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Documento BOE-T-1991-3851

Pleno. Sentencia 6/1991, de 15 de enero. Cuestión de inconstitucionalidad 1.628/1989. En relación con los artículos 1 y 2 de la Ley 7/1983, de 29 de junio, sobre expropiación por razones de utilidad pública e interés social de los Bancos y otras Sociedades que componen el «Grupo Rumasa, Sociedad Anónima». Voto particular.

Publicado en:
«BOE» núm. 38, de 13 de febrero de 1991, páginas 13 a 21 (9 págs.)
Sección:
T.C. Suplemento del Tribunal Constitucional
Departamento:
Tribunal Constitucional
Referencia:
BOE-T-1991-3851

TEXTO ORIGINAL

EL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, COMPUESTO POR DON FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE, PRESIDENTE, Y DON FRANCISCO RUBIO LLORENTE, VICEPRESIDENTE; DON FERNANDO GARCIA-MON Y GONZALEZ-REGUERAL, DON CARLOS DE LA VEGA BENAYAS, DON MIGUEL RODRIGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, DON JESUS LEGUINA VILLA, DON LUIS LOPEZ GUERRA, DON JOSE LUIS DE LOS MOZOS Y DE LOS MOZOS, DON ALVARO RODRIGUEZ BEREIJO, DON VICENTE GIMENO SENDRA Y DON JOSE LUIS GABALDON LOPEZ, MAGISTRADOS, HA PRONUNCIADO

EN NOMBRE DEL REY

LA SIGUIENTE

SENTENCIA

EN LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD NUM. 1.628/1989, PROMOVIDA POR LA SECCION SEPTIMA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID, RESPECTO A LOS ART. 1 Y 2 DE LA LEY 7/1983, DE 29 DE JUNIO, SOBRE <EXPROPIACION POR RAZONES DE UTILIDAD PUBLICA E INTERES SOCIAL DE LOS BANCOS Y OTRAS SOCIEDADES QUE COMPONEN EL GRUPO ''RUMASA, SOCIEDAD ANONIMA''>. HAN COMPARECIDO EN EL PROCESO EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO Y EL ABOGADO DEL ESTADO, Y HA SIDO PONENTE EL MAGISTRADO DON CARLOS DE LA VEGA BENAYAS, QUIEN EXPRESA EL PARECER DEL TRIBUNAL.

I. ANTECEDENTES

1.

EN EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUM. 18 DE MADRID SE SIGUIO JUICIO INTERDICTAL TRAMITADO CON EL NUM. 556/1983, PROMOVIDO POR DON JOSE MARIA RUIZ MATEOS Y JIMENEZ DE TEJADA Y OTROS, CONTRA EL ESTADO ESPAÑOL AL OBJETO DE RECUPERAR LA POSESION DE LOS BIENES EXPROPIADOS PERTENECIENTES AL GRUPO <RUMASA, SOCIEDAD ANONIMA>, POR EL REAL DECRETO-LEY 2/1983, DE 23 DE FEBRERO, CONVERTIDO DURANTE LA TRAMITACION DEL JUICIO EN LA LEY 7/1983, DE 29 DE JUNIO. EN DICHO JUICIO RECAYO SENTENCIA DESESTIMATORIA EL 23 DE DICIEMBRE DE 1986, DESPUES DE HABERSE RECHAZADO POR SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 166/1986, LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD PLANTEADA POR EL MENCIONADO ORGANO JUDICIAL SOBRE LOS ARTS. 1 Y 2 DE LA LEY 7/1983, POR SU POSIBLE CONTRADICCION CON EL ART. 24.1 DE LA C.E.

CONTRA LA SENTENCIA DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA SE INTERPUSO POR LOS DEMANDANTES RECURSO DE APELACION, SIENDO ADMITIDO EN AMBOS EFECTOS, Y CORRESPONDIO EL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO A LA SECCION SEPTIMA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID, TRAMITANDOSE EL ROLLO NUM. 52/1987. POR AUTO DE 9 DE JULIO DE 1989 SE PLANTEO CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTS. 1 Y 2 DE LA LEY 7/1983, DE 29 DE JUNIO, DE EXPROPIACION POR RAZONES DE UTILIDAD PUBLICA E INTERES SOCIAL DE LOS BANCOS Y OTRAS SOCIEDADES QUE COMPONEN EL GRUPO <RUMASA, SOCIEDAD ANONIMA>, POR POSIBLE INFRACCION DE LOS ARTS. 33.3 Y 14 DE LA C.E. SE JUSTIFICA EN PRIMER TERMINO POR LA AUDIENCIA PROVINCIAL, QUE LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD REUNE LOS REQUISITOS DEL ART.

35.2 DE LA LOTC, Y QUE SE PLANTEA POR SI LOS ARTS. 1 Y 2 DE LA LEY 7/1983, DE 29 DE JUNIO, INFRINGEN LO DISPUESTO EN LOS ARTS. 33.3 Y 14 DE LA C.E. EN LOS ARTS. 1 Y 2 DE LA MENCIONADA LEY, SE DECLARA, RESPECTIVAMENTE, LA EXPROPIACION FORZOSA, POR CAUSA DE UTILIDAD PUBLICA E INTERES SOCIAL, DE LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL DE LAS SOCIEDADES RECLAMADAS EN EL ANEXO DE LA PROPIA LEY, INTEGRANTES TODAS ELLAS DEL GRUPO <RUMASA>, Y SE ADQUIERE POR LA ADMINISTRACION DEL ESTADO EL PLENO DOMINIO DE LAS ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES EXPROPIADAS, TOMANDO POSESION INMEDIATA DE LAS SOCIEDADES, A QUE CORRESPONDEN LAS MISMAS, A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO.

SEGUIDAMENTE EN LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD SE ANALIZA SI ES FACTIBLE FORMULAR EL LLAMADO JUICIO DE RELEVANCIA, ES DECIR, LA JUSTIFICACION DE EN QUE MEDIDA LA DECISION DEL PROCESO DEPENDE DE LA VALIDEZ DE LA NORMA EN CUESTION, EN EL PROCEDIMIENTO INTERDICTAL, Y SI PROCEDE FORMULARLO EN EL PRESENTE SUPUESTO. ASI, RESPECTO AL PRIMER ASPECTO LA AUDIENCIA PROVINCIAL, A DIFERENCIA DE LO ALEGADO POR EL MINISTERIO FISCAL Y EL ABOGADO DEL ESTADO EN EL TRAMITE PREVISTO EN EL ART. 35.2 DE LA LOTC, BASANDOSE EN LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 166/1986, SOSTIENE QUE EL HECHO DE HALLARNOS ANTE UN INTERDICTO DE RECOBRAR LA POSESION, JUICIO DE NATURALEZA SUMARIA Y DE COGNICION LIMITADA, NO SUPONE OBICE ALGUNO PARA PODER FORMULAR JUICIO DE RELEVANCIA, REQUISITO NECESARIO PARA PLANTEAR CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD.

EL SEGUNDO ASPECTO DE ESTE TEMA QUE SE ANALIZA, ES SI EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SE HA PRONUNCIADO YA, SOBRE LA ADECUACION O INADECUACION DE LOS ARTS. 1 Y 2 DE LA LEY 7/1983 A LOS ARTS. 33.3 Y 14 DE LA C.E., PORQUE EN LAS ALEGACIONES PREVIAS AL PLANTEAMIENTO DE LA PRESENTE CUESTION, TANTO EL ABOGADO DEL ESTADO COMO EL MINISTERIO FISCAL, SEÑALAN QUE YA HA HABIDO PRONUNCIAMIENTO EN LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 111/1983, 166/1986 Y 67/1988. LA AUDIENCIA PROVINCIAL ESTIMA QUE EN LAS CITADAS SENTENCIAS, EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL LO QUE RESUELVE ES LO RELATIVO A LA SINGULARIDAD DE LA CAUSA EXPROPIANDI, DERIVADA DE LA CONCURRENCIA DE UNA SITUACION DE EXTRAORDINARIA Y URGENTE NECESIDAD QUE HIZO NECESARIO UTILIZAR LA TECNICA LEGISLATIVA DEL DECRETO-LEY PARA LLEVAR A CABO LA EXPROPIACION, NO PUDIENDO CONSIDERARSE LA JUSTIFICACION DE LA CAUSA EXPROPIANDI INVESTIDA DE LA SANTIDAD DE COSA JUZGADA, Y POR TANTO, INATACABLE Y VINCULANTE PARA TODOS LOS PODERES DEL ESTADO, ALGO QUE SE ADVIERTE EN LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 166/1986. POR TANTO, SEGUN LA AUDIENCIA, POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL NO SE HA ABORDADO EL TEMA RELATIVO A LA EFECTIVA Y VERDADERA JUSTIFICACION DE LA CAUSA EXPROPIANDI EN LA EXPROPIACION DEL <GRUPO RUMASA, SOCIEDAD ANONIMA>, ASI COMO TAMPOCO LA CONCRETA NECESIDAD DE OCUPACION DE TODOS SUS BIENES, PARA CUMPLIR CON EL FIN DE LA EXPROPIACION, Y POR TANTO, QUE ESTA SEA PROPORCIONADA.

SE CONCLUYE SOBRE LA EXISTENCIA DEL JUICIO DE RELEVANCIA, ACOGIENDO LA TESIS MANTENIDA EN EL AUTO QUE PLANTEO CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD EN PRIMERA INSTANCIA, DE QUE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTS. 1 Y 2 DE LA LEY 7/1983 <IMPLICARIA LA LEGITIMACION JURIDICA DE LA DESPOSESION DE LAS ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE LOS ACTORES, Y POR TANTO, LA DESESTIMACION DE LA DEMANDA INTERDICTAL; MIENTRAS QUE EL PRONUNCIAMIENTO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD SUPONDRIA LA CONCEPTUACION DEL ACTO DE DESPOJO COMO UNA VIA DE HECHO REALIZADA POR EL ESTADO SIN JUSTIFICACION CONSTITUCIONAL CORRESPONDIENTE, PROVOCANDO UN FALLO ACORDE CON LA PRETENSION PROCESAL>.

EN CONCRETO, RESPECTO A LA INFRACCION DEL ART. 33.3 DE LA C.E. QUE PRECEPTUA QUE <NADIE PODRA SER PRIVADO DE SUS BIENES Y DERECHOS SINO POR CAUSA JUSTIFICADA DE UTILIDAD PUBLICA O INTERES SOCIAL...>, SE ARGUMENTA POR LA AUDIENCIA PROVINCIAL, QUE EN LOS ARTS. 1 Y 2 DE LA LEY 7/1983, NO SE CONTIENE UNA JUSTIFICACION DE LA CAUSA EXPROPIANDI , YA QUE LO QUE SE ADUCE EN LA EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA CITADA LEY SON MERAS CONJETURAS NO ACREDITADAS. IGUALMENTE LOS MENCIONADOS PRECEPTOS VULNERAN EL PRINCIPIO DE IGUALDAD GARANTIZADO EN EL ARTICULO 14 DE LA C.E., PORQUE NO HAY PRUEBA DE LA NECESIDAD DE OCUPACION DE TODOS LOS BIENES DE LA SOCIEDAD EXPROPIADA, PARA CUMPLIR CON LA FINALIDAD DE LA EXPROPIACION, PUDIENDO SER TAL OCUPACION DESPROPORCIONADA. Y ADEMAS, SI NO CONCURRIESE LA NECESARIA JUSTIFICACION DE LA <CAUSA EXPROPIANDI> SE HABRIA INFRINGIDO EL CITADO PRINCIPIO, PUES SE HABRIA DADO UN TRATAMIENTO DISCRIMINATORIO Y DESIGUALITARIO A LA EXPROPIACION DEL <GRUPO RUMASA> EN RELACION CON OTRAS EN LAS QUE AQUELLA ESTE JUSTIFICADA.

AL AUTO DE 9 DE JULIO DE 1989 POR EL QUE SE PLANTEA LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD, SE FORMULO UN VOTO PARTICULAR POR UNO DE LOS MAGISTRADOS DE LA SECCION SEPTIMA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID, AL ENTENDER QUE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL YA HABIA RESUELTO QUE LOS ARTS. 1 Y 2 DE LA LEY 7/1983, ERAN CONFORMES CON LOS ARTS. 33.3 Y 14 DE LA C.E., COMO SE DERIVA DE LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 111/1983 Y 166/1986.

2. LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD TUVO ENTRADA EN EL REGISTRO DEL TRIBUNAL EL 31 DE JULIO DE 1989, Y POR PROVIDENCIA DE LA SECCION SEGUNDA, DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 1989, SE ACORDO, DE CONFORMIDAD CON EL ART. 37.1 DE LA LOTC, ANTES DE RESOLVER SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA REFERIDA CUESTION, OIR AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO, PARA QUE EN EL PLAZO DE DIEZ DIAS ALEGARA LO QUE ESTIMARA OPORTUNO.

3. EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO PRESENTA ESCRITO DE ALEGACIONES EL 3 DE OCTUBRE DE 1989, SOLICITANDO QUE SE INADMITIESE A TRAMITE LA PRESENTE CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD.

SEÑALA EN PRIMER LUGAR, RESPECTO A LOS REQUISITOS FORMALES DE LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD, QUE NO EXISTE EL LLAMADO JUICIO DE RELEVANCIA, YA QUE LO QUE SE PRETENDE ES QUE POR MEDIO DE UNA ACCION POSESORIA SE LOGRE ANULAR TODA UNA LEY, REBASANDOSE CON MUCHO EL AMBITO DE ACTUACION QUE ES PROPIO DEL INTERDICTO. ESTO ES, HAY UNA DESCONEXION ENTRE LA CUESTION Y EL OBJETO DEL PROCESO PREVIO. Y ESTA OBJECION SE VUELVE A PLANTEAR A PESAR DE QUE FUE RECHAZADA EN LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 166/1986 QUE RESOLVIO LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA NUM. 18 DE MADRID, YA QUE: A) EN AQUELLA OCASION NO HUBO TRAMITE DE ADMISION, Y AHORA SI; B) LAS RAZONES QUE DETERMINAN LA PRESENTE CUESTION SON DIFERENTES.

EN CUANTO AL FONDO DE LA CUESTION, SE ADUCE QUE LA MISMA ES INFUNDADA, YA QUE, DE UNA PARTE, LA ALEGADA FALTA DE JUSTIFICACION DE LA CAUSA DE EXPROPIACION, EN CUANTO SE TRATA DE UN JUICIO DE OPORTUNIDAD Y DE CARACTER TECNICO, EXPUESTO ADEMAS EN EL PREAMBULO DE LA LEY EXPROPIATORIA, QUEDA FUERA DEL CONTROL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, PUES EN OTRO CASO ASUMIRIA ESTE, SEGUN SUS PROPIAS PALABRAS, <UNA RESPONSABILIDAD QUE NO LE COMPETE>, POR LO QUE NO SE INFRINGE EL ART. 33.3 DE LA C.E. Y DE OTRA PARTE, LA POSIBLE DESIGUALDAD QUE SE DENUNCIA BASADA EN EL ART. 14 DE LA C.E., ESTA EXPUESTA SIN NINGUN RAZONAMIENTO ATENDIBLE, SIN QUE QUEPA ENCONTRARLE OTRO APOYO, EN LAS ALEGACIONES DEL PROCESO PREVIO, QUE UNA REFERENCIA CONFUNDIDA A LO QUE ESTE TRIBUNAL AFIRMO EN UNA PRECEDENTE CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD SOBRE LOS MISMOS PRECEPTOS (SENTENCIA 166/1986).

4. POR PROVIDENCIA DEL PLENO DE 31 DE OCTUBRE DE 1989, SE ACUERDA ADMITIR A TRAMITE LA CUESTION PROMOVIDA, ASI COMO, DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ART. 37.2 DE LA LOTC, DAR TRASLADO DE LAS ACTUACIONES AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Y AL SENADO, POR CONDUCTO DE SUS PRESIDENTES, AL GOBIERNO, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE JUSTICIA, Y AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO AL OBJETO DE QUE, EN EL IMPRORROGABLE PLAZO DE QUINCE DIAS, PUEDAN PERSONARSE EN EL PROCEDIMIENTO Y FORMULAR LAS ALEGACIONES QUE ESTIMASEN PROCEDENTES. SE ACORDO, IGUALMENTE, PUBLICAR LA INCOACION DE LA CUESTION EN EL <BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO> PARA GENERAL CONOCIMIENTO.

5. CON FECHA 17 DE NOVIEMBRE DE 1989, EL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS COMUNICO QUE LA CAMARA NO SE PERSONARIA EN EL PROCEDIMIENTO NI FORMULARIA ALEGACIONES, Y PUSO A DISPOSICION DEL TRIBUNAL LAS ACTUACIONES QUE PUDIERA PRECISAR.

6. EL ABOGADO DEL ESTADO SE PERSONA EN NOMBRE DEL GOBIERNO Y FORMULA ESCRITO DE ALEGACIONES EL 17 DE NOVIEMBRE DE 1989, EN EL QUE PIDE QUE SE DICTE SENTENCIA POR LA QUE SE DECLARE LA INADMISION DE LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD O ALTERNATIVAMENTE, SE DESESTIME LA MISMA POR SER LOS PRECEPTOS CUESTIONADOS CONFORMES A LA CONSTITUCION.

EN PRIMER TERMINO, SE SEÑALA POR EL ABOGADO DEL ESTADO QUE EXISTEN DOS CAUSAS DE INADMISIBILIDAD DE LA CUESTION PLANTEADA QUE AFECTAN AL JUICIO DE RELEVANCIA Y A LA COSA JUZGADA.

RESPECTO AL JUICIO DE RELEVANCIA, EN LA PRESENTE CUESTION NO CONCURREN LOS DOS MOTIVOS POR LOS QUE NO SE APRECIO SU FALTA EN LA STC 166/1986: A) CRITERIO DE INTERPRETACION ANTIFORMALISTA, Y B) LA RAZON DE NO SUSTITUIR AL ORGANO JUDICIAL EN EL RAZONAMIENTO JURIDICO CON QUE FUNDAMENTA SU DECISION. ASI, EL CRITERIO DE INTERPRETACION ANTIFORMALISTA ESTA MOVIDO POR UNA FINALIDAD PRECISA: LA RESOLUCION DE LOS PROBLEMAS DE FONDO SUSCITADOS EN LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES QUE SE TRAEN A SU CONOCIMIENTO. Y ESTOS PROBLEMAS DE FONDO RELATIVOS A LA EXPROPIACION LEGISLATIVA DE LOS BANCOS Y OTRAS SOCIEDADES DEL <GRUPO RUMASA, SOCIEDAD ANONIMA>, YA FUERON RESUELTOS POR LAS SSTC 111/1983, 166/1986 Y 67/1988.

TAMPOCO SE DA LA SEGUNDA DE LAS RAZONES, YA QUE NOS PODIAMOS ENCONTRAR ANTE UNA MANIFESTACION DE AUTORRESTRICCION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN EL EJERCICIO DE UNA FACULTAD QUE LE COMPETE, A SABER, LA DE CONTROLAR LA RELEVANCIA, EXISTIENDO, EN EL CASO PRESENTE, UN GRAVE PELIGRO DE DESNATURALIZACION DE LA TUTELA INTEDICTAL CONTRA LA VIA DE HECHO, PUES NO OTRA COSA SUPONDRIA LA ENTRADA EN EL FONDO DE LA CUESTION.

A CONTINUACION, EL ABOGADO DEL ESTADO ALEGA QUE LA CUESTION HA SIDO PLANTEADA EN ABSOLUTA DESCONEXION CON EL AMBITO Y FIN PROPIO DEL INTERDICTO DE RECOBRAR. LA PROCEDENCIA DE LA TUTELA INTERDICTAL FRENTE A OPERACIONES O ACTUACIONES MATERIALES DE LA ADMINISTRACION ES EXCEPCIONAL. NO PUEDE CONFUNDIRSE EN LAS EXPROPIACIONES ADMINISTRATIVAS LA VIA DE HECHO CON LA <SIMPLE ILEGALIDAD>, POR LO QUE MUCHO MENOS SE PUEDE CONFUNDIR EN LAS EXPROPIACIONES LEGISLATIVAS LA VIA DE HECHO Y LA INCONSTITUCIONALIDAD. NO HAY RAZON ALGUNA PARA IDENTIFICAR ABUSIVAMENTE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY SINGULAR EXPROPIATORIA Y VIA DE HECHO, YA QUE CON ESTO SE DESNATURALIZA EL PROCESO INTERDICTAL QUE PASA DE SER MEDIO TUTELAR DE LA POSESION A PROCEDIMIENTO CUYO CONTENIDO PRINCIPAL ES EL JUICIO POSITIVO O NEGATIVO ACERCA DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY.

SEGUN EL ABOGADO DEL ESTADO, LA PRESENTE CUESTION SE CIRCUNSCRIBE A SI SON CONFORMES A LA CONSTITUCION LA DECLARACION DE UTILIDAD PUBLICA E INTERES SOCIAL Y LA NECESIDAD DE LA OCUPACION, QUE ESTAN MENCIONADOS EN EL ART. 1 DE LA LEY 7/1983, POR LO QUE ART. 2 DE LA CITADA LEY ES PERFECTAMENTE IRRELEVANTE. EN CUANTO AL JUICIO DE RELEVANCIA DEL ART. 1, APARTE DE LO DICHO ANTERIORMENTE SOBRE ESTE TEMA, SE AÑADE, QUE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL MENCIONADO PRECEPTO SERIA INOPERANTE PARA LA DISCUSION DEL PROCESO A QUO, YA QUE ESTA INCONSTITUCIONALIDAD NUNCA SERIA DETERMINANTE DE QUE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS MATERIALES A LAS QUE PUDO DAR COBERTURA EL ART. 1 DE LA LEY 7/1983 QUEDARAN CALIFICADAS RETROACTIVAMENTE DE VIA DE HECHO.

EL SEGUNDO MOTIVO QUE SE ADUCE POR EL ABOGADO DEL ESTADO PARA QUE SE INADMITA LA PRESENTE CUESTION, ES EL DE COSA JUZGADA. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, PRIMERO EN LA STC 111/1983 Y DESPUES EN LA STC 166/1986, HA DECLARADO YA EL CUMPLIMIENTO DE LA PRIMERA DE LAS TRES GARANTIAS DEL ART. 33.3 C.E. EN LA EXPROPIACION LEGISLATIVA DE LOS BANCOS Y OTRAS SOCIEDADES DEL <GRUPO RUMASA, SOCIEDAD ANONIMA>, ES DECIR, LA <CAUSA DE UTILIDAD PUBLICA O INTERES SOCIAL>, LO QUE ABARCA TANTO LA REAL EXISTENCIA DE LA CAUSA EXPROPIANDI COMO LA CORRECCION DEL REQUISITO DE LA NECESIDAD DE LA OCUPACION DE LOS BIENES EXPROPIADOS. POR LO QUE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SE HA PRONUNCIADO SOBRE TODOS LOS PUNTOS PLANTEADOS EN LA PRESENTE CUESTION, LO QUE EXCLUYE UN NUEVO PRONUNCIAMIENTO.

CON CARACTER SUBSIDIARIO, EL ABOGADO DEL ESTADO EXAMINA EL FONDO DEL ASUNTO, COMENZANDO CON LA INFRACCION DENUNCIADA DEL ART. 33.3 C.E., GARANTIA CONSTITUCIONAL QUE COMPRENDE TANTO LA DECLARACION DE UTILIDAD PUBLICA E INTERES SOCIAL Y DE LA NECESIDAD DE LA OCUPACION.

LA DECLARACION DE UTILIDAD PUBLICA O INTERES SOCIAL ES LA FASE DE LA OPERACION EXPROPIATORIA GLOBAL DE MAYOR CONTENIDO POLITICO, Y ESA ES LA RAZON POR LA QUE ESTA DECLARACION HA DE SER HECHA POR EL LEGISLADOR O DEBE CONTAR CON UNA BASE INMEDIATA EN LA LEY. PUDIENDO HABER DOS NIVELES, ABSTRACTO Y CONCRETO, EN LA DECLARACION DE UTILIDAD PUBLICA E INTERES SOCIAL, Y ESTOS DOS NIVELES DE LA CAUSA EXPROPIANDI, NUESTRA LEGISLACION SOBRE EXPROPIACION PERMITE TANTO QUE SEAN APRECIADOS POR EL LEGISLADOR, COMO QUE EL LEGISLADOR SE LIMITE A LA FIJACION IN ABSTRACTO Y APODERE A LA ADMINISTRACION PARA RECONOCER IN CONCRETO ESOS DOS FINES DE UTILIDAD PUBLICA O INTERES SOCIAL, INCORPORANDO AMBOS NIVELES EL ART. 1 DE LA LEY 7/1983.

ASI, LA MENCIONADA LEY NO SOLO DECLARA <IN ABSTRACTO> QUE LA ESTABILIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO O LOS INTERESES LEGITIMOS DE DEPOSITANTES, TRABAJADORES Y TERCEROS SON FINES DE UTILIDAD PUBLICA Y/O INTERES SOCIAL, SINO QUE TAMBIEN AFIRMA QUE LA CONCRETA OPERACION EXPROPIATORIA QUE ORDENA SE BASA EN LA CONCRETA PRESENCIA DE ESOS FINES. NO PUEDE CONSIDERARSE INCONSTITUCIONAL QUE EL LEGISLADOR EFECTUE ESE RECONOCIMIENTO IN CONCRETO DE LA UTILIDAD PUBLICA E INTERES SOCIAL, SIEMPRE QUE NO SEA ARBITRARIO, Y EN EL PRESENTE CASO, CONCURRE LA CAUSA EXPROPIANDI, COMO SE HA SEÑALADO POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN SSTC 111/1983 Y 166/1986, Y TIENE UNA BASE REAL, QUE ESTA DETERMINADA POR HECHOS EXISTENTES A DIFERENCIA DE LO QUE SE PLANTEA POR LA AUDIENCIA PROVINCIAL, NO PUDIENDO SER JAMAS EN LOS AUTOS INTERDICTALES TEMA DE PRUEBA LA BASE REAL DE UNA APRECIACION DEL LEGISLADOR.

POR ULTIMO, EL ABOGADO DEL ESTADO, RESPECTO A LA VIOLACION DEL ART.

14 C.E. MANIFIESTA QUE AL QUEDAR DEMOSTRADO QUE EXISTIO CAUSA EXPROPIANDI, DESAPARECE LA SUPUESTA DISCRIMINACION RESPECTO A OTRAS EXPROPIACIONES INDETERMINADAS E HIPOTETICAS QUE SI LA TIENEN.

EN CUANTO A LA SUPUESTA <DESPROPORCION> EN LA NECESIDAD DE LA OCUPACION DE BIENES DE LA SOCIEDAD EXPROPIADA, QUE LA AUDIENCIA PROVINCIAL LO FUNDA EN EL ART. 14 C.E., PODRIA HABERSE HECHO, SEGUN ARGUMENTA EL ABOGADO DEL ESTADO, INVOCANDO EL ART.

33.3 C.E., YA QUE RESPECTO A BIENES EXPROPIADOS EN EXCESO NO PUEDE EXISTIR CAUSA JUSTIFICADA DE UTILIDAD PUBLICA O INTERES SOCIAL. SE ALEGA QUE LA PREMISA DE QUE PARTE EL PLANTEAMIENTO DE LA CUESTION ES ERRONEA, PORQUE LA APRECIACION DEL LEGISLADOR RESPECTO AL ALCANCE OBJETIVO DE LA EXPROPIACION NO TIENE PORQUE SER OBJETO DE PRUEBA POR LA ADMINISTRACION DEMANDADA EN UN PROCESO INTERDICTAL. Y POR OTRO LADO, LA CARENCIA DE TODO RAZONAMIENTO PRECISO IMPIDE EFECTUAR UNA REVISION DE LA APRECIACION DEL LEGISLADOR SOBRE LA NECESIDAD DE OCUPACION UTILIZANDO COMO CRITERIO DE MEDIDA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD, YA QUE NO SE IDENTIFICA NINGUN BIEN EN CONCRETO DEL QUE SE DEMUESTRE, CON MINIMA CONSISTENCIA, QUE NO GUARDA NEXO SUFICIENTE CON EL FIN DE LA EXPROPIACION, CONVIRTIENDO A ESTA EN EXCESIVA.

7.

EL MINISTERIO FISCAL FORMULA ESCRITO DE ALEGACIONES EL 18 DE NOVIEMBRE DE 1989, EN EL QUE SOLICITA QUE SE DESESTIME LA PRESENTE CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD, EN BASE A LOS SIGUIENTES RAZONAMIENTOS:

EN PRIMER TERMINO, ALUDE QUE EN LA PRESENTE CUESTION FALTA EL JUICIO DE RELEVANCIA, PERO NO INSISTE EN ELLO, YA QUE LO SEÑALO EN EL ESCRITO DE ALEGACIONES PRESENTADO EN EL TRAMITE DE ADMISION, HABIENDO PRECLUIDO LA POSIBILIDAD DE REITERAR NUEVOS ARGUMENTOS AL RESPECTO (STC 152/1989).

EL PUNTO FUNDAMENTAL DE LA CUESTION ES SI ESTE TRIBUNAL SE HA PRONUNCIADO YA SOBRE LA CAUSA EXPROPIANDI, CUYA FALTA DE JUSTIFICACION SE SUSTENTA POR LA AUDIENCIA PROVINCIAL, AUNQUE SEGUN ALEGA EL MINISTERIO FISCAL, LO QUE AQUELLA PLANTEA VERDADERAMENTE ES LA CORRECCION DE LAS CAUSAS ADUCIDAS PARA EXPROPIAR. EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN SSTC 111/1983 Y 166/1986, HA EXAMINADO A LA LUZ DEL ART. 33.3 C.E. LAS MEDIDAS EXPROPIATORIAS ACORDADAS EN EL REAL DECRETO-LEY 2/1983 Y EN LA LEY 7/1983, NO PUDIENDO ENJUICIAR, SI CONCURRIAN LAS CIRCUNSTANCIAS FACTICAS Y SU VALORACION DE QUE SE PARTIO PARA DECRETAR LA EXPROPIACION, O, LO QUE ES LO MISMO, RECONSIDERAR DESDE UN PUNTO DE VISTA TECNICO, PROPIO DE LA ECONOMIA O DE LAS FINANZAS, SI LA EXPROPIACION FUE O NO LA MEDIDA ADECUADA A AQUELLAS CIRCUNSTANCIAS. PORQUE ESTO ES ALGO, QUE EN CUANTO MEDIDA DE OPORTUNIDAD POLITICA, QUEDA FUERA DEL AMBITO DE ACTUACION DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.

CONCLUYE EL MINISTERIO FISCAL SUS ARGUMENTACIONES, SEÑALANDO QUE SOBRE LA DISCRIMINACION EN QUE SE HAYA PODIDO INCURRIR, YA SEA EN LA EXPROPIACION O EN LA OCUPACION DE TODOS LOS BIENES DE LA SOCIEDAD EXPROPIADA, O EN AMBOS SUPUESTOS, NADA SE RAZONA EN LA CUESTION PLANTEADA, NO EXPLICANDOSE LA EXISTENCIA DE UN TRATO INJUSTIFICADAMENTE DESIGUAL, AÑADIENDO QUE LA STC 166/1986 MANIFESTO QUE BASANDOSE EN EL ART. 2 DE LA LEY 7/1983, SE PODIA ALEGAR DISCRIMINACION ANTE LA OCUPACION DE LOS BIENES, PERO LOGICAMENTE RAZONANDOLO.

8. MEDIANTE PROVIDENCIA DE 14 DE ENERO DE 1991, SE ACORDO SEÑALAR PARA DELIBERACION Y FALLO EL DIA 15 DEL MISMO MES Y AÑO.

II. FUNDAMENTOS JURIDICOS

1. VUELVE ESTE TRIBUNAL A OCUPARSE DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 7/1983, DE 29 DE JUNIO (SOBRE EXPROPIACION DEL GRUPO RUMASA), ESTA VEZ A CONSECUENCIA DE LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD PROPUESTA POR LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID (SECCION SEPTIMA), RESPECTO DE LOS ARTS. 1 Y 2 DE AQUELLA LEY Y POR POSIBLE VULNERACION DE LOS ARTS. 14 Y 33.3 DE LA CONSTITUCION.

LA CUESTION SE PROMUEVE, COMO ES PRECEPTIVO, EN EL TRAMITE PROCESAL ULTIMO DEL RECURSO DE APELACION EN EL PROCESO DE INTERDICTO DE RECOBRAR LA POSESION INTERPUESTO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD <RUMASA, SOCIEDAD ANONIMA> (DON JOSE MARIA RUIZ MATEOS Y MAS TARDE, POR SUS HERMANOS), CONTRA EL ESTADO ESPAÑOL, CON EL OBJETIVO DE RECUPERAR LA POSESION DE LOS BIENES EXPROPIADOS POR DICHO REAL DECRETO-LEY, CONVALIDADO POR LA LEY 7/1983.

SEGUN SE AFIRMA, TRAS LOS RAZONAMIENTOS OPORTUNOS, EN EL AUTO DE 9 DE JULIO DE 1989 DE LA CITADA SECCION, LA VALIDEZ O INVALIDEZ CONSTITUCIONAL DE LOS ARTS. 1 Y 2 DE LA LEY 7/1983, ES DECISIVA Y RELEVANTE PARA LA SOLUCION DEL CASO EN CUANTO DICHOS PRECEPTOS, QUE ESTABLECIERON LA EXPROPIACION DE LOS BIENES (ACCIONES Y PARTICIPACIONES), DE NO ESTAR AJUSTADOS A LA CONSTITUCION, CONVERTIRIAN EN ACTO DE DESPOJO LA OCUPACION SIMULTANEA OPE LEGIS, DE AQUELLOS, SIN TITULO ALGUNO HABILITANTE Y, CONSIGUIENTEMENTE, LA DEMANDA DE INTERDICTO HABRIA DE SER ESTIMADA, CON LA LOGICA RECUPERACION DE AQUELLOS BIENES POR LOS INTERDICTANTES.

LA PRESENTE CUESTION, SEGUN SE CONSTATA EN EL AUTO JUDICIAL, ES OTRA QUE LA PROPUESTA EN LA PRIMERA INSTANCIA DEL MISMO PROCESO, FORMULADA ENTONCES POR EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA, Y RELATIVA A LA COLISION DE LOS ARTS. 1 Y 2 DE LA LEY 7/1983, CON EL ART. 24.1 DE LA CONSTITUCION, EN TANTO QUE LO QUE AHORA SE CUESTIONA ES EL ACOMODO CONSTITUCIONAL DE DICHOS PRECEPTOS A LOS ARTS. 14 Y 33.3 DE LA NORMA FUNDAMENTAL, SEGUN SE ESPECIFICA EN EL AUTO PROPONENTE, JUSTAMENTE PARA PONER DE RELIEVE QUE LA STC 166/1986, QUE DECIDIO LA PRIMERA CUESTION, NO SE PRONUNCIO A LOS EFECTOS DE COSA JUZGADA SOBRE LA ADECUACION DE LA LEY A DICHOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES (14 Y 33.3), TEMA, POR OTRA PARTE, QUE TENDRA DESPUES EL TRATAMIENTO PERTINENTE EN ESTA SENTENCIA.

2. COMO EN LA ANTERIOR CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD, SE FORMULAN POR EL MINISTERIO FISCAL Y EL ABOGADO DEL ESTADO DOS OBJECIONES IMPEDITIVAS DE LA ENTRADA EN EL CONOCIMIENTO DEL TEMA DE FONDO SUSCITADO: UNA, LA RELATIVA AL LLAMADO JUICIO DE RELEVANCIA, EN CONEXION CON LA CLASE DEL PROCESO EL SUMARIO INTERDICTAL EN EL QUE SE PROPONE LA CUESTION, Y OTRA LA EXISTENCIA DE UN PRONUNCIAMIENTO Y DOCTRINA SUSTENTADORA, DICTADA POR ESTE TRIBUNAL EN SUS SSTC 111/1983 Y 166/1986, LAS CUALES, SEGUN SE AFIRMA EN SUS RESPECTIVAS ALEGACIONES, DECLARARON EN SUS FUNDAMENTOS JURIDICOS LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 7/1983, INCLUSO EN EL AMBITO QUE HOY SE PLANTEA, RELATIVO A LA DENUNCIADA COLISION DE LOS ARTS. 1 Y 2 DE DICHA LEY CON LOS ARTS. 14 Y 33.3 C.E.

SE TRATA, EN DEFINITIVA, DE SENDAS CAUSAS DE INADMISION PARA CUYO EXAMEN EN ESTE MOMENTO PROCESAL NO EXISTE INCONVENIENTE ALGUNO, PUESTO QUE, COMO HA REITERADO LA DOCTRINA DE ESTE TRIBUNAL (SSTC 17/1981, 103/1983, 106/1986 Y 127/1987, ENTRE OTRAS), LA TRAMITACION ESPECIFICA DEL ART.

37.1 DE LA LOTC NO TIENE CARACTER PRECLUSIVO Y CABE APRECIAR EN SENTENCIA, CON EFECTO DESESTIMATORIO, LA AUSENCIA DE LOS REQUISITOS, TANTO PROCESALES COMO DE FUNDAMENTACION, REQUERIDOS PARA EL VALIDO PLANTEAMIENTO DE LA CUESTION, DESPUES DE AGOTADAS LAS POSIBILIDADES DEL DEBATE CON LA INTERVENCION DE AQUELLOS A QUIENES LEGITIMA EL PARRAFO 2 DEL CITADO PRECEPTO DE LA LEY ORGANICA.

3. EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ART. 163 DE LA CONSTITUCION REPRESENTA UN MEDIO DE CONTROL CONCRETO DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY, DESTINADO A CONCILIAR LA DOBLE OBLIGACION EN QUE SE ENCUENTRAN LOS ORGANOS JUDICIALES DE ACTUAR, SOMETIDOS A LA CONSTITUCION Y A LAS LEYES, QUE NO PUEDE UTILIZARSE PARA TRANSFERIR AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL LA DECISION DE LITIGIOS QUE PUEDAN SER RESUELTOS SIN ACUDIR A LAS FACULTADES QUE ESTE TRIBUNAL TIENE PARA EXCLUIR DEL ORDENAMIENTO LAS NORMAS INCONSTITUCIONALES, NI TAMPOCO, COMO SE HA SEÑALADO DESDE LA STC 17/1981, PARA UNA DEPURACION ABSTRACTA DEL ORDENAMIENTO JURIDICO. A PRESERVAR TAL NATURALEZA RESPONDE LA EXIGENCIA ESTABLECIDA EN EL ART. 35.2 LOTC DE QUE EL ORGANO JUDICIAL QUE SUSCITE LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD ESPECIFIQUE Y JUSTIFIQUE NO SOLO LA APLICABILIDAD AL CASO QUE DEBE DECIDIR DE LA NORMA LEGAL DE CUYA CONSTITUCIONALIDAD DUDE, SINO TAMBIEN LA DEPENDENCIA DEL FALLO QUE HAYA DE DICTAR DE LA VALIDEZ O INVALIDEZ DE DICHA NORMA.

EN EL PRESENTE CASO SOSTIENEN EL MINISTERIO FISCAL Y EL ABOGADO DEL ESTADO QUE NO SE DA EL EXPRESADO REQUISITO, PORQUE EXISTE DESCONEXION ENTRE LA CUESTIONADA ADECUACION CONSTITUCIONAL DE LOS PRECEPTOS DISCUTIDOS Y EL OBJETO DEL PROCESO PREVIO. EN TAL SENTIDO SE ARGUMENTA, DESDE UN PUNTO DE VISTA GENERICO, QUE LA PROTECCION INTERDICTAL FRENTE A LA ACTUACION DE LA ADMINISTRACION ES EXCEPCIONAL, LIMITADA A LOS SUPUESTOS DE VIAS DE HECHO, Y ESTO, EN LAS EXPROPIACIONES LEGISLATIVAS, NO PUEDEN CONFUNDIRSE CON LA INCONSTITUCIONALIDAD. DE MODO ESPECIFICO SE SEÑALA QUE LOS PRECEPTOS DE LA LEY 7/1983, SOBRE LOS QUE SE PROYECTA LA DUDA JUDICIAL DE CONSTITUCIONALIDAD, SON IRRELEVANTES PARA LA DECISION DEL PROCESO A QUO : EL ART. 1, PORQUE SU EVENTUAL INCONSTITUCIONALIDAD NO SERIA NUNCA DETERMINANTE DE QUE LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS MATERIALES A LAS QUE DABA COBERTURA PUDIERAN CALIFICARSE RETROACTIVAMENTE DE VIA DE HECHO, Y EL ART. 2, PORQUE NO REGULA LA DECLARACION DE UTILIDAD PUBLICA E INTERES SOCIAL O LA NECESIDAD DE OCUPACION, SINO LA TRASLACION DEL DOMINIO DE LAS ACCIONES Y PARTICIPACIONES EXPROPIADAS.

CIERTAMENTE QUE ESTAS CONSIDERACIONES SON CORRECTAS Y APROPIADAS EN SU SENTIDO GENERAL, Y TAMBIEN SE TUVIERON EN CUENTA EN LA STC 166/1986 (FUNDAMENTOS JURIDICOS 5. , 6. Y 7. ) PARA MATIZAR SU ESTRICTA APLICACION AL SUPUESTO. EN TALES FUNDAMENTOS, DESPUES DE EXPONER LA DOCTRINA ELABORADA POR LA JURISPRUDENCIA DE ESTE TRIBUNAL SOBRE EL JUICIO DE RELEVANCIA CON CITA DE LAS SSTC 17/1981 Y 103/1983, ASI COMO LA EVOLUCION LEGISLATIVA DE LA PROHIBICION DE LOS INTERDICTOS CONTRA LOS ACTOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y SUS MATICES EN LOS SUPUESTOS DE EXPROPIACIONES OPE LEGIS, QUE SUPONDRIA UNA MAYOR RESTRICCION RESPECTO A LA VALORACION DE LA <VIA DE HECHO> POR EL JUEZ ORDINARIO, SE CONSIDERO SUFICIENTE LA FUNDAMENTACION DEL AUTO DE PLANTEAMIENTO DE LA CUESTION, DADAS LAS ESPECIALES CARACTERISTICAS DEL CASO, QUE SE REITERAN EN EL PRESENTE Y QUE AUTORIZAN A ESTIMAR SUFICIENTEMENTE JUSTIFICADO EL JUICIO DE RELEVANCIA.

4. EL SEGUNDO MOTIVO DE OPOSICION ADUCIDO POR EL MINISTERIO FISCAL Y MAS EXTENSAMENTE DESARROLLADO POR EL ABOGADO DEL ESTADO, EN EL SENTIDO DE QUE ESTE TRIBUNAL HA RESUELTO YA LAS CUESTIONES QUE SE SUSCITAN EN EL PRESENTE PROCESO CONSTITUCIONAL SOBRE LA REALIDAD DE LA CAUSA EXPROPIANDI Y DE LA NECESIDAD DE OCUPACION, CONCRETAMENTE EN LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS 7. Y 9. DE LA STC 111/1983 Y 15-A DE LA STC 166/1986, NO PUEDE CONSIDERARSE COMO ALEGACION FORMAL DE COSA JUZGADA MATERIAL, EN SU SENTIDO PROPIO DE EXCEPCION PROCESAL, PUES, COMO CUIDA DE SEÑALAR EL AUTO PROPONENTE DE LA CUESTION, LA DUDA DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTS. 1 Y 2 DE LA LEY 7/1983, SUSCITADA EN LA PRIMERA INSTANCIA DEL PROCEDIMIENTO INTERDICTAL Y RESUELTA POR LA MENCIONADA STC 166/1986, SE REFERIA A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA EN RELACION CON EL ART. 24.1 C.E., MIENTRAS QUE LA AUDIENCIA PROVINCIAL, EN LA SEGUNDA INSTANCIA, LA PLANTEA RESPECTO DE LOS ARTS. 33.3 Y 14 C.E.

EN CONSECUENCIA, NO PUEDE APRECIARSE NINGUN OBSTACULO ESTRICTAMENTE PROCESAL QUE SE OPONGA AL ANALISIS DE LOS TEMAS AHORA SUSCITADOS, SIN QUE PUEDA ACOGERSE CON TAL EFICACIA UNA EXTENSION ANALOGICA DE LA RES IUDICATA, COMO PROPUGNA EL ABOGADO DEL ESTADO, PORQUE ELLO SERIA PRECISAMENTE CONTRARIO A LOS PRINCIPIOS FAVORECEDORES DEL ACCESO A LA DECISION DEL FONDO SUSCITADO EN LOS PROCESOS CONSTITUCIONALES, COMO EN OTRAS OCASIONES HA SOSTENIDO ESTE TRIBUNAL.

OTRA COSA ES LA INCIDENCIA QUE PUEDEN TENER EN LOS TERMINOS QUE LUEGO SE DIRA, LAS APRECIACIONES Y ESTIMACIONES CONTENIDAS EN LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS DE LAS REFERIDAS SENTENCIAS, YA QUE NO PUEDE IGNORARSE QUE LOS PRONUNCIAMIENTOS O JUICIOS INTERNOS EXPRESION DE UNA DECISION JURIDICA SOBRE EL PROBLEMA CONCRETO PLANTEADO TIENEN UNA RELEVANCIA EN MODO ALGUNO DESDEÑABLE. EN EFECTO, EN LA TECNICA DE LA APLICACION JURISDICCIONAL DEL DERECHO, HAY QUE REALIZAR LA PERTINENTE MATIZACION EN TORNO AL LLAMADO OBITER DICTUM O A LOS DICTA, DESIGNANDOSE ASI A LOS ARGUMENTOS ADYACENTES QUE COADYUVAN, EN MAYOR O MENOR MEDIDA, AL FUNDAMENTO PRINCIPAL O RATIO DE LA DECISION FINAL O FALLO. PORQUE UNA COSA ES EL PURO DICTUM, <OBSERVACION AL PASAR>, NO TRASCENDENTE NI COMO ARGUMENTO COMPLEMENTARIO, Y OTRA EL DICTUM ARGUMENTATIVO QUE SE RELACIONA MAS O MENOS LATERALMENTE CON LAS RAZONES DECISIVAS DEL FALLO. EN ESTE CASO ESOS DICTA SON OPINIONES DEL JUEZ O TRIBUNAL CON PROPIA EFICACIA Y SI BIEN NO INTEGRAN LA COSA JUZGADA (ESTA SE CONFIGURA EN EL FALLO Y SU FUNDAMENTO DETERMINANTE), SI VALEN COMO VALORACIONES JURIDICAS DEL TRIBUNAL Y CONSTITUYEN, EN CIERTO MODO Y BUENA MEDIDA, ANTECEDENTES DOTADOS DE AUCTORITAS . ESTA INTERPRETACION DEL TRIBUNAL, EN EL AMBITO DE SU ESPECIFICA COMPETENCIA, CONSTITUYE POR ELLO REGLA VINCULANTE (ARTS. 164 C.E., 38 LOTC) QUE, EN CONCRETO, LOS JUECES Y TRIBUNALES HAN DE SEGUIR A TENOR DE LO DISPUESTO PARA ELLOS EN EL ART.

5.1 DE LA LOPJ.

5. LA DUDA QUE MANTIENE LA SECCION SEPTIMA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID ACERCA DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTS. 1 Y 2 DE LA LEY 7/1983, POR POSIBLE VULNERACION DE LOS ARTS.

33.3 Y 14 DE LA C.E., SE SUSTENTA, EN LO FUNDAMENTAL, EN QUE PARA RESPETAR EL ART. 33.3 DE LA C.E., NO BASTA CON LA MERA DECLARACION FORMAL DE UTILIDAD PUBLICA O INTERES SOCIAL, SINO QUE ES PRECISO QUE ESA DECLARACION EN ABSTRACTO SE JUSTIFIQUE EN EL CASO CONCRETO, LO QUE EN LOS AUTOS INTERDICTALES EN FORMA ALGUNA APARECE JUSTIFICADO.

EL ART. 1 DE LA LEY 7/1983, DECLARO DE UTILIDAD PUBLICA E INTERES SOCIAL LA GARANTIA DE <LA ESTABILIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO Y LOS INTERESES LEGITIMOS DE DEPOSITANTES, TRABAJADORES Y TERCEROS> Y A LA VEZ, APOYANDOSE EN ESA UTILIDAD PUBLICA E INTERES SOCIAL, PROCEDIO A LA EXPROPIACION <DE LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL DE LAS SOCIEDADES RELACIONADAS EN EL ANEXO DE ESTA LEY, SOCIEDADES TODAS ELLAS INTEGRANTES DEL GRUPO RUMASA>, DE MANERA QUE, EN OPINION DE LA SALA PROPONENTE DE LA CUESTION, AL DECLARARSE LA NECESIDAD DE OCUPACION DE TODOS LOS BIENES DE LA SOCIEDAD EXPROPIADA ADQUIRIENDO LA ADMINISTRACION DEL ESTADO, EN

CONSECUENCIA, EL PLENO DOMINIO DE LAS ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES EXPROPIADAS Y TOMANDO POSESION INMEDIATA DE LAS SOCIEDADES A QUE CORRESPONDEN LAS MISMAS (ART. 2 DE LA LEY 7/1983) SIN QUE, NO OBSTANTE, SE ESPECIFICARAN LAS QUE ERAN INDISPENSABLES PARA EL FIN DE LA EXPROPIACION Y SIN CONCRETAR, PUES, QUE EMPRESAS DEL HOLDING RUMASA INCIDIAN EN LA CAUSA DE UTILIDAD PUBLICA E INTERES SOCIAL, NO HA QUEDADO ACREDITADA LA ADECUACION, EN TERMINOS DE PROPORCIONALIDAD, DE LA MEDIDA EXPROPIATARIA AL FIN QUE LA JUSTIFICA, POR LO QUE, SI AQUELLA RESULTARA DESPROPORCIONADA, HABRIA QUE CONCLUIR CONSIDERANDO INCONSTITUCIONALES LOS ARTS. 1 Y 2 DE LA LEY 7/1983, POR SER CONTRARIOS A LOS ARTS. 14 Y 33.3 DE LA C.E.

EN DEFINITIVA, EL AUTO POR EL QUE SE PLANTEA LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD NO CUESTIONA SINO LA REAL EXISTENCIA, EN CONCRETO, EN EL CASO DE LA EXPROPIACION DEL GRUPO RUMASA, DE LOS FINES PUBLICOS Y SOCIALES LEGITIMADORES EN ABSTRACTO DE LA EXPROPIACION, YA QUE, SEGUN SE AFIRMA EN DICHO AUTO, <NO BASTA CON LA MERA DECLARACION FORMAL DE UTILIDAD PUBLICA O INTERERS SOCIAL PARA LLEVAR A CABO LA EXPROPIACION, SINO QUE ES TOTALMENTE NECESARIO PARA CUMPLIR CON EL CONTENIDO DEL ART. 33.3, QUE TAL DECLARACION SE (HALLE) JUSTIFICADA SUSTANCIALMENTE>, LO QUE SIGNIFICA QUE ES PRECISO ACREDITAR LA PROPORCIONALIDAD DE LA MEDIDA EXPROPIATORIA AL FIN PRETENDIDO ATENDIENDO A LA PROPIA NECESIDAD DE OCUPACION DE LOS BIENES. DE MANERA QUE, ADMITIENDO LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA SINGULARIDAD DE LA CAUSA EXPROPIANDI EN ABSTRACTO (STC 166/1986, FUNDAMENTO JURIDICO 15.A), LO QUE ES PRECISO AHORA DETERMINAR ES SI CONCURRE, YA EN CONCRETO, UNA <EFECTIVA Y VERDADERA JUSTIFICACION DE LA CAUSA EXPROPIANDI DE LA EXPROPIACION DEL ''GRUPO RUMASA, S. A.'', Y, CONSECUENTEMENTE, SI HUBO <CONCRETA NECESIDAD DE OCUPACION DE TODOS SUS BIENES PARA CUMPLIR CON EL FIN DE LA EXPROPIACION>, A FIN DE CONSTATAR SI ESTA FUE O NO PROPORCIONADA.

OPERANDO, PUES, SOBRE LA DISTINCION <DECLARACION DE UTILIDAD PUBLICA E INTERES SOCIAL EN ABSTRACTO> Y PLASMACION DE ESA DECLARACION EN EL CASO CONCRETO, MATERIALIZADA EN LA NECESIDAD DE OCUPACION, LO QUE SE CUESTIONA ES QUE SE HAYA JUSTIFICADO LA CONCURRENCIA DE AQUELLA UTILIDAD PUBLICA EN LA OCUPACION, Y CONSIGUIENTE EXPROPIACION, DE TODOS LOS BIENES DE LAS SOCIEDADES DEL GRUPO RUMASA, MANTENIENDO, A TAL EFECTO, LA NECESIDAD DE QUE LA ESPECIFICACION DE LA CAUSA EXPROPIANDI SEA PROPORCIONADA A LOS FINES DE LA EXPROPIACION, YA QUE, SI NO LO FUERA, HABRIA QUE DECLARAR INCONSTITUCIONAL Y NULA DE PLENO DERECHO LA EXPROPIACION REALIZADA.

6. PARA ABORDAR CORRECTAMENTE LA CUESTION SUSCITADA, CONVIENE RECORDAR QUE NINGUN OBSTACULO EXISTE PARA QUE EL PROPIO LEGISLADOR, FIJANDO EN ABSTRACTO LOS FINES QUE, DECLARADOS DE UTILIDAD PUBLICA E INTERES SOCIAL, LEGITIMAN LA EXPROPIACION DE BIENES Y DERECHOS, PROCEDA, A LA VEZ, A LA CONCRECION DE ESA UTILIDAD PUBLICA E INTERES SOCIAL RESPECTO DE UNO O MAS BIENES O DERECHOS. COMO YA SE SEÑALO EN LA STC 166/1986, (FUNDAMENTO JURIDICO 12), LA CONSTITUCION <NO ESTABLECE RESERVA DE LA MATERIA DE EXPROPIACION A FAVOR DE LA ADMINISTRACION Y, POR TANTO, NO PUEDE ABRIGARSE DUDA, DESDE EL PUNTO DE VISTA FORMAL, QUE LAS EXPROPIACIONES OPE LEGIS SON, EN CUANTO LEYES SINGULARES, CONSTITUCIONALMENTE LEGITIMAS, SI BIEN REQUIEREN, POR SER EXPROPIATORIAS, QUE RESPETEN LAS GARANTIAS DEL ART.

33.3 DE LA C.E.>. ESTA POSIBILIDAD, YA PREVISTA, ADEMAS, CON CARACTER GENERAL, POR EL ART. 12 DE LA PROPIA LEY DE EXPROPIACION FORZOSA EN RELACION A LOS BIENES MUEBLES (<RESPECTO A LOS BIENES MUEBLES, LA UTILIDAD PUBLICA HABRA DE SER DECLARADA EXPRESA Y SINGULARMENTE MEDIANTE LEY EN CADA CASO, A NO SER QUE ESTA U OTRA LEY HAYAN AUTORIZADO LA EXPROPIACION PARA UNA CATEGORIA ESPECIAL DE BIENES, EN CUYO SUPUESTO BASTARA EL ACUERDO DEL CONSEJO DE MINISTROS>), Y AUN EN RELACION A BIENES INMUEBLES EN EL SUPUESTO DEL ART.

11 DE LA MISMA L.E.F., ES LA QUE SE HA MATERIALIZADO EN EL ART. 1 DE LA LEY 7/1983, QUE NO SOLO DECLARO COMO FIN DE UTILIDAD PUBLICA E INTERES SOCIAL LA ESTABILIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO Y LOS INTERESES LEGITIMOS DE DEPOSITANTES, TRABAJADORES Y TERCEROS, SINO QUE DECLARO TAMBIEN QUE ESE FIN CONCURRIA EN LA EXPROPIACION DE BIENES Y DERECHOS DE LAS SOCIEDADES INTEGRANTES DEL GRUPO RUMASA, SIN QUE, POR LO DEMAS, ESA POSIBILIDAD DE QUE POR EL LEGISLADOR SE PROCEDA A DECLARAR IN CONCRETO LA CAUSA EXPROPIANDI SUSCITE LA MAS MINIMA DUDA DE INCONSTITUCIONALIDAD DE ACUERDO CON LA DOCTRINA YA EXPUESTA EN NUESTRA ANTERIOR STC 37/1987, FUNDAMENTO JURIDICO 6.

PUES BIEN, SI NINGUNA OBJECION CONSTITUCIONAL EN SI MISMA CONSIDERADA PUEDE MERECER LA POSIBILIDAD DE QUE EL LEGISLADOR DECLARE LA UTILIDAD PUBLICA E INTERES SOCIAL DE CIERTOS FINES A LOS EFECTOS EXPROPIATORIOS DE DETERMINADOS BIENES Y DERECHOS, DEBE AÑADIRSE QUE LA SINGULARIDAD DE ESA DECLARACION, DIRECTAMENTE ADOPTADA EN ATENCION A UNA CONCRETA Y ESPECIFICA SITUACION, IMPIDE MANTENER LA DISTINCION CONCEPTUAL ENTRE EL NIVEL ABSTRACTO DE LA DECLARACION DE UTILIDAD PUBLICA E INTERES SOCIAL Y EL NIVEL CONCRETO DE LA PROYECCION DE ESA DECLARACION A LOS BIENES Y DERECHOS QUE SE EXPROPIAN.

EN AQUELLOS CASOS EN LOS QUE, COMO SUCEDE CON LA LEY 7/1983, SE INCORPORAN ESOS DOS NIVELES ABSTRACTO Y CONCRETO EN LA DECLARACION DE UTILIDAD PUBLICA O INTERES SOCIAL, LA DISTINCION SEÑALADA SE DILUYE PARA FORMAR UN TODO UNITARIO QUE IMPOSIBILITA CONTEMPLAR AISLADA Y SEPARADAMENTE UNO Y OTRO MOMENTO PROCEDIMENTAL, Y ELLO PORQUE LA SINGULARIDAD MISMA DE LA DECLARACION DE UTILIDAD PUBLICA O INTERES SOCIAL, ADOPTADA EN ATENCION A UNOS ESPECIFICOS FINES DIRECTAMENTE CONECTADOS A LA PROPIA REALIDAD DE LOS BIENES Y DERECHOS AFECTADOS POR AQUELLA DECLARACION, CONLLEVA IRREMISIBLEMENTE LA NECESIDAD DE OCUPAR Y EXPROPIAR LA TOTALIDAD DE TALES BIENES Y DERECHOS. QUIERE DECIRSE, POR TANTO, QUE EL CONTROL DE LA CAUSA EXPROPIANDI SUPONE INELUDIBLEMENTE EL CONTROL MISMO DE LA NECESIDAD DE OCUPACION E INPLICITAMENTE, POR TANTO, EL CONTROL DE LA PROPORCIONALIDAD DE LA OCUPACION Y EXPROPIACION DE LOS BIENES Y DERECHOS. SI HAY CAUSA EXPROPIANDI HAY PLENA JUSTIFICACION Y PROPORCIONALIDAD EN LA OCUPACION Y EXPROPIACION DE LOS BIENES Y DERECHOS, PORQUE AQUELLA NO SE ADOPTA EN ESTOS CASOS AL MARGEN O INDEPENDIENTEMENTE ABSTRACTAMENTE DE LA ESPECIFICA CONSIDERACION DE LOS BIENES Y DERECHOS CONCRETOS SOBRE LOS QUE INCIDE LA EXPROPIACION.

LA LEY 7/1983 NO SE HA LIMITADO, COMO SE HA DICHO, A CALIFICAR EN ABSTRACTO COMO DE UTILIDAD PUBLICA E INTERES SOCIAL LA DEFENSA DE LA ESTABILIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO Y DE LOS INTERESES LEGITIMOS DE DEPOSITANTES, TRABAJADORES Y ACCIONISTAS EXTERNOS DE AQUELLOS GRUPOS DE SOCIEDADES QUE SE VEAN AFECTADOS POR UNA CRISIS FINANCIERA Y DE ORGANIZACION, SINO QUE ESA DECLARACION HA SIDO ADOPTADA EN ATENCION, JUSTAMENTE, A LA SITUACION DE CRISIS DE UN DETERMINADO Y CONCRETO GRUPO DE SOCIEDADES QUE INTEGRABAN EL GRUPO RUMASA. POR TANTO, SI EN ESTE CASO CONCRETO HUBO EFECTIVA UTILIDAD PUBLICA E INTERES SOCIAL EN LA DEFENSA DE LA ESTABILIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO Y DE LOS INTERESES LEGITIMOS DE DEPOSITANTES, TRABAJADORES Y ACCIONISTAS, OBLIGADO SERA RECONOCER QUE TAMBIEN HUBO PROPORCIONALIDAD EN LA EXPROPIACION DE LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL DE LAS SOCIEDADES INTEGRANTES DEL GRUPO RUMASA, PORQUE, COMO TAMBIEN YA SE DIJERA EN LA STC 166/1986 (FUNDAMENTO JURIDICO 13.A), SI <ENTRE LA CAUSA EXPROPIANDI Y LA DETERMINACION DE LOS BIENES Y DERECHOS QUE DEBAN SER OBJETO DE LA EXPROPIACION EXISTE SIEMPRE UNA RELACION NECESARIA, DADO QUE TAN SOLO SON INCLUIBLES EN LA EXPROPIACION AQUELLOS QUE SIRVAN A UN FIN LEGITIMADOR Y ELLO CONVIERTE EN INJUSTIFICADA LA EXPROPIACION DE BIENES O DERECHOS QUE NO SEAN ESTRICTAMENTE INDISPENSABLES AL CUMPLIMIENTO DE DICHO FIN>, NO MENOS CIERTO ES QUE EN EL CASO DE LAS LEYES SINGULARES DE EXPROPIACION ES PRECISO QUE LA ESPECIFICA FINALIDAD DE UTILIDAD PUBLICA O INTERES SOCIAL <VENGA APOYADA EN UN SUPUESTO DE HECHO SINGULAR Y EXCEPCIONAL QUE GUARDE ADECUACION CON LA NATURALEZA, IGUALMENTE SINGULAR Y EXCEPCIONAL, QUE TIENEN LAS EXPROPIACIONES LEGISLATIVAS Y, EN TAL SENTIDO, SU CAUSA EXPROPIANDI FUNCIONA COMO CRITERIO DE RACIONALIDAD Y PROPORCIONALIDAD DE LA MEDIDA LEGISLATIVA EXPROPIATORIA...>.

EN SUMA, AL AMPARO DE ESA DISTINCION DE NIVELES EN LA DECLARACION DE UTILIDAD PUBLICA E INTERES SOCIAL, LO QUE EN REALIDAD SE VIENE A CUESTIONAR ES LA PROPIA CAUSA EXPROPIANDI , GLOBAL Y UNITARIAMENTE CONSIDERADA, POR CUANTO, COMO SE ACABA DE DECIR, DICHA DISTINCION NO ENCUENTRA RAZON DE SER ALGUNA CUANDO, COMO AQUI OCURRE, SE TRATA DE UNA LEY EXPROPIATORIA SINGULAR QUE, JUNTO A LA DECLARACION DE UTILIDAD PUBLICA E INTERES SOCIAL, ACUERDA LA EXPROPIACION DE LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL DE UNAS SOCIEDADES INTEGRADAS EN UN GRUPO EMPRESARIAL, ASI COMO LA ADQUISICION EN PLENO DOMINIO DE LAS MISMAS Y LA INMEDIATA TOMA DE POSESION DE DICHAS SOCIEDADES.

7.

DE OTRA PARTE CONVIENE RECORDAR QUE EL DERECHO DE PROPIEDAD GARANTIZADO POR EL ART. 33 DEL TEXTO CONSTITUCIONAL ES, DESDE LA VERTIENTE INDIVIDUAL, UN DERECHO SUBJETIVO QUE, COMO YA SE HA DICHO EN LA STC 111/1983, FUNDAMENTO JURIDICO 8. , Y REITERADO EN LA STC 37/87, FUNDAMENTO JURIDICO 2. , <CEDE PARA CONVERTIRSE EN UN EQUIVALENTE ECONOMICO CUANDO EL BIEN DE LA COMUNIDAD LEGITIMA LA EXPROPIACION>, APARECIENDO ASI ESA CONVERSION DIRECTAMENTE CONECTADA Y SUPEDITADA AL FIN MISMO DE UTILIDAD PUBLICA QUE LA JUSTIFICA. EN LA MEDIDA, PUES, EN QUE LA EXPROPIACION ESTE FUNDADA EN UN FIN PUBLICO O SOCIAL, NINGUNA LESION DEL CONTENIDO ESENCIAL DEL DERECHO DE PROPIEDAD SE PRODUCIRA, YA QUE ESE CONTENIDO NO EXIGE, NI CONLLEVA, INELUDIBLEMENTE, EL QUE LA DECLARACION DE UTILIDAD PUBLICA O INTERES SOCIAL SE ENCUENTRE PREVIA Y GENERICAMENTE AMPARADA EN UNA LEY GENERAL QUE CONTENGA UNA TIPIFICACION O CATALOGO TASADO DE LOS FINES LEGITIMADORES DE LA EXPROPIACION. SOBRE ESTE PARTICULAR, DEBE RECORDARSE QUE, EN LA STC 37/1987, FUNDAMENTOS JURIDICOS 2. Y 6. , YA SE PUSO DE MANIFIESTO QUE LA EXPROPIACION FORZOSA NO ES EN LA ACTUALIDAD UNA INSTITUCION UNITARIA QUE, EN LO QUE AHORA INTERESA, CONSTITUCIONALMENTE QUEDE CIRCUNSCRITA A FINES PREVIA Y ANTICIPADAMENTE TASADOS DENTRO DE LOS QUE, EN PRINCIPIO, PUEDEN ENGLOBARSE EN LAS GENERICAS CATEGORIAS DE <UTILIDAD PUBLICA> O <INTERES SOCIAL>, YA QUE JUSTAMENTE CON SU CARACTER INSTRUMENTAL Y NO FINALISTA NO ES SINO CONSECUENCIA DE LA VARIABILIDAD Y CONTINGENCIA DE LO QUE, EN CADA MOMENTO, RECLAMA LA UTILIDAD PUBLICA O EL INTERES SOCIAL DE ACUERDO CON LA DIMENSION SOCIAL DE LA PROPIEDAD PRIVADA Y CON LOS PROPIOS PRINCIPIOS ESTABLECIDOS E INTERESES TUTELADOS POR LA CONSTITUCION.

POR TODO ELLO, CORRESPONDE AL LEGISLADOR DELIMITAR EL CONTENIDO DEL DERECHO DE PROPIEDAD EN RELACION CON CADA TIPO DE BIENES Y, CONSECUENTEMENTE, APRECIAR TAMBIEN LAS EXIGENCIAS DIMANANTES DE LAS NECESIDADES COLECTIVAS QUE IMPONEN LA CONVERSION DE LA PROPIEDAD EN UN EQUIVALENTE ECONOMICO POR MEDIO DE LA EXPROPIACION FORZOSA, SIN QUE, NO OBSTANTE, ELLO SUPONGA EXENCION ALGUNA DEL CONTROL QUE RESPECTO DE TALES DECISIONES PUEDAN CORRESPONDER A ESTE TRIBUNAL.

8. DE ACUERDO CON LAS CONSIDERACIONES PRECEDENTES ES POSIBLE YA ABORDAR LA CUESTION PLANTEADA, TENIENDO EN CUENTA, ADEMAS, QUE, A PESAR DE LA INEXISTENCIA FORMAL DE COSA JUZGADA, ES EVIDENTE QUE EN LAS SSTC 111/1983 Y 166/1986, CON OCASION, RESPECTIVAMENTE, DEL REAL DECRETO-LEY 2/1983 Y POSTERIOR LEY 7/1983, SUSTANCIALMENTE YA SE TUVO EN CONSIDERACION LA CUESTION AHORA NUEVAMENTE PROPUESTA.

EN LA STC 111/1983 (FUNDAMENTO JURIDICO 7. ) SE CONCLUYO, EN EFECTO, QUE LA EXPROPIACION DEL GRUPO RUMASA, ACORDADA INICIALMENTE POR EL REAL DECRETO-LEY 2/1983, Y ASUMIDA INTEGRAMENTE POR LA LEY 7/1983, <APARECE COMO UNA ACCION BIEN SINGULARIZADA DE INTERVENCION EN UNA SITUACION EXCEPCIONAL QUE, PRESENTANDOSE CON CARACTERES DEFINIDOS DE RIESGO CON POTENCIALIDAD DE DESESTABILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO, RECLAMABA Y RECLAMABA CON URGENCIA UNA ACCION DE LOS PODERES PUBLICOS, POR CUANTO ANTE LA DIMENSION DEL FENOMENO, CON PROYECCION EN EL ORDEN ECONOMICO-FINANCIERO, Y AUN EN EL SOCIAL POR LA EXTENSION DE LOS SECTORES AFECTADOS, EL PROBLEMA TENIA UNA RELEVANCIA QUE TRASPASABA LAS FRONTERAS DE LOS ACOTADOS LIMITES DE UNA CRISIS EMPRESARIAL PARA CONVERTIRSE EN UN FACTOR DETERMINANTE DE INESTABILIDAD DE LA SITUACION FINANCIERA NACIONAL. TAL ES AÑADIMOS EN AQUELLA OCASION LA CONSTATACION FACTICA Y LA VALORACION QUE SE HACE POR LAS AUTORIDADES FINANCIERAS, SIN QUE FRENTE A ESTOS HECHOS Y A SU ESTIMACION ECONOMICA SE HAYAN OPUESTO EN EL CURSO DEL DEBATE PROCESAL, O EN DOCUMENTOS ANTERIORES TRAIDOS A NUESTRA CONSIDERACION, OTRAS INFORMACIONES Y ESTIMACIONES TECNICAS QUE, SIENDO POR SU AUTORIA Y CONTENIDO CONTRASTABLES CON LOS INFORMES QUE HEMOS DICHO, PUDIERAN RECONDUCIR EL PROBLEMA A UNA DISCREPANCIA FACTICA O DE VALORACION TECNICA, QUE PERMITIERAN UNA CONFIGURACION DEL ANTECEDENTE DEL DECRETO-LEY CON ENTIDAD SUFICIENTE PARA HACER QUEBRAR LA DECISION DEL GOBIERNO>. Y EN EL FUNDAMENTO JURIDICO 9.

DE LA MISMA STC 111/1983, SE AÑADIO QUE <LA EXPROPIACION QUE ESTAMOS CONSIDERANDO ES, SIN DUDA, UN CASO SINGULAR... (QUE) ATIENDE A UNA SITUACION EXTRAORDINARIA DE GRAVE INCIDENCIA EN EL INTERES DE LA COMUNIDAD, COMPROMETIDO POR EL RIESGO DE LA ESTABILIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO Y LA PRESERVACION DE OTROS INTERESES, QUE RECLAMARON, JUNTO A UNA ACCION INMEDIATA QUE NO PODIA POSPONERSE A LA UTILIZACION DE MECANISMOS LEGISLATIVOS ORDINARIOS, LA ACTUACION GLOBAL A TRAVES DE LA TECNICA EXPROPIATORIA>, PUNTUALIZANDO QUE <LA EXCEPCIONALIDAD DE LA SITUACION CREADA, COMPROMETEDORA DE LA ESTABILIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO, SEGUN EL JUICIO DE LAS AUTORIDADES ECONOMICAS, NO AUTORIZA A COMPARTIR TEMORES POR LA EXTENSION DE LA TECNICA UTILIZADA A OTRAS SITUACIONES, BIEN AJENA A LA EXCEPCIONALIDAD DE LA QUE AHORA TRATAMOS...>. ASIMISMO, EN FIN, EN LA POSTERIOR STC 166/1986, RELATIVA YA A LA LEY 7/1983, EN EL FUNDAMENTO JURIDICO 15.A), SE REITERO QUE <LA OBJETIVA RAZONABILIDAD Y PROPORCIONALIDAD DE LA SINGULARIDAD DE LA EXPROPIACION, ASI COMO DE SU CAUSA EXPROPIANDI, ESTA RECONOCIDA EN DICHA SENTENCIA> (EN LA STC 111/1983).

9. SIN EMBARGO, A PESAR DE TALES AFIRMACIONES, LA SALA PROPONENTE DE LA CUESTION DUDA DE QUE, MAS ALLA DE SU CARACTER FORMAL, CONCURRA UNA EFECTIVA Y VERDADERA JUSTIFICACION DE LA CAUSA EXPROPIANDI EN LA EXPROPIACION DEL GRUPO RUMASA Y DE QUE SE HAYA OBSERVADO PROPORCIONALIDAD CON EL FIN EXPROPIATORIO, AL HABERSE OCUPADO LA TOTALIDAD DE LOS BIENES DEL REFERIDO GRUPO, APORTANDO A TAL EFECTO, POR TODO ARGUMENTO, QUE, SI BIEN <LA EXPOSICION DE MOTIVOS DE LA LEY 7/1983 ALUDE A UNA EVENTUAL CRISIS DE ORGANIZACION QUE PONDRIA EN PELIGRO LA ESTABILIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO Y LOS INTERESES LEGITIMOS DE SUS DEPOSITANTES, TRABAJADORES Y ACCIONISTAS EXTERNOS DEL GRUPO, (...) DICHAS EXPRESIONES NO APARECEN EN ABSOLUTO ACREDITADAS>, AÑADIENDO QUE <DESDE LUEGO, EN AUTOS NO CONSTA QUE, CON ANTERIORIDAD A LA FECHA DE EXPROPIACION, SE HUBIERA PRODUCIDO UNA QUIEBRA DEL SISTEMA FINANCIERO DEL GRUPO O CONJUNTO DEL GRUPO O SE HUBIERA PRODUCIDO ALGUN DESPIDO LABORAL DE ALGUN TRABAJADOR PROVOCADO POR LA INSOLVENCIA DEL GRUPO, O EL IMPAGO DEL MISMO A ALGUNO DE SUS PROVEEDORES, DE SUS TRABAJADORES O DE SUS ACREEDORES>.

ES EVIDENTE, SIN EMBARGO, QUE LA DUDA DE INCONSTITUCIONALIDAD QUE SE PLANTEA, BASADA EN UNA PRETENDIDA FALTA DE ACREDITACION DE LOS HECHOS QUE DETERMINARON LA DECLARACION DE UTILIDAD PUBLICA E INTERES SOCIAL DE LA EXPROPIACION DEL GRUPO RUMASA, RAZONANDO EN CONTRARIO QUE CON ANTERIORIDAD A LA EXPROPIACION NO SE HABIA PRODUCIDO QUIEBRA ALGUNA DEL SISTEMA FINANCIERO DEL GRUPO, NI HECHOS QUE PUSIERAN DE MANIFIESTO LA INSOLVENCIA DEL MISMO, CARECE RADICALMENTE DE TODO FUNDAMENTO Y JUSTIFICACION, MAXIME A LA LUZ DE LA VALORACION QUE SOBRE LA CAUSA EXPROPIANDI EFECTUARA ESTE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN LAS CITADAS SSTC 111/1983 Y 166/1986.

A) EN EFECTO, TANTO EN UNA COMO EN OTRA SENTENCIA YA SE CONSTATO LA CONCURRENCIA DE UNA SITUACION DE GRAVE CRISIS EN EL GRUPO CON RIESGO POTENCIAL DE DESESTABILIZAR EL SISTEMA FINANCIERO, TENIENDOSE EN CUENTA, A TAL FIN, UN INFORME DEL BANCO DE ESPAÑA Y LOS PROPIOS DEBATES PARLAMENTARIOS QUE PRECEDIERON A LA CONVALIDACION DEL REAL DECRETO-LEY (STC 111/1983, FUNDAMENTO JURIDICO 6. ). EN EL REFERIDO INFORME DEL BANCO DE ESPAÑA, EMITIDO EL 10 DE FEBRERO DE 1983 A SOLICITUD DEL GOBIERNO SOBRE LA SITUACION ECONOMICA DE LOS BANCOS DEL GRUPO RUMASA, SE AFIRMA QUE <LOS RESULTADOS DE LAS INSPECCIONES LLEVADAS A CABO RECIENTEMENTE Y LOS DATOS PARCIALES SUMINISTRADOS POR LAS AUDITORIAS INDICAN MAS ALLA DE CUALQUIER DUDA RAZONABLE QUE EL GRUPO ESTA EXPERIMENTANDO UNAS PERDIDAS TAN IMPORTANTES QUE MUY PROBABLEMENTE SU PATRIMONIO NETO O ES NEGATIVO O LO SERA EN UN FUTURO INMEDIATO>, Y, TRAS OBSERVAR QUE SUS PRACTICAS CONTABLES (ACTIVACIONES Y REGULARIZACIONES) Y LA PROPIA NATURALEZA DEL GRUPO <PERMITEN SIEMPRE OCULTAR SU VERDADERA SITUACION ECONOMICA>, CONCLUYE EN SU ANEXO 3 QUE <SE TRATA POTENCIALMENTE DE LA CRISIS BANCARIA MAS IMPORTANTE DE LAS QUE HA TENIDO QUE TRATAR LA AUTORIDAD FINANCIERA ESPAÑOLA>, PUNTUALIZANDO QUE <LA CRISIS AFECTA A UN GRUPO DE EMPRESAS EN EL QUE LOS BANCOS SON ENTIDADES SUBORDINADAS> Y <LAS CONEXIONES DENTRO DEL GRUPO SON TALES QUE RESULTARIA IMPOSIBLE AISLAR SUS DISTINTOS COMPONENTES TANTO A NIVEL DE SOLVENCIA COMO DE GESTION>. EN DEFINITIVA, <LA CONCENTRACION DE RIESGO DE LOS BANCOS EN EL GRUPO ES EXTRAORDINARIAMENTE ALTA (...), LO QUE COLOCA A LOS BANCOS EN INSOLVENCIA POTENCIAL>, SIENDO <LA SITUACION MUY INESTABLE Y LA CRISIS DEL SISTEMA PUEDE PRECIPITARSE CON GRAN FACILIDAD>.

PUES BIEN, NO RESULTA EN ABSOLUTO ACEPTABLE QUE, SIN CONTAR CON LA MAS MINIMA COBERTURA DE NUEVOS DATOS E INFORMES TECNICOS QUE, EN SU CASO, PUDIERAN EVIDENCIAR LO ERRONEO O LO DESPROPORCIONADO DE LAS APRECIACIONES EN QUE SE BASO LA DECLARACION DE UTILIDAD PUBLICA E INTERES SOCIAL DE LA EXPROPIACION O QUE AL MENOS, APORTARAN INDICIOS EN TAL SENTIDO , EL ORGANO JUDICIAL SE LIMITE A REITERAR EN ESTE MOMENTO UNAS DUDAS QUE NO PUEDEN CONSIDERARSE JURIDICAMENTE FUNDADAS, PORQUE NO LO ES TAL, EN EFECTO, LA QUE SE REFIERE A LA FALTA DE CONSUMACION DEL RIESGO O AMENAZA GRAVE DE PRODUCIRSE UNA DESESTABILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO CON DAÑO AL INTERES DE DEPOSITANTES, TRABAJADORES Y TERCEROS, YA QUE, COMO SEÑALA EL ABOGADO DEL ESTADO, CON ELLO SE HACE INUTIL LA MEDIDA EXPROPIATORIA. CONVIENE ADEMAS ACLARAR QUE EL RIESGO DE DESESTABILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO NO ESTABA REFERIDO TANTO AL DEL GRUPO EXPROPIADO (COMO PARECE ENTENDER LA SALA PROPONENTE DE LA PRESENTE CUESTION) COMO AL SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL EN SU CONJUNTO.

MAS AUN: A LOS DATOS ACREDITATIVOS DE LA GRAVE SITUACION DE CRISIS DEL GRUPO CONTENIDOS EN EL REFERIDO INFORME DEL BANCO DE ESPAÑA CABE AHORA AÑADIR LOS RESULTANTES DE LAS CONCLUSIONES APROBADAS POR EL PLENO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS CON MOTIVO DE LA DELIBERACION DEL DICTAMEN DE LA COMISION ESPECIAL DE INVESTIGACION DE LA SITUACION Y EVOLUCION DEL GRUPO RUMASA (PUBLICADAS EN EL <BOLETIN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES>, CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, SERIE E, NUM. 124, DE 3 DE JUNIO DE 1985), Y SOBRE TODO LOS DEL INFORME GENERAL DE FISCALIZACION SOBRE RUMASA Y SU GRUPO, ELEVADO POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS A LAS CORTES GENERALES (PUBLICADO EN EL <BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO> DE 31 DE ENERO DE 1989), LOS CUALES NO VIENEN SINO A RATIFICAR QUE LA DECISION ADOPTADA POR EL LEGISLADOR ESTUVO FUNDADA EN HECHOS REALES Y QUE, POR TANTO, NINGUNA EXTRALIMITACION SE PRODUJO EN LA DECLARACION DE UTILIDAD PUBLICA E INTERES SOCIAL Y CONSIGUIENTE EXPROPIACION FORZOSA DE LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL DE LAS SOCIEDADES INTEGRANTES DEL GRUPO RUMASA. EN EL INFORME DEL TRIBUNAL DE CUENTAS SE ACREDITA, EN PARTICULAR, LA SITUACION DE QUIEBRA TECNICA CONTABLE EXISTENTE EN EL GRUPO EN EL MOMENTO DE LA EXPROPIACION, ASI COMO LA INOBSERVANCIA EN LA GESTION DE LAS SOCIEDADES DE LOS MAS ELEMENTALES PRINCIPIOS DE ACTUACION EMPRESARIAL Y EL COMPLEJO ENTRAMADO DE RELACIONES DIRECTAS E INDIRECTAS EXISTENTE ENTRE LAS EMPRESAS DEL GRUPO, LO QUE DIFICULTABA SU CONTROL EXTERNO POR PARTE DE LAS AUTORIDADES MONETARIAS Y DE LA INSPECCION TRIBUTARIA, INSISTIENDOSE EN QUE EL BALANCE CONSOLIDADO DEL GRUPO DE EMPRESAS A 23 DE FEBRERO DE 1983 EVIDENCIABA CON ABSOLUTA CLARIDAD LA INEVITABLE SITUACION DE QUIEBRA DE LA MAYOR PARTE DE LAS SOCIEDADES QUE LO INTEGRABAN Y, POR TANTO, DE LA PROPIA SOCIEDAD DOMINANTE.

B) ES INCUESTIONABLE, PUES, A LA LUZ DE LOS REFERIDOS DATOS, QUE BIEN PUDIERON SER TENIDOS EN CUENTA POR LA AUDIENCIA PROPONENTE DE LA CUESTION, QUE LA DECLARACION DE UTILIDAD PUBLICA E INTERES SOCIAL DE LA EXPROPIACION DEL GRUPO RUMASA NO FUE INFUNDADA NI ARBITRARIA.

ADMITIDA POR LA PROPIA AUDIENCIA LA PLENA CONSTITUCIONALIDAD DE LA CALIFICACION EN ABSTRACTO DE LA UTILIDAD PUBLICA E INTERES SOCIAL, A EFECTOS EXPROPIATORIOS, DE LA DEFENSA DE LA ESTABILIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO Y DE LOS INTERESES LEGITIMOS DE LOS DEPOSITANTES, TRABAJADORES Y ACCIONISTAS EXTERNOS AL GRUPO, NO ES MENOS ADMISIBLE QUE LA SITUACION DE CRISIS ECONOMICA EN LA QUE EL GRUPO RUMASA SE HALLABA INMERSO, JUNTO A LA DIMENSION Y ALCANCE DE ESA CRISIS PARA EL SISTEMNA FINANCIERO EN SU CONJUNTO, DADA LA ENTIDAD ECONOMICO-FINANCIERA DEL GRUPO, Y LA PROPIA CONFIGURACION DE ESTA COMO UN HOLDING , EN EL QUE EL CONJUNTO DE EMPRESAS Y SOCIEDADES SE ENCONTRABAN SUBORDINADAS TOTAL E INTEGRAMENTE A LA SOCIEDAD DOMINANTE (<RUMASA, SOCIEDAD ANONIMA>), EN UNA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA VERTICAL CON UNIDAD DE DIRECCION, PERSONALIZADA EN SU DIRECTOR GENERAL, DE TODAS LAS EMPRESAS Y EN LA QUE LA INTERRELACION E INTERCOMUNICABILIDAD FINANCIERA, A TRAVES DE LA PARTICIPACION DIRECTA O INDIRECTA EN LOS CAPITALES DE UNAS Y OTRAS HACIA QUE LA CRISIS DEL GRUPO AFECTARA SIMULTANEA E INELUDIBLEMENTE A TODOS LOS COMPONENTES DEL MISMO, NO ES MENOS ADMISIBLE, DECIMOS, QUE TODO ELLO JUSTIFICARA PLENAMENTE QUE ESA DECLARACION DE UTILIDAD PUBLICA E INTERES SOCIAL SE EXTENDIERA A LA TOTALIDAD DE SOCIEDADES INTEGRANTES DEL GRUPO, AL NO SER VIABLE TECNICAMENTE DESLINDAR EN CUANTO A LA PROYECCION Y ALCANCE DE AQUELLA ENTRE UNAS Y OTRAS SOCIEDADES QUE, MAS ALLA DE SU CONFIGURACION FORMAL, CONSTITUIAN EN SU CONJUNTO UNA UNIDAD ECONOMICO-FINANCIERA.

DE ESTE MODO NO HUBO DESPROPORCION, NI FALTA DE ADECUACION, EN LA DECLARACION DE UTILIDAD PUBLICA E INTERES SOCIAL DEL FIN EXPROPIATORIO, QUE, POR LAS RAZONES APUNTADAS, UNA VEZ ADMITIDA SU PLENA CONSTITUCIONALIDAD, NO PERMITIA SINO LA OCUPACION Y, POR TANTO, LA EXPROPIACION DE LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES DE LAS SOCIEDADES INTEGRANTES DEL GRUPO.

EN TODO CASO, DEBE TAMBIEN REITERARSE QUE SI BIEN NADA IMPIDE QUE <SI EL EXPROPIADO ESTIMA QUE LA EXPROPIACION DE SUS BIENES Y DERECHOS NO ES ESTRICTAMENTE INDISPENSABLE AL FIN EXPROPIATORIO, ES DECIR, NO ESTA CUBIERTA LA NECESIDAD DE LA OCUPACION POR LA CAUSA EXPROPIANDI , PUEDA REACCIONAR FRENTE A ESTA> (STC 166/1986, FUNDAMENTO JURIDICO 7 A), LO CIERTO ES QUE, CONSTATADA EN PRINCIPIO LA EXISTENCIA DE CIRCUNSTANCIAS AMPARADORAS DE LA DECISION EXPROPIATORIA ADOPTADA POR EL LEGISLADOR, Y NO APORTANDOSE DE CONTRARIO HECHOS DETERMINANTES QUE DEMUESTREN LA RADICAL FALTA DE COBERTURA FACTICA DE DICHA DECISION, <EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD DE LA EXPROPIACION NO PUEDE EXTENDERSE A LA VALORACION DE LA BONDAD DE CUALQUIERA OTRA MEDIDA DISTINTA Y DE SU CARACTER DE MENOS RESTRICTIVA DE LA PROPIEDAD O MAS CONVENIENTE PARA EL INTERES PUBLICO, PORQUE SI ASI SE HICIESE SE ESTARIA SUSTITUYENDO EL JUICIO DE OPORTUNIDAD REALIZADO POR EL (...) LEGISLADOR (...), ASUMIENDO CON ELLOS UNA RESPONSABILIDAD QUE NO LE COMPETE A ESTE TRIBUNAL> (SSTC 111/1983, FUNDAMENTO JURIDICO 7. , Y 166/1986, FUNDAMENTO JURIDICO 15 A).

EN CONCLUSION, EL RECHAZO DE LA INCONSTITUCIONALIDAD, EN LOS TERMINOS VISTOS, DE LA CAUSA EXPROPIANDI DECLARADA EN EL ART.

1 DE LA LEY 7/1983, POR LA PROPIA E INTIMA VINCULACION Y CONDICIONAMIENTO DE LA JUSTIFICACION DE DICHA CAUSA CON LA SITUACION FINANCIERA DE LAS SOCIEDADES INTEGRANTES DE GRUPO RUMASA EXPROPIADO SUPONE, PUES, LA NEGACION DE LA FALTA DE PROPORCIONALIDAD O ADECUACION A DICHA CAUSA DE LA OCUPACION Y EXPROPIACION DE TODOS LOS BIENES DEL GRUPO RUMASA Y, POR TANTO, LA RADICAL ELIMINACION DE CUALQUIER DUDA, POR TAL RAZON, ACERCA DE LA INFRACCION DEL ART. 33.3 DE LA C.E.

10. QUEDA FINALMENTE POR EXAMINAR LA DUDA DE INCONSTITUCIONALIDAD QUE RESPECTO DE LOS ARTS. 1 Y 2 DE LA LEY 7/1983 TAMBIEN SE PLANTEA DESDE LA PERSPECTIVA DEL ART. 14 DE LA C.E.

LA ARGUMENTACION QUE SE RECOGE EN EL AUTO QUE SUSCITA LA CUESTION SE APOYA EN LA IDEA DE QUE SI LA OCUPACION DE LOS BIENES HUBIERA SIDO DESPROPORCIONADA, AL NO CONCURRIR LA NECESARIA JUSTIFICACION DE LA CAUSA EXPROPIANDI POR RELACION A TODOS Y CADA UNO DE LOS BIENES EXPROPIADOS, SE HABRIA INFRINGIDO EL PRINCIPIO DE IGUALDAD, DANDOSE UN TRATO DISCRIMINATORIO A LA EXPROPIACION DEL GRUPO RUMASA RESPECTO DE AQUELLAS OTRAS EN LAS QUE LA UTILIDAD PUBLICA O INTERES SOCIAL DE LA EXPROPIACION DE LOS CONCRETOS BIENES SI ESTA JUSTIFICADA.

LA DUDA PLANTEADA CARECE, NO OBSTANTE, DE TODO FUNDAMENTO. SI EL PRINCIPIO DE IGUALDAD NO DESCARTA NI PROSCRIBE LA EXISTENCIA DE LEYES EXPROPIATORIAS SINGULARES (STC 166/1986, FUNDAMENTO JURIDICO 11), COMO TAMPOCO LO IMPIDE EL RECONOCIMIENTO Y GARANTIA CONSTITUCIONAL DEL CONTENIDO ESENCIAL DEL DERECHO DE PROPIEDAD (ART. 33 EN RELACION CON EL ART. 53.1 DE LA C.E.), LA HIPOTETICA DISCRIMINACION NO PUEDE TENER, EN EL PRESENTE SUPUESTO, OTRO FUNDAMENTO QUE LA INEXISTENCIA DE LA CAUSA REAL Y EFECTIVA DE EXPROPIAR, LO QUE, EN OTROS TERMINOS, SIGNIFICA QUE LA DESIGUALDAD REQUERIRIA QUE, CON CARACTER PREVIO, SE ACEPTASE QUE LA EXPROPIACION CARECE DE CAUSA JUSTIFICADA, AUN CUANDO, EN ESE CASO, ES EVIDENTE QUE LA ALEGADA DESIGUALDAD RESULTARIA SUPERFLUA O AL MENOS REDUNDANTE.

EN EFECTO, CONVIENE RECORDAR QUE EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DEL ART. 14 DE LA C.E. SOLO IMPIDE AL LEGISLADOR ESTABLECER DIFERENCIAS ARBITRARIAS E IRRAZONABLES DE TRATO ENTRE SITUACIONES EQUIPARABLES, Y NO PERMITE DAR UN TRATO ARBITRARIAMENTE DESIGUAL A LO QUE ES ESENCIALMENTE IGUAL, CON LO QUE LA IGUALDAD CONSTITUCIONAL SE RESUELVE EN LA EXIGENCIA DE NO DIFERENCIAR SIN RAZON SUFICIENTE ENTRE SITUACIONES DE HECHO EQUIPARABLES. LA DIFERENCIACION DE TRATAMIENTO JURIDICO ENTRE LA EXPROPIACION DEL GRUPO RUMASA Y LAS EXPROPIACIONES COMUNES HA DE PONERSE EN CONEXION CON LAS PECULIARIDADES Y SINGULARIDADES DEL GRUPO, SU DIMENSION Y LA GRAVEDAD DE LA SITUACION ECONOMICA Y FINANCIERA EN QUE SE ENCONTRABA AQUEL.

LA APLICACION A LA CORRESPONDIENTE EXPROPIACION NO DEL REGIMEN COMUN EXPROPIATORIO, SINO DEL ESTABLECIDO EN LA LEY 7/1983, RESPONDE A VARIAS RAZONES. POR UN LADO, NO HA PARECIDO CONVENIENTE AL LEGISLADOR PARA EVITAR LA GENERALIZACION DE ESTE TIPO DE MEDIDAS EXPROPIATORIAS Y GARANTIZAR AL MISMO TIEMPO SU EXCEPCIONALIDAD ESTABLECER, CON CARACTER GENERAL, UNA PREVISION EXPRESA DE LA POSIBILIDAD DE EXPROPIACIONES DE GRUPOS FINANCIEROS QUE, DE ACUERDO CON LAS REGLAS GENERALES DE LA EXPROPIACION FORZOSA, PODRIAN SER DECIDIDAS POR ACTOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA. LA SINGULARIDAD DEL CASO JUSTIFICA EL TRATO ESPECIAL QUE PUEDE APARECER INCLUSO COMO EL MAS RESPETUOSO, EN RELACION CON LOS DERECHOS CONSTITUCIONALES EN JUEGO, YA QUE EN CADA CASO LA EXCEPCIONALIDAD DE LA LEY SINGULAR DEBERA ESTAR JUSTIFICADA POR LA ANORMALIDAD DE LA SITUACION QUE LA PROVOCA, EXCEPCIONALIDAD QUE PERMITE AFIRMAR LA NO EQUIPARACION DEL CASO CON LOS DEMAS SUPUESTOS NORMALES DE EXPROPIACION, A LOS EFECTOS DEL ART. 14 DE LA C.E.

POR OTRO LADO, LA DIFERENCIA DE TRATAMIENTO NORMATIVO ENTRE LA EXPROPIACION REGULADA EN LA LEY 7/1983 Y EL REGIMEN COMUN EN LO QUE SE REFIERE A LA DECLARACION DE UTILIDAD PUBLICA Y A LA NECESIDAD DE OCUPACION, INCLUSO SI SE TRATASE DE SUPUESTOS EQUIPARABLES, RESPONDE A RAZONES OBJETIVAS QUE PERMITEN AFIRMAR EL CARACTER NO IRRAZONABLE NI ARBITRARIO DEL DIVERSO TRATAMIENTO NORMATIVO.

EN PRIMER LUGAR, ES EVIDENTE QUE ESTE TIPO DE MEDIDAS EXPROPIATORIAS EN RELACION CON SITUACIONES DE DESEQUILIBRIO FINANCIERO Y PELIGRO DE ESTABILIDAD DEL SISTEMA ECONOMICO REQUIEREN PARA SU EFECTIVIDAD LA INMEDIATEZ Y LA UNIDAD DEL ACTO QUE EVITE SITUACIONES DE PANICO FINANCIERO QUE PUDIERAN AGRAVAR LA SITUACION, O DE CONDUCTAS DE LOS AFECTADOS QUE PUDIERAN OBSTACULIZARLA. LAS FASES PROCEDIMENTALES PROPIAS DEL REGIMEN COMUN EXPROPIATORIO RESULTAN MANIFIESTAMENTE INADECUADAS EN ESTE CASO, DE MODO QUE LA DIFERENCIA DE TRATO CONSISTENTE EN LA INMEDIACION Y UNIDAD EN EL ACTO EXPROPIATORIO (DECLARACION DE UTILIDAD PUBLICA O INTERES SOCIAL Y NECESIDAD DE OCUPACION), PUEDE CONSIDERARSE UNA JUSTIFICACION OBJETIVA Y RAZONABLE EN RELACION CON LA FINALIDAD Y EFECTOS DE LA MEDIDA CONSIDERADA, EXISTIENDO UNA RELACION RAZONABLE DE PROPORCIONALIDAD ENTRE ESA FINALIDAD Y LA DIFERENCIA DE TRATO ESTABLECIDA.

EN SEGUNDO LUGAR, HA DE TENERSE EN CUENTA QUE LAS DISTINTAS FASES A LAS QUE SE REFIERE EL AUTO PROPONENTE SE ESTAN REFIRIENDO GENERALMENTE A UN TIPO DE EXPROPIACION DE BIENES INMUEBLES Y TIENEN ADEMAS UTILIDAD PRACTICA EN CUANTO QUE PUEDA DISCREPARSE EFECTIVAMENTE DE LA NECESIDAD DE OCUPACION DE LOS BIENES, O DE LA ADQUISICION DE OTROS DERECHOS. EN UNA EXPROPIACION COMO LA DE LA LEY 7/1983 NO SE EXPROPIARON BIENES DE UNA SOCIEDAD, SINO TITULOS DE PARTICIPACION SOCIAL EN DIVERSAS SOCIEDADES, QUE NO SON BIENES DE LA SOCIEDAD EXPROPIADA, COMO SE AFIRMA EN EL AUTO, SINO DE SUS ACCIONISTAS. EN LA MEDIDA EN QUE SE JUSTIFIQUE LA UTILIDAD PUBLICA Y EL INTERES SOCIAL DE LA EXPROPIACION, ESA JUSTIFICACION SOLO PODRA REFERIRSE A ESOS DERECHOS Y NADA MAS QUE A ESOS DERECHOS, DE MANERA QUE A EFECTOS DEL TRATAMIENTO JURIDICO NORMATIVO RESULTA INNECESARIO DISTINGUIR EL PLANO DE LA JUSTIFICACION DE LA EXPROPIACION Y EL DE LA JUSTIFICACION DE LA NECESIDAD DE QUE SE ADQUIRIESEN TALES DERECHOS, COMO ANTES SE HA DICHO. QUIERE DECIRSE, POR TANTO, QUE EL CONTROL DE LA CAUSA EXPROPIANDI REQUIERE Y SUPONE EL EXAMEN DE LA NECESIDAD DE OCUPACION O ADQUISICION E IMPLICITAMENTE EL DE LA PROPORCIONALIDAD DE LA OCUPACION Y ADQUISICION DE ESOS DERECHOS.

LA TERCERA RAZON QUE EXPLICA LA DIFERENCIA DE REGULACION ENTRE LA LEY 7/1983 Y EL PROCEDIMIENTO GENERAL PREVISTO EN LA LEY DE EXPROPIACION FORZOSA RADICA EN LA TECNICA JURIDICA UTILIZADA, LA DE LA LEY DE CASO UNICO, EN LA QUE SE CONCENTRAN EN UN UNICO PODER DECISIONES QUE EN EL REGIMEN GENERAL SE PREVE QUE CORRESPONDAN A DIVERSOS PODERES PUBLICOS. EN EL CASO DE LAS LEYES SINGULARES DE EXPROPIACION LA ESPECIFICA FINALIDAD DE UTILIDAD PUBLICA O INTERES SOCIAL, APOYADA EN UN SUPUESTO DE HECHO SINGULAR Y EXCEPCIONAL QUE GUARDE ADECUACION CON LA NATURALEZA, IGUALMENTE SINGULAR Y EXCEPCIONAL, QUE TIENEN LAS EXPROPIACIONES LEGISLATIVAS, PERMITE QUE AUNQUE SUBSISTE LA RELACION NECESARIA ENTRE CAUSA EXPROPIANDI Y LA DETERMINACION DE LOS BIENES Y DERECHOS OBJETO DE LA EXPROPIACION, AMBOS ASPECTOS SE CONFIGUREN DE FORMA UNITARIA, SIN POSIBILIDAD DE CONTEMPLACION AISLADA Y SEPARADA EN MOMENTOS PROCEDIMENTALES DISTINTOS, DE MODO QUE LA DECLARACION DE UTILIDAD PUBLICA E INTERES SOCIAL, EN ATENCION A UNOS ESPECIFICOS FINES CONECTADOS CON LOS DERECHOS AFECTADOS POR DICHA DECLARACION, INCLUYA IRREMISIBLEMENTE LA NECESIDAD DE ADQUIRIR TALES DERECHOS. ELLO SUPONE QUE LA JUSTIFICACION AD CASUM DE LA CAUSA EXPROPIANDI SIRVE SIMULTANEAMENTE DE JUSTIFICACION PARA LA ADQUISICION Y OCUPACION DE TALES DERECHOS, PORQUE LA DECISION DE EXPROPIAR NO PUEDE ADOPTARSE NI SE ADOPTA CON INDEPENDENCIA DE LA CONCRETA Y ESPECIFICA CONSIDERACION DE LOS DERECHOS SOBRE LOS QUE INCIDE, SINO PRECISAMENTE EN CONSIDERACION A LOS MISMOS. TAMBIEN POR ESTA RAZON HA DE APRECIARSE QUE EXISTE UNA JUSTIFICACION OBJETIVA Y RAZONABLE DE LA DIFERENCIA DE TRATO.

EN CONSECUENCIA, LOS PRECEPTOS LEGALES CUESTIONADOS TAMPOCO HAN VIOLADO EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DEL ART. 14 C.E.

FALLO

EN ATENCION A TODO LO EXPUESTO, EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCION DE LA NACION ESPAÑOLA,

HA DECIDIDO

DECLARAR QUE LOS ARTS. 1 Y 2 DE LA LEY 7/1983, DE 29 DE JUNIO, DE EXPROPIACION POR RAZONES DE UTILIDAD PUBLICA E INTERES SOCIAL DE LOS BANCOS Y OTRAS SOCIEDADES QUE COMPONEN EL GRUPO <RUMASA, SOCIEDAD ANONIMA>, NO SE OPONEN A LO DISPUESTO EN LOS ARTS. 14 Y 33.3 DE LA CONSTITUCION.

PUBLIQUESE ESTA SENTENCIA EN EL <BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO>.

DADA EN MADRID, A QUINCE DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO. FIRMADO: FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE. FRANCISCO RUBIO LLORENTE. FERNANDO GARCIA-MON Y GONZALEZ-REGUERAL. CARLOS DE LA VEGA BENAYAS. MIGUEL RODRIGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER. JESUS LEGUINA VILLA. LUIS LOPEZ GUERRA. JOSE LUIS DE LOS MOZOS Y DE LOS MOZOS. ALVARO RODRIGUEZ BEREIJO. VICENTE GIMENO SENDRA. JOSE GABALDON LOPEZ. RUBRICADO.

VOTO PARTICULAR QUE FORMULAN LOS MAGISTRADOS DON FRANCISCO RUBIO LLORENTE Y DON JOSE GABALDON LOPEZ A LA SENTENCIA DICTADA EN LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD NUM. 1.628/1989

1. AUNQUE MANTENEMOS ALGUNAS RESERVAS ACERCA DEL RAZONAMIENTO POR EL QUE SE RECHAZAN LAS OBJECIONES OPUESTAS POR EL ABOGADO DEL ESTADO Y EL MINISTERIO FISCAL A LA ADMISIBILIDAD DE LA CUESTION, COMO EN ESTE PUNTO NUESTRO CRITERIO COINCIDE CON EL DE LA MAYORIA EN CUANTO A LA NECESIDAD DE DESESTIMARLAS, NOS LIMITAREMOS A EXPONER LAS RAZONES POR LAS QUE CREEMOS DEBIO DECLARARSE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS PRECEPTOS CUESTIONADOS, PUES EN ESTO SE CENTRA FUNDAMENTALMENTE NUESTRA DISCREPANCIA.

2. ANTES DE EXPONER LAS RAZONES POR LAS QUE ENTENDEMOS QUE LAS DUDAS DE LA SALA PROPONENTE DE LA CUESTION DEBAN SER, DESGRACIADAMENTE, CONFIRMADAS PORQUE EFECTIVAMENTE LOS PRECEPTOS CUESTIONADOS VIOLAN TANTO EL ART. 14 COMO EL 33 DE NUESTRA CONSTITUCION, CONVIENE PRECISAR CUAL ES EXACTAMENTE EL CONTENIDO DE AQUELLOS PRECEPTOS.

EL PRIMERO DE ELLOS, EL PRIMERO TAMBIEN DE LA LEY 7/1983, ES EL QUE, CON MAYOR O MENOR RIGOR TERMINOLOGICO, ENUNCIA, A LA VEZ, LA CAUSA EXPROPIANDI Y EL ACUERDO DE EXPROPIAR, PARA SERVIRLA, LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES REPRESENTATIVAS DE LAS SOCIEDADES INTEGRADAS EN EL GRUPO RUMASA. LA DEFINICION DE LA CAUSA EXPROPIANDI SE HACE, A SU VEZ, POR REFERENCIA AL DOBLE PROPOSITO DE GARANTIZAR, EN PRIMER LUGAR, <LA ESTABILIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO> Y, EN SEGUNDO TERMINO, <LOS INTERESES LEGITIMOS DE DEPOSITANTES, TRABAJADORES Y TERCEROS>. LA CONSECUCION DE ESTE DOBLE PROPOSITO NO IMPLICA, SIN EMBARGO, LA NECESIDAD DE DISOLVER LAS SOCIEDADES O DE RESERVAR AL SECTOR PUBLICO SUS MUY HETEROGENEAS ACTIVIDADES O RECURSOS, CUYA ENAJENACION TOTAL O PARCIAL ESTA PREVISTA EN LA PROPIA LEY (ART. 5), SINO SOLO LA DE ATRIBUIR PROVISIONALMENTE A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO, EN CONCRETO A LA DIRECCION GENERAL DEL PATRIMONIO, <TODAS LAS FACULTADES DE LOS ORGANOS SOCIALES> (ART. 2).

LA DELIMITACION DE LOS BIENES OBJETO DE LA EXPROPIACION SE HACE, A SU VEZ, EN CONGRUENCIA CON TODO LO ANTERIOR, NO POR REFERENCIA A CARACTERISTICAS INTRINSECAS DE LOS BIENES MISMOS, SEAN ESTAS MATERIALES (EN RAZON DE SU PROPIA NATURALEZA, DE LA FUNCION QUE DESEMPEÑAN, ETC.) O JURIDICAS, SINO, MUY AL CONTRARIO, EN ATENCION PRECISAMENTE DE QUIEN ES EL TITULAR, MEDIATO O INMEDIATO, DE LA MAYORIA (O MINORIA SUFICIENTE PARA ASEGURAR EL CONTROL) EN CADA UNA DE LAS SOCIEDADES A CUYOS ACCIONISTAS SE EXPROPIA.

EL ART. 2, POR ULTIMO, NO DECLARA LA NECESIDAD DE OCUPACION DE LOS BIENES EXPROPIADOS (UNA DECLARACION MANIFIESTAMENTE INNECESARIA EN RAZON DEL CONTENIDO DEL ART. 1, QUE BREVEMENTE ACABAMOS DE RECORDAR), SINO QUE, DIRECTAMENTE Y CON TECNICA POCO HABITUAL, PROCLAMA EL PLENO DOMINIO DE LA ADMINISTRACION SOBRE TODAS LAS ACCIONES O PARTICIPACIONES SOCIALES EXPROPIADAS Y ADOPTA OTRAS MEDIDAS INSTRUMENTALES.

ES ESTE CONTENIDO DE LOS PRECEPTOS CUESTIONADOS EL QUE HA DE SER CONTRASTADO CON EL DE LOS ARTS. 33 Y 14 DE LA CONSTITUCION PARA RESOLVER ACERCA DE SU LEGITIMIDAD.

3. EL ART. 33 DE NUESTRA CONSTITUCION GARANTIZA UN INSTITUTO, EL DE LA PROPIEDAD PRIVADA, QUE OCUPA UN LUGAR CENTRAL EN EL ORDEN ECONOMICO-SOCIAL ESPAÑOL, IDENTICO EN ESTO AL DE LOS DEMAS ESTADOS DE LA COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA. ESTA GARANTIA SE EXPRESA EN LOS TRES APARTADOS DEL ARTICULO, ES DECIR, TANTO EN EL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO A LA PROPIEDAD PRIVADA (DE DONDE DERIVA, COMO ES OBVIO, LA OBLIGACION DEL LEGISLADOR DE CONFIGURAR LA PROPIEDAD EN TERMINOS QUE SEAN CONGRUENTES CON LA IDEA QUE DE ELLA TIENE LA CONCIENCIA SOCIAL), COMO EN LA RESERVA DE LEY PARA LA DELIMITACION DE SU CONTENIDO DE ACUERDO CON SU FUNCION SOCIAL, COMO, POR ULTIMO, EN LA LLAMADA GARANTIA EXPROPIATORIA, QUE EL APARTADO TERCERO DEL ARTICULO ESTABLECE MEDIANTE EL EMPLEO DE CONCEPTOS CUYO CONTENIDO HA SIDO PRECISADO A LO LARGO DE MUCHOS AÑOS POR LA JURISPRUDENCIA Y LA DOCTRINA Y CUYO DESARROLLO O APLICACION CONCRETA TAMBIEN ESTA RESERVADO A LA LEY (<...DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LAS LEYES...>). ES EL CONTENIDO ESENCIAL DEL INSTITUTO EN SU CONJUNTO, ESTO ES, EL CONTENIDO ESENCIAL DE CADA UNO DE ESTOS ASPECTOS O FACETAS DESDE EL QUE EL ART. 33 C.E. LO CONTEMPLA EL QUE, EN TODO CASO, HA DE SER RESPETADO DE ACUERDO CON LO PREVISTO EN EL ART. 53.1 C.E.

PRESCINDIENDO DEL ANALISIS DE OTROS ASPECTOS DE LA PROPIEDAD QUE AQUI NO ESTAN EN CUESTION Y DE LOS QUE ESTE TRIBUNAL SE HA OCUPADO EN DIVERSAS DECISIONES, ENTRE OTRAS EN LA STC 37/1987, NOS LIMITAREMOS A ALGUNAS BREVES CONSIDERACIONES ACERCA DEL CONTENIDO ESENCIAL DE LA GARANTIA EXPROPIATORIA Y AUN ESO, SOLO EN LO QUE SE RELACIONA CON LOS PRECEPTOS CUESTIONADOS:

A) LA PRIMERA Y MAS PODEROSA LIMITACION QUE LA CONSTITUCION IMPONE A LA LIBERTAD DE ACCION DE LOS PODERES PUBLICOS EN ARAS DEL DERECHO DE LOS PROPIETARIOS (Y, CONSECUENTEMENTE, LA MAS ENERGICA GARANTIA DEL DERECHO DE ESTOS) ES LA PROHIBICION DE PRIVAR A NADIE <DE SUS BIENES Y DERECHOS SINO POR CAUSA JUSTIFICADA DE UTILIDAD PUBLICA O INTERES SOCIAL... DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LAS LEYES>.

ESTA REMISION FINAL A <LO DISPUESTO POR LAS LEYES> NO CONSTITUCIONALIZA CIERTAMENTE EL CONJUNTO DE DISPOSICIONES LEGALES QUE HOY REGULAN LA EXPROPIACION, NI, EN LA OPINION MAS GENERALIZADA, HACE IMPOSIBLE LA EXPROPIACION MEDIANTE LEY SINGULAR, AUNQUE, COMO ES OBVIO, SI ESTABLECE FRENTE A ESTA LIMITACIONES INELUDIBLES, PUES LA LEY SINGULAR NO PUEDE ALTERAR, EN UN ESTADO DE DERECHO, LOS PRINCIPIOS GENERALES DE UN INSTITUTO CONSTITUCIONALMENTE GARANTIZADO. LAS LEYES GENERALES QUE ENCARNAN ESTOS PRINCIPIOS NO QUEDAN DEROGADOS POR LA LEY SINGULAR DE EXPROPIACION, QUE, AUNQUE ESPECIAL Y POSTERIOR, ES UN ACTO SINGULAR, NO ORDINAMENTAL, CON FORMA DE LEY. LO CONTRARIO SIGNIFICARIA ALTERAR TODO EL SISTEMA DE GARANTIAS QUE EL ORDENAMIENTO PREVE PARA LA EXPROPIACION Y QUE CONSTITUYE EL CONTENIDO ESENCIAL DEL INSTITUTO EXPROPIATORIO; TAL COMO OCURRE V. GR. CON LA NECESIDAD DE LA DECLARACION POR LEY DE LA UTILIDAD PUBLICA O INTERES SOCIAL QUE LEGITIMA LA EXPROPIACION, O LA POSIBILIDAD DEL ACCESO EFICAZ DEL EXPROPIADO A LA TUTELA JUDICIAL.

EN PARTICULAR, LA REMISION QUE EL ART. 33.3 C.E. HACE A <LO DISPUESTO EN LAS LEYES> OBLIGA A DETERMINAR, POR REFERENCIA AL ORDENAMIENTO, CUAL ES EL SIGNIFICADO DE LOS CONCEPTOS EMPLEADOS. EN LO QUE TOCA AL CONCEPTO CENTRAL (EL DE <CAUSA JUSTIFICADA DE UTILIDAD PUBLICA...>, ETC.) ESTA REFERENCIA LLEVA INEXCUSABLEMENTE A LA CONCLUSION DE QUE TAL CAUSA SE IDENTIFICA CON EL FIN AL QUE HAYA DE AFECTARSE EL OBJETO EXPROPIADO (ART. 9 L.E.F.) PUES, COMO SE HA DICHO, <EL FIN DE LA EXPROPIACION NO ES LA MERA PRIVACION EN QUE ESTA CONSISTE, SINO EL DESTINO POSTERIOR A QUE, TRAS LA PRIVACION EXPROPIATORIA, HA DE AFECTARSE EL BIEN QUE SE EXPROPIA>. LA EXPRESION DE LA CAUSA (ESTO ES, DE LA TRANSFORMACION MATERIAL O JURIDICA PERO EN ESTE CASO UNA TRANSFORMACION QUE NO SE AGOTE EN LA PRIVACION DEL DERECHO ) HA DE HACERSE DE OTRA PARTE, COMO ES CLARO, EN TERMINOS PRECISOS E INEQUIVOCOS DE TAL MODO QUE SU JUSTIFICACION SEA VERIFICABLE POR LA JURISDICCION CONSTITUCIONAL, CUANDO SEA REQUERIDA PARA ELLO Y PUEDA LA JURISDICCION ORDINARIA PARTIR DE ELLA PARA APRECIAR, EN SU CASO, LA NECESIDAD DE OCUPACION DE LOS BIENES OBJETO DE EXPROPIACION.

B) LA POTESTAD EXPROPIATORIA QUE EL APARTADO TERCERO DEL ART. 33 C.E. CONFIERE AL PODER EN EL MISMO ENUNCIADO QUE LA LIMITA NO FACULTA A ESTE, COMO ES OBVIO, A SUSTITUIR EL DERECHO DE CUALQUIER PROPIETARIO POR SU EQUIVALENTE ECONOMICO. LA PRIVACION DEL DERECHO SOBRE BIENES (O DERECHOS) CONCRETOS SOLO SERA CONSTITUCIONALMENTE ADMISIBLE CUANDO LA TRANSFORMACION DE ESOS BIENES O DERECHOS Y NO DE OTROS BIENES O DERECHOS CUALESQUIERA SEA INEXCUSABLE PARA ALCANZAR EL FIN, DE UTILIDAD PUBLICA O INTERES SOCIAL, QUE CON LA EXPROPIACION SE PERSIGUE. DE AHI LA NECESIDAD DE QUE LA DEFINICION DE LA CAUSA EXPROPIANDI SE HAGA EN TERMINOS OBJETIVOS DE LOS QUE RESULTE CLARAMENTE LA RELACION EXISTENTE ENTRE ELLA Y LOS BIENES EXPROPIADOS, DE TAL MODO QUE LA DESIGNACION O DELIMITACION DE ESTOS SE HAGA EN ATENCION A SUS CARACTERISTICAS (O INCLUSO, SI SE QUIERE, DEL USO QUE DE ELLOS SE HACE, CUANDO ESTE USO TIENE UNOS LIMITES LEGALMENTE PREESTABLECIDOS COMO LIMITES PROPIOS DEL DERECHO DE PROPIEDAD SOBRE ELLOS, COMO SUCEDE EN EL CASO DE LA LLAMADA EXPROPIACION-SANCION), PERO NO, EN MODO ALGUNO, EN ATENCION, EXCLUSIVAMENTE, A CUAL ES LA PERSONA DEL PROPIETARIO O A SU CONDUCTA.

C) CON ARREGLO A ESTE DOBLE Y ELEMENTAL STANDARD, ES EVIDENTE QUE LOS PRECEPTOS CUESTIONADOS INFRINGEN DIRECTAMENTE LO DISPUESTO EN EL ART.

33 DE NUESTRA CONSTITUCION.

LA DEFINICION DE LA CAUSA EXPROPIANDI NO SE HACE, EN PRIMER LUGAR, MEDIANTE TERMINOS PRECISOS E INEQUIVOCOS. NI LA GARANTIA DE LA <ESTABILIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO> (UN SISTEMA EN PERPETUO CAMBIO), NI LA DE LOS VAGOS, POR NO DEFINIDOS, <INTERESES LEGITIMOS DE DEPOSITANTES, TRABAJADORES Y TERCEROS> PUEDE SER ENTENDIDA EN MODO ALGUNO COMO EXPRESION DE UNA FINALIDAD DOTADA DEL MINIMO GRADO DE CONCRECION EXIGIBLE PARA APRECIAR LA JUSTIFICACION DE SU INVOCACION FRENTE AL DERECHO DE PROPIETARIOS CONCRETOS. EN SEGUNDO LUGAR, Y SOBRE TODO, ESA FINALIDAD, DESCRITA EN TERMINOS TAN GENERICOS SOLO PUEDE SER CONSIDERADA COMO CAUSA REMOTA O MEDIATA DE LA DECISION EXPROPIATORIA, SIN QUE SEA POSIBLE EN MODO ALGUNO ESTABLECER LA RELACION INMEDIATA Y NECESARIA ENTRE TAL FINALIDAD Y LOS BIENES QUE SE EXPROPIAN, CUYA DESIGNACION NO PUEDE HACERSE POR TANTO EN ATENCION A SUS PROPIAS CARACTERISTICAS INTRINSECAS, MATERIALES O JURIDICAS.

LA RELACION ENTRE LA FINALIDAD PERSEGUIDA Y LOS BIENES A EXPROPIAR, DE LA QUE RESULTA LA NECESIDAD MISMA DE LA EXPROPIACION, SE ESTABLECE ASI EN EL PREAMBULO DE LA LEY POR REFERENCIA A LAS ANOMALIAS DETECTADAS EN LA GESTION DEL GRUPO, ESTO ES, EN DEFINITIVA, POR REFERENCIA A LA CONDUCTA EMPRESARIAL DE QUIENES, POR UNA U OTRA VIA, DISPONIAN DEL CONTROL DE LAS SOCIEDADES EXPROPIADAS. LA FINALIDAD REAL, INMEDIATA Y DIRECTA DE LA EXPROPIACION ES, EN CONSECUENCIA, LA DESPOSESION DE LOS GESTORES MISMOS, ESTO ES, LA MERA PRIVACION DE LA PROPIEDAD, CON LO QUE, COMO ES OBVIO, LA GARANTIA CONSTITUCIONAL QUEDA PRIVADA DE SU CONTENIDO ESENCIAL Y REDUCIDA A UNA FORMALIDAD VACIA.

D) AUNQUE DICHO LO QUE PRECEDE, HUELGAN OTRAS CONSIDERACIONES, EN ATENCION A LOS TERMINOS DEL AUTO QUE PLANTEA LA CUESTION, TAMBIEN CONVIENE AÑADIR QUE, AUN SI LOS DEFECTOS ANTERIORES NO EXISTIERAN, LOS PRECEPTOS CUESTIONADOS INFRINGIRIAN TAMBIEN EL ART. 33 POR LA NOTORIA FALTA DE PROPORCION EXISTENTE ENTRE EL FIN QUE SE PRETENDE CONSEGUIR Y LOS MEDIOS UTILIZADOS.

ES DOCTRINA CONSTANTE DE ESTE TRIBUNAL, EN EFECTO, LA DE QUE LAS LIMITACIONES O RESTRICCIONES EN EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES SOLO SON LEGITIMAS CUANDO, SIENDO LEGITIMO TAMBIEN EL FIN EN ARAS DEL CUAL SE IMPONEN, SE REDUCEN A LO ESTRICTAMENTE INDISPENSABLE PARA ALCANZARLO; EN CUANTO EXCEDAN DE ELLO SON CONTRARIAS A LA CONSTITUCION Y EN ESA MEDIDA NULOS. TAMBIEN DESDE ESTA PERSPECTIVA LA MEDIDA EXPROPIATORIA QUE ARTICULA LA LEY 7/1983 ES CONTRARIA A LA CONSTITUCION, SI NO LO FUERA YA POR VIOLACION DIRECTA DE LA GARANTIA EXPROPIATORIA, EN CUANTO QUE, DE UNA PARTE, ELIMINAN DE RAIZ UN DERECHO (EL DE PROPIEAD DE QUIENES CONTROLABAN LA GESTION) QUE, DE ACUERDO CON LA PROPIA LOGICA DE LA LEY, HUBIERA BASTADO CON RESTRINGIR O LIMITAR EN SU EJERCICIO Y, DE LA OTRA, INCIDEN SOBRE EL DERECHO DE QUIENES MANIFIESTAMENTE, Y ESTANDO TAMBIEN A LO DECLARADO POR EL LEGISLADOR EN NADA HABIAN CONTRIBUIDO A LA PRODUCCION DE LAS ANOMALIAS.

EN CUANTO A LO PRIMERO, ES BIEN SABIDO QUE LA LEGISLACION BANCARIA OFRECE AL BANCO DE ESPAÑA Y EN GENERAL A NUESTRA ADMINISTRACION ECONOMICA UNA AMPLIA PANOPLIA DE MEDIDAS DE INTERVENCION DE LAS QUE SE HA HECHO USO EN NO POCAS OCASIONES Y QUE ACTUALMENTE ENCUENTRAN TAMBIEN AMPARO EN LO DISPUESTO EN EL ART. 128.2 DE NUESTRA CONSTITUCION. ESTAS MEDIDAS QUE TIENEN COMO FINALIDAD ESPECIFICA LA CORRECCION DE ACTUACIONES ANOMALAS DE LAS INSTITUCIONES CREDITICIAS DEL MISMO GENERO QUE LAS QUE SE IMPUTAN A LOS BANCOS INTEGRANTES DEL GRUPO RUMASA NO SE ADOPTARON SIN EMBARGO NUNCA RESPECTO DE ELLOS. EL PREAMBULO DE LA LEY, TRAS EXPLICAR QUE LAS ANOMALIAS DEL GRUPO VENIAN SIENDO OBSERVADAS AL MENOS DESDE CINCO AÑOS ANTES, SE LIMITA A AFIRMAR QUE ESAS MEDIDAS DE INTERVENCION NO RESOLVERIAN, DE SER ADOPTADAS, LOS PROBLEMAS PLANTEADOS. UNA AFIRMACION DE ESTE GENERO, CUYA CORRECCION NO PUEDE SER VERIFICADA POR LOS TRIBUNALES PORQUE SE BASA EN UNA SIMPLE HIPOTESIS DE ANTEMANO RECHAZADA, NO PUEDE SERVIR DE BASE, SIN EMBARGO, A UNA DECISION ABLATORIA DEL DERECHO. ES POSIBLE, AUNQUE DESDE LUEGO SE TRATA TAMBIEN DE UNA MERA HIPOTESIS Y NI SIQUIERA DE UNA RAZONABLE PROBABILIDAD, QUE LA EXPROPIACION DE LA TOTALIDAD DEL GRUPO RESULTARA, DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA ADMINISTRACION, MAS ECONOMICA Y EFICAZ QUE LA APLICACION DE MEDIDAS DE INTERVENCION, PERO LA COMODIDAD DE LA ADMINISTRACION NO ES, EN SI MISMA, UNA FINALIDAD QUE JUSTIFIQUE LA PRIVACION DE UN DERECHO FUNDAMENTAL. POR LO DEMAS, Y DE MANERA INEXPLICABLE, PESE A ESA EXPLICITA RENUNCIA A LA MEDIDA MAS SUAVE (Y JURIDICAMENTE CORRECTA) DE LA INTERVENCION, PARA APLICAR LA MAS ENERGICA DE LA EXPROPIACION, EL PREAMBULO DE LA LEY INVOCA COMO APOYO CONSTITUCIONAL DE LA MISMA, JUNTO CON EL ART. 33.3 DE LA NORMA FUNDAMENTAL, EL 128.2, QUE ES, COMO QUEDA DICHO, EL QUE PRESTA COBERTURA A LAS MEDIDAS DE INTERVENCION.

EN SEGUNDO TERMINO, AUN SI LA EXPROPIACION HUBIESE SIDO CORRECTA EN SUS TERMINOS Y JUSTIFICADA, POR NO DESPROPORCIONADA EN RAZON DEL FIN, TAMBIEN SERIA CONSTITUCIONALMENTE INACEPTABLE EN CUANTO DIRIGIDA CONTRA PROPIETARIOS QUE, POR NO TENER EN MODO ALGUNO EL CONTROL DE LAS SOCIEDADES DE LAS QUE ERAN PARTICIPES, NO HABIAN LLEVADO A CABO ACTUACION ALGUNA QUE DEBIERA SER CORREGIDA PARA GARANTIZAR <LA ESTABILIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO> O <LOS LEGITIMOS INTERESES DEPOSITANTES, TRABAJADORES Y TERCEROS>.

4. EL ART. 14 DE NUESTRA CONSTITUCION ENUNCIA COMO ES SABIDO EL PRINCIPIO DE IGUALDAD.

PESE AL EMPLEO DE LA FORMULA TRADICIONAL (<LOS ESPAÑOLES SON IGUALES ANTE LA LEY...>), ESTE TRIBUNAL AFIRMO, DESDE SUS PRIMERAS SENTENCIAS, QUE ESE PRINCIPIO, DE ACUERDO CON EL ENTENDIMIENTO QUE DE EL SE HACE EN EL MUNDO CONTEMPORANEO, NO SOLO CONTIENE UN MANDATO DIRIGIDO A QUIENES HAN DE APLICAR LA LEY, SINO TAMBIEN UN PRECEPTO DE RIGUROSA OBSERVANCIA POR EL LEGISLADOR; NO SOLO MANDA APLICAR A TODOS LAS LEYES POR IGUAL, SINO TAMBIEN HACER LEYES QUE TRATEN A TODOS POR IGUAL, SIN ESTABLECER DIFERENCIAS QUE NO ESTEN OBJETIVAMENTE JUSTIFICADAS EN RELACION CON LA FINALIDAD PERSEGUIDA POR LA LEY.

AUNQUE EL TIPO LEGAL QUE MAS EXACTAMENTE SE ADECUA AL PRINCIPIO DE IGUALDAD ES EL DE LA LEY GENERAL, NO SON INCOMPATIBLES CON EL LAS LEYES SINGULARES ATRIBUTIVAS DE DERECHOS. MUCHO MAS PROBLEMATICA ES LA COMPATIBILIDAD CON TAL PRINCIPIO DE LAS LEYES SINGULARES LIMITATIVAS O RESTRICTIVAS Y MAS AUN LA DE LAS LLAMADAS LEYES DE <CASO UNICO>, COMO ES, SEGUN LA CARACTERIZACION QUE DE ELLA SE HACE EN LA SENTENCIA DE QUE DISENTIMOS, LA LEY 7/1983.

LA ABSOLUTA INCOMPATIBILIDAD RESULTA, COMO ES EVIDENTE, DE QUE SU ESTRUCTURA MISMA HACE IMPOSIBLE ESTABLECER COMPARACION ALGUNA, DE MANERA QUE NO CABE AFIRMAR, SALVO COMO ACTO DE FE, QUE LA DIFERENCIA ESTABLECIDA POR EL LEGISLADOR ESTE OBJETIVAMENTE JUSTIFICADA, ESTO ES, SE CORRESPONDA CON UNA DIFERENCIA FACTICA REAL. NO HAY INCONVENIENTE NINGUNO EN ADMITIR QUE LA IRREGULAR GESTION DEL GRUPO RUMASA IMPLICASE UNA AMENAZA PARA LA ESTABILIDAD DEL SISTEMA FINANCIERO ESPAÑOL, PERO NATURALMENTE NO HAY MANERA ALGUNA DE SABER SI ESTA AMENAZA FUE MAYOR, MENOR O IGUAL QUE LAS QUE GENERARON OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS EN CRISIS, NI PUEDE APRECIARSE POR TANTO SI LA DIFERENCIA DE TRATO ESTA <OBJETIVAMENTE JUSTIFICADA>, DEL MISMO MODO QUE NO HAY POSIBILIDAD ALGUNA DE AFIRMAR, PORQUE NINGUNA RAZON SE OFRECE PARA ELLO, QUE LA SALVAGUARDIA DE LOS <LEGITIMOS INTERESES DE DEPOSITANTES, TRABAJADORES Y TERCEROS> MERECIESE, EN EL CASO DE LAS EMPRESAS INTEGRANTES DEL GRUPO RUMASA, UN TRATO DISTINTO QUE EL OTORGADO A LOS INTERESES, IGUALMENTE LEGITIMOS, DE LOS <DEPOSITANTES, TRABAJADORES Y TERCEROS> DE OTRAS EMPRESAS EN CRISIS O INCLUSO EN QUIEBRA.

POR ESTO, LO QUE ESTA EN CUESTION EN EL PRESENTE CASO NO ES LA LEGITIMIDAD O ILEGITIMIDAD DE LA EXPROPIACION LEGISLATIVA, SINO LA LEGITIMIDAD (AHORA SOLO DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD) DE UNA PRIVACION DE DERECHOS ACORDADA SOBRE LA BASE DE CONSIDERACIONES REFERIDAS SOLO A LOS SUJETOS EXPROPIADOS (EN RIGOR, SOLO A ALGUNO DE ELLOS), ES DECIR, EN VIRTUD DE RAZONES QUE, AL HACER IMPOSIBLE TODA COMPARACION, NO PERMITEN LA VERIFICACION JURISDICCIONAL DE LA JUSTIFICACION OBJETIVA DE LA DIFERENCIA.

MADRID, A DIECISIETE DE ENERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO.

FIRMADO: FRANCISCO RUBIO LLORENTE. JOSE GABALDON LOPEZ. RUBRICADO.

ANÁLISIS

  • Rango: Sentencia
  • Fecha de disposición: 15/01/1991
  • Fecha de publicación: 13/02/1991
Referencias anteriores
  • DICTADA en la CUESTION 1628/1989 (Ref. BOE-A-1989-26218).
  • DECLARA la constitucionalidad de los arts. 1 y 2 de la Ley 7/1983, de 29 de junio (Ref. BOE-A-1983-18139).
Materias
  • Banca
  • Expropiación forzosa
  • RUMASA
  • Sociedades
  • Títulos valores

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