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El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y la Ciudad de Melilla, han suscrito, con fecha 3 de julio de 2024, un convenio para el apoyo técnico al alumnado con dificultades graves de autonomía que esté escolarizado en centros docentes sostenidos con fondos públicos en la Ciudad de Melilla durante el curso escolar 2024/2025, por lo que conforme a lo previsto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, una vez inscrito en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho convenio, que figura como anexo a esta resolución.

Madrid, 5 de julio de 2024.–La Secretaria General Técnica, Laura Manzano Palomo.

ANEXO

Convenio entre el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes y la Ciudad de Melilla para el apoyo técnico al alumnado con dificultades graves de autonomía que esté escolarizado en centros docentes sostenidos con fondos públicos en la Ciudad de Melilla durante el curso escolar 2024/2025

REUNIDOS

De una parte, doña María del Pilar Alegría Continente, Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, en virtud del Real Decreto 835/2023, de 20 de noviembre, por el que se nombran Ministros del Gobierno, y en uso de la competencia establecida en el artículo 61.k) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

De otra, don Juan José Imbroda Ortiz, Presidente de la Ciudad de Melilla, nombrado por Real Decreto 605/2023, de 7 de julio, en representación de la Ciudad de Melilla, en virtud de las facultades que le atribuye el artículo 14 de la Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo, de Estatuto de Autonomía de Melilla.

Ambas partes, en la representación con que actúan, intervienen con capacidad legal necesaria y competencia suficiente, conforme a la normativa que les resulta de aplicación para suscribir este convenio y, a tal efecto,

EXPONEN

I. Que el artículo 27 de la Constitución reconoce el derecho de todos los ciudadanos a la educación correspondiendo a los poderes públicos la garantía en el ejercicio de ese derecho. Por su parte, el artículo 74 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, prevé que la escolarización de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo deberá estar regida por los principios de inclusión y participación, calidad, equidad, no discriminación e igualdad efectiva en el acceso y permanencia en el sistema educativo, así como de accesibilidad universal para todos ellos.

En consecuencia, en las distintas etapas educativas se debe de velar por la inclusión educativa, la atención personalizada, la prevención de las dificultades de aprendizaje y la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo, tan pronto como se detecten dificultades de cualquier índole en el alumnado.

II. Que las Administraciones públicas garantizarán, en la admisión de los alumnos en centros públicos y privados concertados, el derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad y no discriminación y la libertad de elección de centro por padres, madres o tutores legales; toda vez que atenderán a una adecuada y equilibrada distribución entre los centros escolares con alumnos que presenten necesidades específicas de apoyo educativo. Asimismo, las Administraciones educativas evitarán la segregación de los alumnos por razones socioeconómicas o de otra naturaleza y continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial.

III. Que el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes (en adelante, el Ministerio) además de ser el responsable en la Administración General del Estado, de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia educativa y de formación profesional, igualmente, tiene atribuida la competencia plena en materia educativa en las Ciudades de Ceuta y de Melilla en aplicación del artículo 149.3 de la Constitución.

Así, conforme a la disposición adicional tercera del Real Decreto 274/2024, de 19 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio, los servicios territoriales en materia educativa en las Ciudades de Ceuta y Melilla dependen del Departamento, a través de la Secretaría de Estado de Educación.

IV. Que la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local reconoce a los municipios «su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten directamente al círculo de sus intereses, atribuyéndoles las competencias que proceda en atención a las características de la actividad pública de que se trate y a la capacidad de gestión de la Entidad Local, de conformidad con los principios de descentralización, proximidad, eficacia y eficiencia, y con estricta sujeción a la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera».

V. Que la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Ciudad de Melilla respecto de su ámbito competencial, tiene atribuidas entre otras funciones, la de fomentar el refuerzo educativo en base al Acuerdo del Consejo de Gobierno, de fecha 28 de julio de 2023, relativo al decreto de distribución de competencias entre las Consejerías de la Ciudad.

VI. Que los centros sostenidos con fondos públicos de la Ciudad de Melilla que escolarizan alumnos con necesidades educativas especiales en cualquiera de los niveles obligatorios, necesitan apoyo técnico al objeto de garantizarles autonomía mediante la asistencia de profesionales Técnicos en Atención a Personas en Situación de Dependencia o equivalente. Estos profesionales desarrollarán labores auxiliares al profesorado encargado de impartir enseñanza en los centros docentes, utilizando los recursos y procedimientos necesarios.

En definitiva, el convenio tiene el objetivo de concretar dicho apoyo técnico al alumnado con dificultades graves de autonomía y escolarizado en centros educativos sostenidos con fondos públicos durante el curso escolar 2024-2025.

Por todo ello, ambas partes acuerdan suscribir el presente convenio que se regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del convenio.

El propósito de este convenio es concretar el apoyo técnico a los centros educativos sostenidos con fondos públicos en la Ciudad de Melilla, mediante la contratación de, al menos, 25 Técnicos en Atención a Personas en Situación de Dependencia o equivalente, para llevar a cabo las funciones que le son propias. El ámbito temporal comprenderá desde su contratación hasta la finalización del curso escolar 2024-2025 y con una jornada laboral de 20 horas semanales.

En el supuesto de que la Ciudad de Melilla dispusiera de crédito suficiente, este apoyo técnico circunscrito a 25 técnicos, podría verse aumentado, dependiendo de la suficiencia presupuestaria.

Segunda. Aportaciones de las partes.

La Ciudad de Melilla financiará el coste del citado refuerzo educativo por un importe inicial que asciende a 642.236,12 euros, con cargo al presupuesto de la Ciudad en las siguientes aplicaciones presupuestarias: 03/32103/12009; 03/32103/12100; 03/32103/12101; 03/32103/12103 y 03/92000/16004.

Este convenio no comporta obligación económica para el Ministerio.

Tercera. Actuaciones.

Por parte de la Dirección Provincial del Ministerio en Melilla se establecerán las directrices de actuación que deberán seguir los Técnicos en Atención a Personas en Situación de Dependencia o equivalente y las labores concretas de apoyo al profesorado encargado de la docencia en las aulas. Asimismo, distribuirá ese personal entre los distintos centros educativos, según las necesidades de los mismos.

Cuarta. Comisión de Evaluación y Seguimiento del convenio.

Las partes firmantes constituirán una Comisión de Seguimiento en la que participarán dos representantes de cada una de ellas. Los representantes del Ministerio serán designados por la Dirección General de Planificación y Gestión Educativa y los correspondientes a la Ciudad, serán propuestos por la Consejería de Educación, Juventud y Deporte.

El objetivo de dicha Comisión será establecer los mecanismos de seguimiento, la vigilancia y el control de la ejecución del convenio y de los compromisos adquiridos por las partes, al tiempo que impulsará la coordinación, la interpretación, la resolución de las controversias que puedan suscitarse, así como la formulación de cuantas propuestas se estimen convenientes para garantizar su eficaz desarrollo y evaluar el cumplimiento de los objetivos del convenio.

Esta Comisión de Seguimiento se reunirá siempre que la situación lo aconseje, a petición de cualquiera de las partes firmantes.

Quinta. Vigencia.

Este convenio resultará eficaz una vez inscrito en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación. Dicha inscripción deberá realizarse en el plazo máximo de 5 días hábiles desde su formalización, conforme al artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y será publicado en el plazo de diez días hábiles desde su formalización, en el «Boletín Oficial del Estado», sin perjuicio de su publicación facultativa en el Boletín Oficial de la Ciudad, permaneciendo vigente hasta el 30 de junio de 2025.

Sexta. Modificación y extinción del convenio.

La modificación del presente convenio requerirá acuerdo unánime expreso de los firmantes, que se tramitará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

De acuerdo con el artículo 51 de la referida ley, el convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolución. Son causas de resolución las siguientes:

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga del mismo.

b) El acuerdo unánime de todos los firmantes.

c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes.

En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran vulnerados. Este requerimiento será comunicado a la Comisión de Seguimiento y a las demás partes firmantes.

Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo impulsó notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio. Su resolución por esta causa podrá conllevar la indemnización de los perjuicios causados, si así se hubiera previsto.

d) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.

e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras leyes.

Séptima. Naturaleza jurídica y régimen de resolución de conflictos.

Este convenio tiene naturaleza administrativa y queda sometido al régimen jurídico de convenios previsto en el capítulo VI de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. Las partes resolverán de mutuo acuerdo cualquier problema de interpretación, así como las controversias que pudieran suscitarse durante su ejecución. En ausencia de acuerdo, se someterán a los Juzgados y Tribunales del orden jurisdiccional contencioso administrativo competentes.

Y en prueba de conformidad de cuanto antecede, las partes firman este convenio en la fecha indicada en la última firma electrónica.–Por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, la Ministra, María del Pilar Alegría Continente.–Por la Ciudad de Melilla, el Presidente, Juan José Imbroda Ortiz.