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Por medio del presente anuncio, una vez agotados previamente los medios de notificación previstos en el artículo 59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se pone en conocimiento de la Entidad DA&DE, Daimiel Desarrollo y Empleo Joven, que tuvo su último domicilio conocido en la calle Nueva n.º 71, 13250 Daimiel (Ciudad Real): Que con fecha 30 de mayo de 2005 se ha dictado por la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, Familias y Discapacidad Resolución declarativa de incumplimiento parcial de la justificación de la aplicación de la subvención percibida con cargo a la convocatoria del IRPF 1999 y la obligación de proceder al reintegro de 14.436,25 euros correspondientes a la incorrecta justificación de parte de la subvención percibida, según detalle que figura en el anexo que la acompaña y que se encuentra a su disposición en la Dirección General de Servicios Sociales y Dependencia. De la presente Resolución, de conformidad con lo previsto en el artículo 3 de la Orden Ministerial de Economía y Hacienda, de 23 de julio de 1996, se dará traslado en el plazo de 10 días a la Delegación Provincial del Ministerio de Economía y Hacienda correspondiente a su domicilio, a fin de que inicie el procedimiento de recaudación de reintegro.

Lo que se notifica para su conocimiento y efectos, significándose que la presente Resolución pone fin a la vía administrativa, pudiendo interponerse contra la misma Recurso potestativo de reposición ante el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en el plazo de un mes, contando a partir del día siguiente al de su recepción, de conformidad con lo establecido en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, o bien impugnarse directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses contados en la forma indicada, de acuerdo con lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Madrid, 28 de junio de 2005.-El Director General, Manuel Porras Muñoz.