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Ilustrísimo señor:

La Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 4 de mayo de 1982 autoriza al Director general de Política Alimentaria para delegar en el Subdirector general de Defensa contra Fraudes la facultad de imposición de sanciones hasta una cuantía máxima de 100.000 pesetas.

Para conseguir en la actuación administrativa una mayor rapidez y eficacia, es aconsejable hacer uso de la autorización antes citada, por lo que, al amparo de lo que dispone el artículo 22 de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, y la Orden del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de 4 de mayo de 1982, he tenido a bien disponer:

1.º Quedan delegadas en el Subdirector general de Defensa contra Fraudes las siguientes facultades atribuidas a esta Dirección General de Política Alimentaria:

a) La imposición de sanciones, hasta una cuantía máxima de 100.000 pesetas, en las materias a que se refiere la Ley 25/1970, de 2 de diciembre.

b) La imposición de sanciones, hasta una cuantía máxima de 50.000 pesetas, en las materias a que se refiere la Ley 11/1971, de 30 de marzo, y la Ley 12/1975, de 12 de marzo.

c) La imposición de sanciones, hasta una cuantía máxima de 100.000 pesetas, en la resolución de los expedientes en que sea de aplicación el Decreto 2177/1973, de 12 de julio.

2.º La delegación de atribuciones a que se refiere la presente Resolución será revocable en cualquier momento, y no constituirá obstáculo para que esta Dirección General de Política Alimentaria pueda recabar, cuando lo estime procedente, la resolución de los expedientes que considere oportunos, aun cuando la cuantía de la sanción esté comprendida entre las que son objeto de delegación.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. I.

Madrid, 11 de mayo de 1982.–El Director general, Ismael Díaz Yubero.

Ilmo. Sr. Subdirector general de Defensa contra Fraudes.