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Derechos Fundamentales

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Artículo 10.1 - Dignidad, derechos y respeto a la ley

La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social

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  • Sala Primera. Sentencia 2/1982, de 29 de enero. Recurso de amparo 41-1981 contra Sentencias judiciales a las que se imputa por los recurrentes la violación de los derechos reconocidos por los artículos 20.1 a) y 21 C.E


    Procedimiento: Recurso de amparo    Decisión: Sala Primera. Sentencia
    Recurso: 41-1981
    Sentencia: 2/1982   [ECLI:ES:TC:1982:2]

    Fecha: 29/01/1982    Fecha publicación BOE: 26/02/1982

    Ver original (Referencia BOE-T-1982-4749)

    Comentario

    La sentencia resuelve un recurso de amparo presentado contra sentencias judiciales que podrían haber vulnerado la libertad de expresión (art. 20.1ª CE) y del derecho de reunión y manifestación (art. 21 CE).

    En esta sentencia el TC reitera la vinculación entre el elenco de derechos fundamentales y la dignidad de la persona, en este caso, para afirmar que el recurso de amparo no es un "tercera instancia jurisdiccional, sino que su función se circunscribe a la protección de los derechos y libertades", es decir, desde otra perspectiva, del orden constitucional, ya que tales libertades y derechos son el fundamento del orden político y de la paz social, junto con la dignidad de la persona humana, el libre desarrollo de la personalidad y el respeto a la Ley y a los derechos de los demás (art. 10 de la Constitución).

    La dignidad de la persona queda definida en esta sentencia como un bien constitucionalmente protegido que puede actuar como límite para el ejercicio de los derechos amparables. El Tribunal afirma al respecto (FJ5) que "ni la libertad de pensamiento ni el derecho de reunión y manifestación comprenden la posibilidad de ejercer sobre terceros una violencia moral de alcance intimidatorio, porque ello es contrario a bienes constitucionalmente protegidos como la dignidad de la persona y su derecho a la integridad moral (arts. 10 y 15 de la Constitución) que han de respetar no sólo los poderes públicos, sino también los ciudadanos, de acuerdo con los arts. 9 y 10 de la Norma Fundamental. Un límite de cada derecho es respetar el derecho de los demás, y aunque esta delimitación de esferas pueda ser de difícil concreción en cada caso, tal dificultad no se presenta en el que es objeto de consideración dada la claridad con que se observa que los derechos constitucionales invocados no pueden comprender actuaciones como las relatadas en los resultandos de hechos probados de las Sentencias impugnadas."

    Fallo. Se deniega el amparo.

  • Pleno. Sentencia 53/1985, de 11 de abril. Recurso de inconstitucionalidad 800-1983 promovido por 54 Diputados contra el texto definitivo del Proyecto de Ley Orgánica de reforma del art. 417 bis del Código Penal. Votos particulares.


    Procedimiento: Recurso de inconstitucionalidad    Decisión: Pleno. Sentencia
    Recurso: 800-1983
    Sentencia: 53/1985   [ECLI:ES:TC:1985:53]

    Fecha: 11/04/1985    Fecha publicación BOE: 18/05/1985

    Ver original (Referencia BOE-T-1985-9096)

    Comentario

    La dignidad de la persona, reconocida en el artículo 10.1 CT no constituyó por sí misma un motivo del recurso de inconstitucionalidad, pero tanto los recurrentes como el Tribunal Constitucional utilizaron este concepto en sus respectivas argumentaciones.

    Los recurrentes alegaron que "indisolublemente relacionado con el derecho a la vida en su dimensión humana se encuentra el valor jurídico fundamental de la dignidad de la persona, reconocido en el art. 10 como germen o núcleo de unos derechos «que le son inherentes». El artículo 10 situado a la cabeza del título destinado a tratar de los derechos y deberes fundamentales, y el art. 15 a la cabeza del capítulo donde se concretan estos derechos, muestra que dentro del sistema constitucional son considerados como el punto de arranque, como el prius lógico y ontológico para la existencia y especificación de los demás derechos. Esta tesis fue seguida por el Magistrado Jiménez de Pagar en su voto particular.

    El Tribunal Constitucional, en su FJ 11, b), en relación a la indicación prevista en el núm. 2 -que el embarazo sea consecuencia de un delito de violación y siempre que el aborto se practique dentro de las doce primeras semanas- afirmó que "basta considerar que la gestación ha tenido su origen en la comisión de un acto no sólo contrario a la voluntad de la mujer, sino realizado venciendo su resistencia por la violencia, lesionando en grado máximo su dignidad personal y el libre desarrollo de su personalidad, y vulnerando gravemente el derecho de la mujer a su integridad física y moral, al honor, a la propia imagen y a la intimidad personal. Obligarla a soportar las consecuencias de un acto de tal naturaleza es manifiestamente inexigible; la dignidad de la mujer excluye que pueda considerársele como mero instrumento, y el consentimiento necesario para asumir cualquier compromiso u obligación cobra especial relieve en este caso ante un hecho de tanta trascendencia como el de dar vida a un nuevo ser, vida que afectará profundamente a la suya en todos los sentidos". Por ello, a juicio del Tribunal Constitucional, la mencionada indicación no puede estimarse contraria a la Constitución.

    El Tribunal vuelve a apoyarse en el concepto de dignidad para rechazar la petición de los recurrentes de que se dictara una sentencia interpretativa, alegando que "pese a las proclamaciones retóricas en contrario, ignora absolutamente los derechos fundamentales a la integridad física y moral y a la intimidad que la Constitución consagra y de los cuales sí son titulares las mujeres embarazadas, cuya dignidad, tantas veces citada y aún definida en la Sentencia, al parecer ha de seguir siendo protegida por el tradicional procedimiento de considerar delictivo todo aborto, sean cuales fueren sus circunstancias".

    Indisolublemente relacionado con el derecho a la vida en su dimensión humana se encuentra el valor jurídico fundamental de la dignidad de la persona, reconocido en el art. 10 como germen o núcleo de unos derechos «que le son inherentes» (FJ8).

    La dignidad de la persona se halla íntimamente vinculada con el libre desarrollo de la personalidad (art. 10) y los derechos a la integridad física y moral (art. 15), a la libertad de ideas y creencias (art. 16), al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (art. 18.1). Es un valor espiritual y moral inherente a la persona, que se manifiesta singularmente en la autodeterminación consciente y responsable de la propia vida y que lleva consigo la pretensión al respeto por parte de los demás. Cuando el intérprete constitucional trata de concretar este principio no puede ignorar el hecho obvio de la especificidad de la condición femenina y la concreción de los mencionados derechos en el ámbito de la maternidad.

    Fallo. Se declara que el proyecto de Ley Orgánica por el que se introduce el art. 417 bis del Código Penal es disconforme con la Constitución, no en razón de los supuestos en que declara no punible el aborto, sino por incumplir en su regulación exigencias constitucionales derivadas del art. 15 de la Constitución, que resulta por ello vulnerado, en los términos y con el alcance que se expresan en el fundamento jurídico 12 de la presente Sentencia.

    Voto particular del Magistrado Jiménez de Parga

  • Pleno. Sentencia 103/2018, de 4 de octubre. Recurso de inconstitucionalidad 4578-2017. Interpuesto por cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en el Congreso de los Diputados, en relación con distintos apartados del artículo único de la Ley 2/2017, de 21 de junio, de modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita. Principio de igualdad, dignidad de la persona y libre desarrollo de la personalidad; derechos a la tutela judicial efectiva, al trabajo, a la negociación colectiva y a la libertad de empresa: constitucionalidad de los preceptos legales que imponen a los abogados la obligatoriedad de prestar el servicio de asistencia jurídica gratuita.


    Procedimiento: Recurso de inconstitucionalidad    Decisión: Pleno. Sentencia
    Recurso: 4578-2017
    Sentencia: 103/2018   [ECLI:ES:TC:2018:103]

    Fecha: 04/10/2018    Fecha publicación BOE: 01/11/2018

    Ver original (Referencia BOE-A-2018-15007)

    Comentario

    En este recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra distintos apartados del artículo único de la Ley 2/2017, de 21 de junio, de modificación de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita, por posible violación, entre otros, de la dignidad de la persona y libre desarrollo de la personalidad, en la medida en la que la norma impugnada imponía a los abogados la obligatoriedad de prestar el servicio de asistencia jurídica gratuita.

    Los recurrentes alegan que la  imposición  unilateral  por  parte  del  Estado  de  la obligación de prestar asistencia jurídica gratuita «atenta contra la dignidad de la persona y contra el derecho al libre desarrollo de  su  personalidad,  lo  que  resulta  expresamente  prohibido  por  el  citado  precepto constitucional, que en consecuencia debe entenderse vulnerado" especialmente si, como también alegaban los recurrentes, "dicho servicio solo se indemnizará en caso de reconocimiento expreso del beneficio de justicia gratuita, no así cuando se deniegue ni cuando se archive la solicitud de justicia gratuita por falta de acreditación documental y pese a que el Estado obliga al profesional  no  solo  a  formar  parte  del  Turno  de  Oficio,  sino  también  a  prestar  la asistencia  desde  el  primer  instante  en  que  se  reciba  la  designación  provisional,  aun cuando  aún  no  haya  resolución  de  la  Comisión  de  Asistencia  Jurídica  Gratuita concediendo o denegando el derecho o archivando la solicitud»

    El Tribunal Constitucional rechaza la alegación de los recurrentes. Dice el Tribunal Constitucional que el único motivo de fondo que exponen los recurrentes para fundamentar esta queja "que también vinculan a la vulneración del derecho al trabajo recogido en el artículo 35 CE", consiste en afirmar que «el Estado obliga al profesional no sólo a formar parte del Turno de Oficio, sino también a prestar la asistencia desde el primer instante en que se reciba la designación provisional, aun cuando aún no haya resolución de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita concediendo o denegando el derecho o archivando la solicitud». El Tribunal no comparte esta alegación de los recurrente y afirma que aunque el «servicio público que se está garantizando se realice desde el primer instante en que resulta necesario "como exige el artículo 6 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita espacio", el artículo 18 de dicha Ley, en el caso de que finalmente la comisión desestimara la pretensión, establece que «el peticionario deberá, en su caso, abonar los honorarios y derechos económicos ocasionados por la intervención de los profesionales designados con carácter provisional, en los mismos términos previstos en el artículo 27 de la Ley», de donde concluye que el profesional obligado a tal prestación no está desprovisto de garantías lo cual neutraliza la posible vulneración de la dignidad personal.

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