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En el recurso contencioso-administrativo número 2.439 y 2.629/1994, interpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, por don José Luis Martínez Morales, en nombre y representación de la Comunidad de Propietarios del edificio «Altea Sol», contra la Resolución de 21 de septiembre de 1994, del anterior Ministerio de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, desestimatoria del recurso ordinario formulado contra la anterior Resolución de 23 de noviembre de 1993, del Servicio Provincial de Costas en Alicante, relativa a sanción, orden de restitución de terrenos en playa Cap Begret, del término municipal de Altea, y orden de demolición de obra realizada en fecha 15 de junio de 1997, ha sido dictada sentencia, cuya parte dispositiva, literalmente dice:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo números 2.439 y 2.629/1994, intepuesto por el Letrado don José Luis Martínez Morales, en nombre y representación de la Comunidad de Propietarios del edificio ‘‘Altea Sol’’, contra la Resolución del Ministerio de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de fecha 21 de septiembre de 1994, que desestima el recurso ordinario interpuesto contra la Resolución de fecha 23 de noviembre de 1993, sobre sanción y orden de restitución de terrenos en playa Cap Begret del término municipal de Altea, y orden de demolición de la obra realizada; sin expresa condena en las costas procesales.»

Asimismo y en recurso de casación número 3/9.421/1997 preparado ante el Tribunal Supremo por la representación de la Comunidad de Propietarios edificio «Altea Sol», contra la anterior sentencia, por su Sala Tercera ha sido dictado auto en fecha 17 de diciembre de 1997, por el que se declara desierto el recurso preparado y firme la sentencia recurrida.

Este Ministerio, a los efectos de lo establecido en los artículos 103 y siguientes de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, ha dispuesto que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y cumplimiento.

Madrid, 28 de julio de 1998.–P. D. (Orden de 25 de septiembre de 1996, «Boletín Oficial del Estado» del 27), el Subsecretario, Claro José Fernández-Carnicero González.

Ilmo. Sr. Director general de Costas.