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EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Hago saber que la Asamblea de Madrid ha aprobado la siguiente Ley, que yo, en nombre del Rey, promulgo.
PREÁMBULO
La presente Ley constituye la plasmación de la solidaridad de la Comunidad de Madrid con las víctimas del terrorismo.
La finalidad de la Ley consiste en contribuir a paliar los daños ocasionados por los atentados a sus víctimas. Lo deseable sería que las ayudas permanecieran inéditas, ya que la aplicación de la Ley supondría la constatación de una frustración previa, derivada de la pervivencia del terrorismo.
Los afectados por los atentados terroristas, perpetrados en la Comunidad de Madrid, tienen acceso a las ayudas concedidas por la Administración del Estado, complementadas, en el municipio de Madrid, y en el caso de la reparación de los daños de la vivienda habitual, por la actuación del Ayuntamiento de la capital, en el marco del convenio suscrito con el Ministerio del Interior, vigente desde diciembre de 1995.
Las ayudas de la Comunidad de Madrid se insertan en este contexto y vienen a completar las medidas estatales, siguiendo así la pauta de las ayudas concedidas, en sus respectivos territorios, por la Comunidad Foral de Navarra y la Comunidad Autónoma del País Vasco.
En cuanto al contenido de la Ley, el capítulo I (disposiciones generales), concibe la ayudas como subsidiarias, con respecto a las de cualesquiera otros organismos; atribuye a las mismas carácter individualizado, y establece su cobertura presupuestaria.
Las líneas de ayudas reguladas por la Ley son las siguientes:
Asistencia sanitaria, incluida la atención psicológica especializada y psicopedagógica (capítulo II).
Ayuda de estudio, transporte, comedor y residencia (capítulo III).
Ayudas por daños materiales (capítulo IV), referidos, bien a la vivienda habitual, en cuyo caso cabe distinguir entre la reparación de los daños, el alojamiento provisional y el cambio de vivienda (Sección 2.ª); o bien, al resto de los bienes (Sección 3.ª).
Ayudas a empresas y comercios (capítulo V).
Ayudas extraordinarias (capítulo VI).
Las disposiciones sobre requisitos y procedimiento (capítulo VII) han buscado la mayor simplicidad posible. La aprobación y tramitación de las ayudas se atribuye a la Consejería competente en el ámbito material, al que se refiere la ayuda solicitada.
La presente Ley se dictará al amparo de los títulos competenciales siguientes: Asistencia social (artículo 26.18 del Estatuto de Autonomía); vivienda (artículo 26.3); sanidad e higiene y coordinación hospitalaria (artículos 27.6 y 27.7), y fomento del desarrollo económico (artículo 26.11).
En el proceso de elaboración de la presente Ley se ha solicitado informe del Consejo Económico y Social.
Es objeto de la presente Ley la regulación de las ayudas que se concedan a las personas físicas o jurídicas que sufran daños como consecuencia o con ocasión de las actividades delictivas cometidas por bandas armadas o elementos terroristas en el territorio de la Comunidad de Madrid.
Las ayudas concedidas al amparo de esta Ley se modularán en función de la naturaleza y entidad de los daños ocasionados, de las circunstancias socio-económicas concretas de sus destinatarios, y de las disponibilidades presupuestarias.
Las ayudas se financiarán con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid.
Las ayudas concedidas al amparo de esta Ley serán subsidiarias y complementarias respecto de las establecidas para los mismos supuestos por cualesquiera otros organismos.
En consecuencia, cuando el beneficiario tenga derecho a percibir ayudas de otros organismos, si el importe total de las otorgadas por éstos es inferior al de las concedidas por la Comunidad de Madrid, sólo percibirán de ésta la diferencia entre ambas ayudas.
Si la diferencia es cero o el importe de las ayudas procedentes de otros organismos es superior a las concedidas por la Comunidad de Madrid, el beneficiario no percibirá ninguna cantidad de esta última.
1. Las personas que hayan sufrido lesiones físicas como consecuencia de un acto terrorista y no tuvieran cubiertos los gastos de asistencia sanitaria por cualquier sistema de previsión, podrán recabar dicha asistencia por parte de la Comunidad de Madrid.
2. La Comunidad de Madrid prestará asistencia psicológica especializada a las personas que arrastren secuelas psicosomáticas, como consecuencia de un acto terrorista o padezcan, en general, problemas psicológicos derivados de un atentado sufrido por ellas mismas, sus familiares o personas con quienes convivan.
3. En ambos casos, la asistencia será gratuita y se prestará a través de los centros sanitarios dependientes del Servicio Regional de Salud.
1. Los alumnos de educación infantil y primaria que como consecuencia de un acto terrorista sufrido por ellos mismos, sus familiares o personas con quien convivan, padezcan problemas de aprendizaje o de adaptación al ambiente, recibirán asistencia psicopedagógica de la Comunidad de Madrid.
2. El acceso a esta asistencia será prioritario y gratuito y, en la medida de lo posible, a través de la red pública del Ministerio de Educación y Ciencia.
1. Cuando como consecuencia de un acto terrorista, se deriven, bien para el propio estudiante, para sus padres, tutores o guardadores legales, daños personales de especial trascendencia o que les incapaciten, totalmente, para el trabajo habitual, se concederá ayudas para la enseñanza, transporte, comedor y residencia, en su caso, hasta la correspondiente licenciatura o diplomatura en cetros situados, preferentemente, en la Comunidad de Madrid, si bien, con carácter excepcional, podrán concederse ayudas para estudiar en otra Comunidad Autónoma.
2. Las ayudas podrán consistir en la dispensa o atenuación de los requisitos que se establezcan en las convocatorias generales de becas al estudio o en la ampliación de los límites de su cuantía.
3. La solicitud de concesión de estas ayudas se someterá a los plazos y procedimientos establecidos en las citadas convocatorias.
1. En el supuesto de que se produzcan daños materiales como consecuencia de actos terroristas, serán de aplicación las disposiciones previstas en la Sección 2.ª de este capítulo, para el caso de la estructura y los elementos esenciales de la vivienda habitual de las personas físicas y en la Sección 3.ª de este capítulo, para las restantes viviendas y bienes inmuebles y para los bienes muebles.
2. Se entenderán por elementos esenciales aquéllos cuyos desperfectos hagan imposible la habitabilidad de la vivienda o disminuyan, gravemente, sus condiciones normales de habitabilidad, incluyéndose las instalaciones y el mobiliario absolutamente indispensables para tal fin.
3. A los efectos de la presente Ley, se considerará vivienda habitual la edificación que constituya la residencia de la persona durante el plazo de, al menos, seis meses al año. Igualmente, se entenderá que la vivienda es habitual en los casos de cambio de la misma, siempre que en la nueva se haya residido durante un plazo proporcional al indicado.
Quedan excluidos de las ayudas de esta Ley los bienes de entidades, corporaciones u organismos nacionales o extranjeros que posean carácter público.
1. Se establece un límite máximo de subvención de 7.000.000 de pesetas por siniestro y solicitante.
2. Para la aplicación de este límite se tomarán en consideración las ayudas concedidas al amparo de este capítulo y del capítulo V.
1. La acreditación del montante de los daños se realizará mediante la confección de las pertinentes peritaciones. No obstante lo anterior, se podrá prescindir de la peritación cuando la cuantía total de los daños, acreditada mediante la presentación de factura o presupuesto de reparación, no alcance las 50.000 pesetas.
2. En los supuestos en los que exista una discrepancia pericial sobre la valoración de los daños que se hayan producido como consecuencia del acto terrorista, la Administración tomará como base para el cálculo de la ayuda aquélla que tenga un carácter oficial.
3. La tasación que lleve a cabo los técnicos de la Consejería competente para probar las ayudas, tendrá carácter de peritación oficial, a los efectos previstos en el número anterior.
1. Cuando, como consecuencia de un acto terrorista, se produzcan daños en la estructura o los elementos esenciales de la vivienda habitual, se podrá conceder una subvención a fondo perdido que cubra la totalidad de los gastos de reparación, con el límite indicado en el artículo 10.
2. A los efectos de este artículo, se tomarán en consideración los daños producidos, tanto en los elementos privativos de las viviendas, como en los elementos comunes de los edificios en que se ubiquen, siempre que en uno y otro caso los desperfectos hagan imposible la habitabilidad de la vivienda o disminuyan, gravemente, sus condiciones normales de habitabilidad.
3. El importe de la ayuda se abonará a los propietarios o a quienes legítimamente pretendieran efectuar la reparación o hubiesen dispuesto la misma.
4. Estas ayudas no se concederán en el caso de que la Delegación del Gobierno abone el importe a las empresas constructoras, a las que previamente haya encargado la reparación, ni en aquellos municipios en los que el Ayuntamiento acometa dicha reparación, en virtud de un Convenio firmado a tal efecto con el Ministerio del Interior.
1. La Comunidad de Madrid proporcionará alojamiento provisional a las personas que, como consecuencia de los daños ocasionados por un acto terrorista en su vivienda habitual, se vean impedidas de utilizarla temporalmente.
2. La duración de esta ayuda será la de las obras de reparación, salvo que éstas se prolonguen por causa imputable al beneficiario.
3. La Comunidad de Madrid optará entre facilitar directamente dicho alojamiento o sufragar los gastos que se originen dentro de los límites que reglamentariamente se determinen.
1. En el supuesto de que la vivienda habitual se pierda definitivamente como consecuencia de un acto terrorista, se aplicarán las reglas siguientes:
1.ª Si el ocupante de la vivienda fuese su propietario, podrá recibir una subvención equivalente al 80 por 100 de los gastos financieros derivados de la adquisición; o, si no deseare adquirir otra vivienda en propiedad, podrá recibir una subvención a fondo perdido para el alquiler de otra vivienda de similares características y en la misma zona que la siniestrada, por tiempo no superior a diez años.
2.ª Si el ocupante tuviera el uso, atribuido en virtud de derechos reales de usufructo, uso o habitación, podrá recibir una subvención a fondo perdido para el alquiler de otra vivienda de similares características y en la misma zona que la siniestrada, por tiempo no superior a diez años.
3.ª Si el ocupante fuera arrendatario de la vivienda, podrá recibir una subvención a fondo perdido que cubra, parcialmente, los gastos derivados del nuevo contrato de alquiler de una vivienda de características similares, en la misma zona que la siniestrada. La subvención cubrirá la diferencia entre el precio del alquiler anterior y el del nuevo. La duración de la subvención será la que restase para la finalización del contrato en vigor, en el momento del acto terrorista, por un tiempo no superior a diez años.
2. Para el cálculo del coste financiero, al que se refiere el número 1, regla 1.ª, de este artículo, se computará, además de los gastos de apertura, corretaje y cancelación, el tipo de interés del dinero, fijado por el Banco de España en cada momento durante la vigencia del crédito, incrementado en dos puntos.
3. Si, tras el agotamiento de las ayudas previstas en este artículo, persistiera la situación de desamparo, se podrán conceder, atendiendo a las circunstancias particulares que concurran en cada caso, las ayudas previstas en el artículo 18.
En caso de que el beneficiario de las subvenciones previstas en esta Sección perciba, además, por el mismo concepto, una indemnización de una entidad aseguradora o del Consorcio de Compensación de Seguros, la Comunidad de Madrid deducirá de la subvención el importe de dicha indemnización.
Si la indemnización es igual o superior a la subvención de la Comunidad de Madrid, ésta no abonará cantidad alguna.
1. Las ayudas por daños a bienes muebles e inmuebles, no contemplados en la Sección anterior, se condicionarán al hecho de que los bienes afectados por el acto terrorista tengan la contingencia cubierta por una póliza de seguro, que implique una indemnización a cargo de una entidad aseguradora o del Consorcio de Compensación de Seguros.
2. La Comunidad de Madrid abonará al beneficiario un anticipo del pago definitivo por la entidad aseguradora o el Consorcio de Compensación de Seguros, de hasta el 80 por 100 del valor total de los daños.
3. Con carácter previo a la concesión y cualquiera que fuera la cantidad anticipada, el titular de la póliza aceptará, en instrumento jurídico suficiente, el compromiso de ingresar en la Tesorería de la Comunidad de Madrid, el capital abonado por la entidad aseguradora o por el Consorcio, en el plazo de quince días desde la entrega efectiva en la cuantía necesaria para compensar el anticipo, salvo que la cantidad que se perciba sea inferior al importe del anticipo, en cuyo caso se ingresará aquélla en su totalidad, quedando, la diferencia entre ambas cantidades, en poder del beneficiario en concepto de subvención a fondo perdido.
Aquellos damnificados que hayan sido perjudicados en los bienes que posean para su actividad comercial o industrial, y soliciten créditos-puente para atender a los gastos de reparación, podrán recibir ayudas consistentes en la subvención equivalente al coste financiero de los créditos-puente solicitados.
El Consejo de Gobierno podrá conceder, excepcionalmente, ayudas que, correspondiendo a daños materiales no previstos en esta Ley, hayan generado situaciones de necesidad personal, que fueran evaluables y verificables, cuando se observe la insuficiencia del montante de las ayudas ordinarias para cubrir, adecuadamente, estos supuestos.
1. Serán requisitos, para acogerse a las ayudas previstas en esta Ley, los siguientes:
a) Que el atentado terrorista se haya producido en el territorio de la Comunidad de Madrid, después de la entrada en vigor de la presente Ley.
b) Que el interesado haya presentado la correspondiente denuncia ante los órganos competentes.
c) Que por la Delegación de Gobierno se expida certificación sobre los hechos producidos.
d) Que el interesado se comprometa a ejercitar todas las actuaciones de resarcimiento procedentes.
2. No obstante, el Consejo de Gobierno podrá dispensar de los requisitos exigidos en los apartados b) y c) del número anterior, cuando los hechos afecten a un gran número de personas o se pueda disponer, de oficio, de los datos correspondientes.
1. El procedimiento administrativo de concesión de ayudas se iniciará, de oficio, por la propia Administración de la Comunidad Autónoma de Madrid, o bien a solicitud de los interesados, mediante la presentación de una instancia en la que se harán constar los siguientes extremos:
Nombre, apellidos y domicilio del solicitante.
Fecha y descripción de los hechos.
Daños sufridos.
Ayuda solicitada.
Nombre y razón social de la compañía aseguradora, en su caso, así como número de la póliza o pólizas de seguro concertadas.
2. Junto con la solicitud, los interesados deberán aportar los documentos justificativos del cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 19.
1. La solicitud de concesión de ayudas se dirigirá a la Consejería de Presidencia para su resolución, en el plazo de dos meses a partir de la fecha del hecho que la motiva.
2. El plazo máximo de resolución de la solicitud será de tres meses. Transcurrido dicho plazo, ésta se podrá entender desestimada, a los efectos previstos en el artículo 43 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, sin perjuicio de la obligación de la Administración de resolver expresamente.
1. La concesión de las ayudas extraordinarias, prevista en el artículo 18, y de las subvenciones superiores a 2.000.000 de pesetas, corresponderá al Consejo de Gobierno.
2. La aprobación de las restantes ayudas corresponderá a los Consejeros competentes en las materias sobre las que incidan las distintas modalidades de ayuda. Si la suma de subvenciones concedidas mediante la misma resolución supera la cuantía a que se refiere el párrafo anterior, se estará a lo dispuesto en el mismo.
1. La tramitación de los expedientes administrativos de ayuda corresponderá a la Consejería competente para su aprobación.
2. En el caso de las subvenciones cuya aprobación corresponde al Consejo de Gobierno, en razón de su cuantía, la tramitación recaerá sobre la Consejería competente para las subvenciones de la misma modalidad inferiores a dicha cuantía.
Si la superación de la cuantía, a que se refiere el párrafo anterior se produce como consecuencia de la acumulación de varias subvenciones, la tramitación de los expedientes administrativos corresponderá a las Consejerías competentes para aprobar las subvenciones, en cada caso, que elevarán al Consejo de Gobierno las propuestas respectivas, a través de la Consejería de Presidencia.
3. La tramitación de las ayudas extraordinarias corresponderá a la Consejería que tenga atribuida dicha competencia en relación con las ayudas con las que guarden una mayor afinidad.
1. La aprobación de las ayudas, a que se refiere el artículo 22.2, se ajustará a las siguientes reglas:
1.ª La aprobación de las ayudas previstas en el capítulo II corresponderá al Consejero de Sanidad y Servicios Sociales, en el caso del artículo 5, y al Consejero de Educación y Cultura, en el caso del artículo 6.
2.ª La aprobación de las ayudas previstas en el capítulo III corresponderá al Consejero de Educación y Cultura.
3.ª La aprobación de las ayudas previstas en el capítulo IV, Sección 2.ª, corresponderá al Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes.
4.ª La aprobación de las ayudas previstas en el capítulo IV, Sección 3.ª, corresponderá al Consejero de Economía y Empleo, en lo relativo a los bienes muebles, y al Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, en los que se refiere a los bienes inmuebles.
5.ª La aprobación de las ayudas previstas en el capítulo V corresponderá al Consejero de Economía y Empleo.
2. Mediante Decreto del Consejo de Gobierno se podrá modificar la asignación de competencias efectuada por el artículo 22 y por el número 1 de esta disposición adicional.
Desde el Programa de Créditos Globales, aprobado anualmente en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid, se financiarán las partidas presupuestarias necesarias para hacer frente al cumplimiento de las ayudas reguladas en la presente Ley.
Se autoriza al Consejo de Gobierno para revisar las cuantías previstas en la Ley.
Se autoriza al Consejo de Gobierno para dictar cuantas disposiciones reglamentarias requiera el desarrollo de la presente Ley.
Se faculta a los Consejeros competentes para la aprobación de cada tipo de ayuda, para que dicten las disposiciones de desarrollo de esta Ley que resulten necesarias, en cada modalidad.
La presente Ley entrará en vigor el 1 de enero de 1997, y se publicará tanto en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» como en el «Boletín Oficial del Estado».
Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley que la cumplan, y a los Tribunales y autoridades que corresponda, la guarden y la hagan guardar.
Madrid, 19 de diciembre de 1996.
ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN,
Presidente
(Publicada en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 307, de 27 de diciembre de 1996; corrección de errores «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» número 14, de 17 de enero de 1997)
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