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Suscrito entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Comunidad Valenciana un Convenio de colaboración para el desarrollo de actuaciones en materia de atención social a inmigrantes refugiados, solicitantes de asilo y desplazados, y en cumplimiento de lo dispuesto en el punto dos del artículo 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre («Boletín Oficial del Estado» del 27), procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho Convenio, que figura como anexo de esta Resolución.
Lo que se hace público a los efectos oportunos.
Madrid, 8 de marzo de 1999.‒La Secretaria general técnica, María Dolores Cospedal García.
En Madrid, a 30 de diciembre de 1998.
REUNIDOS
De una parte, el excelentísimo señor don Javier Arenas Bocanegra, Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, competente para firmar el presente Convenio según el acuerdo de Consejo de Ministros de 3 de julio de 1998, contenido en la Resolución de 8 de julio de 1998, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» del 16.
De otra, la señora doña Marcela Miró Pérez, honorable Consejera de Bienestar Social de la Generalidad Valenciana.
Ambas partes se reconocen plena competencia y capacidad para firmar el presente Convenio, y, actuando en el ejercicio de sus respectivos cargos,
MANIFIESTAN
Que el artículo 149.1.2.ª de la Constitución Española atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre inmigración, extranjería y derecho de asilo, en virtud de la cual el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales ha asumido las competencias en materia de gestión de flujos y de integración social de los inmigrantes extranjeros, refugiados, solicitantes de asilo y desplazados, en el marco de la Comisión Interministerial de Extranjería.
Que en virtud de estas competencias, el Consejo de Ministros, mediante Acuerdo de 2 de diciembre de 1994, aprobó el Plan para la Integración Social de los Inmigrantes, como marco de referencia para la Administración General del Estado y propuesta de acción para las Comunidades Autónomas; estableciéndose en dicho plan, en el apartado de colaboración institucional, que las distintas medidas recogidas en el mismo se llevarán a cabo por la Administración General del Estado o por las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivas competencias.
Que el artículo 31 del Estatuto de Autonomía de la Generalidad Valenciana atribuye a la Comunidad Valenciana la competencia exclusiva sobre asistencia y servicios sociales.
Que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las Administraciones Públicas, en el desarrollo de su actividad y en sus relaciones recíprocas, deberán facilitar a las otras Administraciones la información que precisen sobre la actividad que desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias, pudiendo celebrar Convenio de colaboración entre sí en el ámbito de sus respectivas competencias.
Por lo que, en base a cuanto antecede, ambas partes acuerdan suscribir el presente Convenio de colaboración, con arreglo a las siguientes
CLÁUSULAS
El presente Convenio tiene por objeto establecer un marco de colaboración entre la Administración General del Estado y la Generalidad Valenciana para el desarrollo de actuaciones conjuntas destinadas a facilitar la integración social de los inmigrantes, refugiados, solicitantes de asilo y desplazados en las materias que se especifican.
A los efectos del presente Convenio, se establecen como acción pública los siguientes programas prioritarios:
1.º Observatorio Permanente de la Inmigración (OPI): El OPI, concebido como instrumento para la consecución de la integración social de los inmigrantes en la sociedad española, sobre la base del conocimiento de la realidad inmigratoria, se implantará de manera coordinada con la Generalidad Valenciana en su territorio.
Corresponderá a la Generalidad Valenciana la implantación del OPI en la Comunidad Valenciana, de acuerdo con los criterios técnicos generales que ambas instituciones determinen.
La consolidación de puntos de la red de servicios sociales del OPI ya preexistentes y la puesta en marcha de nuevos puntos se realizarán de común acuerdo entre la Generalidad Valenciana y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Por otra parte, la Generalidad Valenciana dotará al OPI de las estadísticas e informaciones relativas a inmigrantes extranjeros, tanto de carácter cuantitativo como cualitativo.
El OPI realizará también estudios e investigaciones específicas relativas a la situación de los trabajadores extranjeros y sus familias en el ámbito de la Comunidad Valenciana.
Para la consecución de los fines, se constituirá un grupo de trabajo, compuesto por dos Técnicos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y dos Técnicos de la Generalidad Valenciana, que determinarán los aspectos concretos para la puesta en funcionamiento del OPI en la Comunidad Valenciana, tales como selección de los puntos de observación, sistema de recogida y tratamiento de la información del personal de los puntos de observación.
2.º Órgano de participación y consulta: La Generalidad Velenciana creará un órgano que sirva de cauce de participación, consulta y diálogo de las entidades e instituciones implicadas en el proceso de integración social de los inmigrantes, refugiados, solicitantes de asilo y desplazados, residentes en el territorio de la Comunidad Autónoma.
3.º Red de información, orientación y apoyo legal a inmigrantes: La red, concebida como conjunto coordinado de puntos de atención y defensa del inmigrante en materia de información, orientación y apoyo legal a inmigrantes cuando afecte al territorio de la Comunidad Valenciana será establecida de forma coordinada con la Generalidad Valenciana.
Corresponderá a la Generalidad Valenciana la unificación y coordinación de dicha red, de acuerdo con los criterios técnicos que ambas instituciones determinen.
La Generalidad Valenciana podrá establecer aquellos puntos de red que, de común acuerdo con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, estime oportunos y que, en todo caso, deberán cumplir las prescripciones técnicas que son fundamento de la red a nivel del Estado.
4.º Intercambio de información y asesoramiento: El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales recabará informe de la Generalidad Valenciana sobre los programas de integración social financiados a entidades que desarrollan su actividad en el territorio de la Comunidad Valenciana. La
Generalidad Valenciana informará de las actuaciones que en materia de integración social ejecute.
Por su parte, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales informará de cuantos aspectos afecten a la Generalidad Valenciana y sean de su competencia.
5.º Programas territoriales de acogida e integración social: Los programas de acogida e integración social de los inmigrantes suponen la implicación de todas las Administraciones y entidades sociales de un territorio determinado, a fin de promover la incorporación de los inmigrantes en las redes sociales y la vida comunitaria.
Dado que las experiencias piloto realizadas en distintas comarcas han dado resultados satisfactorios, éstas se ampliarán a otras comarcas con índices elevados de inmigrantes.
Corresponderá a la Generalidad Valenciana la coordinación de los programas de acogida e integración social de los inmigrantes, de acuerdo con los criterios técnicos que ambas instituciones determinen.
6.º Programas de empadronamiento: Se realizarán campañas de difusión y mentalización sobre la necesidad de empadronamiento en colaboración con ONG’s y Ayuntamientos, reforzando la coordinación interadministrativa.
Con el fin de coordinar las distintas acciones que se desarrollan en la Comunidad Autónoma y complementar los distintos programas que realizan las ONG’s, se establecerá un sistema de colaboración en materia de subvenciones.
A tal efecto se tendrán en cuenta los criterios y propuestas de la Generalidad Valenciana a la hora de elaborar la convocatoria anual de subvenciones, así como aquellas que sirvan para una mejor resolución de las mismas.
De igual manera, mediante la creación del sistema que se arbitre, se realizará el seguimiento de los programas de una forma coordinada con el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales.
Se constituirá una Comisión Técnica de Seguimiento del presente Convenio, cuyo funcionamiento se ajustará a lo dispuesto en el capítulo II del título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, formada por tres representantes del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y tres representantes de la Generalidad Valenciana. Esta Comisión efectuará el seguimiento y evaluación de las actuaciones desarrolladas en aplicación del Convenio y resolverá los problemas de interpretación y cumplimiento que puedan plantearse.
La duración del Convenio se establece por un año a partir de la firma del mismo.
No obstante, los firmantes manifiestan su voluntad de hacerlo extensivo a los años sucesivos, a cuyo efecto el presente Convenio se prorrogará de forma automática, de no mediar denuncia expresa de alguna de las partes, que deberá producirse, en todo caso, con al menos tres meses de antelación al cierre de ejercicio económico correspondiente.
De esta prórroga automática se excluyen las cantidades económicas expresadas en el anexo, que deberán ser actualizadas cada año en los términos establecidos en este Convenio, ajustándose a las prioridades y previsiones presupuestarias que en cada ejercicio se establezcan.
En el supuesto de incumplimiento por alguna de las partes de las obligaciones contraídas mediante el presente Convenio, la parte agraviada podrá denunciar dicho incumplimiento dando por resuelto el mismo.
En caso de resolución del Convenio por incumplimiento de sus obligaciones por parte de la Generalidad Valenciana, ésta deberá reintegrar las cantidades que hubiera recibido como aportación económica de la financiación correspondiente al mismo, incrementadas con el interés legal del dinero, de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Ley General Presupuestaria.
El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, quedando excluido de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas, al amparo del artículo 3.1.c) de la misma. La jurisdicción contencioso-administrativa será la competente para enjuiciar las cuestiones litigiosas que puedan surgir de su aplicación.
Y en prueba de conformidad, firman el presente Convenio, en duplicado ejemplar, quedando un ejemplar en poder de cada una de las partes firmantes, en el lugar y fecha anteriormente indicados.‒El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Javier Arenas Bocanegra.‒La Consejera de Bienestar Social, Marcela Miró Pérez.
El presente anexo regulará la financiación y los aspectos técnicos de puesta en marcha de las áreas de colaboración establecida en el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Consejería de Bienestar Social de la Generalidad Valenciana en materia de inmigración.
En el presente año de 1998 el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales destinará para las actuaciones descritas a continuación la cuantía de 27.000.000 de pesetas, con cargo a la aplicación presupuestaria 19.04.313L.456, que serán transferidas a la Consejería de Bienestar Social.
Esta última destinará en el año 1998 para estas materias las siguientes cuantías de las aplicaciones presupuestarias siguientes: 27.706.854 pesetas con cargo a la aplicación presupuestaria 16.02.00.046.313.10.472.10, línea de subvención 405/98, «Créditos a entidades privadas sin ánimo de lucro».
1. El Observatorio Permanente de la Inmigración en Valencia.
La Generalidad Valenciana tiene un gran interés en incorporarse a la red de puntos OPI que le permita tener un conocimiento detallado en cada instante de la realidad inmigratoria en el ámbito de su Comunidad y que posibilite, asimismo, disponer de datos a nivel nacional con los que se puedan diseñar las acciones necesarias para la integración de este colectivo.
En 1998 la Generalidad Valenciana estudiará la implantación de los puntos OPI en aquellos lugares de mayor incidencia de población inmigrante, contactando con los responsables municipales en cada caso, analizando las posibles técnicas y de personal existentes en cada zona, etc.
Todo ello con el objeto de poder implantar dichos puntos en el ejercicio económico de 1999.
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales colaborará con la Generalidad Valenciana prestando el asesoramiento técnico necesario, a fin de que en el próximo ejercicio pueda ser una realidad la constitución y funcionamiento de la red OPI en la Generalidad Valenciana.
2. Programas territoriales de acogida e integración social.
Los programas de acogida e integración social de los inmigrantes en la Generalidad Valenciana deben conllevar la implicación de todas las Administraciones y entidades sociales que trabajan en este sector, a fin de integrar a este colectivo en las redes sociales y estructuras básicas de la vida comunitaria.
La Generalidad Valenciana tiene en curso una serie de programas en colaboración con las ONG’s del sector, cuyas líneas directrices son las siguientes:
Programa de acogida de inmigrantes:
Apertura de oficina de información.
Talleres de habilidades.
Taller de técnicas de desarrollo personal.
Campañas de sensibilización.
Realización de guía del inmigrante.
Programa de inserción social-laboral:
Bolsa de vivienda.
Talleres de técnicas de búsqueda de empleo.
Bolsas de trabajo y apoyo al mismo.
Programa de integración social:
Uso del idioma.
Red de centros.
Bolsas de vivienda.
Para la potenciación y consolidación de estos programas el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales destinará la cantidad de 27.000.000 de pesetas.
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