Butlletí Oficial de l'Estat

Por el presente anuncio, en cumplimiento de lo

dispuesto en el artículo 59 de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento

Administrativo Común, y dado que no ha podido

ser notificada en su último domicilio social

conocido, se notifica a la sociedad Construc 95 S.L.,

que en virtud de lo establecido en el artículo 20

del Reglamento del procedimiento para el ejercicio

de la potestad sancionadora aprobado mediante

Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, ha sido

dictada con fecha 28 de abril de 2004, y en el

curso de expediente administrativo sancionador

seguido frente a ella, Resolución del Presidente del

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

Dado que este acto no se publica en su integridad,

de conformidad con lo previsto en los artículos 60.2

y 61 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento

Administrativo Común, se indica a la sociedad

inculpada que el texto íntegro de la Resolución que se

notifica se encuentra a su disposición, junto al resto

de la documentación del expediente, en la sede de

este Instituto, calle Huertas, número 26, 28014

Madrid. Este expediente se inició por el Presidente

del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas

con fecha 10 de febrero de 2004, de acuerdo con

los datos disponibles en este instituto por el

incumplimiento de la obligación de depósito de cuentas

anuales de los ejercicios 2000-2001 y 2002, en

las que figuraba incluida la sociedad Construc 95,

S.L. Concluida la fase de instrucción del expediente,

y teniendo en cuenta lo establecido en los

artículos 218 y 221 del Texto Refundido de la Ley de

Sociedades Anónimas, aprobado mediante Real

Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre,

y considerando igualmente, de conformidad con lo

establecido en el apartado 2 del artículo 13 del

Reglamento de la Potestad Sancionadora, el hecho

de que la sociedad inculpada, no ha suministrado

al órgano instructor información que desvirtúe los

hechos que motivaron la incoación del

correspondiente procedimiento, se resuelve:

Primero.-Considerar que los hechos enjuiciados

respecto de la sociedad inculpada constituyen tres

infracciones contempladas en el artículo 221 del

mismo Texto Refundido de la Ley de Sociedades

Anónimas, al haber quedado acreditado que dicha

sociedad no depositó en la debida forma en el

Registro Mercantil las preceptivas cuentas anuales y resto

de documentación correspondiente a los ejercicios

sociales de 2000-2001 y 2002, y por lo tanto

incumplió la obligación establecida en el artículo 218 del

Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Segundo.-Declarar a la sociedad Construc 95,

S.L., responsable directa de la comisión de tres

infracciones e imponer en consecuencia a la citada

sociedad, dando cumplimiento a lo previsto en el

artículo 221 del Texto Refundido de la Ley de

Sociedades Anónimas, y de acuerdo con sus cifras de

capital social, tres sanciones de multa por un importe

de 1202,02 euros, lo cual suma un total de 3606,06

euros.

Contra la presente Resolución, se podrá

interponer recurso de alzada ante el Ministro de

Economía, disponiendo para ello de un plazo de un

mes, cuyo cómputo se iniciará desde el día siguiente

a aquel en que tenga lugar la presente publicación,

o bien desde el siguiente al último día de exposición

en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Bermeo

(si dicha fecha fuera posterior), de acuerdo con lo

establecido en los artículos 114 y 115.1 de la Ley

30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico

de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común.

En caso de interponer recurso de alzada, su

resolución pondrá fin a la vía administrativa, de

conformidad con el artículo 109.a de la Ley 30/1992,

de 26 de noviembre. El transcurso del plazo de

tres meses sin que sea notificada la resolución del

recurso permitirá al interesado entenderlo

desestimado por silencio administrativo e interponer

recurso contencioso-administrativo, sin perjuicio de la

obligación de la Administración de resolver aquél

expresamente, según lo estipulado en el

artículo 115.2 de la citada Ley.

En el supuesto de no interponer recurso de alzada,

la Resolución ganara firmeza, a todos los efectos,

por el transcurso del plazo de un mes establecido

para su interposición.

La sanción impuesta puede abonarse en cualquier

momento en las cuentas del Tesoro Público de la

Delegación Provincial de Economía y Hacienda

correspondiente a su domicilio social, debiendo

remitir copia del justificante de ingreso a este

Instituto. El plazo para el ingreso en periodo voluntario

de la multa impuesta le será notificado por la

Delegación Provincial de Economía y Hacienda de

Madrid, una vez haya ganado firmeza en vía

administrativa, la presente resolución.

Madrid, 25 de mayo de 2004.-Pedro de María,

Secretario general.-26.921.