La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 9 de febrero de 1999, a la vista del informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del informe de fiscalización del Ayuntamiento de Belmonte de Tajo (Madrid), ejercicios 1994 y 1995, acuerda:
Instar a las entidades públicas gestoras de fondos municipales o concedentes de ayudas financieras a los municipios a estudiar y establecer fórmulas de colaboración con las entidades locales con limitada capacidad operativa a fin de evitar los perjuicios derivados de las deficiencias de la tramitación administrativa.
Instar a la Comunidad de Madrid a fomentar las agrupaciones de puestos de Secretario-Interventor previstas en el artículo 3 del Real Decreto 1732/1994, de 20 de junio, o la creación de un servicio específico en el seno de la Comunidad Autónoma de Madrid a fin de propiciar una mayor estabilidad en estos puestos y un menor coste para los Ayuntamientos.
Proclamar la necesidad de que en todos los niveles de la Administración y en todos sus organismos se observen los principios de transparencia en la gestión y respeto a la legalidad, con el fin de posibilitar el control democrático de las actuaciones de los diferentes gestores, rechazando en consecuencia las prácticas contrarias a estos principios llevadas a cabo en el municipio fiscalizado.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 1999.‒El Presidente, Josep Sánchez i Llibre.‒El Secretario Primero, José Acosta Cubero.
(En suplemento aparte se publica el informe correspondiente)
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