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Conflicto de Jurisdicción número 15/1998

El Secretario de Gobierno y del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción,

Certifico: Que en el conflicto antes indicado, se ha dictado la siguiente sentencia:

En la villa de Madrid a veintidós de junio de mil novecientos noventa y ocho.

Visto por el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, compuesto por don Francisco J. Delgado Barrio, Presidente; don Juan Antonio Xiol Ríos, don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, don Antonio Sánchez del Corral y del Río, don Miguel Vizcaíno Márquez y don Antonio Pérez-Tenessa Hernández, el conflicto negativo de jurisdicción suscitado a instancia de don Pedro Javier Padilla Sánchez entre el Juzgado de Instrucción número 4 de Getafe de asistencia jurídica gratuita, al declararse ambos incompetentes para resolver acerca del beneficio de asistencia jurídica gratuita.

Antecedentes de hecho

Primero.

En fecha que no consta en autos pero anterior al 12 de julio de 1996, don Pedro Javier Padilla Sánchez presentó ante el Servicio de Orientación Jurídica del Colegio de Abogados de Madrid solicitud para la designación de abogado de oficio que se encargara de su defensa como querellado ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Getafe (Madrid), diligencias previas número 801/1994.

Segundo.

Con fecha 15 de julio siguiente, la representación procesal del señor Padilla Sánchez formuló ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Getafe, demanda para obtener el beneficio de pobreza para su representado y por providencia de 16 de julio de 1996 el Juzgado se declaró incompetente para conocer de la pretensión por haber entrado ya en vigor la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, que atribuye la competencia en esta materia a la Comisión del mismo nombre dependiente del Ministerio de Justicia.

Tercero.

En vista de ello y con fecha 15 de noviembre de 1996, el interesado solicitó a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita el referido beneficio; solicitud que fue declarada inadmisible por resolución de 28 de febrero de 1997, al estimar la Comisión, de acuerdo con la disposición transitoria única de la Ley 1/1996 y habida cuenta de la fecha en que fue presentada la primera petición ante el Colegio de Abogados de Madrid que carece de jurisdicción y competencia para el conocimiento de este asunto, remitiendo al interesado, si a su derecho conviene, al planteamiento del conflicto negativo de jurisdicción.

Cuarto.

Con fecha 9 de mayo de 1997, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Getafe, a instancia del señor Padilla Sánchez, dictó providencia acordando elevar las actuaciones a este Tribunal de Conflictos y librar oficio a la Comisión Nacional de Asistencia Jurídica Gratuita para que hiciera lo mismo.

Quinto.

Por providencia de este Tribunal de 16 de febrero de 1998, se dio cuenta de la recepción de las actuaciones judiciales, mandándose formar el oportuno rollo, y se acordó reclamar de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Ministerio de Justicia las actuaciones administrativas correspondientes, y por otra de 4 de marzo de 1998 se dieron por recibidas las actuaciones administrativas, que fueron incorporadas al rollo de su razón, concediéndose un plazo común de diez días al Ministerio Fiscal y al Abogado del Estado para que emitieran su preceptivo informe.

Sexto.

Tanto el Ministerio Fiscal como el Abogado del Estado entienden, de acuerdo con el criterio ya establecido por el Tribunal de Conflictos en numerosas sentencias, que la competencia para conocer y resolver la solicitud de asistencia jurídica gratuita corresponde en este caso a la citada Comisión del Ministerio de Justicia, por haberse presentado la verdadera solicitud de este beneficio con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 1/1996, de 10 de enero, que estableció un nuevo régimen sobre esta materia.

Siendo Ponente el excelentísimo señor don Antonio Pérez-Tenessa Hernández.

Fundamentos de Derecho

Primero.

La cuestión planteada en el presente conflicto negativo de jurisdicción consiste en determinar si la competencia para conocer y resolver la solicitud de asistencia jurídica formulada por don Pedro Javier Padilla Sánchez ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Getafe (Madrid) en Autos número 801-R/94, corresponde al órgano judicial o a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, integrada orgánicamente en el Ministerio de Justicia, debiendo tenerse en cuenta, por un lado, la disposición transitoria única de la Ley 1/1996, de 10 de enero y, por otro, la fecha en que se presentó la solicitud.

Segundo.

La disposición transitoria única de la Ley 1/1996, de asistencia jurídica gratuita, estableció que das solicitudes de justicia gratuita presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, se regirán por la normativa vigente en el momento de efectuar la solicitud», entrada en vigor que se produjo a los seis meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» (que tuvo lugar el día 12 de enero de 1996) o sea el 12 de julio de 1996. Sobre el alcance de esta disposición transitoria y, en particular, de la expresión «las solicitudes de justicia gratuita», ya ha tenido ocasión de pronunciarse este Tribunal en varias sentencias (a partir del 23 de octubre y 19 de diciembre de 1997), llegando siempre a la conclusión de que en el régimen jurídico anterior a la citada Ley 1/1996 se entiende por «solicitud de asistencia gratuita» la demanda incidental que se presenta ante el Juzgado (artículo 20 de la Ley de Enjuiciamiento Civil). Cualquier otro escrito presentado ante el Colegio de Abogados o ante el Ministerio de Justicia para pedir la designación de abogado de oficio o para instrumentar la subvención estatal a la asistencia jurídica no es, a efectos de la disposición transitoria de la Ley 1/1996, de 10 de enero, una «solicitud de justicia gratuita» y no puede tener el alcance de desplazar el régimen jurídico aplicable ni la competencia para resolver. Criterio compartido en este conflicto tanto por el Ministerio Fiscal como por la Abogacía del Estado.

Tercero.

Y como, en el presente caso, la verdadera solicitud –es decir, la demanda incidental– se presentó en el Juzgado el 15 de julio de 1996, cuando ya había entrado en vigor la Ley 1/1996, de 10 de enero, cuyo artículo 9 atribuye la competencia para resolver este tipo de solicitudes a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, es indudable que el presente conflicto negativo de jurisdicción debe resolverse declarando la competencia de la mencionada Comisión administrativa.

En su virtud,

Fallamos: Que la competencia a que se refiere el presente conflicto negativo de jurisdicción corresponde a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, integrada orgánicamente en el Ministerio de Justicia, la cual deberá admitir a trámite la solicitud y resolver lo que proceda.

Así por esta nuestra sentencia, que se comunicará a los órganos contendientes y se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», lo pronunciamos, mandamos y firmamos.–Francisco J. Delgado Barrio.–Juan Antonio Xiol Ríos.–Jorge Rodríguez-Zapata Pérez.–Antonio Sánchez del Corral y del Río.–Miguel Vizcaíno Márquez.–Antonio Pérez-Tenessa Hernández.

Corresponde fielmente con su original.

Y para que conste y remitir para su publicación al «Boletín Oficial del Estado», expido y firmo la presente en Madrid, a 16 de julio de 1998–Certifico.