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Derechos Fundamentales

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Artículo 27.10 - Autonomía universitaria

Se reconoce la autonomía de las Universidades, en los términos que la ley establezca

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  • Pleno. Sentencia 26/1987, de 27 de febrero. Recurso de inconstitucionalidad 794-1983. Recurso contra la Ley Orgánica 11/83 de 25 de agosto de Reforma Universitaria, promovido por el Gobierno Vasco. Votos particulares.


    Procedimiento: Recurso de inconstitucionalidad    Decisión: Pleno. Sentencia
    Recurso: 794-83
    Sentencia: 26/1987   [ES:TC:1987:26]

    Fecha: 27/02/1987    Fecha publicación BOE: 24/03/1987

    Ver original (Referencia BOE-T-1987-7417)

    Comentario

    Sentencia dictada por el Pleno del Tribunal Constitucional en relación al recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno Vasco contra determinados preceptos de la Ley Orgánica 11/83 de 25 de agosto de Reforma Universitaria.

    Es la sentencia de referencia sobre autonomía universitaria, que inicia la doctrina. El recurso se basa en el art. 27.10 CE, sobre la conceptuación de la autonomía universitaria como derecho fundamental o garantía institucional, y la consiguiente interpretación que se ha de dar al art. 149.1.30 CE. El fundamento de la autonomía universitaria está "en el respeto a la libertad académica, es decir, a la libertad de enseñanza, estudio e investigación. La protección de estas libertades frente a injerencias externas constituye la razón de ser de la autonomía universitaria" (Fundamento Jurídico 4). La libertad académica se ha de garantizar tanto en la vertiente individual como en la colectiva "entendida ésta como la correspondiente a cada Universidad" en particular, y no a todas en su conjunto (Fundamento Jurídico 4). Se conceptúa como derecho fundamental tanto por su ubicación, como porque los constituyentes en su redacción eran conscientes de su reconocimiento como derecho. La autonomía "completa su dimensión individual, constituida por la libertad de cátedra" (Fundamento Jurídico 4). Todos los elementos necesarios para el aseguramiento de la libertad académica constituyen el contenido esencial de la autonomía universitaria, pero hay un criterio: El art. 27.10 de la Constitución reconoce la autonomía universitaria «en los términos que la ley establezca». "La ley regulará, por tanto, la autonomía universitaria en la forma que el legislador estime más conveniente, dentro del marco de la Constitución y del respeto a su contenido esencial" (Fundamento Jurídico 4). El Tribunal Constitucional desestima la excepción de falta de legitimación y declara constitucionales la mayoría de los preceptos impugnados. Considera inconstitucionales sólo el art. 39.3. LRU respecto a la constitución de las comisiones de selección del profesorado y los arts. 39.1, 43.3, 47.3 y la disposición adicional octava sobre la necesidad de previo informe favorable del Consejo de Universidades para la contratación de profesores asociados de nacionalidad extranjera.

    Voto particular del Magistrado Luís Díez Picazo. Discrepa de la distinción entre libertad académica y libertad de cátedra y no está de acuerdo en la consideración de la autonomía universitaria como derecho fundamental.

    Voto particular del Magistrado Francisco Rubio Llorente al que se adhiere el Magistrado don Eugenio Díaz Eimil. Consideran que la autonomía universitaria es una garantía institucional, no un derecho fundamental. Discrepan de diversos aspectos de la sentencia y del fallo.

  • Sala Segunda. Sentencia 55/1989, de 23 de febrero. Recurso de amparo 1342-1986. Contra sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, confirmatoria de la dictada por la Audiencia Territorial de La Coruña, en recurso contra el Decreto de la Junta de Galicia 204/1985, de 19 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Santiago de Compostela. Vulneración del derecho a la autonomía universitaria.


    Procedimiento: Recurso de amparo    Decisión: Sala Segunda
    Recurso: 1342-1986
    Sentencia: 55/1989   [ES:TC:1989:55]

    Fecha: 23/02/1989    Fecha publicación BOE: 14/03/1989

    Ver original (Referencia BOE-T-1989-6025)

    Comentario

    Esta Sentencia resuelve el recurso de amparo de la Universidad de Santiago de Compostela, contra una sentencia del Tribunal Supremo en apelación de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de La Coruña. Este recurso de amparo se basaría en el art. 43.1. LOTC por su objeto, un acto de la administración: el Decreto de la Xunta que aprueba los Estatutos, y no las sentencias.

    La autonomía universitaria es "la dimensión institucional de la libertad académica que garantiza y completa su dimensión individual, constituida por la libertad de cátedra". "La Universidad posee, en principio, plena capacidad de decisión" sobre lo que la ley no regula específicamente (Fundamento Jurídico 2). Tiene la facultad de elaboración de los estatutos: "una potestad de autonormación entendida como la capacidad de un ente -en este caso, la Universidad- para dotarse de su propia norma de funcionamiento" (Fundamento Jurídico 3). Pero es el Gobierno de la Nación o de la Comunidad Autónoma quien los aprueba (Fundamento Jurídico 3). En este caso, no se discute la competencia de la Junta para aprobarlos, pero se trata de un control de mera legalidad donde "no cabe, pues, un control de oportunidad o conveniencia, ni siquiera de carácter meramente técnico dirigido a perfeccionar la redacción de la norma estatutaria" (Fundamento Jurídico 4). Los Estatutos no son normas de desarrollo de la L.R.U "son reglamentos autónomos" (Fundamento Jurídico 4). El contenido de la ley no es un "parámetro controlador o límite de la legalidad del texto".  Sólo es ilegal "alguno de sus preceptos si contradice frontalmente las normas legales que configuran la autonomía universitaria, y es válida toda norma estatutaria respecto de la cual quepa alguna interpretación legal" (Fundamento Jurídico 4). El Tribunal Constitucional examina si la Xunta se excedió en su control y otorga parcialmente el amparo. Las modificaciones en los arts. 10.2, 32.2, 34.1, 34.2 y 39.2 de los Estatutos de la Universidad de Santiago vulneran el derecho fundamental a la autonomía universitaria -art.27.10 CE- y anula dichos artículos, y las sentencias del Tribunal Supremo y la Audiencia Provincial.

  • Pleno. Sentencia 87/2014, de 29 de mayo. Cuestión de inconstitucionalidad 2854-2013. Planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 6 de Bilbao respecto del artículo 18.2 de la Ley 3/2004, de 25 de febrero, del sistema universitario vasco. Autonomía universitaria: constitucionalidad del precepto legal que establece la designación mediante sorteo de los miembros de las comisiones de selección del personal docente contratado. Voto particular.


    Procedimiento: Cuestión de inconstitucionalidad    Decisión: Pleno. Sentencia
    Recurso: 2854-2013
    Sentencia: 87/2014   [ES:TC:2014:87]

    Fecha: 29/05/2014    Fecha publicación BOE: 24/06/2014

    Ver original (Referencia BOE-A-2014-6661)

    Comentario

    Sentencia dictada por el Pleno que resuelve la Cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 6 de Bilbao respecto del artículo 18.2 Ley 3/2004, de 25 de febrero, del sistema universitario vasco, porque, a su juicio, constituye una injerencia del legislativo vasco en el contenido esencial del derecho fundamental a la autonomía universitaria (art. 27.10 CE).

    Esta disposición señala que la designación de los miembros de las comisiones de selección de profesorado se hará por sorteo público. La autonomía universitaria es calificada en la STC 26/1987 como derecho fundamental (Fundamento Jurídico 4) y, "conforme al art. 53.1. CE, su contenido esencial se erige en barrera infranqueable para el legislador" (Fundamento Jurídico 4). De acuerdo a la doctrina constitucional, "el contenido esencial del derecho fundamental a la autonomía universitaria supone, en principio, libertad de cada universidad para seleccionar su personal docente e investigador y, por ello, libertad para establecer el sistema general de designación de las comisiones que han de juzgar la provisión de las plazas" (Fundamento Jurídico 5) pero "no se comporta como un límite absoluto que haga imposible cualquier intervención legislativa en ese ámbito" (Fundamento Jurídico 6). Estas limitaciones son: "derechos fundamentales, la existencia de un sistema universitario nacional y el servicio público". Se parte de estos criterios, aunque aplicados ahora a un contexto distinto. Esta libertad "no impide eventuales limitaciones que, sin afectar al principio, puedan preverse en la legislación de las Comunidades Autónomas en atención a la mejor satisfacción del servicio público de enseñanza universitaria y su organización" (Fundamento Jurídico 9) . La legislación analizada incide en "la esfera sobre la que se proyecta el núcleo esencial de la autonomía universitaria constitucionalmente garantizada", pero está constitucionalmente justificada "porque en el ámbito material afectado, concurren intereses generales derivados de que la enseñanza superior se conforme en nuestro ordenamiento jurídico como un servicio público", y se deja un amplio margen de gestión y decisión a cada universidad (Fundamento Jurídico 10). Por ello, se desestima la cuestión de inconstitucionalidad.

    Hay un Voto particular que formulan los Magistrados don Fernando Valdés Dal-Ré y don Luis Ignacio Ortega Álvarez, que consideran que el art. 18.2 de la Ley 3/2004, de 25 de febrero, del sistema universitario vasco, vulnera el contenido esencial de la autonomía universitaria, resultando por este motivo contrario al art. 27.10 CE.

  • Sala Segunda. Sentencia 44/2016, de 14 de marzo. Recurso de amparo 4923-2012. Promovido por la Universidad de Lleida en relación con la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en proceso por jubilación de funcionario docente. Alegada vulneración del derecho a la tutela judicial y supuesta vulneración del derecho a la autonomía universitaria: inadmisión parcial del recurso de amparo por falta de legitimación activa de la persona jurídica de Derecho público demandante (STC 175/2001); la determinación de la edad de jubilación no integra el derecho a la autonomía universitaria.


    Procedimiento: Recurso de amparo    Decisión: Sala Segunda
    Recurso: 4923-2012
    Sentencia: 44/2016   [ES:TC:2016:44]

    Fecha: 14/03/2016    Fecha publicación BOE: 22/04/2016

    Ver original (Referencia BOE-A-2016-3897)

    Comentario

    Sentencia dictada por la Sala Segunda que resuelve el recurso de amparo de la Universidad de Lleida en relación con la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en proceso por jubilación de funcionario docente. La Universidad alega la vulneración del derecho a la tutela judicial y se inadmite por falta de legitimación activa. También alega la vulneración del derecho a la autonomía universitaria por anular su decisión de vincular la jubilación de un profesor a su cese, también por jubilación obligatoria, como médico del Servicio Catalán de Salud, porque el profesor ocupaba una plaza vinculada. El recurso tiene trascendencia constitucional porque determina el alcance del derecho a la autonomía universitaria (Fundamento Jurídico 2). Permite desarrollar la doctrina sobre las garantías de la autonomía universitaria [...], "entendida como determinación de las condiciones de ejercicio por el personal docente de las funciones públicas que le están encomendadas" (Fundamento Jurídico 2). "En síntesis, se reconoce que el contenido esencial de la autonomía universitaria, definida como derecho fundamental, está integrado por los elementos necesarios para asegurar el respeto de la libertad académica" (Fundamento Jurídico 4). "Se trata de un derecho de configuración legal" (Fundamento Jurídico 4) entendido "siempre dentro del marco de la Constitución y del respeto a su contenido esencial" (STC 55/1989). Las facultades y competencias establecidas en el art. 3.2. L.O. 11/1983 "integran, en términos positivos, el contenido esencial de la autonomía universitaria" y tienen valor como "parámetro de constitucionalidad" (Fundamento Jurídico 4). La autonomía universitaria se puede conformar "como expresión de su autogobierno, de auto-regulación, de autonomía financiera y de capacidad para desarrollar una línea docente e investigadora propia" donde "la concreción de la carrera del cuerpo docente e investigador ocupa una posición central" (Fundamento Jurídico 4). Es la Universidad "quien establece y modifica sus plantillas y tiene capacidad de selección y promoción del personal docente e investigador" (Fundamento Jurídico 4). La determinación de la edad de jubilación no integra el derecho a la autonomía universitaria y el Tribunal Constitucional desestima el recurso de amparo.

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