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Legislación consolidada

Ley 22/2010, de 20 de julio, del Cdigo de consumo de Catalua.

Publicado en: DOGC núm. 5677, de 23/07/2010, BOE núm. 196, de 13/08/2010.
Entrada en vigor: 23/08/2010
Departamento: Comunidad Autnoma de Catalua
Referencia: BOE-A-2010-13115
Permalink ELI: https://www.boe.es/eli/es-ct/l/2010/07/20/22/con

atención Atención: última actualización en proceso

TEXTO CONSOLIDADO: Última actualización publicada el 22/06/2018


[Bloque 1: #preambulo]

EL PRESIDENTE DE LA GENERALIDAD DE CATALUA

Sea notorio a todos los ciudadanos que el Parlamento de Catalua ha aprobado y yo, en nombre del Rey y de acuerdo con lo que establece el artculo 65 del Estatuto de autonoma de Catalua, promulgo la siguiente Ley 22/2010, de 20 de julio, del Cdigo de Consumo de Catalua.

PREMBULO

El artculo 123 del Estatuto de autonoma de Catalua atribuye a la Generalidad la competencia exclusiva en materia de consumo. Adems, es preciso tener en cuenta que los derechos de las personas que gozan de la condicin de consumidoras y usuarias estn protegidos, de acuerdo con lo dispuesto por los artculos 28, 34 y 49 del Estatuto de autonoma. El artculo 51 de la Constitucin tambin dispone que los poderes pblicos deben garantizar la defensa de los consumidores y usuarios y proteger con procedimientos eficaces su seguridad, salud y legtimos intereses econmicos.

Catalua, en primer lugar, siempre ha tenido una sensibilidad notable y remarcable de proteccin hacia las personas consumidoras y usuarias. En este sentido, y como antecedente ms inmediato, el artculo 12.1.e) del Estatuto de autonoma de 1979 ya estableca que la Administracin de la Generalidad gozaba de competencias en materia de proteccin de las personas consumidoras y usuarias. Por otra parte, conviene destacar que el artculo 113 del Estatuto de autonoma recoge expresamente la competencia de la Administracin de la Generalidad para desarrollar, aplicar y ejecutar la normativa de la Unin Europea que afecte al mbito de sus competencias. Eso tiene una trascendencia especial, dado que la normativa comunitaria en materia de consumo deviene uno de los ejes a cuyo alrededor giran las diversas polticas comunitarias y, en consecuencia, incide directamente en mbitos en que la Administracin de la Generalidad dispone de competencias exclusivas.

La idea de consumo se relaciona con la actividad de comprar, pero el consumo es mucho ms que una simple concrecin en el contexto de la cadena de la actividad econmica produccin, distribucin, consumo. El consumo es una forma de relacin entre las personas, es un medio de desarrollo en las sociedades avanzadas que se ha convertido en un aspecto clave de la economa y, en consecuencia, siempre ser considerado como una clara manifestacin de la autonoma de la voluntad. Por ello, en esta sociedad cada vez ms globalizada, es preciso darse cuenta de que el consumo responde a creencias sociales, a motivaciones profundas y a la exteriorizacin de determinados estilos de vida que marcan y afectan a los sentimientos y autoestima de las personas, a una cierta idea de autorrealizacin y, en el fondo, a una determinada forma de vida.

Por ello, ha sido necesario desarrollar una normativa que tuviese en cuenta dos aspectos de la realidad: por una parte, la idea de la contratacin en masa, que significa que hay mltiples posibilidades de comprar, pedir un prstamo o prestar un servicio, que aparecen mediatizadas y que estn establecidas de modo uniforme, y, por otra, la existencia de una nueva tecnologa que ha creado una categora de expertos que ofrecen bienes y servicios a un conjunto de personas poco acostumbradas, las cuales estn estimuladas a adquirir estos tipos de productos.

Hoy en da, el papel de la autonoma privada en la contratacin se ve desvirtuado, dado que, a pesar de que se presupona que esta autonoma estaba presidida por el principio de igualdad, la realidad demuestra que no es as. De hecho, se observa que las nuevas necesidades y los contratos de adhesin en masa casi la han erradicado.

De esta forma, se confirma que este presunto equilibrio entre las partes contratantes ha desaparecido, puesto que a una solo le queda la facultad de decidir, pero no las condiciones de la decisin, que son establecidas y fijadas por la otra. Con todo eso, se destaca con fuerza que la igualdad se ha convertido en desequilibrio. Por este motivo, las personas consumidoras necesitan, especialmente en los casos o situaciones de desigualdad efectiva, que se establezcan mecanismos de ayuda y proteccin a fin de proporcionarles una informacin y una formacin claras para tomar decisiones.

La Generalidad siempre se ha manifestado partidaria de disponer de una normativa propia en materia de defensa de los consumidores y usuarios. Esta voluntad la encontramos reflejada en la Ley 1/1990, de 8 de enero, sobre la disciplina del mercado y de defensa de los consumidores y de los usuarios; en la Ley 3/1993, de 5 de marzo, del Estatuto del consumidor, y en el texto refundido sobre el comercio interior, aprobado por el Decreto legislativo 1/1993, de 9 de marzo.

Ahora bien, aparte de la normativa interna, el derecho del consumo no puede entenderse sin la tarea que han llevado a cabo las instituciones comunitarias, que han ido convirtiendo el derecho del consumo en uno de los ejes bsicos a cuyo alrededor giran las diversas polticas comunitarias. De hecho, la integracin del derecho del consumo en el ordenamiento jurdico de la Unin Europea y su reconocimiento expreso como poltica comunitaria diferenciada en los tratados deben considerarse hitos de una relevancia y una trascendencia especiales para la formacin y el desarrollo del derecho del consumo.

La Unin Europea, de una forma firme y decidida, ha ido promoviendo, poniendo en marcha e impulsando actuaciones de proteccin de las personas consumidoras y, de hecho, las ha convertido en uno de sus objetivos estratgicos con el fin de mejorar la calidad de vida de la ciudadana europea. A pesar de que los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas, firmados en Roma, el 25 de marzo de 1957, no previeron expresamente esta poltica, en la Cumbre de Pars de 1972 aparece, por primera vez, una voluntad conjunta de que las acciones de proteccin de las personas consumidoras sean uno de los ejes de la actuacin comunitaria. Unos aos ms tarde, en abril de 1975, la Comisin Europea present el primer programa de accin relativo a la proteccin de los consumidores, que recoga cinco categoras de derechos fundamentales que devendran el fundamento de la normativa comunitaria en esta materia: el derecho a la proteccin de la salud y la seguridad, el derecho a la proteccin de los intereses econmicos, el derecho a la indemnizacin de los daos, el derecho a la informacin y educacin, y el derecho a la representacin.

Fue en este programa donde se recogi y se hizo constar el aspecto transversal de la poltica de proteccin de las personas consumidoras y se seal que los objetivos mencionados deban integrarse en las diversas acciones especficas de la Comunidad, como la poltica econmica, la poltica agrcola comn y las polticas de medio ambiente, transportes y energa, que afectan a las personas consumidoras.

No obstante, no fue hasta el Acta nica europea, de 1986, cuando se incorpor el concepto de consumidor y se pusieron los fundamentos de un reconocimiento jurdico de la poltica de proteccin de las personas consumidoras.

Posteriormente, mediante el Tratado de la Unin Europea o Tratado de Maastricht, de 1992, se eleva la proteccin de los consumidores al rango de autntica poltica comunitaria.

El Tratado de msterdam es el heredero de toda la poltica comunitaria llevada a cabo desde 1972 y recoge que, para garantizar los intereses de los consumidores y asegurarles un alto nivel de proteccin, la Comunidad debe promover la proteccin de su salud, seguridad e intereses econmicos, as como de su derecho a la informacin, a la educacin y a organizarse para velar por sus intereses.

Incluso, un instrumento normativo tan importante como la Carta de los derechos fundamentales de la Unin Europea, de 1999, que se ha integrado en el Tratado de Lisboa, de 2007, establece expresamente que las polticas de la Unin deben garantizar un alto nivel de proteccin de los consumidores.

As pues, el proceso de integracin europea ha dado al derecho del consumo una nueva dimensin, le ha convertido en una parte importante y destacada de las polticas comunitarias y le ha dado un impulso que trasciende a todas las relaciones econmicas. En definitiva, la normativa comunitaria ha supuesto un giro copernicano en este mbito, lo que ha incidido, incide e incidir en aspectos y materias de especial relevancia para la colectividad.

I

La creacin de la Agencia Catalana del Consumo, mediante la Ley 9/2004, de 24 de diciembre, otorga un nuevo enfoque a la problemtica del consumo. Este enfoque deriva del propio mbito de competencia, de las funciones y de los objetivos de la Agencia, del conocimiento de las novedades de los ltimos aos y del desarrollo de muchos aspectos regulados en normas bsicas, si bien de forma dispersa, lo que proyecta la consideracin de la proteccin de las personas consumidoras y usuarias a una nueva dimensin, que pone de manifiesto la necesidad de llevar a cabo una actualizacin y un desarrollo moderno de las normas bsicas de regulacin del consumo.

Es por ello que se ha propuesto como objetivo el establecimiento de un nuevo texto legal, dotado de una estructura y de un contenido bsico que puedan devenir el marco general de referencia en materia de proteccin de las personas consumidoras. La codificacin del derecho cataln de consumo tiene como objetivo claro garantizar la visibilidad de la legislacin aplicable en materia de proteccin y defensa de las personas consumidoras y su sistematizacin, una vez las categoras legales que la regulan ya han alcanzado una consolidacin evidente. En efecto, existe una normativa especfica que supera la situacin de desequilibrio en que se hallan las personas consumidoras y usuarias y que es, en definitiva, la base de su proteccin jurdica. Eso es precisamente lo que regula la presente ley.

No debemos olvidar que la agrupacin y sistematizacin de la regulacin en materia de consumo mediante la estructura del Cdigo suponen un avance sustancial que garantiza el cumplimiento del principio de seguridad jurdica. Los operadores jurdicos deben conocer y aplicar el derecho de la forma ms fcil y segura posible y, sin duda, mediante el presente cdigo, se consigue sistematizar y articular en una nica norma jurdica todo el abanico de normas dispersas que dificultaban esta tarea de aplicacin.

Los cdigos son los creadores de la nueva cultura europea y un instrumento insustituible de resolucin de los conflictos de intereses. El presente cdigo, sin duda, est subordinado a los valores y principios constitucionales y estatutarios y a las disposiciones del derecho comunitario. Es previsible, a largo plazo, un instrumento horizontal de carcter comunitario, pero un cdigo de esta envergadura siempre respetar las partes esenciales de los principios constitucionales y estatutarios y del acervo comunitario.

II

La normativa en materia de defensa de los consumidores y usuarios en Catalua comprende una triple vertiente: la Ley 1/1990, la Ley 3/1993 y el texto refundido sobre el comercio interior. Durante el tiempo de vigencia de estas disposiciones legales, el mercado ha evolucionado de modo notable, han nacido nuevos tipos de actividades y nuevas prcticas y formas de prestaciones de servicios, y, por otra parte, la sociedad catalana se ha vuelto mucho ms exigente.

Era precisa, por lo tanto, una actuacin radical en materia legislativa y que esta legislacin fuese presidida por una garanta de actualidad, perdurabilidad y seguridad que contribuyese a proteger a la ciudadana de una forma eficaz. Por ello, los objetivos esenciales de la presente ley son: adecuar la normativa bsica y general en materia de defensa de las personas consumidoras a la actividad del mercado, mejorar tcnicamente las deficiencias observadas en la normativa anterior, unificar en un solo texto legal las disposiciones sobre esta materia y establecer un contenido y una estructura global de la norma.

De esta forma se obtiene un instrumento de proteccin ms eficaz de la persona consumidora y se garantiza una calidad adecuada en la prestacin de servicios, tal y como establecen las directivas comunitarias transversales.

La Agencia Catalana del Consumo, despus de analizar tanto la legislacin catalana como la legislacin comparada, consider que deba reformularse la normativa propia con la finalidad de adaptarla a la realidad social. La opcin que se ha considerado ms adecuada para obtener una regulacin sistemtica y completa dentro del mbito de las competencias asignadas constitucional y estatutariamente ha sido la elaboracin de un texto codificado que contenga toda la normativa en un solo cuerpo legal, para dotarla de armona interna con la voluntad de que sea la norma general comn en materia de proteccin de las personas consumidoras.

Por otra parte, es preciso tener presente que el Estatuto de autonoma del 2006 ampla la proteccin de las personas consumidoras. En efecto, la proteccin de los consumidores aparece en varios preceptos del texto estatutario: al artculo 28 es preciso aadirle el 34, que recoge los derechos lingsticos de los consumidores y usuarios, y el 49, que eleva la proteccin de los consumidores y usuarios a la categora de principio rector. No puede impulsarse la proteccin de las personas consumidoras sin tener presente la coexistencia de otros principios de igual relevancia, como el de sostenibilidad (artculos 4.3 y 45.1) o el de responsabilidad social de la empresa (artculo 45.5). Es por este motivo que el Cdigo ha intentado integrar en su articulado todos estos principios, que indudablemente deben converger en un texto moderno que pretende dar respuesta adecuada a las necesidades de proteccin de las personas consumidoras.

Adems, el distanciamiento que se observa entre las disposiciones vigentes y las directivas comunitarias es uno de los motivos determinantes de la necesidad de revisar y actualizar la normativa para mejorar su nivel de adecuacin.

III

El Cdigo de consumo es un texto innovador, tanto bajo el punto de vista formal como bajo el punto de vista material. Bajo el punto de vista formal, es preciso justificar, en primer lugar, su numeracin. Se ha optado por seguir el sistema de numeracin importado en Catalua por el Cdigo civil, adoptado del legislador del Cdigo civil neerlands y posteriormente incorporado por la normativa de otros estados, como en el caso del Code de la Consommation francs. Este sistema facilita la inclusin de nuevas regulaciones o de modificaciones, aspecto especialmente importante en un sector tan dinmico bajo el punto de vista jurdico como es la proteccin de las personas consumidoras.

En cuanto a la estructura, el Cdigo de consumo se divide en tres libros: el libro primero contiene las disposiciones generales, el libro segundo regula los aspectos relativos a las relaciones de consumo y el libro tercero se dedica a la disciplina del mercado y los derechos de las personas consumidoras. En conjunto, el Cdigo est integrado por doscientos cuatro artculos, dos disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias, tres disposiciones finales y una disposicin derogatoria.

Bajo el punto de vista material, el Cdigo de consumo incorpora numerosas novedades, fruto de la experiencia obtenida de la actividad de la propia Administracin. Esta experiencia ha permitido incorporar soluciones ya adoptadas por las legislaciones ms modernas y avanzadas y corregir situaciones que no estaban bien resueltas por la normativa anterior o que sencillamente no se prevean.

El libro primero se organiza en tres ttulos. El ttulo I, bajo la rbrica Disposiciones preliminares, se subdivide en dos captulos. El primero delimita el objeto y el mbito de aplicacin y define los conceptos a los que se refieren las disposiciones del Cdigo. Estas definiciones siguen el modelo establecido por la normativa comunitaria; ayudan, sin duda, a los operadores jurdicos y a la colectividad en general a comprender el contenido de la norma, y devienen normas interpretativas de la legislacin a la que se incorporan. La lista de definiciones presenta, adems, importantes novedades que permiten precisar el alcance de determinados conceptos y hacen que el Cdigo se adapte a las exigencias de las directivas de la Unin Europea, entre las cuales la Directiva 2005/29/CE, sobre las prcticas comerciales desleales de las empresas en su relacin con los consumidores, y la Directiva 2006/123/CE, relativa a los servicios en el mercado interior. Es el caso, por ejemplo, del concepto de persona consumidora media, que implica un determinado nivel de diligencia de la persona consumidora en sus relaciones de consumo, o el de colectivos especialmente protegidos, que, si bien toma como referencia el criterio del artculo 21 del Estatuto del consumidor, lo adapta a las nuevas exigencias de la realidad social y, al mismo tiempo, sirve de contrapunto al concepto de persona consumidora media, de modo que se proporciona un alto grado de proteccin, pero sin caer en la sobreproteccin. Tambin cabe destacar la introduccin del concepto de relacin de consumo, que comprende el itinerario completo de las relaciones establecidas entre personas consumidoras y empresarios, y da cobertura a todo el espectro de estas relaciones: desde la publicidad hasta la atencin poscontractual, pasando por la propia comercializacin de los bienes o servicios. Existen otras definiciones que juegan tambin un papel relevante y que responden a la misma finalidad de equilibrio entre la proteccin de las personas consumidoras y los intereses de los empresarios, con el objetivo de permitir que el mercado interior funcione adecuadamente, como vemos en los conceptos de bien y servicio seguro, riesgo y riesgo no aceptable. Finalmente, se ha considerado imprescindible incorporar el concepto de consumo responsable, en la medida en que representa la expresin de una necesidad de equilibrio entre los aspectos sociales, econmicos y ambientales presentes siempre en el mbito del consumo. El captulo II recoge los cinco principios informadores en que se fundamenta el derecho del consumo: su carcter de derecho bsico, el principio de buena fe y equilibrio de las posiciones jurdicas, el del carcter irrenunciable de los derechos para las personas consumidoras, el principio de consumo responsable y el principio interpretativo pro persona consumidora.

El ttulo II contiene los derechos bsicos de las personas consumidoras. En el captulo I se enumeran los derechos protegidos, se recoge la particular atencin que se presta a los colectivos especialmente protegidos y se recuerda que la proteccin general toma como referencia el concepto de persona consumidora media. El captulo II desarrolla el derecho a la proteccin de la salud y la seguridad haciendo un recorrido por los bienes y servicios, en que la Administracin tiene un papel decisivo, motivo por el cual se ha introducido en el presente cdigo el concepto bsico del riesgo como principio general de la regulacin. El captulo III establece el contenido del derecho a la proteccin de los intereses econmicos y sociales de las personas consumidoras, que pretende incluir el respeto por su integridad patrimonial. El captulo IV destaca por la incorporacin del derecho a la reparacin o indemnizacin de los daos y perjuicios que sufran las personas consumidoras como consecuencia de la adquisicin o utilizacin de bienes y servicios. Este derecho tiene una importancia capital en el mbito de las relaciones de consumo y permite que las personas consumidoras lleguen a obtener, si procede, un resarcimiento ante actuaciones que menoscaben sus derechos. Por otra parte, el captulo V recoge el derecho a la proteccin jurdica, administrativa y tcnica, que comprende la posibilidad de que la Administracin pblica promueva los procesos administrativos y judiciales que considere adecuados para hacer cesar las actividades lesivas de los derechos y los intereses econmicos de las personas consumidoras, y establece la obligacin de fomentar los procedimientos voluntarios de resolucin de conflictos. El captulo VI regula el derecho a la informacin y la educacin. En cuanto a la informacin relativa a los bienes y servicios, se incluyen todos los conceptos que estaban dispersos en diferentes normas. De entrada, destaca la obligacin de informar y atender adecuadamente a las personas consumidoras para que puedan conocer, utilizar y emplear con seguridad y de forma satisfactoria los bienes y servicios. En cuanto a la informacin que las personas consumidoras pueden obtener de la Administracin, destaca especialmente la regulacin de las funciones de los llamados servicios pblicos de consumo y la creacin del registro de estos servicios. Finalmente, se dota de contenido la tarea educativa que debe cumplir la Administracin, dado que el derecho a la educacin y formacin en consumo se configura como un derecho transversal, garantizado por la accin del Gobierno. En este sentido, la educacin de las personas consumidoras se considera parte de la formacin integral de la ciudadana, con la pretensin de formar personas crticas, activas y responsables en el mbito de las relaciones de consumo. A tal fin, cabe destacar, entre las novedades del presente cdigo, que se consolida la existencia de un centro permanente de educacin en consumo que cubre todo el mbito territorial de Catalua. El captulo VII da contenido al derecho a la representacin, consulta y participacin, a la vez que contiene una regulacin cuidadosa e innovadora de las organizaciones de personas consumidoras, para las cuales establece los derechos y deberes a que estn sujetas, y actualiza los criterios que es preciso tener en cuenta para considerarlas organizaciones ms representativas. Como garanta del nuevo sistema, se crea el Registro de organizaciones y se establecen los requisitos mnimos de inscripcin. El captulo VIII se refiere al derecho a recibir informacin y a la utilizacin de las lenguas oficiales, incorpora este derecho a los derechos bsicos de las personas consumidoras y desarrolla as el artculo 34 del Estatuto.

El ttulo III presenta importantes novedades en lo que concierne a los sistemas de resolucin extrajudicial de conflictos. El captulo I contiene las disposiciones generales aplicables a cualquier mecanismo de resolucin extrajudicial de los conflictos en materia de consumo y parte de la canalizacin de los conflictos mediante la mediacin y el arbitraje de consumo, respetando su carcter voluntario y la vinculacin de los acuerdos. El captulo II regula la mediacin tomando en consideracin los principios que la fundamentan: voluntariedad, imparcialidad y confidencialidad por parte de la persona mediadora, y universalidad relativa a cualquier tema en cualquier asunto que afecte a los consumidores catalanes. Asimismo, en las disposiciones finales se hace una reserva reglamentaria para dotar de regulacin el procedimiento de mediacin. El captulo III regula los aspectos organizativos del arbitraje de consumo que pertenecen al mbito competencial de la Generalidad. En este sentido, destaca como novedad la incorporacin de la adhesin al arbitraje de consumo como condicin de ejecucin de los contratos para la Generalidad y para los organismos pblicos y las empresas que dependen de esta. Finalmente, se impulsa la consideracin social de las empresas adheridas al arbitraje de consumo puesto que se atribuye a su distintivo la condicin de distintivo de calidad.

IV

El libro segundo regula los requisitos de las relaciones de consumo. El ttulo I, que se subdivide en dos captulos, contiene las disposiciones generales aplicables a cualquier actividad econmica que se concrete en una relacin de consumo. El captulo I establece los requisitos relativos a la informacin de carcter sustancial que todos los empresarios estn obligados a suministrar a las personas consumidoras. Esta informacin, decisiva para el comportamiento econmico de las personas consumidoras, se refiere a los precios y a sus eventuales reducciones, a las caractersticas de los bienes y servicios, a las condiciones de las promociones y ofertas, a los obsequios, a los concursos y sorteos, y a la posibilidad de gozar del derecho de desistimiento. Adems, se establece la obligacin de los empresarios de atender a las personas consumidoras ante cualquier circunstancia o incidencia que afecte al funcionamiento normal de las relaciones de consumo, as como el carcter gratuito de la atencin telefnica que el empresario o empresaria debe poner a disposicin de las personas consumidoras. El captulo II se refiere a los requisitos que con carcter general deben cumplir los establecimientos permanentes en materia de informacin sobre precios, condiciones de venta, presupuestos y documentacin que debe entregarse a las personas consumidoras.

El ttulo II regula las modalidades especiales de las relaciones de consumo. El texto refundido sobre el comercio interior, en que convergan la regulacin administrativa de la propia actividad y preceptos propios de la proteccin de las personas consumidoras, ya regulaba estas modalidades especiales. El Cdigo de consumo traslada y actualiza las normas vigentes con relacin a la proteccin de las personas consumidoras. En este sentido, el captulo I define estas modalidades y las identifica con las que se hacen fuera de un establecimiento permanente, o sea, las relaciones de consumo a distancia y las hechas fuera de establecimiento mercantil permanente, las hechas mediante mquinas automticas y las hechas en establecimientos no sedentarios, y establece unas normas comunes relativas a la informacin que es preciso suministrar a las personas consumidoras. El captulo II regula las relaciones de consumo a distancia. En particular, forman parte de este las relaciones por medios telefnicos, por correspondencia postal y por medios audiovisuales y electrnicos, lo que representa una importante novedad. La regulacin se concreta en la determinacin de la informacin que es preciso suministrar a las personas consumidoras atendiendo al hecho de que no se da la presencia simultnea de las partes en el momento de establecer la relacin de consumo. El captulo III regula las relaciones de consumo efectuadas fuera de establecimiento mercantil permanente, presidida por una tcnica de comercializacin de bienes y servicios inacostumbrada para las personas consumidoras. Por este motivo, los requisitos de informacin y documentacin contractual tienen una importancia especial y reflejan un contenido ms estricto en cuanto a las obligaciones que debe cumplir el empresario o empresaria que se dedique a este tipo de comercializacin de bienes y servicios. El captulo IV introduce novedades importantes relativas a la adquisicin de bienes y servicios mediante mquinas automticas. Estas novedades incluyen el contenido de la obligacin de informar, que comprende aspectos diversos, como las instrucciones para obtener el bien o servicio, las indicaciones relativas al precio y a las modalidades de pago admitidas y la identificacin del explotador o explotadora. El incumplimiento de esta obligacin comporta la extensin de la responsabilidad a los titulares del establecimiento permanente donde se halla la mquina. A las relaciones de consumo en establecimientos no sedentarios que define el captulo V les es de aplicacin la obligacin de suministrar la informacin establecida por el artculo 221-2.

El ttulo III contiene un nico captulo y presenta una innovacin ms en la normativa de proteccin de las personas consumidoras. En este ttulo se incorpora al Cdigo de consumo la regulacin de la intermediacin, la cual se aplica a toda persona fsica o jurdica que se dedique a cualquiera de las actividades a que se refiere el artculo 231-1, por cuenta ajena y a cambio de una remuneracin pecuniaria o no, pero siempre en forma de ventaja econmica. En estos casos, se impone a los intermediarios la obligacin de informar de varios aspectos relativos al alcance y al precio de su intervencin. Igualmente, se establecen las obligaciones que asumen los intermediarios en cuanto a la forma de actuacin, a la recepcin de cantidades a cuenta y al rgimen de responsabilidad.

El ttulo IV se aplica a la adquisicin y el arrendamiento de bienes. El captulo I se refiere tanto a la adquisicin como al arrendamiento de inmuebles. El captulo II regula la informacin que es preciso poner a disposicin de las personas consumidoras adquirentes de bienes muebles, as como la conformidad y garanta de los bienes, de acuerdo con la normativa.

Bajo la rbrica Obligaciones en la prestacin de servicios, el ttulo V regula la pluralidad de servicios que los empresarios pueden poner a disposicin de las personas consumidoras. Estos servicios se clasifican en funcin del objeto, lo cual permite distinguir entre servicios a las personas, servicios sobre los bienes, servicios bsicos, servicios de trato continuado y servicios de marca. El captulo I se refiere a las obligaciones comunes, que deben cumplirse en cualquier caso, con independencia del tipo de servicio que finalmente se preste. Entre las obligaciones que deben asumir conviene destacar las relativas al contenido de la informacin previa que es preciso suministrar a las personas consumidoras, el contenido de la factura, los requisitos de documentacin en los pagos parciales o avanzados, la regulacin de los recargos y suplementos, y el establecimiento de un perodo mnimo de garanta para el caso que no exista una normativa sectorial que establezca otro. El captulo II desglosa las obligaciones que deben asumir los empresarios en funcin del tipo de servicio que presten. As, en el caso de los servicios a las personas es especialmente importante el cumplimiento de las disposiciones sobre seguridad, salud, higiene e intimidad personal y de las dems disposiciones fijadas por la normativa especfica de la materia, sin perjuicio de la posibilidad de comprobar los resultados que se hayan ofrecido y de la informacin de los riesgos que la prestacin del servicio comporte. En cuanto a los servicios sobre los bienes, adquieren relevancia las obligaciones relativas a la informacin y confeccin de presupuestos y las obligaciones derivadas del depsito del bien si este es necesario para la prestacin del servicio. En materia de servicios bsicos, se ha considerado de inters especial para proteger mejor a las personas consumidoras la obligacin de entregar informacin de la prestacin, as como del lugar y los procedimientos establecidos para atender las quejas o reclamaciones. Si la contratacin es de servicios de trato continuado, las obligaciones impuestas estn en consonancia justamente con la naturaleza del carcter indefinido de la prestacin del servicio, de modo que la normativa se refiere a la continuidad y calidad en la prestacin del servicio y a la informacin relativa al procedimiento de baja que debe suministrarse en el momento de la contratacin. A los servicios de marca les son impuestas obligaciones relacionadas directamente con el uso de los distintivos de la marca y con la vinculacin de los prestadores con la publicidad o con las ofertas difundidas con relacin a los servicios comercializados, salvo que se especifique lo contrario. El captulo se cierra con una referencia a los servicios de naturaleza mixta, para los cuales se establece una concurrencia normativa en la medida en que las normas sean compatibles.

V

El libro tercero regula la disciplina del mercado y los derechos de las personas consumidoras. El ttulo I contiene las disposiciones generales organizadas en dos captulos. El captulo I impone a los poderes pblicos de Catalua, especialmente a los que tienen encomendada la tutela y defensa de los derechos de las personas consumidoras, la obligacin de velar por el cumplimiento de los derechos reconocidos por el presente cdigo. En este sentido, puede impulsarse la adopcin de cdigos de conducta como instrumento de autorregulacin y corregulacin de las empresas y la colaboracin de las diferentes instancias administrativas, con la finalidad de obtener un grado ms elevado de proteccin de los intereses de las personas consumidoras. Se regula tambin la cooperacin de las personas consumidoras en esta tarea de proteccin. Las personas consumidoras tienen el derecho y el deber de hacerlo, principalmente por medio de la denuncia, de la cual se regula detalladamente el procedimiento de tramitacin. El captulo II recoge los principios de la disciplina de mercado: legalidad, irretroactividad, tipicidad, responsabilidad, proporcionalidad, precaucin, prescripcin, concurrencia de sanciones, competencia territorial y competencia material, a los que se aade el principio pro persona consumidora, en virtud del cual se establecen criterios interpretativos de normas y para la solucin del conflicto surgido de una eventual concurrencia de normas tipificadoras de una conducta infractora.

El ttulo II regula la inspeccin y el control de mercado. Las disposiciones generales, establecidas por el captulo I, introducen como principal novedad el estatuto personal de los inspectores de consumo. Las actividades de inspeccin son reguladas por el captulo II, el cual establece primero las funciones de la inspeccin de consumo y despus, las facultades de la inspeccin de consumo. Concretamente, destaca la obligacin de los inspeccionados de comparecer ante la inspeccin cuando hayan sido citados por el personal inspector en el ejercicio de sus funciones. Se declara el valor probatorio de los informes de la inspeccin, que se equiparan as a los actos de inspeccin. En lo que concierne a la adopcin de las medidas cautelares reguladas por el captulo III se flexibiliza la normativa para ganar en eficacia, sobre todo en situaciones de urgencia, siempre y cuando se motive la adopcin de estas medidas en un acta de inspeccin. Entre las medidas a adoptar conviene destacar la posibilidad de dar publicidad a la medida cautelar para informar a los afectados que se hayan podido exponer al riesgo derivado del uso de un bien o de la prestacin de un servicio. Este captulo se cierra con la referencia a las competencias municipales en materia de adopcin de dicho tipo de medidas, siempre con la obligacin de comunicarlo a la Agencia Catalana del Consumo. El captulo IV regula las actividades de control, entre las cuales adquiere relevancia la posibilidad de hacer estudios y prospecciones de mercado para establecer estrategias de actuacin administrativa que aumenten la eficacia de la proteccin de las personas consumidoras.

El ttulo III tipifica las infracciones y establece las sanciones. El captulo I tipifica las infracciones y las clasifica en funcin del objeto, y distingue entre las que suponen incumplimientos en materia de seguridad de los bienes y servicios puestos a disposicin de las personas consumidoras y de las disposiciones o resoluciones administrativas relativas a prohibiciones de venta, comercializacin o distribucin de bienes y servicios, las que suponen alteracin, adulteracin, fraude o engao, las que inciden directamente en las transacciones comerciales y condiciones tcnicas de venta y en materia de precios, las referentes a la normalizacin, la documentacin y las condiciones de venta y al suministro o la prestacin de servicios, las relativas al incumplimiento de obligaciones o prohibiciones contractuales de carcter legal y, finalmente, las dems infracciones no clasificables en ninguno de los tipos anteriores. Fruto de las novedades que incorpora el Cdigo de consumo, se han aadido tambin nuevos tipos infractores relativos a obligaciones que deben asumir los empresarios, como las infracciones relacionadas con la realizacin de prcticas o con la inclusin de clusulas abusivas. El captulo II se dedica a la calificacin de las infracciones. En trminos generales, cabe apuntar que se ha adecuado la calificacin a la realidad, de modo que determinadas infracciones son consideradas graves en cualquier caso. Esta circunstancia supone tambin la adecuacin de las sanciones establecidas por el captulo III, que se ha traducido en un aumento de las cuantas y en una revisin de las circunstancias agravantes y atenuantes a la hora de determinar la cuanta y extensin de las sanciones. As, por ejemplo, se establece la reiteracin en la conducta como circunstancia agravante de la sancin. Entre las sanciones que pueden imponerse destaca la de obligar a la rectificacin pblica de la publicidad efectuada por un empresario o empresaria, o sea, la posibilidad de exigir al infractor o infractora que publique un comunicado en que se rectifique la publicidad efectuada, lo cual debe hacerse en las mismas condiciones o en condiciones parecidas a las condiciones en que se hizo la actuacin sancionada. Tambin se recoge la posibilidad de adoptar el acuerdo de dar publicidad a las sanciones por infraccin leve. Adems, se incluye la posibilidad de exigir al infractor o infractora que reponga la situacin alterada por la infraccin a su estado original y, si procede, que indemnice a la persona consumidora por los daos y perjuicios probados. El captulo IV fija las responsabilidades derivadas de las infracciones, con particularidades diferentes segn que la infraccin se haya cometido en la comercializacin de bienes identificados, bienes no identificados o en servicios, lo que implica la introduccin de nuevos criterios en esta materia. El captulo V introduce las normas reguladoras de la prescripcin de las infracciones, de las sanciones y de la ejecucin de las sanciones.

El ttulo IV cierra el libro tercero con la regulacin del procedimiento sancionador. En el captulo I destaca la determinacin del plazo de caducidad, que se fija en doce meses contados desde la fecha de iniciacin del procedimiento sancionador, con la posibilidad de suspender el plazo en caso de solicitud o prctica de determinadas pruebas. Finalmente, el captulo II regula las multas coercitivas y establece la posibilidad de reiterarlas en caso de incumplimiento de las ya ordenadas.

El Cdigo de consumo incorpora varias disposiciones adicionales que incluyen mandatos al Gobierno para que dicte normas para desarrollar el presente cdigo y hacerlo eficaz. El Cdigo de consumo contiene tambin disposiciones transitorias relativas, en primer lugar, a los procedimientos que se hallan en fase de tramitacin. En segundo lugar, se concede un plazo de seis meses a los empresarios y las entidades para que se adapten a lo establecido por el libro segundo. En tercer lugar, se regula el rgimen transitorio de las actuaciones de inspeccin y se determina la transitoriedad de los rganos sancionadores. En ltimo lugar, se establece el rgimen aplicable a las comarcas que, en el momento de entrada en vigor de la presente ley, no tengan un servicio pblico de consumo. El Cdigo de consumo contiene tres disposiciones finales. La primera establece que, en el mbito del consumo, las referencias hechas a la Ley 1/1998, de 7 de enero, de poltica lingstica, y a la Ley 1/1990, de 8 de enero, sobre la disciplina del mercado y de defensa de los consumidores y de los usuarios, se entienden hechas al presente cdigo. La segunda y la tercera determinan, respectivamente, la vacatio legis y el desarrollo reglamentario de la presente ley.

Cabe destacar que el sistema de derechos lingsticos establecido por el Cdigo de consumo no entra en contradiccin con el rgimen fijado por la Ley 1/1998, que, en consecuencia, contina vigente.

La parte final establece tambin la derogacin expresa de la Ley 3/1993 y de las disposiciones de rango igual o inferior que se opongan a lo establecido por la presente ley.


[Bloque 2: #li]

LIBRO I

Disposiciones generales


[Bloque 3: #ti]

TTULO I

Disposiciones preliminares


[Bloque 4: #ci]

CAPTULO I

Objeto, mbito de aplicacin y definiciones


[Bloque 5: #a1111]

Artculo 111-1. Objeto y mbito.

1. La presente ley tiene por objeto garantizar la defensa y la proteccin de los derechos de las personas consumidoras y establecer, en el mbito territorial de Catalua, los principios y normas que deben regirlas para mejorar la calidad de vida de las personas consumidoras.

2. Los derechos y las obligaciones establecidos por el presente cdigo son de aplicacin, en la medida en que sean compatibles, a:

a) Las relaciones de prestacin de servicios entre las personas fsicas empresarias que estn dentro del rgimen especial de trabajadores autnomos y las empresas prestadoras de servicios bsicos y servicios de trato continuado.

b) Las relaciones entre empresas prestadoras de servicios bsicos y servicios de trato continuado y los entes que tengan la consideracin de microempresas de acuerdo con la Recomendacin 2003/361/CE, de 6 de mayo.

Se aade el apartado 2 por el art. 2 de la Ley 20/2014, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2015-471.

Se enumera como 1 el anterior texto.




[Bloque 6: #a1112]

Artculo 111-2. Definiciones.

A los efectos de la presente ley, se entiende por:

a) Personas consumidoras y usuarias: las personas fsicas o jurdicas que actan en el marco de las relaciones de consumo en un mbito ajeno a una actividad empresarial o profesional. Tienen tambin esta consideracin los socios cooperativistas en las relaciones de consumo con la cooperativa. Cualquier referencia que se haga en la presente ley al concepto de persona consumidora se entiende hecha a la persona consumidora o usuaria en la medida que goza de bienes y servicios fruto de la actividad empresarial en el mercado.

b) Persona consumidora media: persona consumidora que, de acuerdo con un criterio de diligencia ordinaria, debera estar normalmente informada y ser razonablemente cuidadosa en las relaciones de consumo, en funcin de los factores sociales, culturales y lingsticos.

c) Colectivos especialmente protegidos: colectivos que, por la concurrencia de determinadas caractersticas, son especialmente vulnerables en cuanto a las relaciones de consumo. En cualquier caso, la proteccin especial debe darse teniendo en cuenta la persona consumidora media del colectivo en que se integra la persona consumidora. En particular, son colectivos especialmente protegidos: los nios y adolescentes, los ancianos, las personas enfermas, las personas con discapacidades y cualquier otro colectivo en situacin de inferioridad o indefensin especiales.

d) Empresario o empresaria: cualquier persona fsica o jurdica, pblica o privada, que, en la realizacin de un negocio, un oficio o una profesin, comercializa bienes o servicios o, de cualquier otra forma, acta en el marco de su actividad empresarial o profesional.

e) Establecimiento permanente: infraestructura estable donde un empresario o empresaria lleva a cabo el ejercicio efectivo de una actividad econmica, consistente esencialmente en la oferta y venta de bienes o la prestacin de servicios a las personas consumidoras.

f) Entidad colaboradora: rgano o entidad de carcter pblico o privado habilitado por las administraciones de consumo, de forma general o especfica, para ejercer algunas de las actividades que son competencia de la Administracin o para apoyarla.

g) Bienes y servicios: bienes muebles o inmuebles, productos, actividades o funciones utilizados o adquiridos por las personas consumidoras, o destinados a estas, o que en condiciones razonablemente previsibles puedan ser utilizados por estas, con independencia del carcter individual o social, pblico o privado, de quien los produce, suministra o presta.

h) Bien o servicio identificado: bien o servicio que lleva o utiliza cualquier tipo de marca, smbolo, logotipo o signos externos que hacen creer a las personas consumidoras que el bien o servicio ha sido elaborado, distribuido o comercializado por una empresa determinada.

i) Bien o servicio seguro: bien o servicio que en condiciones de utilizacin normal o razonablemente previsibles, incluidas las condiciones de duracin y, si procede, de puesta en servicio, de instalacin y de mantenimiento, no presenta ningn riesgo o solo riesgos mnimos compatibles con el bien o servicio considerados aceptables dentro del respeto a un nivel elevado de proteccin de la salud, la seguridad y los intereses econmicos de las personas.

j) Riesgo: probabilidad que la salud, la seguridad o los intereses econmicos de las personas consumidoras sufran un dao derivado de la utilizacin, el consumo o la presencia de un bien o servicio.

k) Riesgo no aceptable: riesgo que comporta que un bien o servicio determinado no cumpla las exigencias de la letra i.

l) Consumo responsable: consumo moderado, informado, reflexivo y consciente de bienes y servicios, teniendo en cuenta los criterios de sostenibilidad cultural, ambiental, socioeconmica y lingstica.

m) Relacin de consumo: cualquier relacin establecida entre, por una parte, empresarios, intermediarios o la Administracin como prestadora de bienes y servicios y, por otra parte, las personas consumidoras. Esta relacin comprende la informacin, la oferta, la promocin, la publicidad, la comercializacin, la utilizacin, la venta, y el suministro de bienes y servicios, as como las obligaciones que se deriven.

n) Derecho de desistimiento: derecho que tiene la persona consumidora de decidir la devolucin del bien o la cancelacin del servicio durante el tiempo establecido legal o contractualmente como perodo de reflexin.

o) Resolucin extrajudicial de conflictos: cualquier procedimiento alternativo al jurisdiccional que permita poner fin a las controversias surgidas en el marco de una relacin de consumo.

p) Cdigo de conducta: acuerdo o conjunto de normas fundamentados en criterios ticos y de buena prctica comercial, no impuestos por disposiciones legales, reglamentarias o administrativas, en que se define el comportamiento de los empresarios que se comprometen a cumplirlos en sus relaciones de consumo.

q) Distintivo de calidad o de origen: signo externo o visible que pueden otorgar las administraciones pblicas o los organismos legalmente acreditados a los empresarios que se adhieran a determinados cdigos de conducta o a los bienes o servicios que tengan marcas de garanta.

r) Invitacin a comprar: cualquier comunicacin comercial que indica las caractersticas del bien o servicio y su precio, y que permite su adquisicin a la persona consumidora.

s) Comunicacin comercial: cualquier forma de comunicacin dirigida a la promocin, directa o indirecta, de la imagen o de los bienes o servicios de una empresa, un establecimiento, una organizacin o una persona que realice una actividad econmica con la finalidad de establecer relaciones de consumo.

t) Comunicacin comercial electrnica: comunicacin comercial transmitida por medio de equipamientos electrnicos de tratamiento y almacenamiento de datos conectados a una red de telecomunicaciones.

u) Informacin accesible: informacin enviada por los medios ms adecuados para asegurar su correcta percepcin y comprensin por parte de las personas con discapacidades sensoriales.

v) Pobreza energtica: incapacidad de un hogar para satisfacer el mnimo de servicios energticos y, de esta forma, garantizar las necesidades bsicas teniendo en cuenta los factores personales, geogrficos y materiales que concurren. Estos parmetros deben definirse por reglamento.

w) Personas en situacin de vulnerabilidad econmica: personas consumidoras que presentan una carencia de recursos econmicos, de acuerdo con los siguientes criterios:

1. Que el total de ingresos de los miembros de la unidad familiar o convivencial no sea en ningn caso superior, por todos los conceptos, a 1,5 veces el indicador de renta de suficiencia, incrementado por los siguientes conceptos:

1.a) Un 30% por cada miembro de la unidad a partir del tercero.

1.b) Un 10% por cada miembro de la unidad en situacin de dependencia moderada.

1.c) Un 20% por cada miembro de la unidad en situacin de dependencia severa.

1.d) Un 30% por cada miembro de la unidad en situacin de gran dependencia.

1.e) Un 10% por cada miembro de la unidad de sesenta y cinco aos o ms.

Para determinar si se supera este lmite, deben aadirse los ingresos que los miembros de la unidad familiar reciban en concepto de percepciones o ayudas sociales.

2. Que se declare que no puede reducirse el gasto relativo al consumo de bienes o servicios porque se han agotado todas las medidas a tal fin.

3. Que se acredite que las tarifas que tienen contratadas para el servicio de suministro de agua, electricidad o gas responden a la modalidad de tarifa social establecida por la normativa aplicable.

Se levanta la suspensin de la vigencia y aplicacin de las letras v) y w), por auto del TC de 12 de abril de 2016. Ref. BOE-A-2016-3826.

Tngase en cuenta que se declara la desestimacin del recurso de inconstitucionalidad nmero 5459-2015 Ref. BOE-A-2015-10865, por Sentencia 54/2018, de 24 de mayo. Ref. BOE-A-2018-8573

Se suspende la vigencia y aplicacin de las letras v) y w), en la redaccin dada porla Ley 20/2014, de 29 de diciembre Ref. BOE-A-2015-471, desde el 30 de septiembre de 2015 para las partes en el proceso y desde el 9 de octubre de 2015 para los terceros, por Providencia del TC de 6 de octubre de 2015, que admite a trmite el recurso de inconstitucionalidad nmero 5459-2015,Ref. BOE-A-2015-10865.

Redactado conforme a la correccin de errores publicada en BOE nm. 243, de 10 de octubre de 2015. Ref. BOE-A-2015-10923.

Se modifica la letra v) y se aade la w) por el art. 3 de la Ley 20/2014, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2015-471.

Se suspende la vigencia y aplicacin de la letra v), desde el 29 de septiembre de 2014 para las partes en el proceso y desde el 24 de octubre de 2014 para los terceros por Providencia del Tribunal Constitucional de 21 de octubre de 2014 que admite a trmite el recurso de inconstitucionalidad nmero 5831-2014. Ref. BOE-A-2014-10816.

Tngase en cuenta que se declara la desestimacin en el recurso de inconstitucionalidad 5831/2014, por Sentencia del TC 62/2016, de 17 de marzo.Ref. BOE-A-2016-3915.

Se aade la letra v) por el art. 1 del Decreto-ley 6/2013, de 23 de diciembre. Ref. BOE-A-2014-3001.








[Bloque 7: #cii]

CAPTULO II

Principios informadores del derecho de consumo


[Bloque 8: #a1121]

Artculo 112-1. Derecho bsico.

Los derechos de las personas consumidoras tienen el carcter de derecho bsico y son objeto de especial proteccin.


[Bloque 9: #a1122]

Artculo 112-2. Buena fe y equilibrio de las posiciones jurdicas.

Las relaciones de consumo deben fundamentarse en la buena fe y el justo equilibrio de las posiciones jurdicas, lo que excluye las prcticas comerciales desleales o abusivas y la insercin de clusulas abusivas en los contratos.


[Bloque 10: #a1123]

Artculo 112-3. Irrenunciabilidad de los derechos.

Los derechos que la presente ley otorga a las personas consumidoras son irrenunciables y es nulo cualquier pacto que los excluya.


[Bloque 11: #a1124]

Artculo 112-4. Principio de consumo responsable.

Las relaciones de consumo deben ajustarse a los criterios de racionalidad y sostenibilidad con relacin a la preservacin del medio ambiente, la calidad de vida, la especificidad cultural, el comercio justo, la accesibilidad, el endeudamiento familiar, los riesgos admisibles y dems factores que determinan un desarrollo socioeconmico individual y colectivo.


[Bloque 12: #a1125]

Artculo 112-5. Principio de proteccin de las personas consumidoras.

Las administraciones pblicas catalanas deben velar por garantizar el cumplimiento efectivo de los derechos que la presente ley reconoce a las personas consumidoras.


[Bloque 13: #tii]

TTULO II

De los derechos bsicos de las personas consumidoras


[Bloque 14: #ci-2]

CAPTULO I

Derechos de las personas consumidoras


[Bloque 15: #a1211]

Artculo 121-1. Disposicin general.

1. Se reconocen a las personas consumidoras los derechos e intereses establecidos por la presente ley de acuerdo con lo dispuesto por el presente libro, sin perjuicio de los derechos y obligaciones establecidos por la normativa sectorial especfica y la normativa civil general que proceda.

2. Las relaciones de consumo que se desarrollen en el territorio de Catalua se rigen por los preceptos de la presente ley, excepto en los casos en que la regulacin sectorial especfica dispensa una mayor proteccin a los derechos de las personas consumidoras.


[Bloque 16: #a1212]

Artculo 121-2. Derechos protegidos.

Los derechos e intereses de las personas consumidoras protegidos por la presente ley son los siguientes:

a) El derecho a la proteccin de la salud y a la seguridad.

b) El derecho a la proteccin de los intereses econmicos y sociales.

c) El derecho a la indemnizacin y reparacin de daos.

d) El derecho a la proteccin jurdica, administrativa y tcnica.

e) El derecho a la informacin, educacin y formacin.

f) El derecho a la representacin, consulta y participacin.

g) Los derechos lingsticos.


[Bloque 17: #a1213]

Artculo 121-3. Colectivos especialmente protegidos.

1. Los derechos de las personas consumidoras que afecten a colectivos especialmente protegidos gozan de una atencin especial y preferente por parte de los poderes pblicos, de acuerdo con lo establecido por la presente ley, las disposiciones que la desarrollen y el resto del ordenamiento jurdico.

2. Las personas con discapacidad, especialmente, deben tener garantizado el acceso adecuado a la informacin sobre los bienes y servicios, y el pleno ejercicio y goce de los derechos y garantas recogidos por la presente ley, del mismo modo que el resto de personas consumidoras.


[Bloque 18: #a1214]

Artculo 121-4. Proteccin general.

La proteccin general de las personas consumidoras debe tomar como referencia el concepto de persona consumidora media.


[Bloque 19: #cii-2]

CAPTULO II

Derecho a la proteccin de la salud y a la seguridad


[Bloque 20: #a1221]

Artculo 122-1. Obligacin general.

1. Los bienes y servicios destinados a las personas consumidoras no pueden comportar riesgos para su salud ni para su seguridad, salvo los que sean usuales o legalmente admisibles en condiciones normales o previsibles de utilizacin.

2. Los riesgos usual o reglamentariamente admitidos en condiciones normales y previsibles de utilizacin deben ponerse en conocimiento de las personas consumidoras de forma clara y con los medios adecuados.

3. Los bienes y servicios deben sujetarse a lo determinado por la normativa sectorial aplicable, especialmente la relativa a seguridad industrial, sanidad y salud pblica, as como cualquier otra que tenga como finalidad garantizar la salud y seguridad de las personas consumidoras.

4. El acceso a la informacin, especialmente la relacionada con la salud y la seguridad, debe garantizarse, con carcter general, a todas las personas con discapacidad, mediante la regulacin reglamentaria sobre bienes y servicios.

5. Los poderes pblicos deben fomentar la inclusin del sistema Braille en el etiquetado de los bienes, especialmente respecto a los bienes que afecten a la salud y la seguridad.


[Bloque 21: #a1222]

Artculo 122-2. Obligacin de los empresarios.

Quienes produzcan, importen, distribuyan, manipulen o comercialicen bienes y servicios, en su calidad de profesionales, tienen la obligacin de suministrar bienes o prestar servicios seguros y, en consecuencia, deben actuar con diligencia para evitar la puesta en el mercado de bienes y servicios inseguros. Se presume que son seguros los bienes que llevan, si es preceptivo, el marcado CE o bien que disponen de un certificado de conformidad emitido por un organismo acreditado en la Unin Europea.


[Bloque 22: #a1223]

Artculo 122-3. Bienes y servicios de alimentacin.

Los bienes y servicios relacionados con la alimentacin deben cumplir los requisitos exigibles en materia de produccin, elaboracin, manipulacin, conservacin, comercializacin, transporte e informacin a la persona consumidora.


[Bloque 23: #a1224]

Artculo 122-4. Bienes y servicios destinados a la salud y el cuidado higinico.

1. Los bienes y servicios destinados a la salud y el cuidado higinico deben cumplir las condiciones exigibles y especificar las medidas necesarias para que las personas consumidoras sean informadas sobre la composicin, propiedades, condiciones, precauciones de uso y caducidad, si procede.

2. Las disposiciones de la presente ley solo se aplican a los servicios sanitarios pblicos en la medida en que sean compatibles con sus caractersticas especficas.


[Bloque 24: #a1225]

Artculo 122-5. Bienes peligrosos.

Los bienes que contengan sustancias y preparados clasificados como peligrosos deben ser fabricados, transportados, almacenados y comercializados con las condiciones y los datos de seguridad, envasado y etiquetado correspondientes y deben llevar incorporados los smbolos e indicaciones de los peligros que entraan y la explicacin de las medidas adecuadas para contrarrestar y mitigar los posibles efectos perjudiciales sobre la salud y la seguridad.


[Bloque 25: #a1226]

Artculo 122-6. Aparatos, instalaciones y servicios.

Deben preverse los controles pertinentes y especificar los servicios de mantenimiento y reparacin necesarios de los aparatos, instalaciones y servicios que puedan afectar a la seguridad fsica de las personas.


[Bloque 26: #a1227]

Artculo 122-7. Transportes y espacios de uso pblico.

Los transportes colectivos, las instalaciones, los locales y los espacios de uso pblico deben cumplir las condiciones exigibles que garanticen su seguridad, salubridad y accesibilidad.


[Bloque 27: #a1228]

Artculo 122-8. Actuacin de la Administracin.

Si en el mercado existen bienes o servicios con riesgos no aceptables para la salud o seguridad de las personas consumidoras, los organismos competentes en la materia deben adoptar las medidas adecuadas para conseguir su deteccin y retirada del mercado y para informar a las personas consumidoras, aclarar responsabilidades y reprimir, si procede, las conductas infractoras de la legislacin.


[Bloque 28: #ciii]

CAPTULO III

Derecho a la proteccin de los intereses econmicos y sociales


[Bloque 29: #a1231]

Artculo 123-1. Disposicin general.

Las personas consumidoras tienen derecho a la proteccin de sus legtimos intereses econmicos y sociales de acuerdo con lo establecido por la presente ley y las disposiciones que la desarrollen.


[Bloque 30: #a1232]

Artculo 123-2. Proteccin contra los abusos contractuales.

Las personas consumidoras tienen derecho a:

a) Disponer, en el marco de las relaciones de consumo, de unas clusulas generales o de otras clusulas no negociadas individualmente que estn redactadas con concrecin, claridad y sencillez, con respeto a los principios de buena fe y justo equilibrio entre derechos y obligaciones de las partes, lo que excluye la utilizacin en los contratos de clusulas abusivas, ilegibles o incomprensibles.

b) Recibir de los proveedores de bienes y servicios una copia del contrato, la factura, el recibo o el justificante de los pagos efectuados en que conste, al menos, la identidad personal o social y fiscal del proveedor o proveedora, la direccin, la cantidad pagada, el concepto por el que se satisface y la fecha.

c) Recibir, por escrito o por otros medios que acrediten fehacientemente su autora, si dada la naturaleza del bien o servicio no puede fijarse previamente el precio con exactitud, un presupuesto en que deben constar, al menos, la identidad y direccin del prestador, las operaciones que deben llevarse a cabo, el importe, el plazo de validez, y la fecha aproximada y la duracin prevista de realizacin del servicio. Este presupuesto es vinculante para el prestador del servicio hasta que se agote el plazo de su validez. Del mismo modo, cuando los gastos adicionales que repercutan en la persona consumidora no puedan ser calculados de antemano, debe informarse de la existencia de estos gastos y de su importe aproximado.

d) Obtener, si ceden un bien para que se haga la verificacin, comprobacin, reparacin, sustitucin o cualquier otra intervencin, un resguardo de depsito en que consten, al menos, la identificacin del establecimiento o depositario, la identificacin del objeto, la operacin que debe efectuarse, la fecha de entrega del bien y la fecha prevista de realizacin del servicio.

e) Tener garantizada toda cantidad entregada anticipadamente.

f) Obtener una proteccin especial en cuanto a los contratos de prestacin de servicios bsicos o que afectan a derechos de las personas consumidoras.

g) Recibir, del organismo competente en materia de consumo, informacin sobre los mecanismos de garanta efectiva de los derechos reconocidos en el ordenamiento vigente aplicables en materia de relaciones de consumo.

h) Solicitar la eliminacin y el cese de las clusulas y prcticas abusivas o desleales. En el caso de los crditos o prstamos hipotecarios, puede preverse la opcin de la dacin en pago.

Se aaden las letras f), g) y h) por el art. 4 de la Ley 20/2014, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2015-471.




[Bloque 31: #a1233]

Artculo 123-3. Informacin precontractual.

Las personas consumidoras tienen derecho a que se les entregue, con un tiempo suficiente y razonable, un modelo de contrato con las condiciones generales previstas.


[Bloque 32: #a1234]

Artculo 123-4. Informacin contractual.

En la documentacin contractual deben constar, si procede, las condiciones generales, el derecho de desistimiento y las condiciones y el plazo de ejercicio, la existencia de garantas adicionales y la adhesin a cdigos de conducta o medios alternativos de resolucin de conflictos.


[Bloque 33: #a1235]

Artculo 123-5. Calidad e idoneidad de los bienes y servicios.

El plazo, la garanta y la posibilidad de renuncia o devolucin que se establezca en los contratos deben permitir que la persona consumidora:

a) Se asegure de la naturaleza, las caractersticas, las condiciones y la utilidad o finalidad del bien o servicio.

b) Pueda reclamar con eficacia en caso de error, defecto o deterioro.

c) Pueda hacer efectivas las garantas de calidad o nivel de prestacin y obtener la devolucin equitativa del precio de mercado del bien o servicio, total o parcialmente, en caso de incumplimiento o de cumplimiento defectuoso.


[Bloque 34: #a1236]

Artculo 123-6. Conformidad de los bienes y servicios.

1. La persona consumidora debe gozar como mnimo de la calidad y las prestaciones que consten en el contrato, presupuesto, publicidad, invitaciones a comprar o cualquier otro documento que vincule el empresario o empresaria a las relaciones de consumo.

2. Las personas consumidoras tienen derecho a ser informadas de los derechos que les corresponden como adquirentes de bienes o servicios, especialmente en cuanto a la conformidad y garanta de los bienes de naturaleza duradera.

3. Los vendedores o los productores deben garantizar a las personas consumidoras el disfrute de un servicio tcnico y de atencin a la clientela adecuado, sin demoras o retrasos injustificados.

4. En el caso de prestaciones de servicios, la persona consumidora tiene derecho a una atencin adecuada una vez prestado el servicio, que garantice su correccin e idoneidad.


[Bloque 35: #a1237]

Artculo 123-7. Integracin contractual de la oferta, la promocin y la publicidad.

1. La oferta, promocin y publicidad de los bienes o servicios debe ajustarse a su naturaleza, caractersticas, utilidad o finalidad y a las condiciones jurdicas o econmicas de la contratacin.

2. Las personas consumidoras pueden exigir el contenido de la oferta, promocin o publicidad, las prestaciones propias de cada bien o servicio, las condiciones jurdicas o econmicas y las garantas ofrecidas, aunque no figuren expresamente en el contrato o en el documento o comprobante recibido. Estos aspectos deben tenerse en cuenta en la determinacin del principio de conformidad con el contrato.

3. Los contratos con las personas consumidoras deben integrarse de acuerdo con el principio de la buena fe objetiva, incluso en el caso de omisin de la informacin precontractual relevante.

4. No obstante lo establecido por el apartado 3, si el contrato contiene clusulas ms beneficiosas para la persona consumidora, estas deben prevalecer sobre el contenido de la oferta, promocin o publicidad.


[Bloque 36: #a1238]

Artculo 123-8. Requisitos de los bienes y servicios.

Las personas consumidoras tienen derecho a:

a) La adecuacin de los bienes y servicios a las expectativas de uso, calidad y caractersticas de consumo que ofrecen.

b) La exactitud en el peso y la medida de los bienes y el suministro correcto de servicios.

c) La informacin del origen, especialmente en lo que concierne a la procedencia comunitaria o no, de los bienes y servicios.


[Bloque 37: #a1239]

Artculo 123-9. Vivienda.

Las personas consumidoras tienen derecho a conocer las caractersticas higinico-sanitarias y constructivas de su vivienda, as como la calidad y los sistemas de puesta en obra de los materiales e instalaciones, incluidas las de ahorro energtico, gas, agua, fluido elctrico, comunicaciones electrnicas, saneamiento, ascensor y, especialmente, las de aislamiento trmico y acstico y las de prevencin y extincin de incendios, de acuerdo con lo establecido por la normativa especfica en materia de vivienda referida al libro del edificio y dems aspectos relevantes.


[Bloque 38: #a12310]

Artculo 123-10. Crditos o prstamos hipotecarios sobre la vivienda.

1. Las personas consumidoras, los avalistas y los terceros hipotecantes tienen derecho a recibir informacin y proteccin efectiva de la Administracin de la Generalidad en los aspectos relacionados con los contratos de crdito o prstamo hipotecario sobre la vivienda.

2. Las personas consumidoras, los avalistas y los terceros hipotecantes relacionados con el negocio de crdito o de prstamo hipotecario tienen derecho a recibir de los notarios, con una antelacin de al menos cinco das hbiles y de modo que les sea comprensible, la siguiente informacin:

a) El contenido de la escritura pblica del contrato de crdito o prstamo hipotecario de la vivienda y sus consecuencias jurdicas y econmicas para la persona consumidora, los avalistas y los terceros hipotecantes.

b) Las consecuencias de una posible ejecucin por impago y de las fluctuaciones del precio de mercado de la vivienda, la posibilidad de que las entidades de crdito pidan ampliaciones de garanta en determinados supuestos y los dems derechos y obligaciones que comporta el contrato de crdito o prstamo hipotecario.

c) La informacin relativa al arbitraje de consumo y a los dems mecanismos extrajudiciales de resolucin de los conflictos que son consecuencia de no atender las obligaciones derivadas del contrato.

3. Los notarios, en el marco de sus obligaciones legales, adems de comprobar que, en las escrituras relativas a crditos o prstamos hipotecarios sobre la vivienda, no se incluyen clusulas que en otros casos hayan sido declaradas nulas judicialmente por haber estado consideradas abusivas, deben velar por el respeto de los derechos que la presente ley otorga a las personas consumidoras que son deudores hipotecarios.

4. Los notarios deben asegurarse de que las personas consumidoras y los avalistas comprenden correctamente toda la informacin obligatoria referida al contrato hipotecario antes de firmarlo.

Se aade por el art. 5 de la Ley 20/2014, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2015-471.

Texto aadido, publicado el 31/12/2014, en vigor a partir del 31/03/2015.


[Bloque 39: #civ]

CAPTULO IV

Derecho a la indemnizacin y la reparacin de daos


[Bloque 40: #a1241]

Artculo 124-1. Indemnizacin y reparacin de daos.

1. Las personas consumidoras tienen derecho, de acuerdo con lo establecido por la normativa aplicable, a la reparacin o indemnizacin de los daos y perjuicios que sufran como consecuencia de la adquisicin o utilizacin de bienes o servicios.

2. La Generalidad debe adoptar las medidas adecuadas para favorecer la reparacin e indemnizacin de daos y perjuicios a las personas consumidoras.

3. Los daos derivados de la prestacin de un servicio pblico estn sometidos a las reglas aplicables sobre responsabilidad patrimonial de la Administracin.


[Bloque 41: #cv]

CAPTULO V

Derecho a la proteccin jurdica, administrativa y tcnica


[Bloque 42: #a1251]

Artculo 125-1. Proteccin jurdica, administrativa y tcnica.

1. Las administraciones pblicas catalanas, por razones de inters pblico y utilizando los procedimientos establecidos por las leyes, pueden ejercer las acciones pertinentes para hacer cesar las actividades lesivas para los derechos e intereses de las personas consumidoras.

2. La Generalidad debe fomentar los procedimientos voluntarios de resolucin de conflictos.

3. Las diferentes administraciones pblicas de Catalua, en el marco de la legislacin vigente y en el mbito de sus competencias, deben participar en el sistema arbitral de consumo.


[Bloque 43: #cvi]

CAPTULO VI

Derecho a la informacin, la educacin y la formacin


[Bloque 44: #sprimera]

Seccin primera. Informacin de los bienes y servicios


[Bloque 45: #a1261]

Artculo 126-1. Promocin, publicidad e informacin.

1. La promocin de los bienes y servicios destinados a las personas consumidoras debe ser concebida y llevada a cabo de modo que no pueda engaar o inducir a engao sobre sus caractersticas o condiciones.

2. La publicidad debe hacerse de acuerdo con los principios de suficiencia, objetividad, veracidad y autenticidad, y no puede, sea cual sea el soporte utilizado, inducir a error o a falsas expectativas a sus destinatarios.

3. La informacin que figura en los envases, embalajes y etiquetas de los productos debe ser veraz y suficiente.


[Bloque 46: #a1262]

Artculo 126-2. Atencin.

Las personas consumidoras tienen derecho a recibir la informacin y la atencin adecuadas y necesarias para conocer, utilizar y usar con seguridad y de una forma satisfactoria los bienes y servicios.


[Bloque 47: #a1263]

Artculo 126-3. Utilizacin.

Las personas consumidoras tienen derecho a recibir la informacin necesaria para conocer y utilizar con seguridad y satisfactoriamente los bienes y servicios.


[Bloque 48: #a1264]

Artculo 126-4. Identificacin.

1. La informacin debe incluir la identidad de los bienes y servicios y la identificacin del proveedor o proveedora, a fin de que sea posible hacer una eleccin racional entre bienes y servicios competitivos.

2. Debe informarse, si procede, sobre los procesos de produccin, comercializacin y adquisicin de los bienes y servicios para comprobar su adecuacin a los principios de consumo responsable.


[Bloque 49: #a1265]

Artculo 126-5. Caractersticas de los bienes.

La informacin que figura en los envases, embalajes y etiquetas de los productos debe incluir los siguientes aspectos:

a) La naturaleza y composicin.

b) La cantidad.

c) La calidad.

d) La medida y el peso.

e) El riesgo que entraa su uso, si procede.

f) La forma de prever, contrarrestar y reducir los efectos no deseables de los incidentes que, pese a las instrucciones, puedan producirse.

g) El origen.

h) La informacin obligatoria de los distintivos de calidad.

i) Las dems caractersticas relevantes de la oferta.


[Bloque 50: #a1266]

Artculo 126-6. Precios y condiciones de venta.

Las personas consumidoras tienen derecho a recibir informacin suficiente y fcilmente accesible sobre los precios, tarifas, condiciones de venta y conceptos que incrementen el precio, antes de adquirir el bien o contratar el servicio o el uso en los puntos de venta de los bienes y en los establecimientos de prestacin de servicios.


[Bloque 51: #a1267]

Artculo 126-7. Compensaciones e indemnizaciones.

1. Las personas consumidoras tienen derecho a recibir informacin suficiente, antes de contratar, sobre las compensaciones, los reembolsos o las indemnizaciones, y el mtodo de determinacin del importe, en caso de falta de conformidad del bien o servicio, especialmente en cuanto a los servicios bsicos o esenciales.

2. Se entiende por informacin suficiente la que permite a la persona destinataria la comprensin normal de las caractersticas y condiciones del sistema de compensaciones, reembolsos o indemnizaciones en funcin del colectivo al que se dirige el bien o servicio. El empresario o empresaria debe estar en disposicin de facilitar la informacin complementaria que le sea requerida por la persona consumidora.


[Bloque 52: #a1268]

Artculo 126-8. Horario.

Las personas consumidoras tienen derecho a conocer el horario de atencin al pblico de los establecimientos, incluso cuando estn cerrados.


[Bloque 53: #a1269]

Artculo 126-9. Informacin sobre los sistemas de reclamacin.

1. Las personas consumidoras tienen derecho a la entrega, cuando lo pidan, de una hoja oficial de reclamacin o denuncia. Tienen tambin derecho a disponer de los formularios establecidos para los sistemas extrajudiciales de resolucin de conflictos determinados por la Administracin pblica, de acuerdo con la materia del conflicto. Tanto la hoja oficial de reclamacin o denuncia como los formularios deben estar disponibles, tambin, por va telemtica.

2. Corresponde a los poderes pblicos y a los empresarios el deber de informar a las personas consumidoras de los mecanismos de resolucin de conflictos en las relaciones de consumo.


[Bloque 54: #ssegunda]

Seccin segunda. Informacin a la persona consumidora


[Bloque 55: #a12610]

Artculo 126-10. Servicios pblicos de consumo.

1. Cualquier rgano u organismo de titularidad pblica dependiente de una administracin pblica catalana que lleve a cabo tareas de informacin, orientacin y asesoramiento a las personas consumidoras tiene la consideracin de servicio pblico de consumo en el mbito de su demarcacin territorial y de acuerdo con sus competencias. Este servicio pblico de consumo puede ejercer, entre otras, las siguientes funciones:

a) Recibir y tramitar las quejas, reclamaciones y denuncias de las personas consumidoras.

b) Informar, orientar y asesorar a las personas consumidoras sobre sus derechos y deberes y las formas de ejercerlos.

c) Gestionar las reclamaciones por medio de la mediacin en materia de consumo.

d) Gestionar las denuncias y llevar a cabo las tareas de inspeccin en materia de consumo.

e) Iniciar procedimientos sancionadores de consumo.

f) Fomentar el arbitraje como medio de resolucin de los conflictos de consumo entre los establecimientos comerciales y las empresas.

g) Educar y formar en consumo a las personas consumidoras, particularmente a los colectivos especialmente protegidos, ya sea por medio de actuaciones directas o a travs de los medios de comunicacin de titularidad pblica.

h) Hacer difusin de las organizaciones de personas consumidoras y colaborar con ellas.

2. Los servicios pblicos de consumo deben recibir, gestionar y resolver las quejas y reclamaciones, como mnimo, de las personas consumidoras domiciliadas en su demarcacin territorial, llevar a cabo la mediacin y, si procede, dirigirlas al sistema arbitral de consumo. Tambin pueden hacerlo respecto a las quejas y reclamaciones referentes a establecimientos radicados en su mbito territorial. De acuerdo con el principio de proximidad, es competente, en primer lugar, el servicio pblico de consumo del municipio donde est domiciliada la persona consumidora. Si en el municipio no existe ninguna oficina, es competente la oficina supramunicipal que corresponda y, en su defecto, la de mbito de Catalua.

3. Las personas consumidoras deben gozar, como mnimo, de acceso a un servicio pblico de consumo en su comarca.

4. La Generalidad debe potenciar el desarrollo de los servicios pblicos de consumo de mbito local siguiendo criterios de eficacia, eficiencia y mayor proximidad de las personas consumidoras y debe asesorarlos en lo que sea necesario para la mejora del ejercicio de sus funciones.

5. La Generalidad debe cooperar con las administraciones locales que ejercen competencias en materia de consumo y suscribir con ellas convenios de colaboracin para compartir la dotacin de los medios tcnicos y materiales adecuados para el cumplimiento de sus finalidades y, especialmente, para garantizar el cumplimiento de lo establecido por el apartado 3.


[Bloque 56: #a12611]

Artculo 126-11. Directorio de servicios pblicos de consumo de Catalua.

1. Los servicios pblicos de consumo que desarrollen sus actividades en el mbito territorial de Catalua deben formar parte del Directorio de servicios pblicos de consumo de Catalua, con finalidades informativas. Este directorio lo elabora y actualiza la Agencia Catalana del Consumo y tiene carcter pblico.

2. Los servicios pblicos de consumo deben facilitar a la Agencia Catalana del Consumo los datos necesarios sobre las funciones que ejercen entre las establecidas por las letras a, b, c, d y e del artculo 126-10.1, y los dems datos que les sean solicitados.

Se modifica por el art. 6 de la Ley 20/2014, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2015-471.




[Bloque 57: #a12612]

Artculo 126-12. Informacin telefnica y telemtica a las personas consumidoras.

La Administracin de la Generalidad debe garantizar que las personas consumidoras tengan un acceso fcil a la informacin sobre sus derechos y deberes y debe facilitarles la presentacin, tramitacin y, si procede, resolucin de sus quejas, reclamaciones y denuncias a travs de medios rpidos y eficaces, como los sistemas de comunicacin electrnica.


[Bloque 58: #a12613]

Artculo 126-13. Acceso de las personas consumidoras a la informacin europea en materia de consumo.

1. La Administracin de la Generalidad debe garantizar el acceso de las personas consumidoras a la informacin sobre consumo de los diferentes estados de la Unin Europea para que se puedan orientar y asesorar sobre los derechos y deberes que tienen como personas consumidoras.

2. La Administracin de la Generalidad debe participar en organizaciones y proyectos de mbito europeo en materia de consumo para garantizar la informacin a las personas consumidoras sobre las normativas y actividades de consumo de las instituciones y organizaciones europeas.


[Bloque 59: #a12614]

Artculo 126-14. Promocin de espacios divulgativos de consumo en los medios de comunicacin.

1. Los poderes pblicos deben velar por que los medios de comunicacin social de Catalua se ocupen de la informacin y educacin de las personas consumidoras, as como de la creacin y el desarrollo de programas y espacios dedicados al consumo y a la difusin de las actividades de las organizaciones de personas consumidoras.

2. Los medios de titularidad pblica deben facilitar el acceso de las organizaciones de personas consumidoras a los espacios que programen y su participacin en estos espacios.


[Bloque 60: #a12615]

Artculo 126-15. Campaas informativas y actividades de difusin.

La Administracin de la Generalidad debe llevar a cabo y fomentar campaas informativas y actividades de difusin con el objetivo de que las personas consumidoras conozcan sus derechos. Estas campaas y actividades deben realizarse a travs de los medios ms adecuados en cada caso. Especialmente, se debe impulsar y fomentar la difusin de:

a) La informacin y la prevencin en el uso de los bienes y servicios del mercado, si pueden entraar un riesgo para la salud y la seguridad de las personas.

b) La informacin sobre el uso de nuevos bienes y servicios que aparezcan en el mercado y que puedan afectar a los intereses econmicos de las personas consumidoras.

c) Las nuevas normativas que se aprueben que afecten a los derechos y deberes de las personas consumidoras.

d) Las polticas informativas, formativas y educativas que fomenten el consumo responsable, reflexivo, solidario y sostenible de los bienes y servicios, as como en el marco del cooperativismo de consumo.


[Bloque 61: #a12616]

Artculo 126-16. Estudios y encuestas sobre hbitos de consumo de las personas consumidoras.

La Administracin de la Generalidad debe promover e impulsar la elaboracin de estudios tcnicos y encuestas sobre las dinmicas y los hbitos de consumo en Catalua con los objetivos de planificar las polticas de consumo ms adecuadas y de fijar los instrumentos que permitan a las personas consumidoras escoger mejor los bienes y servicios ms adecuados a sus necesidades y exigencias. Estos estudios y encuestas, siempre y cuando sea tcnica y jurdicamente viable, deben presentarse con datos desagregados por sexos y deben incorporar el estudio sobre el impacto por razn de gnero.


[Bloque 62: #stercera]

Seccin tercera. Educacin y formacin en consumo


[Bloque 63: #a12617]

Artculo 126-17. Educacin en consumo.

1. La persona consumidora tiene derecho a la educacin en materia de consumo, que tiene los siguientes objetivos:

a) Contribuir a la formacin integral de la persona, atendiendo al desarrollo de la conciencia individual y colectiva de los nios y jvenes en los hbitos del consumo responsable, crtico y activo, buscando la informacin, reflexin, solidaridad y sostenibilidad en el consumo de bienes y servicios.

b) El desarrollo de la capacidad de ejercer una eleccin libre, racional, crtica y saludable de los bienes y servicios ofrecidos, as como de hacer un uso correcto y responsable de ellos.

c) El conocimiento de sus derechos y deberes, y de la forma de ejercer los derechos con responsabilidad.

2. El Gobierno debe garantizar el acceso de las personas consumidoras a la educacin en consumo y debe adoptar las medidas adecuadas para alcanzar los siguientes objetivos:

a) Desarrollar transversalmente la educacin en consumo en los diferentes niveles de la enseanza reglada en que se considere ms eficaz.

b) Impulsar la formacin permanente en materia de consumo del personal docente, de las asociaciones de padres y madres de alumnos y de dems miembros de la comunidad educativa.

c) Fomentar la publicacin de material didctico de apoyo a la educacin en consumo.

d) Asegurar la existencia de un centro permanente de educacin en consumo que cubra todo el territorio de Catalua.

e) Establecer colaboraciones con los organismos o entidades pblicos con competencias en materia de consumo, con las instituciones competentes en materia de educacin y con las organizaciones de personas consumidoras para el desarrollo de la educacin en consumo.


[Bloque 64: #a12618]

Artculo 126-18. Formacin en consumo.

El Gobierno debe garantizar la formacin continua y permanente de las personas consumidoras, con el impulso y fomento de los siguientes tipos de formacin:

a) La formacin permanente de los jvenes y adultos como personas consumidoras, con especial atencin a los colectivos especialmente protegidos y con necesidades especficas.

b) La formacin continua de los profesionales del consumo de las administraciones pblicas y de las organizaciones de personas consumidoras catalanas que realizan tareas en materia de consumo.

c) La formacin de los agentes econmicos que ponen en el mercado los bienes y servicios y de sus asociaciones empresariales y profesionales y sus gremios sobre los requisitos de su actividad relacionados con los derechos y deberes de las personas consumidoras, con especial incidencia en las afectaciones sobre las personas con discapacidad.

d) La formacin de las personas que acten como rbitros de los colegios arbitrales de consumo que se constituyan en Catalua.

e) La formacin en el cooperativismo de consumo.


[Bloque 65: #cvii]

CAPTULO VII

Derecho a la representacin, la consulta y la participacin. Las organizaciones de personas consumidoras


[Bloque 66: #a1271]

Artculo 127-1. Representacin, consulta y participacin.

Las organizaciones de personas consumidoras son las entidades de representacin, consulta y participacin para la defensa de los derechos e intereses legtimos de los ciudadanos en sus relaciones de consumo.


[Bloque 67: #a1272]

Artculo 127-2. Las organizaciones de personas consumidoras.

A los efectos de la presente ley, pueden tener la consideracin de organizaciones de personas consumidoras, en el mbito de Catalua, las siguientes entidades:

a) Las entidades sin finalidad de lucro constituidas legalmente que, de acuerdo con sus estatutos, tengan por objeto social la defensa, informacin, educacin, formacin, asistencia y representacin de los intereses colectivos de los ciudadanos en sus relaciones de consumo, as como de los de sus miembros.

b) Las entidades constituidas de acuerdo con la normativa aplicable en materia de cooperativas que incluyan en sus estatutos, como objeto social, la defensa, informacin, educacin, formacin, asistencia y representacin de las personas consumidoras, y que hayan constituido un fondo con este objeto, de acuerdo con su legislacin especfica.


[Bloque 68: #a1273]

Artculo 127-3. Registro de organizaciones de personas consumidoras de Catalua.

1. Se crea el Registro de organizaciones de personas consumidoras de Catalua, que depende de la Agencia Catalana del Consumo. La inscripcin en el Registro otorga la condicin de organizacin de personas consumidoras en Catalua.

2. Las entidades legalmente constituidas con sede social en Catalua que cumplan los requisitos del artculo 127-2 y quieran gozar de la condicin de organizaciones de personas consumidoras a los efectos de la presente ley deben estar inscritas en el Registro de organizaciones de personas consumidoras de Catalua.

3. No pueden estar inscritas en el Registro de organizaciones de personas consumidoras de Catalua las organizaciones que:

a) Tengan entre sus miembros personas jurdicas con finalidad de lucro.

b) Reciban ayudas de cualquier clase de empresas suministradoras de bienes o servicios destinados a las personas consumidoras, de las agrupaciones que las representan o de entidades relacionadas con dichas empresas.

c) Acten con temeridad manifiesta judicialmente apreciada.

4. No se consideran ayudas a los efectos de la letra b del apartado 3:

a) Las aportaciones espordicas para llevar a cabo actuaciones de inters general para las personas consumidoras conjuntamente con las organizaciones.

b) Las retribuciones o los pagos que efecten las empresas a las organizaciones de personas consumidoras por los trabajos, estudios o dems tareas que lleven a cabo en materia de defensa de las personas consumidoras.


[Bloque 69: #a1274]

Artculo 127-4. Funciones de las organizaciones de personas consumidoras.

Las organizaciones de personas consumidoras tienen las siguientes funciones:

a) La informacin a las personas consumidoras sobre sus derechos y obligaciones.

b) La educacin y formacin de las personas consumidoras.

c) La gestin de los conflictos en materia de consumo, especialmente por medio de la mediacin.

d) El ejercicio de actuaciones de defensa de sus miembros, de la organizacin y de los intereses generales de las personas consumidoras.

e) La defensa de los derechos e intereses de las personas como consumidoras de bienes y servicios por medio de la funcin de consulta, informe y asesoramiento a los poderes pblicos.

f) Cualquier otra funcin que pueda derivarse de las relaciones de consumo y defensa de los consumidores y usuarios.


[Bloque 70: #a1275]

Artculo 127-5. Derechos de las organizaciones de personas consumidoras.

Las organizaciones de personas consumidoras de Catalua tienen los siguientes derechos:

a) Ser declaradas de utilidad pblica y gozar de las correspondientes exenciones y bonificaciones fiscales legalmente establecidas.

b) Obtener informacin de las administraciones pblicas.

c) Participar en el arbitraje de consumo, adhirindose a este y nombrando rbitros que representen los intereses generales de las personas consumidoras en los tribunales arbitrales.

d) Gozar de subvenciones pblicas y de otras medidas de apoyo y fomento.

e) Promover el ejercicio de actuaciones administrativas en defensa de los derechos de las personas consumidoras.

f) Ser consideradas parte interesada en los procedimientos administrativos sancionadores que hayan promovido, siempre y cuando hayan comparecido y los procedimientos afecten a la proteccin general de los intereses de las personas consumidoras.

g) Gozar del beneficio de la justicia gratuita, de acuerdo con las leyes.

h) Exigir la rectificacin pblica de las comunicaciones e informaciones publicitarias engaosas o ilcitas, y ejercer, si procede, el correspondiente derecho de rplica, de acuerdo con las leyes.

i) Representar a las personas consumidoras ante los diferentes organismos con competencias que les afectan de forma directa o indirecta.

j) Representar a las personas consumidoras en los medios de comunicacin pblicos y privados.

k) Integrarse en agrupaciones o federaciones que tengan las mismas finalidades y un mbito territorial ms amplio.

l) Formar parte del Pleno del Consejo de Personas Consumidoras de Catalua.


[Bloque 71: #a1276]

Artculo 127-6. Deberes de las organizaciones de personas consumidoras.

1. Las organizaciones de personas consumidoras de Catalua tienen los siguientes deberes:

a) Ajustar sus actuaciones a los principios de buena fe, precaucin y diligencia y no difundir datos sin un apoyo adecuado de acreditaciones, resultados analticos o controles de calidad suficientemente contrastados, sin perjuicio de su derecho a presentar las denuncias que consideren pertinentes.

b) Rectificar pblicamente o hacer cesar actividades temerarias si existe una sentencia judicial firme.

c) Colaborar con las administraciones pblicas de Catalua para alcanzar conjuntamente los objetivos de la presente ley.

d) Ofrecer a las personas consumidoras una proteccin jurdica eficaz, dirigida a la reparacin e indemnizacin por los daos y perjuicios que sufran como consecuencia de la adquisicin, el uso o el goce de bienes y servicios.

2. Si una organizacin de personas consumidoras divulga, por dolo o negligencia, informacin errnea de la que se deriven daos o perjuicios, puede ser suspendida temporalmente o dada definitivamente de baja del Registro de organizaciones de personas consumidoras de Catalua, con la garanta de los principios de audiencia y contradiccin, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal en que haya podido incurrir.


[Bloque 72: #a1277]

Artculo 127-7. Representatividad de las organizaciones de personas consumidoras.

1. Las organizaciones de personas consumidoras, para gozar de la condicin de ms representativas, deben cumplir las siguientes condiciones:

a) Tener de forma exclusiva o principal el objeto social a que se refiere el artculo 127-2.a).

b) Solicitar el reconocimiento, que es otorgado por la Agencia Catalana del Consumo, de acuerdo, como mnimo, con los criterios de implantacin territorial y nmero de socios.

2. Las organizaciones de personas consumidoras de Catalua ms representativas gozan de las siguientes ventajas:

a) Ejercer la representacin de las personas consumidoras en los organismos pblicos en que se requiera.

b) Ejercer el derecho a participar en las polticas sectoriales que afecten directamente a los intereses de las personas consumidoras.

c) Formar parte de la Comisin Permanente del Consejo de Personas Consumidoras de Catalua.

d) Gozar de prioridad en el acceso a los medios de comunicacin social a que se refiere el artculo 126-14.


[Bloque 73: #a1278]

Artculo 127-8. El Consejo de Personas Consumidoras de Catalua.

1. El Consejo de Personas Consumidoras de Catalua es el rgano de representacin y consulta de las organizaciones de personas consumidoras. Su representacin es institucional ante la Administracin de la Generalidad y dems administraciones, entidades y organismos.

2. El Consejo de Personas Consumidoras de Catalua est adscrito a la Agencia Catalana del Consumo.


[Bloque 74: #a1279]

Artculo 127-9. Audiencia.

1. El Consejo de Personas Consumidoras de Catalua debe ser escuchado preceptivamente en trmite de audiencia en los siguientes procedimientos:

a) Elaboracin de las leyes y las disposiciones administrativas de carcter general que afecten directamente a los derechos e intereses de las personas consumidoras.

b) Propuestas de precios y tarifas de servicios que afecten directamente a las personas consumidoras y que estn sujetos legalmente al control de la Generalidad, si lo establece la normativa reguladora del servicio.

c) Los procedimientos en que una disposicin normativa lo establezca.

2. El trmite de audiencia preceptivo se considera cumplido respecto a las organizaciones que forman parte de los rganos colegiados que informen o participen en la elaboracin de las disposiciones normativas o en la adopcin de los actos administrativos. En los otros supuestos, el trmite se considera cumplido cuando se da audiencia al Consejo de Personas Consumidoras de Catalua.


[Bloque 75: #a12710]

Artculo 127-10. Fomento de las organizaciones de personas consumidoras de Catalua.

La Generalidad debe fomentar las organizaciones para la defensa y representacin de los intereses de las personas consumidoras, como vehculo idneo para protegerlos, y debe apoyarlas para que puedan conseguir sus finalidades.


[Bloque 76: #a12711]

Artculo 127-11. Las ayudas a las organizaciones de personas consumidoras.

1. Las administraciones pblicas deben establecer ayudas destinadas a las actuaciones de informacin, formacin, educacin y defensa de las personas consumidoras que lleven a cabo las organizaciones de personas consumidoras de Catalua.

2. Las organizaciones de personas consumidoras que realicen actividades publicitarias de terceros de carcter comercial o no meramente informativas o que se dediquen a actividades diferentes de la defensa de las personas consumidoras, excepto las cooperativas de consumo, no pueden gozar de las ayudas a que se refiere el apartado 1.

3. Las organizaciones de personas consumidoras estn obligadas a aplicar los medios de ayuda y colaboracin o las ayudas que reciban a tal fin exclusivamente a actuaciones de defensa de las personas consumidoras o a la obtencin de los medios instrumentales y personales para conseguir dichas finalidades.


[Bloque 77: #a12712]

Artculo 127-12. Colaboracin con la Administracin.

La Generalidad debe fomentar la colaboracin con las organizaciones de personas consumidoras y los agentes socioeconmicos, as como entre estos, por medio de las siguientes actuaciones, entre otras:

a) Fomentar el arbitraje de consumo.

b) Colaborar en la comunicacin de posibles riesgos, si por su magnitud es precisa una actuacin pblica para garantizar la eficacia de la medida.

c) Fomentar el desarrollo de smbolos de calidad empresarial.

d) Impulsar la autorregulacin de los sectores empresariales por medio de la promocin de cdigos de conducta y de otros mecanismos que puedan constituirse con estas finalidades.

e) Informar y formar las personas consumidoras sobre bienes y servicios de uso y consumo generalizado desde la perspectiva del consumo responsable.

f) Fomentar el cooperativismo de consumo.


[Bloque 78: #cviii]

CAPTULO VIII

Derechos lingsticos


[Bloque 79: #a1281]

Artculo 128-1. Derechos lingsticos de las personas consumidoras.

1. Las personas consumidoras, en sus relaciones de consumo, tienen derecho, de acuerdo con lo establecido por el Estatuto de autonoma y la legislacin aplicable en materia lingstica, a ser atendidas oralmente y por escrito en la lengua oficial que escojan.

2. Las personas consumidoras, sin perjuicio del respeto pleno al deber de disponibilidad lingstica, tienen derecho a recibir en cataln:

a) Las invitaciones a comprar, la informacin de carcter fijo, la documentacin contractual, los presupuestos, los resguardos de depsito, las facturas y los dems documentos que se refieran o que se deriven de ellos.

b) Las informaciones necesarias para el consumo, uso y manejo adecuados de los bienes y servicios, de acuerdo con sus caractersticas, con independencia del medio, formato o soporte utilizado, y, especialmente, los datos obligatorios relacionados directamente con la salvaguardia de la salud y la seguridad.

c) Los contratos de adhesin, los contratos con clusulas tipo, los contratos normados, las condiciones generales y la documentacin que se refiera a ellos o que se derive de la realizacin de alguno de estos contratos.

3. La Generalidad debe velar por el fomento en las relaciones de consumo del uso de la lengua occitana, denominada arans en Arn, dentro del mbito territorial de Arn, donde es lengua propia.


[Bloque 80: #tiii]

TTULO III

De la resolucin extrajudicial de conflictos


[Bloque 81: #ci-3]

CAPTULO I

Disposiciones generales


[Bloque 82: #a1311]

Artculo 131-1. Fomento de los sistemas voluntarios de resolucin de conflictos.

1. Las administraciones pblicas de Catalua deben impulsar, en colaboracin con las organizaciones de personas consumidoras, la disponibilidad para las personas consumidoras y para los empresarios de sistemas operativos de resolucin voluntaria de conflictos y de reclamaciones en materia de consumo.

2. Las administraciones pblicas de Catalua, en el mbito de sus competencias, deben ejercer las funciones de fomento, gestin y desarrollo de la mediacin y del arbitraje de consumo que la legislacin les atribuya.


[Bloque 83: #a1312]

Artculo 131-2. Principios generales.

1. La resolucin extrajudicial de los conflictos derivados de una relacin de consumo se canaliza principalmente por la mediacin y el arbitraje de consumo, sin perjuicio de las materias o los sectores que tengan sistemas pblicos extrajudiciales de resolucin de conflictos.

2. La resolucin extrajudicial de conflictos de consumo atiende las reclamaciones de personas consumidoras y tiene carcter vinculante para las partes que se hayan sometido voluntariamente a ella, sin perjuicio de la proteccin administrativa y judicial que proceda.

3. Pueden someterse a la mediacin y el arbitraje los conflictos sobre materias de libre disposicin, de acuerdo con las leyes aplicables.


[Bloque 84: #a1313]

Artculo 131-3. Sistemas extrajudiciales de resolucin de conflictos de consumo en materia de crdito o prstamo hipotecario.

1. En el marco de los procedimientos de resolucin extrajudicial de conflictos de consumo derivados de contratos de crdito o prstamo hipotecario que afecten a la vivienda habitual de la persona consumidora, el organismo competente puede solicitar un informe de evaluacin social que determine los riesgos sociales y econmicos derivados del proceso de lanzamiento. Para redactar este informe, debe pedirse informacin a los servicios sociales bsicos sobre la situacin de la persona o unidad familiar.

2. El informe de evaluacin social debe ir acompaado de propuestas de viabilidad o liquidacin ordenada de la deuda, que las partes pueden asumir como solucin pactada, con la inclusin de la dacin en pago, y que deben estar redactadas por los servicios pblicos de consumo de Catalua.

3. Si en el procedimiento extrajudicial no se alcanza una solucin pactada, el informe de evaluacin social y las propuestas de viabilidad pueden ser requeridos y considerados por la autoridad judicial en casos de procedimientos judiciales por impago de cuotas hipotecarias por situaciones de sobreendeudamiento sobrevenido, o bien pueden ser aportados por las partes en dicho procedimiento judicial.

Se aade por el art. 7 de la Ley 20/2014, de 29 de diciembre.Ref. BOE-A-2015-471.

Texto aadido, publicado el 31/12/2014, en vigor a partir del 31/03/2015.


[Bloque 85: #cii-3]

CAPTULO II

Mediacin


[Bloque 86: #a1321]

Artculo 132-1. Definicin.

La mediacin de consumo es un procedimiento que se caracteriza por la intervencin de una tercera persona imparcial y experta, que tiene como objeto ayudar a las partes y facilitar la obtencin por ellas mismas de un acuerdo satisfactorio.


[Bloque 87: #a1322]

Artculo 132-2. Principios.

1. Los principios de la mediacin de consumo son la voluntariedad, la imparcialidad, la confidencialidad y la universalidad.

2. De acuerdo con el principio de voluntariedad, las partes son libres de acogerse a la mediacin as como de desistir de ella en cualquier momento.

3. De acuerdo con el principio de imparcialidad, la persona mediadora tiene el deber de ser imparcial y, en consecuencia, debe ayudar a los participantes a alcanzar los acuerdos pertinentes sin imponer ninguna solucin ni medida concretas. Si en un momento determinado existe un conflicto de intereses entre las partes y la persona mediadora, esta debe declinar la intervencin.

4. De acuerdo con el principio de confidencialidad, la persona mediadora y las partes deben mantener el deber de confidencialidad sobre la informacin de que se trate. En cumplimiento de este deber, las partes se comprometen a mantener el secreto y, por lo tanto, renuncian a proponer a la persona mediadora como testigo en algn procedimiento que afecte al objeto de la mediacin. Por otra parte, la persona mediadora tambin debe renunciar a actuar como perita en los mismos casos.

5. De acuerdo con el principio de confidencialidad, los documentos y las actas que se elaboren a lo largo del proceso de mediacin tienen carcter reservado. Sin embargo, la persona mediadora no est sujeta al deber de confidencialidad y est obligada a informar a las autoridades competentes de los datos que puedan revelar la existencia de hechos delictivos perseguibles de oficio.

6. De acuerdo con el principio de universalidad, la competencia de las administraciones pblicas catalanas para llevar a cabo la mediacin se extiende a cualquier asunto que afecte a las personas consumidoras, con las excepciones establecidas por las leyes.


[Bloque 88: #a1323]

Artculo 132-3. Naturaleza de los acuerdos.

Los acuerdos a que lleguen las partes despus del proceso de mediacin son vinculantes para ellas y pueden formalizarse en un documento escrito firmado por ellas y la persona mediadora. La firma de la persona mediadora deja constancia del compromiso a que se ha llegado. Los acuerdos son ejecutivos de acuerdo con la normativa sobre mediacin.


[Bloque 89: #a1324]

Artculo 132-4. Crditos o prstamos hipotecarios

1. Las administraciones pblicas catalanas y, especialmente, los servicios pblicos de consumo deben garantizar que, en los casos de ejecucin hipotecaria de la vivienda habitual como consecuencia del incumplimiento del deudor, pueda llevarse a cabo un procedimiento de mediacin destinado a la resolucin extrajudicial de conflictos previo a cualquier otro procedimiento judicial o a la intervencin notarial.

2. El procedimiento de mediacin debe tener por objeto buscar acuerdos entre las partes que hagan viable que la persona consumidora conserve la propiedad de la vivienda o, subsidiariamente, la posibilidad de mantener su uso y disfrute. En el marco de este procedimiento, las partes o el rgano de resolucin extrajudicial de conflictos pueden solicitar un informe de evaluacin social con un anlisis socioeconmico del deudor y las posibles vas de resolucin del conflicto en los trminos del artculo 133-6.

3. Las partes en conflicto, antes de interponer cualquier reclamacin administrativa o demanda judicial, deben acudir a la mediacin o pueden acordar someterse al arbitraje. Una vez transcurrido el plazo de tres meses a contar de la notificacin del acuerdo de inicio de la mediacin sin haber alcanzado un acuerdo satisfactorio, cualquiera de las partes puede acudir a la reclamacin administrativa o a la demanda judicial.

4. En situaciones de sobreendeudamiento derivado de relaciones de consumo, la mediacin corresponde a las comisiones de sobreendeudamiento, reguladas por su legislacin especfica. Si las comisiones de sobreendeudamiento no alcanzan un acuerdo entre el consumidor y los acreedores, queda abierta la correspondiente va judicial para hacer efectivo lo dispuesto por este cdigo y la legislacin complementaria.

Se declaran inconstitucionales y nulos los incisos destacados del apartado 3, por Sentencia 54/2018, de 24 de mayo. Ref. BOE-A-2018-8573

Se levanta la suspensin de la vigencia y aplicacin del apartado 3, por auto del TC de 12 de abril de 2016. Ref. BOE-A-2016-3826.

Se suspende la vigencia y aplicacin del apartado 3, en la redaccin dada porla Ley 20/2014, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2015-471., desde el 30 de septiembre de 2015 para las partes en el proceso y desde el 9 de octubre de 2015 para los terceros, por Providencia del TC de 6 de octubre de 2015, que admite a trmite el recurso de inconstitucionalidad nmero 5459-2015.Ref. BOE-A-2015-10865.

Redactado conforme a la correccin de errores publicada en BOE nm. 243, de 10 de octubre de 2015. Ref. BOE-A-2015-10923.

Se aade el apartado 4 por la disposicin final 5 de la Ley 24/2015, de 29 de julio. Ref. BOE-A-2015-9725.

Se aade por el art. 8 de la Ley 20/2014, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2015-471.






Texto aadido, publicado el 31/12/2014, en vigor a partir del 31/03/2015.


[Bloque 90: #ciii-2]

CAPTULO III

Arbitraje


[Bloque 91: #a1331]

Artculo 133-1. Procedencia del arbitraje.

1. El arbitraje procede si existe un convenio arbitral previo entre las partes. En caso contrario, la Administracin debe promover la formalizacin del convenio arbitral para resolver el conflicto mediante el arbitraje de consumo.

2. En materia de crditos y prstamos hipotecarios que tienen por objeto la vivienda habitual, se entiende que la empresa prestamista acepta el convenio arbitral siempre y cuando no haya manifestado expresamente al prestatario la voluntad en contra antes de la firma del contrato.

Se modifica por el art. 9 de la Ley 20/2014, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2015-471.




[Bloque 92: #a1332]

Artculo 133-2. Traslado de la solicitud de arbitraje.

Si el arbitraje es procedente, la administracin de la que depende el ente receptor de la solicitud debe dar traslado de esta a la junta arbitral que resulte competente por razn del territorio.


[Bloque 93: #a1333]

Artculo 133-3. Composicin del colegio arbitral.

Los colegios arbitrales deben incluir representantes de los sectores afectados por la reclamacin, de las personas consumidoras y de las administraciones pblicas, de la forma establecida por las leyes.


[Bloque 94: #a1334]

Artculo 133-4. El sector pblico y el arbitraje de consumo.

1. Las administraciones pblicas de Catalua, en el mbito de sus competencias respectivas, deben imponer a sus empresas pblicas sometidas al derecho privado la obligacin de establecer necesariamente, en las condiciones generales de contratacin y en los contratos con las personas consumidoras, clusulas de adhesin o de compromiso al arbitraje de consumo para la resolucin de los conflictos y reclamaciones derivados de la prestacin de los servicios, cuya aplicacin depende directamente de la voluntad de la persona consumidora.

2. Los rganos de contratacin de la Generalidad y de sus organismos pblicos y empresas deben incorporar la adhesin al arbitraje de consumo como condicin de ejecucin en la adjudicacin de contratos.

3. Debe promoverse que las entidades o empresas privadas que gestionan servicios pblicos, servicios de inters general o servicios universales bajo el rgimen de concesin incluyan en los pliegos de condiciones la obligacin que en los contratos con personas consumidoras se prevea la adhesin al arbitraje de consumo.

4. La Generalidad debe considerar la adhesin al arbitraje de consumo como mrito objetivo en la valoracin de premios a la calidad que tenga establecidos o pueda crear. Las administraciones pblicas catalanas deben tener en cuenta la adhesin al arbitraje de consumo en el otorgamiento de ayudas y subvenciones a las empresas y los establecimientos que ofrezcan bienes o servicios a las personas consumidoras.

5. Las administraciones pblicas catalanas y, especialmente, los servicios pblicos de consumo deben fomentar y estimular que las empresas que otorgan crditos o prstamos hipotecarios sobre la vivienda incluyan en las condiciones generales o especficas su adhesin al arbitraje de consumo.

Se aade el apartado 5 por el art. 10 de la Ley 20/2014, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2015-471.




[Bloque 95: #a1335]

Artculo 133-5. Distintivo de adhesin al arbitraje.

1. El distintivo que acredita la adhesin al arbitraje de consumo es un distintivo de calidad.

2. Los empresarios adheridos al sistema arbitral de consumo deben informar las personas consumidoras de forma clara de su adhesin al arbitraje, por medio del distintivo a que se refiere el apartado 1.


[Bloque 96: #lii]

LIBRO II

Requisitos de las relaciones de consumo


[Bloque 97: #ti-2]

TTULO I

Disposiciones generales


[Bloque 98: #ci-4]

CAPTULO I

Requisitos comunes


[Bloque 99: #a2111]

Artculo 211-1. mbito de aplicacin.

Los empresarios que se dediquen a la venta de bienes o a la prestacin de servicios, con independencia del tipo y sector de actividad, deben cumplir las obligaciones establecidas por el presente libro, la normativa sectorial especfica y la normativa civil general aplicable, sin perjuicio de las competencias del Estado en materia civil y mercantil.


[Bloque 100: #a2112]

Artculo 211-2. Requisitos exigibles en materia de seguridad y salud.

Si se han puesto en el mercado bienes o servicios inseguros, debe informarse inmediatamente a las personas consumidoras del riesgo derivado del uso del bien o de la prestacin del servicio. Esta informacin debe darse por medio de avisos especiales que permitan a las personas consumidoras conocer el riesgo derivado del uso del bien o de la prestacin del servicio lo antes posible. Estos bienes o servicios deben retirarse del mercado. Si las personas consumidoras ya los han adquirido, deben adoptarse las medidas pertinentes para que devengan adecuados, o bien sustituirlos o devolver el importe que se haya satisfecho.


[Bloque 101: #a2113]

Artculo 211-3. Publicidad e informacin.

1. La publicidad, informacin y oferta que se hagan por cualquier medio y la informacin que se transmita en el marco de la actividad empresarial o profesional, referidas a bienes o servicios, deben ajustarse a los principios de veracidad y objetividad y no deben contener informacin que pueda inducir a confusin.

2. El precio debe indicar el importe total a satisfacer y deben desglosarse, si es preciso, los diversos conceptos que incluye, como los impuestos, las comisiones, los gastos adicionales repercutibles en la persona consumidora y dems conceptos similares. Si los gastos adicionales no pueden ser calculados previamente, debe indicarse su existencia y el mtodo de clculo. Esta informacin debe ser fcilmente visible para la persona consumidora antes de contratar, de modo que no induzca a error o engao.

3. No pueden incrementarse los precios o condiciones por razn de la forma o el medio de pago en cantidades superiores a los gastos que el empresario o empresaria deba soportar de forma directa como consecuencia de la admisin del medio de pago de que se trate. En caso de pagos aplazados o fraccionados en que se devenguen intereses, deben especificarse las cuotas, los importes, la periodicidad de los pagos, el importe total y la parte correspondiente a intereses, la de otros gastos y la del bien o servicio, as como las garantas exigidas para asegurar el cobro de las cantidades aplazadas. En caso de entrega de cantidades a cuenta del precio final, debe informarse de las condiciones aplicables en el supuesto de no formalizarse la transaccin.

4. Los empresarios tienen la obligacin de documentar la informacin sustancial por escrito o en cualquier otro soporte que permita su almacenaje y que tenga una duracin equivalente al menos a la vida til o la conformidad del bien o servicio. A tales efectos, se entiende por informacin sustancial la que se refiere a las caractersticas principales, el origen comunitario o no, la utilizacin o el mantenimiento, la justificacin de la transaccin efectuada y la conformidad del bien o servicio. Esta informacin debe entregarse a las personas consumidoras de forma gratuita y debe estar disponible, al menos, en soporte papel.

5. En el caso de empresas adheridas al sistema arbitral de consumo, debe exhibirse el logotipo de adhesin en el establecimiento permanente, en la documentacin precontractual y contractual, y, en su caso, en el sitio web. Este logotipo debe exhibirse de forma clara y visible.

Se modifica el apartado 4 por el art. 11 de la Ley 20/2014, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2015-471.




[Bloque 102: #a2114]

Artculo 211-4. Atencin a las personas consumidoras.

Los empresarios estn obligados a:

a) Atender, facilitar y suministrar la informacin que les sea solicitada por las personas consumidoras de forma personal y, si procede, presencial, por los medios adecuados.

b) Atender e informar, en cualquier caso, a las personas consumidoras, de forma inmediata y adecuada y, si procede, presencialmente, de cualquier incidencia, acontecimiento o circunstancia que afecte al funcionamiento normal de las relaciones de consumo y, por otra parte, minimizar y paliar los posibles daos y perjuicios que se deriven, y evitar las esperas excesivas e injustificadas. A tales efectos, si el empresario o empresaria dispone de un telfono o telfonos de atencin a la clientela, estos en ningn caso pueden ser de tarifacin adicional, y debe informar y facilitar el nmero o nmeros a las personas consumidoras.

c) Garantizar de forma fehaciente que la persona consumidora, para hacer valer el eventual ejercicio de sus derechos, tenga constancia, por escrito o en cualquier soporte duradero, de la presentacin de cualquier tipo de queja o reclamacin relativa a incidencias, acontecimientos o circunstancias que afecten al funcionamiento normal de las relaciones de consumo; y dar respuesta a las quejas y reclamaciones recibidas lo antes posible, en cualquier caso en el plazo de un mes desde que son presentadas. En el supuesto de que durante este plazo no se hubiese resuelto de forma satisfactoria la queja o la reclamacin formuladas, el empresario o empresaria que est adherido a un sistema extrajudicial de resolucin de conflictos debe proporcionar los medios adecuados para garantizar el acceso de la persona consumidora al correspondiente sistema extrajudicial de resolucin o, si procede, dirigirla a los servicios pblicos de consumo.

d) Poner a disposicin de las personas consumidoras, sea cual sea su lugar de residencia, en cualquier relacin de consumo, informacin que debe incluir, en cualquier caso, la direccin postal, el nmero de telfono de atencin y el nmero de fax o la direccin de correo electrnico donde las personas consumidoras pueden solicitar cualquier tipo de asesoramiento o informacin sobre el bien o servicio adquirido o contratado, o pueden formular las quejas o reclamaciones sobre cualquier asunto que afecte al funcionamiento normal de las relaciones de consumo.


[Bloque 103: #a2115]

Artculo 211-5. Requisitos lingsticos.

1. La documentacin y las informaciones necesarias para el consumo y el uso adecuados de los bienes y servicios dirigidas a las personas consumidoras deben estar a disposicin inmediata de estas, de acuerdo con lo establecido por el artculo 128-1. Este requisito no se aplica a las marcas, los nombres comerciales y la rotulacin amparada por la legislacin de la propiedad industrial.

2. Sin perjuicio de lo establecido por la Ley 1/1998, de 7 de enero, de poltica lingstica, y las dems leyes aplicables, las administraciones pblicas deben promover, impulsar y fomentar las obligaciones lingsticas que la presente ley establece, especialmente, para los establecimientos y la publicidad que ocupan el dominio pblico y para las empresas concesionarias.


[Bloque 104: #a2116]

Artculo 211-6. Requisitos formales de la documentacin.

1. La documentacin que, de acuerdo con la presente ley, tiene carcter obligatorio debe cumplir los siguientes requisitos formales para facilitar su lectura y comprensin:

a) El tamao de letra debe permitir y facilitar la lectura y comprensin del texto.

b) El contraste de la letra ms pequea debe ser al menos igual que el mejor contraste del texto.

2. Debe establecerse por reglamento el tamao de la letra necesario para que la lectura y la comprensin del texto de los documentos sean viables.

3. La informacin, precontractual y contractual, sobre condiciones generales, contratos de adhesin y clusulas y condiciones no negociables individualmente debe documentarse de la forma establecida por los apartados 1 y 2, segn proceda.


[Bloque 105: #a2117]

Artculo 211-7. Pago por avanzado.

El cobro por avanzado total o parcial de los bienes y servicios est permitido si se cumplen los siguientes requisitos:

a) Que est consignado previamente en el presupuesto o anunciado con un cartel o un letrero, de modo que la persona consumidora conozca esta condicin antes del inicio de la prestacin.

b) Que el pago por avanzado no comporte el otorgamiento de la conformidad de la persona consumidora con la idoneidad de la prestacin, ni ninguna renuncia a sus derechos.

c) Que el empresario o empresaria haya concertado los negocios jurdicos adecuados con las entidades financieras o de seguros para garantizar la devolucin de las cantidades avanzadas por la persona consumidora. Esta obligacin deviene aplicable en las relaciones de consumo en que las cantidades avanzadas superen el 25 %del importe total de la transaccin, siempre y cuando sean superiores a 100 euros.


[Bloque 106: #a2118]

Artculo 211-8. Promocin de ventas.

1. Se entiende por promocin de ventas toda actividad que utiliza tcnicas de comunicacin persuasivas para acercar los bienes o servicios a las personas consumidoras.

2. Los empresarios, en el ejercicio de la actividad de promocin de ventas, pueden utilizar todo tipo de medios, siempre y cuando sean aceptados por el ordenamiento jurdico, respetando los intereses econmicos y sociales de las personas consumidoras.


[Bloque 107: #a2119]

Artculo 211-9. Invitaciones a comprar.

1. Las personas consumidoras tienen derecho a escoger libremente entre las diversas invitaciones a comprar.

2. Las invitaciones a comprar dirigidas a las personas consumidoras que incorporen un bien o servicio complementario de modo habitual tambin deben incorporarlo en el supuesto de que ofrezcan condiciones ms ventajosas y, por lo tanto, el empresario o empresaria no puede exigir remuneraciones complementarias salvo que de su propia naturaleza se deduzca que no son compatibles.


[Bloque 108: #a21110]

Artculo 211-10. Requisitos en materia de consumo para las ofertas o promociones.

1. La publicidad de condiciones especiales ms beneficiosas para la persona consumidora con relacin a las practicadas habitualmente por la empresa o el establecimiento debe indicar al menos:

a) La fecha de inicio de la promocin u oferta.

b) La duracin de la promocin u oferta, o bien el nmero de unidades disponibles en oferta o promocin o el nmero de personas consumidoras que pueden beneficiarse de la promocin.

c) Los requisitos que deben cumplir las personas consumidoras

d) Las condiciones, calidad y prestaciones de los bienes o servicios en promocin, y las ventajas de la oferta o promocin.

e) El responsable o la responsable de la promocin, con indicacin del nombre o la razn social y la direccin del establecimiento o los establecimientos donde se pueden hacer efectivas las condiciones ms beneficiosas, salvo que la promocin se refiera nicamente al propio establecimiento donde se ofrece.

2. Si se anuncian promociones u ofertas por un perodo de tiempo, este perodo debe ser siempre determinado y la empresa debe estar en condiciones de satisfacer la demanda de las personas consumidoras del bien o servicio ofrecido, sin perjuicio de la normativa relativa a los perodos de rebajas. Si no puede atenderse la demanda, debe informarse a la persona consumidora del derecho de adquirir el bien o servicio ofrecido, o uno de condiciones parecidas, de acuerdo con los beneficios de la oferta o promocin. Esta medida debe hacerse efectiva por medio de la entrega de una hoja de encargo que d derecho a la persona consumidora a obtener los bienes o servicios promocionados y en que se indique la fecha en que se podr hacer efectivo este derecho. Este precepto se entiende sin perjuicio de las responsabilidades administrativas derivadas del incumplimiento de la obligacin que el presente apartado establece con relacin al perodo de la promocin u oferta. En todo caso, no pueden hacerse promociones con un nmero de unidades manifiestamente insuficientes en funcin de la duracin y publicidad de la promocin u oferta y en funcin de las ventas habituales.

3. Si la promocin u oferta indica el nmero de unidades o de destinatarios que pueden beneficiarse, debe informarse del sistema de prioridad para atender a las demandas. Este sistema debe permitir la comprobacin objetiva de que se han seguido las preferencias fijadas en la publicidad.

4. La promocin u oferta es exigible durante todo el tiempo en que es pblica y accesible.

5. Si se limitan las unidades de bienes o servicios en condiciones ms beneficiosas para cada persona consumidora, debe informarse de esta limitacin en la publicidad y en los carteles o letreros del establecimiento donde se haga la oferta o promocin.

6. Si en un mismo establecimiento existen artculos o servicios en condiciones normales de venta y otros en condiciones ms beneficiosas, se deben diferenciar o separar claramente, de modo que no pueda inducirse a error o confusin respecto a las ofertas y promociones, ni a su naturaleza.

7. Los bienes o servicios en condiciones ms beneficiosas no pueden estar deteriorados o ser de peor calidad que los que la empresa o el establecimiento que hace la oferta o promocin ofrece habitualmente, excepto en las ventas de saldos y de otros tipos permitidos de acuerdo con los requisitos establecidos por la normativa en materia de ordenacin comercial.


[Bloque 109: #a21111]

Artculo 211-11. Reduccin en el precio de los bienes o servicios.

1. Si las condiciones ms beneficiosas o las ventajas para la persona consumidora consisten en una reduccin en los precios que los bienes o servicios hayan tenido con anterioridad, debe indicarse de forma clara esta reduccin y debe informarse del precio normal o habitual del bien o servicio y del precio reducido.

2. La informacin prescrita por el apartado 1 puede sustituirse por el porcentaje de reduccin de precios en cada bien o servicio. Pueden agruparse lotes de bienes o servicios que puedan considerarse como una unidad, en funcin de sus caractersticas y de la reduccin de precios.

3. Se entiende por precio normal o habitual el que se haya aplicado en el mismo establecimiento al menos durante un mes dentro de los seis meses anteriores al inicio de la oferta o promocin. Corresponde al empresario o empresaria probar el cumplimiento de este requisito respecto a los bienes o servicios a precio reducido.

4. En las ofertas de lanzamiento donde el bien o servicio no haya estado antes a la venta o a disposicin de la persona consumidora, debe indicarse en la publicidad y en los carteles y letreros esta condicin, mediante la expresin oferta de lanzamiento.


[Bloque 110: #a21112]

Artculo 211-12. Obsequios.

1. Si, en el marco de una relacin de consumo, se ofrece un obsequio, debe informarse claramente a la persona consumidora en la publicidad y en el mismo establecimiento de los siguientes aspectos:

a) Las obligaciones que comporta la entrega, si procede, incluidas, especialmente, las de carcter fiscal.

b) Las condiciones de entrega, especialmente los gastos que comporta el envo o la puesta a disposicin.

c) Las condiciones y limitaciones que deben cumplirse para obtener el obsequio.

d) Las instrucciones claras y precisas que deben seguirse para obtener el obsequio.

2. En cuanto a la duracin y las existencias de los obsequios, es preciso atenerse a lo establecido por el artculo 211-10.

3. Si la persona consumidora cumple los requisitos para ser el beneficiario o beneficiaria, la entrega efectiva o la puesta a disposicin de los obsequios debe hacerse en el plazo de un mes desde el momento en que la persona consumidora haya cumplido todos los trmites establecidos por las condiciones de la invitacin a comprar.


[Bloque 111: #a21113]

Artculo 211-13. Concursos y sorteos.

1. Los empresarios pueden utilizar sorteos y concursos como tcnicas de promocin. Se entiende por sorteo la oferta de premios en que la seleccin de los ganadores es fruto del azar y por concurso la oferta de premios en que la seleccin de los ganadores depende de la habilidad o la pericia de los concursantes. La utilizacin de estas tcnicas est sujeta al rgimen de autorizacin y comunicacin establecido por la normativa de las rifas, tmbolas y combinaciones aleatorias.

2. En la publicidad de los sorteos y concursos, debe informarse a la persona consumidora de los siguientes aspectos:

a) Nombre o razn social y domicilio de la empresa o el establecimiento que organiza el sorteo o concurso.

b) Requisitos para participar.

c) Limitaciones para participar.

d) Bases y modo de obtener el premio.

e) Forma de entrega del premio y especificacin de si comportar gastos para la persona consumidora.

3. La entrega efectiva o la puesta a disposicin del premio debe hacerse en el plazo de un mes desde que se conoce el ganador o ganadora del sorteo o concurso.

4. Si una persona consumidora ha sido premiada en un sorteo en que no ha participado de forma voluntaria, la entrega del premio no puede condicionarse a la compra o contratacin de bien o servicio alguno.


[Bloque 112: #a21114]

Artculo 211-14. Hojas de reclamacin o denuncia.

Todos los empresarios deben disponer de hojas de reclamacin o denuncia de la forma que se establezca por reglamento.


[Bloque 113: #a21115]

Artculo 211-15. Derecho de desistimiento.

1. Si el empresario o empresaria ofrece el derecho de desistimiento o una disposicin establece que debe ofrecerse de acuerdo con la modalidad de contratacin, el empresario o empresaria debe informar a la persona consumidora, tanto en las invitaciones a comprar como en el documento contractual, de los siguientes aspectos:

a) El perodo durante el cual la persona consumidora puede ejercer el derecho de desistimiento.

b) Las condiciones del ejercicio del derecho de desistimiento.

c) La cuanta y la forma de pago de los gastos de devolucin, si existen.

d) Las modalidades de restitucin del bien o servicio recibido.

2. En los casos en que las leyes otorguen el derecho de desistimiento a la persona consumidora, en el documento de desistimiento deben constar, al menos, los siguientes datos:

a) Su identificacin como documento de desistimiento.

b) El nombre y la direccin del destinatario o destinataria.

c) Los datos identificativos del contrato y de los contratantes.

3. El derecho de desistimiento atribuido legalmente a la persona consumidora se rige, en primer lugar, por las disposiciones legales especficas de cada supuesto y, en su defecto, por lo establecido por el presente artculo.

4. Las formalidades, los plazos y las consecuencias del derecho de desistimiento son los establecidos por la legislacin en esta materia.


[Bloque 114: #cii-4]

CAPTULO II

Requisitos de las relaciones de consumo en los establecimientos


[Bloque 115: #a2121]

Artculo 212-1. Requisitos de los precios y las condiciones de pago.

1. En los establecimientos debe informarse del precio completo, con tributos incluidos, de los bienes o servicios ofrecidos a las personas consumidoras. Esta informacin debe ser visible para la persona consumidora, de modo que no induzca a error o engao.

2. En las invitaciones a comprar, el precio debe ser completo y debe incluir los gastos y tributos.

3. Si se aceptan tarjetas u otros medios de pago de modo habitual, no puede limitarse su uso en determinados perodos o condiciones, siempre y cuando se cumplan los requisitos normales para estos medios de pago.


[Bloque 116: #a2122]

Artculo 212-2. Obligaciones.

1. En los establecimientos dedicados a la venta de bienes o a la prestacin de servicios deben cumplirse las siguientes obligaciones:

a) Las establecidas por el captulo I, si son de aplicacin a la naturaleza de la relacin de consumo, oferta o promocin.

b) Entregar un presupuesto previo si la persona consumidora lo solicita.

c) Entregar una factura, un tique o un justificante de la transaccin, con los siguientes conceptos, sin perjuicio de lo establecido por la normativa en materia fiscal:

Primero. Nombre o razn social del vendedor o vendedora o del prestador o prestadora, nmero de identificacin fiscal y direccin completa del establecimiento.

Segundo. Bienes adquiridos o servicios prestados e importes de cada uno.

Tercero. Importe total, con los tributos incluidos, desglosndolos si procede.

Cuarto. Fecha de la transaccin.

2. Los empresarios tienen la obligacin de entregar antes de contratar, si as lo solicita la persona consumidora, un modelo de contrato con las condiciones generales previstas.


[Bloque 117: #a2123]

Artculo 212-3. Informacin sobre el horario.

En los establecimientos donde se pongan a la venta bienes o se ofrezcan servicios, debe informarse del horario de apertura al pblico. Esta informacin debe ser visible desde fuera, incluso cuando el establecimiento permanece cerrado, salvo que alguna disposicin lo impida.


[Bloque 118: #tii-2]

TTULO II

De las modalidades especiales de relaciones de consumo


[Bloque 119: #ci-5]

CAPTULO I

Disposiciones generales


[Bloque 120: #a2211]

Artculo 221-1. Tipos de modalidades especiales.

1. A los efectos de la presente ley, son modalidades especiales de relaciones de consumo las siguientes:

a) Las relaciones de consumo a distancia.

b) Las relaciones de consumo fuera de establecimiento permanente.

c) Las relaciones de consumo por medio de mquinas automticas.

d) Las relaciones de consumo en establecimientos no sedentarios.


[Bloque 121: #a2212]

Artculo 221-2. Informacin a las personas consumidoras.

En todas las modalidades especiales de relaciones de consumo, el empresario o empresaria debe exhibir de forma clara e inequvoca la siguiente informacin:

a) Los datos de identificacin del empresario o empresaria y la correspondiente autorizacin administrativa, situadas en un lugar visible en los puntos de venta, en el exterior de la mquina en el caso de ventas automticas, en la oferta contractual y, si procede, en la documentacin entregada.

b) El telfono, la direccin de correo electrnico y, en todo caso, una direccin fsica donde la persona consumidora pueda presentar reclamaciones y pueda hacer efectivo el derecho de desistimiento, de acuerdo con lo establecido por la presente ley.

c) La informacin que el artculo 211-15 establece con relacin al derecho de desistimiento.


[Bloque 122: #cii-5]

CAPTULO II

Relaciones de consumo a distancia


[Bloque 123: #a2221]

Artculo 222-1. Concepto.

1. Son relaciones de consumo a distancia las formalizadas sin la presencia fsica simultnea del empresario o empresaria y la persona consumidora, si la oferta y la aceptacin se hacen exclusivamente por medio de tcnicas de comunicacin a distancia dentro de un sistema de contratacin a distancia organizado por el empresario o empresaria.

2. Se incluyen en el concepto de relaciones de consumo a distancia la contratacin telefnica, la contratacin por correspondencia y la contratacin efectuada por medios audiovisuales y electrnicos, que comprende las subastas en lnea.


[Bloque 124: #a2222]

Artculo 222-2. Informacin a las personas consumidoras.

1. Toda propuesta de contratacin a distancia debe incluir, de forma clara e inequvoca, informacin sobre los aspectos siguientes:

a) La identidad del oferente del bien o servicio.

b) La identificacin de la propuesta de contratacin. La falta de respuesta a la propuesta no implica su aceptacin.

c) El procedimiento que es preciso seguir y los requisitos necesarios para formalizar el contrato.

d) El coste del uso de la tcnica de comunicacin a distancia, si este es superior a las tarifas bsicas del servicio.

e) La informacin relativa al bien o servicio que se ofrezca, con la descripcin suficiente de la naturaleza, cantidad, calidad y posibilidades de consumo o de uso de dicho bien o servicio.

f) El precio total, de acuerdo con lo establecido por la normativa aplicable. El importe correspondiente a los gastos de entrega debe consignarse de forma separada si estos corren a cargo de la persona consumidora.

g) La modalidad y el plazo mximo de entrega del bien o de ejecucin del servicio desde el momento de recepcin del pedido. A tal fin, el empresario o empresaria debe enviar a la persona consumidora un acuse de recibo del pedido en el plazo de tres das a partir de la fecha de recepcin.

h) La informacin que el artculo 211-15 establece con relacin al derecho de desistimiento, cuando corresponda el derecho de desistimiento a la persona consumidora.

i) El sistema de devolucin del bien en caso de falta de conformidad. Debe hacerse constar expresamente que, en este caso, los gastos de devolucin corren a cargo del empresario o empresaria.

j) Las modalidades de pago.

k) Las garantas y los servicios posventa.

2. La informacin a que se refiere el apartado 1 debe suministrarse en un formato adecuado a la tcnica de comunicacin a distancia utilizada que permita su conservacin a la persona consumidora. Se entiende que este derecho se satisface si se entrega un documento informativo en papel o en otro soporte que permita el almacenaje electrnico y la posterior reproduccin. Corresponde al empresario o empresaria acreditar el cumplimiento de este precepto.

3. Si la propuesta de contratacin se hace por va telefnica o por medios audiovisuales, debe enviarse la informacin a la persona consumidora en soporte duradero.

4. En caso de contratacin por medios telemticos, debe identificarse el acceso a la informacin de modo que no ofrezca dudas a la persona consumidora.


[Bloque 125: #a2223]

Artculo 222-3. Documentacin contractual.

El empresario o empresaria debe entregar a la persona consumidora toda la documentacin acreditativa del contrato y del pago y el documento para el ejercicio del derecho de desistimiento, cuando le corresponda.


[Bloque 126: #ciii-3]

CAPTULO III

Relaciones de consumo fuera de establecimiento comercial


[Bloque 127: #a2231]

Artculo 223-1. Concepto.

1. Son relaciones de consumo fuera de establecimiento comercial aquellas en que los bienes y servicios se ofrecen con la presencia fsica del empresario o empresaria y la persona consumidora fuera del establecimiento comercial del oferente.

2. Se incluyen en el concepto de relaciones de consumo fuera de establecimiento comercial, entre otras, las relaciones de consumo domiciliarias y las relaciones de consumo en el puesto de trabajo de la persona consumidora, en lugares de recreo, en reuniones y en excursiones organizadas.

3. No son relaciones de consumo fuera de establecimiento comercial las entregas a domicilio de bienes adquiridos por cualquier otra modalidad de relacin comercial ni las reguladas por el artculo 3.2 de la Directiva 85/577/CEE del Consejo, de 20 de diciembre, referente a la proteccin de los consumidores en el caso de contratos negociados fuera de los establecimientos mercantiles.


[Bloque 128: #a2232]

Artculo 223-2. Requisitos del objeto del contrato.

En la contratacin debe cumplirse la normativa reguladora del bien o servicio que se suministra. No pueden ser objeto de relaciones de consumo fuera de establecimiento comercial los bienes o servicios prohibidos por una regulacin especfica, especialmente en el caso de los alimentos y de los bienes o servicios que, por su forma de presentacin u otras circunstancias, no cumplan las normas tcnicas y sanitarias.


[Bloque 129: #a2233]

Artculo 223-3. Informacin a la persona consumidora.

En todas las relaciones de consumo fuera de establecimientos comerciales el oferente del bien o servicio debe suministrar, de forma clara e inequvoca, la siguiente informacin:

a) La informacin relativa al bien o servicio, con la descripcin completa de su naturaleza, cantidad, calidad y posibilidades de consumo o de uso.

b) El precio total con los tributos y gastos incluidos. La cuanta correspondiente a los gastos de entrega debe desglosarse si corren a cargo de la persona consumidora.

c) El plazo mximo de entrega del bien o de ejecucin del servicio si el bien o servicio no se suministra en el momento de suscribir el contrato.

d) Informacin sobre la no admisin del derecho de desistimiento, si procede por el objeto del contrato.

e) El sistema de devolucin del bien en caso de falta de conformidad, haciendo constar expresamente que en este caso los gastos de devolucin corren a cargo del empresario o empresaria.

f) Las garantas y los servicios posventa.


[Bloque 130: #a2234]

Artculo 223-4. Documentacin contractual.

1. El empresario o empresaria debe entregar a la persona consumidora toda la documentacin acreditativa del contrato suscrito y del pago efectuado.

2. Si la persona consumidora tiene reconocido un derecho de desistimiento, el empresario o empresaria debe entregar a la persona consumidora la siguiente documentacin:

a) Un documento en que consten al menos la fecha, la firma de la persona consumidora y la informacin que el artculo 211-15 establece con relacin al derecho de desistimiento.

b) El documento para el ejercicio del derecho de desistimiento.

3. Corresponde al empresario o empresaria acreditar el cumplimiento de las obligaciones establecidas por el presente artculo.

4. En el caso de los servicios prestados fuera del establecimiento del prestador, deben cumplirse las obligaciones de documentacin e informacin establecidas por el ttulo V, si son de aplicacin.


[Bloque 131: #civ-2]

CAPTULO IV

Relaciones de consumo por medio de mquinas automticas


[Bloque 132: #a2241]

Artculo 224-1. Concepto.

1. Son relaciones de consumo por medio de mquinas automticas aquellas en que la persona consumidora adquiere el bien o servicio directamente de una mquina preparada para esta finalidad, por medio del accionamiento de cualquier tipo de mecanismo y previo pago de su importe.

2. El hecho de que la mquina est instalada en el establecimiento del vendedor o vendedora no priva la relacin de su condicin de automtica.


[Bloque 133: #a2242]

Artculo 224-2. Informacin obligatoria.

1. En las mquinas debe exponerse de forma clara la siguiente informacin:

a) La identidad del oferente del bien o servicio, la direccin y un telfono gratuito de atencin a las personas consumidoras donde se atendern sus eventuales quejas y reclamaciones.

b) La identificacin y caractersticas esenciales del bien o servicio, salvo que su contenido sea evidente.

c) Las instrucciones para la obtencin del bien.

d) El precio exacto del bien o servicio, el tipo de tarjetas de pago y de monedas o billetes que admite y la indicacin de si debe introducirse el importe exacto o devuelve el cambio.

e) El funcionamiento del sistema automtico que permite recuperar monedas o billetes en casos de error, inexistencia del bien o servicio o mal funcionamiento de la mquina.

2. La mquina debe tener un sistema que permita obtener un comprobante de la transaccin efectuada, de acuerdo con lo establecido por el artculo 212-2. En el comprobante deben constar la identificacin y la direccin del responsable o la responsable, el precio, la descripcin del bien o servicio y la fecha. Esta obligacin no es de aplicacin a las mquinas recreativas y de azar. Para las mquinas dispensadoras de bienes de alimentacin, se establece un plazo de adaptacin de cinco aos como perodo de obsolescencia y amortizacin de las mquinas.

3. La mquina automtica debe tener un sistema que permita anular la operacin sin ningn cargo para la persona consumidora antes de la obtencin del bien o servicio.

Se modifica el apartado 2 por el art. 12 de la Ley 20/2014, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2015-471.

Se modifica el apartado 2 por el art. 121 de la Ley 9/2011, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2012-546.





[Bloque 134: #a2243]

Artculo 224-3. Responsabilidad.

1. Con carcter general, los responsables del cumplimiento de lo establecido por el presente captulo son los explotadores. Se entiende por explotadores los empresarios que reciben un beneficio directamente relacionado con la actividad de la mquina.

2. Si los explotadores no estn identificados, son responsables de la mquina los titulares del establecimiento donde se halla, los cuales responden solidariamente con el responsable o la responsable de la mquina, ante la persona consumidora, del cumplimiento de las obligaciones establecidas por el artculo 224-2.


[Bloque 135: #cv-2]

CAPTULO V

Relaciones de consumo en establecimientos no sedentarios


[Bloque 136: #a2251]

Artculo 225-1. Las relaciones de consumo no sedentarias en lugares fijos.

A los efectos de la presente ley, se entiende por relaciones de consumo en establecimientos no sedentarios las que los empresarios llevan a cabo fuera de un establecimiento permanente, de forma habitual, ocasional, peridica o continuada, en los permetros y lugares debidamente autorizados.


[Bloque 137: #a2252]

Artculo 225-2. Relaciones de consumo ambulantes o itinerantes.

Se entiende por relaciones de consumo ambulantes o itinerantes las que los empresarios llevan a cabo, de forma habitual, ocasional, peridica o continuada, en lugares o permetros no determinados previamente.


[Bloque 138: #tiii-2]

TTULO III

De las relaciones de consumo por medio de intermediarios


[Bloque 139: #ci-6]

CAPTULO I

Requisitos y obligaciones


[Bloque 140: #a2311]

Artculo 231-1. Concepto de intermediario o intermediaria.

Se entiende por intermediario o intermediaria cualquier empresario o empresaria que por cuenta ajena y a cambio de una remuneracin, de carcter pecuniario o en forma de cualquier otra ventaja econmica convenida, se dedica habitualmente a cualquiera de las siguientes actividades:

a) Presentar u ofrecer la posibilidad de adquirir bienes o servicios a las personas consumidoras.

b) Hacer los tratos preliminares para la formalizacin de un contrato con personas consumidoras.

c) Formalizar el contrato con las personas consumidoras.

d) Asesorar a las personas consumidoras con relacin al negocio jurdico en que interviene.


[Bloque 141: #a2312]

Artculo 231-2. Informacin a las personas consumidoras.

1. El intermediario o intermediaria debe informar, antes de prestar cualquier servicio a una persona consumidora, de los siguientes aspectos:

a) Su identidad y direccin.

b) Los datos de la inscripcin en el registro correspondiente donde, si procede, est inscrito.

c) El alcance de sus competencias.

d) La indicacin de si trabaja en exclusiva para un empresario o empresaria o como intermediario o intermediaria independiente.

e) El precio real y determinado de su actividad de intermediacin. Esta obligacin no es de aplicacin a las actividades de mediacin de seguros.

f) Las informaciones previstas para la contratacin a distancia, si se ofrece la intermediacin por medios electrnicos.

g) La informacin de las garantas y los sistemas extrajudiciales de solucin de conflictos en materia de consumo.

2. La informacin a que se refiere el apartado 1 debe indicarse en los documentos que el intermediario o intermediaria entregue a la persona consumidora.

3. Los intermediarios deben ofrecer informacin veraz y suficiente en la promocin y oferta de los bienes y servicios que comercialicen y, en general, en su actividad de asesoramiento, si se tercia.

4. La persona consumidora debe poder conservar la informacin en soporte documental. Se entiende que este derecho se satisface si se entrega un ejemplar de la informacin en papel o en otro soporte que permita su almacenaje electrnico y posterior reproduccin. Corresponde al intermediario o intermediaria acreditar el cumplimiento de estas obligaciones.


[Bloque 142: #a2313]

Artculo 231-3. Asesoramiento.

1. Si la actividad comercial de los intermediarios incluye el asesoramiento de las personas consumidoras, los intermediarios deben darles la informacin necesaria sobre la naturaleza, caractersticas, condiciones y utilidad o finalidad del bien o servicio, para que las personas consumidoras puedan evaluar si el contrato propuesto se ajusta a sus necesidades.

2. Los intermediarios deben dar a las personas consumidoras la informacin a que se refiere el apartado 1 de forma clara, comprensible y fcilmente interpretable.


[Bloque 143: #a2314]

Artculo 231-4. Obligaciones.

1. Los intermediarios deben llevar a cabo las transacciones comerciales con diligencia profesional y responsabilidad y sujetndose a la legalidad y a los cdigos ticos del sector en que llevan a cabo su actividad profesional. En ningn caso pueden hacer referencias o utilizar nombres que induzcan o puedan inducir a las personas consumidoras a errores sobre la verdadera naturaleza de la empresa, el establecimiento o el servicio que se presta.

2. Si la persona consumidora entrega alguna cantidad a cuenta del importe del bien o servicio antes de formalizar el contrato, el intermediario o intermediaria tiene la consideracin de depositario hasta la perfeccin del contrato y no la puede aplicar a cuenta de su remuneracin profesional.


[Bloque 144: #a2315]

Artculo 231-5. Responsabilidad.

1. Los intermediarios son responsables de la falta de formalizacin del contrato si esta se deriva del incumplimiento, por cualquier causa o motivo, de sus obligaciones de informacin o asesoramiento.

2. Todo empresario o empresaria que se sirva de la actividad de intermediacin es responsable solidario a los efectos de lo establecido por el presente cdigo.


[Bloque 145: #tiv]

TTULO IV

De la adquisicin y el arrendamiento de bienes


[Bloque 146: #ci-7]

CAPTULO I

Bienes inmuebles


[Bloque 147: #a2411]

Artculo 241-1. Informacin en la oferta para la venta de inmuebles.

1. En la oferta para la venta de inmuebles, debe facilitarse informacin suficiente sobre sus condiciones esenciales antes de que el comprador o compradora adelante cualquier cantidad a cuenta, de acuerdo con lo establecido por la normativa en materia de vivienda.

2. En la oferta para la venta de inmuebles, debe informarse de la titularidad jurdica, las cargas y los gravmenes, las condiciones de uso, los servicios que existan, los gastos previsibles de mantenimiento, las condiciones econmicas y de financiacin de la oferta y, si es posible, los gastos previsibles de mantenimiento y los importes de los tributos que graven la propiedad. Tambin debe suministrarse el resto de la informacin exigible de acuerdo con la legislacin.

3. En la oferta para la venta de inmuebles, debe suministrarse informacin sobre los tipos de garanta, los plazos, las cuantas y los medios para reclamar su ejecucin establecidos por la normativa aplicable.


[Bloque 148: #a2412]

Artculo 241-2. Informacin en la oferta para el arrendamiento de inmuebles.

1. En la oferta de inmuebles bajo el rgimen de alquiler, deben especificarse las caractersticas, los servicios y las instalaciones de que dispongan, las condiciones de uso, la renta contractual y las dems informaciones que requiere la normativa en materia de vivienda.

2. El arrendador o arrendadora del inmueble debe tener la cdula de habitabilidad, la calificacin definitiva en el caso de viviendas con proteccin oficial o las acreditaciones equivalentes. El arrendatario o arrendataria tiene derecho que le sea entregada una copia de esta documentacin en el momento de formalizar el contrato.


[Bloque 149: #cii-6]

CAPTULO II

Bienes muebles


[Bloque 150: #a2421]

Artculo 242-1. Informacin en la oferta para la venta de bienes muebles.

En la oferta de venta de bienes muebles, debe facilitarse informacin suficiente sobre sus condiciones esenciales y debe hacerse referencia a las caractersticas de dimensin, peso, diseo, nivel de calidad, instalacin, conservacin, mantenimiento y posibilidades de reparacin.


[Bloque 151: #a2422]

Artculo 242-2. Garantas.

1. El vendedor o vendedora debe entregar a las personas consumidoras un bien que sea conforme al contrato de compraventa formalizado y que necesariamente:

a) Se ajuste a la descripcin realizada y tenga las cualidades del bien que el vendedor o vendedora, si procede, haya presentado a la persona consumidora en forma de muestra o modelo.

b) Presente las cualidades y prestaciones habituales de un bien de las mismas caractersticas que la persona consumidora pueda esperar fundamentadamente de acuerdo con la naturaleza del bien y las caractersticas de las que ha informado el vendedor o vendedora.

c) Sea idneo para los usos a que ordinariamente se destinan los bienes del mismo tipo.

d) Sea apto para cualquier uso requerido por la persona consumidora y admitido por el vendedor o vendedora.

2. El vendedor o vendedora responde ante la persona consumidora de cualquier falta de conformidad que exista en el momento de entrega del bien.

3. La persona consumidora tiene derecho a la reparacin del bien, a su sustitucin, a la rebaja del precio y a la resolucin del contrato, de acuerdo con lo establecido por la normativa en materia de garantas.


[Bloque 152: #a2423]

Artculo 242-3. Medios aceptables para hacer efectiva la informacin.

1. El vendedor o vendedora debe informar sobre los derechos de las personas consumidoras en caso de falta de conformidad por medio de un cartel informativo, un documento escrito, una factura, un tique de compra o cualquier otro medio que permita tener constancia de ellos.

2. Si se informa por medio de un cartel de carcter fijo, este debe estar a la vista del pblico y permitir la lectura y comprensin del texto.

3. Si el medio utilizado para informar es el documental, el escrito que se entregue al comprador o compradora debe estar a disposicin inmediata de las personas consumidoras en cataln y castellano.

4. Si la informacin se incorpora al tique de compra o a la factura, estos deben estar impresos con un tipo de letra y un contraste que permitan leerlos claramente.

5. La informacin de los bienes de naturaleza duradera debe facilitarse por cualquiera de los medios a que se refieren los apartados 3 y 4.


[Bloque 153: #tv]

TTULO V

De las obligaciones en la prestacin de servicios


[Bloque 154: #ci-8]

CAPTULO I

Disposiciones generales


[Bloque 155: #a2511]

Artculo 251-1. Empresarios que prestan servicios.

1. Los empresarios que prestan alguno tipo de servicio en el territorio de Catalua estn sujetos a lo dispuesto por el presente ttulo, sin perjuicio de lo que establezca la normativa sectorial aplicable. Se excluyen los servicios accesorios a la venta de un bien. Se incluyen los servicios en que se aporten materiales o bienes, si la prestacin del servicio tiene carcter principal.

2. Para determinar el carcter principal o accesorio del servicio, debe tenerse en cuenta la naturaleza de la prestacin del servicio solicitado por la persona consumidora y el precio de los materiales o bienes respecto al precio de la mano de obra del servicio.


[Bloque 156: #a2512]

Artculo 251-2. Clasificacin de servicios.

A los efectos de la presente ley, los servicios se clasifican en los siguientes tipos:

a) Servicios a las personas: Servicios en que la prestacin recae sobre la misma persona, ya sea en la vertiente fsica, intelectual, psquica, emocional o locomotora, o en cualquier otro aspecto intrnsecamente unido a la persona.

b) Servicios sobre los bienes o las cosas: Servicios en que la prestacin recae sobre un bien o una cosa, ya sea para su adecuacin, mejora, reparacin o instalacin, o con relacin a cualquier otro aspecto que afecte al propio bien.

c) Servicios bsicos: Servicios de carcter esencial y necesarios para la vida cotidiana o que tienen un uso generalizado entre las personas consumidoras. Se incluyen los suministros, los transportes, los medios audiovisuales de radiodifusin y de televisin, los de comunicaciones, los asistenciales y sanitarios, y los financieros y de seguros.

d) Servicios de trato continuado: Servicios que el empresario o empresaria no presta en una sola vez, sino que tienen continuidad en el tiempo, de forma peridica, habitual y en varios plazos.

e) Servicios de marca: Servicios en que se exhibe visiblemente el nombre comercial, la marca, el logotipo, el emblema o cualquier smbolo que los identifique con otro empresario o empresaria, de modo que puedan hacer creer a las personas consumidoras que tienen una vinculacin jurdica especial con el propietario o propietaria de la marca o el nombre comercial.

Se modifica la letra c) por el art. 122 de la Ley 9/2011, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2012-546.




[Bloque 157: #a2513]

Artculo 251-3. Obligaciones comunes para todo tipo de servicios.

1. Los empresarios que ofrezcan o presten cualquier tipo de servicio o que hagan publicidad de este deben informar a las personas consumidoras del precio completo del servicio por medio de un letrero visible en el establecimiento o de una tarifa o un folleto de precios. Debe informarse del precio total, que debe comprender todo tipo de tributos, cargas y gravmenes, as como los dems conceptos accesorios al servicio.

2. Los empresarios que ofrezcan o presten cualquier tipo de servicio o que hagan publicidad de este deben hacer y entregar a las personas consumidoras un presupuesto previo del servicio si la persona consumidora no puede calcular directamente el precio, salvo que esta renuncie a la elaboracin del presupuesto expresamente, de forma manuscrita y con su firma.

3. En el presupuesto a que se refiere el apartado 2 deben constar como mnimo los siguientes datos:

a) La identidad del prestador o prestadora del servicio, con la indicacin del nombre o la razn social, el nmero de identificacin fiscal y la direccin completa de un establecimiento fsico del prestador o prestadora.

b) El motivo o el objeto del servicio, con la indicacin de las actividades u operaciones que deben realizarse.

c) Los gastos que debe satisfacer el usuario o usuaria, de forma desglosada, y el importe de las piezas, los recambios, los accesorios y los bienes que se incorporan al servicio.

d) El plazo de validez del presupuesto.

e) La fecha prevista para el inicio de la prestacin y la duracin del servicio.

f) La fecha del presupuesto y la firma de una persona responsable de la empresa prestadora.

g) La fecha de la aceptacin o del rechazo del presupuesto por parte del usuario o usuaria, con espacios reservados para firmar cada una de las dos opciones, del mismo tamao.

4. Las copias de los presupuestos deben conservarse durante un plazo mnimo de seis meses desde la no aceptacin del presupuesto o desde la finalizacin del servicio, segn proceda.

5. Los presupuestos no aceptados pueden cobrarse si se ha indicado as en la tarifa o el cartel de precios o si se ha informado expresamente a la persona consumidora. El importe no puede sobrepasar lo que se ha indicado o el correspondiente al tiempo real utilizado para elaborar el presupuesto.

6. Los precios presupuestados no pueden ser superiores en ningn caso a los anunciados, sea cual sea el concepto al que se apliquen.

7. Los empresarios que ofrezcan o presten cualquier tipo de servicio o que hagan publicidad de este deben extender y entregar, una vez finalizado y pagado el servicio, una factura, un tique o un justificante de pago, con los siguientes conceptos, sin perjuicio de lo establecido por la normativa en materia fiscal:

a) El nombre o la razn social del prestador o prestadora, el nmero de identificacin fiscal y direccin completa del establecimiento.

b) Los conceptos o actividades en que ha consistido el servicio prestado.

c) Los importes de los conceptos o actividades.

d) Los impuestos o tasas aplicables y su importe.

e) La indicacin del tiempo de garanta del servicio, si procede.

f) La fecha de prestacin del servicio, si procede.

8. Si se hacen pagos parciales del servicio, en cada pago debe entregarse a la persona consumidora un recibo en que deben constar como mnimo los siguientes datos:

a) La identificacin del prestador o prestadora, con el nombre o la razn social, el nmero de identificacin fiscal y la direccin del establecimiento.

b) El objeto del servicio y la indicacin de si se trata de un pago a cuenta o de un pago parcial.

c) El importe pagado en el acto en cuestin.

d) El importe total pagado hasta aquel da y la cantidad total que queda por pagar.

e) La fecha y firma de una persona responsable del establecimiento prestador.

9. Aparte de los pagos parciales, una vez finalizado el servicio, debe cumplirse la obligacin de extender una factura, un tique o un justificante de pago, de acuerdo con lo establecido por el apartado 7.

10. El empresario o empresaria, si por cualquier circunstancia no puede cumplir las obligaciones derivadas de las relaciones de consumo acordadas con la persona consumidora, debe garantizar que se cumplan por medio de su propia infraestructura o de una infraestructura ajena.


[Bloque 158: #a2514]

Artculo 251-4. Importe de la factura.

1. El importe de la factura no puede ser superior al importe presupuestado, si existe.

2. Si durante la prestacin del servicio aparecen nuevos conceptos que deben cobrarse a la persona consumidora u otras modificaciones del presupuesto, el prestador o prestadora debe hacer una ampliacin o modificacin, que debe comunicarse a la persona consumidora y que esta, si procede, debe aceptar, de modo que quede constancia de ello.


[Bloque 159: #a2515]

Artculo 251-5. Garanta de los servicios.

1. Los diversos tipos de servicios deben garantizarse de acuerdo con la normativa especfica que les es de aplicacin.

2. Si no existe una normativa especfica que los regule, los servicios deben garantizarse como mnimo por un perodo de seis meses desde que haya finalizado el ltimo acto o actividad en que consista la prestacin.


[Bloque 160: #a2516]

Artculo 251-6. Precios de los servicios.

1. Los precios, recargos y suplementos de los servicios son libres, excepto en los sometidos a regmenes de aprobacin o autorizacin previa, si bien deben respetarse las obligaciones de informacin previa establecidas por la presente ley y las dems disposiciones aplicables.

2. Si para prestar correctamente el servicio tienen que incorporarse piezas, recambios, accesorios o bienes, debe disponerse de una lista con los precios e informar de la existencia de esta lista a la persona consumidora, o bien mostrar el albarn o factura que justifique el coste de adquisicin, una vez finalizada la prestacin del servicio.

3. No pueden cobrarse precios abusivos, especialmente si las circunstancias particulares del caso menguan la libertad de eleccin de la persona consumidora.

4. (Anulado).

Se declara inconstitucional y nulo el apartado 4, por Sentencia 54/2018, de 24 de mayo. Ref. BOE-A-2018-8573

Se levanta la suspensin de la vigencia y aplicacin del apartado 4, por auto del TC de 12 de abril de 2016. Ref. BOE-A-2016-3826.

Se suspende la vigencia y aplicacin del apartado 4, en la redaccin dada porla Ley 20/2014, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2015-471., desde el 30 de septiembre de 2015 para las partes en el proceso y desde el 9 de octubre de 2015 para los terceros, por Providencia del TC de 6 de octubre de 2015, que admite a trmite el recurso de inconstitucionalidad nmero 5459-2015.Ref. BOE-A-2015-10865.

Redactado conforme a la correccin de errores publicada en BOE nm. 243, de 10 de octubre de 2015. Ref. BOE-A-2015-10923.

Se aade el apartado 4 por el art. 13 de la Ley 20/2014, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2015-471.

Se modifica el apartado 2 por el art. 123 de la Ley 9/2011, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2012-546.








[Bloque 161: #a2517]

Artculo 251-7. Recargos y suplementos en el precio del servicio.

1. Si se cobran recargos o suplementos en el precio del servicio, debe informarse a la persona consumidora por medio de una lista de precios o de un presupuesto previo por escrito.

2. Los recargos o suplementos en concepto de horario nocturno solo pueden cobrarse si el servicio se presta entre las 22 horas y las 6 horas del da siguiente.

3. Los recargos o suplementos en concepto de da festivo solo pueden cobrarse si el servicio se presta dentro de las veinticuatro horas del da festivo. A tales efectos, se consideran festivos los domingos y los das festivos del domicilio del lugar donde se presta el servicio. Como regla general, no se consideran festivos los sbados.

4. En ningn caso pueden cobrarse recargos o suplementos basados en la inmediata disponibilidad, la urgencia o conceptos similares.

5. Los recargos o suplementos de horario nocturno y da festivo no son compatibles entre s, por lo que solo puede cobrarse uno de los dos.

6. Lo establecido por el presente artculo es de aplicacin supletoria a los servicios regulados por una normativa especfica.


[Bloque 162: #a2518]

Artculo 251-8. Refinanciacin de crditos y deudas

En el caso de operaciones de refinanciacin de crditos o deudas, deben cumplirse los siguientes requisitos:

a) Se deben justificar y documentar los crditos anteriores o preferentes que son objeto de refinanciacin, y se debe documentar de modo fehaciente la cancelacin total o parcial de los crditos refinanciados con carcter previo o simultneo a la firma del contrato de refinanciacin.

b) El comprobante de la entrega o el pago real de las cantidades objeto de la operacin de refinanciacin debe constar en los documentos contractuales, pblicos y privados, relativos al crdito o prstamo.

Se aade por el art. 14 de la Ley 20/2014, de 29 de diciembre.Ref. BOE-A-2015-471.

Texto aadido, publicado el 31/12/2014, en vigor a partir del 31/03/2015.


[Bloque 163: #cii-7]

CAPTULO II

Obligaciones segn el tipo de servicio


[Bloque 164: #a2521]

Artculo 252-1. Obligaciones adicionales.

Adems de cumplir las obligaciones establecidas por el captulo I, segn el tipo de servicio, deben cumplirse las obligaciones establecidas por el presente captulo.


[Bloque 165: #a2522]

Artculo 252-2. Servicios a las personas.

1. Deben cumplirse las disposiciones sobre seguridad, salud, higiene, intimidad personal, proteccin de datos y dems obligaciones establecidas por la normativa especfica.

2. Si la prestacin del servicio implica algn tipo de resultado, la persona consumidora o terceros expertos lo deben poder comprobar y verificar, sin la intervencin del prestador o prestadora.

3. Si la prestacin del servicio entraa riesgos para la salud o seguridad de la persona consumidora, debe informarse de estos riesgos y hacer las advertencias pertinentes por medio de un cartel visible en el establecimiento o de la entrega de un folleto a la persona consumidora.


[Bloque 166: #a2523]

Artculo 252-3. Servicio sobre los bienes.

1. Si para la prestacin del servicio debe depositarse el bien, debe entregarse a la persona depositante un resguardo de depsito, en que deben constar como mnimo los siguientes datos:

a) La identificacin del establecimiento, con el nombre o la razn social, la direccin y el nmero de identificacin fiscal.

b) La identificacin de la persona depositante.

c) La identificacin del bien.

d) La descripcin del servicio de la forma ms detallada posible.

e) La fecha de recepcin del bien y la duracin prevista del servicio.

f) El plazo en que prescribe el derecho a recuperar el bien depositado.

g) La firma o cualquier otro medio que permita la acreditacin de la persona responsable del establecimiento prestador.

2. El depositario o depositaria debe conservar una copia del resguardo de depsito al menos hasta que se agote el plazo establecido por el apartado 5.

3. Si el bien se ha depositado en el establecimiento, para recogerlo debe presentarse el resguardo de depsito. Si la persona consumidora no lo tiene, debe acreditar la titularidad sobre el bien en cualquiera de las formas admitidas en derecho.

4. Si existe un presupuesto previo, este puede tener los efectos del resguardo de depsito, siempre y cuando haya sido aceptado por la persona consumidora y el documento indique esta condicin.

5. Los establecimientos, sin perjuicio de lo dispuesto por la legislacin civil y mercantil y las dems normas especficas que sean de aplicacin, deben mantener el depsito de los bienes durante un tiempo mnimo de seis meses desde que se comunica, de modo fehaciente, a la persona depositante la posibilidad de recoger el bien y el destino que se prev darle si no lo recoge. Si, una vez agotado el plazo, la persona consumidora no ha objetado nada, el prestamista puede disponer del bien de la forma establecida por las leyes.

Se modifica el apartado 5 por el art. 15 de la Ley 20/2014, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2015-471.




[Bloque 167: #a2524]

Artculo 252-4. Servicios bsicos.

1. Los prestadores de servicios bsicos deben entregar a la persona consumidora la informacin relevante de la prestacin por escrito o de una forma adaptada a las circunstancias de la prestacin.

2. El prestador del servicio debe facilitar, en el momento de la contratacin, una direccin fsica en Catalua, en la que la persona consumidora pueda ser atendida de forma rpida y directa respecto a cualquier queja o reclamacin sobre el servicio, siempre y cuando la atencin a la persona consumidora no se haga en el mismo establecimiento donde se haya contratado. Tambin debe disponer de un servicio telefnico de atencin de incidencias y reclamaciones, que debe ser de carcter gratuito. En determinados sectores de actividad y en funcin de una baja cifra de negocio o un nmero reducido de trabajadores, por reglamento puede dispensarse a la empresa que presta el servicio del cumplimiento de estas obligaciones. En todo caso, las obligaciones que establece el presente apartado deben aplicarse respetando los principios contenidos en la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre, relativa a los servicios en el mercado interior, y se entienden sin perjuicio de lo dispuesto por las normas bsicas estatales que fijan las condiciones de acceso a las actividades de servicios y el ejercicio de dichas actividades.

3. En los contratos y las facturas debe informarse del lugar donde los usuarios pueden tramitar las quejas o reclamaciones ante el prestador del servicio bsico, del procedimiento para hacerlo y del nmero de telfono gratuito a que se refiere el apartado 2. Tambin debe informarse de si el prestador del servicio est adherido a una junta arbitral de consumo y de la posibilidad de la persona consumidora de dirigirse a estos organismos para resolver los conflictos.

4. En la informacin precontractual y contractual debe indicarse la existencia de compensaciones, reembolsos o indemnizaciones en caso de que la empresa incumpla la calidad del servicio bsico fijada por el ordenamiento jurdico o por la propia empresa. Tambin debe informarse sobre los mecanismos para llevar a cabo las medidas a que se refiere el apartado 3 y sobre el mtodo de determinacin del importe.

5. Las empresas que presten servicios bsicos deben velar por que los contratos de adhesin se faciliten, a peticin de las personas con discapacidad, por medio de un soporte que les sea accesible.

6. Las empresas prestadoras deben informar, en cualquier aviso o comunicacin referente a la falta de pago del servicio, de los derechos que afectan a la pobreza energtica y de los dems derechos que tienen las personas consumidoras en situacin de vulnerabilidad econmica de acuerdo con la normativa vigente. Esta informacin debe redactarse de forma clara, transparente y adecuada a las circunstancias, de acuerdo con las directrices que fije la Agencia Catalana del Consumo.

7. Las personas en situacin de vulnerabilidad econmica que cumplen los requisitos establecidos por la letra w del artculo 111-2, si reciben un aviso de interrupcin del suministro de agua, electricidad o gas, deben presentar, en el plazo de quince das hbiles desde la recepcin del aviso, un informe de los servicios sociales bsicos sobre su situacin personal o, si procede, una copia de la solicitud registrada en que solicitan su emisin. Si no se ha presentado el informe de los servicios sociales bsicos, sino nicamente la solicitud, la empresa suministradora debe suspender la interrupcin del suministro hasta que se aporte el informe o hayan transcurrido dos meses desde que se le comunic que se haba solicitado.

Las administraciones pblicas responsables deben emitir este informe en el plazo de quince das a contar de la fecha en que se solicita. El informe, que debe acreditar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la letra w del artculo 111-2, tambin puede ser emitido de oficio por los servicios sociales bsicos y tiene una vigencia de seis meses a contar del da en que se emite, sin perjuicio del hecho de que pueda renovarse.

El informe tiene efectos vinculantes con relacin a la interrupcin de los cortes de suministro, de acuerdo con lo establecido por el apartado 8.

8. Las unidades familiares a que se refiere la letra w del artculo 111-2 estn protegidas de los cortes de suministro a que se refiere el apartado 7, especialmente durante los perodos crticos. Mediante una orden deben establecerse anualmente los meses comprendidos en estos perodos.

La deuda que se acumule con las empresas suministradoras debe aplazarse con las condiciones que ambas partes acuerden o bien mediante los mecanismos de mediacin y arbitraje que las partes acepten. Sin perjuicio de los acuerdos o del resultado de la mediacin o arbitraje, la persona consumidora tiene, en cualquier caso, el derecho a satisfacer la deuda pendiente de forma ntegra o fraccionada en los meses siguientes al perodo declarado crtico.

9. Las unidades familiares que no pueden cumplir los compromisos de pago de acuerdo con lo establecido por el presente artculo, una vez agotados los mecanismos de resolucin de conflictos, deben disponer de los instrumentos de apoyo econmico necesarios.

10. Las empresas suministradoras, de acuerdo con las administraciones pblicas, deben habilitar los mecanismos de informacin necesarios para poner en conocimiento de los servicios sociales bsicos y de las personas usuarias la informacin actualizada sobre las tarifas sociales y las dems ayudas y medidas previstas para hacer frente a la pobreza energtica. Esta informacin debe redactarse de forma clara, transparente y adecuada a las circunstancias, de acuerdo con las directrices que fije la Agencia Catalana del Consumo. Adems, deben habilitarse mecanismos de dilogo, prevencin e informacin entre las empresas suministradoras y los servicios sociales bsicos sobre los impagos del servicio por parte de las personas consumidoras.

Se declaran inconstitucionales y nulos, en cuanto resultan aplicables a los sectores energticos del gas y la electricidad, los incisos destacados del apartado 7 y el apartado 8, por Sentencia 54/2018, de 24 de mayo. Ref. BOE-A-2018-8573

Se mantiene la suspensin de la vigencia y aplicacin del inciso indicado y del tercer prrafo del apartado 7 y del apartado 8, en cuanto resultan aplicables a los sectores energticos del gas y la electricidad y que se levanta la suspensin de todo lo dems, por auto del TC de 12 de abril de 2016. Ref. BOE-A-2016-3826.

Se suspende la vigencia y aplicacin los apartados 7 y 8, en lo referente al sector energtico con la exclusin del suministro del agua, en la redaccin dada porla Ley 20/2014, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2015-471., desde el 30 de septiembre de 2015 para las partes en el proceso y desde el 9 de octubre de 2015 para los terceros, por Providencia del TC de 6 de octubre de 2015, que admite a trmite el recurso de inconstitucionalidad nmero 5459-2015.Ref. BOE-A-2015-10865.

Redactado conforme a la correccin de errores publicada en BOE nm. 243, de 10 de octubre de 2015. Ref. BOE-A-2015-10923.

Se modifican los apartados 3, 6 a 9 y se aade un nuevo apartado 10 por los arts. 16 y 17 de la Ley 20/2014, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2015-471.

Redactado conforme a la correccin de erratas publicada en el DOGC nm. 6975, de 14 de octubre de 2015.

Tngase en cuenta que el apartado 3 entra en vigor el 31 de marzo de 2015, segn dispone la disposicin adicional 2 [sic] de la citada norma.

Se suspende la vigencia y aplicacin de los apartados 6 a 9, en la redaccin dada por el Decreto-ley 6/2013, de 23 de diciembre, desde el 29 de septiembre de 2014 para las partes en el proceso y desde el 24 de octubre de 2014 para los terceros por Providencia del Tribunal Constitucional de 21 de octubre de 2014 que admite a trmite el recurso de inconstitucionalidad nmero 5831-2014. Ref. BOE-A-2014-10816.

Tngase en cuenta que se declara la inconstitucionalidad y nulidad del segundo prrafo del apartado 6 y del apartado 7 por Sentencia del TC 62/2016, de 17 de marzo. Ref. BOE-A-2016-3915.

Se aaden los apartados 6 a 9 por el art. 2 del Decreto-ley 6/2013, de 23 de diciembre. Ref. BOE-A-2014-3001.

Se modifica el apartado 2 por el art. 124 de la Ley 9/2011, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2012-546.










[Bloque 168: #a2525]

Artculo 252-5. Servicios de trato continuado.

1. El procedimiento para darse de baja de un servicio de trato continuado no puede contener ms requisitos o ser ms dificultoso que el procedimiento para darse de alta.

2. En el momento de la contratacin de un servicio de trato continuado, debe informarse del procedimiento de baja y de las indemnizaciones, las penalizaciones o los pagos que debe efectuar la persona consumidora si se da de baja del servicio. Si el servicio tiene la consideracin de servicio bsico, debe informarse del nmero de telfono gratuito a que se refiere el artculo 252-4.2 en cada uno de los recibos o facturas emitidos.

3. El prestador o prestadora debe garantizar la continuidad y calidad en la prestacin, de acuerdo con la informacin que se ha suministrado o la publicidad que se ha realizado, sin que pueda librarse de responsabilidad por conducto de terceros con quien la persona consumidora no haya entrado en contacto. Pueden determinarse por reglamento los mecanismos de control y verificacin de la calidad en la prestacin de los servicios de trato continuado.

4. El prestador o prestadora de un servicio de trato continuado debe garantizar una atencin adecuada a la persona consumidora, sin demoras ni esperas. Esta atencin debe ser personal, siempre y cuando la persona consumidora lo desee, sin procedimientos o mecanismos automticos que hagan imposible la conversacin con la persona consumidora.

5. No puede dejarse de prestar el servicio de trato continuado por falta de pago de algn recibo o factura si la persona consumidora ha presentado alguna reclamacin con relacin al recibo o factura ante el mismo prestador o prestadora o por medio de los mecanismos judiciales o extrajudiciales de resolucin de conflictos.

6. Para interrumpir el servicio de trato continuado, es preciso que existan, como mnimo, dos recibos o facturas impagados sobre los que no exista ninguna reclamacin pendiente de resolucin, siempre que no hayan sido objeto de reclamacin por la persona consumidora, que se le hayan comunicado de modo fehaciente las consecuencias de este impago y que se le haya dado un plazo no inferior a diez das hbiles para pagarlos.

8. Si alguna de las clusulas de un contrato de prestacin de servicios de trato continuado es declarada abusiva, la empresa prestadora debe informar de ello a los clientes con contratos vigentes que la incluyan y debe comunicarles que esta clusula dejar de aplicarse en los trminos establecidos por la resolucin o sentencia judicial. Esta comunicacin debe hacerse constar, al menos, en la factura o liquidacin inmediatamente posterior a la declaracin de abusividad.

Se declaran inconstitucionales y nulos, en cuanto resultan aplicables a los sectores energticos del gas y la electricidad, los incisos destacados del apartado 6, por Sentencia 54/2018, de 24 de mayo. Ref. BOE-A-2018-8573

Se mantiene la suspensin de la vigencia y aplicacin del apartado 6, en cuanto resultan aplicables a los sectores energticos del gas y la electricidad, por auto del TC de 12 de abril de 2016. Ref. BOE-A-2016-3826.

Se suspende la vigencia y aplicacin del apartado 6, en lo respecta exclusivamente a los servicios energticos de trato continuado, en la redaccin dada por la Ley 20/2014, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2015-471., desde el 30 de septiembre de 2015 para las partes en el proceso y desde el 9 de octubre de 2015 para los terceros por Providencia del TC, de 6 de octubre de 2015, que admite a trmite el recurso de inconstitucionalidad nmero 5459-2015.Ref. BOE-A-2015-10865.

Redactado conforme a la correccin de errores publicada en BOE nm. 243, de 10 de octubre de 2015. Ref. BOE-A-2015-10923.

Se modifican los apartados 2 y 6, y se aaden el 7 y el 8 por el artculo 18 de la Ley 20/2014, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2015-471.







[Bloque 169: #a2526]

Artculo 252-6. Servicios de marca.

1. Los prestadores de los servicios de marca estn obligados, con relacin a la persona consumidora, a hacer todos los trmites, resolver las incidencias, dar informacin sobre bienes y servicios y responder de las garantas comerciales como si fuesen la misma empresa de la marca que exhiben.

2. En ningn caso pueden anunciarse marcas o logotipos que induzcan a la persona consumidora a error o confusin sobre la naturaleza de la marca, del servicio o de la relacin del establecimiento con la marca.

3. Si los prestadores de servicios de marca estn facultados para dar de alta a la persona consumidora en servicios de trato continuado, tambin deben darla de baja, si lo solicita, con los mismos requisitos que para darla de alta. Debe entregarse a la persona consumidora un documento justificativo de la solicitud de baja.

4. Si los prestadores aplican precios o gastos autorizados o decididos por la empresa de la marca que representan, deben tener a disposicin de la persona consumidora unas tablas o tarifas de precios y gastos elaboradas por la marca.

5. Los prestadores de servicios de marca estn vinculados por la publicidad y las ofertas que haga la empresa de la marca con relacin a los bienes o servicios que comercializa, salvo que en el documento publicitario consten los establecimientos que comprende la promocin o la oferta y los prestadores no estn incluidos.


[Bloque 170: #a2527]

Artculo 252-7. Servicios de naturaleza mixta.

Si un mismo servicio tiene caractersticas de ms de uno de los tipos establecidos por la presente ley, deben aplicarse las obligaciones y los requisitos determinados para cada uno de los servicios que forman parte de l, siempre y cuando sean compatibles entre ellos.


[Bloque 171: #a2528]

Artculo 252-8. Servicios de las empresas concesionarias de autopistas de peaje.

Las empresas concesionarias de autopistas de peaje de pago directo por parte del usuario o usuaria estn obligadas a garantizar la seguridad de las instalaciones y a informar en los accesos a la concesin sobre las incidencias que afecten a la fluidez y la seguridad del trfico.

Se aade por el art. 125 de la Ley 9/2011, de 29 de diciembre.Ref. BOE-A-2012-546.

Texto aadido, publicado el 30/12/2011, en vigor a partir del 31/12/2011.


[Bloque 172: #a2529]

Artculo 252-9. Servicios financieros y de inversin de carcter minorista.

1. Se entiende por servicios de carcter minorista, los servicios financieros y los productos de inversin destinados a las personas consumidoras o que pueden ser adquiridos por las personas consumidoras. No son servicios de carcter minorista los productos o servicios destinados a profesionales de quienes se presume la experiencia, los conocimientos y las calificaciones necesarias para tomar decisiones de inversin y valorar correctamente los riesgos que asumen.

2. Las empresas, sin perjuicio de la proteccin que las normativas especficas en materia financiera y de inversin otorgan a las personas consumidoras de estos servicios, estn obligadas a:

a) Entregar la informacin y la documentacin de acuerdo con lo establecido por la presente ley.

b) Dejar constancia por escrito de la voluntad de las personas consumidoras de contratar. En ningn caso puede llevarse a cabo la contratacin si el test de idoneidad, conveniencia, solvencia o cualquier otro equivalente tienen un resultado negativo con relacin al perfil de la persona consumidora.

c) Informar a la persona consumidora de las condiciones generales y particulares que le afectan y poner a su disposicin el modelo de estas condiciones como mnimo cinco das hbiles antes de la formalizacin del contrato.

d) Entregar un documento informativo sobre los gastos, tanto fijos como variables, que pueden derivar de la relacin contractual y sobre los riesgos financieros que supone la operacin.

Se aade por el art. 19 de la Ley 20/2014, de 29 de diciembre.Ref. BOE-A-2015-471.

Texto aadido, publicado el 31/12/2014, en vigor a partir del 31/03/2015.


[Bloque 173: #a2]

Artculo 252-10. Garanta de los viajes combinados.

1. Los empresarios que organizan o comercializan viajes combinados estn obligados a mantener una garanta que, en caso de insolvencia, responda de la ejecucin correcta del viaje hasta que este finalice y que permita reembolsar todos los pagos efectuados por los viajeros.

2. La garanta puede establecerse por cualquier negocio jurdico adecuado y hay que facilitar informacin a las personas consumidoras en la documentacin precontractual, que debe ser entregada antes de la formalizacin del contrato del viaje combinado.

Asimismo, debe indicarse en el contrato la existencia de la garanta y el modo de hacerla efectiva.

3. La garanta debe cubrir el importe de los pagos efectuados por los usuarios en relacin con todos los viajes hasta que finalicen, y debe comprender asimismo los gastos del alojamiento previo y, en el caso de que el transporte est incluido en el contrato, el retorno del viajero al origen.

4. La garanta debe activarse de forma efectiva y gratuita en cuanto a los gastos del retorno del usuario o usuaria al origen y el alojamiento previo a este retorno.

5. Sin perjuicio de que la garanta debe ser siempre suficiente para cubrir el reembolso de los fondos depositados y la repatriacin de los consumidores en los riesgos mencionados respecto de todos los viajes que an no han finalizado, en cualquier caso, el empresario o empresaria debe disponer de un aval bancario o una pliza de caucin o de seguros que cubra el importe equivalente al menos a un 5% del volumen anual de negocios derivado de la comercializacin u organizacin de viajes combinados, con un importe mnimo de 100.000 euros.

El volumen de negocios debe referirse al ao anterior al que se refiere la pliza o aval, y debe adaptarse y actualizarse si aumentan los riesgos, especialmente en el caso de un incremento importante de la comercializacin de viajes combinados o de su importe.

6. En cualquier caso, el empresario o empresaria tambin puede acreditar la garanta si ha suscrito y est al corriente del pago de una pliza de seguros que cubra –de forma individual y para cada viaje combinado– los riesgos a que se refiere el apartado 1 por el importe de los pagos efectuados por los usuarios en relacin con todos los viajes que an no han finalizado y con el apartado 3.

7. La documentacin debe incluir, como mnimo, el nombre de la entidad garante, los datos de contacto, la direccin geogrfica y, en su caso, el nombre de la autoridad competente designada a tal fin y sus datos de contacto.

Se aade por el art. 220.1 de la Ley 5/2017, de 28 de marzo. Ref. BOE-A-2017-7353

Texto aadido, publicado el 30/03/2017, en vigor a partir del 31/03/2017.


[Bloque 174: #a2-2]

Artculo 252-111. Garanta de los servicios de viaje vinculados.

1. Se entiende por servicios de viaje vinculados los definidos por el artculo 3, apartado quinto, de la Directiva UE 2015/2302, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los viajes combinados y a los servicios de viaje vinculados.

2. Los empresarios que comercializan este tipo de servicios estn obligados a mantener una garanta en los trminos establecidos por el artculo 252-10, en caso de insolvencia, si el incumplimiento se deriva de su responsabilidad.

3. Esta garanta debe responder tambin por el retorno al origen y el alojamiento previo, en los casos en que la persona que ha comercializado el servicio es responsable del transporte.

Se aade por el art. 220.2 de la Ley 5/2017, de 28 de marzo. Ref. BOE-A-2017-7353

Texto aadido, publicado el 30/03/2017, en vigor a partir del 31/03/2017.


[Bloque 175: #a2-3]

Artculo 252-12. Acreditacin de disponibilidad de garanta suficiente.

Las personas, fsicas o jurdicas, establecidas en Catalua que comercializan u organizan viajes combinados o facilitan servicios de viaje vinculados deben presentar ante la ventanilla nica empresarial una declaracin responsable en la que manifiesten que disponen de la garanta que establecen los artculos anteriores.

Se aade por el art. 220.3 de la Ley 5/2017, de 28 de marzo. Ref. BOE-A-2017-7353

Texto aadido, publicado el 30/03/2017, en vigor a partir del 31/03/2017.


[Bloque 176: #tvi]

TTULO VI

Relaciones de consumo en materia de crditos o prstamos hipotecarios sobre viviendas

Se aade por el art. 20 de la Ley 20/2014, de 29 de diciembre.Ref. BOE-A-2015-471.

Texto aadido, publicado el 31/12/2014, en vigor a partir del 31/03/2015.


[Bloque 177: #ci-13]

CAPTULO I

Disposiciones generales

Se aade por el art. 20 de la Ley 20/2014, de 29 de diciembre.Ref. BOE-A-2015-471.

Texto aadido, publicado el 31/12/2014, en vigor a partir del 31/03/2015.


[Bloque 178: #a2611]

Artculo 261-1. Definiciones.

A los efectos del presente ttulo, se entiende por:

a) Rehabilitacin:conjunto de obras de carcter general que mejora la calidad en cuanto a las condiciones de seguridad, funcionalidad, accesibilidad y eficiencia energtica.

b) Prestamista: cualquier persona fsica o jurdica que, de modo profesional, concede o se compromete a conceder crditos o prstamos hipotecarios, incluidas las entidades financieras y de crdito.

c) Intermediario de crdito: persona fsica o jurdica que no acta como prestamista ni como fedatario pblico, ni tampoco se limita a poner en contacto, directa o indirectamente, una persona consumidora con un prestamista o intermediario de crdito y que, en el decurso del ejercicio de su actividad comercial o profesional y a cambio de una remuneracin, que puede ser de carcter econmico o en forma de cualquier otra ventaja econmica convenida, lleva a cabo alguna de las siguientes actividades:

1. Presenta u ofrece contratos de crdito a las personas consumidoras.

2. Asiste a las personas consumidoras en los trmites previos o en cualquier otra gestin precontractual de contratos de crdito diferentes a los mencionados en la actividad 1.

3. Suscribe contratos de crdito con personas consumidoras en nombre del prestamista.

d) Servicio accesorio: servicio ofrecido a la persona consumidora por el prestamista o por el intermediario de crdito junto al contrato de crdito o prstamo.

e) Evaluacin de la solvencia: evaluacin de la capacidad de la persona consumidora para hacer frente a sus obligaciones de deuda.

f) Servicio de asesoramiento: prestacin de asesoramiento personalizado a una persona consumidora con relacin a una o ms operaciones de contratos de crdito, si se trata de una actividad diferente de la concesin del crdito y de las actividades de intermediacin a que se refiere la letra c.

g) Prcticas de venta vinculada: oferta o venta de un paquete constituido por un contrato de crdito y otros productos o servicios financieros diferenciados si el contrato de crdito no se ofrece a la persona consumidora por separado.

h) Prcticas de venta combinada: oferta o venta de un paquete constituido por un contrato de crdito y otros productos o servicios financieros diferenciados si el contrato de crdito se ofrece tambin a la persona consumidora por separado, pese a que no se haga necesariamente en los mismos trminos y condiciones que combinado con otros servicios auxiliares.

i) Intermediario de crdito vinculado: intermediario de crdito que acta en nombre y bajo la responsabilidad plena e incondicional de un solo prestamista, de un solo grupo o de un nmero de prestamistas o grupos que no representa la mayora del mercado.

Se aade por el art. 20 de la Ley 20/2014, de 29 de diciembre.Ref. BOE-A-2015-471.

Texto aadido, publicado el 31/12/2014, en vigor a partir del 31/03/2015.


[Bloque 179: #a2612]

Artculo 261-2. mbito de aplicacin.

1. Los preceptos del presente ttulo se aplican a las relaciones de consumo en materia de crditos y prstamos garantizados con una hipoteca sobre la vivienda, tanto si son destinados a su adquisicin como a su rehabilitacin o a la rehabilitacin del inmueble del que forma parte.

2. Los preceptos del presente ttulo relativos a las personas consumidoras en contratos de crdito o prstamo hipotecario se aplican tambin a los avalistas de la operacin de crdito o prstamo y, si procede, a los propietarios hipotecantes.

3. Los preceptos del presente ttulo se entienden sin perjuicio de las obligaciones establecidas por las dems normas que regulan esta materia, siempre y cuando sean ms beneficiosas para las personas consumidoras, y por la legislacinbsica del Estado.

Se aade por el art. 20 de la Ley 20/2014, de 29 de diciembre.Ref. BOE-A-2015-471.

Texto aadido, publicado el 31/12/2014, en vigor a partir del 31/03/2015.


[Bloque 180: #cii-12]

CAPTULO II

Obligaciones de informacin previa

Se aade por el art. 20 de la Ley 20/2014, de 29 de diciembre.Ref. BOE-A-2015-471.

Texto aadido, publicado el 31/12/2014, en vigor a partir del 31/03/2015.


[Bloque 181: #a2621]

Artculo 262-1. Transparencia con relacin a los contratos.

1. Los prestamistas y los intermediarios de crdito deben actuar honestamente, profesionalmente y en el mejor inters de las personas consumidoras cuando les conceden crditos o prstamos hipotecarios o cuando les prestan servicios de intermediacin o asesoramiento y, si procede, servicios accesorios.

2. Los prestamistas que formalizan crditos o prstamos hipotecarios deben entregar a las personas consumidoras las condiciones generales de la contratacin en un formato que pueda ser consultado en ausencia del prestamista, en soporte papel o en cualquier otro soporte duradero que permita su almacenaje y reproduccin posteriores. Las personas consumidoras no deben afrontar ningn gasto ni asumir ningn compromiso para recibirlas. Esta informacin debe ser accesible desde la web de los prestamistas, si tienen, y en los establecimientos abiertos al pblico o las oficinas donde prestan sus servicios, y debe adaptarse a los requerimientos de los contenidos de la ficha europea de informacin normalizada (FEIN).

3. La Agencia Catalana del Consumo debe velar por que en la documentacin contractual no se incluyan clusulas declaradas abusivas judicialmente, por lo que debe realizar controles peridicos de la documentacin contractual. Si detecta clusulas o prcticas abusivas o desleales, la Agencia Catalana del Consumo, de oficio, puede iniciar un expediente sancionador a la entidad financiera.

4. La Agencia Catalana del Consumo debe proporcionar informacin a las personas consumidoras y proteccin durante la vigencia del contrato.

Se aade por el art. 20 de la Ley 20/2014, de 29 de diciembre.Ref. BOE-A-2015-471.

Texto aadido, publicado el 31/12/2014, en vigor a partir del 31/03/2015.


[Bloque 182: #a2622]

Artculo 262-2. Transparencia con relacin a los precios.

1. Los prestamistas y los intermediarios de crdito deben informar de las tarifas de comisiones o compensaciones y de los gastos repercutibles y, si procede, de la periodicidad con la que son aplicables. Esta informacin debe recogerse en un documento, que debe entregarse antes de formalizar el contrato y que debe redactarse de forma clara, concreta y fcilmente comprensible para las personas consumidoras. Los prestamistas y los intermediarios de crdito vinculado no pueden incluir en ningn caso el concepto de asesoramiento.

2. La informacin a que se refiere el apartado 1 debe estar disponible de forma gratuita para la persona consumidora en los tablones de anuncios de los establecimientos de los prestamistas y los intermediarios de crdito, en sus webs y en un documento que ha de ser entregado a la persona consumidora en cualquier caso y siempre con cinco das hbiles de antelacin a la formalizacin de cualquier contrato, documento de compromiso, de opcin o similar que suponga el establecimiento de relaciones obligacionales o reales de cualquier tipo que afecten a la persona consumidora.

3. Las comisiones o compensaciones y los gastos repercutidos deben responder a servicios efectivamente prestados o a gastos que se hayan soportado. En ningn caso pueden cargarse comisiones o gastos por servicios no aceptados o solicitados en firme y de forma expresa por la persona consumidora.

Se aade por el art. 20 de la Ley 20/2014, de 29 de diciembre.Ref. BOE-A-2015-471.

Texto aadido, publicado el 31/12/2014, en vigor a partir del 31/03/2015.


[Bloque 183: #a2623]

Artculo 262-3. Comunicaciones comerciales y publicidad.

1. Las comunicaciones comerciales y publicitarias de los crditos y prstamos hipotecarios deben ser claras, no engaosas, legibles y, si procede, audibles. En ningn caso pueden generar en la persona consumidora falsas expectativas sobre la disponibilidad o el coste de un crdito o prstamo, y deben serle suministradas de una forma comprensible y transparente, de modo que pueda conocer los elementos esenciales para poder comparar las diferentes ofertas.

2. En la publicidad y las comunicaciones comerciales de las empresas y en los anuncios y ofertas exhibidos en sus establecimientos abiertos al pblico en que se ofrezcan crditos o prstamos hipotecarios, debe informarse al menos, de forma clara, concisa y destacada, de los siguientes aspectos:

a) La identidad del prestamista o el intermediario de crdito.

b) El hecho de que el producto publicitado es un crdito o prstamo garantizado por una hipoteca sobre una vivienda.

c) El tipo de inters, el carcter fijo, variable o referenciado de este, la existencia de clusulas suelo o techo, cualquier cifra relacionada con el coste del crdito o prstamo, y la tasa anual equivalente, mediante un ejemplo representativo que contenga el importe total del crdito, la duracin del contrato, el importe de las cuotas y el importe total que deber pagar la persona consumidora.

d) El hecho de que la perfeccin de un contrato relativo a servicios accesorios sea obligatoria para obtener el crdito o prstamo o para obtenerlo en las condiciones ofrecidas, si el coste de este servicio no puede determinarse antes. Esta obligacin debe mencionarse clara y destacadamente, junto a la tasa anual equivalente.En todo caso, debe informarse claramente de cules de estos productos son voluntarios y cules obligatorios para la persona consumidora, del coste total y de la tasa anual equivalente del crdito o prstamo sin ningn producto accesorio o voluntario.

e) El riesgo de perder la vivienda y, si procede, otros bienes del patrimonio en caso de incumplimiento de los compromisos derivados del contrato de crdito. Debe informarse de ello con advertencias claras, que deben referirse a los riesgos para las personas consumidoras y, si procede, para los avalistas o los terceros hipotecantes.

Se aade por el art. 20 de la Ley 20/2014, de 29 de diciembre.Ref. BOE-A-2015-471.

Texto aadido, publicado el 31/12/2014, en vigor a partir del 31/03/2015.


[Bloque 184: #a2624]

Artculo 262-4. Informacin previa al contrato de crdito o prstamo hipotecario.

1. El prestamista o el intermediario de crdito, con una antelacin mnima de catorce das naturales a la formalizacin del contrato y antes de que la persona consumidora asuma cualquiera obligacin derivada de la oferta o del contrato de crdito o prstamo hipotecario, debe suministrarle, de forma gratuita, clara, completa y comprensible, como mnimo la siguiente informacin:

a) La identidad y el domicilio del prestamista y la identificacin de la persona responsable del prstamo.

b) La finalidad para la que podr utilizarse el crdito o prstamo.

c) El derecho de la persona consumidora a escoger notario, que solo puede ser escogido por el prestamista si la persona consumidora no lo hace.

d) El derecho de la persona consumidora a aportar una tasacin del bien inmueble, que debe ser aceptada e incluida en el registro de la entidad de crdito, de acuerdo con la legislacin vigente.

e) Una descripcin de las principales caractersticas del contrato de crdito o prstamo, que debe incluir la duracin; la descripcin comparativa de los tipos de crdito disponibles con una breve exposicin de las caractersticas de los productos a tipo fijo, referenciado y variable; las implicaciones para la persona consumidora; las opciones para reembolsar el crdito al prestamista, con la indicacin del nmero, la periodicidad y el importe de las cuotas; la posibilidad, si procede, de reembolso anticipado, su repercusin en el precio del crdito o prstamo hipotecario y, si procede, las condiciones a que est sujeto dicho reembolso.En todo caso, debe entregarse a la persona consumidora un cuadro que refleje la evolucin, durante los doce meses anteriores, de los diversos tipos de referencia oficiales.

f) El precio total que debe pagar la persona consumidora, incluido el desglose de todas las comisiones, cargas y gastos que sean precisas para la formalizacin del prstamo, as como todos los impuestos y la tasa anual equivalente, expresada con un ejemplo representativo, que debe incluir, al menos, los gastos desglosados de impuestos y tasas, los gastos de tramitacin, tasacin de la finca, comisin por cancelacin de hipotecas por amortizaciones anticipadas parciales o totales y los dems que puedan presentarse por la contratacin del prstamo hipotecario. Tambin deben hacerse constar, si existen, los gastos en caso de impago. Los prestamistas y los intermediarios de crdito vinculado no pueden incluir en ningn caso el concepto de asesoramiento.

g) Las siguientes advertencias:

1. Una advertencia que indique que el crdito o prstamo ofrecido est relacionado con incrementos del tipo de inters o del precio del crdito o prstamo hipotecario o con otros instrumentos u operaciones que implican riesgos especiales para la persona consumidora.

2. Una advertencia sobre el riesgo que asume la persona consumidora de perder la vivienda en caso de incumplimiento de los compromisos derivados del contrato de crdito y del hecho de que la responsabilidad no est limitada a la finca, y la advertencia de que tambin podra perder otros bienes de su patrimonio hasta el importe debido. En todo caso, la persona consumidora, con esta advertencia, debe obtener un conocimiento adecuado de los riesgos asociados a la financiacin de estas operaciones, con una referencia especial al riesgo de tipo de inters asumido.

3. Una advertencia sobre los contratos de seguros o de apertura de cuentas corrientes y los dems servicios accesorios,con la indicacin de si son obligatorios u opcionales para la persona consumidora, del coste real para esta y de las implicaciones que para ella puedan tener, incluidas las derivadas de no cumplir los compromisos. Tambin debe aadirse la informacin sobre la posibilidad que tiene el consumidor de contratarlos a un proveedor acreditado distinto al prestamista.

4. Una advertencia sobre las clusulas contractuales que generen ms riesgo para la persona consumidora.

5. Una advertencia sobre el derecho de la empresa prestamista a declarar vencida toda la deuda por impago de tres cuotas mensuales o un nmero de estas equivalente a tres meses.

h) Las modalidades de pago y de ejecucin.

i) La divisa en la que pueden contratarse los crditos o prstamos, con la explicacin de las implicaciones para la persona consumidora de hacerlo en una moneda que no es de curso legal en Catalua.

j) La naturaleza y el alcance de la garanta o garantas del crdito o prstamo.

k) El derecho a obtener una oferta vinculante, la duracin y las condiciones.

l) La informacin relativa a cualquier derecho que tengan las partes para resolver el contrato anticipadamente, de acuerdo con la legislacin aplicable y las condiciones del contrato, incluidas las compensaciones que incluya el contrato.

m) El tipo deudor y las condiciones de aplicacin de dicho tipo, los ndices de referencia aplicables al tipo deudor inicial, los recargos aplicables y las condiciones en que pueden modificarse. Tambin debe especificarse el tipo de inters de demora.

n) Un estudio de sensibilidad de las oscilaciones en el importe total del prstamo para la persona consumidora en los crditos o prstamos hipotecarios a tipos de referencia, con la comunicacin del importe ms alto y ms bajo que puede tener la cuota mensual a lo largo del perodo de amortizacin previsto, en base a la fluctuacin que ha sufrido el ndice de referencia, al menos, en los ltimos veinte aos.

o) Las clusulas suelo y techo y dems clusulas o contratos accesorios que pueden alterar el tipo de inters o el precio del crdito o prstamo hipotecario, las implicaciones de estas clusulas o estos contratos accesorios para la persona consumidora, y la comparativa de la onerosidad del crdito o prstamo con estas clusulas o estos contratos y sin ellos.

p) Indicaciones sobre como puede afectar el prstamo hipotecario a las obligaciones fiscales ysobre las ayudas pblicas, teniendo en cuenta las cualidades del prestatario consumidor.

q) Los medios de reclamacin y los sistemas de resolucin extrajudicial de conflictos a los que tiene derecho a acceder la persona consumidora.

r) El sistema de fijacin de la deuda o de la determinacin de las cantidades debidas.

s) El derecho de la persona consumidora a negociar individualmente las clusulas del contrato.

t) La obligacin que, en los supuestos establecidos legalmente por la escritura de los prstamos hipotecarios, debe aadirse, adems de la firma del cliente, una expresin manuscrita en que el prestatario manifieste que ha sido adecuadamente advertido de los posibles riesgos derivados del contrato.

u) La posibilidad de consultar la Gua de acceso al prstamo hipotecario, del Banco de Espaa, y la indicacin de dnde puede consultarse.

2. La informacin a que se refiere el presente artculo debe entregarse por escrito o en cualquier soporte de naturaleza duradera que permita a la persona consumidora comparar fcilmente el producto ofrecido con otros y que recoja la constancia de la fecha de la recepcin por el destinatario, a la vez que haga posibles una conservacin, una reproduccin y un acceso a la informacin adecuados.

3. Se entiende que el prestamista o el intermediario de crdito cumple las obligaciones de informacin a que se refiere el apartado 1 si entrega a la persona consumidora debidamente rellenado un modelo de informacin que se haya establecido legal o reglamentariamente a tal efecto.

Se aade por el art. 20 de la Ley 20/2014, de 29 de diciembre.Ref. BOE-A-2015-471.

Texto aadido, publicado el 31/12/2014, en vigor a partir del 31/03/2015.


[Bloque 185: #a2625]

Artculo 262-5. Tasacin del bien y otros servicios accesorios.

1. El prestamista, si concierta o efecta directamente la prestacin de los servicios preparatorios de la operacin y el gasto corre a cargo de la persona consumidora, debe indicarle la identidad de los profesionales o entidades seleccionados a tal efecto y las tarifas de los honorarios aplicables, y debe entregarle el servicio contratado por la empresa o prestado por esta, si el crdito o prstamo hipotecario no llega a formalizarse, o una copia en caso contrario.

2. El prestamista debe entregar a la persona consumidora una copia del informe de tasacin si la operacin llega a formalizarse, o el original del informe en caso contrario.

Se aade por el art. 20 de la Ley 20/2014, de 29 de diciembre.Ref. BOE-A-2015-471.

Texto aadido, publicado el 31/12/2014, en vigor a partir del 31/03/2015.


[Bloque 186: #a2626]

Artculo 262-6. Oferta vinculante.

1. Una vez obtenida la tasacin del inmueble, efectuadas, si procede, las comprobaciones pertinentes sobre la situacin registral de la finca y evaluada la solvencia del prestatario, los prestamistas deben entregar por escrito una oferta vinculante de crdito o prstamo a la persona consumidora con la informacin a que se refiere el artculo 262-4 y cualquier otra informacin que consideren relevante, o bien deben notificarle la denegacin del crdito o prstamo. Se entiende cumplida la obligacin establecida por el presente apartado si el prestamista entrega a la persona consumidora, debidamente rellenado, un formulario normalizado aprobado mediante una disposicin legal o reglamentaria.

2. (Anulado).

3. El documento que contiene la oferta vinculante debe ir acompaado del proyecto de documento contractual. En este documento debe constar el derecho de la persona consumidora a examinar la escritura pblica en el despacho del notario autorizante con una antelacin mnima a la fecha de la firma de cinco das hbiles.

Se declara inconstitucional y nulo el apartado 2, por Sentencia 54/2018, de 24 de mayo. Ref. BOE-A-2018-8573

Se levanta la suspensin de la vigencia y aplicacin del apartado 2, por auto del TC de 12 de abril de 2016. Ref. BOE-A-2016-3826.

Se suspende la vigencia y aplicacin del apartado 2, en la redaccin dada por la Ley 20/2014, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2015-471., desde el 30 de septiembre de 2015 para las partes en el proceso y desde el 9 de octubre de 2015 para los terceros por Providencia del TC, de 6 de octubre de 2015, que admite a trmite el recurso de inconstitucionalidad nmero 5459-2015.Ref. BOE-A-2015-10865.

Redactado conforme a la correccin de errores publicada en BOE nm. 243, de 10 de octubre de 2015. Ref. BOE-A-2015-10923.

Se aade por el art. 20 de la Ley 20/2014, de 29 de diciembre.Ref. BOE-A-2015-471.





Texto aadido, publicado el 31/12/2014, en vigor a partir del 31/03/2015.


[Bloque 187: #a2627]

Artculo 262-7. Accesibilidad a la informacin y a los documentos preceptivos.

La informacin y los documentos que el prestamista debe dar a la persona consumidora para llevar a cabo el proceso de contratacin deben ser accesibles para las personas con discapacidad mediante el sistema o medio de soporte ms adecuado a tal efecto.

Se aade por el art. 20 de la Ley 20/2014, de 29 de diciembre.Ref. BOE-A-2015-471.

Texto aadido, publicado el 31/12/2014, en vigor a partir del 31/03/2015.


[Bloque 188: #a2628]

Artculo 262-8. Servicios de asesoramiento.

1. Los prestamistas, los intermediarios de crdito o sus representantes deben informar, de forma expresa, a las personas consumidoras de si estn prestndose o pueden prestarse servicios de asesoramiento con relacin a una determinada operacin.

2. Si se prestan servicios de asesoramiento, antes de que sean contratados debe entregarse a la persona consumidora, en papel o en otro soporte duradero, la siguiente informacin:

a) El conjunto de productos que se tomarn en consideracin, de modo que la persona consumidora pueda entender si las recomendaciones que se le hacen se fundamentan solo en los productos propios del prestamista o el intermediario o bien en un conjunto ms amplio.

b) Los gastos que se cobran a la persona consumidora por este servicio de asesoramiento o el mtodo que se utiliza para su clculo.

3. Los prestamistas, los intermediarios de crdito vinculados o sus representantes no pueden usar en ningn caso los trminos asesoramiento, asesor u otros parecidos en sus comunicaciones comerciales y en la publicidad.

4. Los empresarios que acten como asesores deben cumplir los siguientes requisitos:

a) Solicitar la informacin necesaria sobre la situacin personal y financiera de la persona consumidora, sus preferencias y sus objetivos, de modo que el asesor pueda recomendar a la persona consumidora contratos de crdito adecuados.

b) Tener en cuenta las hiptesis razonables sobre los riesgos existentes durante la vigencia del contrato de crdito propuesto.

c) Tomar en consideracin un nmero suficientemente grande de contratos disponibles en el mercado y recomendar a la persona consumidora aquellos que se adecuen a sus necesidades, situacin financiera y circunstancias personales.

d) Actuar en el mejor inters de la persona consumidora y recomendarle el contrato que ms se adecue a sus caractersticas.

e) Facilitar a la persona consumidora una copia de las recomendaciones en papel o en otro soporte duradero.

Se levanta la suspensin de la vigencia y aplicacin del apartado 3, por auto del TC de 12 de abril de 2016. Ref. BOE-A-2016-3826.

Tngase en cuenta que se declara la desestimacin del recurso de inconstitucionalidad nmero 5459-2015, Ref. BOE-A-2015-10865, por Sentencia 54/2018, de 24 de mayo Ref. BOE-A-2018-8573.

Se suspende la vigencia y aplicacin del apartado 3, en la redaccin dada por la Ley 20/2014, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2015-471., desde el 30 de septiembre de 2015 para las partes en el proceso y desde el 9 de octubre de 2015 para los terceros por Providencia del TC, de 6 de octubre de 2015, que admite a trmite el recurso de inconstitucionalidad nmero 5459-2015.Ref. BOE-A-2015-10865.

Redactado conforme a la correccin de errores publicada en BOE nm. 243, de 10 de octubre de 2015. Ref. BOE-A-2015-10923.

Se aade por el art. 20 de la Ley 20/2014, de 29 de diciembre.Ref. BOE-A-2015-471.




Texto aadido, publicado el 31/12/2014, en vigor a partir del 31/03/2015.


[Bloque 189: #a2629]

Artculo 262-9. Prcticas vinculadas y combinadas.

1. Se autorizan las prcticas combinadas, pero no las prcticas vinculadas, excepto en los siguientes supuestos:

a) Que se abra o se mantenga una cuenta de pago o de ahorro, siempre y cuando esta cuenta tenga como nica finalidad acumular capital para efectuar reembolsos de crdito, pagar sus intereses o agrupar recursos para obtener el crdito, o bien ofrecer una seguridad adicional para el prestamista en caso de impago.

b) Que se abra o se mantenga un producto de inversin o un producto de pensin privada, si estos productos, que ofrecen fundamentalmente al inversor unos ingresos despus de jubilarse, sirven tambin para ofrecer una seguridad adicional al prestamista en caso de impago o para acumular capital para efectuar reembolsos de crdito, pagar sus intereses o agrupar recursos para obtener el crdito.

c) Que los prestamistas puedan demostrar que las prcticas vinculadas presentan beneficios claros a las personas consumidoras, teniendo en cuenta la disponibilidad y los precios de los productos similares ofrecidos en el mercado.

2. Puede exigirse a la persona consumidora la suscripcin de una pliza de seguros con relacin al contrato de crdito. Sin embargo, deben aceptarse las plizas de seguros con garantas equivalentes suscritas directamente por la persona consumidora con proveedores distintos al prestamista.

Se levanta la suspensin de la vigencia y aplicacin de este artculo, por auto del TC de 12 de abril de 2016. Ref. BOE-A-2016-3826.

Tngase en cuenta que se declara la desestimacin del recurso de inconstitucionalidad nmero 5459-2015, Ref. BOE-A-2015-10865, por Sentencia 54/2018, de 24 de mayo Ref. BOE-A-2018-8573.

Se suspende la vigencia y aplicacin este artculo, en la redaccin dada por la Ley 20/2014, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2015-471., desde el 30 de septiembre de 2015 para las partes en el proceso y desde el 9 de octubre de 2015 para los terceros por Providencia del TC, de 6 de octubre de 2015, que admite a trmite el recurso de inconstitucionalidad nmero 5459-2015.Ref. BOE-A-2015-10865.

Redactado conforme a la correccin de errores publicada en BOE nm. 243, de 10 de octubre de 2015. Ref. BOE-A-2015-10923.

Se aade por el art. 20 de la Ley 20/2014, de 29 de diciembre.Ref. BOE-A-2015-471.




Texto aadido, publicado el 31/12/2014, en vigor a partir del 31/03/2015.


[Bloque 190: #a26210]

Artculo 262-10. Proteccin adicional de determinados colectivos.

1. Los colectivos especialmente protegidos definidos por la letra c del artculo 111-2 gozan de una mayor proteccin, con las caractersticas y los requisitos que se determinen por reglamento.

2. Los servicios de atencin deben ser diseados utilizando medios y soportes que sigan los principios de accesibilidad universal.

Se aade por el art. 20 de la Ley 20/2014, de 29 de diciembre.Ref. BOE-A-2015-471.

Texto aadido, publicado el 31/12/2014, en vigor a partir del 31/03/2015.


[Bloque 191: #ciii-6]

CAPTULO III

Otras obligaciones

Se aade por el art. 20 de la Ley 20/2014, de 29 de diciembre.Ref. BOE-A-2015-471.

Texto aadido, publicado el 31/12/2014, en vigor a partir del 31/03/2015.


[Bloque 192: #a2631]

Artculo 263-1. Explicaciones adecuadas.

1. Los prestamistas y, si procede, los intermediarios de crdito deben facilitar a la persona consumidora, antes de formular la oferta vinculante, explicaciones adecuadas y comprensibles sobre los crditos o prstamos, los posibles servicios accesorios que se ofrezcan, los importes desglosados de los servicios y sus condicionantes al efecto del otorgamiento de la operacin de crdito, as como sobre si son obligatorios, opcionales o complementarios, con la finalidad de que la persona consumidora pueda valorar si dichos crditos o prstamos se adaptan a sus necesidades y a su situacin financiera, comparar los crditos disponibles en el mercado, tomar una decisin fundamentada sobre la conveniencia o no de suscribir el contrato de crdito, y decidir de forma suficientemente informada si acepta o no la prestacin de los servicios complementarios y sobre el importe que debe pagar. La aceptacin expresa de los servicios complementarios por parte de la persona consumidora debe constar en un escrito en que deben desglosarse los conceptos, los importes, los plazos y las condiciones de pago.

2. Las explicaciones deben incluir informacin personalizada sobre las caractersticas de los crditos ofrecidos y los trminos de la informacin precontractual que deben facilitarse de acuerdo con lo establecido por el presente ttulo, as como de las consecuencias que la suscripcin del contrato puede tener para la persona consumidora, sin formular recomendacin alguna. Esta informacin debe entregarse sin retrasos injustificados desde el momento en que el consumidor ha entregado la informacin necesaria y con suficiente antelacin respecto a la entrega de la oferta vinculante.

Se aade por el art. 20 de la Ley 20/2014, de 29 de diciembre.Ref. BOE-A-2015-471.

Texto aadido, publicado el 31/12/2014, en vigor a partir del 31/03/2015.


[Bloque 193: #a2632]

Artculo 263-2. Evaluacin de la solvencia de la persona consumidora.

1. El prestamista o el intermediario de crdito, antes de conceder el crdito o prstamo hipotecario, debe evaluar la solvencia de la persona consumidora teniendo en cuenta, entre otros criterios, los ingresos presentes y futuros, los ahorros, las deudas y los compromisos financieros de la persona consumidora, de acuerdo con la informacin suministrada por esta. Esta evaluacin no puede fundamentarse, de forma exclusiva, en el valor del bien inmueble sujeto a la hipoteca.

2. Si, despus de la celebracin del contrato de crdito o prstamo hipotecario, se prev un aumento significativo del importe total del crdito otorgado, debe actualizarse la informacin financiera sobre la persona consumidora y debe volverse a realizar la evaluacin de su solvencia, de la forma establecida por el apartado 1.

3. El prestamista debe comunicar a la persona consumidora el resultado de la evaluacin de forma inmediata y sin coste para esta.

4. (Anulado).

Se declara inconstitucional y nulo el apartado 4, por Sentencia 54/2018, de 24 de mayo. Ref. BOE-A-2018-8573

Se mantiene la suspensin de la vigencia y aplicacin del apartado 4, por auto del TC de 12 de abril de 2016. Ref. BOE-A-2016-3826.

Se suspende la vigencia y aplicacin del apartado 4, en la redaccin dada por la Ley 20/2014, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2015-471., desde el 30 de septiembre de 2015 para las partes en el proceso y desde el 9 de octubre de 2015 para los terceros por Providencia del TC, de 6 de octubre de 2015, que admite a trmite el recurso de inconstitucionalidad nmero 5459-2015.Ref. BOE-A-2015-10865.

Redactado conforme a la correccin de errores publicada en BOE nm. 243, de 10 de octubre de 2015. Ref. BOE-A-2015-10923.

Se aade por el art. 20 de la Ley 20/2014, de 29 de diciembre.Ref. BOE-A-2015-471.





Texto aadido, publicado el 31/12/2014, en vigor a partir del 31/03/2015.


[Bloque 194: #liii]

LIBRO III

La disciplina del mercado y los derechos de las personas consumidoras


[Bloque 195: #ti-3]

TTULO I

Disposiciones generales


[Bloque 196: #ci-9]

CAPTULO I

Disposiciones generales


[Bloque 197: #a3111]

Artculo 311-1. Tutela de los derechos de las personas consumidoras.

1. Los poderes pblicos de Catalua, especialmente los que tienen especficamente encargada la tutela y defensa de los derechos de las personas consumidoras, deben velar, por medio de procedimientos eficaces y efectivos, por el cumplimiento de los derechos reconocidos por la presente ley y las normativas especficas y sectoriales de defensa y proteccin de las personas consumidoras.

2. Los poderes pblicos a que se refiere el apartado 1, en caso de un incumplimiento de la legislacin que ponga en peligro de cualquier forma los derechos o intereses de las personas consumidoras, deben adoptar las medidas establecidas por la presente ley y el resto del ordenamiento jurdico.

3. Si se vulneran los derechos de las personas consumidoras, la Administracin debe ejercer las acciones judiciales adecuadas para poner fin a esta vulneracin.


[Bloque 198: #a3112]

Artculo 311-2. Cdigo de conducta.

1. La Administracin de consumo debe fomentar la adopcin de cdigos de conducta como instrumento de autorregulacin y corregulacin para mejorar la defensa de las personas consumidoras y la disciplina del mercado y debe promover que estos cdigos se adecuen a los principios del consumo responsable.

2. Los cdigos pueden ser elaborados por representantes de las organizaciones de personas consumidoras, empresariales y profesionales ms representativas de los sectores afectados y la Administracin de consumo.

3. La Administracin de consumo puede crear y otorgar, si procede, distintivos de calidad y determinar por reglamento los compromisos y obligaciones que deben asumir las entidades que se adhieran a ellos y su rgimen de otorgamiento, retirada y publicidad. Estos distintivos de calidad pueden vincularse, si procede, con la adopcin de un cdigo de conducta.


[Bloque 199: #a3113]

Artculo 311-3. Colaboracin de otros organismos o entes pblicos o privados con potestades pblicas.

1. Los rganos administrativos encargados de velar por la defensa de las personas consumidoras pueden solicitar, si procede, la colaboracin de otros rganos administrativos para que ejerzan las potestades que les atribuyen las legislaciones sectoriales especficas, cuando se estime necesario, a fin de proteger los derechos o intereses de las personas consumidoras. Si el rgano al que se ha pedido la colaboracin considera que no es preciso actuar o que no le corresponde hacerlo, debe responder al rgano que ha hecho la solicitud y motivar su decisin.

2. Las solicitudes de colaboracin de la Administracin de consumo de la Generalidad deben hacerse de forma motivada. El rgano o ente al que se ha solicitado la colaboracin debe contestar en el plazo de un mes, salvo que por razones de urgencia se indique en la solicitud un plazo ms corto, y debe indicar las medidas, las decisiones o los acuerdos adoptados, as como las actuaciones realizadas.


[Bloque 200: #a3114]

Artculo 311-4. Coordinacin entre rganos administrativos de defensa de las personas consumidoras.

1. Todos los organismos de la Administracin pblica de Catalua deben actuar coordinadamente en la defensa de los derechos e intereses de las personas consumidoras.

2. Los organismos de la Administracin pblica de Catalua deben actuar conjuntamente con la Agencia Catalana del Consumo y establecer los criterios y las pautas de actuacin en materia de medidas disciplinarias para garantizar la proteccin de los derechos de las personas consumidoras.

3. Si los organismos de mbito territorial tienen la competencia delegada por otra administracin pblica, esta debe tutelar la actuacin de estos rganos, debe darles instrucciones, pautas y criterios y debe velar por que se cumplan.

4. La Agencia Catalana del Consumo debe entregar la informacin necesaria a los organismos de mbito territorial y debe facilitarles, en la medida de sus posibilidades, los medios adecuados para que puedan realizar su tarea eficazmente.


[Bloque 201: #a3115]

Artculo 311-5. Cooperacin de las personas consumidoras.

1. Las personas consumidoras tienen el derecho y el deber de cooperar, de forma individual o por medio de las organizaciones que las representan, con las administraciones pblicas encargadas de velar por el cumplimiento de la legislacin en materia de proteccin de las personas consumidoras.

2. El medio de cooperacin es la denuncia o cualquier otro admitido en derecho para la proteccin de las personas consumidoras.


[Bloque 202: #a3116]

Artculo 311-6. La denuncia en materia de consumo.

1. Las personas consumidoras, de forma individual o por medio de las organizaciones que las representan, tienen el derecho de formular y presentar denuncias a los organismos administrativos competentes en materia de consumo.

2. Por medio de la denuncia se comunican a la administracin competente en materia de proteccin de las personas consumidoras unos hechos, circunstancias o acontecimientos que pueden vulnerar la normativa de consumo.


[Bloque 203: #a3117]

Artculo 311-7. Tramitacin de la denuncia.

1. Si de la denuncia se derivan indicios de infraccin, de acuerdo con lo establecido por la presente ley y las normativas sectoriales de consumo, las administraciones pblicas competentes deben iniciar de oficio los procedimientos administrativos adecuados para evitar la vulneracin de la normativa.

2. La administracin pblica competente debe comunicar a la persona denunciante el inicio de oficio de las actuaciones pertinentes y debe indicarle los posibles efectos de la denuncia y su posicin jurdica respecto a las presuntas infracciones.

3. Si en la denuncia faltan requisitos formales y la persona denunciante puede enmendar esta carencia, la administracin competente que la recibe debe darle un plazo no inferior a diez das para que lo haga.

4. Si el rgano al que se ha dirigido la denuncia no es el competente por razn de la materia o del territorio, este rgano debe enviarla al rgano que tiene atribuida la competencia material o territorial y debe comunicarlo a la persona denunciante.

5. La administracin competente, si no aprecia infracciones con relacin a la denuncia presentada, debe adoptar un acuerdo motivado de archivo y comunicarlo a la persona denunciante.


[Bloque 204: #cii-8]

CAPTULO II

Los principios de la disciplina del mercado


[Bloque 205: #a3121]

Artculo 312-1. Cuestiones generales.

1. La actividad de las administraciones pblicas en materia de disciplina del mercado y defensa de las personas consumidoras debe ajustarse a los principios generales del derecho, a lo establecido por la presente ley y especialmente a la normativa en materia de rgimen jurdico de las administraciones pblicas y del procedimiento administrativo comn.

2. Los rganos administrativos encargados de ejercer las funciones de disciplina del mercado y de defensa de las personas consumidoras deben garantizar el cumplimiento de los principios generales del derecho y de las leyes y deben buscar el mximo equilibrio con el objetivo de proteger los derechos e intereses de las personas consumidoras.


[Bloque 206: #a3122]

Artculo 312-2. Principio de legalidad.

1. El ejercicio de las potestades administrativas en materia de disciplina del mercado y de defensa de las personas consumidoras debe estar regulado por una norma con rango de ley.

2. Las medidas cautelares que afecten a los derechos e intereses legtimos de los administrados deben estar reguladas por una ley.


[Bloque 207: #a3123]

Artculo 312-3. Principio de irretroactividad.

Son de aplicacin a los hechos constitutivos de una infraccin administrativa las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento en que se producen. Sin embargo, deben aplicarse retroactivamente las disposiciones que sean ms favorables para la persona presuntamente infractora.


[Bloque 208: #a3124]

Artculo 312-4. Principio de tipicidad.

1. Slo son infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurdico establecidas por la ley.

2. Nadie puede ser sancionado si su conducta no constituye una infraccin administrativa.

3. Las disposiciones reglamentarias en materia de disciplina del mercado y de defensa de las personas consumidoras no pueden establecer sanciones o graduaciones de las sanciones, pero pueden remitir a una ley para que su incumplimiento pueda ser sancionado.


[Bloque 209: #a3125]

Artculo 312-5. Principio de responsabilidad.

1. Slo pueden ser sancionadas las personas fsicas o jurdicas que cometan infracciones atribuibles por culpa o negligencia.

2. Si en la comisin de las infracciones o de los hechos peligrosos para la salud y la seguridad han participado varias personas fsicas o jurdicas, estas deben responder solidariamente de las infracciones, medidas y sanciones que puedan aplicarse.

3. Si un empresario o empresaria tiene el deber legal o reglamentario de colaborar en la deteccin o persecucin de una infraccin y deliberadamente no lo hace, puede ser considerado responsable de ella.

4. Si la infraccin es imputada a una persona jurdica, pueden ser consideradas responsables las personas que integran sus rganos rectores o de direccin en el momento en que se comete la infraccin. Se entiende que integran los rganos rectores o de direccin las personas que consten en los registros pblicos, o bien las personas que hayan mostrado pblicamente esta representacin o hayan actuado como tales.

Se modifica el apartado 1 por el art. 126 de la Ley 9/2011, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2012-546.




[Bloque 210: #a3126]

Artculo 312-6. Principio de proporcionalidad.

1. Las sanciones deben ser proporcionales a la gravedad de los hechos, atendiendo especialmente al nmero de personas consumidoras afectadas, el peligro para la salud o la seguridad de las personas consumidoras, la reincidencia o reiteracin, la intencionalidad en la comisin y el volumen de lucro obtenido como consecuencia de la infraccin.

2. Las sanciones y medidas cautelares no pueden ser ms beneficiosas para el infractor o infractora que el cumplimiento de la normativa infringida.


[Bloque 211: #a3127]

Artculo 312-7. Principio de precaucin.

1. En funcin del riesgo aceptable para la salud, la seguridad o los intereses de las personas consumidoras, las administraciones pblicas pueden adoptar medidas proporcionales y coherentes con el riesgo para minorarlo, aunque afecten a los derechos de los administrados. Las medidas cautelares deben mantenerse durante el tiempo mnimo indispensable para garantizar la finalidad para la que se han adoptado.

2. Las medidas cautelares o precautorias nicamente pueden adoptarse si existen indicios racionales de infraccin administrativa o de peligro para la salud o seguridad de las personas consumidoras, y deben adoptarse con las garantas establecidas a tal fin. En estos supuestos, la carga de la prueba recae sobre quien produce, fabrica, importa o comercializa el bien o servicio.


[Bloque 212: #a3128]

Artculo 312-8. Principio de prescripcin.

Las infracciones y las sanciones prescriben de acuerdo con lo establecido por la presente ley.


[Bloque 213: #a3129]

Artculo 312-9. Principio de concurrencia de sanciones.

No pueden sancionarse las infracciones que hayan sido sancionadas penal o administrativamente, si existe identidad de sujeto, hecho y fundamento.


[Bloque 214: #a31210]

Artculo 312-10. Principio de competencia territorial.

1. Los organismos pblicos de consumo pueden actuar, investigar, controlar, inspeccionar y adoptar medidas respecto a los hechos que afecten o puedan afectar a las personas consumidoras en su mbito territorial, con independencia del domicilio de la persona responsable o del lugar donde se halle el establecimiento.

2. Los rganos de la Generalidad con competencias sancionadoras deben ejercerlas respecto a las infracciones que afecten o puedan afectar a las personas consumidoras en su mbito territorial, con independencia del domicilio de la persona responsable o del lugar donde se halle el establecimiento, sin que puedan inhibirse en favor de otras administraciones de fuera de Catalua.

3. La competencia sancionadora corresponde a la Agencia Catalana del Consumo si la infraccin afecta al mbito territorial de ms de un municipio.


[Bloque 215: #a31211]

Artculo 312-11. Principio de competencia material.

1. Los organismos pblicos de consumo tienen competencia para sancionar las infracciones tipificadas por la presente ley y las dems normas especficas de proteccin de las personas consumidoras, sin perjuicio de la potestad sancionadora que corresponda a otros rganos por razn de la materia.

2. Los organismos pblicos pueden investigar, inspeccionar y sancionar los hechos que, por incumplir cualquier normativa sectorial o especfica de proteccin de los derechos e intereses de las personas consumidoras, pueden ser considerados infraccin a los efectos de la presente ley.


[Bloque 216: #a31212]

Artculo 312-12. Principio pro persona consumidora.

1. La normativa en materia de proteccin de los derechos e intereses de las personas consumidoras debe interpretarse a su favor.

2. Si un mismo supuesto o infraccin est tipificado en varios preceptos de la presente ley, debe aplicarse el que tipifica la infraccin ms grave.


[Bloque 217: #tii-3]

TTULO II

De la inspeccin y el control de mercado


[Bloque 218: #ci-10]

CAPTULO I

Disposiciones generales


[Bloque 219: #a3211]

Artculo 321-1. La inspeccin y el control de mercado.

1. La Administracin de la Generalidad y las administraciones locales, en el mbito de sus competencias respectivas y de acuerdo con las funciones que recoge el Directorio de servicios pblicos de consumo de Catalua, deben llevar a cabo las actuaciones de inspeccin y control necesarias para garantizar que las empresas y los establecimientos que producen, distribuyen o comercializan bienes o servicios, incluso los servicios de la sociedad de la informacin, cumplan los deberes, prohibiciones y limitaciones establecidos por la normativa de los distintos sectores de actividad econmica, cuyo incumplimiento puede lesionar los intereses generales de la persona consumidora protegidos por la presente ley.

2. La actividad de inspeccin y control puede recaer sobre los bienes y servicios destinados a las personas consumidoras y sobre los elementos, condiciones e instalaciones utilizados para su produccin, distribucin y comercializacin.

Se modifica el apartado 1 por el art. 21 de la Ley 20/2014, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2015-471.




[Bloque 220: #a3212]

Artculo 321-2. Competencias.

1. La actividad de inspeccin y control a que se refiere el artculo 321-1 es realizada por los rganos competentes de la Administracin de la Generalidad y los correspondientes servicios de inspeccin de las administraciones locales en el mbito de sus respectivas competencias por razn de la materia.

2. La funcin de inspeccin de los entes locales consiste principalmente en la comprobacin y el control en su mbito territorial de los bienes y servicios de uso comn, ordinario y generalizado, del cumplimiento de los requisitos generales de los establecimientos y de la seguridad de los productos, as como en la adopcin de medidas cautelares.

3. El rgano de la Agencia Catalana del Consumo que ejerce funciones de inspeccin en el mbito del consumo y los correspondientes servicios de inspeccin de las administraciones locales deben actuar de forma coordinada, colaborar entre s y dar asistencia a cualquier administracin pblica competente en materia de consumo que se lo pida para realizar la actividad de inspeccin y control por razn de la materia o del territorio.


[Bloque 221: #a3213]

Artculo 321-3. Estatuto personal de los inspectores de consumo.

1. Las personas al servicio de la Administracin que ejercen funciones de inspeccin son agentes de la autoridad con carcter general y, en particular, respecto a la responsabilidad administrativa y penal de las personas que ofrezcan resistencia o atenten contra los propios agentes, de hecho o de palabra, tanto en acto de servicio como a consecuencia del mismo.

2. El personal inspector debe identificarse antes de ejercer las potestades derivadas de sus funciones, salvo que la identificacin pueda frustrar la finalidad de la inspeccin.

3. Cuando inspeccionan empresas o servicios pblicos, los inspectores de consumo deben actuar con independencia funcional respecto a los rganos que tengan encomendados la direccin, la gestin o el control administrativo de las empresas o los servicios.

4. El personal inspector y el personal adscrito a los rganos relacionados con la inspeccin deben guardar secreto sobre los asuntos que conozcan por razn de su trabajo.


[Bloque 222: #a3214]

Artculo 321-4. Colaboracin con la inspeccin.

1. El personal inspector puede solicitar la colaboracin o el auxilio de cualquier otra administracin pblica o autoridad o de las fuerzas y los cuerpos de seguridad para ejercer las funciones de control e investigacin.

2. Los empresarios deben facilitar al personal inspector la informacin y documentacin solicitada para el ejercicio de sus funciones, incluidos los datos de carcter personal sin consentimiento de terceros, de acuerdo con lo establecido por la normativa de proteccin de datos de carcter personal.


[Bloque 223: #cii-9]

CAPTULO II

Actividades de inspeccin


[Bloque 224: #a3221]

Artculo 322-1. Funciones de la inspeccin.

1. Las actividades inspectoras de las diferentes administraciones pblicas deben cumplirse en el momento, de la forma y con los medios que permitan conocer mejor la actividad del mercado y de los agentes que actan en l, y que permitan constatar los hechos relevantes para la proteccin de las personas consumidoras. Estas funciones y actividades inspectoras deben realizarse bajo el criterio de proporcionalidad de la medida adoptada con la presunta infraccin.

2. Las funciones generales de los rganos que ejercen funciones de inspeccin en el mbito del consumo son la vigilancia, el control, la investigacin y la inspeccin de los bienes y servicios con el fin de garantizar los derechos de las personas consumidoras.

3. A los rganos que ejercen funciones de inspeccin en el mbito del consumo les corresponden, adems de las funciones generales, el ejercicio las siguientes funciones:

a) Investigar las irregularidades con el fin de comprobar su alcance, causas y responsabilidades de los presuntos autores.

b) Emitir informes complementarios relativos a sus actuaciones.

c) Informar a los empresarios sobre el cumplimiento de la normativa que pueda afectarlos.

d) Advertir a los inspeccionados de las irregularidades observadas y requerirles que hagan las modificaciones necesarias en los plazos adecuados.

e) Proponer a los rganos competentes las medidas adecuadas a las irregularidades constatadas y colaborar en su ejecucin.

f) Adoptar, en casos de urgencia, las medidas cautelares necesarias, que deben ser ratificadas por el rgano competente.

g) Supervisar a las entidades colaboradoras de la Administracin de consumo en materia de control.

h) Elaborar informes relativos a la adecuacin normativa de los diferentes sectores.

i) Colaborar en los procedimientos administrativos sancionadores en materia de consumo.

j) Cualquier otra funcin relativa a la proteccin de las personas consumidoras que le encomienden los rganos competentes en materia de consumo.


[Bloque 225: #a3222]

Artculo 322-2. Facultades del personal inspector.

1. El personal inspector de las diferentes administraciones pblicas, de acuerdo con el principio de proporcionalidad y respeto a los derechos de los administrados, en el marco de las competencias de la Administracin de consumo, tiene las siguientes facultades:

a) Acceder sin previo aviso a los locales e instalaciones de las personas inspeccionadas y hacer visitas de inspeccin y control, con independencia de que a dichos locales e instalaciones pueda tener acceso el pblico en general.

b) Exigir a la persona inspeccionada la exhibicin de la documentacin que debe tener obligatoriamente por razn de la actividad que realiza, as como la documentacin mercantil, industrial y contable y cualquier otra que sea relevante a los efectos de la investigacin de los hechos.

c) Requerir el envo a las dependencias administrativas de la documentacin a que se refiere la letra b o de los datos que sean necesarios si no se han podido facilitar en el momento de la visita inspectora.

d) Requerir, de modo fehaciente, la presencia de las personas inspeccionadas, de sus representantes legales o de cualquier otra persona en las dependencias administrativas, en el domicilio de la empresa o en el lugar donde se comercializan, almacenan, distribuyen o manipulan productos o se prestan servicios a fin de llevar a cabo las correspondientes comprobaciones inspectoras o hacer los requerimientos a que se refiere la letra c.

e) Practicar las pruebas, las investigaciones o los exmenes necesarios para comprobar el cumplimiento de la normativa y poder tomar muestras y hacer las comprobaciones y los ensayos sobre los bienes o servicios puestos a disposicin de las personas consumidoras.

f) Advertir a las personas inspeccionadas de las irregularidades detectadas y requerirles que las enmienden y se adecuen a la normativa.

g) Adoptar, incluso de forma inmediata, las medidas cautelares establecidas por la normativa para garantizar los intereses generales de las personas consumidoras.

2. Si el acceso a los locales e instalaciones a que se refiere el apartado 1.a est restringido al pblico en general, el personal inspector debe tener el consentimiento de la persona inspeccionada, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas que puedan derivarse de la negativa o resistencia a permitir el acceso a los locales e instalaciones.

3. La Administracin de consumo puede solicitar la autorizacin judicial para acceder a los locales e instalaciones de las personas inspeccionadas. Si la negativa o resistencia a permitir el acceso persiste, puede solicitar el auxilio de los cuerpos y fuerzas de seguridad para acceder a las dependencias objeto de inspeccin.

4. El personal inspector puede obtener una copia o reproduccin de la documentacin a que se refiere el apartado 1.b, incluidos los datos de carcter personal, sin consentimiento de terceros, de acuerdo con lo establecido por la normativa reguladora en materia de proteccin de datos de carcter personal, para incorporarla a las diligencias inspectoras.

5. La documentacin y los datos obtenidos por los rganos competentes en materia de inspeccin de consumo en el ejercicio de sus funciones de investigacin y control tienen carcter reservado y nicamente pueden utilizarse para la finalidad de la actuacin inspectora, de modo que queda expresamente prohibida la cesin o comunicacin a terceros, salvo que una norma con rango de ley obligue a comunicar los hechos si ponen de relieve indicios de infracciones penales o administrativas en otras materias.

6. Las citaciones de las personas inspeccionadas, de acuerdo con lo establecido por el apartado 1.d, deben indicar el lugar, fecha, hora y objeto de la comparecencia y deben evitar perturbar, en la medida de lo posible, las obligaciones laborales y profesionales de las personas citadas, que pueden comparecer acompaadas del personal de asesoramiento que consideren pertinente.


[Bloque 226: #a3223]

Artculo 322-3. Deberes de las personas inspeccionadas.

1. Las personas inspeccionadas deben permitir y facilitar la actuacin inspectora de acuerdo con lo establecido por el artculo 322-2. En este sentido, deben facilitar el acceso a los locales e instalaciones objeto de inspeccin y a la documentacin e informacin requerida en las condiciones establecidas por la presente ley.

2. Las personas inspeccionadas, sus representantes legales o las personas con poderes suficientes deben comparecer en las dependencias administrativas, en el domicilio de la empresa o en el lugar donde se comercializan, almacenan, distribuyen o manipulan productos o se prestan servicios si el personal inspector, en el ejercicio de sus tareas, los cita.

3. Adems de las personas a que se refiere el apartado 2, puede citarse cualquier otra persona si es estrictamente necesario para la actividad inspectora.


[Bloque 227: #a3224]

Artculo 322-4. Las actas de inspeccin.

1. El personal inspector debe extender actas de sus visitas de inspeccin, de las dems actuaciones de investigacin y control y siempre que constate irregularidades administrativas.

2. El acta de inspeccin debe estar numerada y debe identificar al inspector o inspectora actuante, la fecha y hora de la inspeccin y el lugar donde se extiende.

3. El acta de inspeccin debe identificar el nombre o la razn social, el nmero de identificacin fiscal o el cdigo de identificacin fiscal y la direccin o la sede social del sujeto presuntamente responsable. Tambin debe identificarse el nombre y el apellido y el documento oficial de identidad del compareciente o la compareciente, as como la calidad de su representacin, salvo que se investiguen actividades o servicios de la sociedad de la informacin, que no sea posible la visita al sujeto presuntamente responsable o que su presencia pueda frustrar la finalidad de la actuacin inspectora. En estos ltimos supuestos, es preciso notificar el contenido del acta al sujeto presuntamente responsable para que pueda hacer las manifestaciones pertinentes para defender sus derechos e intereses.

4. El acta de inspeccin debe recoger los hechos relevantes para la investigacin o el control y el resto de circunstancias y datos objetivos que permitan determinar mejor las irregularidades observadas, su alcance y los presuntos responsables.

5. El acta de inspeccin puede recoger las manifestaciones que el compareciente o la compareciente quiere hacer constar.

6. La firma del acta de inspeccin por el compareciente o la compareciente no supone el reconocimiento de las presuntas irregularidades descritas ni la aceptacin de las responsabilidades que se deriven. Asimismo, la negativa a firmarla no invalida su contenido ni el procedimiento administrativo a que d lugar, ni desvirta el valor probatorio a que se refiere el artculo 322-5.

7. El acta de inspeccin puede recoger en un anexo la documentacin necesaria para aclarar los hechos investigados, incluidos tanto los documentos en papel como en cualquier otro soporte duradero. En todo caso, los documentos anexos deben ser diligenciados por el inspector o inspectora actuante.

8. Las actas de inspeccin son un documento pblico y deben ir firmadas por el personal inspector que las extienda.


[Bloque 228: #a3225]

Artculo 322-5. Valor probatorio de las actas de inspeccin.

1. Los hechos constatados por el personal inspector y recogidos en las actas de inspeccin tienen valor probatorio y presuncin de certeza, salvo prueba en contra.

2. Las actas de inspeccin que cumplan los requisitos formales establecidos por la presente ley que hayan sido extendidas por servicios de inspeccin de organismos pblicos diferentes a aquellos a que se refiere la presente ley tienen el mismo valor probatorio en los procedimientos administrativos derivados de la aplicacin de la presente ley.


[Bloque 229: #a3226]

Artculo 322-6. Los informes de la inspeccin.

1. El personal inspector puede emitir informes si son relevantes para el esclarecimiento de los hechos investigados y resulta imposible o claramente innecesario extender un acta de inspeccin. Los informes deben contener la identificacin del inspector o inspectora y la fecha, la hora y el lugar en que se emiten. Adems, deben indicarse forzosamente las circunstancias que motivan su emisin y deben recoger los hechos constatados por el inspector o inspectora y, si procede, su valoracin. Los informes deben ir firmados por el inspector o inspectora.

2. Los hechos recogidos en los informes de la inspeccin tienen el mismo valor probatorio que los hechos constatados, contenidos o recogidos en las actas de inspeccin.

3. Los informes de la inspeccin pueden anexar la documentacin necesaria para acreditar los hechos investigados, incluidos tanto los documentos en papel como en cualquier otro soporte duradero.


[Bloque 230: #a3227]

Artculo 322-7. La toma de muestras reglamentaria.

El personal inspector puede hacer una toma de muestras reglamentaria para comprobar la adecuacin a la normativa aplicable de la composicin, el etiquetado, la presentacin, la publicidad y los niveles de seguridad de los bienes puestos a disposicin de las personas consumidoras.


[Bloque 231: #a3228]

Artculo 322-8. Las pruebas y las comprobaciones.

El personal inspector puede tomar muestras indicativas y hacer comprobaciones y pruebas sobre instalaciones, bienes y servicios a fin de constatar su adecuacin a la normativa.


[Bloque 232: #a3229]

Artculo 322-9. Prctica de las pruebas.

1. Los anlisis y ensayos derivados de la toma de muestras y las pruebas y comprobaciones sobre instalaciones, bienes y servicios pueden ser hechos por organismos y entidades debidamente acreditados para el tipo de actuacin de que se trate. Tambin pueden ser hechos, si procede, por el propio personal inspector, sin perjuicio del derecho del empresario o empresaria a llevar a cabo pruebas contradictorias.

2. La Administracin debe pagar el coste de las muestras y los gastos de los anlisis, ensayos, pruebas y comprobaciones que promueva.

3. Una vez la sancin, en su caso, sea firme, la Administracin puede exigir a los responsables de la infraccin el reembolso de los gastos ocasionados. Si se niegan a reembolsarlos, esta obligacin es exigible en va de apremio.


[Bloque 233: #ciii-4]

CAPTULO III

Medidas cautelares y definitivas


[Bloque 234: #a3231]

Artculo 323-1. Cuestiones generales.

1. El rgano competente, sin perjuicio de las medidas que puedan adoptarse en la tramitacin de un procedimiento sancionador, puede acordar medidas cautelares de forma motivada e inmediata si existen indicios racionales de riesgo no aceptable para la salud y la seguridad, los intereses econmicos y sociales o el derecho a la informacin de las personas consumidoras. Estas medidas no tienen carcter sancionador.

2. El rgano competente puede adoptar las siguientes medidas cautelares:

a) Imponer, por razones de seguridad, condiciones previas a la comercializacin de un bien o la prestacin de un servicio.

b) Inmovilizar bienes u obligar a retirarlos del mercado y a recuperar los que estn en manos de las personas consumidoras y, si es preciso, acordar su destruccin en condiciones adecuadas.

c) Suspender o prohibir la actividad, la oferta, promocin o venta de bienes o la prestacin de servicios.

d) Clausurar temporalmente establecimientos e instalaciones.

e) Medidas complementarias de las medidas a que hacen referencia las letras a, b, c y d que garanticen su eficacia.

f) Cualquier otra medida ajustada a la legalidad que sea necesaria para proteger a las personas consumidoras de un riesgo.

3. Las medidas cautelares pueden afectar a los responsables de la produccin, distribucin y comercializacin de bienes y de la prestacin de servicios o a cualquier otra persona responsable del bien o servicio.

4. El rgano competente puede obligar a los afectados por las medidas cautelares a informar a las personas expuestas al riesgo derivado del uso de un bien o de la prestacin de un servicio, de forma inmediata y por los medios ms adecuados, mediante la publicacin de avisos especiales.

5. La adopcin de una medida cautelar es compatible con el inicio previo, simultneo o posterior de un procedimiento sancionador.

6. Las medidas cautelares deben ser proporcionadas a la gravedad de las irregularidades detectadas y tan poco restrictivas con la libre circulacin de mercancas y la libertad de empresa como sea posible. Deben mantenerse el tiempo estrictamente necesario para hacer las comprobaciones y eliminar los riesgos o, si las irregularidades son enmendables, el tiempo necesario para eliminar el hecho que motiv la medida cautelar, lo que puede ser comprobado por el personal inspector.

7. El personal inspector, por razones de urgencia, puede adoptar las medidas cautelares establecidas por la presente ley extendiendo un acta de inspeccin motivada. Estas medidas deben ser confirmadas, modificadas o levantadas por medio de un acuerdo del rgano competente en el plazo ms breve posible y, en ningn caso, en un plazo superior a quince das a partir del da siguiente al da en que se hayan adoptado. Este acuerdo debe notificarse a la persona inspeccionada. Si no se cumplen estos preceptos, las medidas cautelares quedan sin efecto.


[Bloque 235: #a3232]

Artculo 323-2. Procedimiento para la adopcin de medidas definitivas.

1. Una vez acordada una medida cautelar, se inicia el procedimiento administrativo correspondiente de acuerdo con la legislacin aplicable.

2. La resolucin del procedimiento administrativo debe confirmar, modificar o levantar las medidas cautelares adoptadas y debe incluir los plazos y condiciones para la ejecucin de las medidas definitivas.

3. Si los hechos son graves, para evitar daos irreparables, puede acordarse una tramitacin de urgencia del procedimiento administrativo. El rgano competente en cualquier momento puede ordenar la prctica de inspecciones y controles necesarios para la resolucin del procedimiento.

4. La resolucin del procedimiento administrativo no impide la iniciacin simultnea de un procedimiento sancionador si se comprueba la concurrencia de infracciones administrativas.

5. La persona responsable debe asumir los gastos derivados de la adopcin de las medidas cautelares y definitivas cuando sean definitivas por una resolucin administrativa firme. Los gastos derivados de las pruebas y los ensayos son a cargo de quien los promueva.


[Bloque 236: #a3233]

Artculo 323-3. Multas coercitivas.

Para garantizar la ejecucin de las medidas cautelares y definitivas pueden imponerse multas coercitivas.


[Bloque 237: #a3234]

Artculo 323-4. Competencias municipales.

Las administraciones locales pueden adoptar medidas cautelares y definitivas si la situacin de riesgo no aceptable para la salud y seguridad o los intereses econmicos y sociales y el derecho a la informacin de las personas consumidoras afecta a su mbito territorial. En todo caso, deben comunicarlo a la Agencia Catalana del Consumo a los efectos pertinentes.


[Bloque 238: #a3235]

Artculo 323-5. Comunicacin de los riesgos y las irregularidades graves.

Los rganos competentes deben comunicar a las personas consumidoras los riesgos y las irregularidades graves objeto de medidas cautelares e informarlas de las precauciones necesarias para evitar lesiones graves de sus derechos, especialmente de la salud y la seguridad. Tambin deben comunicar estas irregularidades a las dems administraciones potencialmente afectadas siguiendo los procedimientos establecidos.


[Bloque 239: #civ-3]

CAPTULO IV

Otras actividades de control


[Bloque 240: #a3241]

Artculo 324-1. Estudios y prospecciones de mercado.

1. Las administraciones competentes en materia de consumo pueden hacer directamente estudios, controles, ensayos, anlisis y comprobaciones sobre los bienes, servicios y establecimientos donde se comercializan y se prestan, para establecer estrategias de actuacin administrativa que aumenten la eficacia de la proteccin de las personas consumidoras.

2. El personal encargado de la actividad de estudio y prospeccin de mercado, para obtener la informacin necesaria para el cumplimiento de sus funciones, puede quedar eximido de la obligacin de identificarse.

3. Las irregularidades que se detecten durante las actividades de estudio y prospeccin de mercado deben comunicarse inmediatamente a los responsables para que adopten las medidas adecuadas para corregirlas, sin perjuicio de las actuaciones administrativas que puedan derivarse.

4. Puede hacerse publicidad de las actividades de estudio y prospeccin de mercado si de los resultados se deriva una mejora de los sectores afectados o de los intereses generales de las personas consumidoras.

5. Las entidades colaboradoras y las organizaciones de personas consumidoras pueden realizar actividades de estudio y prospeccin de mercado por encargo de la Administracin.


[Bloque 241: #a3242]

Artculo 324-2. Entidades colaboradoras.

1. En el mbito de la accin pblica de proteccin y defensa de las personas consumidoras, la Administracin puede encomendar a entidades colaboradoras que realicen algunas de las actividades de control que corresponden a la Administracin de consumo, bajo su supervisin.

2. Deben establecerse por reglamento los tipos, campos de actuacin y funciones de las entidades colaboradoras.


[Bloque 242: #tiii-3]

TTULO III

De las infracciones y las sanciones


[Bloque 243: #ci-11]

CAPTULO I

Tipificacin de las infracciones


[Bloque 244: #a3311]

Artculo 331-1. Infracciones en materia de seguridad y por incumplimiento de disposiciones o resoluciones administrativas.

Son infracciones en materia de seguridad y por incumplimiento de disposiciones o resoluciones administrativas:

a) Incumplir las disposiciones sobre seguridad de los bienes y servicios puestos al mercado a disposicin de las personas consumidoras.

b) Hacer acciones u omisiones que, aunque no incumplan ninguna disposicin, produzcan un riesgo o un dao efectivo para la seguridad de las personas consumidoras, si se hacen sin las precauciones o cautelas exigibles en la actividad.

c) Incumplir las disposiciones o resoluciones administrativas sobre la prohibicin de venta, comercializacin o distribucin de determinados bienes o la prestacin de servicios a determinados establecimientos o a tipos especficos de personas consumidoras.

d) Vender, comercializar o distribuir sin autorizacin administrativa bienes que la necesitan.


[Bloque 245: #a3312]

Artculo 331-2. Infracciones por alteracin, adulteracin, fraude o engao.

Son infracciones por alteracin, adulteracin, fraude o engao:

a) Elaborar para la distribucin, el suministro y la venta bienes a los que se les ha adicionado o sustrado cualquier sustancia o elemento para variar su composicin, estructura, peso o volumen, en detrimento de sus cualidades, para corregir sus defectos o para encubrir su grado de calidad, la alteracin o el origen de los componentes utilizados.

b) Alterar la composicin de bienes destinados al mercado respecto a las autorizaciones administrativas o a las declaraciones registradas correspondientes.

c) Incumplir, en cualquiera de las fases de la distribucin de bienes o en la prestacin de cualquier tipo de servicios, las normas relativas al origen, intensidad, naturaleza, calidad, composicin, cantidad, peso, tamao y presentacin por medio de envases, etiquetas, letreros, cierres, precintos u otros elementos relevantes, segn proceda, de acuerdo con la normativa o las condiciones en que se ofrecen al mercado.

d) Otorgar cualquiera distintivo que por su apariencia o configuracin pueda inducir a error a las personas consumidoras, emplearlo o hacer publicidad de l indebida o fraudulentamente.

e) Ofrecer bienes o servicios, por medio de publicidad o de informacin de cualquier clase y por cualquier medio, atribuyndoles cualidades, caractersticas, comprobaciones, certificaciones o resultados que difieran de los que realmente tienen o pueden obtener, y hacer publicidad de cualquier modo que induzca o pueda inducir a error, engao o confusin a las personas a quien se dirige o que silencie datos fundamentales que impidan conocer las verdaderas caractersticas o naturaleza del bien o servicio.

f) Anunciar bienes o servicios por cualquier medio publicitario de modo que el contenido de la publicidad se confunda con el que es propio de la misin informativa, por la forma de expresar o difundir esta publicidad.

g) Incumplir las obligaciones hacia las personas consumidoras asumidas voluntariamente por medio de los cdigos de conducta si se ha manifestado la adhesin a ellos.

h) Incumplir las obligaciones que se derivan de la falta de conformidad o de la garanta legalmente establecida u ofrecida a la persona consumidora o imponer injustificadamente condiciones, dificultades o retrasos con relacin a las obligaciones que se derivan, incluso con relacin a los bienes que se ofrecen como premio o regalo.

i) Sustituir piezas sin que sea necesario en la prestacin de servicios de instalacin o reparacin de bienes y servicios a domicilio y de asistencia en el hogar para conseguir un aumento del precio, aunque la persona consumidora haya dado su consentimiento inducido por el prestador o prestadora; facturar trabajos no realizados, y utilizar materiales de calidad inferior a la indicada a la persona consumidora.

j) Poner a disposicin de las personas consumidoras bienes de naturaleza duradera sin garantizar un servicio de asistencia tcnica adecuado para su reparacin y piezas de repuesto de la forma obligada o exigida, o no disponer de ellos en los supuestos y plazos establecidos por la normativa.

k) Ofrecer premios o regalos, si su coste ha repercutido en el precio de la transaccin, si se reduce la calidad o cantidad del objeto principal de la transaccin y si, de cualquier otro modo, la persona consumidora no recibe, de forma real y efectiva, lo que se le ha prometido en la oferta.


[Bloque 246: #a3313]

Artculo 331-3. Infracciones en materia de transacciones comerciales y en materia de precios.

Son infracciones en materia de transacciones comerciales y condiciones tcnicas de venta y en materia de precios:

a) Incumplir las disposiciones que regulan la informacin y publicidad de los precios de los bienes y servicios.

b) Vender bienes o prestar servicios a precios superiores a los mximos autorizados o a los legalmente establecidos, a los precios comunicados o a los precios anunciados.

c) Restringir o limitar la cantidad o calidad real de las prestaciones, o causar cualquier tipo de discriminacin por razn de las condiciones, los medios o las formas de pago de los bienes o servicios.

d) Realizar prcticas comerciales desleales por accin u omisin que provoquen o puedan provocar a la persona consumidora un comportamiento econmico que de otra forma no habra tenido.

e) Ofrecer o hacer transacciones en que se imponga la condicin expresa o tcita de comprar una cantidad mnima del bien solicitado o de otros bienes o servicios diferentes a los que son objeto de la transaccin, salvo que se trate de una unidad de venta o haya una relacin funcional entre ellos.

f) Acaparar y retirar del mercado bienes y servicios con la finalidad de incrementar sus precios o esperar los aumentos previsibles en perjuicio de las personas consumidoras.

g) No entregar la documentacin contractual, la factura o el comprobante de la venta de bienes o de la prestacin de servicios, o cobrar o incrementar el precio por esta entrega.

h) Negarse injustificadamente a satisfacer las demandas de las personas consumidoras y hacer cualquier tipo de discriminacin respecto a estas demandas.

i) Incrementar los precios previstos en el presupuesto sin la conformidad expresa de la persona consumidora.

j) Incrementar los precios de los recambios o de las piezas que se utilizan en las reparaciones o instalaciones de bienes.

k) Cobrar por mano de obra, traslado o visita cantidades que superen el doble de los costes medios estimados de cada sector.


[Bloque 247: #a3314]

Artculo 331-4. Infracciones en materia de normalizacin, documentacin y condiciones de venta y en materia de suministro o de prestacin de servicios.

Son infracciones en materia de normalizacin, documentacin y condiciones de venta y en materia de suministro o de prestacin de servicios:

a) No formalizar los seguros, avales o dems garantas impuestas normativamente en beneficio de las personas consumidoras.

b) Incumplir las disposiciones relativas a la normalizacin o clasificacin de bienes o servicios que se comercializan o existen en el mercado.

c) No cumplir las disposiciones que regulan el marcado, etiquetado y envasado de productos.

d) Tener dispuestos para la venta bienes con fecha de consumo preferente sobrepasada.

e) Incumplir, con relacin a la proteccin de la persona consumidora, las normas relativas a la documentacin, la informacin o los registros establecidos obligatoriamente para el rgimen y el funcionamiento adecuados del establecimiento, empresa, instalacin o servicio.

f) Incumplir las disposiciones sobre las condiciones de las relaciones de consumo, en todas las modalidades, y sobre las condiciones de las invitaciones a comprar.

g) Incumplir el rgimen establecido sobre la entrega y el cambio de bienes y servicios promocionales o promocionados.

h) No elaborar presupuestos, si es obligatorio hacerlos, o cobrar para su elaboracin, si est prohibido.

i) No entregar un resguardo a las personas consumidoras en el caso de depsito de un bien para cualquier tipo de intervencin u operacin.

j) No entregar a las personas consumidoras el documento de garanta, si la normativa establece que debe entregarse, o cobrar por las reparaciones que estn incluidas.

k) No entregar a las personas consumidoras las instrucciones de uso y mantenimiento o cualquier otro documento exigido por la normativa, al efecto de poder utilizar, ocupar, mantener y conservar un bien.

l) No informar a las personas consumidoras sobre el perodo de reflexin o desistimiento, si ste es preceptivo de acuerdo con la normativa.

m) No disponer de hojas oficiales de reclamacin o denuncia o no anunciar su existencia.

n) No informar a las personas consumidoras sobre el horario de atencin al pblico.

o) Hacer o facturar trabajos de reparacin o instalacin o similares, si no han sido solicitados o autorizados expresamente por la persona consumidora.

p) Enviar bienes o prestar servicios no solicitados previamente por el destinatario o destinataria y enviar ofertas o publicidad no solicitadas, si comportan gastos para el receptor o receptora.

q) Considerar que la falta de respuesta del destinatario o destinataria de una oferta o de publicidad equivale a la aceptacin del bien o servicio ofrecidos.

r) Incumplir las obligaciones respecto a las explicaciones adecuadas en materia de crditos o prstamos establecidas por el artculo 263-1.

s) Incumplir las obligaciones de evaluar la solvencia de la persona consumidora en materia de crditos o prstamos establecidas por el artculo 263-2.

t) Imponer a las personas consumidoras la contratacin de seguros y otros servicios accesorios con determinadas empresas o entidades.

Se aaden las letras r), s) y t) por el art. 22 de la Ley 20/2014, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2015-471.




[Bloque 248: #a3315]

Artculo 331-5. Infracciones por incumplimiento de obligaciones o prohibiciones contractuales legales.

Son infracciones por incumplimiento de obligaciones o prohibiciones contractuales legales:

a) Incluir clusulas abusivas en los contratos o realizar prcticas abusivas dirigidas a las personas consumidoras.

b) Realizar prcticas dirigidas a excluir o reducir la libertad de la persona consumidora para contratar cualquier prestacin.

c) Incluir en los contratos clusulas o realizar prcticas que excluyan o limiten los derechos de las personas consumidoras.

d) Incluir en los contratos con personas consumidoras remisiones a condiciones generales o caractersticas contenidas en documentos que no se facilitan previa o simultneamente a la firma del contrato o sin permitir al adherente una posibilidad efectiva de conocer su existencia, alcance y contenido en el momento de hacer el contrato, salvo que se trate de una remisin a textos legales o reglamentarios.

e) Incluir en los contratos un formato, tamao de letra o contraste que no faciliten su lectura y comprensin o que incumplan la normativa especfica aplicable.


[Bloque 249: #a3316]

Artculo 331-6. Otras infracciones.

Adems de las infracciones tipificadas por los artculos 331-1 a 331-5, son tambin infracciones:

a) No suministrar datos o no facilitar la informacin requerida por las autoridades competentes o sus agentes para el cumplimiento de las funciones de informacin, vigilancia, investigacin, inspeccin, tramitacin y ejecucin de las materias reguladas por la presente ley; suministrar informacin inexacta o incompleta o documentacin falsa; impedir o dificultar el acceso del personal inspector a los locales y dependencias para hacer visitas de inspeccin y control, y hacer actuaciones que comporten negativa u obstruccin a los servicios de inspeccin y que, en consecuencia, imposibiliten total o parcialmente el cumplimiento de las tareas atribuidas por ley o reglamento.

b) No permitir a la inspeccin el acceso a la documentacin industrial, mercantil, contable o de cualquier otro tipo de las empresas inspeccionadas.

c) Incumplir los requerimientos, las citaciones y las medidas adoptadas por la Administracin, incluidas las de carcter provisional.

d) Manipular, trasladar, hacer desaparecer, ocultar o comercializar las muestras depositadas reglamentariamente o la mercanca inmovilizada por los funcionarios competentes como medida cautelar, o bien disponer de ellas sin autorizacin, as como actuar con falta de diligencia respecto a la obligacin de custodia de la mercanca inmovilizada.

e) Coaccionar o amenazar al personal funcionario encargado de las funciones establecidas por la presente ley, a las empresas, los particulares o las entidades representativas de personas consumidoras y comerciantes que hayan iniciado o pretendan iniciar una accin legal, que hayan presentado una denuncia o que participen en procedimientos ya incoados, o bien ejercer represalias o cualquier otra forma de presin.

f) No tener la documentacin reglamentaria exigida o llevarla defectuosamente, si afecta a la determinacin o calificacin de los hechos imputados.

g) Negarse o resistirse a suministrar hojas oficiales de reclamacin o denuncia a las personas consumidoras que lo soliciten o suministrar hojas que no sean oficiales.

h) Incumplir las obligaciones de atencin a las personas consumidoras de acuerdo con lo establecido por la normativa.

i) Imponer a las personas consumidoras el deber de comparecer personalmente para ejercer sus derechos o para hacer cobros, pagos o trmites similares; exigir la formalizacin de impresos y la aportacin de datos innecesarios, y obstaculizar, impedir o dificultar que las personas consumidoras puedan ejercer sus derechos.

j) Incumplir el acuerdo a que se haya llegado con la persona consumidora en el proceso de mediacin o incumplir el laudo arbitral en el plazo fijado, salvo acuerdo de las partes.

k) Vulnerar los derechos lingsticos de las personas consumidoras o incumplir las obligaciones en materia lingstica establecidas por la normativa.

l) Incumplir los requisitos, obligaciones o prohibiciones establecidas por la presente ley y las dems disposiciones en materia de defensa de las personas consumidoras.


[Bloque 250: #cii-10]

CAPTULO II

Clasificacin de las infracciones


[Bloque 251: #a3321]

Artculo 332-1. Clasificacin de las infracciones.

Las infracciones tipificadas por la presente ley se clasifican en leves, graves y muy graves.


[Bloque 252: #a3322]

Artculo 332-2. Infracciones leves.

1. Las acciones u omisiones tipificadas como infraccin en materia de defensa de las personas consumidoras tienen la calificacin inicial de leves, salvo que puedan calificarse como graves o muy graves de acuerdo con lo establecido por el presente captulo.

2. Las infracciones que tengan la calificacin de graves deben calificarse como leves si, por su escasa entidad o trascendencia, queda probado en el expediente sancionador que existe una desproporcin manifiesta entre la sancin a imponer y los efectos de la infraccin cometida.


[Bloque 253: #a3323]

Artculo 332-3. Infracciones graves.

1. Tienen la calificacin de graves las infracciones tipificadas por los siguientes artculos:

a) Los artculos 331-1 y 331-2.

b) Los apartados a, b, c y d del artculo 331-3.

c) Los apartados a y s del artculo 331-4.

d) Los apartados a, b y c del artculo 331-5.

e) Los apartados a, b, c, d y e del artculo 331-6.

2. Las infracciones calificadas como leves deben calificarse como graves si concurre alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que la cuanta del perjuicio producido como consecuencia directa o indirecta de la infraccin supere el importe mximo establecido para las sanciones aplicables a las infracciones calificadas como leves.

b) Que se reincida en la comisin de una infraccin leve.

Se modifica el apartado 1.c) por el art. 23 de la Ley 20/2014, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2015-471.

Se modifica el apartado 2 por el art. 127 de la Ley 9/2011, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2012-546.





[Bloque 254: #a3324]

Artculo 332-4. Infracciones muy graves.

Las infracciones que hayan sido calificadas como graves de acuerdo con el artculo 332-3 deben calificarse como muy graves si concurre alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que produzcan una alteracin social grave, que origine alarma o desconfianza hacia las personas consumidoras o que las perjudique con carcter general con relacin a un sector econmico.

b) Que se hayan cometido aprovechando la situacin especial de desequilibrio o indefensin de determinadas personas consumidoras o de colectivos especialmente protegidos.

c) Que se hayan cometido valindose de situaciones de necesidad de determinadas personas o de bienes o servicios de uso o consumo ordinario y generalizado.

d) Que hayan creado u originado situaciones de necesidad a las personas consumidoras.

e) Que los infractores las hayan cometidas valindose de su situacin de predominio en un sector del mercado.

f) Que exista reincidencia en infracciones graves, siempre y cuando no sean a la vez consecuencia de la reincidencia en infracciones leves.

g) Que se haya creado una situacin de desabastecimiento de un sector o una zona de mercado.

h) Que la cuanta del beneficio obtenido como consecuencia directa o indirecta de la infraccin supere el importe mximo establecido para las sanciones aplicables a las infracciones calificadas como graves.


[Bloque 255: #ciii-5]

CAPTULO III

Sanciones


[Bloque 256: #a3331]

Artculo 333-1. Clasificacin de las sanciones.

1. Las sanciones aplicables a las infracciones que tipifica la presente ley son las siguientes:

a) Para las infracciones leves, una multa de hasta 10.000 euros, en los grados que se indican a continuacin:

– Grado bajo: hasta 3.000 euros.

– Grado medio: entre 3.001 y 7.000 euros.

– Grado alto: entre 7.001 y 10.000 euros.

b) Para las infracciones graves, una multa comprendida entre 10.001 y 100.000 euros, en los grados que se indican a continuacin:

– Grado bajo: entre 10.001 y 30.000 euros.

– Grado medio: entre 30.001 y 70.000 euros.

– Grado alto: entre 70.001 y 100.000 euros.

Estas cantidades pueden ultrapasarse hasta alcanzar el quntuplo del valor de los beneficios ilcitos obtenidos o de los perjuicios causados por la infraccin y, en su defecto, del valor de los bienes o servicios objeto de la infraccin.

c) Para las infracciones muy graves, una multa comprendida entre 100.001 y 1.000.000 de euros, en los grados que se indican a continuacin:

– Grado bajo: entre 100.001 y 300.000 euros.

– Grado medio: entre 300.001 y 700.000 euros.

– Grado alto: entre 700.001 y 1.000.000 de euros.

Estas cantidades pueden ultrapasarse hasta alcanzar el dcuplo del valor de los beneficios ilcitos obtenidos o de los perjuicios causados por la infraccin y, en su defecto, del valor de los bienes o servicios objeto de la infraccin.

2. En los casos establecidos por la presente ley y como complemento de las sanciones principales fijadas por el apartado 1, puede acordarse la imposicin de las siguientes sanciones accesorias:

a) Decomiso y destruccin de la mercanca.

b) Cierre temporal de la empresa infractora.

c) Rectificacin pblica.

d) Publicacin de la sancin.

Se modifica el apartado 1 por el art. 128 de la Ley 9/2011, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2012-546.




[Bloque 257: #a3332]

Artculo 333-2. Graduacin de las sanciones.

1. Para determinar la cuanta y extensin de la sancin dentro de los mnimos y mximos establecidos, deben tenerse en cuenta las circunstancias agravantes, atenuantes y mixtas.

2. Son circunstancias agravantes las siguientes:

a) La reincidencia o reiteracin de las conductas infractoras.

b) El incumplimiento de las advertencias o los requerimientos previos formulados por la Administracin para que se enmienden las irregularidades detectadas.

c) La posicin relevante del infractor o infractora en el mercado.

d) El hecho de que los afectados sean colectivos especialmente protegidos.

3. Son circunstancias atenuantes las siguientes:

a) La reparacin o enmienda total o parcial de modo diligente de las irregularidades o los perjuicios que han originado la incoacin del procedimiento.

b) El sometimiento de los hechos al arbitraje de consumo.

4. Son circunstancias mixtas las siguientes:

a) El volumen de negocio con relacin a los hechos objeto de la infraccin y la capacidad econmica de la empresa.

b) La cuanta del beneficio obtenido.

c) Los daos o perjuicios causados a las personas consumidoras.

d) El nmero de personas consumidoras afectadas.

e) El grado de intencionalidad.

f) El perodo durante el cual se ha cometido la infraccin.

5. Las circunstancias agravantes o atenuantes no deben tenerse en cuenta si la presente ley las ha incluido en el tipo infractor o si han sido tenidas en cuenta para calificar la gravedad de la infraccin.

6. Las sanciones deben imponerse de modo que la comisin de la infraccin no resulte ms beneficiosa para el infractor o infractora que el cumplimiento de las normas infringidas.

7. Las sanciones deben imponerse en grado mximo si en la comisin de las infracciones concurre alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que hayan sido cometidas conscientemente, deliberadamente o sin cumplir los ms elementales deberes de diligencia exigibles.

b) Que se trate de una infraccin continuada o de una prctica habitual.

c) Que tengan una alta repercusin en el mercado, de modo que afecten a un elevado nmero de personas consumidoras.

d) Que vulneren los principios del consumo responsable.

e) Que se trate de prcticas ilcitas del mismo tipo generalizadas en un sector determinado.

f) Que comporten riesgo para la salud o la seguridad de las personas consumidoras, salvo que el riesgo forme parte del tipo infractor.

g) Que se utilicen fraudulentamente marcas o distintivos oficiales.

8. Pueden determinarse por reglamento criterios objetivos para graduar las sanciones de acuerdo con los principios enumerados en los apartados 2, 3 y 4.

Se modifica el apartado 3.a) y se aaden los apartados 7 y 8 por el art. 129 de la Ley 9/2011, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2012-546.




[Bloque 258: #a3333]

Artculo 333-3. Reincidencia y reiteracin.

1. Se entiende que existe reincidencia si el sujeto que comete una infraccin tipificada por la presente ley ya ha sido sancionado por una infraccin de la misma naturaleza por medio de una resolucin firme recada dentro del ao anterior a la comisin de la nueva infraccin. Tienen la misma naturaleza las infracciones que estn tipificadas por un mismo artculo del captulo I.

2. Se entiende que existe reiteracin si, dentro del ao anterior a la comisin de la nueva infraccin, el infractor o infractora ha sido sancionado por medio de una resolucin firme por la comisin de otra infraccin tipificada por la presente ley o por otras normas en que el bien jurdico protegido sean los intereses de las personas consumidoras, o ha sido condenado ejecutoriamente por un delito en que hayan resultado perjudicados sujetos en su condicin de personas consumidoras.


[Bloque 259: #a3334]

Artculo 333-4. Decomiso y destruccin de la mercanca.

1. La autoridad a quien corresponde resolver el expediente puede acordar, como sancin accesoria, el decomiso de la mercanca inmovilizada que implique un riesgo no aceptable para la salud, la seguridad, los intereses econmicos o el derecho a la informacin de las personas consumidoras. Esta mercanca debe ser destruida si su utilizacin o consumo entraan un peligro para la seguridad de la persona consumidora. En cualquier caso, el rgano sancionador debe determinar el destino final que es preciso dar a las mercancas decomisadas.

2. Los gastos que originan las operaciones de intervencin, depsito, decomiso, transporte y destruccin de la mercanca objeto de la sancin corren a cargo del infractor o infractora.


[Bloque 260: #a3335]

Artculo 333-5. Cierre o cese de la actividad de la empresa infractora.

1. En el caso de infracciones calificadas como muy graves, puede decretarse el cierre de la empresa, establecimiento o industria infractores, o el cese de su actividad, por un perodo mximo de cinco aos.

2. El cierre o cese de la actividad puede comportar la adopcin de medidas complementarias para garantizar la plena eficacia de la decisin adoptada.

3. El acuerdo de cierre o cese debe comunicarse a la empresa sancionada y trasladarse al ayuntamiento del trmino municipal donde se halla dicha empresa.

4. El acuerdo de cierre debe ser ejecutado por el rgano competente una vez la resolucin sancionadora sea firme.


[Bloque 261: #a3336]

Artculo 333-6. Restitucin de cantidades percibidas indebidamente.

Independientemente de las sanciones establecidas por la presente ley, el rgano sancionador debe imponer al infractor o infractora la obligacin de restituir inmediatamente la cantidad percibida indebidamente, en los casos de aplicacin de precios superiores a los autorizados, comunicados, presupuestados o anunciados.


[Bloque 262: #a3337]

Artculo 333-7. Indemnizacin por daos y perjuicios probados.

Con independencia de las sanciones establecidas por la presente ley, en el procedimiento sancionador puede dictarse una resolucin para exigir al infractor o infractora la reposicin de la situacin alterada por la infraccin a su estado original y, si procede, la indemnizacin por daos y perjuicios probados causados a la persona consumidora, que deben ser determinados por el rgano competente para imponer la sancin. Si el infractor o infractora no cumple voluntariamente esta resolucin, queda abierta la pertinente va judicial.


[Bloque 263: #a3338]

Artculo 333-8. Rectificaciones pblicas.

En el caso de infracciones en materia de publicidad, el rgano competente puede exigir al infractor o infractora que publique un comunicado de rectificacin en las mismas condiciones o en condiciones similares a las condiciones en que se hizo la actuacin sancionada. La ejecucin de la rectificacin pblica debe llevarse a cabo una vez la resolucin sancionadora sea firme.


[Bloque 264: #a3339]

Artculo 333-9. Publicidad de las sanciones.

1. Las resoluciones sancionadoras pueden acordar como sancin accesoria, por razones de ejemplaridad y en previsin de futuras conductas infractoras, la publicacin de las sanciones impuestas de conformidad con la presente ley. La ejecucin de la publicacin de las sanciones debe llevarse a cabo una vez la resolucin sancionadora sea firme.

2. La publicidad de las sanciones debe hacer referencia a los nombres y apellidos de las personas fsicas responsables, la denominacin o la razn social de las personas jurdicas responsables, la clase y naturaleza de las infracciones, y la cuanta de las sanciones, y debe hacerse por medio del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y de los medios de comunicacin social adecuados. El coste de la publicacin de las resoluciones debe correr a cargo de la persona o empresa sancionada.


[Bloque 265: #a33310]

Artculo 333-10. Medidas complementarias en clusulas y prcticas abusivas y desleales.

1. El rgano al que corresponde resolver el expediente puede, como medida complementaria, requerir al infractor la eliminacin y el cese de la incorporacin de clusulas o de prcticas que sean consideradas abusivas o desleales.

2. En el supuesto de crditos y prstamos hipotecarios, el rgano al que corresponde resolver el expediente puede acordar la dacin en pago u otras medidas complementarias, siempre y cuando exista una relacin directa entre la clusula o la prctica abusiva o desleal y la medida adoptada.

Se aade por el art. 24 de la Ley 20/2014, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2015-471.

Texto aadido, publicado el 31/12/2014, en vigor a partir del 31/03/2015.


[Bloque 266: #a33311]

Artculo 333-11. Reduccin de las sanciones:

1. En caso de infracciones calificadas como graves o leves, se aplica una reduccin del50% del importe de la sancin propuesta si el presunto infractor presta su conformidad con la propuesta de resolucin y efecta el pago en un plazo de quince das a contar desde la notificacin.

2. La reduccin es de un25% en los casos en que la conformidad y el pago en el mismo plazo se efecta una vez notificada la resolucin del expediente.

3. En los casos a los que se refieren los apartados1 y2, el presunto infractor reconoce su responsabilidad y renuncia a presentar alegaciones o posteriores recursos administrativos. En caso de que se presenten, no se tienen en cuenta y no se resuelven.

4. La finalizacin del procedimiento no necesita resolucin expresa y se entiende producido el da en el que se efecta el pago.

5. El plazo para interponer un recurso contencioso-administrativo empieza a contar a partir del da despus del da del pago voluntario.

6. La finalizacin del procedimiento sancionador con reconocimiento de responsabilidad no prejuzga la continuacin de las actuaciones hacia terceras personas implicadas o con relacin a las medidas complementarias o accesorias que puedan derivarse.

Se aade por el art. 94 de la Ley 3/2015, de 11 de marzo.Ref. BOE-A-2015-3637.

Redactado conforme a la correccin de erratas publicada en DOGC nm. 6872, de 15 de mayo de 2015.

Texto aadido, publicado el 13/03/2015, en vigor a partir del 14/03/2015.


[Bloque 267: #civ-4]

CAPTULO IV

Responsabilidad por infracciones


[Bloque 268: #a3341]

Artculo 334-1. Sujetos responsables.

1. Son responsables de las infracciones tipificadas por la presente ley las personas fsicas o jurdicas que por accin u omisin hayan participado en ellas, con las particularidades establecidas por el presente captulo.

2. Son responsables de las infracciones tipificadas por la presente ley, como autores, las personas fsicas o jurdicas que las cometan.

3. Si en la cadena de produccin, elaboracin o comercializacin de los bienes o servicios intervienen diferentes sujetos, cada uno de ellos es responsable de las infracciones que haya cometido.

4. Son responsables solidarios de las infracciones las personas que cooperen en la comisin de una conducta infractora o que la encubran.

5. Si una infraccin es imputada a una persona jurdica, pueden ser consideradas tambin como responsables las personas que integran sus organismos rectores o de direccin. A efectos de la presente ley, integran los rganos rectores o de direccin las personas que consten en los registros pblicos como tales, las que hayan hecho ostentacin pblica de esta condicin o las que hayan actuado como si la tuviesen.

6. En caso de infracciones cometidas por personas jurdicas que se extingan antes de ser sancionadas, la responsabilidad administrativa debe exigirse a las personas fsicas que desde los rganos de direccin determinaron, con una conducta dolosa o negligente, la comisin de la infraccin.

7. Las sanciones impuestas antes de la extincin de la personalidad jurdica, si no son satisfechas en la liquidacin, se transmiten a los socios o partcipes en el capital, los cuales deben responder mancomunadamente y hasta el lmite del valor de la cuota de liquidacin que se les haya adjudicado.


[Bloque 269: #a3342]

Artculo 334-2. Bienes identificados.

1. En las infracciones cometidas en bienes envasados o identificados, se considera responsable la firma o la razn social que figura en la etiqueta o identificacin, salvo que se demuestre que se ha falsificado o que es responsable algn otro integrante de la cadena de distribucin o comercializacin.

2. El primer comercializador en Catalua de un bien envasado o identificado puede ser considerado responsable de la infraccin cometida.


[Bloque 270: #a3343]

Artculo 334-3. Bienes no identificados.

Si el bien no lleva los datos necesarios para identificar al responsable de la infraccin, de acuerdo con lo establecido por la normativa, se consideran responsables quienes han comercializado el bien, salvo que demuestren la responsabilidad de algn integrante de la cadena de distribucin o comercializacin anterior.


[Bloque 271: #a3344]

Artculo 334-4. Servicios.

1. En las infracciones cometidas en la prestacin de servicios, la empresa o la razn social obligada a prestarlos, legalmente o por medio de un contrato con la persona consumidora, es considerada responsable.

2. Si puede probarse la falta de diligencia de un intermediario o intermediaria en la prestacin de un servicio, puede considerrsele responsable.


[Bloque 272: #cv-3]

CAPTULO V

Prescripcin de las infracciones y de las sanciones


[Bloque 273: #a3351]

Artculo 335-1. Prescripcin de las infracciones.

1. Las infracciones tipificadas por la presente ley prescriben:

a) En el caso de las infracciones leves, en el plazo de dos aos contados desde el da en que se ha cometido la infraccin, o desde la finalizacin del perodo de comisin si se trata de infracciones continuadas.

b) En el supuesto de infracciones graves, en el plazo de tres aos contados desde el da en que se ha cometido la infraccin, o desde la finalizacin del perodo de comisin si se trata de infracciones continuadas.

c) En el caso de infracciones muy graves, en el plazo de cuatro aos contados desde el da en que se ha cometido la infraccin, o desde la finalizacin del perodo de comisin si se trata de infracciones continuadas.

2. Excepcionalmente, si los hechos son totalmente desconocidos por falta de signos externos, el plazo empieza a computarse en el momento en que los hechos se manifiestan o son conocidos.

3. Las actuaciones judiciales penales, los procedimientos de mediacin y arbitraje y la tramitacin de otros procedimientos administrativos interrumpen el plazo de prescripcin de las infracciones. El plazo se reanuda en el momento en que la Agencia Catalana del Consumo tiene conocimiento, mediante la recepcin de la comunicacin correspondiente, de la finalizacin del procedimiento que haba provocado la interrupcin.

Se modifica el apartado 3 por el art. 25 de la Ley 20/2014, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2015-471.




[Bloque 274: #a3352]

Artculo 335-2. Prescripcin de las sanciones.

Las sanciones prescriben en el plazo de cuatro aos a partir del da siguiente al da en que la resolucin sancionadora deviene firme.


[Bloque 275: #a3353]

Artculo 335-3. Prescripcin de la ejecucin de las sanciones.

1. La accin para exigir el pago de las multas prescribe en el plazo de cuatro aos a partir del da siguiente al da en que la resolucin sancionadora deviene firme.

2. La accin de cierre de los establecimientos comerciales prescribe a los seis meses de la fecha en que la autoridad competente recibe la comunicacin para la ejecucin del acuerdo, de conformidad con lo establecido por el artculo 333-5.3.

3. La publicacin de los datos a que se refiere el artculo 333-9 prescribe en el plazo de seis meses a partir del momento en que la resolucin sancionadora que la haya acordado devenga firme en va administrativa.


[Bloque 276: #tiv-2]

TTULO IV

Del procedimiento sancionador


[Bloque 277: #ci-12]

CAPTULO I

Procedimiento sancionador


[Bloque 278: #a3411]

Artculo 341-1. Inicio.

1. El procedimiento sancionador se inicia de oficio como consecuencia de las actas extendidas por los servicios de inspeccin, por la comunicacin de una autoridad o un rgano administrativo, o por la denuncia formulada por las organizaciones de personas consumidoras o por los particulares sobre algn hecho o alguna conducta que puedan constituir una infraccin.

2. El rgano actuante, si la presunta infraccin advertida est incluida en otros mbitos competenciales, debe comunicar los hechos al departamento y a los rganos afectados, con el fin de que puedan actuar de acuerdo con sus atribuciones o emitir, si procede, el correspondiente informe.

3. En el caso de que los hechos que constituyen infracciones administrativas de acuerdo con la presente ley puedan ser constitutivos de infraccin penal, el rgano competente para iniciar el procedimiento, de oficio o a instancia del rgano instructor del procedimiento, debe ponerlos en conocimiento de la jurisdiccin penal. Especialmente, en el caso de conductas reiteradas de puesta en el mercado de productos que generen un riesgo grave a las personas consumidoras, la comunicacin a la jurisdiccin penal debe llevarse a cabo, lo antes posible, con la indicacin de todos los datos que el rgano administrativo disponga para identificar a las personas responsables. En ambos casos, si el procedimiento administrativo ha sido iniciado, debe acordarse su suspensin hasta que se pronuncie la resolucin judicial correspondiente, y puede adoptar las medidas cautelares oportunas por medio de resolucin notificada a los interesados.


[Bloque 279: #a3412]

Artculo 341-2. Diligencias previas.

1. Antes de acordar la incoacin del expediente sancionador, puede ordenarse la prctica de diligencias previas con la finalidad de averiguar las circunstancias de los hechos y los sujetos responsables.

2. En caso de toma de muestras reglamentaria, puede incoarse el expediente con el resultado del anlisis inicial.

3. Deben establecerse por reglamento los rganos competentes para acordar la incoacin o, si procede, el archivo de las diligencias practicadas por la inspeccin.

4. Las diligencias previas tienen carcter reservado.


[Bloque 280: #a3413]

Artculo 341-3. Medidas cautelares.

1. El rgano competente, en los supuestos en que pueda decomisarse la mercanca como sancin accesoria, puede adoptar motivadamente las medidas cautelares establecidas por el artculo 323-1 para garantizar la eficacia de la resolucin, sin perjuicio de que esta establezca el decomiso definitivo o deje sin efecto las medidas adoptadas.

2. Las medidas cautelares deben mantenerse hasta que el decomiso definitivo devenga ejecutivo.


[Bloque 281: #a3414]

Artculo 341-4. Procedimiento abreviado.

En el supuesto de infracciones que deban calificarse como leves, puede instruirse un procedimiento sancionador abreviado, siempre y cuando se trate de una infraccin flagrante y los hechos hayan sido recogidos en el acta correspondiente o en la denuncia de la autoridad competente.


[Bloque 282: #a3415]

Artculo 341-5. Prueba.

1. La falta de la documentacin exigida por reglamento o de una parte de esta, o la existencia de documentacin llevada defectuosamente, si afecta a la determinacin de los hechos imputados o a la calificacin de estos, constituye una presuncin de infraccin.

2. La persona interesada, dentro del procedimiento, puede proponer la prctica de la prueba de la que intente valerse para defender su derecho. En cualquier caso, la Administracin debe apreciar la prueba practicada en el expediente sancionador y debe valorar su resultado en conjunto.


[Bloque 283: #a3416]

Artculo 341-6. Caducidad.

1. El plazo para notificar la resolucin expresa de un procedimiento sancionador es de doce meses a partir de la notificacin del acuerdo de incoacin, excepto en los procedimientos sancionadores abreviados, en que el plazo de caducidad es de seis meses. El vencimiento de estos plazos sin que se haya notificado la resolucin produce la caducidad del expediente.

2. La solicitud de practicar pruebas tcnicas o un anlisis contradictorio y el acuerdo por el que se decide la prctica de un anlisis dirimente suspenden el plazo de caducidad del procedimiento hasta el momento en que el organismo competente conoce los resultados.

3. Si debe practicarse la notificacin del edicto de cualquiera de los trmites del procedimiento, los plazos fijados por el apartado 1 se amplan por el tiempo transcurrido entre el primer intento de notificacin y la finalizacin de la publicacin en el tabln de anuncios correspondiente.


[Bloque 284: #a3417]

Artculo 341-7. rganos competentes para imponer sanciones.

Los rganos competentes para imponer las sanciones establecidas por la presente ley son los siguientes:

a) El Gobierno y el consejero o consejera competente en materia de consumo, para las infracciones muy graves y para el cierre de establecimientos o el cese de la actividad.

b) El departamento o el organismo que tenga asignadas las competencias en materia de proteccin y defensa de las personas consumidoras, para las infracciones leves y graves.

c) Los alcaldes, en el mbito de sus competencias segn la legislacin de rgimen local, para la imposicin de sanciones por infracciones leves y graves, de acuerdo con las cuantas establecidas. Tambin pueden imponer multas coercitivas.


[Bloque 285: #a3418]

Artculo 341-8. Efecto de las sanciones.

1. La imposicin de sanciones graves y muy graves comporta limitaciones para contratar con la Administracin en los casos y condiciones establecidos por la legislacin sobre contratos.

2. El rgano sancionador puede proponer a la autoridad correspondiente, en el caso de infracciones graves y muy graves, la supresin, cancelacin o suspensin de crditos, subvenciones, desgravaciones fiscales y dems ayudas oficiales que la empresa sancionada tenga reconocidos o haya solicitado.

3. Si corresponde a la Generalidad otorgar una ayuda solicitada por una empresa que haya sido objeto de una sancin firme por una infraccin grave o muy grave, el rgano a quien corresponda resolver la solicitud puede denegar la concesin de la ayuda si no se han cancelado los antecedentes.

4. Las sanciones impuestas, una vez devenidas firmes en la va administrativa, deben ejecutarse de forma inmediata. Sin embargo, si una resolucin que ha agotado la va administrativa es objeto de un recurso administrativo, el rgano competente puede acordar la suspensin del acto en los supuestos y con los efectos establecidos por la normativa del procedimiento administrativo comn.

Se renumera el segundo apartado 3 como 4 por el art. 130 de la Ley 9/2011, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2012-546.




[Bloque 286: #cii-11]

CAPTULO II

Multas coercitivas


[Bloque 287: #a3421]

Artculo 342-1. Competencia de la Administracin.

Las administraciones competentes en materia de consumo pueden imponer multas coercitivas una vez hecho el requerimiento de ejecucin de los actos y de las resoluciones administrativas destinadas al cumplimiento de lo establecido por la presente ley y las dems disposiciones relativas a la disciplina del mercado y a la defensa de los intereses de las personas consumidoras.


[Bloque 288: #a3422]

Artculo 342-2. Comunicacin y cumplimiento del requerimiento.

El rgano competente debe comunicar por escrito el requerimiento a que se refiere el artculo 341-1 y debe advertir a la persona requerida del plazo para cumplirlo y de la cuanta de la multa que, en caso de incumplimiento, puede serle impuesta. El plazo debe ser, en cualquier caso, suficiente para cumplir la obligacin, y la multa no puede exceder de los 3.000 euros o del 10 %del importe de la obligacin si esta es cuantificable.


[Bloque 289: #a3423]

Artculo 342-3. Reiteracin de las multas.

1. La Administracin, si comprueba el incumplimiento de lo que ha ordenado, puede reiterar las multas, sujetndose a lo establecido por el artculo 342-2, por perodos que sean suficientes para cumplirlo. Los nuevos plazos no pueden ser inferiores al sealado en el primer requerimiento.

2. Las multas a que se refiere el apartado 1 son independientes de las que pueden imponerse en concepto de sancin, y son compatibles con ellas.


[Bloque 290: #daprimera]

Disposicin adicional primera. Informes de evaluacin.

La Agencia Catalana del Consumo debe evaluar peridicamente la vigencia, aplicacin y ejecucin de la presente ley, de acuerdo con la finalidad y los objetivos expuestos en el prembulo. Teniendo en cuenta los datos obtenidos, la Agencia Catalana del Consumo debe formular y proponer al Gobierno, cada cinco aos, las reformas que convenga introducir en los conceptos utilizados por la presente ley.


[Bloque 291: #dasegunda]

Disposicin adicional segunda. Modificacin de la Ley 9/2004.

1. Se modifica el artculo 12 de la Ley 9/2004, de 24 de diciembre, de creacin de la Agencia Catalana del Consumo, que queda redactado del siguiente modo:

Artculo 12. Desconcentracin territorial.

La estructura de la Agencia Catalana del Consumo, para la consecucin de sus objetivos y en el ejercicio de sus funciones y competencias, est constituida por rganos centrales y territoriales.

2. Se aade un nuevo artculo, el 22, a la Ley 9/2004, con el siguiente texto:

Artculo 22. Tratamiento de los datos de carcter personal.

1. La Agencia Catalana del Consumo puede recoger y tratar los datos de carcter personal de las personas consumidoras y empresarias que sean necesarias para el ejercicio de las funciones establecidas por el artculo 3.

2. La presentacin de una queja, reclamacin o denuncia a la Agencia Catalana del Consumo implica el consentimiento expreso de la persona afectada por el tratamiento de los datos personales que ha comunicado en su peticin y, si procede, la cesin de los datos a otros organismos administrativos de carcter estatal, de otros estados miembros de la Unin Europea o de otros estados, con el fin de continuar la tramitacin de las actuaciones.

3. En el tratamiento de los datos de las personas consumidoras y empresarias debe garantizarse la seguridad y la confidencialidad, con pleno respeto por la legislacin en materia de proteccin de datos de carcter personal.


[Bloque 292: #dtprimera]

Disposicin transitoria primera. Procedimientos en tramitacin y aplicacin de la legislacin ms favorable.

1. Los preceptos de la presente ley no son de aplicacin a los expedientes incoados antes de su entrada en vigor, sin perjuicio de su retroactividad si son ms favorables para el presunto infractor o infractora.

2. La presente ley, en cuanto a las infracciones, se aplica solo a las cometidas a partir de su entrada en vigor.


[Bloque 293: #dtsegunda]

Disposicin transitoria segunda. Adaptacin de empresas y entidades.

Las obligaciones establecidas por el libro segundo y que no recoga la normativa anterior son exigibles a las empresas y entidades afectadas una vez transcurridos seis meses desde la publicacin de la presente ley. A tales efectos, para los empresarios que tienen la consideracin de microempresa o de pequea o mediana empresa, de acuerdo con la Recomendacin CE/2003/361, de 6 de mayo, el plazo de adaptacin es de un ao.


[Bloque 294: #dttercera]

Disposicin transitoria tercera. Rgimen transitorio de las actuaciones de inspeccin.

Mientras no se haga el desarrollo reglamentario relativo a las materias a que se refiere la letra b de la disposicin final tercera, las actuaciones de la inspeccin deben ajustarse a lo establecido por el Decreto 206/1990, de 30 de julio, sobre la inspeccin de disciplina del mercado y consumo.


[Bloque 295: #dtcuaa]

Disposicin transitoria cuarta. Transitoriedad de los rganos sancionadores.

1. Mientras no se haga el desarrollo reglamentario relativo a las materias a que se refiere la letra c de la disposicin final segunda, es de aplicacin lo establecido por el Decreto 108/1997, de 29 de abril, por el que se establecen los rganos competentes en la imposicin de sanciones y otras medidas en materia de defensa de los consumidores y de los usuarios, y en la adopcin de medidas para garantizar la seguridad de los productos destinados al mercado, de acuerdo con las modificaciones que hace el apartado 2.

2. Se modifican los artculos 1 a 5 del Decreto 108/1997, que quedan redactados del siguiente modo:

Artculo 1.

Las infracciones en materia de defensa de las personas consumidoras y usuarias son objeto de las correspondientes sanciones, las cuales son impuestas, de acuerdo con lo establecido por el presente decreto, por:

a) Los directores de los servicios territoriales del departamento competente en materia de consumo.

b) El subdirector o subdirectora general de Disciplina de Mercado de la Agencia Catalana del Consumo.

c) El director o directora de la Agencia Catalana del Consumo.

d) El consejero o consejera del departamento competente en materia de consumo.

e) El Gobierno.

Artculo 2.

Corresponden a los directores de los servicios territoriales del departamento competente en materia de consumo y al subdirector o subdirectora general de Disciplina de Mercado de la Agencia Catalana del Consumo las siguientes funciones:

a) Imponer sanciones por las infracciones leves.

b) Imponer multas coercitivas de hasta 1.500 euros o hasta el 5 % del importe de la obligacin.

Artculo 3.

Corresponden al director o directora de la Agencia Catalana del Consumo las siguientes funciones:

a) Imponer sanciones por las infracciones graves.

b) Imponer multas coercitivas de hasta 3.000 euros o hasta el 10 % del importe de la obligacin.

Artculo 4.

Corresponde al consejero o consejera del departamento competente en materia de consumo imponer sanciones de hasta 500.000 euros por infracciones muy graves, as como ordenar el cierre de la empresa infractora o el cese de su actividad.

Artculo 5.

Corresponde al Gobierno imponer sanciones a partir de 500.001 euros por infracciones muy graves, as como ordenar el cierre de la empresa infractora o el cese de su actividad.

Se modifica el apartado 1 por el art. 131 de la Ley 9/2011, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2012-546.




[Bloque 296: #dtquinta]

Disposicin transitoria quinta. Creacin y funcionamiento de los servicios pblicos de consumo de mbito comarcal.

Las comarcas que, de acuerdo con el artculo 126-10.3, en el momento de la entrada en vigor de la presente ley, no dispongan de un servicio pblico de consumo lo deben crear y poner en funcionamiento en un plazo de tres aos desde dicha entrada en vigor.


[Bloque 297: #dt]

Disposicin transitoria sexta. Entrada en vigor de las obligaciones de los empresarios que organizan o comercializan viajes combinados.

Las obligaciones de los empresarios que organizan o comercializan viajes combinados a las que se refieren los artculos 252-10, 252-11 y 252-12 entran en vigor y son de obligado cumplimiento en un plazo de seis meses a contar desde la entrada en vigor de la presente disposicin transitoria.

Se aade por el art. 220.4 de la Ley 5/2017, de 28 de marzo. Ref. BOE-A-2017-7353

Texto aadido, publicado el 30/03/2017, en vigor a partir del 31/03/2017.


[Bloque 298: #dd]

Disposicin derogatoria.

Se derogan la Ley 3/1993, de 5 de marzo, del Estatuto del consumidor, y las disposiciones de rango igual o inferior a la presente ley que se opongan a lo que esta establece.


[Bloque 299: #dfprimera]

Disposicin final primera. Referencias a las Leyes 1/1998 y 1/1990.

Las referencias en materia de consumo hechas a la Ley 1/1998, de 7 de enero, de poltica lingstica, y a la Ley 1/1990, de 8 de enero, sobre la disciplina del mercado y de defensa de los consumidores y de los usuarios, se entienden hechas a la presente ley.


[Bloque 300: #dfsegunda]

Disposicin final segunda. Desarrollo reglamentario.

El Gobierno, en el plazo de un ao a contar de la fecha de entrada en vigor de la presente ley, debe aprobar su desarrollo reglamentario para regular las siguientes materias:

a) El procedimiento de mediacin. Deben establecerse las normas relativas al inicio, desarrollo y finalizacin del procedimiento de mediacin, as como los efectos de la mediacin en el consumo.

b) El procedimiento para practicar la toma de muestras reglamentaria y la autoridad competente para acordar las inmovilizaciones cautelares y dems actuaciones inspectoras.

c) Los rganos de la Administracin de la Generalidad competentes para incoar, instruir y resolver los procedimientos sancionadores en materia de defensa de las personas consumidoras establecidos por la presente ley; los rganos que pueden adoptar las medidas pertinentes para garantizar la seguridad de los productos destinados al mercado, y el procedimiento para llevar a cabo la indemnizacin por daos y perjuicios establecida por el artculo 333-7.

d) (Derogada).

e) Los requisitos, documentacin y procedimiento para inscribir las organizaciones de personas consumidoras en el Registro de organizaciones de personas consumidoras de Catalua y para darlas de baja, as como los mecanismos de control.

f) El procedimiento para el otorgamiento y prdida de la condicin de organizacin ms representativa, de acuerdo con el artculo 127-7.

Se deroga la letra d) por la disposicin derogatoria 1.a) de la Ley 20/2014, de 29 de diciembre. Ref. BOE-A-2015-471.




[Bloque 301: #dftercera]

Disposicin final tercera. Entrada en vigor.

La presente ley entra en vigor al cabo de un mes de haber sido publicada en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.


[Bloque 302: #firma]

Por tanto, ordeno que todos los ciudadanos a los que sea de aplicacin esta Ley cooperen en su cumplimiento y que los tribunales y autoridades a los que corresponda la hagan cumplir.

Palacio de la Generalidad, 20 de julio de 2010.

El Presidente de la Generalidad de Catalua

El Consejero de Economa y Finanzas

Jos Montilla i Aguilera

Antoni Castells i Oliveres


[Bloque 303: #ir]

Informacin relacionada

Tngase en cuenta que se declaran que no son inconstitucionales los apartados 1 y 2 del artculo 128-1 siempre que se interpreten en los trminos establecidos en los fundamentos jurdicos 4 y 5, respectivamente, por las Sentencias del TC 88/2017, de 4 de julio de 2017. Ref. BOE-A-2017-8473 y 7/2018, de 25 de enero. Ref. BOE-A-2018-2463

Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.

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