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Derechos Fundamentales

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Artículo 15 - Derecho a la vida y a la integridad física y moral

Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra

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  • Sala Segunda. Sentencia 103/1985, de 4 de octubre. Recurso de amparo 855-1984 promovido contra la Sentencia dictada por el Juez de Instrucción núm. 1 de Oviedo, el 11 de julio de 1984, y confirmada por la Audiencia Provincial en virtud de Sentencia de 9 de noviembre de 1984, en causa por delito contra la seguridad del tráfico, basada en prueba de alcoholemia avalada con otros medios de prueba instrumentales en el juicio oral


    Procedimiento: Recurso de amparo    Decisión: Sala Segunda. Sentencia
    Recurso: 855-1984
    Sentencia: 103/1985   [ECLI:ES:TC:1985:103]

    Fecha: 04/10/1985    Fecha publicación BOE: 05/11/1985

    Ver original (Referencia BOE-T-1985-22877)

    Comentario

    En esta primera sentencia, el Tribunal tiene oportunidad de resolver un recurso de amparo frente a una condena basada en una prueba de alcoholemia, a la que el recurrente se sometió voluntariamente.

    Para el Tribunal, que asume la posición del Ministerio Fiscal, no hay tacha constitucional desde la perspectiva del derecho fundamental a la integridad física (art. 15 CE), para lo que tiene en consideración la decisión de la Comisión Europea de Derechos Humanos de 13 de diciembre de 1979 que manifiesta que una intervención como un examen de sangre no constituye una injerencia prohibida por el Convenio.

    Así, el Tribunal Constitucional entiende que un examen de sangre no constituye una injerencia prohibida por el art. 15, y por tanto tampoco se produce con la utilización de "la investigación mediante apartados de detección alcohólica del aire expirado" (FJ 3).

    Fallo. Deniega el amparo solicitado.

  • Pleno. Sentencia 120/1990, de 27 de junio. Recurso de amparo 443-1990. Contra Auto de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid, resolutorio de recurso de apelación contra providencia del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria núm. 2 de Madrid, sobre asistencia médica a reclusos en huelga de hambre. Supuesta vulneración de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1.1, 9.2, 10.1, 15, 16.1, 17.1, 18.1 y 25.2 C.E. Votos particulares.


    Procedimiento: Recurso de amparo    Decisión: Pleno. Sentencia
    Recurso: 443-1990
    Sentencia: 120/1990   [ECLI:ES:TC:1990:120]

    Fecha: 27/06/1990    Fecha publicación BOE: 30/07/1990

    Ver original (Referencia BOE-T-1990-18314)

    Comentario

    En esta sentencia que resuelve un recurso de amparo, el TC debe pronunciarse sobre "la licitud constitucional de una resolución judicial que ordena a la Administración penitenciara la asistencia médica obligatoria y en especial alimentar incluso contra su voluntad a los recurrentes cuando, como consecuencia de la huelga de hambre que siguen, se vea en peligro su vida, aunque excluyendo en todo caso la alimentación por vía bucal mientras se mantengan conscientes" (FJ 6).

    El Tribunal atiende a la relación especial de sujeción que se establece entre la Administración penitenciaria y la persona recluida en un centro penitenciario, que "origina un entramado de derechos y deberes recíprocos" destacando "el esencial deber de la primera de velar por la vida, integridad y salud del segundo, valores que vienen constitucionalmente consagrados y permiten, en determinadas situaciones, imponer limitaciones a los derechos fundamentales de internos que se colocan en peligro de muerte a consecuencia de una huelga de hambre reivindicativa, que podrían resultar contrarias a esos derechos si se tratara de ciudadanos libres o incluso internos que se encuentren en situaciones distintas" (FJ 6).

    El derecho a la integridad física y moral "protege la inviolabilidad de la persona, no sólo contra ataques dirigidos a lesionar su cuerpo o espíritu, sino también contra toda clase de intervención en esos bienes que carezca del consentimiento de su titular. Por ello, este derecho constitucional resultará afectado cuando se imponga a una persona asistencia médica en contra de su voluntad, que puede venir determinada por los más variados móviles y no sólo por el de morir y, por consiguiente, esa asistencia médica coactiva constituirá limitación vulneradora del derecho fundamental, a no ser que tenga justificación constitucional." No obstante, entiende el Tribunal que en este caso "la asistencia médica se impone en el marco de la relación de sujeción especial que vincula a los solicitantes de amparo con la Administración penitenciaria y que ésta, en virtud de tal situación especial. viene obligada a velar por la vida y la salud de los internos sometidos a su custodia", deber que "no degrada el derecho a la integridad física y moral de los reclusos, pues la restricción que al mismo constituye la asistencia médica obligatoria se conecta causalmente con la preservación de bienes tutelados por la Constitución y, entre ellos, el de la vida" (FJ 8).

    Fallo. Se deniega el amparo solicitado.

    Votos Particulares discrepantes de los Magistrados Rodríguez-Piñero y Bravo Ferrer, y Leguina Villa.

    El Magistrado Rodríguez-Piñero discrepa con la opinión mayoritaria ya que entiende que la obligación de la Administración Penitenciaria de velar por la vida y salud de los internos no puede entenderse como justificativa de establecer un límite adiciona a los derechos fundamentales. El Magistrado Leguina Villa entiende que se ha vulnerado la libertad personal de los recurrentes.

  • Sala Primera. Sentencia 7/1994, de 17 de enero. Recurso de amparo 1407-1992. Contra Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que revocó la de la Audiencia Provincial de Madrid, que había declarado la paternidad del demandado. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: valoración de la negativa del demandado a someterse a la prueba biológica de paternidad decretada. Voto particular.


    Procedimiento: Recurso de amparo    Decisión: Sala Primera. Sentencia
    Recurso: 1407-1992
    Sentencia: 7/1994   [ECLI:ES:TC:1994:7]

    Fecha: 17/01/1994    Fecha publicación BOE: 17/02/1994

    Ver original (Referencia BOE-T-1994-3797)

    Comentario

    La controversia constitucional que se suscita es la negativa de un varón a someterse a la prueba biológica de paternidad decretada por un órgano judicial en un proceso de filiación civil, negativa que sustentó en sus derechos fundamentales (arts. 15 y 18.1 CE), y que llevó, junto a las pruebas practicadas, a la declaración de paternidad que posteriormente es revocada en casación y motiva el recurso de amparo por parte de la recurrente.

    El TC no considera justificada la negativa. El derecho a la integridad física "no se infringe cuando se trata de realizar una prueba prevista por la Ley y acordada razonablemente por la Autoridad judicial en el seno de un proceso" (FJ 2). Recuerda que ya ha declarado (AATC 103/1990, FJ 4º, y 221/1990 FJ 3º), que "en esta clase de juicios se produce una colisión entre los derechos fundamentales de las distintas partes implicadas; y que no hay duda de que, en los supuestos de filiación, prevalece el interés social y de orden público que subyace en las declaraciones de paternidad, en las que están en juego los derechos de alimentos y sucesorios de los hijos, objeto de especial protección por el art. 39.2 C.E., lo que trasciende a los derechos alegados por el individuo afectado, cuando está en juego además la certeza de un pronunciamiento judicial. Sin que los derechos constitucionales a la intimidad, y a la integridad física, puedan convertirse en una suerte de consagración de la impunidad, con desconocimiento de las cargas y deberes resultantes de una conducta que tiene una íntima relación con el respeto de posibles vínculos familiares" (FJ 2).

    Lo decisivo es que el sometimiento a la resolución judicial, que debe cumplir los requisitos establecidos por la jurisprudencia del TC, que resume: A) Intromisión en el ámbito protegido del ciudadano que no es por sí sola inaceptable, y no lo son un examen hematológico o de sangre  (SSTC 37/1989, 103/1985); B) Debe existir una causa prevista por la ley que justifique la medida judicial, como ocurre para la investigación de la filiación no sólo por lo previsto en el art. 127 CC, pues este artículo no es sino "la instrumentación de un de un terminante mandato constitucional" pues el art. 39.2 C.E determina que "la ley posibilitará la investigación de la paternidad", prescripción que se vincula con la protección integral de los hijos, con independencia de su filiación, conectando directamente con el art. 14 CE; C) Las pruebas biológicas solo se justifican cuando sean indispensables, es decir, cuando la evidencia sobre la paternidad no pueda obtenerse a través de otros medios probatorios menos lesivos; D) En ningún caso la intervención corporal destinada a la investigación de la paternidad puede suponer un grave riesgo o quebranto para la salud, y en cualquier caso la ejecución de las intervenciones corporales se habrá de efectuar por personal sanitario en centros hospitalarios públicos; E) Y la medida judicial que ordena realizar las pruebas biológicas debe ser proporcional (STC 37/1989, FJ 7º.3 y 8º, párrafos 3 a 5), plasmándose la ponderación "en la motivación de la necesidad de la medida que ha de razonarse en la decisión judicial" (FJ 3). Así, sólo cabría legítimamente negarse a someterse a una prueba biológica de paternidad si no existieran indicios serios de la conducta que se le atribuye o hubiera riesgo grave para la salud (FJ 4).

    Fallo. Otorga el amparo solicitado por la recurrente (la tutela judicial efectiva).

    Voto Particular concurrente del Magistrado Cruz Villalón que coincide con la mayoría en el otorgamiento del amparo y su fundamentación, pero que discrepa en el alcance de dicho otorgamiento.

  • Pleno. Sentencia 215/1994, de 14 de julio. Cuestión de insconstitucionalidad 1415-1992. En relación con el art. 6 de la Ley Orgánica 3/1989, de 21 de junio, de actualización del Código Penal, en la parte del mismo que da nueva redacción al art. 428 de dicho Código, autorizando la esterilización de los incapaces que adolezcan de grave deficiencia psíquica. Votos particulares.


    Procedimiento: Cuestión de inconstitucionalidad    Decisión: Pleno. Sentencia
    Recurso: 1415-1992
    Sentencia: 215/1994   [ECLI:ES:TC:1994:215]

    Fecha: 14/07/1994    Fecha publicación BOE: 18/08/1994

    Ver original (Referencia BOE-T-1994-19041)

    Comentario

    Esta sentencia controla el art. 6 de la Ley Orgánica 3/1989, de 21 de junio, de actualización del Código Penal, en la parte que da nueva redacción al art. 428 de dicho Código, autorizando la esterilización de los incapaces que adolezcan de grave deficiencia psíquica.

    Para el Tribunal la esterilización cuya autorización contempla la norma que examinamos afecta, en cuanto no puede existir el ejercicio de una voluntad propia, al derecho fundamental a la integridad física que consagra el art. 15 de la Constitución a los deficientes psíquicos concernidos por aquélla, puesto que se trata de una intervención corporal, resuelta y practicada sin su consentimiento, ablativa de sus potencialidades genéticas e impeditiva, por tanto, del ejercicio de su libertad de procreación, que se deriva del libre desarrollo de la personalidad proclamado en el art. 10.1 de la Constitución (FJ 4.1).

    No obstante, si bien el derecho a la integridad física y moral protege la inviolabilidad de la persona no sólo contra ataques dirigidos a lesionar el cuerpo o el espíritu, sino también contra toda clase de intervención en los mismos sin el consentimiento del título (STC 120/1990), entiende la sentencia que el consentimiento, empero, es el que, por definición, no puede prestar quien adolezca de grave deficiencia psíquica, y de ahí la previsión legal de autorización que, a instancia de los representantes legales del deficiente, ha de conceder o denegar el Juez (FJ 4.2). Así, la objeción de constitucionalidad de esta sustitución, al no caber su aceptación por el sujeto incapaz, excluiría a los incapaces de una posibilidad que se otorga a las personas capaces, y resulta inaceptable porque llevada a sus últimas consecuencias lógicas, conduciría a rechazar cualquier tratamiento médico - y sobre todo una intervención quirúrgica ablatoria- indispensable para la vida o simplemente beneficiosa para la salud de los deficientes psíquicos graves" (FJ 4.3)

    La sentencia entiende que concurren los requisitos de justificación y proporcionalidad en la norma, pues "es algo perfectamente claro " que "quienes padecen una grave deficiencia psíquica no pueden cumplir adecuadamente las obligaciones que a los padres impone el art. 39.3 C.E y que son explicitadas en los deberes y facultades que el Código Civil (art. 154) señala a los que ejercen la patria potestad, (...) de ahí que (..) la hacen plenamente legítima desde la vertiente teleológica" (FJ 4.4)

    Fallo. Declarar que el párrafo segundo, último inciso, del art. 428 del Código Penal, redactado según el art. 6 de la Ley Orgánica 3/1989, no es contrario a la Constitución.

    Votos Particulares. Hay 3 votos particulares de los Magistrados Gabaldón López (discrepante), Gimeno Sendra (discrepante sobre fundamentación), y González Campos (al que se adhiere el Magistrado Cruz Villalón, discrepante en relación a las garantías).

    El voto del Magistrado Gabaldón López es relevante para el concepto, pues discrepa de la declaración de constitucionalidad al entender que se legitima una lesión física autorizada por terceros (el representante legal que la solicita y el Juez que la autoriza) supliéndose así la incapacidad, cuando "no puede ser suplida la incapacidad para permitir la lesión de un derecho esencial de la personalidad como es el de integridad corporal, considerado como irrenunciable y no susceptible de disposición, dada su naturaleza".

  • Sala Primera. Sentencia 207/1996, de 16 de diciembre. Recurso de amparo 1789-1996. Contra Auto del Juzgado de Instrucción núm. 1 de Roquetas de Mar (Almería) por el que se ordena la práctica de una intervención corporal y consiguiente prueba pericial sobre el pelo del recurrente. Vulneración de los derechos a la integridad física y a la integridad personal.


    Procedimiento: Recurso de amparo    Decisión: Sala Primera. Sentencia
    Recurso: 1789-1996
    Sentencia: 207/1996   [ECLI:ES:TC:1996:207]

    Fecha: 16/12/1996    Fecha publicación BOE: 22/01/1997

    Ver original (Referencia BOE-T-1997-1175)

    Comentario

    Recurso de amparo contra un auto judicial -y lo amplía a los confirmatorios- que, en el marco de un sumario sobre presuntos delitos contra la salud pública -tráfico de cocaína- ordenó la práctica de una intervención corporal sobre el pelo del recurrente a efectos de determinar si era consumidor de cocaína u otras sustancias tóxicas o estupefacientes, si era adicto y el tiempo desde lo que pudiera ser. Para ello se le requirió a que permitiera que el Médico Forense le cortara cabellos de diferentes partes de la cabeza y la totalidad del vello de las axilas, con apercibimiento de que la negativa podría suponer la comisión del delito de desobediencia.

    El recurrente alega vulneración de los derechos a la integridad física y a la intimidad. Sobre la integridad se está protegiendo "su derecho a no sufrir lesión o menoscabo en su cuerpo o en su apariencia externa sin su consentimiento. El hecho de que la intervención coactiva en el cuerpo pueda suponer un malestar (esto es, producir sensaciones de dolor o sufrimiento) o un riesgo o daño para la salud supone un plus de afectación, mas no es una condición sine qua non para entender que existe una intromisión en el derecho fundamental a la integridad física." (FJ 2).

    Además, la sentencia precisa la doctrina distinguiendo las diligencias "practicables en el curso de un proceso penal como actos de investigación o medios de prueba (en su caso, anticipada) recayentes sobre el cuerpo del imputado o de terceros" en dos clases  según el derecho fundamental predominantemente afectado: a) inspecciones y registros corporales  donde  "no resulta afectado el derecho a la integridad física, al no producirse, por lo general, lesión o menoscabo del cuerpo, pero sí puede verse afectado el derecho fundamental a la intimidad corporal"; y b) las intervenciones corporales, "consistentes en la extracción del cuerpo de determinados elementos externos o internos para ser sometidos a informe pericial (análisis de sangre, orina, pelos, uñas, biopsias, etc.), o en su exposición a radiaciones (rayos X, T.A.C, resonancias magnéticas, etc.) (...) el derecho que se verá por regla general afectado es el derecho a la integridad física (art. 15 C.E.), en tanto implican una lesión o menoscabo del cuerpo, siquiera sea de su apariencia externa". Estas intervenciones pueden ser calificadas como leves o graves, en función del grado de sacrificio que impongan al derecho (FJ 2).

    Para que el sacrificio de afectación del derecho fundamental sea admisible constitucionalmente debe perseguir un fin constitucionalmente legítimo, estar previsto por ley (principio de legalidad), adoptarse por órgano judicial (aunque al no existir una reserva constitucional a favor del juez podría la ley autorizar a la policía judicial la práctica de intervenciones leves en casos de urgencia y necesidad, con respeto a los principios de proporcionalidad y razonabilidad); y debe tratarse de una decisión judicial motivada y proporcional (FJ 4). La aplicación de esta doctrina en la sentencia concluye en la estimación de la demanda ya que la los preceptos de la LECrim (arts. 311 y 339) en que se funda la decisión judicial no prestan la cobertura legal necesaria.

    Fallo. Declarar los derechos del recurrente a la integridad física (art. 15 C.E.) y a la intimidad personal (art. 18.1. C.E.), y restablecerlos mediante la anulación de los autos objeto de la sentencia.

  • Pleno. Sentencia 119/2001, de 24 de mayo. Recurso de amparo 4214-1998. Promovido respecto a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que desestimó su demanda de indemnización contra el Ayuntamiento de Valencia por contaminación acústica de su vivienda en el barrio de San José. Supuesta vulneración de los derechos a la integridad física y moral, a la intimidad y a la inviolabilidad del domicilio: falta de prueba de los ruidos sufridos por la demandante en su salud y en su domicilio. Votos particulares concurrentes.


    Procedimiento: Recurso de amparo    Decisión: Pleno. Sentencia
    Recurso:  4214-98
    Sentencia: 119/2001   [ECLI:ES:TC:2001:119]

    Fecha: 24/05/2001    Fecha publicación BOE: 08/06/2001

    Ver original (Referencia BOE-T-2001-10938)

    Comentario

    La sentencia conoce de un amparo contra la actuación del Ayuntamiento de Valencia que entiende la recurrente ha desatendido las obligaciones derivadas de la declaración de la zona en la que reside como "Zona Acústicamente Sautrada" por el reiterado incumplimiento de los locales de ocio de la misma de los ruidos máximos autorizados y horarios de cierre, así como contra la sentencia del TSJ que desestimó su demanda.

    El derecho fundamental a la integridad física y moral, el derecho a la intimidad personal y familiar, y el derecho a la inviolabilidad del domicilio han adquirido "una dimensión positiva en relación con el libre desarrollo de la personalidad, orientada a la plena efectividad de estos derechos fundamentales"; teniendo en cuenta los "riesgos que puedan surgir en una sociedad tecnológicamente avanzada", realidad a la que ha sido sensible, destaca el TC, la jurisprudencia del TEDH (9 de diciembre de 1994, López Ostra contra España, entre otros). Además, "el ruido puede llegar a representar un factor psicopatógeno destacado en el seno de nuestra sociedad y una fuente permanente de perturbación de la calidad de vida de los ciudadanos", por lo que se examina su posible incidencia en tales derechos (FJ 5).

    En relación al derecho fundamental a la integridad física y moral, entiende el TC que "si bien es cierto que no todo supuesto de riesgo o daño para la salud implica una vulneración del art. 15 CE, sin embargo cuando los niveles de saturación acústica que deba soportar una persona, a consecuencia de una acción u omisión de los poderes públicos, rebasen el umbral a partir del cual se ponga en peligro grave e inmediato la salud, podrá quedar afectado el derecho garantizado en el art. 15 CE" (FJ 6); sin embargo no queda establecida en el presente caso ni la relación entre el ruido -cuya intensidad tampoco se acredita- y la lesión a la salud sufrida (FJ 7)

    Fallo. Desestimar el recurso de amparo.

    Votos Particulares concurrentes de los Magistrados Jiménez de Parga, y Garrido Falla. Es de interés para el concepto del derecho a la integridad física y moral el Voto del Magistrado Jiménez de Parga al incidir n el concepto del derecho fundamental, razona que en la sentencia subyace una separación entre integridad física y salud que la legislación europea rompe asumiendo que la salud humana, tal y como la entiende la OMS es el estado absoluto de bienestar físico mental y social, por ello no comparte "la idea de que la vulneración del artículo 15 CE exija un peligro grave e inmediato para la salud de las personas, como se dice en la Sentencia. Entiendo que basta la existencia de cualquier efecto nocivo".

  • Sala Segunda. Sentencia 37/2011, de 28 de marzo. Recurso de amparo 3574-2008. Promovido respecto a las Sentencias de la Audiencia Provincial de Bizkaia y de un Juzgado de Primera Instancia de Bilbao que desestimaron su reclamación de responsabilidad civil derivada de asistencia sanitaria. Vulneración de los derechos a la integridad física y a la tutela judicial efectiva: asistencia sanitaria proporcionada desatendiendo el derecho del paciente a prestar un consentimiento informado.


    Procedimiento: Recurso de amparo    Decisión: Sala Primera. Sentencia
    Recurso: 3574-2008
    Sentencia: 37/2011   [ECLI:ES:TC:2011:37]

    Fecha: 28/03/2011    Fecha publicación BOE: 28/04/2011

    Ver original (Referencia BOE-A-2011-7626)

    Comentario

    Tras ingresar en urgencias se somete a un paciente a un cateterismo cardíaco sin que se le informara de los riesgos de la intervención y sin recabar el previo consentimiento. Como consecuencia de la intervención sufre una pérdida funcional total de la mano derecha. Se le deniega indemnización por las secuelas por lo que termina recurriendo en amparo, por vulneración de la tutela judicial efectiva, en relación con los derechos a la libertad y el derecho a la integridad.

    Razona el Tribunal que "hemos afirmado que el derecho a que no se dañe o perjudique la salud personal queda también comprendido en el derecho a la integridad personal (STC 35/1996, de 11 de marzo, FJ 3)", de tal forma que el derecho a la integridad "conlleva una facultad negativa, que implica la imposición de un deber de abstención de actuaciones médicas salvo que se encuentren constitucionalmente justificadas, y, asimismo, una facultad de oposición a la asistencia médica, en ejercicio de un derecho de autodeterminación que tiene por objeto el propio sustrato corporal, como distinto del derecho a la salud o a la vida (STC 154/2002, de 18 de julio, FJ 9). Por esa razón, hemos afirmado que el derecho a la integridad física y moral resultará afectado cuando se imponga a una persona asistencia médica en contra de su voluntad, que puede venir determinada por los más variados móviles y no sólo por el de morir y, por consiguiente, esa asistencia médica coactiva constituirá limitación vulneradora del derecho fundamental a la integridad física, a no ser que, como hemos señalado, tenga una justificación constitucional (SSTC 120/1990, de 27 de junio, FJ 8, y 137/1990, de 19 de julio, FJ 6)" (FJ 3).

    La sentencia cita extensa jurisprudencia del TEDH que señala la imposición de un tratamiento médico sin consentimiento, si el paciente es adulto y sano mentalmente, como "un ataque a la integridad física del interesado que puede poner en cuestión los derechos protegidos por el art. 8.1 CEDH (STEDH de 29 de abril de 2002, caso Pretty c. Reino Unido, § 63), poniendo de relieve, también, la importancia para las personas expuestas a un riesgo sobre su salud de tener acceso a la información que les permita evaluar dicho riesgo (SSTEDH de 19 de febrero de 1998, caso Guerra y otros c. Italia, § 60; y de 2 de junio de 2009, caso Codarcea c. Rumanía, § 104)" (FJ 4).

    Entiende el Tribunal que no basta con que exista una situación de riesgo para omitir el consentimiento informado, sino que el mismo debe ser inmediato y de gravedad, por lo que entiende vulnerado el derecho fundamental.

    Fallo. Declarar vulnerado el derecho a la integridad física del demandante y a la tutela judicial efectiva, y retroacción de actuaciones para que se dice nueva sentencia respetuosa con los derechos fundamentales.

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