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Derechos Fundamentales

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Artículo 23.1 - Derecho de participación

Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal

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  • Sala Segunda. Sentencia 51/1984, de 25 de abril. Recurso de amparo 520-1983 promovido por el «Sindicato Libre de Farmacéuticos de Valencia» contra el concierto de 31 de julio de 1982 firmado por el Director general del Instituto de la Salud y el Presidente del Consejo General de Farmacéuticos, cuya nulidad se solicita.


    Procedimiento: Recurso de amparo    Decisión: Sala Segunda. Sentencia
    Recurso: 520-1983
    Sentencia: 51/1984   [ECLI:ES:TC:1984:51]

    Fecha: 25/04/1984    Fecha publicación BOE: 29/05/1984

    Ver original (Referencia BOE-T-1984-12089)

    Comentario

    En el FJ 2 de la sentencia el Tribunal determina el contenido del derecho de participación reconocido en el artículo 23 de la CE: " [...] La lectura del precepto legal, y aún sin él, la del convenio mismo, pone de manifiesto lo infundado de la pretendida lesión, que en el recurso de amparo se sostiene, de los derechos constitucionales, reconocidos en el artículo 23 de la Constitución que otorga a los ciudadanos un derecho a participar en los asuntos públicos, que se ejercita directamente por medio de representantes libremente elegidos en elecciones periódicas y por sufragio universal. Tienen razón la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo cuando señalan que éste es un derecho que se otorga a los ciudadanos en cuanto tales y, por consiguiente, a las personas individuales. No es un derecho que pueda reconocerse genéricamente a las personas jurídicas. Se trata del derecho fundamental, en que encarna el derecho de participación política en el sistema democrático de un Estado social y democrático de Derecho, que consagra el art. 1 y es la forma de ejercitar la soberanía que el mismo precepto consagra que reside en el pueblo español. Por eso, la participación en los asuntos públicos a que se refiere el art. 23 es en primera línea la que se realiza al elegir los miembros de las Cortes Generales, que son los representantes del pueblo, según el art. 66 de la Constitución y puede entenderse asimismo que abarca también la participación en el gobierno de las Entidades en que el Estado se organiza territorialmente, de acuerdo con el art. 137 de la Constitución. Por ello, no se trata como es manifiesto, de un derecho a que los ciudadanos participen en todos los asuntos públicos, cualquiera que sea su índole y su condición, pues para participar en los asuntos concretos se requiere un especial llamamiento, o una especial competencia, si se trata de órganos públicos, o una especial legitimación si se trata de Entidades o sujetos de Derecho privado, que la Ley puede, en tal caso, organizar como en el que nos ocupa ha hecho el ya citado art. 107 de la Ley de la Seguridad Social y las normas que reglamentariamente lo desarrollan".

    Fallo: desestima el recurso de amparo.

  • Sala Segunda. Sentencia 119/1995, de 17 de julio. Recurso de amparo 773-1993. Contra Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo estimando recurso de apelación interpuesto contra la dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y contra Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Barcelona que ratificó la aprobación provisional acordada por la Comisión de Gobierno del denominado "Plan Especial de Desarrollo de un Parque Urbano en el Sector Piscinas y Deportes de Barcelona", así como contra la desestimación tácita del recurso de reposición contra dicho Acuerdo. Supuesta vulneración del derecho de participación en los asuntos públicos: contenido del derecho proclamado por el art. 23.1 C.E.


    Procedimiento: Recurso de amparo    Decisión: Sala Segunda. Sentencia
    Recurso: 773-1993
    Sentencia: 119/1995   [ECLI:ES:TC:1995:119]

    Fecha: 17/07/1995    Fecha publicación BOE: 22/08/1995

    Ver original (Referencia BOE-T-1995-19927)

    Comentario

    El Tribunal nos recuerda, en el FJ2º que: [...] El art. 23.1 C.E. garantiza un derecho de participación que puede ejercerse de dos formas distintas, bien directamente, bien por medio de representantes. En relación con esta última posibilidad, la Constitución concreta que se trata de representantes elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal, lo que apunta, sin ningún género de dudas, a la representación política, con exclusión de otros posibles representaciones de carácter corporativo, profesional, etc.

    El Tribunal, tras realizar una interpretación conjunta de los dos apartados del art. 23 C.E. dice que la participación en los asuntos públicos es, en primer lugar, la que se realiza al elegir los miembros de las Cortes Generales, pero también "la participación en el gobierno de las Entidades en que el Estado se organiza territorialmente, de acuerdo con el art. 137 de la Constitución". Por otra parte, "dicho precepto garantiza el derecho a que los representantes elegidos permanezcan en su cargo y puedan ejercer las funciones previstas en la Ley. Hay por tanto, una estrecha vinculación entre los derechos reconocidos en los apartados 1 y 2 del art. 23 C.E. y el principio democrático, manifestación, a su vez, de la soberanía popular (...).

    Del mismo modo, el Tribunal, en el FJ3º determina que "participar en los asuntos públicos" también se refiere a la participación directa "que se alcanza a través de las consultas populares previstas en la propia Constitución (arts. 92, 149.1.32, 151.1, 152.2, 167.3 y 168.3)" (...). Todos los preceptos enumerados se refieren a distintas modalidades de referéndum y (...) formas de democracia directa, es decir a aquellos supuestos en los que la toma de decisiones políticas se realiza mediante un llamamiento directo al titular de la soberanía. Dentro de ellas habría que encuadrar también el denominado régimen de concejo abierto al que se refiere el art. 140 C.E. y, asimismo, este Tribunal ha vinculado con el art. 23.1 C.E. la iniciativa legislativa popular que establece el art. 87.3 C.E. (...)".

    El Tribunal estima en su FJ5º que: "el hecho de que el art. 23.1 C.E. garantice un derecho cuyo ejercicio requiere la intervención del legislador no puede significar, obviamente, que cualquier forma de participación en asuntos de interés social, económico, profesional, etc. prevista en la Ley pase a integrarse en el ámbito constitucionalmente protegido por el mencionado precepto. (...) sólo cuando estamos en el ámbito de la participación política a que se refiere el art. 23.1 C.E. la violación de una concreta forma de participación legalmente prevista puede traducirse en una violación del derecho fundamental.... Para determinar "si estamos o no ante un derecho de participación política, encuadrable en el art. 23.1 C.E., habrá que atender, no sólo a la naturaleza y forma del llamamiento, sino también a su finalidad: sólo allí donde la llamada a la participación comporte, finalmente, el ejercicio, directo o por medio de representantes, del poder político -esto es, sólo allí donde se llame al pueblo como titular de ese poder- estaremos en el marco del art. 23.1 C.E. y podrá, por consiguiente, aducirse el derecho fundamental que aquí examinamos".

    Fallo: Desestimar la demanda de amparo.

  • Sala Segunda. Sentencia 167/2001, de 16 de julio. Recurso de amparo 1444-98. Promovido respecto a las Sentencias de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Provincial de Pontevedra que condenaron al recurrente por un delito de impedimento del ejercicio de los derechos cívicos. Vulneración del derecho a la legalidad penal: condena fundada en una interpretación de los derechos de participación en los asuntos públicos del art. 23 CE que incluye indebidamente el derecho a asistir a las sesiones de una fundación pública municipal.


    Procedimiento: Recurso de amparo    Decisión: Sala Segunda. Sentencia
    Recurso: 1444-98
    Sentencia: 167/2001   [ECLI:ES:TC:2001:167]

    Fecha: 16/07/2001    Fecha publicación BOE: 14/08/2001

    Ver original (Referencia BOE-T-2001-15940)

    Comentario

    El Tribunal, en el FJ 5º reitera su doctrina establecida en sentencias anteriores sobre el derecho de participación para rechazar: "(...) la pretendida vinculación entre la condición de miembro de la Junta de Gobierno de una Facultad y el art. 23 CE (STC 212/1993, de 28 de junio), o entre este mismo precepto y la elección de representantes sindicales, pues "lo que ejercitan los trabajadores en los procesos electorales sindicales no es una parcela subjetivizada del derecho que regula el artículo 23.1 CE, sino un singular derecho, emanación del legislador, que se enmarca en las modalidades participativas de acceso de los trabajadores a la empresa" (STC 189/1993, de 14 de junio, FJ 5). E igualmente ha concluido que los cargos de la Junta de Gobierno de un Colegio de Abogados no se encuentran incluidos entre los cargos públicos que contempla el art. 23.2 de la Constitución (STC 23/1984, de 20 de febrero), y lo mismo cabe decir del Secretario de un colegio público (STC 80/1994, de 14 de marzo). "En consecuencia", dijimos en la STC 119/1995, de 17 de julio, FJ 5, "para determinar si estamos o no ante un derecho de participación política, encuadrable en el art. 23.1 CE, habrá que atender, no sólo a la naturaleza y forma del llamamiento, sino también a su finalidad: sólo allí donde la llamada a la participación comporte, finalmente, el ejercicio, directo o por medio de representantes, del poder político -esto es, sólo allí donde se llame al pueblo como titular de ese poder- estaremos en el marco del art. 23.1 CE y podrá, por consiguiente, aducirse el derecho fundamental que aquí examinamos". [...]

    Fallo: Declarar que se ha vulnerado al recurrente el derecho reconocido en el art. 25.1 CE (principio de legalidad) y  restablecerle en su derecho y, a tal fin, anular las Sentencias de la Audiencia Provincial de Pontevedra, de 29 de noviembre de 1996 y de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de 24 de febrero de 1998.

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