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Suscrito el Convenio entre el Servicio Público de Empleo Estatal y la Comunidad Autónoma del País Vasco por el que se atribuye de forma excepcional y limitada en el tiempo al Servicio Público de Empleo Estatal la gestión de la concesión y el pago de las ayudas contempladas en el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del citado Convenio, que figura como anexo de esta Resolución.
Madrid, 7 de marzo de 2018.–El Secretario General Técnico del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Pablo Hernández-Lahoz Ortiz.
En Vitoria-Gasteiz, a 7 de febrero de 2018.
REUNIDOS
De una parte, don Julio Ángel Martínez Meroño, Director General del Servicio Público de Empleo Estatal, nombrado por Real Decreto 36/2017, de 20 de enero, competente para la firma del presente convenio en virtud de lo dispuesto en el artículo 48.2 de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y de acuerdo, asimismo, con lo señalado en el artículo 6 del Real Decreto 1383/2008, de 1 de agosto, por el que se aprueba la estructura orgánica y de participación institucional del Servicio Público de Empleo Estatal.
Y, de otra parte, la Comunidad Autónoma del País Vasco, representada por don Marcos Muro Nájera, Viceconsejero de Empleo y Juventud facultado para este acto por Acuerdo de Consejo de Gobierno del 6 de febrero de 2018.
Actuando las partes en el ejercicio de sus respectivos cargos y en la representación que ostentan, se reconocen la capacidad jurídica suficiente en cuanto a la mencionada representación para suscribir el presente Convenio y a tal efecto
MANIFIESTAN
Que el artículo 48.1 de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que las Administraciones Públicas, sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes y las Universidades públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán suscribir convenios con sujetos de derecho público y privado, sin que ello pueda suponer cesión de la titularidad de la competencia.
Que el artículo 4.1, c) del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, excluye del ámbito de aplicación de la misma los convenios de colaboración que celebre la Administración General del Estado con las Comunidades Autónomas.
Que, en consecuencia, la Administración General del Estado, a través del Servicio Público de Empleo Estatal, organismo autónomo dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y la Comunidad Autónoma del País Vasco, a través de la Consejería de Empleo y Juventud, están habilitadas para la suscripción del presente convenio, el cual quedará fuera del ámbito de aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público, excepto para la resolución de las dudas y de las lagunas que pudieren presentarse, en cuyo caso serán de aplicación los principios contenidos en la misma Ley.
Que el Servicio Público de Empleo Estatal (en adelante SEPE), es un organismo autónomo perteneciente a la Administración General del Estado que tiene encomendada, en función de lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Empleo, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 octubre, la ordenación, desarrollo y seguimiento de los programas y medidas de la política de empleo, en el marco de lo establecido en dicha norma.
Que mediante el Real Decreto 1441/2010, de 5 de noviembre, se ha producido el traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco en materia de ejecución de la legislación laboral en el ámbito del trabajo, el empleo y la formación profesional para el empleo que realiza el Servicio Público de Empleo Estatal, teniendo efectividad dicho traspaso desde el 1 de enero de 2011.
Que el Real Decreto-ley 1/2011, de 11 de febrero, de medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas, introdujo de forma coyuntural un programa temporal de seis meses de duración destinado a las personas que habían agotado su protección por desempleo, basado en acciones de mejora de la empleabilidad y en la percepción de una ayuda económica de acompañamiento.
Atendiendo a la situación del mercado de trabajo y a las necesidades de las personas destinatarias, el programa fue prorrogado en sucesivas ocasiones, la última de ellas mediante la disposición final segunda del Real Decreto-ley 1/2016, de 15 de abril, por el que se prorroga el Programa de Activación para el Empleo, que modifica la disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero, por el que se prorroga el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo y se adoptan otras medidas urgentes para el empleo y la protección social de las personas desempleadas, estableciendo la prórroga automática del mismo por períodos de seis meses siempre que la tasa de desempleo fuese superior al 18 por ciento según la última Encuesta de Población Activa publicada con anterioridad a la fecha de la prórroga, y se reunieran los requisitos establecidos en el Real Decreto-ley 23/2012, de 24 de agosto.
Que la Sentencia 100/2017, de 20 de julio de 2017, del Tribunal Constitucional, en relación con el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno Vasco contra el Real Decreto-ley 1/2013, de 25 de enero, ha venido a establecer que la gestión de la ayuda económica de acompañamiento a desempleados que han agotado la protección por desempleo por parte del Servicio Público de Empleo Estatal contraviene el orden constitucional de distribución de competencias en materia de empleo.
Que, ante la necesidad de asegurar la continuidad del programa, evitando cualquier dilación que pueda perjudicar a un colectivo que ha agotado su protección por desempleo y hacer efectiva sin solución de continuidad la gestión de las ayudas económicas por parte de las Comunidades Autónomas, que son las administraciones competentes para la gestión de estas ayudas, la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, en reunión celebrada el 18 de septiembre de 2017, ha acordado por unanimidad la atribución temporal al Servicio Público de Empleo Estatal de las funciones de reconocimiento, concesión y pago de la ayuda económica de acompañamiento. Unas circunstancias y un acuerdo que, conforme a lo dispuesto en el artículo 18.h).2º del Texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, permiten al Servicio Público de Empleo Estatal seguir gestionando las citadas funciones.
Mediante el Real Decreto-Ley 14/2017, de 6 de octubre, se ha producido la reactivación extraordinaria y por tiempo limitado del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo y la atribución al SEPE de la gestión del mismo.
Que el Gobierno tiene intención de revisar, en el marco del dialogo social y con las Comunidades Autónomas, los distintos programas que actualmente complementan la protección por desempleo, regulada en el título III del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, a fin de llevar a cabo una reordenación de los mismos, mejorando su cobertura, adaptándolos plenamente al marco competencial vigente, y eliminando las incompatibilidades entre los programas gestionados por el Estado y por las CCAA, en los términos en los que se acuerde en el marco de dicho proceso de diálogo.
Sentado lo anterior, la Administración General del Estado y la comunidad autónoma del País Vasco consideran necesaria la reactivación extraordinaria y limitada en el tiempo el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo, así como atribuir excepcionalmente y de forma limitada en el tiempo al Servicio Público de Empleo Estatal las funciones de concesión y pago de la ayuda económica de acompañamiento.
La reactivación del plan se justifica por la indudable necesidad de mantener la protección de un colectivo de personas desempleadas tan sensible como el de los destinatarios del programa en tanto se realice la revisión y reordenación de los actuales programas destinados a mejorar las posibilidades de inserción de los desempleados y, a su vez, a complementar la protección por desempleo.
Por su parte, las partes firmantes consideran que la única manera de garantizar la cobertura de este Plan, en tanto se realice la revisión y reordenación de los actuales programas destinados a mejorar las posibilidades de inserción de los desempleados, y sin menoscabo de las competencias reconocidas por el Tribunal Constitucional a las Comunidades Autónomas, es atribuyendo temporalmente al SEPE las funciones de concesión y pago de la ayuda económica de acompañamiento, atribución temporal que obedece a la necesidad imperiosa de asegurar la continuidad del programa, evitando cualquier dilación que pueda perjudicar a un colectivo que ha agotado su protección por desempleo. Todo ello, en los términos establecidos en el Real Decreto-ley 14/2017, de 6 de octubre.
Las señaladas circunstancias y acuerdo, conforme a lo dispuesto en el artículo 18.h).2º del Texto Refundido de la Ley de Empleo, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre, permiten al Servicio Público de Empleo Estatal seguir gestionando las funciones de reconocimiento, concesión y pago de la ayuda económica de acompañamiento de manera extraordinaria y limitada en el tiempo.
El presente Convenio se encuadra en el tipo establecido en la letra a) del apartado 2, del artículo 47 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, referida a Convenios interadministrativos firmados entre dos o más Administraciones Públicas, o bien entre dos o más organismos públicos o entidades de derecho público vinculados o dependientes, para el ejercicio de competencias propias o delegadas.
Que se cumplen los trámites preceptivos, que establece el artículo 50 de la mencionada Ley 40/2015, de 1 octubre, y la restante normativa de aplicación.
Por todo lo anteriormente expuesto, las partes acuerdan suscribir el presente convenio, que se regirá por las siguientes
CLÁUSULAS
El objeto del presente Convenio es atribuir de forma excepcional y limitada en el tiempo al Servicio Público de Empleo Estatal la gestión de la concesión y el pago de las ayudas contempladas en el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo y tengan su residencia en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, a partir de la vigencia del presente convenio y hasta el 30 de abril de 2018.
1. El Servicio Público de Empleo Estatal gestionará de forma excepcional la concesión y el pago de las ayudas contempladas en el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo y tengan su residencia en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco a partir de la vigencia del presente convenio y hasta el 30 de abril de 2018.
La gestión desarrollada por el Servicio Público de Empleo Estatal se ajustará a lo establecido en el Real Decreto-ley 14/2017, de 6 de octubre, por el que se aprueba la reactivación extraordinaria y por tiempo limitado del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo, y en la restante normativa vigente reguladora de dicho programa.
2. La Comunidad Autónoma del País Vasco facilitará la gestión desarrollada por el SEPE en los términos indicados en este convenio.
3. En caso de incumplimiento de las actuaciones acordadas se estará a lo establecido en la cláusula quinta.
Como mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecución del convenio, se crea la Comisión de Coordinación y Seguimiento de este Convenio, de composición paritaria y constituida por seis personas: tres por cada una de las partes.
Por parte del Servicio Público de Empleo Estatal los integrantes serán los titulares de la Subdirección General de Políticas Activas de Empleo, de la Subdirección General de Recursos y Organización y de la Subdirección General de Gestión Financiera, o las personas en quienes estos deleguen. En caso de modificación de la estructura orgánica del SEPE, el Director General designará a los tres representantes de entre los subdirectores generales del organismo.
Por parte de la Comunidad Autónoma del País Vasco, los integrantes serán los titulares de la Dirección de Servicios y de la Dirección de Empleo e Inclusión del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, y de la Dirección General del Servicio público de Empleo de Euskadi - Lanbide, o de las personas en quienes estos deleguen.
Su régimen de funcionamiento se regirá por las bases siguientes:
– La Comisión se reunirá, al menos, trimestralmente, o a petición de cualquiera de las partes firmantes. Los miembros de la Comisión podrán asistir acompañados por los técnicos, que no tendrán voz ni voto en las reuniones.
La comisión tendrá su sede en los servicios centrales del SEPE y en la sede del Gobierno Vasco en Lakua I.
– La Presidencia de la Comisión será rotatoria, correspondiendo la de la primera reunión al Servicio Público de Empleo Estatal.
– Como Secretario, sin voz ni voto, actuará un empleado público designado por la Presidencia.
La Comisión de Coordinación y Seguimiento tendrá como funciones:
– Garantizar el cumplimiento de los objetivos previstos en el Convenio,
– Realizar el seguimiento y evaluación del mismo,
– Facilitar la adecuada coordinación de las administraciones firmantes,
– Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse.
– Facilitar a la Comunidad Autónoma de Euskadi la información sobre los beneficiarios e información económica de la gestión del programa, con respeto a la normativa de protección de datos de carácter personal.
En lo no regulado expresamente en esta apartado será de aplicación lo previsto en el anexo único y en los artículos 15 a 19 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
El presente Convenio tendrá vigencia una vez sea inscrito en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, al que se refiere la disposición adicional séptima de la Ley 40/2015, de 1 octubre, y sea publicado de forma simultánea en el «Boletín Oficial del Estado» y en el Boletín Oficial de País Vasco y hasta el 30 de abril de 2018.
A partir de dicho plazo, la gestión de estos programas se llevará a cabo por la CAPV y su financiación se realizará de conformidad con el Real Decreto 1441/2010, según el marco competencial vigente, de acuerdo con la jurisprudencia reciente del Tribunal Constitucional, mejorando las condiciones de protección de las personas desempleadas y posibilitando la complementariedad entre los programas autonómicos y estatales, en los términos en los que se acuerde en el marco del proceso de diálogo social y con las Comunidades Autónomas.
Si durante el período de vigencia del presente convenio, por imperativo legal, fuera precisa la redacción de un nuevo Convenio con contenido o términos distintos al vigente, se extinguirá éste, con independencia de la duración pactada, en el mismo momento en el que entre en vigor el Convenio que le sustituya.
El presente convenio perderá su vigencia en el supuesto de que el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo fuera objeto de prórroga.
1. El convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución.
2. Son causas de resolución:
a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.
b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.
c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado al presidente de la Comisión de Coordinación y Seguimiento y a otra parte firmante.
Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio.
d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en las leyes.
El presente convenio no tiene contraprestaciones económicas entre las partes.
Las actuaciones que desarrollen las partes firmantes en su ejecución y en especial la gestión por el Servicio Público de Empleo Estatal de la concesión y el pago de las ayudas contempladas en el programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo en el territorio de la Comunidad Autónoma del País Vasco, se desarrollará por aquél sin generar costes ni dar lugar a contraprestaciones financieras entre las partes firmantes.
El presente convenio tiene naturaleza administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.1.c) del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por lo que queda fuera de su ámbito de aplicación, sin perjuicio de la aplicación de los principios y criterios en el contenidos para resolver las dudas y lagunas que pudieran producirse.
Las controversias que pudieran surgir se resolverán de mutuo acuerdo entre las partes, en el seno de la comisión prevista en la cláusula cuarta. En su defecto los órganos jurisdiccionales del orden contencioso administrativo serán competentes para dirimir los conflictos a que la ejecución del presente Convenio pudiera dar lugar.
Y, en prueba de conformidad con cuanto antecede, firman las partes intervinientes el presente convenio por duplicado ejemplar, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.–El Director General del Servicio Público de Empleo Estatal, Julio Ángel Martínez Meroño.–El Viceconsejero de Empleo y Juventud, Marcos Muro Nájera,
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