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Habiéndose suscrito entre la Junta de Castilla y León, a través de

la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, y el Ministerio de Justicia,

a través del Instituto de Toxicología, un Convenio de colaboración para

coordinar y promover actuaciones que contribuyan a mejorar la protección

de la población ante los riesgos y daños que puedan causar los productos

químicos, y en cumplimiento de lo dispuesto en el punto noveno del

Acuerdo del Consejo de Ministros de 2 de marzo de 1990, sobre Convenios

de colaboración entre la Administración del Estado y las Comunidades

Autónomas, he resuelto proceder a la publicación en el "Boletín Oficial

del Estado" de dicho Convenio, que, a tal efecto, figura como anexo de

esta Resolución.

Lo que se hace público a los efectos oportunos.

Madrid, 10 de diciembre de 1999.-El Secretario de Estado, José Luis

González Montes.

ANEXO

Convenio de colaboración entre la Junta de Castilla y León, a través

de la Consejería de Sanidad y Bienestar Social, y el Ministerio de

Justicia, a través del Instituto de Toxicología, para coordinar y promover

actuaciones que contribuyan a mejorar la protección de la población

ante los riesgos y daños que puedan causar los productos químicos

En Valladolid, a 3 de diciembre de 1999.

REUNIDOS

El excelentísimo señor don Carlos Javier Fernández Carriedo,

Consejero de Sanidad y Bienestar Social de la Junta de Castilla y León,

nombrado por el Presidente de la Junta de Castilla y León mediante el

Decreto 148/1999, de 16 de julio; en virtud de las competencias que le

otorgan el artículo 21.j) de la Ley del Gobierno y de la Administración

de Castilla y León, aprobada por el Decreto Legislativo 1/1988, de 21

de julio.

El excelentísimo señor don José Luis González Montes, Secretario de

Estado de Justicia, por delegación de firma de la excelentísima señora

Ministra de Justicia (Orden de 30 de noviembre de 1999), a quien compete

en virtud del artículo 13.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización

y Funcionamiento de la Administración General del Estado.

EXPONEN

Primero.-Que el Estado tiene competencia exclusiva en materia de

Administración de Justicia, en virtud del artículo 149.1.5.a de la

Constitución Española.

Segundo.-Que la Comunidad de Castilla y León ostenta competencias

de desarrollo y ejecución de la legislación del Estado en materia de sanidad

e higiene, promoción, prevención y restauración de la salud al amparo

del artículo 27.1.1.a de la Ley Orgánica 4/1983, de 25 de febrero, por la

que se aprobó el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Castilla

y León.

Tercero.-Que el Instituto de Toxicología es un órgano técnico adscrito

al Ministerio de Justicia, a través del la Secretaría de Estado de Justicia,

que entre sus funciones se encuentra, de conformidad con lo dispuesto

en el artículo 5 del Decreto 1789/1967, de 13 de julio, en la redacción

dada por el Real Decreto 3061/1982, de 15 de octubre, actuar como Centro

de asesoramiento e información para la lucha contra las intoxicaciones.

Cuarto.-Que los accidentes producidos por tóxicos constituyen un

importante problema económico, social y de salud que afecta a la

Comunidad de Castilla y León, por cuanto estos accidentes son una de las

primeras causas de mortandad y de producción de lesiones e incapacidades,

en muchos casos graves.

Tales consecuencias pueden evitarse, en gran parte, adoptando

determinadas medidas de prevención, que deben ser promovidas desde

instancias públicas y que pueden tener mayor efectividad si están dirigidas

desde distintos ámbitos de actuación.

Quinto.-Que para mejorar la protección de los ciudadanos es necesario

un óptimo aprovechamiento y coordinación de los recursos de que disponen

o puedan disponer ambos organismos en materia de información y

formación toxicológica, que permita adoptar medidas tendentes a mejorar

el conocimiento de los accidentes tóxicos producidos en la Comunidad

de Castilla y León, y, basándose en la información obtenida, lograr la

más pronta actuación y disponer el tratamiento oportuno que evite las

secuelas y evoluciones desfavorables.

En consecuencia con todo ello, las partes acuerdan suscribir el presente

Convenio de colaboración, al amparo de lo dispuesto en el artículo 6.1

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que se

regirá por las siguientes

CLÁUSULAS

Primera.-El presente Convenio de colaboración tiene por objeto

establecer y mantener el marco de relaciones que permita la actuación

coordinada entre la Consejería de Sanidad y Bienestar Social -Dirección

General de Salud Pública y Asistencia- y el Ministerio de Justicia -Instituto

de Toxicología-, que permita mejorar la prevención de los accidentes

producidos por tóxicos en el territorio de la Comunidad de Castilla y León,

objetivo del Programa de Prevención de Accidentes.

Segunda.-La Consejería de Sanidad y Bienestar Social se compromete a:

a) Contribuir al mejor conocimiento del número de teléfono del

Servicio de Información Toxicológica -91 562 04 20- entre la población

de la Comunidad de Castilla y León.

b) Divulgar el número de teléfono 91 411 26 76 para la atención

exclusiva de urgencias toxicológicas consultadas por centros sanitarios.

c) Difundir los informes elaborados por el Servicio de Información

Toxicológica en virtud del presente Convenio.

Tercera.-El Instituto de Toxicología se compromete a:

a) Remitir periódicamente a la Dirección General de Salud Pública

y Asistencia informes, referidos a la Comunidad de Castilla y León, que

comprendan:

Intoxicaciones producidas y sustancias causantes de las mismas.

Cuadros tóxicos de especial gravedad.

Datos de mortalidad por productos tóxicos.

b) Elaborar documentos sobre prevención y actuación ante

intoxicaciones específicas, que en el transcurso del presente año se refieran a:

Productos de limpieza y mantenimiento de uso doméstico. Medidas

de actuación en caso de accidente (alternativamente, medidas de

prevención y tratamiento).

Dichos trabajos se ajustarán en su contenido a las necesidades

expuestas por la Dirección General de Salud Pública y Asistencia de la Consejería

de Sanidad y Bienestar Social.

Cuarta.-En todas las publicaciones, comunicaciones científicas e

información pública que se elaboren relacionadas con las actividades del

Convenio y con distribución en el ámbito territorial de Castilla y León, se

hará referencia expresa a la Consejería de Sanidad y Bienestar Social

de la Junta de Castilla y León y al Instituto de Toxicología, como entidades

que patrocinan conjuntamente las actuaciones contenidas en el presente

Convenio.

Quinta.-La Consejería de Sanidad y Bienestar Social destinará para

la ejecución del presente Convenio la cantidad de 4.000.000 de pesetas,

con cargo a la aplicación presupuestaria 05.02.014.677.00 de los

Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Castilla y León

para 1999.

Sexta.-La Dirección General de Salud Pública y Asistencia, de

encontrar conformes los servicios realizados, expedirá una certificación

acreditativa de tal extremo, haciendo constar asimismo que las estipulaciones

del presente Convenio se han cumplido.

La aportación económica por los servicios prestados, determinada en

la cláusula precedente, se hará efectiva previa presentación de la

correspondiente factura por el Instituto de Toxicología, condicionada a la

certificación de conformidad de los servicios prestados por parte de la

Dirección General de Salud Pública y Asistencia.

Séptima.-Tras la firma del presente Convenio, se constituirá una

Comisión de Seguimiento del mismo, la cual estará integrada por dos

representantes de las instituciones firmantes, a la que podrán incorporarse,

con voz pero sin voto, los asesores que cada una de las partes estimen

oportunos. La Comisión estará presidida, alternativamente, por uno de

los representantes de las partes por períodos anuales.

Las reuniones de la Comisión de Seguimiento se celebrarán en el lugar

que se designe en la convocatoria hecha de orden del Presidente, pudiendo

los Vocales delegar su asistencia en otra persona de su misma procedencia

y se llevará a efecto, al menos, una vez al año.

Octava.-Corresponde a la Comisión de Seguimiento las siguientes

funciones:

El impulso, la coordinación y la evaluación general de la ejecución

del Convenio.

El seguimiento y la evaluación de los proyectos que se formulen.

Novena.-El presente Convenio entrará en vigor al día siguiente de

su firma y concluirá su vigencia el 31 de diciembre de 1999, siendo

prorrogable por años naturales, previo acuerdo de las partes.

Décima.-Serán causas resolutorias del presente Convenio la

desaparición de cualquiera de las condiciones normativas, administrativas o

técnicas que sirvieron de base para su realización o el incumplimiento de

cualquiera de las cláusulas del mismo, previa denuncia escrita.

De conformidad con cuanto antecede, en el ejercicio de las atribuciones

que son titulares los firmantes y obligando con ello a las Instituciones

que representan, suscriben por duplicado el presente Convenio en el lugar

y fecha del encabezamiento.

Por la Junta de Castilla y León, Carlos Javier Fernández Carriedo.-Por

el Ministerio de Justicia, José Luis González Montes.