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Examinado el expediente de referencia, una vez
practicada la información pública prevista por los
artículos 18 y siguientes de la vigente Ley de
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954.
Vistos los documentos que presenta el Perito de
la Administración en el expediente, en los que se
ha tenido en cuenta el resultado de la referida
información pública.
Habida cuenta del informe favorable de la
Asesoría Jurídica del Estado, emitido con fecha 12 de
septiembre de 2002, y a propuesta de la Secretaría
General de este organismo, la Presidencia de esta
Confederación, en uso de las atribuciones que le
confiere la vigente legislación, ha resuelto con esta
fecha:
Declarar la necesidad de la ocupación de los
bienes a que se refiere el indicado expediente y de
los cuales son propietarios los sujetos y entidades
que se relacionan en los anuncios publicados en
el BOE número 264 y BOP de Huesca número
255, ambos de noviembre 2002, y en el "Diario
del Alto Aragón", de Huesca, de fecha 30 de octubre
de 2002. No habiéndose presentado reclamación
alguna contra el expediente, según certifica el
Ayuntamiento de Alberuela de Tubo (Huesca) en fecha
11 de abril de 2003.
Lo que se hace público para conocimiento de
los interesados, a quienes se entregará por mediación
de la Alcaldía una cédula-inventario con la exacta
descripción del bien que se expropia, advirtiéndole
que contra la presente resolución, que agota la vía
administrativa, cabe imponer, con carácter
potestativo, recurso de reposición ante este mismo
órgano, en el plazo de un mes, contado a partir del
día siguiente al de la notificación de la presente
resolución, o bien puede optar por la interposición
de un recurso contencioso-administrativo, ante la
Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Autónoma competente
por razón del territorio, en el plazo de dos meses
desde la fecha de la notificación, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 109 y
siguientes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en
la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero, que la modifica, y en los artículos 14, 25
y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, y en
el artículo 20.2 de la Ley 29/1985, de 2 de agosto,
de Aguas.
Zaragoza, 18 de diciembre de 2002.-El Secretario
General, Carlos de Miguel Domínguez.
-Rubricado.-32.620.
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