De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 59.4 de la Ley de 30/1992, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, se notifica a la empresa
"Andaluza Productora de Atomizados, Sociedad
Anónima", titular del expediente de beneficios
H/273/P08, de incentivos regionales, la Resolución
de la Dirección General de Desarrollo Industrial
e Incentivos Regionales, de fecha 4 de diciembre
de 2002, por la que se ha resuelto declarar la pérdida
de la subvención y archivo de este expediente.
Se reproduce a continuación el texto íntegro de
dicha Resolución, detallándose después los datos
contenidos en el anexo de la misma
correspondientes a este expediente:
Por Acuerdo de la Comisión Delegada del
Gobierno para Asuntos Económicos de 22 de marzo de
2001, Órdenes del Ministerio de Economía y
Hacienda de 14 de mayo de 1997, 5 de abril de
1999 y 25 de febrero de 2000 y Orden del Ministerio
de Economía de 11 de abril de 2001, se concedieron
incentivos correspondientes a los expedientes
SE/984/P08, C/417/P05, C/492/P05, H/273/P08,
S/243/P04 y SO/257/P07, que se relacionan en el
anexo de la presente resolución.
En las correspondientes resoluciones individuales,
que en su día fueron debidamente aceptadas, se
fijaba el plazo de un año para acreditar la
disponibilidad de un nivel de autofinanciación (condición
2.4), tal como aparece definido en las respectivas
resoluciones individuales, así como la realización
de, al menos, el 25 por 100 de las inversiones
aprobadas (condición 2.5).
Transcurrido el plazo señalado no se ha acreditado
el cumplimiento de dichas condiciones, de acuerdo
con la comunicación del órgano competente de la
Comunidad Autónoma.
En la instrucción de los expedientes se han
observado las formalidades legales, habiéndose concedido
a las empresas afectadas los plazos preceptivos para
el cumplimiento de los trámites de formulación de
alegaciones y de audiencia previstos en el
artículo 84 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
De las actuaciones realizadas resulta probado que
los titulares de los expedientes anexados no han
acreditado haber cumplido en tiempo y forma las
obligaciones que contrajeron en la aceptación de
las correspondientes resoluciones individuales.
Vistos: La Ley 50/1985, de 27 de diciembre; los
artículos 28 y 31 del Real Decreto 1535/1987, de
11 de diciembre, por el que se aprueba el
Reglamento que desarrolla dicha Ley, modificado
parcialmente por los Reales Decretos 897/1991, de
14 de junio, 302/1993, de 26 de febrero, 2315/1993,
de 29 de diciembre y 78/1997, de 24 de enero;
el Real Decreto 777/2002, de 26 de julio; el apartado
segundo, punto 5, de la Orden Ministerial de 23
de mayo de 1994 y demás legislación aplicable al
caso, así como los informes y demás documentación
que obran en los respectivos expedientes.
Esta dirección general resuelve: Declarar a los
interesados en los citados expedientes decaídos en
sus derechos, con la consiguiente pérdida de la
subvención concedida y archivo de los expedientes, por
no haber acreditado la disponibilidad de un nivel
de autofinanciación, la realización de, al menos, el
25 por 100 de las inversiones aprobadas o ambas
condiciones, dentro de los plazos señalados según
se refleja en el citado anexo. Debe publicarse la
presente Resolución en el "Boletín Oficial del
Estado" conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de
la Ley 30/1992, todo ello sin perjuicio de efectuar
la notificación de la misma a los interesados.
Contra la presente resolución, los interesados
podrán interponer recurso de alzada ante el
excelentísimo señor Ministro de Economía, en el plazo
de un mes, contado a partir del día siguiente de
la notificación individual.
Madrid 4 de diciembre de 2002.-La Directora
general, Belén Cristino Macho-Quevedo.-3.439.
Datos del anexo:
Expte: H/273/P08. Empresa: "Andaluza
Productora de Atomizados, Sociedad Anónima".
Condiciones incumplidas de la resolución individual: 2.4
y 2.5.
Madrid, 24 de enero de 2003.-El Subdirector
general de Inspección y Control, Rafael Cortés
Sánchez.
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