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Por Resolución de la Ministra de Medio Ambiente, de fecha 25 de mayo de 2006, se ha aprobado el estudio informativo, incoado con fecha de 16 de agosto de 2005, correspondiente al «Proyecto de construcción de la conducción de la desaladora de Carboneras al Valle del Almanzora (Almería) fase I», así como su proyecto constructivo, que cuenta con declaración de impacto ambiental (D.I.A.) favorable a su ejecución. Las obras en él definidas han sido encomendadas a la sociedad estatal ACUAMED, incluyéndose en Convenio de Gestión Directa suscrito con fecha de 30 de noviembre de 2004 e interviniendo ésta como entidad beneficiaria de la expropiación en los correspondientes expedientes, según establece el artículo 132 de la Ley 10/2001. En consecuencia, esta Dirección General del Agua ha acordado la iniciación del correspondiente expediente de expropiación forzosa, por causa de utilidad pública, que se tramitará de acuerdo con el procedimiento previsto en el artículo 52, y concordantes de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954, y, por lo tanto, convocar mediante notificación individualizada, edictos en los Ayuntamientos y publicación en el «Boletín Oficial del Estado», en el «Boletín Oficial» de la provincia y en los diarios «La Voz de Almería» y «El Ideal de Almería», a los propietarios y titulares de los bienes y derechos afectados por el meritado proyecto, para que comparezcan en los Ayuntamientos donde radican los mismos, para el levantamiento de las actas previas a la ocupación y actas de ocupación y actas complementarias, sin perjuicio de trasladarse al terreno si se estima necesario. A dichos actos deberán comparecer todos los titulares de los bienes y derechos afectados, por sí o representados por persona provista de poder suficiente, exhibiendo los documentos acreditativos tanto de su personalidad (DNI/NIF), como de la titularidad de los mismos y el último recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles, pudiendo los comparecientes que lo deseen hacerse acompañar, a su costa, de Peritos y Notario, advirtiéndose que, en caso de incomparecencia, se entenderán las ulteriores diligencias con el Ministerio Fiscal según previene el artículo 5 de la Ley de Expropiación Forzosa. El orden de levantamiento de actas se comunicará a cada interesado mediante la oportuna cédula de citación, figurando la relación de titulares convocados en el tablón de edictos de los Ayuntamientos señalados. Es de significar que esta publicación se realiza, igualmente, a los efectos de información pública durante un plazo de quince (15) días hábiles, contados desde la fecha de publicación en el «Boletín Oficial del Estado», «Boletín Oficial de la Provincia de Almería» y en el diario «La Voz de Almería» y «El Ideal de Almería», en la forma dispuesta en los artículos 17.2, 18 y 19.2 de la Ley de Expropiación Forzosa, para que los propietarios que figuran en la relación contenida en dichas publicaciones y todas las demás personas o entidades que se consideren afectadas por las obras, puedan formular por escrito ante esta Dirección General del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, plaza de San Juan de la Cruz, s/n, 28071 Madrid, las alegaciones que consideren oportunas, a los solos efectos de subsanar posibles errores en la relación, alegaciones que podrán prolongarse hasta el momento del levantamiento de actas previas a la ocupación, actas de ocupación y actas complementarias, de acuerdo con lo previsto en el artículo 56.2 del Reglamento de Expropiación Forzosa. Estas alegaciones podrán formularse igualmente en las oficinas de la empresa estatal, beneficiaria de la expropiación, «Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S. A.» (ACUAMED), C/ Albasanz, n.º 11, 1.ª planta, 28037 Madrid, donde se podrán consultar los planos parcelarios, lo que podrán hacer igualmente en las oficinas de los Ayuntamientos donde radican los bienes y derechos afectados. Esta publicación servirá de notificación para los interesados desconocidos o de ignorado domicilio a los efectos prevenidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en redacción dada por la modificación efectuada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

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