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El Real Decreto 140/1997, de 31 de enero, por el que se modifica parcialmente la estructura del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y transforma el Instituto Nacional de Servicios Sociales en Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, establece que corresponde a éste la promoción e integración de los inmigrantes y refugiados, la asistencia a los solicitantes de asilo y la promoción e integración social de los desplazados, así como la gestión de las subvenciones del régimen general.
La Ley General Presupuestaria, artículo 81.6, según redacción dada por el artículo 135.4 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, dispone que los Ministros establecerán las oportunas bases reguladoras para la concesión de subvenciones.
El Real Decreto 2225/1993, de 17 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Procedimiento para la Concesión de Subvenciones Públicas, establece el procedimiento de concesión de ayudas y subvenciones públicas en el marco de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJ-PAC).
En su virtud, previo informe de la Abogacía del Estado en el Departamento, dispongo:
El objeto de la presente norma es el establecimiento de las bases reguladoras de la concesión de subvenciones públicas para la realización de programas en favor de los inmigrantes, refugiados, solicitantes de asilo y desplazados, y la convocatoria de su concesión para distribuir los fondos públicos destinados al cumplimiento de dicha finalidad.
Por la presente orden se convoca la concesión de subvenciones públicas para la realización de programas en favor de los inmigrantes, refugiados, solicitantes de asilo y desplazados, cuya gestión corresponde al Instituto de Migraciones y Servicios Sociales.
Las subvenciones cuya concesión se convoca se financiarán con cargo a la dotación presupuestaria del programa 33.33.460, «Transferencias corrientes. A Corporaciones Locales», consignado en el presupuesto del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales.
La concesión de subvenciones estará condicionada a su disponibilidad presupuestaria.
La convocatoria se realiza de acuerdo con los principios de objetividad, concurrencia y publicidad, según lo dispuesto en el texto refundido de la Ley General Presupuestaria, artículo 81, número 5, apartado 6, y en el Real Decreto 2225/1993.
Primero.
Programas para fomentar el acceso a la vivienda: El objeto de estos programas será mejorar el acceso de los inmigrantes, refugiados, solicitantes de asilo y desplazados a una vivienda digna.
Requisitos:
Que los programas contemplen el realojo de quienes residan en núcleos chabolistas, o la mejora de las condiciones de alojamiento de quienes realicen trabajos temporeros y que no se puedan prestar por los servicios públicos correspondientes.
Deberá acreditarse que los programas de vivienda están necesariamente en consonancia con los de iniciativa pública, especificando de manera clara su viabilidad e impacto social en el medio en que se ubiquen.
Prioridades:
a) Programas desarrollados en zonas geográficas con una alta tasa de población inmigrante, refugiados, solicitantes de asilo o desplazados en situación especialmente difícil.
b) Programas auspiciados por el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes.
c) Programas para el realojo de inmigrantes o refugiados que residan en núcleos chabolistas.
d) Programas cofinanciados por las Administraciones local o autonómica.
Segundo.
Programas de atención sanitaria: El objeto de estos programas será la mejora de las condiciones sanitarias de los inmigrantes, refugiados, solicitantes de asilo y desplazados.
Requisitos:
Que los solicitantes de los servicios no sean beneficiarios de los sistemas públicos sanitarios que les cubrirían las prestaciones requeridas.
Prioridades:
a) Acciones de información, orientación y prevención en materia sociosanitaria.
b) Prestación de servicios médico-farmacéuticos a aquellas personas que no tengan acceso a los mismos por otras vías.
c) Asesoramiento sobre los sistemas de planificación familiar.
Tercero.
Programas para fomentar la integración cultural y laboral: Dentro de estos programas se incluye todo lo relacionado con el aprendizaje de las lenguas y culturas de España, la preservación de la lengua y cultura de origen, así como la información y orientación sobre las ayudas para el estudio.
Los programas de integración laboral se referirán a la orientación sobre el empleo y los derechos laborales, la preparación para el acceso al mercado de trabajo y la participación en cursos de formación ocupacional, cuando éstos estén dirigidos a conseguir un puesto de trabajo.
Requisitos:
a) Los programas deberán desarrollar actividades que sirvan para enriquecer los objetivos previstos en estas áreas en el Plan para la Integración Social de los Inmigrantes y para la integración social de los refugiados, solicitantes de asilo y desplazados.
b) Los programas deberán desarrollarse en zonas donde haya un número significativo de inmigrantes o refugiados.
Prioridades:
a) Programas pactados con centros escolares y de formación ocupacional, excepcionalmente cuando impliquen recursos públicos en la materia.
b) Programas para mujeres y jóvenes dirigidos a colectivos de inmigrantes, refugiados, solicitantes de asilo y desplazados con especiales dificultades de integración por razones culturales.
c) Programas cuya realización pueda significar una oportunidad razonable de obtener o consolidar un empleo.
Cuarto.
Programas para fomentar la participación ciudadana y la integración social: Los programas de participación ciudadana tienen por objeto desarrollar y consolidar el movimiento asociativo de inmigrantes, refugiados, solicitantes de asilo y desplazados, impulsar los valores de tolerancia y organizar campañas para combatir el racismo y la xenofobia.
Se considerarán aquellas acciones que vayan destinadas a prestar información y asesoramiento social al colectivo objeto de la presente resolución.
Se contemplarán también aquellas acciones que se requieran para atender necesidades propias de los inmigrantes, refugiados, solicitantes de asilo y desplazados, como la traducción de documentos o la interpretación para que puedan disfrutar de una igualdad de oportunidades en la sociedad española.
Requisitos:
a) Los programas deberán servir para incorporar de forma gradual a los inmigrantes y refugiados en la vida social y económica española en un clima de respeto y aceptación mutua.
b) Las acciones se desarrollarán en aquellas zonas en que haya un mayor número de inmigrantes y refugiados.
Prioridades:
a) Los programas de interpretación y traducción de lenguas en favor de los solicitantes de asilo, refugiados y desplazados.
b) Los programas dirigidos al apoyo de asociaciones en los que los destinatarios constituyan una parte importante de los afiliados.
c) Los programas dirigidos a personas o familias consideradas socialmente vulnerables.
Quinto.
Programas para implantar y consolidar el Observatorio Permanente de la Inmigración: El objeto de estos programas es implantar o consolidar la red territorial del Observatorio Permanente de la Inmigración y proporcionarle información relevante sobre inmigrantes, refugiados, solicitantes de asilo y desplazados, o la mejor utilización y explotación de la información disponible.
Requisitos:
a) Que los programas impliquen el acceso a áreas de información no disponibles con medios propios y que sean relevantes desde el punto de vista del estudio de la inmigración y el refugio y de la valoración de la integración social y laboral de los inmigrantes, refugiados, solicitantes de asilo y desplazados.
b) Que las actuaciones se realicen de forma coordinada con las Administraciones autonómicas que lo soliciten y con las que se formalicen convenios en tal sentido.
c) Que los programas se efectúen en zonas geográficas con un número elevado de inmigrantes.
Prioridades:
Tendrán preferencia los programas para la extensión de la red del Observatorio Permanente de la Inmigración a áreas de trabajo referentes a sanidad, educación y actitudes sociales.
Serán beneficiarios de las subvenciones las entidades de derecho público, incluidas aquellas a las que se refiere el apartado 2 del artículo 2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («Boletín Oficial del Estado» del 27), que ejecuten alguno o algunos de los programas definidos en el artículo anterior.
a) Ejecutar alguno de los programas previstos en el artículo 2 de la presente orden, siempre que dichos programas complementen los del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales.
b) Contar para la realización de los programas con una cofinanciación del 50 por 100 por parte de la entidad solicitante.
c) Hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social.
d) Haber justificado, en su caso, suficientemente las ayudas económicas recibidas con anterioridad del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, así como de los extinguidos Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Asuntos Sociales.
e) Que las actividades subvencionadas no estén ya realizadas al solicitar las subvenciones públicas.
Deberán presentar la siguiente documentación, en original o mediante copia de la misma que tenga el carácter de auténtica conforme a la legislación vigente:
a) Solicitud conforme al modelo anexo I, previsto en la Orden de 28 de febrero de 1997.
b) Memoria de cada uno de los programas o actividades para los que se solicita subvención conforme al modelo anexo III, previsto en la misma orden, incluyendo la acreditación de la concurrencia de los requisitos exigidos para cada programa por el artículo 3.
c) Tarjeta de identificación fiscal.
d) Documentación acreditativa del cumplimiento de las obligaciones tributarias y para con la Seguridad Social previstas en las Órdenes del Ministerio de Economía y Hacienda de 28 de abril de 1986 y de 25 de noviembre de 1987.
e) Documentación identificativa de la persona física que intervenga en nombre y representación de la persona jurídica, así como, en su caso, el poder de representación, siempre que el solicitante no fuera el titular de la entidad de derecho público.
Para la cumplimentación de la Memoria conforme al modelo anexo III deberán tenerse presente las siguientes limitaciones:
a) Las retribuciones del personal adscrito al cumplimiento del programa subvencionado únicamente podrán ser objeto de subvención hasta el importe de las retribuciones fijadas por jornada real de trabajo para las correspondientes categorías en el convenio colectivo vigente para el personal laboral del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, salvo que por la aplicación directa de otros convenios colectivos del sector le correspondan cuantías superiores. Sólo podrán subvencionarse los gastos correspondientes a las retribuciones devengadas por la actividad desarrollada en los respectivos programas.
b) Los gastos del personal adscrito al programa en régimen de arrendamiento de servicio tendrán carácter excepcional y deberán ser autorizados expresamente por el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales. Estos gastos tendrán también las limitaciones señaladas.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 4.2 del Real Decreto 2225/1993, no será necesario presentar los documentos exigidos cuando éstos no hayan sufrido modificaciones y estuvieran en poder de un órgano de la Administración, en cuyo caso el solicitante podrá acogerse a lo establecido en el apartado f) del artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siempre que se haga constar, por escrito, la fecha y el órgano o dependencia en que fueron presentados o, en su caso, emitidos, y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento al que correspondan. En los supuestos de imposibilidad material de obtener el documento, el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales podrá requerir al solicitante su presentación o, en su defecto, la acreditación por otros medios de los requisitos a que se refiere el documento, con anterioridad a que se formule la propuesta de resolución.
La comprobación de la existencia de datos no ajustados a la realidad, tanto en la solicitud como en la Memoria o en la documentación aportada, podrá dar lugar a la inadmisión de la solicitud, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, administrativas y penales a que diere lugar.
El Instituto de Migraciones y Servicios Sociales requerirá al solicitante para que en el plazo de diez días hábiles se subsanen los errores u omisiones advertidos en las solicitudes y documentación complementaria, indicando que se tendrá por desistida la petición en el caso de que así no se hiciera y archivándose sin más trámite, de acuerdo con lo establecido en el artículo 71 de la LRJ-PAC.
Las solicitudes, con la documentación que corresponda, se presentarán en la sede del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, avenida de la Ilustración, sin número, con vuelta a la calle Ginzo de Limia, 58, 28029 Madrid, sin perjuicio de que puedan presentarse también en los lugares previstos en el artículo 38.4 de la LRJ-PAC.
El plazo de presentación de solicitudes es de treinta días naturales, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente orden en el «Boletín Oficial del Estado».
La valoración de las solicitudes se realizará por una Comisión de evaluación, constituida en el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales.
La Comisión estará presidida por el Director general del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales o persona en quien delegue, y formarán parte de la misma tres Vocales del Instituto y un cuarto designado por la Secretaría General de Asuntos Sociales. Actuará como Secretario un funcionario del Instituto nombrado por el Director general.
Corresponde a la Comisión de evaluación, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 2225/1993, realizar de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, el conocimiento y la comprobación de los datos en virtud de los cuales debe pronunciarse la resolución.
Además de las valoraciones específicas aludidas en los distintos apartados del artículo 3 de esta misma orden, en cada uno de los programas se valorará lo siguiente, de acuerdo con el orden en que se relacionan:
a) Objetivos y programas acordes con los del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales.
b) Participación financiera en la ejecución de los programas.
c) Existencia de un plan de seguimiento de los programas.
d) Evaluación positiva de los programas subvencionados en anteriores convocatorias.
El órgano competente para la resolución de la convocatoria es el Director general del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales.
El Director general del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales resolverá en el plazo máximo de tres meses, a contar desde la finalización del plazo de presentación de solicitudes.
Las resoluciones serán motivadas y se notificarán a los interesados, haciendo constar que ponen fin a la vía administrativa.
Transcurrido el plazo de resolución sin que el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales hubiese dictado resolución expresa, se entenderá desestimada la solicitud.
La concesión de las subvenciones se hará pública en el «Boletín Oficial del Estado».
Los beneficiarios de las subvenciones tendrán las siguientes obligaciones:
a) Acreditar, previamente al cobro de la subvención, que se encuentran al corriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, de conformidad con lo previsto en las Órdenes del Ministerio de Economía y Hacienda de 28 de abril de 1986 y de 25 de noviembre de 1987.
b) Emplear la subvención en aquellos conceptos y cuantías que hayan sido expresamente aprobados, así como gestionarla en el plazo que establezca la resolución de la concesión.
c) Destinar los intereses que pueda producir la subvención, así como los ingresos que pueda generar el programa en la realización del mismo.
d) Gestionar directamente aquellas actividades que constituyan el contenido esencial de los programas subvencionados, no pudiendo ser objeto de subcontratación o ejecución por terceros, salvo que el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales lo autorice expresamente.
e) Ingresar la subvención en una cuenta abierta exclusivamente para los ingresos y pagos realizados con cargo a la subvención recibida.
f) Acreditar la realización de la actividad objeto de la subvención, así como el cumplimiento de los requisitos y condiciones que determinen la concesión o disfrute de la misma.
g) Someterse a las actuaciones de comprobación y seguimiento e inspección de la aplicación de la subvención, así como el control financiero que corresponda a la Intervención General del Estado y al Tribunal de Cuentas y a facilitar cuanta información le sea requerida por dichos órganos.
h) Comunicar al Instituto de Migraciones y Servicios Sociales la obtención, en su caso, de las subvenciones procedentes de cualquier Administración o ente público nacional o internacional concedidas para el programa subvencionado.
i) Dar cuenta, en el caso de subvenciones para la realización de cursos de Formación Profesional Ocupacional, al Instituto de Migraciones y Servicios Sociales del seguimiento de la trayectoria laboral de los alumnos.
j) Suscribir una póliza de seguro de accidentes, enfermedad y responsabilidad civil a favor del personal voluntario que participe en los programas subvencionados, conforme a lo exigido en los artículos 6.d) y 10 de la Ley 6/1996, de 15 de enero, del Voluntariado.
k) Incorporar de manera visible en el material que se utilice para la difusión de los programas subvencionados el logotipo del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Instituto de Migraciones y Servicios Sociales) que figura como anexo de la presente orden.
Los beneficiarios quedan obligados a presentar la justificación de los gastos efectuados con cargo a la subvención recibida en el plazo que marque la resolución de concesión, con documentos fehacientes y que sean acordes con la naturaleza de la subvención, en original o copia que tenga el carácter de auténtica conforme a la legislación vigente. Las entidades de derecho público presentarán:
a) Certificación del representante legal de la entidad, en la que consten:
Las actividades o programas realizados con la subvención.
La obtención o no de otra subvención de las Administraciones Públicas o de entes públicos o privados, nacionales o internacionales, para cada uno de los programas subvencionados, y, en caso afirmativo, el importe obtenido y la finalidad de la misma, aportándose documentación acreditativa de la misma.
Los intereses devengados por la subvención recibida hasta el momento del gasto, así como de los intereses obtenidos imputables a los programas.
b) Memoria explicativa del gasto, en la que se demuestre la adecuación de los justificantes, con los conceptos concretos de la actividad para la que se ha concedido la ayuda, acompañada de una relación de justificantes identificados con un número de orden.
c) En los casos en que se hayan financiado gastos de personal:
Copia del contrato y original de las nóminas firmadas por las personas que hayan trabajado en los programas, así como los justificantes correspondientes de las cotizaciones de la Seguridad Social y del ingreso en la Agencia Estatal de Administración Tributaria de las cantidades retenidas correspondientes al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
En el supuesto de contratación específica de servicios, se presentará copia de dicho contrato y recibo de la cantidad abonada por el servicio prestado, así como del alta en la matrícula del Impuesto sobre Actividades Económicas, si procede, y justificantes de haber abonado el último período exigible del impuesto. Deberá justificarse la retención e ingreso en la Delegación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de las cantidades retenidas correspondientes al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
d) Facturas o recibos originales referentes a los restantes gastos efectuados en cumplimiento del programa subvencionado, de acuerdo con los conceptos aprobados, los cuales deberán cumplir los requisitos establecidos en el Real Decreto 2402/1985, modificado por los Reales Decretos 1624/1992, 1811/1994, 267/1995, 80/1996, 703/1997, 37/1998 y 296/1998, que regulan el deber de expedición de facturas por empresarios y profesionales.
Vencido el plazo de justificación sin que se hayan aportado los documentos, se entenderá incumplida la obligación de justificar, con las consecuencias previstas en la presente orden y en la Ley General Presupuestaria, reintegro de la cantidad importe de la subvención, con independencia de que se inicie el procedimiento sancionador.
Las entidades subvencionadas deberán presentar al Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, en el plazo máximo de un mes desde la finalización de la actividad, una Memoria en la que se evalúen los resultados obtenidos en la realización de las actividades subvencionadas. Los contenidos básicos de la Memoria serán los siguientes:
1. Nombre de la entidad.
2. Denominación del programa.
3. Breve introducción sobre el contenido del programa.
4. Período de ejecución del programa.
5. Resumen económico: Importe subvencionado, estado de liquidación del programa, desglosado por origen de financiación y por concepto de gastos.
6. Número de usuarios directos.
7. Modificaciones solicitadas: Análisis de su necesidad.
8. Localización territorial del programa.
9. Metodología o instrumentos utilizados.
10. Actuaciones realizadas.
11. Destinatarios de los programas o actividades. En el caso de realización de cursos, se especificará el nombre y apellidos de los alumnos, número de identificación de extranjero (NIE), edad y situación laboral, y se adjuntará fotocopia del permiso de trabajo en vigor de los mismos o de su padre, madre o tutor y parte diario de asistencia a los cursos.
12. Objetivos previstos, cuantificados en la medida de lo posible.
13. Resultados obtenidos del programa, cuantificados y valorados…
14. Desviaciones respecto de los objetivos previstos.
15. Conclusiones.
Los beneficiarios de las subvenciones facilitarán la información periódica que les solicite el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales sobre iniciación de las acciones, modificación sobre previsiones iniciales y finalización de las mismas.
Los beneficiarios de las subvenciones quedarán sometidos a las responsabilidades y régimen sancionador que sobre infracciones administrativas en materia de subvenciones establece el artículo 82 del Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre (texto refundido de la Ley General Presupuestaria), en la redacción dada por la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1991. Asimismo, quedarán sometidos a lo dispuesto en el título IX de la LRJ-PAC y en el Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.
Procederá el reintegro de las cantidades, así como la exigencia de intereses de demora, desde el momento del pago de la subvención y en la cuantía fijada en el artículo 36 de la Ley General Presupuestaria, en los casos siguientes:
a) Incumplimiento de la obligación de justificación.
b) Obtención de subvenciones sin reunir las condiciones requeridas para ello.
c) Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida. A estos efectos, se entenderá como incumplimiento la existencia de un remanente de subvención que no haya sido invertido en el programa sin causa justificada.
d) Incumplimiento de las condiciones impuestas a los beneficiarios con motivo de la concesión de la subvención. A estos efectos, se entenderá como incumplimiento la aplicación de la subvención a conceptos de gastos distintos para los que fueron concedidos, sin que medie autorización expresa del órgano convocante.
e) Obtención de subvenciones por un importe que supere el coste total de la actividad subvencionada.
El Director general del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales es el órgano competente para la iniciación, ordenación, instrucción y resolución del procedimiento para el reintegro.
El procedimiento declarativo de incumplimiento y de procedencia del reintegro se iniciará de oficio como consecuencia de la propia iniciativa del órgano convocante, una vez revisada la documentación justificativa del gasto de la subvención y no hallada completa y conforme en todo o en parte, o detectada cualquiera de las restantes causas de reintegro.
También procederá la iniciación de oficio del procedimiento como consecuencia de una orden superior, de la petición razonada de otros órganos que tengan o no atribuidas facultades de inspección en la materia, o de la formulación de una denuncia.
En cualquiera de los supuestos, la incoación del procedimiento irá precedida de las diligencias previas de revisión o comprobación de la concurrencia de la causa de iniciación, pudiendo habilitarse un plazo no superior a veinte días para la subsanación de omisiones y/o defectos de la justificación presentada por las entidades subvencionadas.
En la tramitación del procedimiento se garantizará, en todo caso, el derecho del interesado a la audiencia.
Si no hubiera recaído resolución expresa transcurridos seis meses desde la iniciación, con independencia de las posibles interrupciones de su cómputo por causas imputables a los interesados, se iniciará el cómputo del plazo de caducidad establecido en el artículo 43.4 de la LRJ-PAC.
Si el procedimiento de reintegro se hubiera iniciado como consecuencia de hechos que pudieran ser constitutivos de infracción administrativa, se pondrán en conocimiento del órgano competente para la iniciación del correspondiente procedimiento sancionador.
Una vez acordada la procedencia del reintegro, éste se efectuará de acuerdo con lo previsto en el texto refundido de la Ley General Presupuestaria, aprobado por Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, y disposiciones concordantes y de desarrollo.
Las cantidades a reintegrar tendrá la consideración de ingreso de derecho público, resultando de aplicación para su cobranza lo dispuesto en los artículos 31 a 34 de la Ley General Presupuestaria.
Se autoriza a la Dirección General del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales a que dicte cuantas normas sean precisas para la ejecución de lo dispuesto en la presente Orden.
Es de aplicación supletoria a los artículos de la presente orden lo dispuesto en el texto refundido de la Ley General Presupuestaria, el Reglamento por el que se regula el procedimiento para la concesión de subvenciones públicas y la Orden de 28 de febrero de 1997, de bases reguladoras para la concesión de subvenciones sometidas al Régimen General de Subvenciones del Área de Asuntos Sociales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y de sus organismos adscritos, modificada por la Orden de 4 de febrero de 1998.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 4 de noviembre de 1998.
ARENAS BOCANEGRA
El logotipo que deberá utilizarse para la difusión de los programas subvencionados por este organismo será el siguiente, que deberá reproducirse de acuerdo con las siguientes indicaciones:
Subvencionado por
Normas para su reproducción: Para la reproducción del logotipo se utilizará el tipo de letra «times new roman» y la leyenda se reproducirá siempre en color negro, pudiéndose aplicar sobre un fondo blanco o, en su caso, de color y trama, según convenga.
Pautas para su utilización: Se utilizará siempre, en las ampliaciones o reducciones, guardando las proporciones del modelo y las normas de reproducción, debiéndose colocar en lugar preferencial del soporte que se difunda, con la misma categoría que el logotipo de la organización o entidad subvencionada.
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