Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Ministros, en su reunión de 12 de abril de 2019 y a propuesta de la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, ha adoptado un Acuerdo por el que se formalizan los criterios de distribución y la distribución resultante para el ejercicio 2019 del crédito de 6.500.000 euros para el desarrollo de programas y la prestación de servicios que garanticen el derecho a la asistencia social integral a las víctimas de violencia de género y la atención a los menores; del crédito de 1.000.000 euros destinado a implementar la propuesta común para la mejora de la coordinación y desarrollo de planes personalizados; así como del crédito de 2.000.000 euros para programas para el apoyo a víctimas de agresiones o abusos sexuales.

Para general conocimiento se dispone su publicación como anejo a la presente Resolución.

Madrid, 15 de abril de 2019.–La Secretaria de Estado de Igualdad, Soledad Murillo de la Vega.

ANEJO

Acuerdo por el que se formalizan los criterios de distribución y la distribución resultante para el ejercicio 2019 del crédito de 6.500.000 euros para el desarrollo de programas y la prestación de servicios que garanticen el derecho a la asistencia social integral a las víctimas de violencia de género y la atención a los menores; del crédito de 1.000.000 euros para implementar la propuesta común para la mejora de la coordinación y desarrollo de planes personalizados; así como del crédito de 2.000.000 euros para programas para el apoyo a víctimas de agresiones o abusos sexuales

De conformidad con el artículo 86.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, el Consejo de Ministros acuerda formalizar, en los términos que figuran en el Anexo, los criterios objetivos de distribución resultantes del acuerdo adoptado en el seno de la Conferencia Sectorial de Igualdad, en la reunión celebrada el 3 de abril de 2019, así como la distribución resultante, en relación con el crédito de 6.500.000 euros para el desarrollo de programas y la prestación de servicios que garanticen el derecho a la asistencia social integral a las víctimas de violencia de género y la atención a los menores; del crédito de 1.000.000 euros para implementar la propuesta común para la mejora de la coordinación y desarrollo de planes personalizados; así como del crédito de 2.000.000 euros para programas para el apoyo a víctimas de agresiones o abusos sexuales.

La violencia contra las mujeres constituye una vulneración de sus derechos humanos y libertades fundamentales y la expresión más cruel de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, que impide la efectiva realización de la igualdad entre mujeres y hombres. Combatir cualquier forma de violencia contra las mujeres, tanto en la vida pública como en la vida privada, es una prioridad del Gobierno, que se alinea con los compromisos asumidos por España en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015, en concreto, con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, «Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y a las niñas».

La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, enmarca la actuación de los poderes públicos contra la violencia que se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. Esta Ley Orgánica garantiza a todas las mujeres víctimas de violencia de género el derecho a la asistencia social integral, con independencia del origen, religión o cualquier otra circunstancia personal o social. Este derecho, reconocido en el artículo 19, incluye el derecho a servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral, cuya organización responderá a los principios de atención permanente, actuación urgente, especialización de prestaciones y multidisciplinariedad profesional. Además, los menores que se encuentren bajo la patria potestad o guarda y custodia de la mujer víctima de violencia de género tienen reconocido este derecho a través de los servicios sociales.

Es competencia de las Comunidades Autónomas la organización de los servicios sociales, a cuya prestación contribuye la Administración General del Estado mediante la aportación de recursos financieros.

A este fin, la Conferencia Sectorial de Igualdad de 3 de abril de 2019 ha acordado los criterios de distribución de la dotación presupuestaria 25.04.232C.450 del presupuesto de gastos para 2019, para transferencias a las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía para la asistencia social integral a las víctimas de la violencia de género, incluidos los menores a su cargo, por importe de 6.500.000 €.

La Conferencia Sectorial de Igualdad ha acordado, también, los criterios de distribución de la dotación presupuestaria 25.04.232C.451 del presupuesto de gastos, para transferencias a las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía para implementar la Propuesta Común para la mejora de la coordinación y desarrollo de planes personalizados, que fue aprobada en la Conferencia Sectorial de Igualdad de 17 de junio de 2013.

Asimismo, la violencia sexual, incluida la violación y el acoso sexual, es una forma de violencia contra la mujer, de conformidad con la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (Resolución 48/104, de 20 de diciembre de 1993) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y en virtud del Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica, hecho en Estambul el 11 de mayo de 2011, y ratificado por España en 2014.

El Convenio del Consejo de Europa insta a los Estados Parte a concebir un marco global, políticas y medidas de protección y asistencia a todas las víctimas de violencia contra la mujer. En concreto, insta a tomar las medidas legislativas u otras necesarias para permitir la creación de centros de ayuda de emergencia para las víctimas de violaciones y de violencias sexuales, apropiados, fácilmente accesibles y en número suficiente, para realizarles un reconocimiento médico y médico forense, y darles un apoyo vinculado al traumatismo y consejos.

En este sentido, la Conferencia Sectorial de Igualdad de 3 de abril de 2019 ha acordado, asimismo, los criterios de distribución de la aplicación presupuestaria 25.04.232C.455 del presupuesto de gastos para 2019 para transferencias a las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía destinada a programas para el apoyo a víctimas de agresiones o abusos sexuales, dotada con 2.000.000,00 €.

Este Acuerdo se fundamenta en el artículo 86.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, que establece que la Conferencia Sectorial correspondiente acordará los criterios objetivos de distribución, así como las distribuciones resultantes, de los créditos destinados al cumplimiento de planes y programas conjuntos referidos a competencias de las Comunidades Autónomas, y que dichos criterios serán formalizados mediante Acuerdo del Consejo de Ministros.

De acuerdo con este precepto, las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y de Melilla, deberán remitir al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, con anterioridad al 31 de marzo del 2020, el estado de ejecución del ejercicio, indicando las cuantías totales de compromiso de créditos, obligaciones reconocidas y pagos realizados en el año 2019. Las Comunidades Autónomas que gestionan las transferencias deberán llevar un adecuado control de las mismas que asegure la correcta obtención, disfrute y destino de los fondos percibidos.

En su virtud, el Pleno de la Conferencia Sectorial de Igualdad, en la reunión celebrada el 3 de abril de 2019, acordó los criterios de distribución, así como las cuantías resultantes, para el ejercicio económico 2019, para el desarrollo de programas y la prestación de servicios que garanticen el derecho a la asistencia social integral a las víctimas de violencia de género y la atención a los menores, para implementar la Propuesta Común para la mejora de la coordinación y desarrollo de planes personalizados, y para el desarrollo de programas para el apoyo a víctimas de agresiones o abusos sexuales, que se indican en el Anexo.

Con carácter previo a la celebración de la Conferencia Sectorial de Igualdad, y de acuerdo a lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se recabó informe preceptivo y vinculante de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda, sobre cumplimiento del artículo 20.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y de la Resolución de 27 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de febrero de 2013, por el que se aprueban las instrucciones para la aplicación del artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria. El informe favorable se emitió el 21 de marzo de 2019.

Por todo lo expuesto, se somete a la aprobación del Consejo de Ministros el presente Acuerdo, que tiene por objeto exclusivamente la distribución entre las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía de las habilitaciones de gasto en qué consisten los créditos presupuestarios, así como su formalización, sin que en ningún caso pueda entenderse que el mismo implique la ejecución de los citados créditos presupuestarios, el nacimiento de ningún tipo de obligación económica con cargo a los Presupuestos Generales del Estado a favor de las Comunidades Autónomas ni, en consecuencia la existencia de ningún derecho de cobro a las Comunidades Autónomas frente a la Administración General del Estado o sus entidades públicas vinculadas o dependientes.

Con posterioridad al presente Acuerdo, el órgano competente del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad aprobará las resoluciones a través de las cuales se formalizan los compromisos financieros resultantes, de acuerdo con la regla cuarta del artículo 86.2 de la citada Ley 47/2003, General Presupuestaria y la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Cumplidos todos los trámites preceptivos, se somete a aprobación del Consejo de Ministros el presente Acuerdo por el que se aprueban los criterios de distribución, así como la distribución resultante, para el ejercicio 2019 del crédito destinado a programas para la asistencia social integral a las víctimas de la violencia de género, incluidos los menores a su cargo, del destinado a implementar la Propuesta Común para la mejora de la coordinación y desarrollo de planes personalizados, y del destinado a programas para el apoyo a víctimas de agresiones o abusos sexuales, en los siguientes términos.

ANEXO

El crédito de 6.500.000 euros, al que se refiere este Acuerdo, se destinará al desarrollo de programas y la prestación de servicios que garanticen el derecho a la asistencia social integral a las víctimas de violencia de género y la atención a los menores. El crédito de 1.000.000 euros, al que se refiere este Acuerdo, se destinará a implementar la Propuesta Común para la mejora de la coordinación y desarrollo de planes personalizados. Y el crédito de 2.000.000 euros, al que se refiere este Acuerdo, se destinará al desarrollo de programas para el apoyo a víctimas de agresiones o abusos sexuales.

Criterios objetivos para la distribución de los créditos

1.º Asistencia Social Integral a víctimas de violencia de género:

– Distribución a tanto alzado de 1.000.000 € para asegurar una cuantía mínima que permita la realización de acciones.

– Distribución de 1.125.000 € para garantía de un mínimo de 125.000,00 € para las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla.

– Distribución de 500.000 € en función de la distribución de las mujeres extranjeras residentes en España de 15 y más años.

– Distribución de 925.000 € en función del total de mujeres residentes en España de 15 y más años.

– Distribución de 500.000 € en función de la dispersión poblacional.

2.º Atención especializada a menores víctimas de violencia de género:

– La distribución de 2.450.000 € se realiza tomando como criterio único el de la población de 0 a 17 años residente en cada Comunidad Autónoma y en las Ciudades de Ceuta y Melilla.

3.º Propuesta común para la mejora de la coordinación y desarrollo de planes personalizados:

– Distribución de 70.000 € en función del grado de dispersión/ ruralidad del territorio.

– Distribución de 25.000 € para Ceuta y Melilla.

– Distribución de 905.000 € para el resto de las Comunidades Autónomas.

4.º Apoyo a víctimas de agresiones o abusos sexuales:

– Distribución a tanto alzado de 500.000,00 € para asegurar una cuantía mínima que permita la realización de acciones.

– Distribución de 775.000 € que garantice un mínimo de 75.000,00 € para las Comunidades Autónomas y las Ciudades de Ceuta y Melilla.

– Distribución de 200.000,00 € en función de la distribución de las mujeres extranjeras residentes en España de 15 y más años.

– Distribución de 325.000 € en función del total de mujeres residentes en España de 15 y más años.

– Distribución de 200.000,00 € en función de la dispersión poblacional.

Distribución resultante

El resultado de las citadas distribuciones puede observarse en los siguientes cuadros.

Asistencia social integral a víctimas de violencia de género y atención a menores

	1.000.000 € a tanto alzado – Euros	Asegurar 125.000 € a las CC.AA. incluidas Ceuta y Melilla – Euros	500.000 € en función de la distribución de mujeres extranjeras de 15 y más años – Euros	500.000 € en función del grado de dispersión/ruralidad del territorio – Euros	Resto en función de la distribución del total de mujeres de 15 y más años – Euros	Total ASI – Euros	Menores – Euros	Total – Euros
Total España	1.000.000	1.125.000	500.000	500.000	925.000	4.050.000	2.450.000	6.500.000
Andalucía	58.823,53	66.176,47	68.356,24	22.081,34	173.469,62	388.907,20	503.236,28	892.143,48
Aragón	58.823,53	66.176,47	14.625,98	77.073,36	27.633,65	244.332,99	69.165,47	313.498,46
Principado de Asturias	58.823,53	66.176,47	4.901,60	21.798,51	23.252,77	174.952,88	42.565,10	217.517,99
Illes Balears	58.823,53	66.176,47	21.496,24	9.346,94	23.270,60	179.113,78	64.724,97	243.838,75
Canarias	58.823,53	66.176,47	30.221,69	7.396,23	44.921,58	207.539,50	111.452,46	318.991,96
Cantabria	58.823,53	66.176,47	3.607,00	19.413,31	12.554,01	160.574,32	29.251,44	189.825,75
Castilla y León	58.823,53	66.176,47	13.744,65	82.670,09	52.160,27	273.575,01	109.289,59	382.864,60
Castilla-La Mancha	58.823,53	66.176,47	16.959,83	82.869,53	41.577,44	266.406,80	115.985,14	382.391,94
Cataluña	58.823,53	66.176,47	115.233,04	8.929,68	158.937,40	408.100,12	439.856,44	847.956,56
Comunitat Valenciana	58.823,53	66.176,47	73.375,44	9.904,64	103.908,67	312.188,74	279.227,04	591.415,79
Extremadura	58.823,53	66.176,47	3.548,07	82.027,05	22.643,24	233.218,37	56.164,42	289.382,78
Galicia	58.823,53	66.176,47	10.991,84	23.139,22	59.961,18	219.092,24	121.410,19	340.502,43
Comunidad de Madrid	58.823,53	66.176,47	97.875,70	2.579,33	141.357,09	366.812,13	379.777,98	746.590,10
Región de Murcia	58.823,53	66.176,47	19.221,57	16.175,04	29.542,33	189.938,95	96.677,33	286.616,28
La Rioja	58.823,53	66.176,47	3.825,65	33.781,13	6.619,04	169.225,83	17.293,88	186.519,71
Ceuta	58.823,53	66.176,47	637,61	496,51	1.605,36	127.739,48	6.568,57	134.308,05
Melilla	58.823,53	66.176,47	1.377,82	318,10	1.585,75	128.281,67	7.353,70	135.635,37

Propuesta común para la mejora de la coordinación y desarrollo de planes personalizados

	70.000 € en función del grado de dispersión/ruralidad del territorio – Euros	25.000 € Ceuta y Melilla – Euros	905.000 € resto de las CC.AA. – Euros	Total planes personalizados – Euros
Total España	70.000	25.000	905.000	1.000.000
Andalucía	3.091,39		60.333,33	63.424,72
Aragón	10.790,27		60.333,33	71.123,60
Principado de Asturias	3.051,79		60.333,33	63.385,12
Illes Balears	1.308,57		60.333,33	61.641,90
Canarias	1.035,47		60.333,33	61.368,81
Cantabria	2.717,86		60.333,33	63.051,20
Castilla y León	11.573,81		60.333,33	71.907,15
Castilla-La Mancha	11.601,73		60.333,33	71.935,07
Cataluña	1.250,15		60.333,33	61.583,49
Comunitat Valenciana	1.386,65		60.333,33	61.719,98
Extremadura	11.483,79		60.333,33	71.817,12
Galicia	3.239,49		60.333,33	63.572,82
Comunidad de Madrid	361,11		60.333,33	60.694,44
Región de Murcia	2.264,51		60.333,33	62.597,84
La Rioja	4.729,36		60.333,33	65.062,69
Ceuta	69,51	12.500,00		12.569,51
Melilla	44,54	12.500,00		12.544,54

Apoyo a víctimas de agresiones y/o abusos sexuales

	500.000 € a tanto alzado – Euros	Asegurar 75.000 € a las CC.AA. incluidas Ceuta y Melilla – Euros	200.000 € en función de la distribución de mujeres extranjeras de 15 y más años – Euros	200.000 € en función del grado de dispersión/ruralidad del territorio – Euros	Resto en función de la distribución del total de mujeres de 15 y más años – Euros	Total agresiones sexuales – Euros
Total España	500.000	775.000	200.000	200.000	325.000	2.000.000
Andalucía	29.411,76	45.588,24	27.342,50	8.832,54	60.948,79	172.123,82
Aragón	29.411,76	45.588,24	5.850,39	30.829,34	9.709,12	121.388,86
Principado de Asturias	29.411,76	45.588,24	1.960,64	8.719,40	8.169,89	93.849,94
Illes Balears	29.411,76	45.588,24	8.598,50	3.738,77	8.176,16	95.513,43
Canarias	29.411,76	45.588,24	12.088,67	2.958,49	15.783,26	105.830,43
Cantabria	29.411,76	45.588,24	1.442,80	7.765,32	4.410,87	88.618,99
Castilla y León	29.411,76	45.588,24	5.497,86	33.068,04	18.326,58	131.892,48
Castilla-La Mancha	29.411,76	45.588,24	6.783,93	33.147,81	14.608,29	129.540,03
Cataluña	29.411,76	45.588,24	46.093,22	3.571,87	55.842,87	180.507,96
Comunitat Valenciana	29.411,76	45.588,24	29.350,18	3.961,85	36.508,45	144.820,48
Extremadura	29.411,76	45.588,24	1.419,23	32.810,82	7.955,73	117.185,78
Galicia	29.411,76	45.588,24	4.396,74	9.255,69	21.067,44	109.719,87
Comunidad de Madrid	29.411,76	45.588,24	39.150,28	1.031,73	49.666,00	164.848,02
Región de Murcia	29.411,76	45.588,24	7.688,63	6.470,02	10.379,74	99.538,38
La Rioja	29.411,76	45.588,24	1.530,26	13.512,45	2.325,61	92.368,32
Ceuta	29.411,76	45.588,24	255,04	198,60	564,05	76.017,69
Melilla	29.411,76	45.588,24	551,13	127,24	557,15	76.235,52

La financiación correspondiente a las Comunidades Autónomas de Navarra y País Vasco, se realizará de conformidad con sus regímenes de financiación específicos.

Instrumentalización

Según lo previsto en la Resolución de 27 de febrero de 2013, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 22 de febrero de 2013, por el que se aprueban las instrucciones para la aplicación del artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, una vez formalizados por el Consejo de Ministros los criterios objetivos de distribución y la distribución resultante, el compromiso de aportación de fondos por parte de la Administración General del Estado a las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía, se formalizará mediante la correspondiente resolución de la Secretaría de Estado de Igualdad, por la que se harán efectivos los libramientos correspondientes a la distribución territorial de los créditos presupuestarios para el ejercicio de 2019, para la gestión por las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía, con competencias asumidas, de subvenciones en materia de violencia contra las mujeres, financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

Se autoriza al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, para que, de conformidad con la regla quinta, del número dos, del artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, proceda a efectuar los pagos correspondientes para hacer efectivos los créditos asignados a todos los programas del presente Acuerdo que se efectuarán por su importe total, en el último trimestre del ejercicio, y siempre que se hayan aprobado de común acuerdo los proyectos remitidos al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, junto con la relación certificada de los mismos, de la que se dará publicidad en el BOE.

En esta relación certificada se recogerán los siguientes datos: denominación de cada proyecto, calendario de ejecución, localización desglosada, en su caso, por provincias y municipios, forma de gestión (directa o concertada con otras entidades, especificando el instrumento mediante el cual se articule) y financiación.

Las Comunidades Autónomas y las Ciudades con Estatuto de Autonomía informarán al Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad de la puesta en marcha de los proyectos, así como de cualquier otra incidencia o modificación que afecte a su desarrollo o ejecución. En su caso, para el seguimiento de los proyectos se podrán reunir comisiones de seguimiento sobre la ejecución y evaluación de los mismos.

En la publicidad que se realice en cualquier medio de comunicación social sobre las actuaciones derivadas de estos programas se hará constar expresamente que éstos se han financiado con cargo a los créditos recibidos del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad (Secretaría de Estado de Igualdad).

Las Comunidades Autónomas y las Ciudades con Estatuto de Autonomía presentarán, antes del 31 de marzo del 2020, cuatro informes finales: uno referido a las actuaciones realizadas para garantizar a las mujeres víctimas de violencia de género el derecho a la asistencia social integral, uno referido a las actividades desarrolladas para la atención especializada a menores víctimas de violencia de género, uno referido a las actividades desarrolladas para la realización de proyectos de mejora de la coordinación y planes personalizados de atención a víctimas de violencia de género y otro referido a las actuaciones realizadas para garantizar proyectos de apoyo a las víctimas de agresiones o abusos sexuales. Los cuatro informes describirán las actuaciones realizadas y contemplarán, para cada una de ellas, al menos, los siguientes extremos:

– Denominación de cada actuación/proyecto realizado.

– Fecha de puesta en marcha y de realización de cada proyecto.

– Grado de consecución de los objetivos previstos.

– Datos estadísticos sobre las/os usuarias/os de los servicios, en su caso.

– Información económica.

– Grado de ejecución del presupuesto.

– Otras colaboraciones obtenidas.

– Valoración: Dificultades y propuestas.

El estado de ejecución o certificado de remanente, firmado por el o la titular del centro directivo que gestione la transferencia y adverado por el/la interventor/a, se ajustará al modelo siguiente:

							Importes en euros
Programa (Asist. Social Integral/Asist. a Menores/Prop Común/Apoyo a víctimas agresión sexual)	Aplicación Presupuestaria de PGE	Denominación proyecto	Asignación (1)	Compromiso de crédito (2)	Obligaciones reconocidas (3)	Pagos realizados (4)	Remanentes (1) – (2)	Obligaciones Pendientes de Pago (3) – (4)

«Datos económicos referidos a la situación a 31-12-2019.»

De acuerdo con la regla sexta del apartado 2 del artículo 86 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, sobre créditos gestionados por las Comunidades Autónomas, los remanentes de fondos no comprometidos resultantes al finalizar el ejercicio, que se encuentren en poder de las Comunidades Autónomas, seguirán manteniendo el destino específico para el que fueron transferidos y se utilizarán en el siguiente ejercicio como situación de tesorería en el origen como remanentes que serán descontados de la cantidad que corresponda transferir a cada Comunidad Autónoma o a las Ciudades con Estatuto de Autonomía.

Si la actuación a la que corresponda el remanente resulta suprimida en el presupuesto del ejercicio siguiente, se destinará aquél en primer lugar a hacer efectivas las obligaciones pendientes de pago al fin del ejercicio inmediatamente anterior y el sobrante que no estuviere comprometido se reintegrará al Estado.