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Examinado el expediente de referencia, una vez
practicada la información pública prevista por los
artículos 18 y siguientes de la vigente Ley de
Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954.
Vistos los documentos que presenta el Perito de
la Administración en el expediente, en los que se
ha tenido en cuenta el resultado de la referida
información pública.
Habida cuenta del informe favorable de la
Asesoría Jurídica del Estado, emitido con fecha 23 de
Mayo de 2003 y a propuesta de la Secretaría General
de este Organismo, la Presidencia de esta
Confederación, en uso de las atribuciones que le confiere
la vigente legislación, ha resuelto con esta fecha:
Declarar la necesidad de la ocupación de los
bienes a que se refiere el indicado expediente y de
los cuales son propietarios los sujetos y Entidades
que se relacionan en los anuncios publicados en
el BOE número 280 y BOP de Lleida número 141,
ambos de Noviembre 2002 y en el Diario "Segre"
de Lleida de fecha 21 de Noviembre 2002. No
habiéndose presentado reclamación alguna contra
el expediente, según certifica el Ayuntamiento de
Lleida en fecha 10 de diciembre de 2002.
Lo que se hace público para conocimiento de
los interesados, a quienes se entregará una
CédulaInventario con la exacta descripción del bien que
se expropia, advirtiéndole que contra la presente
resolución que agota la vía administrativa cabe
imponer, con carácter potestativo, recurso de reposición
ante este mismo órgano, en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al de la notificación
de la presente resolución, o bien puede optar por
la interposición de un recurso
contencioso-administrativo, ante la Sala de lo Contencioso del
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Autónoma competente por razón del territorio, en el
plazo de dos meses desde la fecha de la notificación,
todo ello de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 109 y siguientes de la Ley 30/1992,
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción dada por
la Ley 4/1999, de 13 de enero, que la modifica,
y en los artículos 14, 25 y 46 de la Ley 29/1998
de 13 de julio reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, y en el artículo 20.2 de la
Ley 29/1985, de 2 de agosto de Aguas.
Zaragoza, 18 de junio de 2003.-El Secretario
General, Carlos de Miguel Domínguez.-&32.622.
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