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En el recurso de apelación 1.321/1990, interpuesto ante el Tribunal Supremo, por la representación procesal de don Antonio Pérez Pérez, contra la sentencia de fecha 19 de enero de 1990, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, con sede en Las Palmas, en el recurso contencioso-administrativo número 240/1988, deducido contra Resoluciones de la antigua Dirección General de Puertos y Costas de 27 de enero y 20 de abril de 1988, desestimatorias de las alzadas interpuestas contra las anteriores Resoluciones de fechas 17 de febrero, 16 de marzo, 22 de junio, 13 de julio, 14 de agosto y 6 de octubre de 1987, relativas a sanción por ocupación de terrenos de dominio público marítimo-terrestre en la Playa de Maspalomas, en fecha 23 de diciembre de 1997, ha sido dictada sentencia, cuya parte dispositiva, literalmente, dice:

«Fallamos: Se estima el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de don Antonio Pérez Pérez, contra la sentencia dictada con fecha 19 de enero de 1990 por la Sala de lo Contencioso-Administrativo, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el recurso número 240 de 1988; sentencia que por lo tanto se revoca. Y en su lugar, estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto, debemos declarar y declaramos la no conformidad a Derecho de los actos administrativos impugnados (Resoluciones de la Dirección General de Puertos y Costas de 27 de enero y 20 de abril de 1988, y de la Demarcación de Costas de Canarias de 17 de febrero, 16 de marzo, 22 de junio, 13 de julio, 14 de agosto y 6 de octubre de 1987), que por lo tanto anulamos. Sin hacer especial imposición de las costas causadas en una y otra instancia.»

Este Ministerio, a los efectos de lo establecido en los artículos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla, en sus propios términos, la referida sentencia.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y cumplimiento.

Madrid, 14 de julio de 1998.‒P. D. (Orden de 25 de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 27), el Subsecretario, Claro José Fernández-Carnicero González.

Ilmo. Sr. Director general de Costas.