d) la determinacin de condiciones especiales de ejecucin que garanticen la correcta prestacin del servicio.

VI

De acuerdo con el artculo129 de la Ley39/2015, de1 de octubre, del procedimiento administrativo comn de las administraciones pblicas, quedan acreditados los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurdica, transparencia y eficiencia. Al respecto, en virtud de los principios de necesidad y eficacia, esta norma identifica claramente las finalidades perseguidas y evita cargas innecesarias. En este sentido, establece los principios bsicos de la contratacin, la accin concertada y la cooperacin directa entre las administraciones y las entidades privadas para la prestacin de servicios a las personas en el mbito de los servicios sociales, todo con el fin de proveer a la ciudadana de servicios de calidad.

En virtud del principio de proporcionalidad, esta norma contiene la regulacin imprescindible para atender la necesidad que se debe cubrir con la norma, despus de constatar que no hay otras medidas menos restrictivas de derechos o que impongan menos obligaciones a los destinatarios. De esta forma, la definicin de instrumentos de gestin para la prestacin de servicios a las personas en el mbito de los servicios sociales permitir incorporar a la misma gestin elementos propios y especficos del sistema de servicios sociales de nuestra comunidad autnoma. As, la accin concertada, la reserva de mercado, la priorizacin del Tercer Sector Social y los convenios singulares permiten dar una mayor estabilidad y calidad a la colaboracin entre la administracin pblica y la iniciativa privada, todo en aras de mejorar la calidad del sistema y la atencin a las personas.

Con objeto de garantizar el principio de seguridad jurdica, esta norma resulta coherente con el resto del ordenamiento jurdico, nacional y de la Unin Europea, para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certeza, que facilite el conocimiento y la comprensin y, en consecuencia, la actuacin y la toma de decisiones de las personas y empresas. En este caso, se pretende crear el marco normativo regulador de la prestacin de servicios a las personas en el mbito de los servicios sociales.

En aplicacin del principio de transparencia, cabe afirmar que los objetivos de la regulacin y su justificacin se encuentran definidos claramente. Asimismo, queda acreditada en el expediente la realizacin de la consulta pblica previa prevista en el artculo133 de la Ley39/2015, ya citada. Adems, a lo largo de la norma se prev el respeto a los principios de publicidad, transparencia y no discriminacin, intermediando, por ejemplo, la convocatoria de los conciertos sociales o la publicacin de su formalizacin, as como la publicacin de los contratos especficos y de los convenios singulares establecidos al captulo III.

Finalmente, en aplicacin del principio de eficiencia, la norma identifica claramente los fines perseguidos y evita cargas innecesarias. As, el objeto de la norma es precisamente el de desarrollar una nueva forma de gestin de los servicios destinados y de atencin directa e inmediata a las personas a fin de conseguir una mayor eficiencia, entendida no tan solo a efectos administrativos y de ahorro de recursos, sino tambin en trminos de una mayor calidad del servicio y de adecuacin a las necesidades reales y eleccin de la persona usuaria. As, frente a otros sistemas de gestin como es la contratacin, mediante la accin concertada se priorizan otros aspectos como la libre eleccin de la persona o el arraigo de esta en el entorno del servicio del cual ha venido disfrutando.

Adems, cabe destacar el estudio de esta norma por parte del Consejo de Servicios Sociales de las Illes Balears, rgano consultivo y de participacin social en el mbito de los servicios sociales, regulado en los artculos53 y siguientes de la Ley4/2009, de11 de junio, de servicios sociales de las Illes Balears. Asimismo, cabe destacar el dictamen del Consejo Econmico y Social de las Illes Balears, de10 de julio de2018, de acuerdo con la Ley10/2000, de30 de noviembre, del Consejo Econmico y Social de las Illes Balears.

CAPTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales
Articulo1. Objeto y finalidad de la ley.

1. La presente ley tiene por objeto establecer los principios bsicos de la contratacin, la concertacin y la cooperacin directa de los servicios a las personas en el mbito social que celebren las administraciones pblicas competentes en las Illes Balears, con la finalidad de proveer unos servicios de calidad a la ciudadana.

2. De conformidad con los referidos principios, se regulan frmulas de colaboracin-concertacin que sirvan para complementar y preservar el modelo pblico de prestacin de servicios a las personas en el mbito de los servicios sociales, caracterizado por las notas de universalidad, de aseguramiento, financiacin y planificacin pblicos, de gestin pblica o privada concertada en base a la exigencia de idnticas prestaciones y niveles de calidad, y de evaluacin y control pblicos. Asimismo, se disea un rgimen singular de contratacin pblica que ponga el acento en la calidad, que podr ser utilizado cuando se utilicen frmulas de contratacin pblica.

3. Las frmulas previstas en esta norma debern ser aplicadas atendiendo a la mejor eficacia y eficiencia de la prestacin que se pretenda satisfacer, para lo que deber motivarse la opcin elegida.

4. El Gobierno de las Illes Balears promover frmulas de cooperacin interadministrativa para conseguir el mejor funcionamiento del modelo de prestacin de estos servicios esenciales a las personas.

CAPTULO I
Rgimen de colaboracin privada en la gestin de servicios sociales a las personas mediante accin concertada
Artculo2. De la accin concertada de servicios sociales a las personas en las Illes Balears.

1. Las administraciones competentes de las Illes Balears, para complementar el sistema pblico y garantizar una adecuada equidad y calidad de las prestaciones incluidas en la cartera de servicios o del servicio de orientacin profesional, podrn encomendar la prestacin de dichos servicios de su competencia mediante el sistema de accin concertada, a entidades sin nimo de lucro del Tercer Sector Social, tal y como se definen en los artculos3 y4 de la Ley3/2018, de29 de mayo, del Tercer Sector de Accin Social, o, si cabe, a entidades privadas, dando preferencia en este ltimo caso a las entidades del Tercer Sector Social, cuando existan anlogas condiciones de eficacia, calidad y costes, y de acuerdo con los requisitos que establece esta ley y con respeto a los principios de publicidad, transparencia y no discriminacin.

2. A los efectos de esta ley, se entiende por rgimen de accin concertada la prestacin por terceros de servicios sociales incluidos en la cartera de servicios sociales y el servicio de orientacin profesional recogido en la Cartera Comn del Sistema Nacional de Empleo, y en los que la financiacin, el acceso y el control administrativo sern pblicos.

3. La cooperacin mediante la accin concertada comporta la adscripcin funcional de los servicios correspondientes a la Red Pblica de Servicios Sociales y supone que las entidades concertadas, independientemente de su naturaleza jurdica, se someten a un catlogo de obligaciones de control que podrn afectar a su plan de cuentas y a su sistema de contabilidad, a sus sistemas de informacin, al control de calidad, a la auditora de cuentas, a las auditorias de proteccin de datos y a presentar una planificacin trienal en recursos humanos e inversiones. En todo caso se preservar el modelo de gestin privada del centro y su identidad corporativa.

Artculo3. Principios de la accin concertada.

Las administraciones pblicas de las Illes Balears ajustarn su accin concertada con terceros para la prestacin a las personas de servicios sociales a los siguientes principios:

a) Subsidiariedad, principio conforme al cual la accin concertada con entidades pblicas o privadas sin nimo de lucro estar subordinada, con carcter previo, a la utilizacin ptima de los recursos propios.

b) Solidaridad, potenciando la implicacin de las entidades del tercer sector en la prestacin de servicios a las personas de carcter social y de acuerdo con la Ley3/2018, ya citada.

c) Igualdad, garantizando que en la accin concertada quede asegurado que la atencin que se preste a las personas usuarias se realice en plena igualdad con las personas usuarias que sean atendidas directamente por la administracin pblica.

d) Eficiencia presupuestaria, fijando contraprestaciones econmicas a percibir por las entidades concertadas de acuerdo con las tarifas mximas y mnimas o bien los mdulos que se establezcan, que cubrirn como mximo los costes variables, fijos y permanentes de prestacin del servicio, sin incluir beneficio industrial.

e) No discriminacin, estableciendo condiciones de acceso a la accin concertada que garanticen la igualdad entre las entidades que opten a ella.

f) Publicidad, previendo que las convocatorias de accin concertada y la adopcin de acuerdos de accin concertada que se suscriban sean objeto de publicacin en el Butllet Oficial de les Illes Balears.

g) Transparencia, difundiendo en el Portal de transparencia los acuerdos de accin concertada suscritos y los procedimientos en tramitacin, conforme a las condiciones que establece la normativa estatal y autonmica de transparencia.

h) Intencionalidad social y ambiental, alcanzando distintos logros en tales mbitos, as como en los de igualdad de gnero, de innovacin en la gestin de las entidades y de los servicios pblicos, y estableciendo tales objetivos de manera expresa en el objeto de los conciertos.

i) Participacin, estableciendo mecanismos para la implicacin efectiva de las personas usuarias en la prestacin y evaluacin de los servicios.

j) Calidad asistencial. Es el principio que inspirar la organizacin de la accin concertada en todos sus aspectos.

k) Libre eleccin y arraigo de las personas usuarias. Son los principales criterios de eleccin de la entidad que prestar el servicio.

Artculo4. Planificacin y objeto de la accin concertada.

1. Con una periodicidad anual, las administraciones de las Illes Balears competentes en materia social y empleo, como parte de sus competencias de planificacin, realizarn una previsin de las prestaciones y servicios que se pretende que sean objeto de accin concertada, junto con una tasacin de su coste y un informe justificativo de carecer de medios propios para su gestin, de la idoneidad de la modalidad de gestin elegida y de la planificacin establecida para dotarse de medios propios para la gestin directa de tales prestaciones o servicios cuando fuera previsible que estos se fueran a prestar de manera permanente y fueran, adems, esenciales para la efectividad de los derechos sociales.

2. Esta planificacin tiene que definir aquellos servicios que son considerados, de manera excepcional, servicios de inters econmico general. Para la determinacin de este carcter se tendr en cuenta, como criterio fundamental, el arraigo de las personas usuarias a los servicios y la implantacin de los servicios al territorio.

3. Podrn ser objeto de accin concertada de los servicios relacionados en el anexo de esta ley:

a) La reserva y la ocupacin de plazas o la prestacin de servicios para su uso exclusivo por las personas usuarias del sistema de servicios sociales pblico, cuyo acceso ser autorizado por la administracin competente cuando las entidades cumplan los criterios previstos para ello.

b) La gestin integral de prestaciones tcnicas o servicios de servicios sociales.

4. Los acuerdos de accin concertada garantizarn que la atencin que se preste a la ciudadana con derecho a cobertura de servicios ser la misma para todos, sin otras diferencias que las sociales inherentes a la propia naturaleza del proceso asistencial o de la prestacin social.

5. Los servicios concertados formarn parte de la red pblica y no podrn cobrar a las personas usuarias cantidad alguna distinta al precio pblico por las prestaciones propias del sistema del servicio concertado de que se trate. El cobro a las personas usuarias de cualquier cantidad en concepto de servicios complementarios, al margen del precio pblico, deber ser autorizada por la administracin competente.

Artculo5. Requisitos exigibles a las entidades gestoras de los servicios concertados.

1. Podrn suscribir acuerdos de accin concertada las entidades del Tercer Sector de Accin Social que presten los servicios objeto del concierto y lo soliciten expresamente en los plazos y la forma que se determinen.

2. No obstante lo anterior, en los procedimientos de accin concertada de servicios declarados de inters econmico general, podrn subscribir conciertos todas las personas fsicas o jurdicas de carcter privado, con o sin nimo de lucro, sea cual sea la forma jurdica que adopten, que presten los servicios objeto del concierto y lo soliciten expresamente en los plazos y la forma que se determinen.

3. Podr utilizarse la accin concertada con aquellas entidades que cumplan los requisitos que se establezcan en la normativa de desarrollo de esta ley y, en especial:

a) Disponer de la oportuna acreditacin administrativa para la prestacin del servicio objeto de la accin concertada. Excepcionalmente, en aquellos casos en los que se acrediten las circunstancias de la disposicin final primera, ser suficiente la autorizacin.

b) Estar inscritas en el registro correspondiente.

c) Acreditar la disposicin de los medios y recursos suficientes para garantizar el cumplimiento de las condiciones previstas en el acuerdo de accin concertada. En concreto, en el caso de reserva y ocupacin de plazas, las entidades debern acreditar la titularidad del servicio o su disponibilidad por cualquier ttulo jurdico vlido por un perodo no inferior a la vigencia del concierto.

d) Acreditar el cumplimiento de cualquier otra normativa que, con carcter general o especfico, les sea de aplicacin, tanto por la naturaleza jurdica de la entidad como por el tipo de servicio objeto de concertacin.

e) Comunicar, a efectos de la preceptiva acreditacin, los cambios de accionariado o de titularidad para preservar la identidad institucional que justific el acuerdo de colaboracin.

Reglamentariamente la Consejera de Trabajo, Comercio e Industria regular la creacin y las normas de funcionamiento del registro de entidades para poder optar a la accin concertada en los servicios de orientacin profesional, as como los requisitos para la autorizacin prevista en letra a) de este apartado.

4. La formalizacin de la colaboracin se efectuar mediante un documento administrativo, denominado acuerdo de accin concertada, cuyo modelo tiene que aprobar la persona titular del departamento competente. Se podr subscribir un nico concierto para la reserva y la ocupacin de plazas en varios servicios o para la gestin integral de una pluralidad de prestaciones o servicios cuando todos ellos dependan de una misma entidad titular.

Artculo6. Procedimientos de concertacin y criterios de preferencia a favor de entidades del Tercer Sector Social.

1. La normativa sectorial regular los procedimientos para que las entidades que cumplan los requisitos establecidos puedan acogerse al rgimen de accin concertada conforme a los principios generales establecidos en el artculo3 de esta ley.

2. La iniciacin del procedimiento deber quedar justificada mediante resolucin acreditativa de la concurrencia de circunstancias que hagan necesario acudir a la accin concertada para la gestin de una determinada prestacin de servicio, prevista en el artculo4 de esta ley.

3. La seleccin de las entidades, previa convocatoria, en su caso, deber basarse en los siguientes criterios, que quedarn determinados en el objeto y las condiciones de la resolucin:

a) El arraigo de la persona en el entorno de atencin y las condiciones de atencin que demanda.

b) La implantacin en la localidad donde vaya a prestarse el servicio.

c) La libre eleccin y lista de espera de acceso a los servicios.

d) Cualesquiera otros que resulten determinantes para la valoracin de la capacidad y la idoneidad de las entidades.

4. En aquellos procedimientos de concertacin para servicios declarados de inters econmico general en los que puedan participar entidades privadas con nimo de lucro, siempre que existan anlogas condiciones de eficacia, calidad y costes, as como de eficiencia presupuestaria, para formalizar los acuerdos de accin concertada tienen preferencia las entidades del Tercer Sector Social.

Artculo7. Duracin, renovacin, modificacin y extincin de la accin concertada.

1. La duracin de los acuerdos de accin concertada ser la establecida en cada acuerdo con un mximo de diez aos. No obstante lo anterior, se podrn renovar de acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente y las normas presupuestarias, siempre que se mantenga la demanda de prestacin del servicio.

2. Los acuerdos de accin concertada podrn ser objeto de revisin y, en su caso, de modificacin en los trminos que se establezca en el correspondiente acuerdo, cuando varen las circunstancias iniciales de su suscripcin, con el fin de adecuar las condiciones econmicas y las prestaciones asistenciales a las nuevas necesidades. En todo caso, el cambio de finalidad de la entidad o de control financiero de la misma obligar a la revisin del acuerdo inicial de accin concertada.

3. Extinguido el acuerdo de accin concertada por alguna de las causas que se establecen en esta ley, la administracin que realiz la accin concertada garantizar a las personas usuarias la continuidad en la prestacin del servicio.

4. Queda prohibida la cesin, total o parcial, de los servicios objeto del acuerdo de accin concertada. No obstante, cuando la entidad concertada sea declarada en concurso de acreedores, la administracin pblica competente podr autorizar la cesin, junto con la adopcin de las medidas precisas para garantizar la continuidad y la calidad del servicio.

Artculo8. Contenido mnimo de los acuerdos de accin concertada.

Los acuerdos de accin concertada que se suscriban debern incluir necesariamente estipulaciones referidas a los siguientes apartados:

a) Las condiciones tcnicas de ejecucin.

b) El sistema para el acceso de las personas usuarias.

c) La garanta de los derechos de la persona usuaria y la informacin a la ciudadana de sus derechos y deberes.

d) El contenido de los servicios y la delimitacin de las prestaciones que constituyen el objeto del concierto.

e) La frmula de pago en contraprestacin por los servicios concertados, as como el sistema de facturacin y documentacin que debe aportarse para el abono de los servicios prestados.

f) La duracin del acuerdo y las causas de resolucin.

g) El sistema de penalizaciones por incumplimiento de las condiciones del acuerdo.

h) El resto de condiciones exigidas por la legislacin vigente.

Artculo9. Causas de extincin de los acuerdos de accin concertada.

1. Los acuerdos de accin concertada se extinguirn por cumplimiento y vencimiento del plazo, siempre que no se hayan renovado de acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente y de acuerdo con las normas presupuestarias, o por resolucin.

2. Sern causas de resolucin de los acuerdos de accin concertada las siguientes:

a) Incumplimiento de las normas de carcter obligatorio a que deben sujetarse los servicios sociales y las obligaciones en materia de seguridad e instalaciones.

b) Prestacin defectuosa de las obligaciones acordadas.

c) Incumplimiento de los objetivos cualitativos y cuantitativos establecidos, siempre que el incumplimiento sea imputable a la entidad concertada, as como de las estipulaciones esenciales del acuerdo.

d) Infraccin con carcter grave de la legislacin fiscal, laboral, de Seguridad Social, de integracin social de discapacitados y de prevencin de riesgos laborales.

e) Prdida sobrevenida de las condiciones tcnicas, econmicas y financieras que habilitaron el acuerdo, la revocacin o la caducidad de la autorizacin de apertura y funcionamiento.

f) Alteracin en el control de la entidad por cambios en la participacin del accionariado cuando esta condicin haya sido determinante en la formalizacin del acuerdo de accin concertada.

g) Renuncia de la entidad concertada.

h) Aquellas otras que se establezcan reglamentariamente.

Artculo10. Evaluacin y seguimiento de los servicios prestados mediante accin concertada.

1. El departamento competente en la materia de cada administracin que subscriba acuerdos de accin concertada aprobar un modelo de evaluacin de los contenidos y las estipulaciones recogidos en los acuerdos de accin concertada de asistencia o de prestacin de servicios sociales.

2. Las entidades y los servicios concertados estarn sometidos a las actuaciones que desde el departamento competente en la materia de cada administracin que subscriba un acuerdo de accin concertada se determinen respecto de las condiciones tcnicas y la evaluacin de la calidad del servicio, as como a los procesos de seguimiento y controles econmicos y administrativos que, para el cumplimiento del acuerdo de accin concertada, se vayan adoptando.

3. Las cuestiones litigiosas derivadas de la aplicacin del rgimen de accin concertada sern resueltas por la administracin pblica competente, sin perjuicio de que, una vez agotada la va administrativa, puedan someterse a la jurisdiccin contencioso-administrativa.

CAPTULO II
Reglas especficas de contratacin pblica de servicios sociales dirigidos a las personas
Artculo11. Reglas singulares para contratacin de servicios sociales a las personas.

Sern de aplicacin a los contratos de servicios sociales prestados a las personas por las administraciones pblicas competentes en el mbito de la comunidad autnoma de las Illes Balears las previsionesde esta ley.

Artculo12. Exigencias de solvencia especfica para garantizar la calidad de la prestacin.

1. Para poder participar en las licitaciones de servicios sociales del anexo de esta ley, las empresas debern acreditar una solvencia econmica y financiera suficiente en una cuanta referida al volumen de negocios en el mbito de las actividades correspondiente al objeto del contrato en relacin, como mximo, a los tres ltimos ejercicios disponibles, que se tendr que determinar en cada caso, en el pliego de clusulas administrativas particulares, y que nunca ser inferior al75% del presupuesto base de licitacin, del lote al que se concurre o de la anualidad media del contrato en caso de contratos de una duracin superior a un ao.

2. Se exige solvencia tcnica acreditada mediante requisitos tcnicos de acreditacin o estndares de calidad; experiencia previa en la gestin de los servicios objeto del contrato que se determinar, en cada caso, en el pliego de clusulas administrativas particulares; disposicin de equipo humano profesional en materia de gestin de los servicios licitados; y reinversin de un porcentaje mnimo de los beneficios en la mejora de la gestin de los servicios adjudicados o de la distribucin de beneficios en base a criterios de participacin.

3. En ningn caso se admitir la subcontratacin de la prestacin principal.

Artculo13. Presupuesto base de licitacin.

1. El presupuesto base de la licitacin deber incluir todos los costes directos e indirectos de la prestacin, entre los cuales tienen que figurar necesariamente los costes salariales, los de Seguridad Social, los de formacin permanente obligatoria, los de seguros, los de prevencin de riesgos laborales, los de vigilancia de la salud y, en su caso, los derivados de la necesidad de uniformidad del personal mnimo necesario para la ejecucin del contrato.

2. Estos costes se calculan, como mnimo, de acuerdo con lo que establezca el convenio colectivo de referencia de aplicacin al sector que corresponda y teniendo en cuenta, en su caso, el personal a subrogar.

Artculo14. Plazos de los contratos de servicios sociales a personas.

Con carcter general, la duracin de estos contratos ser de seis aos, salvo que fuese necesario un plazo mayor por circunstancias debidamente justificadas, como la adecuada amortizacin de inversiones en contratos especialmente complejos o la continuidad de la asistencia para las personas usuarias a quienes el cambio de prestador pudiera repercutir negativamente, con respeto, en todo caso, a los principios de una libre y efectiva competencia en el mercado.

Artculo15. Utilizacin de modelo de concesin de servicios.

1. Siempre que la calidad de la prestacin no se vea afectada ni se ponga en riesgo la equidad del modelo, la administracin competente podr utilizar como frmula de provisin de determinados servicios, la concesin de servicios, transfiriendo un riesgo operacional.

2. Son contratos de concesin de servicios los consistentes en el derecho a explotar a riesgo y ventura el servicio, o bien en dicho derecho acompaado de un precio, siempre que esos servicios sean actividades de titularidad pblica o competencia propia.

3. La transferencia al concesionario de un riesgo operacional resulta indispensable para atribuir a la relacin jurdica la condicin de concesin de servicios. Las restantes condiciones, el hecho de que la prestacin vaya destinada de forma directa a su utilizacin por los particulares y que la organizacin del servicio se encomiende en mayor o menor grado al concesionario son consecuencias, bien del mismo concepto de servicio pblico que tiene el objeto de la concesin, bien de la propia exigencia de asuncin del riesgo derivado de la explotacin del servicio.

4. El plazo de una concesin de servicios deber justificarse en el tiempo de recuperacin de los costes de inversin por referencia a la tasa interna de rentabilidad ofertada.

Artculo16. Criterios de adjudicacin vinculados a la calidad.

1. La adjudicacin de contratos de los servicios que figuran en el anexo de esta ley podr realizarse, cuando as se considere conveniente para una mejor ejecucin de la prestacin, respetando las exigencias de la legislacin estatal en materia de contratacin pblica, y al amparo de la disposicin adicional cuadragsimo sptima de la Ley9/2017, de8 de noviembre, de contratos del sector pblico, mediante las reglas singulares siguientes:

a) Se exigir una cualificacin subjetiva especial que acredite la experiencia, y la calidad y la disponibilidad de medios adecuados para cumplir la prestacin de conformidad con lo previsto en esta ley.

b) Se atender, como criterio de adjudicacin para determinar la oferta ms ventajosa o, en su caso, de negociacin, al mayor valor aadido de la oferta desde la perspectiva de la calidad y la garanta de continuidad, accesibilidad, asequibilidad, disponibilidad y exhaustividad de los servicios.

2. En este supuesto, el precio, como criterio de adjudicacin, no podr superar en su ponderacin el20% y se podrn exigir y valorar como criterios de adjudicacin los siguientes:

a) Un plan de gestin en el que, ms all de los requisitos mnimos establecidos en el pliego de prescripciones tcnicas, se valoren elementos como la determinacin de objetivos asistenciales.

b) Los medios de control y garanta de la calidad y los instrumentos para favorecer la accesibilidad y la resolucin de los servicios.

c) Los mecanismos para posibilitar la participacin de los profesionales en la gestin.

d) Las estrategias de mejora de la gestin y la prestacin de los servicios.

e) Las polticas de coordinacin y potenciacin del trabajo en red con otros dispositivos asistenciales.

f) Los planes para mejorar la respuesta a la demanda no urgente de servicios y resolver situaciones de incremento de la demanda y la atencin domiciliaria.

g) Los programas de atencin a colectivos socialmente vulnerables, y los programas de promocin de la salud, los programas docentes y los programas de investigacin.

h) La implicacin y la corresponsabilizacin de las personas usuarias, as como las soluciones de innovacin que aporten mayor valor aadido al servicio, elementos todos ellos en relacin con los servicios objeto del contrato.

i) La experiencia del personal directivo del contrato en la direccin o la coordinacin de servicios similares (con la adjudicacin de una puntuacin determinada por cada ao de experiencia).

j) Las medidas de formacin y reciclaje de los profesionales.

k) Las medidas de conciliacin.

En todo caso, estos criterios tienen que respetar lo que dispone el artculo145.5 de la Ley9/2017, ya citada.

3. Debern excluirse del procedimiento de contratacin las ofertas que no obtengan, como mnimo, el50% de la puntuacin correspondiente a la calidad tcnica.

Artculo17. Ofertas anormalmente bajas.

1. En todo caso, los pliegos deben establecer los criterios para determinar las ofertas anormalmente bajas. Estos criterios se pueden fundamentar en el incumplimiento de disposiciones de obligado cumplimiento en materia de proteccin del empleo, condiciones de trabajo o costes salariales mnimos por categora profesional, o en el hecho de que se ponga en riesgo objetivo el cumplimiento de las condiciones especiales de ejecucin que figuren en el pliego.

2. En caso de que se identifique una oferta anormalmente baja, se requerir, entre otros aspectos, el desglose de los precios y la justificacin del impacto de las condiciones sociales y organizativas del servicio para acreditar la viabilidad de las proposiciones econmicas.

Artculo18. Contratos reservados a entidades del tercer sector en el mbito de los servicios sociales.

1. El departamento competente en la materia podr reservar la participacin en los correspondientes procedimientos de adjudicacin de contratos de servicios sociales que figuran en la disposicin adicional cuadragsimo octava de la Ley estatal9/2017, ya citada.

2. Las organizaciones a que se refiere el apartado anterior debern cumplir las condiciones siguientes:

a) Su objetivo ser la realizacin de una misin de servicio pblico vinculada a la prestacin de los servicios mencionados.

b) Los beneficios se reinvertirn con el fin de alcanzar el objetivo de la organizacin; en caso de que se distribuyan o redistribuyan beneficios, la distribucin o la redistribucin deber basarse en consideraciones de participacin.

c) Las estructuras de direccin o propiedad de la organizacin que ejecute el contrato se basarn en la propiedad de los empleados o en principios de participacin o exigirn la participacin activa de los empleados, las personas usuarias o las partes interesadas.

d) El poder adjudicador de que se trate no tendr que haber adjudicado a la organizacin un contrato para los mismos servicios con arreglo al presente artculo en los tres aos precedentes con un importe superior a750.000€.

3. La duracin mxima del contrato no exceder de tres aos.

4. En los anuncios de licitacin correspondientes deber hacerse referencia a la presente disposicin.

Artculo19. Responsable del contrato.

1. En los contratos objeto de esta ley, el rgano de contratacin nombrar a una persona responsable del contrato que, en caso de que sea funcionario pblico, tenga atribuida la condicin de autoridad, en los trminos establecidos por la normativa de funcin pblica.

2. El pliego o el documento que rige la contratacin determina las facultades concretas de control de ejecucin atribuidas al responsable del contrato, que, como mnimo, son las siguientes:

a) Actuar como representante del rgano de contratacin en las relaciones con el contratista; ser el nico interlocutor vlido para dictar las instrucciones de ejecucin a la persona representante del contratista y proponer la interpretacin del contrato ante el rgano de contratacin.

b) Hacer el seguimiento del cumplimiento del contrato, mediante controles e informes peridicos.

c) Verificar el cumplimiento de las condiciones especiales de ejecucin, incluido el mantenimiento de los requisitos de solvencia del contratista y de los subcontratistas.

d) Informar sobre los incumplimientos contractuales y proponer al rgano de contratacin la imposicin de penalidades o, en su caso, la resolucin del contrato.

e) Proponer al rgano de contratacin, si proceden, las modificaciones y las prrrogas del contrato.

f) Certificar la correcta ejecucin de la prestacin, a los efectos de reconocimiento de la obligacin de pago.

3. Los responsables del contrato tienen que suscribir el Cdigo de principios y conductas recomendables en la contratacin pblica y las declaraciones de bienes y/o intereses que reglamentariamente se establezcan.

4. El rgano de contratacin, cuando se aparte de alguna propuesta del responsable del contrato en su mbito de competencias, deber motivar por escrito su decisin.

5. En el marco de las funciones de asistencia y cooperacin con los entes locales, y de acuerdo con lo que establezca la legislacin vigente, los rganos supramunicipales y el departamento competente en materia de administracin local asistirn a los municipios que lo requieran en las funciones de la persona responsable del contrato.

Artculo20. Condiciones especiales de ejecucin.

1. En los contratos objeto de esta ley, los rganos de contratacin incluirn condiciones especiales de ejecucin, que se podrn calificar como obligaciones esenciales, que aseguren que los servicios contratados se prestan en condiciones de calidad, continuidad, accesibilidad, disponibilidad, exhaustividad e innovacin.

2. Se incluirn en todo caso como condiciones especiales de ejecucin de los contratos:

a) La obligacin de la persona o la entidad contratista de nombrar a una persona representante que acte como nico interlocutor con la persona responsable del contrato.

b) El cumplimiento del plan de gestin del servicio.

c) Condiciones especiales vinculadas al mantenimiento de la estabilidad laboral en el servicio, que se pueden concretar en una duracin mnima de los contratos laborales que abarque como mnimo la vigencia del contrato, o vinculadas al mantenimiento de las condiciones laborales existentes.

d) La adecuacin de los medios personales adscritos al contrato con respecto a la idoneidad de los profesionales directivos y del personal en atencin a su titulacin y especializacin, y respecto a los programas de formacin y control de calidad.

e) Medidas de control de la calidad y de valoracin de las personas usuarias.

3. Cuando el rgano de contratacin lo considere conveniente para garantizar la continuidad y la calidad del servicio, se podr exigir al contratista, en el pliego o el documento que rige la contratacin:

a) La subrogacin de todo o parte del personal que est ejecutando el contrato en el momento de la licitacin, o el establecimiento de protocolos de actuacin o sistemas de garanta para situaciones que puedan poner en peligro la continuidad del servicio.

b) Condiciones de mejora ambiental, de eficiencia energtica o, cuando proceda, vinculadas a la alimentacin de proximidad y ecolgica, segn el objeto del contrato.

c) Medidas de control del cumplimiento y mantenimiento de los elementos de accesibilidad, de acuerdo con la normativa.

d) Condiciones de ejecucin destinadas a la integracin social, como la obligacin de contratar personas en riesgo de exclusin o subcontratar partes accesorias en centros especiales de trabajo o empresas de insercin socio-laboral, siempre que el nmero de personas destinadas a la ejecucin del contrato, la tipologa de la prestacin o la existencia de prestaciones accesorias lo permitan.

En caso de que la entidad gestora del servicio contratado contemple la contratacin o la subcontratacin de personas en riesgo de exclusin o de centros especiales de ocupacin o empresas de insercin socio-laboral, se exigir de manera especfica la proteccin de estas personas en las evaluaciones de riesgos laborales, as como la adopcin, si cabe, de las medidas preventivas y de proteccin necesarias.

CAPTULO III
Sistema de cooperacin directa con entidades del Tercer Sector Social
Artculo21. Cooperacin directa con entidades del Tercer Sector Social.

1. Las entidades del Tercer Sector Social, cuando su actividad tenga un carcter singular, tal y como se define en el artculo12.3 de la Ley3/2018, de29 de mayo, del Tercer Sector de Accin Social, podrn cooperar directamente en la prestacin de determinados servicios sociales conforme a la planificacin y a la legislacin establecidas.

2. La posibilidad de esta cooperacin deber justificarse en una mejor eficiencia de la prestacin, de eficacia presupuestaria y en la no distorsin indebida de la competencia. En concreto, las condiciones de cooperacin no pueden implicar la obtencin de ningn beneficio de sus prestaciones, independientemente del reembolso de los costes variables, fijos y permanentes necesarios para prestarlas, ni proporcionar ningn beneficio a sus miembros, ni referirse a las actividades comerciales que realizan esas entidades.

3. Ser preceptivo que las asociaciones de voluntariado e instituciones que puedan participar en acciones de cooperacin se encuentren inscritas en el Registro correspondiente, con la finalidad de acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos en esta norma y en otras normativas aplicables.

4. Los acuerdos de cooperacin directa tendrn la forma de convenio singular de cooperacin y se regirn por lo dispuesto en la Ley40/2015, de1 de octubre, de rgimen jurdico de las administraciones pblicas. Estos acuerdos se publicarn en la pgina web del Gobierno de las Illes Balears.

Artculo22. Principios de contratacin de las entidades concertadas.

Las entidades que colaboren mediante accin concertada o cooperacin directa y que no tengan la condicin de poder adjudicador, aplicarn, siempre que sea posible, los principios de transparencia y concurrencia cuando deban realizar contratos.

Disposicin adicional nica. Rgimen supletorio aplicable.

En todas las cuestiones no previstas expresamente en el captulo II de esta ley, sobre las reglas especficas de contratacin pblica de servicios sociales dirigidos a las personas, se aplicar la Ley9/2017, de8 de noviembre, de contratos del sector pblico, por la que se transponen al ordenamiento jurdico espaol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo2014/23/UE y2014/24/UE, de26 de febrero de2014.

Disposicin transitoria nica. Rgimen transitorio de los procedimientos.

Esta ley no ser aplicable a los procedimientos ya iniciados antes de su entrada en vigor, que se regirn por la normativa anterior.

Disposicin derogatoria nica. Normas que se derogan.

Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en la presente ley.

Disposicin final primera. Excepciones al requisito de la acreditacin.

Por motivos de urgencia o cuando se trate de servicios de reciente implantacin, y siempre que no se puedan satisfacer las necesidades de la poblacin con otros servicios idneos, la administracin puede subscribir, previa acreditacin de tales circunstancias, acuerdos de accin concertada con las entidades de iniciativa privada que tengan autorizados los servicios. Estos conciertos se subscribirn por un ao y se pueden ampliar y renovar si, en este periodo, los servicios obtienen la acreditacin, o si subsisten las necesidades que hayan motivado su formalizacin.

Disposicin final segunda. Registro de Entidades de Ocupacin.

El Gobierno de las Illes Balears, a propuesta de la Consejera de Trabajo, Comercio e Industria, aprobar, en el plazo mximo de dieciocho meses desde la entrada en vigor de esta ley, el reglamento de creacin y normas de funcionamiento del registro de entidades para poder optar a la accin concertada de los servicios de orientacin profesional, as como los requisitos para la acreditacin prevista en la letra a) del apartado3 del artculo5 de esta ley.

Disposicin final tercera. Desarrollo y entrada en vigor de la ley.

1. Se autoriza al Gobierno de las Illes Balears a dictar cuantas disposiciones de aplicacin y desarrollo de la presente ley sean necesarias, dentro del marco competencial que establece el Estatuto de Autonoma de las Illes Balears.

2. La presente ley entrar en vigor a los veinte das de su publicacin en el Butllet Oficial de les Illes Balears.

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos guarden esta Ley y que los Tribunales y las Autoridades a los que corresponda la hagan guardar.

Palma, 15 de noviembre de2018.–La Presidenta, Francesca Lluch Armengol i Socias.

ANEXO
Cdigos CPV de serviciossociales

75330000-8 Prestaciones familiares (prestaciones econmicas)

75231240-8 Servicios de reinsercin (prisin)

79611000-0 Servicios de bsqueda de trabajo (insercin laboral)

85310000-5 Servicios de asistencia social

85321000-5 Servicios sociales administrativos

85322000-2 Programa de accin municipal

98000000-3 Otros servicios comunitarios, sociales o personales

98130000-3 Servicios diversos prestados por asociaciones

Servicio de comida a domicilio:

55521000-8 Servicios de suministro de comidas para particulares

55521100-9 Servicios de entrega de comidas a domicilio

55521200-0 Servicios de entrega de comidas

(Publicada en el Boletn Oficial de las Illes Balears nmero146, de22 de noviembre de2018)

Análisis

  • Rango: Ley
  • Fecha de disposición: 15/11/2018
  • Fecha de publicación: 06/12/2018
  • Entrada en vigor: 12 de diciembre de 2018.
  • Publicada en el BOIB nm. 146, de 22 de noviembre de 2018,.
Referencias anteriores
  • DE CONFORMIDAD con el art. 48.2 del Estatuto aprobado por Ley Orgnica 2/1983, de 25 de febrero (Ref. BOE-A-1983-6316).
Materias
  • Accin concertada
  • Asistencia social
  • Baleares
  • Contratacin administrativa

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