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Documento BOE-A-1998-16718

Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdiccin Contencioso-administrativa.

TEXTO

JUAN CARLOS I REY DE ESPAA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley.

EXPOSICIN DE MOTIVOS
I. Justificacin de la reforma

La Jurisdiccin Contencioso-administrativa es una pieza capital de nuestro Estado de Derecho. Desde que fue instaurada en nuestro suelo por las Leyes de 2 de abrily6dejulio de 1845,yalolargo de muchas vicisitudes, ha dado sobrada muestra de sus virtualidades.

Sobre todo desde que la Ley de 27 de diciembre de 1956 la dot de las caractersticas que hoy tiene y de las atribuciones imprescindibles para asumir la misin que le corresponde de controlar la legalidad de la actividad administrativa, garantizando los derechos e intereses legtimos de los ciudadanos frente a las extralimitaciones de la Administracin.

Dicha Ley, en efecto, universalmente apreciada por los principios en los que se inspira y por la excelencia de su tcnica, que combina a la perfeccin rigor y sencillez, acert a generalizar el control judicial de la actuacin administrativa, aunque con algunas excepciones notorias que impona el rgimen poltico bajo el que fue aprobada. Ratific con nfasis el carcter judicial del orden contencioso-administrativo, ya establecido por la legislacin precedente, preocupndose por la especializacin de sus Magistrados. Y dio luz a un procedimiento simple y en teora gil, coherente con su propsito de lograr una justicia eficaz y ajena a interpretaciones y prcticas formalistas que pudieran enervar su buen fin. De esta manera, la Ley de la Jurisdiccin Contencioso-administrativa de 1956 abri una va necesaria, aunque no suficiente, para colmar las numerosas lagunas y limitaciones histricas de nuestro Estado de Derecho, oportunidad que fue adecuadamente aprovechada por una jurisprudencia innovadora, alentada por el espectacular desarrollo que ha experimentado la doctrina espaola del Derecho Administrativo.

Sin embargo, las cuatro dcadas transcurridas desde que aquella Ley se aprob han trado consigo numerosos y trascendentales cambios, en el ordenamiento jurdico, en las instituciones poltico-administrativas y en la sociedad. Estos cambios exigen, para alcanzar los mismos fines institucionales, soluciones necesariamente nuevas, pues, no obstante la versatilidad de buena parte de su articulado, la Ley de 1956 no est ajustada a la evolucin del ordenamiento y a las demandas que la sociedad dirige a la Administracin de Justicia.

Ante todo, hay que tener en cuenta el impacto producido por la Constitucin de 1978. Si bien algunos de los principios en que sta se funda son los mismos que inspiraron la reforma jurisdiccional de 1956 y que fue deduciendo la jurisprudencia elaborada a su amparo, es evidente que las consecuencias que el texto constitucional depara en punto al control judicial de la actividad administrativa son muy superiores. Slo a raz de la Constitucin de 1978 se garantizan en nuestro pas plenamente los postulados del Estado de Derecho y, entre ellos, el derecho de toda persona a la tutela judicial efectiva de sus derechos e intereses legtimos, el sometimiento de la Administracin pblica a la ley y al derecho y el control de la potestad reglamentaria y de la legalidad de la actuacin administrativa por los Tribunales. La proclamacin de estos derechos y principios en la Constitucin y su eficacia jurdica directa han producido la derogacin implcita de aquellos preceptos de la Ley Jurisdiccional que establecan limitaciones en el acceso a los recursos o en su eficacia carentes de justificacin en un sistema democrtico. Pero el alcance de este efecto derogatorio en relacin a algunos extremos de la Ley de 1956 ha seguido siendo objeto de polmica, lo que haca muy conveniente una clarificacin legal. Adems, la jurisprudencia, tanto constitucional como contencioso-administrativa, ha extrado de los principios y preceptos constitucionales otras muchas reglas, que imponen determinadas interpretaciones de dicha Ley, o incluso sostienen potestades y actuaciones judiciales no contempladas expresamente en su texto. Por ltimo, la influencia de la Constitucin en el rgimen de la Jurisdiccin Contencioso-administrativa no se reduce a lo que disponen los artculos 9.1, 24, 103.1 y 106.1. De manera ms o menos mediata, la organizacin, el mbito y extensin material y el funcionamiento de este orden jurisdiccional se ve afectado por otras muchas disposiciones constitucionales, tanto las que regulan principios sustantivos y derechos fundamentales, como las que disean la estructura de nuestra Monarqua parlamentaria y la organizacin territorial del Estado. Como el resto del ordenamiento, tambin el rgimen legal de la Jurisdiccin Contencioso-administrativa debe adecuarse por entero a la letra y al espritu de la Constitucin.

Por otra parte, durante los ltimos lustros la sociedad y la Administracin espaolas han experimentado enormes transformaciones. La primera es hoy incomparablemente ms desarrollada, ms libre y plural, emancipada y consciente de sus derechos que hace cuarenta aos. Mientras, la Administracin reducida, centralizada y jerarquizada de antao se ha convertido en una organizacin extensa y compleja, dotada de funciones mltiples y considerables recursos, descentralizada territorial y funcionalmente. Al hilo de estas transformaciones han variado en buena medida y se han diversificado las formas jurdicas de la organizacin administrativa, los fines, el contenido y las formas de la actividad de la Administracin, los derechos que las personas y los grupos sociales ostentan frente a ella y, en definitiva, el sistema de relaciones regido por el Derecho Administrativo.

Todos estos cambios repercuten de una u otra forma sobre la Jurisdiccin Contencioso-administrativa.

Concebida en origen como jurisdiccin especializada en la resolucin de un limitado nmero de conflictos jurdicos, ha sufrido hasta la saturacin el extraordinario incremento de la litigiosidad entre ciudadanos y Administraciones y de stas entre s que se ha producido en los ltimos tiempos. En este aspecto los problemas son comunes a los que los sistemas de control judicial de la Administracin estn soportando en otros muchos pases.

Pero adems, el instrumental jurdico que en el nuestro se otorga a la Jurisdiccin para el cumplimiento de sus fines ha quedado relativamente desfasado. En particular, para someter a control jurdico las actividades materiales y la inactividad de la Administracin, pero tambin para hacer ejecutar con prontitud las propias decisiones judiciales y para adoptar medidas cautelares que aseguren la eficacia del proceso. De ah que, pese al aumento de los efectivos de la Jurisdiccin, pese al esfuerzo creativo de la jurisprudencia, pese al desarrollo de la justicia cautelar y a otros remedios parciales, la Jurisdiccin Contencioso-administrativa est atravesando un perodo crtico ante el que es preciso reaccionar mediante las oportunas reformas.

Algunas de ellas, ciertamente, ya han venido afrontndose por el legislador en diferentes textos, ms lejanos o recientes. De hecho, las normas que han modificado o que complementan en algn aspecto el rgimen de la Jurisdiccin son ya tan numerosas y dispersas que justificaran de por s una refundicin.

La reforma que ahora se aborda, que toma como base los trabajos parlamentarios realizados durante la anterior Legislatura -en los que se alcanz un estimable grado de consenso en muchos aspectos-, va bastante ms all. De un lado tiene en cuenta esas modificaciones parciales o indirectas, pero no slo para incorporarlas a un texto nico, sino tambin para corregir aquellos de sus elementos que la prctica judicial o la crtica doctrinal han revelado inapropiados o susceptibles de mejora. De otro lado, pretende completar la adecuacin del rgimen jurdico del recurso contencioso-administrativo a los valores y principios constitucionales, tomando en consideracin las aportaciones de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, la nueva organizacin del Estado y la evolucin de la doctrina jurdica. Por ltimo, persigue dotar a la Jurisdiccin Contencioso-administrativa de los instrumentos necesarios para el ejercicio de su funcin, a la vista de las circunstancias en que hoy en da se enmarca.

Desde este ltimo punto de vista, la reforma compagina las medidas que garantizan la plenitud material de la tutela judicial en el orden contencioso-administrativo y el criterio favorable al ejercicio de las acciones y recursosyaladefensa de las partes, sin concesin alguna a tentaciones formalistas, con las que tienen por finalidad agilizar la resolucin de los litigios. La preocupacin por conseguir un equilibrio entre las garantas, tanto de los derechos e intereses pblicos y privados en juego como del acierto y calidad de las decisiones judiciales, con la celeridad de los procesos y la efectividad de lo juzgado constituye uno de los ejes de la reforma. Pues es evidente que una justicia tarda o la meramente cautelar no satisfacen el derecho que reconoce el artculo 24.1 de la Constitucin.

Bien es verdad que lograr una justicia gil y de calidad no depende solamente de una reforma legal. Tambin es cierto que el control de la legalidad de las actividades administrativas puede y debe ejercerse asimismo por otras vas complementarias de la judicial, que sera necesario perfeccionar para evitar la proliferacin de recursos innecesarios y para ofrecer frmulas poco costosas y rpidas de resolucin de numerosos conflictos. Pero, en cualquier caso, el rgimen legal de la Jurisdiccin Contencioso-administrativa, insustituible en su doble funcin garantizadora y creadora de jurisprudencia, debe adaptarse a las condiciones del momento para hacer posible aquel objetivo.

En virtud de estas premisas, la reforma es a la vez continuista y profundamente renovadora. Continuista porque mantiene la naturaleza estrictamente judicial que la Jurisdiccin Contencioso-administrativa ya tena en la legislacin anterior y que la Constitucin ha venido a consolidar definitivamente; porque mantiene asimismo el carcter de juicio entre partes que el recurso contencioso-administrativo tiene y su doble finalidad de garanta individual y control del sometimiento de la Administracin al derecho, y porque se ha querido conservar, conscientemente, todo aquello que en la prctica ha funcionado bien, de conformidad con los imperativos constitucionales.

No obstante, la trascendencia y amplitud de las transformaciones a las que la institucin debe acomodarse hacan inevitable una revisin general de su rgimen jurdico, imposible de abordar mediante simples retoques de la legislacin anterior. Adems, la reforma no slo pretende responder a los retos de nuestro tiempo, sino que, en la medida de lo posible y con la necesaria prudencia, mira al futuro e introduce aqu y all preceptos y clusulas generales que a la doctrinayalajurisprudencia corresponde dotar de contenido preciso, con el fin de perfeccionar el funcionamiento de la Jurisdiccin.

II. mbito y extensin de la Jurisdiccin Contencioso-administrativa

Fiel al propsito de no alterar ms de lo necesario la sistemtica de la Ley anterior, el nuevo texto legal comienza definiendo el mbito propio, el alcance y los lmites de la Jurisdiccin Contencioso-administrativa.

Respetando la tradicin y de conformidad con el artculo 106.1 de la Constitucin, se le asigna el control de la potestad reglamentaria y de la legalidad de la actuacin administrativa sujeta a Derecho Administrativo. Sin embargo, la Ley incorpora a la definicin del mbito de la Jurisdiccin ciertas novedades, en parte obligadas y todas ellas trascendentales.

En primer lugar, era necesario actualizar el concepto de Administracin pblica vlido a los efectos de la Ley, en atencin a los cambios organizativos que se han venido produciendo y en conexin con lo que disponen otras Leyes. Tambin era imprescindible confirmar en sta la sujecin al enjuiciamiento de la Jurisdiccin Contencioso-administrativa de actos y disposiciones emanados de otros rganos pblicos que no forman parte de la Administracin, cuando dichos actos y disposiciones tienen, por su contenido y efectos, una naturaleza materialmente administrativa. Sin intencin de inmiscuirse en ningn debate dogmtico, que no es tarea del legislador, la Ley atiende a un problema prctico, consistente en asegurar la tutela judicial de quienes resulten afectados en sus derechos o intereses por dichos actos y disposiciones, en casi todo semejantes a los que emanan de las Administraciones pblicas.

En segundo trmino, es evidente que a la altura de nuestro tiempo histrico el mbito material de la Jurisdiccin quedara muy incompleto si aqulla se limitara a enjuiciar las pretensiones que se deduzcan en relacin con las disposiciones de rango inferior a la Ley y con los actos y contratos administrativos en sentido estricto.

Lo que realmente importa y lo que justifica la existencia de la propia Jurisdiccin Contencioso-administrativa es asegurar, en beneficio de los interesados y del inters general, el exacto sometimiento de la Administracin al derecho en todas las actuaciones que realiza en su condicin de poder pblico y en uso de las prerrogativas que como tal le corresponde. No toda la actuacin administrativa, como es notorio, se expresa a travs de reglamentos, actos administrativos o contratos pblicos, sino que la actividad prestacional, las actividades negociables de diverso tipo, las actuaciones materiales, las inactividades u omisiones de actuaciones debidas expresan tambin la voluntad de la Administracin, que ha de estar sometida en todo caso al imperio de la ley. La imposibilidad legal de controlar mediante los recursos contencioso-administrativos estas otras manifestaciones de la accin administrativa, desde hace tiempo criticada, resulta ya injustificable, tanto a la luz de los principios constitucionales como en virtud de la crecida importancia cuantitativa y cualitativa de tales manifestaciones.

Por eso la nueva Ley somete a control de la Jurisdiccin la actividad de la Administracin pblica de cualquier clase que est sujeta al Derecho Administrativo, articulando para ello las acciones procesales oportunas.

En esta lnea, la Ley precisa la competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo para conocer de las cuestiones que se susciten en relacin no slo con los contratos administrativos, sino tambin con los actos separables de preparacin y adjudicacin de los dems contratos sujetos a la legislacin de contratos de las Administraciones pblicas. Se trata, en definitiva, de adecuar la va contencioso-administrativa a la legislacin de contratos, evitando que la pura y simple aplicacin del Derecho privado en actuaciones directamente conectadas a fines de utilidad pblica se realice, cualquiera que sean las razones que la determinen, en infraccin de los principios generales que han de regir, por imperativo constitucional y del Derecho comunitario europeo, el comportamiento contractual de los sujetos pblicos. La garanta de la necesaria observancia de tales principios, muy distintos de los que rigen la contratacin puramente privada, debe corresponder, como es natural, a la Jurisdiccin Contencioso-administrativa.

Algo parecido debe decirse de las cuestiones que se susciten en relacin con la responsabilidad patrimonial de la Administracin pblica. Los principios de su peculiar rgimen jurdico, que tiene cobertura constitucional, son de naturaleza pblica y hoy en da la Ley impone que en todo caso la responsabilidad se exija a travs de un mismo tipo de procedimiento administrativo. Por eso parece muy conveniente unificar la competencia para conocer de este tipo de asuntos en la Jurisdiccin Contencioso-administrativa, evitando la dispersin de acciones que actualmente existe y garantizando la uniformidad jurisprudencial, salvo, como es lgico, en aquellos casos en que la responsabilidad derive de la comisin de una infraccin penal.

La delimitacin del mbito material de la Jurisdiccin lleva tambin a precisar algunas exclusiones. La nueva Ley respeta en tal sentido la atribucin de ciertas competencias relacionadas con la actividad administrativa a otros rdenes jurisdiccionales que establecen otras Leyes, en su mayor parte por razones pragmticas, y tiene en cuenta lo dispuesto por la ms reciente legislacin sobre los conflictos jurisdiccionales y de atribuciones. En cambio, la Ley no recoge ya, entre estas exclusiones, la relativa a los llamados actos polticos del Gobierno, a que se refera la Ley de 1956.

Sobre este ltimo aspecto conviene hacer alguna precisin. La Ley parte del principio de sometimiento pleno de los poderes pblicos al ordenamiento jurdico, verdadera clusula regia del Estado de Derecho. Semejante principio es incompatible con el reconocimiento de cualquier categora genrica de actos de autoridad -llmense actos polticos, de Gobierno, o de direccin polticaexcluida per se del control jurisdiccional. Sera ciertamente un contrasentido que una Ley que pretende adecuar el rgimen legal de la Jurisdiccin Contencioso-administrativa a la letra y al espritu de la Constitucin, llevase a cabo la introduccin de toda una esfera de actuacin gubernamental inmune al derecho. En realidad, el propio concepto de acto poltico se halla hoy en franca retirada en el Derecho pblico europeo. Los intentos encaminados a mantenerlo, ya sea delimitando genricamente un mbito en la actuacin del poder ejecutivo regido slo por el Derecho Constitucional, y exento del control de la Jurisdiccin Contencioso-administrativa, ya sea estableciendo una lista de supuestos excluidos del control judicial, resultan inadmisibles en un Estado de Derecho.

Por el contrario, y por si alguna duda pudiera caber al respecto, la Ley seala -en trminospositivos una serie de aspectos sobre los que en todo caso siempre ser posible el control judicial, por amplia que sea la discrecionalidad de la resolucin gubernamental: los derechos fundamentales, los elementos reglados del acto y la determinacin de las indemnizaciones procedentes.

III. Los rganos de la Jurisdiccin y sus competencias

Dado que, como se ha expuesto, la Jurisdiccin Contencioso-administrativa se enfrenta a un gravsimo problema por la avalancha creciente de recursos, es obvio que la reforma de sus aspectos organizativos deba considerarse prioritaria.

La novedad ms importante en este captulo consiste en la regulacin de las competencias de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo. La creacin de estos rganos judiciales, que previ la Ley Orgnica del Poder Judicial, fue recibida en su da con divisin de opiniones.

Si, por un lado, pareca imprescindible descongestionar a los Tribunales de lo Contencioso-administrativo de un buen nmero de asuntos, por otro surgieron dudas acerca de la idoneidad de los Juzgados, rganos unipersonales, para afrontar el ejercicio de las competencias que habran de corresponderles en virtud de la clusula general establecida en la citada Ley Orgnica.

Ciertamente, la complejidad tcnica de muchos de los asuntos y la trascendencia poltica de otros que habran de enjuiciar a tenor de dicha clusula ha dado origen a una larga controversia, que era necesario resolver para implantar definitivamente los Juzgados.

La presente reforma aborda el problema con decisin y con cautela a la vez. Define la competencia de los Juzgados mediante un sistema de lista tasada. En la elaboracin de esta lista se ha tenido en cuenta la conveniencia de atribuir a estos rganos unipersonales un conjunto de competencias relativamente uniformes y de menor trascendencia econmica y social, pero que cubren un elevado porcentaje de los recursos que cotidianamente se interponen ante los rganos de la Jurisdiccin. De esta manera es posible aportar remedio a la saturacin que soportan los Tribunales Superiores de Justicia, que se vern descargados de buen nmero de pleitos, aunque conservan la competencia para juzgar en primera instancia los ms importantes a priori y toda la variedad de los que se incluyen en la clusula residual, que ahora se traslada a su mbito competencial.

Por su parte, los Juzgados obtienen un conjunto de competencias que pueden razonablemente ejercer y que parecen suficientes para consolidar la experiencia. Nada impide, antes al contrario, que tras un primer perodo de rodaje la lista de competencias se revise a la vista de esa experiencia. De todas formas, es evidente que el xito de la reforma depende ms que nada de la pronta y adecuada seleccin y formacin de los titulares de los Juzgados.

No termina aqu la reforma en cuanto a rganos unipersonales. Se regulan tambin las competencias de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo, con jurisdiccin en toda Espaa, para contribuir a paliar la sobrecarga de trabajo de rganos jurisdiccionales actualmente muy saturados.

IV. Las partes

La regulacin de las partes que se contena en la Ley de 27 de diciembre de 1956, fundada en un criterio sustancialmente individualista con ciertos ribetes corporativos, ha quedado hace tiempo superada y ha venido siendo corregida por otras normas posteriores, adems de reinterpretada por la jurisprudencia en un sentido muy distinto al que originariamente tena. La nueva Ley se limita a recoger las sucesivas modificaciones, clarificando algunos puntos todava oscuros y sistematizando los preceptos de la manera ms sencilla posible. Lo que se pretende es que nadie, persona fsica o jurdica, privada o pblica, que tenga capacidad jurdica suficiente y sea titular de un inters legtimo que tutelar, concepto comprensivo de los derechos subjetivos pero ms amplio, pueda verse privado del acceso a la justicia.

Sobre esta base, que ya se deduce de la Constitucin, las novedades de la Ley tienen un carcter esencialmente tcnico. Las ms significativas se incorporan en los preceptos que regulan la legitimacin. En cuanto a la activa, se han reducido a sistema todas las normas generales o especiales que pueden considerarse vigentes y conformes con el criterio elegido. El enunciado de supuestos da idea, en cualquier caso, de la evolucin que ha experimentado el recurso contencioso-administrativo, hoy en da instrumento til para una pluralidad de fines: la defensa del inters personal, la de los intereses colectivos y cualesquiera otros legtimos, incluidos los de naturaleza poltica, mecanismo de control de legalidad de las Administraciones inferiores, instrumento de defensa de su autonoma, cauce para la defensa de derechos y libertades encomendados a ciertas instituciones pblicas y para la del inters objetivo de la ley en los supuestos legales de accin popular, entre otros.

Por lo que se refiere a la legitimacin pasiva, el criterio de fondo es el mismo y conduce a simplificar las reglas anteriores. En particular, carece de sentido mantener la figura del coadyuvante, cuando ninguna diferencia hay ya entre la legitimacin por derecho subjetivo y por inters legtimo. En cambio, ha parecido necesario precisar un poco ms qu Administracin tiene carcter de demandada en caso de impugnacin de actos sujetos a fiscalizacin previa y, sobre todo, atribuir tambin este carcter, en caso de impugnacin indirecta de una disposicin general, a la Administracin autora de la misma, aunque no lo sea de la actuacin directamente recurrida.

Esta previsin viene a dar cauce procesal al inters de cada Administracin en defender en todo caso la legalidad de las normas que aprueba y constituye una de las especialidades de los recursos que versan sobre la conformidad a derecho de disposiciones generales, que se desgranan a lo largo de todo el articulado.

En cuanto a la representacin y defensa, se distingue entre rganos colegiados y unipersonales. En los primeros, procurador y abogado son obligatorios; en los segundos, el procurador es potestativo y el abogado obligatorio. Los funcionarios pblicos podrn comparecer por s mismos en cuestiones de personal que no impliquen separacin de empleados pblicos inamovibles.

Por lo que atae a la representacin y defensa de las Administraciones pblicas y rganos constitucionales, la Ley se remite a lo que disponen la Ley Orgnica del Poder Judicial y la Ley de Asistencia Jurdica al Estado e Instituciones Pblicas para todo tipo de procesos, as como a las normas que sobre la materia y en el marco de sus competencias hayan dictado las Comunidades Autnomas, pues no hay en los contencioso-administrativos ninguna peculiaridad que merezca recogerse en norma con rango de ley.

V. Objeto del recurso

Los escasos preceptos incluidos en los dos primeros captulos del Ttulo III contienen algunas de las innovaciones ms importantes que la Ley introduce en nuestro sistema de control judicial de la Administracin. Se trata nada menos que de superar la tradicional y restringida concepcin del recurso contencioso-administrativo como una revisin judicial de actos administrativos previos, es decir, como un recurso al acto, y de abrir definitivamente las puertas para obtener justicia frente a cualquier comportamiento ilcito de la Administracin.

Pero al mismo tiempo, es necesario diferenciar las pretensiones que pueden deducirse en cada caso, pues es evidente que la diversidad de actuaciones y omisiones que pueden ser objeto del recurso no permiten seguir configurando ste como una accin procesal uniforme.

Sin merma de sus caractersticas comunes, empezando por el nomen iuris, el recurso admite modulaciones de relieve en funcin del objeto sobre el que recae.

Cohonestar los elementos comunes y los diferenciales en un esquema simple y flexible es otro de los objetivos de la reforma.

Por razn de su objeto se establecen cuatro modalidades de recurso: el tradicional dirigido contra actos administrativos, ya sean expresos o presuntos; el que, de manera directa o indirecta, versa sobre la legalidad de alguna disposicin general, que precisa de algunas reglas especiales; el recurso contra la inactividad de la Administracin y el que se interpone contra actuaciones materiales constitutivas de va de hecho.

Del recurso contra actos, el mejor modelado en el perodo precedente, poco hay que renovar. La Ley, no obstante, depura el ordenamiento anterior de algunas normas limitativas que carecen de justificacin, aunque mantiene la inadmisibilidad del recurso contra actos confirmatorios de otros firmes y consentidos. Esta ltima regla se apoya en elementales razones de seguridad jurdica, que no slo deben tenerse en cuenta en favor del perjudicado por un acto administrativo, sino tambin en favor del inters general y de quienes puedan resultar individual o colectivamente beneficiados o amparados por l. Por lo dems, el relativo sacrificio del acceso a la tutela judicial que se mantiene por dicha causa resulta hoy menos gravoso que antao, si se tiene en cuenta la reciente ampliacin de los plazos del recurso administrativo ordinario, la falta de eficacia que la legislacin en vigor atribuye, sin lmite temporal alguno, a las notificaciones defectuosas e inclusive la ampliacin de las facultades de revisin de oficio. Conservar esa excepcin es una opcin razonable y equilibrada.

En cambio, ha parecido necesario destacar en el texto de la Ley las peculiaridades de los recursos en que se enjuicia la conformidad a derecho de las disposiciones generales, hasta ahora no suficientemente consideradas.

En realidad, los efectos que tienen estos tipos de recurso y, en particular, la declaracin de ilegalidad de una disposicin general por cualquier va que se produzca, no pueden compararse, en trminos generales, con los del recurso contra actos. La diferencia asume cada vez mayor relieve en la prctica, si se tiene en cuenta la extensin y relevancia que en el polifactico Estado moderno ha asumido la produccin reglamentaria.

La nueva Ley asegura las ms amplias posibilidades de someter a control judicial la legalidad de las disposiciones generales, preservando los que se han dado en llamar recursos directo e indirecto y eliminando todo rastro de las limitaciones para recurrir que estableci la legislacin anterior. Ahora bien, al mismo tiempo procura que la impugnacin de las disposiciones generales se tramite con celeridad y que aboque siempre a una decisin judicial clara y nica, de efectos generales, con el fin de evitar innecesarios vacos normativos y situaciones de inseguridad o interinidad en torno a la validez y vigencia de las normas. Este criterio se plasma, entre otras muchas reglas de detalle, en el tratamiento procesal que se da al denominado recurso indirecto.

Hasta ahora ha existido una cierta confusin en la teora jurdica y en la prctica judicial sobre los efectos de esta clase de recurso, cuando la norma que aplica el acto impugnado es considerada contraria a derecho.

Y, lo que es ms grave, el carcter difuso de este tipo de control ha generado situaciones de inseguridad jurdica y desigualdad manifiesta, pues segn el criterio de cada rgano judicial y a falta de una instancia unificadora, que no siempre existe, determinadas disposiciones se aplican en unos casos o mbitos y se inaplican en otros.

La solucin pasa por unificar la decisin judicial sobre la legalidad de las disposiciones generales en un solo rgano, el que en cada caso es competente para conocer del recurso directo contra ellas, dotando siempre a esa decisin de efectos erga omnes. De ah que, cuando sea ese mismo rgano el que conoce de un recurso indirecto, la Ley disponga que declarar la validez o nulidad de la disposicin general. Para cuando el rgano competente en un recurso de este tipo sea otro distinto del que puede conocer del recurso directo contra la disposicin de que se trate, la Ley introduce la cuestin de ilegalidad.

La regulacin de este procedimiento ha tenido en cuenta la experiencia de la cuestin de inconstitucionalidad prevista por el artculo 163 de la Constitucin y se inspira parcialmente en su mecnica; las analogas acaban aqu. La cuestin de ilegalidad no tiene otro significado que el de un remedio tcnico tendente a reforzar la seguridad jurdica, que no impide el enjuiciamiento de las normas por el Juez o Tribunal competente para decidir sobre la legalidad del acto aplicativo del reglamento cuya ilegalidad se aduce, pero que pretende alcanzar una decisin unitaria a todo eventual pronunciamiento indirecto sobre su validez.

Largamente reclamado por la doctrina jurdica, la Ley crea un recurso contra la inactividad de la Administracin, que tiene precedentes en otros ordenamientos europeos. El recurso se dirige a obtener de la Administracin, mediante la correspondiente sentencia de condena, una prestacin material debida o la adopcin de un acto expreso en procedimientos iniciados de oficio, all donde no juega el mecanismo del silencio administrativo. De esta manera se otorga un instrumento jurdico al ciudadano para combatir la pasividad y las dilaciones administrativas. Claro est que este remedio no permite a los rganos judiciales sustituir a la Administracin en aspectos de su actividad no prefigurados por el derecho, incluida la discrecionalidad en el quando de una decisin o de una actuacin material, ni les faculta para traducir en mandatos precisos las genricas e indeterminadas habilitaciones u obligaciones legales de creacin de servicios o realizacin de actividades, pues en tal caso estaran invadiendo las funciones propias de aqulla. De ah que la Ley se refiera siempre a prestaciones concretas y actos que tengan un plazo legal para su adopcin y de ah que la eventual sentencia de condena haya de ordenar estrictamente el cumplimiento de las obligaciones administrativas en los concretos trminos en que estn establecidas. El recurso contencioso-administrativo, por su naturaleza, no puede poner remedio a todos los casos de indolencia, lentitud e ineficacia administrativas, sino tan slo garantizar el exacto cumplimiento de la legalidad.

Otra novedad destacable es el recurso contra las actuaciones materiales en va de hecho. Mediante este recurso se pueden combatir aquellas actuaciones materiales de la Administracin que carecen de la necesaria cobertura jurdica y lesionan derechos e intereses legtimos de cualquier clase. La accin tiene una naturaleza declarativa y de condenayalavez, en cierto modo, interdictal, a cuyo efecto no puede dejar de relacionarse con la regulacin de las medidas cautelares. Por razn de la materia, la competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo para conocer de estos recursos se explica sobradamente.

En el caso del recurso contra la inactividad de la Administracin, la Ley establece una reclamacin previa en sede administrativa; en el del recurso contra la va de hecho, un requerimiento previo de carcter potestativo, asimismo en sede administrativa. Pero eso no convierte a estos recursos en procesos contra la desestimacin, en su caso por silencio, de tales reclamaciones o requerimientos. Ni, como se ha dicho, estas nuevas acciones se atienen al tradicional carcter revisor del recurso contencioso-administrativo, ni puede considerarse que la falta de estimacin, total o parcial, de la reclamacin o el requerimiento constituyan autnticos actos administrativos, expresos o presuntos. Lo que se persigue es sencillamente dar a la Administracin la oportunidad de resolver el conflicto y de evitar la intervencin judicial.

En caso contrario, lo que se impugna sin ms trmites es, directamente, la inactividad o actuacin material correspondiente, cuyas circunstancias delimitan el objeto material del proceso.

El resto de los preceptos del Ttulo III se cie a introducir algunas mejoras tcnicas. La preocupacin por agilizar la tramitacin de las causas es dominante y, en particular, explica la regla que permite al Juez o Tribunal suspender la tramitacin de los recursos masivos que tengan idntico objeto y resolver con carcter preferente uno o varios de ellos. De esta manera se puede eludir la reiteracin de trmites, pues los efectos de la primera o primeras sentencias resultantes podran aplicarse a los dems casos en va de ejecucin o, eventualmente, podran inducir al desistimiento de otros recursos.

VI. El procedimiento

1. La regulacin del procedimiento contencioso-administrativo ordinario se basa en el esquema de la legislacin anterior. Sin embargo, las modificaciones son muy numerosas, pues, por una parte, se han tenido muy en cuenta la experiencia prctica y las aportaciones doctrinales y, por otra, se han establecido normas especiales para diferentes tipos de recursos, que no precisan de un procedimiento especial. Basado en principios comunes y en un mismo esquema procesal, la Ley arbitra un procedimiento dctil, que ofrece respuestas parcialmente distintas para cada supuesto. En todo momento se ha buscado conciliar las garantas de eficacia y celeridad del proceso con las de defensa de las partes.

Constituye una novedad importante la introduccin de un procedimiento abreviado para determinadas materias de cuanta determinada limitada, basado en el principio de oralidad.

Las garantas que la Ley establece para lograr la pronta y completa remisin del expediente administrativo al rgano judicial han sido reformadas con la intencin de poner definitivamente coto a prcticas administrativas injustificables y demasiado extendidas, que alargan la tramitacin de muchas causas. Incompatibles con los deberes que la Administracin tiene para con los ciudadanos y con el de colaboracin con la Administracin de Justicia, es necesario que dichas prcticas queden desterradas para siempre.

En la lnea de procurar la rpida resolucin de los procesos, la Ley arbitra varias facultades en manos de las partes o del rgano judicial, tales como la posibilidad de iniciar el recurso mediante demanda en algunos casos, la de solicitar que se falle sin necesidad de prueba, vista o conclusiones o la de llevar a cabo un intento de conciliacin. Del criterio de los Jueces y Magistrados y de la colaboracin de las partes depender que estas medidas alcancen sus fines.

Por lo que se refiere a la sentencia, la Ley sigue de cerca la regulacin anterior. En particular, se mantiene la referencia de la conformidad o disconformidad de la disposicin, actuacin o acto genricamente al derecho, al ordenamiento jurdico, por entender -en frase de la exposicin de motivos de la Ley de1956 que reconducirla simplemente a las leyes equivale a olvidar que lo jurdico no se encierra y circunscribe a las disposiciones escritas, sino que se extiende a los principios y a la normatividad inmanente en la naturaleza de las instituciones. Aade, no obstante, algunas prescripciones sobre el contenido y efectos de algunos fallos estimatorios: los que condenen a la Administracin a hacer algo, los que estimen pretensiones de resarcimiento de daos y perjuicios, los que anulen disposiciones generales y los que versen sobre actuaciones discrecionales.

En relacin con estos ltimos, la Ley recuerda la naturaleza de control en derecho que tiene el recurso contencioso-administrativo y de ah que precise que no pueden los Jueces y Tribunales determinar el contenido discrecional de los actos que anulen. Como es lgico, esta regla no pretende coartar en absoluto la potestad de los rganos judiciales para extender su control de los actos discrecionales hasta donde lo exija el sometimiento de la Administracin al derecho, es decir mediante el enjuiciamiento de los elementos reglados de dichos actos y la garanta de los lmites jurdicos de la discrecionalidad.

2. Por lo que se refiere a los recursos contra las resoluciones judiciales, la Ley se atiene en general a los que dispuso la reciente Ley 10/1992, de 30 de abril, de Medidas Urgentes de Reforma Procesal. Pero introduce algunos cambios necesarios, motivados unos por la creacin de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo, que conduce a reimplantar los recursos de apelacin contra sus resoluciones, y otros por la experiencia, breve pero significativa, derivada de aquella ltima reforma procesal.

El nuevo recurso de apelacin ordinario contra las sentencias de los Juzgados no tiene, sin embargo, carcter universal. No siendo la doble instancia en todo tipo de procesos una exigencia constitucional, ha parecido conveniente descargar a los Tribunales Superiores de Justicia de conocer tambin en segunda instancia de los asuntos de menor entidad, para resolver el agobio que hoy padecen. Sin embargo, la apelacin procede siempre que el asunto no ha sido resuelto en cuanto al fondo, en garanta del contenido normal del derecho a la tutela judicial efectiva, as como en el procedimiento para la proteccin de los derechos fundamentales, en los litigios entre Administraciones y cuando se resuelve la impugnacin indirecta de disposiciones generales, por la mayor trascendencia que a priori tienen todos estos asuntos.

La Ley eleva sustancialmente la cuanta de los que tienen acceso a la casacin ordinaria y en menor medida la de los que pueden acceder a la casacin para unificacin de doctrina. Aunque rigurosa, la medida es necesaria a la vista de la experiencia de los ltimos aos, pues las cuantas fijadas por la Ley 10/1992 no han permitido reducir la abrumadora carga de trabajo que pesa sobre la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. Si bien las nuevas reglas eliminan la posibilidad de doble instancia en muchos supuestos, la alternativa sera consentir el agravamiento progresivo de aquella carga, ya hoy muy superior a lo que sera razonable. Los efectos de tal situacin son mucho ms perniciosos, pues se corre el riesgo de alargar la resolucin de los recursos pendientes ante el Tribunal Supremo hasta extremos totalmente incompatibles con el derecho a una justicia efectiva. Por otro lado, no es posible aumentar sustancialmente el nmero de Secciones y Magistrados del Alto Tribunal, que ha de poder atender a su importantsima funcin objetiva de fijar la doctrina jurisprudencial.

Se regulan dos modalidades de recurso para la unificacin de doctrina, cuyo conocimiento corresponder, respectivamente, al Tribunal Supremo y a los Tribunales Superiores de Justicia.

Se ha considerado oportuno mantener el recurso de casacin en inters de la Ley, que se adapta a la creacin de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo y que, junto al tradicional recurso de revisin, cierra el sistema de impugnaciones en este orden jurisdiccional.

3. La Ley ha realizado un importante esfuerzo para incrementar las garantas de ejecucin de las sentencias, desde siempre una de las zonas grises de nuestro sistema contencioso-administrativo. El punto de partida reside en la imperiosa obligacin de cumplir las resoluciones judiciales y colaborar en la ejecucin de lo resuelto, que la Constitucin prescribe, y en la potestad de los rganos judiciales de hacer ejecutar lo juzgado, que la propia Constitucin les atribuye. Prescripciones que entroncan directamente con el derecho a la tutela judicial efectiva, ya que, como viene sealando la jurisprudencia, ese derecho no se satisface mediante una justicia meramente terica, sino que conlleva el derecho a la ejecucin puntual de lo fallado en sus propios trminos. La negativa, expresa o implcita, a cumplir una resolucin judicial constituye un atentado a la Constitucin frente al que no caben excusas.

La Ley Orgnica del Poder Judicial, que elimin la potestad gubernativa de suspensin e inejecucin de sentencias, abri paso, en cambio, a la expropiacin de los derechos reconocidos por stas frente a la Administracin. Sin embargo, no especific las causas de utilidad pblica e inters social que habran de legitimar el ejercicio de esta potestad expropiatoria. La Ley atiende a esta necesidad, concretando tres supuestos muy determinados, entre los que debe destacarse el de la preservacin del libre ejercicio de los derechos fundamentales y libertades pblicas.

A salvo lo anterior, la Ley regula la forma de ejecutar las sentencias que condenan a la Administracin al pago de cantidad, sin eliminar la prerrogativa de inembargabilidad de los bienes y derechos de la Hacienda Pblica, ya que dicha modificacin no puede abordarse aisladamente en la Ley Jurisdiccional, sino -en su casoa travs de una nueva regulacin, completa y sistemtica, del estatuto jurdico de los bienes pblicos. Pero compensa al interesado econmicamente frente a cualquier retraso injustificado; previene frente a las ejecuciones aparentes, declarando la nulidad de pleno derecho de los actos contrarios a los pronunciamientos y estableciendo una forma rpida para anularlos, y especifica las formas posibles de ejecucin forzosa de las sentencias que condenan a la Administracin a realizar una actividad o dictar un acto y otorga a los rganos judiciales potestades sancionadoras para lograr la efectividad de lo mandado, aparte las consecuencias que se deduzcan en el mbito penal.

Dos novedades importantes completan este captulo de la Ley. La primera se refiere a la posibilidad de extender los efectos de una sentencia firme en materia de personal y en materia tributaria a personas distintas de las partes que se encuentren en situacin idntica. Aun regulada con la necesaria cautela, la apertura puede ahorrar la reiteracin de mltiples procesos innecesarios contra los llamados actos en masa. La segunda consiste en otorgar al acuerdo de conciliacin judicial la misma fuerza que a la sentencia a efectos de ejecucin forzosa, lo que refuerza el inters de la Ley por esta forma de terminacin del procedimiento.

4. De los recursos especiales se ha suprimido el de personal, aunque subsisten algunas especialidades relativas a esta materia a lo largo del articulado. Se trae al texto de la Ley Jurisdiccional la regulacin del proceso especial en materia de derechos fundamentales, con el mismo carcter preferente y urgente que ya tiene y con importantes variaciones sobre la normativa vigente, cuyo carcter restrictivo ha conducido, en la prctica, a un importante deterioro de esta va procesal. La ms relevante novedad es el tratamiento del objeto del recurso -y, por tanto, de lasentencia de acuerdo con el fundamento comn de los procesos contencioso-administrativos, esto es, contemplando la lesin de los derechos susceptibles de amparo desde la perspectiva de la conformidad de la actuacin administrativa con el ordenamiento jurdico. La Ley pretende superar, por tanto, la rgida distincin entre legalidad ordinaria y derechos fundamentales, por entender que la proteccin del derecho fundamental o libertad pblica no ser factible, en muchos casos, si no se tiene en cuenta el desarrollo legal de los mismos.

El procedimiento de la cuestin de ilegalidad, que se inicia de oficio, ana la garanta de defensa de las partes con la celeridad que le es inherente.

Por ltimo, el procedimiento en caso de suspensin administrativa previa de acuerdos se adapta a los supuestos legales de suspensin previstos en la legislacin vigente, al tiempo que establece las reglas que permiten su rpida tramitacin.

5. De las disposiciones comunes sobresale la regulacin de las medidas cautelares. El espectacular desarrollo de estas medidas en la jurisprudencia y la prctica procesal de los ltimos aos ha llegado a desbordar las moderadas previsiones de la legislacin anterior, certificando su antigedad en este punto. La nueva Ley actualiza considerablemente la regulacin de la materia, ampla los tipos de medidas cautelares posibles y determina los criterios que han de servir de gua a su adopcin.

Se parte de la base de que la justicia cautelar forma parte del derecho a la tutela efectiva, tal como tiene declarado la jurisprudencia ms reciente, por lo que la adopcin de medidas provisionales que permitan asegurar el resultado del proceso no debe contemplarse como una excepcin, sino como facultad que el rgano judicial puede ejercitar siempre que resulte necesario.

La Ley aborda esta cuestin mediante una regulacin comn a todas las medidas cautelares, cualquiera que sea su naturaleza. El criterio para su adopcin consiste en que la ejecucin del acto o la aplicacin de la disposicin pueden hacer perder la finalidad del recurso, pero siempre sobre la base de una ponderacin suficientemente motivada de todos los intereses en conflicto.

Adems, teniendo en cuenta la experiencia de los ltimos aos y la mayor amplitud que hoy tiene el objeto del recurso contencioso-administrativo, la suspensin de la disposicin o acto recurrido no puede constituir ya la nica medida cautelar posible. La Ley introduce en consecuencia la posibilidad de adoptar cualquier medida cautelar, incluso las de carcter positivo. No existen para ello especiales restricciones, dado el fundamento comn a todas las medidas cautelares. Corresponder al Juez o Tribunal determinar las que, segn las circunstancias, fuesen necesarias. Se regulan medidas inaudita parte debitoris -con comparecencia posterior sobre el levantamiento, mantenimiento o modificacin de la medida adoptada-, as como medidas previas a la interposicin del recurso en los supuestos de inactividad o va de hecho.

TTULO I
Del orden jurisdiccional contencioso-administrativo
CAPTULO I
mbito
Artculo 1.

1. Los Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo conocern de las pretensiones que se deduzcan en relacin con la actuacin de las Administraciones pblicas sujeta al Derecho Administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a la Ley y con los Decretos legislativos cuando excedan los lmites de la delegacin.

2. Se entender a estos efectos por Administraciones pblicas:

a) La Administracin General del Estado.

b) Las Administraciones de las Comunidades Autnomas.

c) Las Entidades que integran la Administracin local.

d) Las Entidades de Derecho pblico que sean dependientes o estn vinculadas al Estado, las Comunidades Autnomas o las Entidades locales.

3. Conocern tambin de las pretensiones que se deduzcan en relacin con:

a) Los actos y disposiciones en materia de personal, administracin y gestin patrimonial sujetos al derecho pblico adoptados por los rganos competentes del Congreso de los Diputados, del Senado, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo, as como de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autnomas y de las instituciones autonmicas anlogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo.

b) Los actos y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial y la actividad administrativa de los rganos de gobierno de los Juzgados y Tribunales, en los trminos de la Ley Orgnica del Poder Judicial.

c) La actuacin de la Administracin electoral, en los trminos previstos en la Ley Orgnica del Rgimen Electoral General.

Artculo 2.

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo conocer de las cuestiones que se susciten en relacin con:

a) La proteccin jurisdiccional de los derechos fundamentales, los elementos reglados y la determinacin de las indemnizaciones que fueran procedentes, todo ello en relacin con los actos del Gobierno o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autnomas, cualquiera que fuese la naturaleza de dichos actos.

b) Los contratos administrativos y los actos de preparacin y adjudicacin de los dems contratos sujetos a la legislacin de contratacin de las Administraciones pblicas.

c) Los actos y disposiciones de las Corporaciones de Derecho pblico, adoptados en el ejercicio de funciones pblicas.

d) Los actos administrativos de control o fiscalizacin dictados por la Administracin concedente, respecto de los dictados por los concesionarios de los servicios pblicos que impliquen el ejercicio de potestades administrativas conferidas a los mismos, as como los actos de los propios concesionarios cuando puedan ser recurridos directamente ante este orden jurisdiccional de conformidad con la legislacin sectorial correspondiente.

e) La responsabilidad patrimonial de las Administraciones pblicas, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relacin de que derive, no pudiendo ser demandadas aqullas por este motivo ante los rdenes jurisdiccionales civil o social.

f) Las restantes materias que le atribuya expresamente una Ley.

Artculo 3.

No corresponden al orden jurisdiccional contencioso-administrativo:

a) Las cuestiones expresamente atribuidas a los rdenes jurisdiccionales civil, penal y social, aunque estn relacionadas con la actividad de la Administracin pblica.

b) El recurso contencioso-disciplinario militar.

c) Los conflictos de jurisdiccin entre los Juzgados y Tribunales y la Administracin pblica y los conflictos de atribuciones entre rganos de una misma Administracin.

Artculo 4.

1. La competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo se extiende al conocimiento y decisin de las cuestiones prejudiciales e incidentales no pertenecientes al orden administrativo, directamente relacionadas con un recurso contencioso-administrativo, salvo las de carcter constitucional y penal y lo dispuesto en los Tratados internacionales.

2. La decisin que se pronuncie no producir efectos fuera del proceso en que se dicte y no vincular al orden jurisdiccional correspondiente.

Artculo 5.

1. La Jurisdiccin Contencioso-administrativa es improrrogable.

2. Los rganos de este orden jurisdiccional apreciarn de oficio la falta de jurisdiccin y resolvern sobre la misma, previa audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal por plazo comn de diez das.

3. En todo caso, esta declaracin ser fundada y se efectuar indicando siempre el concreto orden jurisdiccional que se estime competente. Si la parte demandante se personare ante el mismo en el plazo de un mes desde la notificacin de la resolucin que declare la falta de jurisdiccin, se entender haberlo efectuado en la fecha en que se inici el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo, si hubiere formulado ste siguiendo las indicaciones de la notificacin del acto o sta fuese defectuosa.

CAPTULO II
rganos y competencias
Artculo 6.

El orden jurisdiccional contencioso-administrativo se halla integrado por los siguientes rganos:

a) Juzgados de lo Contencioso-administrativo.

b) Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo.

c) Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.

d) Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.

e) Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.

Artculo 7.

1. Los rganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo que fueren competentes para conocer de un asunto lo sern tambin para todas sus incidencias y para hacer ejecutar las sentencias que dictaren en los trminos sealados en el artculo 103.1.

2. La competencia de los Juzgados y Salas de lo Contencioso-administrativo no ser prorrogable y deber ser apreciada por los mismos, incluso de oficio, previa audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal por plazo comn de diez das.

3. La declaracin de incompetencia adoptar la forma de auto y deber efectuarse antes de la sentencia, remitindose las actuaciones al rgano de la Jurisdiccin que se estime competente para que ante l siga el curso del proceso. Si la competencia pudiera corresponder a un Tribunal superior en grado, se acompaar una exposicin razonada, estndose a lo que resuelva ste.

Artculo 8.

1. Los Juzgados de lo Contencioso-administrativo conocern, en nica o primera instancia segn lo dispuesto en esta Ley, de los recursos que se deduzcan frente a los actos de las Entidades locales cuando tengan por objeto:

a) Cuestiones de personal, salvo que se refieran al nacimiento o extincin de la relacin de servicio de los funcionarios pblicos de carrera.

b) Gestin, inspeccin y recaudacin de los tributos y dems ingresos de Derecho pblico regulados en la legislacin de Haciendas Locales.

c) Licencias de edificacin y uso del suelo y del subsuelo, siempre que su presupuesto no exceda de 250 millones de pesetas, as como las de apertura.

d) Declaracin de ruina y rdenes de ejecucin de obras de conservacin, reforma y rehabilitacin de inmuebles.

e) Sanciones administrativas, cualquiera que sea su naturaleza, cuanta y materia.

2. Conocern, asimismo, en nica o primera instancia de los recursos que se deduzcan frente a los actos administrativos de la Administracin de las Comunidades Autnomas, salvo que procedan del respectivo Consejo de Gobierno, cuando tengan por objeto:

a) Cuestiones de personal, salvo que se refieran al nacimiento o extincin de la relacin de servicio de funcionarios pblicos de carrera.

b) Las sanciones administrativas que consistan en multas no superiores a 10 millones de pesetas y cese de actividades o privacin de ejercicio de derechos que no excedan de seis meses, en las siguientes materias:

1. Trfico, circulacin y seguridad vial.

2. Caza, pesca fluvial, pesca en aguas interiores, marisqueo y acuicultura.

3. Actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas.

4. Comercio interior y defensa de consumidores y usuarios.

5. Espectculos pblicos y actividades recreativas.

6. Juegos y mquinas recreativas y de azar.

3. Conocern en nica o primera instancia de los recursos que se deduzcan frente a disposiciones y actos de la Administracin perifrica del Estado y de las Comunidades Autnomas, contra los actos de los organismos, entes, entidades o corporaciones de derecho pblico, cuya competencia no se extienda a todo el territorio nacional y contra las resoluciones de los rganos superiores cuando confirmen ntegramente los dictados por aqullos en va de recurso, fiscalizacin o tutela.

Se exceptan los actos de cuanta superior a 10 millones de pesetas dictados por la Administracin perifrica del Estado y los organismos pblicos estatales cuya competencia no se extienda a todo el territorio nacional, o cuando se dicten en ejercicio de sus competencias sobre el dominio pblico, obras pblicas del Estado, expropiacin forzosa y propiedades especiales.

4. Corresponde conocer a los Juzgados de las impugnaciones contra actos de las Juntas Electorales de Zona y de las formuladas en materia de proclamacin de candidaturas y candidatos efectuada por cualquiera de las Juntas Electorales, en los trminos previstos en la legislacin electoral.

5. Conocern tambin los Juzgados de lo Contencioso-administrativo de las autorizaciones para la entrada en domicilios y restantes lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular, siempre que ello proceda para la ejecucin forzosa de actos de la Administracin pblica.

Artculo 9.

Los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo conocern de los recursos que se deduzcan frente a los actos administrativos que tengan por objeto:

a) En primera o nica instancia en las materias de personal cuando se trate de actos dictados por Ministros y Secretarios de Estado, salvo que se refieran al nacimiento o extincin de la relacin de servicio de funcionarios de carrera, o a las materias recogidas en el artculo 11.1.a) sobre personal militar.

b) En nica o primera instancia contra los actos de los rganos centrales de la Administracin General del Estado en los supuestos previstos en el apartado 2.b) del artculo 8.

c) En primera o nica instancia de los recursos contencioso-administrativos que se interpongan contra las disposiciones generales y contra los actos emanados de los organismos pblicos con personalidad jurdica propia y entidades pertenecientes al sector pblico estatal con competencia en todo el territorio nacional, sin perjuicio de lo dispuesto en la letra i) del apartado 1 del artculo 10.

Artculo 10.

1. Las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia conocern en nica instancia de los recursos que se deduzcan en relacin con:

a) Los actos de las Entidades locales y de las Administraciones de las Comunidades Autnomas, cuyo conocimiento no est atribuido a los Juzgados de lo Contencioso-administrativo.

b) Las disposiciones generales emanadas de las Comunidades Autnomas y de las Entidades locales.

c) Los actos y disposiciones de los rganos de gobierno de las asambleas legislativas de las Comunidades Autnomas, y de las instituciones autonmicas anlogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo, en materia de personal, administracin y gestin patrimonial.

d) Los actos y resoluciones dictados por los TribunaleSEConmico-Administrativos Regionales y Locales que pongan fin a la va econmico-administrativa.

e) Las resoluciones dictadas por el Tribunal Econmico-Administrativo Central en materia de tributos cedidos.

f) Los actos y disposiciones de las Juntas Electorales Provinciales y de Comunidades Autnomas, as como los recursos contencioso-electorales contra acuerdos de las Juntas Electorales sobre proclamacin de electos y eleccin y proclamacin de Presidentes de Corporaciones locales, en los trminos de la legislacin electoral.

g) Los convenios entre Administraciones pblicas cuyas competencias se ejerzan en el mbito territorial de la correspondiente Comunidad Autnoma.

h) La prohibicin o la propuesta de modificacin de reuniones previstas en la Ley Orgnica reguladora del Derecho de reunin.

i) Los actos y resoluciones dictados por rganos de la Administracin General del Estado cuya competencia se extienda a todo el territorio nacional y cuyo nivel orgnico sea inferior al de Ministro o Secretario de Estado en materias de personal, propiedades especiales y expropiacin forzosa.

j) Cualesquiera otras actuaciones administrativas no atribuidas expresamente a la competencia de otros rganos de este orden jurisdiccional.

2. Conocern, en segunda instancia, de las apelaciones promovidas contra sentencias y autos dictados por los Juzgados de lo Contencioso-administrativo, y de los correspondientes recursos de queja.

3. Tambin les corresponde, con arreglo a lo establecido en esta Ley, el conocimiento de los recursos de revisin contra las sentencias firmes de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo.

4. Conocern de las cuestiones de competencia entre los Juzgados de lo Contencioso-administrativo con sede en la Comunidad Autnoma.

5. Conocern del recurso de casacin para la unificacin de doctrina previsto en el artculo 99.

6. Conocern del recurso de casacin en inters de la ley previsto en el artculo 101.

Artculo 11.

1. La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional conocer en nica instancia:

a) De los recursos que se deduzcan en relacin con las disposiciones generales y los actos de los Ministros y de los Secretarios de Estado en general y en materia de personal cuando se refieran al nacimiento o extincin de la relacin de servicio de funcionarios de carrera.

Asimismo conocer de los recursos contra los actos de cualesquiera rganos centrales del Ministerio de Defensa referidos a ascensos, orden y antigedad en el escalafonamiento y destinos.

b) De los recursos contra los actos de los Ministros y Secretarios de Estado cuando rectifiquen en va de recurso o en procedimiento de fiscalizacin o de tutela los dictados por rganos o entes distintos con competencia en todo el territorio nacional.

c) De los recursos en relacin con los convenios entre Administraciones pblicas no atribuidos a los Tribunales Superiores de Justicia.

d) De los actos de naturaleza econmico-administrativa dictados por el Ministro de Economa y Hacienda y por el Tribunal Econmico-Administrativo Central, con excepcin de lo dispuesto en el artculo 10.1.e).

2. Conocer, en segunda instancia, de las apelaciones contra autos y sentencias dictados por los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo y de los correspondientes recursos de queja.

3. Conocer de los recursos de revisin contra sentencias firmes dictadas por los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo.

4. Tambin conocer de las cuestiones de competencia que se puedan plantear entre los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo.

Artculo 12.

1. La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo conocer en nica instancia de los recursos que se deduzcan en relacin con:

a) Los actos y disposiciones del Consejo de Ministros y de las Comisiones Delegadas del Gobierno.

b) Los actos y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial.

c) Los actos y disposiciones en materia de personal, administracin y gestin patrimonial adoptados por los rganos competentes del Congreso de los Diputados, del Senado, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo.

2. Conocer tambin de:

a) Los recursos de casacin de cualquier modalidad, en los trminos establecidos por esta Ley, y los correspondientes recursos de queja.

b) Los recursos de casacin y revisin contra las resoluciones dictadas por el Tribunal de Cuentas, con arreglo a lo establecido en su Ley de Funcionamiento.

c) Los recursos de revisin contra sentencias firmes dictadas por las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo, salvo lo dispuesto en el artculo 61.1.1. o de la Ley Orgnica del Poder Judicial.

3. Asimismo conocer de:

a) Los recursos que se deduzcan en relacin con los actos y disposiciones de la Junta Electoral Central, as como los recursos contencioso-electorales que se deduzcan contra los acuerdos sobre proclamacin de electos en los trminos previstos en la legislacin electoral.

b) Los recursos deducidos contra actos de las Juntas Electorales adoptados en el procedimiento para eleccin de miembros de las Salas de Gobierno de los Tribunales, en los trminos de la Ley Orgnica del Poder Judicial.

Artculo 13.

Para aplicar las reglas de distribucin de competencia contenidas en los artculos anteriores, se tendrn en cuenta los siguientes criterios:

a) Las referencias que se hacen a la Administracin del Estado, Comunidades Autnomas y Entidades locales comprenden a las Entidades y Corporaciones dependientes o vinculadas a cada una de ellas.

b) La competencia atribuida a los Juzgados y Tribunales para el conocimiento de recursos contra actos administrativos incluye la relativa a la inactividad y a las actuaciones constitutivas de va de hecho.

c) Salvo disposicin expresa en contrario, la atribucin de competencia por razn de la materia prevalece sobre la efectuada en razn del rgano administrativo autor del acto.

CAPTULO III
Competencia territorial de los Juzgados y Tribunales
Artculo 14.

1. La competencia territorial de los Juzgados y de los Tribunales Superiores de Justicia se determinar conforme a las siguientes reglas:

Primera. Con carcter general, ser competente el rgano jurisdiccional en cuya circunscripcin tenga su sede el rgano que hubiere dictado la disposicin o el acto originario impugnado.

Segunda. Cuando el recurso tenga por objeto actos de las Administraciones pblicas en materia de personal, propiedades especiales y sanciones ser competente, a eleccin del demandante, el Juzgado o el Tribunal en cuya circunscripcin tenga aqul su domicilio o se halle la sede del rgano autor del acto originario impugnado.

Tercera. La competencia corresponder al rgano jurisdiccional en cuya circunscripcin radiquen los inmuebles afectados cuando se impugnen planes de ordenacin urbana y actuaciones urbansticas, expropiatorias y, en general, las que comporten intervencin administrativa en la propiedad privada.

2. Cuando el acto originario impugnado afectase a una pluralidad de destinatarios y fueran diversos los Juzgados o Tribunales competentes segn las reglas anteriores, la competencia vendr atribuida al rgano jurisdiccional en cuya circunscripcin tenga su sede el rgano que hubiere dictado el acto originario impugnado.

CAPTULO IV
Constitucin y actuacin de las Salas de lo Contencioso-administrativo
Artculo 15.

1. La Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo actuar dividida en Secciones, cuyo Presidente ser el que lo fuere de la Sala o el Magistrado ms antiguo de los que integren la Seccin, salvo en el supuesto previsto en el artculo 96.6 en el que la Seccin a que se refiere ser presidida por el Presidente del Tribunal Supremo.

2. Para la vista o deliberacin y fallo ser necesaria la concurrencia del que presida y de los Magistrados siguientes:

a) Todos los que componen la Seccin para decidir los recursos de casacin y revisin.

b) Cuatro en los dems casos.

3. Para el despacho ordinario ser suficiente la concurrencia del que presida y dos Magistrados.

Artculo 16.

1. La Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional se compondr de las Secciones que aconseje el nmero de asuntos, cuyo Presidente ser el que lo fuere de la Sala o el Magistrado ms antiguo de los integrantes de la Seccin.

2. Las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, cuando el nmero de sus miembros exceda de cinco, actuarn divididas en Secciones, cuyo Presidente ser el que lo fuere de la Sala o el Magistrado ms antiguo de los que integren la Seccin.

3. Para la vista o deliberacin y fallo, y despacho ordinario, ser suficiente la concurrencia del que presida y dos Magistrados.

4. La resolucin de los recursos de casacin en inters de la ley, de casacin para la unificacin de doctrina y de revisin se encomendar a una Seccin de la Sala de lo Contencioso-administrativo que tenga su sede en el Tribunal Superior de Justicia compuesta por el Presidente de dicha Sala que la presidir, por el Presidente o Presidentes de las dems Salas de lo Contenciosoadministrativo y, en su caso, de las Secciones de las mismas, en nmero no superior a dos; y por los Magistrados de la referida Sala o Salas que fueran necesarios para completar un total de cinco miembros.

Si la Sala o Salas de lo Contencioso-administrativo tuviesen ms de una Seccin, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia establecer para cada ao judicial el turno con arreglo al cual los Presidentes de Seccin ocuparn los puestos de la regulada en este apartado. Tambin lo establecer entre todos los Magistrados que presten servicio en la Sala o Salas.

CAPTULO V
Distribucin de asuntos
Artculo 17.

1. La distribucin de asuntos entre las diversas Salas de un mismo Tribunal, o entre las diversas Secciones de una misma Sala, ser acordada por la Sala de Gobierno del respectivo Tribunal, teniendo en cuenta la naturaleza y homogeneidad de la materia a que se refieren los recursos.

2. Idntico criterio se tendr en cuenta para la distribucin de asuntos entre los diversos Juzgados de lo Contencioso-administrativo de una misma poblacin. La aprobacin corresponder a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, a propuesta de la Junta de Jueces de este orden jurisdiccional.

3. Los acuerdos sobre distribucin de asuntos se adoptarn cada dos aos y se comunicarn al Consejo General del Poder Judicial al solo efecto de su publicacin, antes de la apertura de Tribunales, en el Boletn Oficial del Estado o en el de la Comunidad Autnoma, segn corresponda.

En caso de resultar alterada la competencia de los distintos Juzgados con sede en un mismo partido judicial, de las diversas Salas de un mismo Tribunal o de las diversas Secciones de una Sala por razn de una nueva distribucin de asuntos, de los procesos en tramitacin continuar conociendo y fallar el rgano jurisdiccional que resultare competente al tiempo de la interposicin del recurso, segn los acuerdos entonces vigentes.

TTULO II
Las partes
CAPTULO I
Capacidad procesal
Artculo 18.

Tienen capacidad procesal ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, adems de las personas que la ostenten con arreglo a la Ley de Enjuiciamiento Civil, los menores de edad para la defensa de aquellos de sus derechos e intereses legtimos cuya actuacin les est permitida por el ordenamiento jurdico sin necesidad de asistencia de la persona que ejerza la patria potestad, tutela o curatela.

Los grupos de afectados, uniones sin personalidad o patrimonios independientes o autnomos, entidades todas ellas aptas para ser titulares de derechos y obligaciones al margen de su integracin en las estructuras formales de las personas jurdicas, tambin tendrn capacidad procesal ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo cuando la Ley as lo declare expresamente.

CAPTULO II
Legitimacin
Artculo 19.

1. Estn legitimados ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo:

a) Las personas fsicas o jurdicas que ostenten un derecho o inters legtimo.

b) Las corporaciones, asociaciones, sindicatos y grupos y entidades a que se refiere el artculo 18 que resulten afectados o estn legalmente habilitados para la defensa de los derechos e intereses legtimos colectivos.

c) La Administracin del Estado, cuando ostente un derecho o inters legtimo, para impugnar los actos y disposiciones de la Administracin de las Comunidades Autnomas y de los Organismos pblicos vinculados a stas, as como los de las Entidades locales, de conformidad con lo dispuesto en la legislacin de rgimen local, y los de cualquier otra entidad pblica no sometida a su fiscalizacin.

d) La Administracin de las Comunidades Autnomas, para impugnar los actos y disposiciones que afecten al mbito de su autonoma, emanados de la Administracin del Estado y de cualquier otra Administracin u Organismo pblico, as como los de las Entidades locales, de conformidad con lo dispuesto en la legislacin de rgimen local.

e) Las Entidades locales territoriales, para impugnar los actos y disposiciones que afecten al mbito de su autonoma, emanados de las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autnomas, as como los de Organismos pblicos con personalidad jurdica propia vinculados a una y otras o los de otras Entidades locales.

f) El Ministerio Fiscal para intervenir en los procesos que determine la Ley.

g) Las Entidades de Derecho pblico con personalidad jurdica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administraciones pblicas para impugnar los actos o disposiciones que afecten al mbito de sus fines.

h) Cualquier ciudadano, en ejercicio de la accin popular, en los casos expresamente previstos por las Leyes.

2. La Administracin autora de un acto est legitimada para impugnarlo ante este orden jurisdiccional, previa su declaracin de lesividad para el inters pblico en los trminos establecidos por la Ley.

3. El ejercicio de acciones por los vecinos en nombre e inters de las Entidades locales se rige por lo dispuesto en la legislacin de rgimen local.

Artculo 20.

No pueden interponer recurso contencioso-administrativo contra la actividad de una Administracin pblica:

a) Los rganos de la misma y los miembros de sus rganos colegiados, salvo que una Ley lo autorice expresamente.

b) Los particulares cuando obren por delegacin o como meros agentes o mandatarios de ella.

c) Las Entidades de Derecho pblico que sean dependientes o estn vinculadas al Estado, las Comunidades Autnomas o las Entidades locales, respecto de la actividad de la Administracin de la que dependan.

Se exceptan aquellos a los que por Ley se haya dotado de un estatuto especfico de autonoma respecto de dicha Administracin.

Artculo 21.

1. Se considera parte demandada:

a) Las Administraciones pblicas o cualesquiera de los rganos mencionados en el artculo 1.3 contra cuya actividad se dirija el recurso.

b) Las personas o entidades cuyos derechos o intereses legtimos pudieran quedar afectados por la estimacin de las pretensiones del demandante.

2. A efectos de lo dispuesto en el prrafo a) del apartado anterior, cuando se trate de Organismos o Corporaciones pblicos sujetos a fiscalizacin de una Administracin territorial, se entiende por Administracin demandada:

a) El Organismo o Corporacin autores del acto o disposicin fiscalizados, si el resultado de la fiscalizacin es aprobatorio.

b) La que ejerza la fiscalizacin, si mediante ella no se aprueba ntegramente el acto o disposicin.

3. Si el demandante fundara sus pretensiones en la ilegalidad de una disposicin general, se considerar tambin parte demandada a la Administracin autora de la misma, aunque no proceda de ella la actuacin recurrida.

Artculo 22.

Si la legitimacin de las partes derivare de alguna relacin jurdica transmisible, el causahabiente podr suceder en cualquier estado del proceso a la persona que inicialmente hubiere actuado como parte.

CAPTULO III
Representacin y defensa de las partes
Artculo 23.

1. En sus actuaciones ante rganos unipersonales, las partes podrn conferir su representacin a un Procurador y sern asistidas, en todo caso, por Abogado.

Cuando las partes confieran su representacin al Abogado, ser a ste a quien se notifiquen las actuaciones.

2. En sus actuaciones ante rganos colegiados, las partes debern conferir su representacin a un Procurador y ser asistidas por Abogado.

3. Podrn, no obstante, comparecer por s mismos los funcionarios pblicos en defensa de sus derechos estatutarios, cuando se refieran a cuestiones de personal que no impliquen separacin de empleados pblicos inamovibles.

Artculo 24.

La representacin y defensa de las Administraciones pblicas y de los rganos constitucionales se rige por lo dispuesto en la Ley Orgnica del Poder Judicial y en la Ley de Asistencia Jurdica al Estado e Instituciones Pblicas, as como en las normas que sobre la materia y en el marco de sus competencias hayan dictado las Comunidades Autnomas.

TTULO III
Objeto del recurso contencioso-administrativo
CAPTULO I
Actividad administrativa impugnable
Artculo 25.

1. El recurso contencioso-administrativo es admisible en relacin con las disposiciones de carcter general y con los actos expresos y presuntos de la Administracin pblica que pongan fin a la va administrativa, ya sean definitivos o de trmite, si estos ltimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensin o perjuicio irreparable a derechos o intereses legtimos.

2. Tambin es admisible el recurso contra la inactividad de la Administracin y contra sus actuaciones materiales que constituyan va de hecho, en los trminos establecidos en esta Ley.

Artculo 26.

1. Adems de la impugnacin directa de las disposiciones de carcter general, tambin es admisible la de los actos que se produzcan en aplicacin de las mismas, fundada en que tales disposiciones no son conformes a Derecho.

2. La falta de impugnacin directa de una disposicin general o la desestimacin del recurso que frente a ella se hubiera interpuesto no impiden la impugnacin de los actos de aplicacin con fundamento en lo dispuesto en el apartado anterior.

Artculo 27.

1. Cuando un Juez o Tribunal de lo Contenciosoadministrativo hubiere dictado sentencia firme estimatoria por considerar ilegal el contenido de la disposicin general aplicada, deber plantear la cuestin de ilegalidad ante el Tribunal competente para conocer del recurso directo contra la disposicin, salvo lo dispuesto en los dos apartados siguientes.

2. Cuando el Juez o Tribunal competente para conocer de un recurso contra un acto fundado en la invalidez de una disposicin general lo fuere tambin para conocer del recurso directo contra sta, la sentencia declarar la validez o nulidad de la disposicin general.

3. Sin necesidad de plantear cuestin de ilegalidad, el Tribunal Supremo anular cualquier disposicin general cuando, en cualquier grado, conozca de un recurso contra un acto fundado en la ilegalidad de aquella norma.

Artculo 28.

No es admisible el recurso contencioso-administrativo respecto de los actos que sean reproduccin de otros anteriores definitivos y firmes y los confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma.

Artculo 29.

1. Cuando la Administracin, en virtud de una disposicin general que no precise de actos de aplicacin o en virtud de un acto, contrato o convenio administrativo, est obligada a realizar una prestacin concreta en favor de una o varias personas determinadas, quienes tuvieran derecho a ella pueden reclamar de la Administracin el cumplimiento de dicha obligacin. Si en el plazo de tres meses desde la fecha de la reclamacin, la Administracin no hubiera dado cumplimiento a lo solicitado o no hubiera llegado a un acuerdo con los interesados, stos pueden deducir recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administracin.

2. Cuando la Administracin no ejecute sus actos firmes podrn los afectados solicitar su ejecucin, y si sta no se produce en el plazo de un mes desde tal peticin, podrn los solicitantes formular recurso contencioso-administrativo, que se tramitar por el procedimiento abreviado regulado en el artculo 78.

Artculo 30.

En caso de va de hecho, el interesado podr formular requerimiento a la Administracin actuante, intimando su cesacin. Si dicha intimacin no hubiere sido formulada o no fuere atendida dentro de los diez das siguientes a la presentacin del requerimiento, podr deducir directamente recurso contencioso-administrativo.

CAPTULO II
Pretensiones de las partes
Artculo 31.

1. El demandante podr pretender la declaracin de no ser conformes a Derecho y, en su caso, la anulacin de los actos y disposiciones susceptibles de impugnacin segn el captulo precedente.

2. Tambin podr pretender el reconocimiento de una situacin jurdica individualizada y la adopcin de las medidas adecuadas para el pleno restablecimiento de la misma, entre ellas la indemnizacin de los daos y perjuicios, cuando proceda.

Artculo 32.

1. Cuando el recurso se dirija contra la inactividad de la Administracin pblica, conforme a lo dispuesto en el artculo 29, el demandante podr pretender del rgano jurisdiccional que condene a la Administracin al cumplimiento de sus obligaciones en los concretos trminos en que estn establecidas.

2. Si el recurso tiene por objeto una actuacin material constitutiva de va de hecho, el demandante podr pretender que se declare contraria a Derecho, que se ordene el cese de dicha actuacin y que se adopten, en su caso, las dems medidas previstas en el artculo 31.2.

Artculo 33.

1. Los rganos del orden jurisdiccional contencioso-administrativo juzgarn dentro del lmite de las pretensiones formuladas por las partes y de los motivos que fundamenten el recurso y la oposicin.

2. Si el Juez o Tribunal, al dictar sentencia, estimare que la cuestin sometida a su conocimiento pudiera no haber sido apreciada debidamente por las partes, por existir en apariencia otros motivos susceptibles de fundar el recurso o la oposicin, lo someter a aqullas mediante providencia en que, advirtiendo que no se prejuzga el fallo definitivo, los expondr y conceder a los interesados un plazo comn de diez das para que formulen las alegaciones que estimen oportunas, con suspensin del plazo para pronunciar el fallo. Contra la expresada providencia no cabr recurso alguno.

3. Esto mismo se observar si, impugnados directamente determinados preceptos de una disposicin general, el Tribunal entendiera necesario extender el enjuiciamiento a otros de la misma disposicin por razones de conexin o consecuencia con los preceptos recurridos.

CAPTULO III
Acumulacin
Artculo 34.

1. Sern acumulables en un proceso las pretensiones que se deduzcan en relacin con un mismo acto, disposicin o actuacin.

2. Lo sern tambin las que se refieran a varios actos, disposiciones o actuaciones cuando unos sean reproduccin, confirmacin o ejecucin de otros o exista entre ellos cualquier otra conexin directa.

Artculo 35.

1. El actor podr acumular en su demanda cuantas pretensiones renan los requisitos sealados en el artculo anterior.

2. Si el rgano jurisdiccional no estimare pertinente la acumulacin, ordenar a la parte que interponga por separado los recursos en el plazo de treinta das y, si no lo efectuare, se tendr por caducado aquel recurso respecto del cual no se hubiere dado cumplimiento a lo ordenado.

Artculo 36.

1. Si antes de la sentencia se dictare o se tuviere conocimiento de la existencia de algn acto, disposicin o actuacin que guarde con el que sea objeto del recurso en tramitacin la relacin prevista en el artculo 34, el demandante podr solicitar, dentro del plazo que seala el artculo 46, la ampliacin del recurso a aquel acto administrativo, disposicin o actuacin.

2. De esta peticin, que producir la suspensin del curso del procedimiento, se dar traslado a las partes para que presenten alegaciones en el plazo comn de cinco das.

3. Si el rgano jurisdiccional accediere a la ampliacin, continuar la suspensin de la tramitacin del proceso en tanto no se alcance respecto de aqulla el mismo estado que tuviere el procedimiento inicial.

4. Ser asimismo aplicable lo dispuesto en el apartado 1 de este artculo cuando en los recursos contencioso-administrativos interpuestos contra actos presuntos la Administracin dictare durante su tramitacin resolucin expresa respecto de la pretensin inicialmente deducida. En tal caso podr el recurrente desistir del recurso interpuesto con fundamento en la aceptacin de la resolucin expresa que se hubiere dictado o solicitar la ampliacin a la resolucin expresa. Una vez producido el desistimiento del recurso inicialmente interpuesto, el plazo para recurrir la resolucin expresa, que ser de dos meses, se contar desde el da siguiente al de la notificacin de la misma.

Artculo 37.

1. Interpuestos varios recursos contencioso-administrativos con ocasin de actos, disposiciones o actuaciones en los que concurra alguna de las circunstancias sealadas en el artculo 34, el rgano jurisdiccional podr en cualquier momento procesal, previa audiencia de las partes por plazo comn de cinco das, acordar la acumulacin de oficio o a instancia de alguna de ellas.

2. Cuando ante un Juez o Tribunal estuviera pendiente una pluralidad de recursos con idntico objeto, el rgano jurisdiccional podr no acumularlos y tramitar uno o varios con carcter preferente, previa audiencia de las partes por plazo comn de cinco das, suspendiendo el curso de los dems hasta que se dicte sentencia en los primeros. La sentencia deber ser notificada a las partes afectadas por la suspensin, quienes podrn optar por solicitar la extensin de sus efectos en los trminos del artculo 111, por la continuacin de su procedimiento o por el desistimiento.

Artculo 38.

1. La Administracin comunicar al Tribunal, al remitirle el expediente administrativo, si tiene conocimiento de la existencia de otros recursos contencioso-administrativos en los que puedan concurrir los supuestos de acumulacin que previene el presente captulo.

2. El Secretario Judicial pondr en conocimiento del Juez los procesos que se tramiten en su Secretara en los que puedan concurrir los supuestos de acumulacin que previene el presente captulo.

Artculo 39.

Contra las resoluciones sobre acumulacin, ampliacin y tramitacin preferente slo se dar recurso de splica.

CAPTULO IV
Cuanta del recurso
Artculo 40.

1. El rgano jurisdiccional fijar la cuanta del recurso contencioso-administrativo una vez formulados los escritos de demanda y contestacin, en los que las partes podrn exponer, por medio de otros, su parecer al respecto.

2. Cuando as no se hiciere el Juzgado o Tribunal requerir al demandante para que fije la cuanta, concedindole al efecto un plazo no superior a diez das, transcurrido el cual sin haberlo realizado se estar a la que fije el rgano jurisdiccional, previa audiencia del demandado.

3. Cuando el demandado no estuviere de acuerdo con la cuanta fijada por el demandante lo expondr por escrito dentro del trmino de diez das, tramitndose el incidente con arreglo a lo dispuesto para estos casos en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

4. Contra el auto de fijacin de cuanta no cabr recurso alguno, pero la parte perjudicada podr fundar el de queja en su indebida determinacin, si no se tuviere por preparado el recurso de casacin o no se admitiera el recurso de casacin para la unificacin de doctrina o el de apelacin.

Artculo 41.

1. La cuanta del recurso contencioso-administrativo vendr determinada por el valor econmico de la pretensin objeto del mismo.

2. Cuando existan varios demandantes, se atender al valor econmico de la pretensin deducida por cada uno de ellos, y no a la suma de todos.

3. En los supuestos de acumulacin o de ampliacin, la cuanta vendr determinada por la suma del valor econmico de las pretensiones objeto de aqullas, pero no comunicar a las de cuanta inferior la posibilidad de casacin o apelacin.

Artculo 42.

1. Para fijar el valor econmico de la pretensin se tendrn en cuenta las normas de la legislacin procesal civil, con las especialidades siguientes:

a) Cuando el demandante solicite solamente la anulacin del acto, se atender al contenido econmico del mismo, para lo cual se tendr en cuenta el dbito principal, pero no los recargos, las costas ni cualquier otra clase de responsabilidad, salvo que cualquiera de stos fuera de importe superior a aqul.

b) Cuando el demandante solicite, adems de la anulacin, el reconocimiento de una situacin jurdica individualizada, o cuando solicite el cumplimiento de una obligacin administrativa, la cuanta vendr determinada:

Primero. Por el valor econmico total del objeto de la reclamacin, si la Administracin pblica hubiere denegado totalmente, en va administrativa, las pretensiones del demandante.

Segundo. Por la diferencia de la cuanta entre el objeto de la reclamacin y el del acto que motiv el recurso, si la Administracin hubiera reconocido parcialmente, en va administrativa, las pretensiones del demandante.

2. Se reputarn de cuanta indeterminada los recursos dirigidos a impugnar directamente las disposiciones generales, incluidos los instrumentos normativos de planeamiento urbanstico, los que se refieran a los funcionarios pblicos cuando no versen sobre derechos o sanciones susceptibles de valoracin econmica, as como aqullos en los que junto a pretensiones evaluableSEConmicamente se acumulen otras no susceptibles de tal valoracin.

TTULO IV
Procedimiento contencioso-administrativo
CAPTULO I
Procedimiento en primera o nica instancia
SECCIN 1 DILIGENCIAS PRELIMINARES
Artculo 43.

Cuando la propia Administracin autora de algn acto pretenda demandar su anulacin ante la Jurisdiccin Contencioso-administrativa deber, previamente, declararlo lesivo para el inters pblico.

Artculo 44.

1. En los litigios entre Administraciones pblicas no cabr interponer recurso en va administrativa. No obstante, cuando una Administracin interponga recurso contencioso-administrativo contra otra, podr requerirla previamente para que derogue la disposicin, anule o revoque el acto, haga cesar o modifique la actuacin material, o inicie la actividad a que est obligada.

2. El requerimiento deber dirigirse al rgano competente mediante escrito razonado que concretar la disposicin, acto, actuacin o inactividad, y deber producirse en el plazo de dos meses contados desde la publicacin de la norma o desde que la Administracin requirente hubiera conocido o podido conocer el acto, actuacin o inactividad.

3. El requerimiento se entender rechazado si, dentro del mes siguiente a su recepcin, el requerido no lo contestara.

4. Queda a salvo lo dispuesto sobre esta materia en la legislacin de rgimen local.

SECCIN 2 INTERPOSICIN DEL RECURSO Y RECLAMACIN DEL EXPEDIENTE
Artculo 45.

1. El recurso contencioso-administrativo se iniciar por un escrito reducido a citar la disposicin, acto, inactividad o actuacin constitutiva de va de hecho que se impugne y a solicitar que se tenga por interpuesto el recurso, salvo cuando esta Ley disponga otra cosa.

2. A este escrito se acompaar:

a) El documento que acredite la representacin del compareciente, salvo si figurase unido a las actuaciones de otro recurso pendiente ante el mismo Juzgado o Tribunal, en cuyo caso podr solicitarse que se expida certificacin para su unin a los autos.

b) El documento o documentos que acrediten la legitimacin del actor cuando la ostente por habrsela transmitido otro por herencia o por cualquier otro ttulo.

c) La copia o traslado de la disposicin o del acto expreso que se recurran, o indicacin del expediente en que haya recado el acto o el peridico oficial en que la disposicin se haya publicado. Si el objeto del recurso fuera la inactividad de la Administracin o una va de hecho, se mencionar el rgano o dependencia al que se atribuya una u otra, en su caso, el expediente en que tuvieran origen, o cualesquiera otros datos que sirvan para identificar suficientemente el objeto del recurso.

d) El documento o documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos para entablar acciones las personas jurdicas con arreglo a las normas o estatutos que les sean de aplicacin, salvo que se hubieran incorporado o insertado en lo pertinente dentro del cuerpo del documento mencionado en la letra a) de este mismo apartado.

3. El Juzgado o Sala examinar de oficio la validez de la comparecencia tan pronto como se haya presentado el escrito de interposicin. Si con ste no se acompaan los documentos expresados en el apartado anterior o los presentados son incompletos y, en general, siempre que el Juzgado o Sala estime que no concurren los requisitos exigidos por esta Ley para la validez de la comparecencia, requerir inmediatamente la subsanacin de los mismos, sealando un plazo de diez das para que el recurrente pueda llevarla a efecto, y si no lo hace, se ordenar el archivo de las actuaciones.

4. El recurso de lesividad se iniciar por demanda formulada con arreglo al artculo 56.1, que fijar con precisin la persona o personas demandadas y su sede o domicilio si constara. A esta demanda se acompaarn en todo caso la declaracin de lesividad, el expediente administrativo y, si procede, los documentos de las letras a) y d) del apartado 2 de este artculo.

5. El recurso dirigido contra una disposicin general, acto, inactividad o va de hecho en que no existan terceros interesados podr iniciarse tambin mediante demanda en que se concretar la disposicin, acto o conducta impugnados y se razonar su disconformidad a Derecho. Con la demanda se acompaarn los documentos que procedan de los previstos en el apartado 2 de este artculo.

Artculo 46.

1. El plazo para interponer el recurso contenciosoadministrativo ser de dos meses contados desde el da siguiente al de la publicacin de la disposicin impugnada o al de la notificacin o publicacin del acto que ponga fin a la va administrativa, si fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo ser de seis meses y se contar, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del da siguiente a aqul en que, de acuerdo con su normativa especifica, se produzca el acto presunto.

2. En los supuestos previstos en el artculo 29, los dos meses se contarn a partir del da siguiente al vencimiento de los plazos sealados en dicho artculo.

3. Si el recurso contencioso-administrativo se dirigiera contra una actuacin en va de hecho, el plazo para interponer el recurso ser de diez das a contar desde el da siguiente a la terminacin del plazo establecido en el artculo 30. Si no hubiere requerimiento, el plazo ser de veinte das desde el da en que se inici la actuacin administrativa en va de hecho.

4. El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo se contar desde el da siguiente a aquel en que se notifique la resolucin expresa del recurso potestativo de reposicin o en que ste deba entenderse presuntamente desestimado.

5. El plazo para interponer recurso de lesividad ser de dos meses a contar desde el da siguiente a la fecha de la declaracin de lesividad.

6. En los litigios entre Administraciones, el plazo para interponer recurso contencioso-administrativo ser de dos meses, salvo que por Ley se establezca otra cosa.

Cuando hubiera precedido el requerimiento regulado en los tres primeros apartados del artculo 44, el plazo se contar desde el da siguiente a aquel en que se reciba la comunicacin del acuerdo expreso o se entienda presuntamente rechazado.

Artculo 47.

1. Una vez cumplido lo dispuesto en el artculo 45.3, el Juzgado o la Sala, en el siguiente da hbil, acordar, si lo solicita el recurrente, que se anuncie la interposicin del recurso y remitir el oficio para su publicacin por el rgano competente, sin perjuicio de que sea costeada por el recurrente, en el peridico oficial que proceda atendiendo al mbito territorial de competencia del rgano autor de la actividad administrativa recurrida. El Juzgado o la Sala podr tambin acordar de oficio la publicacin, si lo estima conveniente.

2. Si se hubiera iniciado el recurso mediante demanda en los supuestos previstos por el artculo 45.5, deber procederse a la publicacin del anuncio de interposicin de aqul, en el que se concedern quince das para la personacin de quienes tengan inters legtimo en sostener la conformidad a Derecho de la disposicin, acto o conducta impugnados. Transcurrido este plazo, se proceder a dar traslado de la demanda y de los documentos que la acompaen para que sea contestada primero por la Administracin y luego por los dems demandados que se hubieran personado.

Artculo 48.

1. El rgano jurisdiccional, al acordar lo previsto en el apartado 1 del artculo anterior, o mediante resolucin si la publicacin no fuere necesaria, requerir a la Administracin que le remita el expediente administrativo, ordenndole que practique los emplazamientos previstos en el artculo 49. El expediente se reclamar al rgano autor de la disposicin o acto impugnado o a aqul al que se impute la inactividad o va de hecho. Se har siempre una copia autentificada de los expedientes tramitados en grados o fases anteriores, antes de devolverlos a su oficina de procedencia.

2. No se reclamar el expediente en el caso del apartado 2 del artculo anterior, sin perjuicio de la facultad otorgada por el apartado 5 de este artculo 48.

3. El expediente deber ser remitido en el plazo improrrogable de veinte das, a contar desde que la comunicacin judicial tenga entrada en el registro general del rgano requerido. La entrada se pondr en conocimiento del rgano jurisdiccional.

4. El expediente, original o copiado, se enviar completo, foliado y, en su caso, autentificado, acompaado de un ndice, asimismo autentificado, de los documentos que contenga. La Administracin conservar siempre el original o una copia autentificada de los expedientes que enve. Si el expediente fuera reclamado por diversos Juzgados o Tribunales, la Administracin enviar copias autentificadas del original o de la copia que conserve.

5. Cuando el recurso contra la disposicin se hubiere iniciado por demanda, el Tribunal podr recabar de oficio o a peticin del actor el expediente de elaboracin.

Recibido el expediente, se pondr de manifiesto a las partes por cinco das para que formulen alegaciones.

6. Se excluirn del expediente, mediante resolucin motivada, los documentos clasificados como secreto oficial, hacindolo constar as en el ndice de documentos y en el lugar del expediente donde se encontraran los documentos excluidos.

7. Transcurrido el plazo de remisin del expediente sin haberse recibido completo, se reiterar la reclamacin, y si no se enviara al trmino de diez das contados como dispone el apartado 3, se impondr una multa coercitiva de 50.000 a 200.000 pesetas a la autoridad o empleado responsable. La multa ser reiterada cada veinte das, hasta el cumplimiento de lo requerido.

De darse la causa de imposibilidad de determinacin individualizada de la autoridad o empleado responsable, la Administracin ser la responsable del pago de la multa sin perjuicio de que se repercuta contra el responsable.

8. Aquel a quien se le hubiere impuesto la multa prevista en el apartado anterior podr ser odo en justicia.

La audiencia en justicia se pedir en el plazo de los tres das siguientes al de la notificacin de la multa, mediante escrito presentado, sin necesidad de Procurador o Abogado, ante el Juez o Tribunal que la haya impuesto. La audiencia ser resuelta mediante auto contra el que no cabr recurso alguno.

9. Si no se hubieran satisfecho voluntariamente, las multas firmes se harn efectivas por va judicial de apremio.

10. Impuestas las tres primeras multas coercitivas sin lograr que se remita el expediente completo, el Juez o Tribunal pondr los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal, sin perjuicio de seguir imponiendo nuevas multas. El requerimiento cuya desatencin pueda dar lugar a la tercera multa coercitiva contendr el oportuno apercibimiento.

SECCIN 3 EMPLAZAMIENTO DE LOS DEMANDADOS Y ADMISIN DEL RECURSO
Artculo 49.

1. La resolucin por la que se acuerde remitir el expediente se notificar en los cinco das siguientes a su adopcin, a cuantos aparezcan como interesados en l, emplazndoles para que puedan personarse como demandados en el plazo de nueve das. La notificacin se practicar con arreglo a lo dispuesto en la Ley que regule el procedimiento administrativo comn.

2. Hechas las notificaciones, se enviar el expediente al Juzgado o Tribunal, incorporando la justificacin del emplazamiento o emplazamientos efectuados, salvo que no hubieran podido practicarse dentro del plazo fijado para la remisin del expediente, en cuyo caso ste se enviar sin demora, y la justificacin de los emplazamientos una vez se ultimen.

3. Recibido el expediente, el Juzgado o Tribunal, a la vista del resultado de las actuaciones administrativas y del contenido del escrito de interposicin y documentos anejos, comprobar que se han efectuado las debidas notificaciones para emplazamiento y, si advirtiere que son incompletas, ordenar a la Administracin que se practiquen las necesarias para asegurar la defensa de los interesados que sean identificables.

4. Cuando no hubiera sido posible emplazar a algn interesado en el domicilio que conste, el Juez o Tribunal mandar insertar el correspondiente edicto en el mismo peridico oficial en que se hubiera publicado el anuncio de la interposicin. Los emplazados por edictos podrn personarse hasta el momento en que hubiere de drseles traslado para contestar a la demanda.

5. En el supuesto previsto en el artculo 47.2 se estar a lo que en l se dispone.

6. El emplazamiento de los demandados en el recurso de lesividad se efectuar personalmente por plazo de nueve das.

Artculo 50.

1. El emplazamiento de la Administracin se entender efectuado por la reclamacin del expediente.

2. Las Administraciones pblicas se entendern personadas por el envo del expediente.

3. Los demandados legalmente emplazados podrn personarse en autos dentro del plazo concedido. Si lo hicieren posteriormente, se les tendr por parte para los trmites no precluidos. Si no se personaren oportunamente continuar el procedimiento por sus trmites, sin que haya lugar a practicarles, en estrados o en cualquier otra forma, notificaciones de clase alguna.

Artculo 51.

1. El Juzgado o Sala, previa reclamacin y examen del expediente administrativo, si lo considera necesario, declarar no haber lugar a la admisin del recurso cuando constare de modo inequvoco y manifiesto:

a) La falta de jurisdiccin o la incompetencia del Juzgado o Tribunal.

b) La falta de legitimacin del recurrente.

c) Haberse interpuesto el recurso contra actividad no susceptible de impugnacin.

d) Haber caducado el plazo de interposicin del recurso.

2. El Juzgado o Sala podr inadmitir el recurso cuando se hubieran desestimado en el fondo otros recursos sustancialmente iguales por sentencia firme, mencionando, en este ltimo caso, la resolucin o resoluciones desestimatorias.

3. Cuando se impugne una actuacin material constitutiva de va de hecho, el Juzgado o Sala podr tambin inadmitir el recurso si fuera evidente que la actuacin administrativa se ha producido dentro de la competencia y en conformidad con las reglas del procedimiento legalmente establecido.

Asimismo, cuando se impugne la no realizacin por la Administracin de las obligaciones a que se refiere el artculo 29, el recurso se inadmitir si fuera evidente la ausencia de obligacin concreta de la Administracin respecto de los recurrentes.

4. El Juzgado o la Sala, antes de pronunciarse sobre la inadmisin del recurso, har saber a las partes el motivo en que pudiera fundarse para que, en el plazo comn de diez das, aleguen lo que estimen procedente y acompaen los documentos a que hubiera lugar.

5. Contra el auto que declare la inadmisin podrn interponerse los recursos previstos en esta Ley. El auto de admisin no ser recurrible pero no impedir oponer cualquier motivo de inadmisibilidad en momento procesal posterior.

6. Declarada la inadmisin al amparo de lo establecido en el prrafo a) del apartado 1 de este artculo, se estar a lo que determinan los artculos 5.3 y 7.3.

SECCIN 4 DEMANDA Y CONTESTACIN
Artculo 52.

1. Recibido el expediente administrativo en el Juzgado o Tribunal y comprobados, y en su caso completados, los emplazamientos, se acordar que se entregue al recurrente para que se deduzca la demanda en el plazo de veinte das. Cuando los recurrentes fuesen varios y aunque no actuasen bajo una misma direccin, la demanda se formular simultneamente por todos ellos. La entrega del expediente se efectuar en original o copia.

2. Si la demanda no se hubiere presentado dentro del plazo, el Juzgado o Sala, de oficio, declarar por auto la caducidad del recurso. No obstante, se admitir el escrito de demanda, y producir sus efectos legales, si se presentare dentro del da en que se notifique el auto.

Artculo 53.

1. Transcurrido el trmino para la remisin del expediente administrativo sin que ste hubiera sido enviado, la parte recurrente podr pedir, por s o a iniciativa del Juez o Tribunal, que se le conceda plazo para formalizar la demanda.

2. Si despus de que la parte demandante hubiera usado del derecho establecido en el apartado anterior se recibiera el expediente, ste se pondr de manifiesto a las partes demandantes y, en su caso, demandadas por plazo comn de diez das para que puedan efectuar las alegaciones complementarias que estimen oportunas.

Artculo 54.

1. Presentada la demanda, se dar traslado de la misma, con entrega del expediente administrativo, a las partes demandadas que hubieran comparecido, para que la contesten en el plazo de veinte das. Si la demanda se hubiere formalizado sin haberse recibido el expediente administrativo, se emplazar a la Administracin demandada para contestar, apercibindola de que no se admitir la contestacin si no va acompaada de dicho expediente.

2. Si el defensor de la Administracin demandada estima que la disposicin o actuacin administrativa recurrida pudiera no ajustarse a Derecho, podr solicitar la suspensin del procedimiento por un plazo de veinte das para comunicar su parecer razonado a aqulla.

3. La contestacin se formular primero por la Administracin demandada. Cuando hubieren de hacerlo, adems de la Administracin, otros demandados, y aunque no actuaren bajo una misma direccin, la contestacin se formular simultneamente por todos ellos. En este caso no habr lugar a la entrega del expediente administrativo, que ser puesto de manifiesto en la Secretara, pero s de la copia del mismo, con los gastos a cargo de estos demandados.

4. Si la Administracin demandada fuere una Entidad local y no se hubiere personado en el proceso pese a haber sido emplazada, se le dar no obstante traslado de la demanda para que, en el plazo de veinte das, pueda designar representante en juicio o comunicar al Juez o Tribunal, por escrito, los fundamentos por los que estimare improcedente la pretensin del actor.

Artculo 55.

1. Si las partes estimasen que el expediente administrativo no est completo, podrn solicitar, dentro del plazo para formular la demanda o la contestacin, que se reclamen los antecedentes para completarlo.

2. La solicitud a que se refiere el apartado anterior suspender el curso del plazo correspondiente.

3. El Juzgado o Sala resolver lo pertinente en el plazo de tres das. La Administracin, al remitir de nuevo el expediente, deber indicar en el ndice a que se refiere el artculo 48.4 los documentos que se han adicionado.

Artculo 56.

1. En los escritos de demanda y de contestacin se consignarn con la debida separacin los hechos, los fundamentos de Derecho y las pretensiones que se deduzcan, en justificacin de las cuales podrn alegarse cuantos motivos procedan, hayan sido o no planteados ante la Administracin.

2. El Juzgado o Tribunal examinar de oficio la demanda y requerir que se subsanen las faltas de que adolezca en plazo no superior a diez das. Si la subsanacin no se efectuara en tiempo, se ordenar el archivo de las actuaciones.

3. Con la demanda y la contestacin las partes acompaarn los documentos en que directamente funden su derecho, y si no obraren en su poder, designarn el archivo, oficina, protocolo o persona en cuyo poder se encuentren.

4. Despus de la demanda y contestacin no se admitirn a las partes ms documentos que los que se hallen en alguno de los casos previstos para el proceso civil. No obstante, el demandante podr aportar, adems, los documentos que tengan por objeto desvirtuar alegaciones contenidas en las contestaciones a la demanda y que pongan de manifiesto disconformidad en los hechos, antes de la citacin de vista o conclusiones.

Artculo 57 .

El actor podr pedir por otros en su demanda que el recurso se falle sin necesidad de recibimiento a prueba ni tampoco de vista o conclusiones. Si la parte demandada no se opone,el pleito ser declarado concluso, sin ms trmites, para sentencia una vez contestada la demanda, salvo que el Juez o Tribunal haga uso de la facultad que le atribuye el artculo 61.

SECCIN 5 ALEGACIONES PREVIAS
Artculo 58.

1. Las partes demandadas podrn alegar, dentro de los primeros cinco das del plazo para contestar la demanda, los motivos que pudieren determinar la incompetencia del rgano jurisdiccional o la inadmisibilidad del recurso con arreglo a lo dispuesto en el artculo 69, sin perjuicio de que tales motivos, salvo la incompetencia del rgano jurisdiccional, puedan ser alegados en la contestacin, incluso si hubiesen sido desestimados como alegacin previa.

2. Para hacer uso de este trmite la Administracin demandada habr de acompaar el expediente administrativo si no lo hubiera remitido antes.

Artculo 59.

1. Del escrito formulando alegaciones previas se dar traslado por cinco das al actor, el cual podr subsanar el defecto, si procediera, en el plazo de diez das.

2. Evacuado el traslado, se seguir la tramitacin prevista para los incidentes.

3. El auto desestimatorio de las alegaciones previas no ser susceptible de recurso y dispondr que se conteste la demanda en el plazo que reste.

4. Una vez firme el auto estimatorio de las alegaciones previas, se declarar la inadmisibilidad del recurso y se ordenar la devolucin del expediente administrativo a la oficina de donde procediere. Si se hubiere declarado la falta de jurisdiccin o de competencia, se estar a lo que determinan los artculos 5.3 y 7.3.

SECCIN 6 PRUEBA
Artculo 60.

1. Solamente se podr pedir el recibimiento del proceso a prueba por medio de otros, en los escritos de demanda y contestacin y en los de alegaciones complementarias. En dichos escritos debern expresarse en forma ordenada los puntos de hecho sobre los que haya de versar la prueba.

2. Si de la contestacin a la demanda resultaran nuevos hechos de trascendencia para la resolucin del pleito, el recurrente podr pedir el recibimiento a prueba dentro de los tres das siguientes a aquel en que se haya dado traslado de la misma, sin perjuicio de que pueda hacer uso de su derecho a aportar documentos conforme a lo dispuesto en el artculo 56.4.

3. Se recibir el proceso a prueba cuando exista disconformidad en los hechos y stos fueran de trascendencia, a juicio del rgano jurisdiccional, para la resolucin del pleito. Si el objeto del recurso fuera una sancin administrativa o disciplinaria, el proceso se recibir siempre a prueba cuando exista disconformidad en los hechos.

4. La prueba se desarrollar con arreglo a las normas generales establecidas para el proceso civil, si bien el plazo ser de quince das para proponer y treinta para practicar. No obstante, se podrn aportar al proceso las pruebas practicadas fuera de este plazo por causas no imputables a la parte que las propuso.

5. Las Salas podrn delegar en uno de sus Magistrados o en un Juzgado de lo Contencioso-administrativo la prctica de todas o algunas de las diligencias probatorias, y el representante en autos de la Administracin podr, a su vez, delegar en un funcionario pblico de la misma la facultad de intervenir en la prctica de pruebas.

6. En el acto de emisin de la prueba pericial el Juez otorgar, a peticin de cualquiera de las partes, un plazo no superior a tres das para que las partes puedan solicitar aclaraciones al dictamen emitido.

Artculo 61.

1. El Juez o Tribunal podr acordar de oficio el recibimiento a prueba y disponer la prctica de cuantas estime pertinentes para la ms acertada decisin del asunto.

2. Finalizado el perodo de prueba, y hasta que el pleito sea declarado concluso para sentencia, el rgano jurisdiccional podr tambin acordar la prctica de cualquier diligencia de prueba que estimare necesaria.

3. Las partes tendrn intervencin en las pruebas que se practiquen al amparo de lo previsto en los dos apartados anteriores.

4. Si el Juez o Tribunal hiciere uso de su facultad de acordar de oficio la prctica de una prueba, y las partes carecieran de oportunidad para alegar sobre ello en la vista o en el escrito de conclusiones, el resultado de la prueba se pondr de manifiesto a las partes, las cuales podrn, en el plazo de tres das, alegar cuanto estimen conveniente acerca de su alcance e importancia.

5. El Juez podr acordar de oficio, previa audiencia a las partes, o bien a instancia de las mismas la extensin de los efectos de las pruebas periciales a los procedimientos conexos los efectos de la aplicacin de las normas sobre costas procesales en relacin al coste de estas pruebas se entender que son partes todos los intervinientes en los procesos sobre los cuales se haya acordado la extensin de sus efectos, prorratendose su coste entre los obligados en dichos procesos al pago de las costas.

SECCIN 7 VISTA Y CONCLUSIONES
Artculo 62.

1. Salvo que en esta Ley se disponga otra cosa, las partes podrn solicitar que se celebre vista, que se presenten conclusiones o que el pleito sea declarado concluso, sin ms trmites, para sentencia.

2. Dicha solicitud habr de formularse por medio de otros en los escritos de demanda o contestacin o por escrito presentado en el plazo de tres das contados desde que se notifique la diligencia de ordenacin declarando concluso el perodo de prueba.

3. El Juzgado o Tribunal proveer segn lo que coincidentemente hayan solicitado las partes. En otro caso, slo acordar la celebracin de vista o la formulacin de conclusiones escritas cuando lo solicite el demandante o cuando, habindose practicado prueba, lo solicite cualquiera de las partes; todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del artculo 61.

4. Si las partes no hubieran formulado solicitud alguna el Juez o Tribunal, excepcionalmente, atendida la ndole del asunto, podr acordar la celebracin de vista o la formulacin de conclusiones escritas.

Artculo 63.

1. Si se acordara la celebracin de vista, la fecha de la audiencia ser sealada por riguroso orden de antigedad de los asuntos, excepto los referentes a materias que por prescripcin de la Ley o por acuerdo motivado del rgano jurisdiccional, fundado en circunstancias excepcionales, deban tener preferencia, los cuales, estando conclusos, podrn ser antepuestos a los dems cuyo sealamiento an no se hubiera hecho.

2. En el acto de la vista, se dar la palabra a las partes por su orden para que de forma sucinta expongan sus alegaciones. El Juez o el Presidente de la Sala, por s o a travs del Magistrado ponente, podr invitar a los defensores de las partes, antes o despus de los informes orales, a que concreten los hechos y puntualicen, aclaren o rectifiquen cuanto sea preciso para delimitar el objeto del debate.

Artculo 64.

1. Cuando se acuerde el trmite de conclusiones, las partes presentarn unas alegaciones sucintas acerca de los hechos, la prueba practicada y los fundamentos jurdicos en que apoyen sus pretensiones.

2. El plazo para formular el escrito ser de diez das sucesivos para los demandantes y demandados, siendo simultneo para cada uno de estos grupos de partes si en alguno de ellos hubiere comparecido ms de una persona y no actuaran unidos bajo una misma representacin.

3. El sealamiento de da para votacin y fallo se ajustar al orden expresado en el apartado 1 del artculo anterior.

4. Celebrada la vista o presentadas las conclusiones, el Juez o Tribunal declarar que el pleito ha quedado concluso para sentencia, salvo que haga uso de la facultad a que se refiere el apartado 2 del artculo 61, en cuyo caso dicha declaracin se har inmediatamente despus de que finalice la prctica de la diligencia o diligencias de prueba acordadas.

Artculo 65.

1. En el acto de la vista o en el escrito de conclusiones no podrn plantearse cuestiones que no hayan sido suscitadas en los escritos de demanda y contestacin.

2. Cuando el Juez o Tribunal juzgue oportuno que en el acto de la vista o en las conclusiones se traten motivos relevantes para el fallo y distintos de los alegados, lo pondr en conocimiento de las partes mediante providencia, dndoles plazo de diez das para ser odas sobre ello. Contra esta providencia no cabr recurso alguno.

3. En el acto de la vista, o en el escrito de conclusiones, el demandante podr solicitar que la sentencia formule pronunciamiento concreto sobre la existencia y cuanta de los daos y perjuicios de cuyo resarcimiento se trate, si constasen ya probados en autos.

Artculo 66.

Los recursos directos contra disposiciones generales gozarn de preferencia y, una vez conclusos, sern antepuestos para su votacin y fallo a cualquier otro recurso contencioso-administrativo, sea cual fuere su instancia o grado, salvo el proceso especial de proteccin de derechos fundamentales.

SECCIN 8 SENTENCIA
Artculo 67.

1. La sentencia se dictar en el plazo de diez das desde que el pleito haya sido declarado concluso y decidir todas las cuestiones controvertidas en el proceso.

2. Cuando el Juez o Tribunal apreciase que la sentencia no podr dictarse dentro del plazo indicado, lo razonar debidamente y sealar una fecha posterior concreta en la que se dictar la misma, notificndolo a las partes.

Artculo 68.

1. La sentencia pronunciar alguno de los fallos siguientes:

a) Inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo.

b) Estimacin o desestimacin del recurso contencioso-administrativo.

2. La sentencia contendr adems el pronunciamiento que corresponda respecto de las costas.

Artculo 69.

La sentencia declarar la inadmisibilidad del recurso o de alguna de las pretensiones en los casos siguientes:

a) Que el Juzgado o Tribunal Contencioso-administrativo carezca de jurisdiccin.

b) Que se hubiera interpuesto por persona incapaz, no debidamente representada o no legitimada.

c) Que tuviera por objeto disposiciones, actos o actuaciones no susceptibles de impugnacin.

d) Que recayera sobre cosa juzgada o existiera litispendencia.

e) Que se hubiera presentado el escrito inicial del recurso fuera del plazo establecido.

Artculo 70.

1. La sentencia desestimar el recurso cuando se ajusten a Derecho la disposicin, acto o actuacin impugnados.

2. La sentencia estimar el recurso contenciosoadministrativo cuando la disposicin, la actuacin o el acto incurrieran en cualquier infraccin del ordenamiento jurdico, incluso la desviacin de poder.

Se entiende por desviacin de poder el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurdico.

Artculo 71.

1. Cuando la sentencia estimase el recurso contencioso-administrativo:

a) Declarar no ser conforme a Derecho y, en su caso, anular total o parcialmente la disposicin o acto recurrido o dispondr que cese o se modifique la actuacin impugnada.

b) Si se hubiese pretendido el reconocimiento y restablecimiento de una situacin jurdica individualizada, reconocer dicha situacin jurdica y adoptar cuantas medidas sean necesarias para el pleno restablecimiento de la misma.

c) Si la medida consistiera en la emisin de un acto o en la prctica de una actuacin jurdicamente obligatoria, la sentencia podr establecer plazo para que se cumpla el fallo.

d) Si fuera estimada una pretensin de resarcir daos y perjuicios, se declarar en todo caso el derecho a la reparacin, sealando asimismo quin viene obligado a indemnizar. La sentencia fijar tambin la cuanta de la indemnizacin cuando lo pida expresamente el demandante y consten probados en autos elementos suficientes para ello. En otro caso, se establecern las bases para la determinacin de la cuanta, cuya definitiva concrecin quedar diferida al perodo de ejecucin de sentencia.

2. Los rganos jurisdiccionales no podrn determinar la forma en que han de quedar redactados los preceptos de una disposicin general en sustitucin de los que anularen ni podrn determinar el contenido discrecional de los actos anulados.

Artculo 72.

1. La sentencia que declare la inadmisibilidad o desestimacin del recurso contencioso-administrativo slo producir efectos entre las partes.

2. La anulacin de una disposicin o acto producir efectos para todas las personas afectadas. Las sentencias firmes que anulen una disposicin general tendrn efectos generales desde el da en que sea publicado su fallo y preceptos anulados en el mismo peridico oficial en que lo hubiera sido la disposicin anulada.

Tambin se publicarn las sentencias firmes que anulen un acto administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas.

3. La estimacin de pretensiones de reconocimiento o restablecimiento de una situacin jurdica individualizada slo producir efectos entre las partes. No obstante, tales efectos podrn extenderse a terceros en los trminos previstos en los artculos 110 y 111.

Artculo 73.

Las sentencias firmes que anulen un precepto de una disposicin general no afectarn por s mismas a la eficacia de las sentencias o actos administrativos firmes que lo hayan aplicado antes de que la anulacin alcanzara efectos generales, salvo en el caso de que la anulacin del precepto supusiera la exclusin o la reduccin de las sanciones an no ejecutadas completamente.

SECCIN 9 OTROS MODOS DE TERMINACIN DEL PROCEDIMIENTO
Artculo 74.

1. El recurrente podr desistir del recurso en cualquier momento anterior a la sentencia.

2. Para que el desistimiento del representante en juicio produzca efectos ser necesario que lo ratifique el recurrente o que est autorizado para ello. Si desistiere la Administracin pblica, habr de presentarse testimonio del acuerdo adoptado por el rgano competente con arreglo a los requisitos exigidos por las leyes o reglamentos respectivos.

3. El Juez o Tribunal oir a las dems partes, y en los supuestos de accin popular al Ministerio Fiscal, por plazo comn de cinco das, y dictar auto en el que declarar terminado el procedimiento, ordenando el archivo de los autos y la devolucin del expediente administrativo a la oficina de procedencia.

4. El Juez o Tribunal no aceptar el desistimiento si se opusiere la Administracin o en su caso el Ministerio Fiscal, y podr rechazarlo razonadamente cuando apreciare dao para el inters pblico.

5. Si fueren varios los recurrentes, el procedimiento continuar respecto de aquellos que no hubieren desistido.

6. El desistimiento no implicar necesariamente la condena en costas.

7. Cuando se hubiera desistido del recurso porque la Administracin demandada hubiera reconocido totalmente en va administrativa las pretensiones del demandante, y despus la Administracin dictase un nuevo acto total o parcialmente revocatorio del reconocimiento, el actor podr pedir que contine el procedimiento en el estado en que se encontrase, extendindose al acto revocatorio. Si el Juez o Tribunal lo estimase conveniente, conceder a las partes un plazo comn de diez das para que formulen por escrito alegaciones complementarias sobre la revocacin.

8. Desistido un recurso de apelacin o de casacin, el Tribunal sin ms trmites dictar auto en el que declarar terminado el procedimiento, ordenando el archivo de los autos y la devolucin de las actuaciones recibidas al rgano jurisdiccional de procedencia.

Artculo 75.

1. Los demandados podrn allanarse cumpliendo los requisitos exigidos en el apartado 2 del artculo anterior.

2. Producido el allanamiento, el Juez o Tribunal, sin ms trmites, dictar sentencia de conformidad con las pretensiones del demandante, salvo si ello supusiere infraccin manifiesta del ordenamiento jurdico, en cuyo caso el rgano jurisdiccional comunicar a las partes los motivos que pudieran oponerse a la estimacin de las pretensiones y las oir por plazo comn de diez das, dictando luego la sentencia que estime ajustada a Derecho.

3. Si fueren varios los demandados, el procedimiento seguir respecto de aquellos que no se hubiesen allanado.

Artculo 76.

1. Si interpuesto recurso contencioso-administrativo la Administracin demandada reconociese totalmente en va administrativa las pretensiones del demandante, cualquiera de las partes podr ponerlo en conocimiento del Juez o Tribunal, cuando la Administracin no lo hiciera.

2. El Juez o Tribunal oir a las partes por plazo comn de cinco das y, previa comprobacin de lo alegado, dictar auto en el que declarar terminado el procedimiento y ordenar el archivo del recurso y la devolucin del expediente administrativo, si el reconocimiento no infringiera manifiestamente el ordenamiento jurdico. En este ltimo caso dictar sentencia ajustada a Derecho.

Artculo 77.

1. En los procedimientos en primera o nica instancia, el Juez o Tribunal, de oficio o a solicitud de parte, una vez formuladas la demanda y la contestacin, podr someter a la consideracin de las partes el reconocimiento de hechos o documentos, as como la posibilidad de alcanzar un acuerdo que ponga fin a la controversia, cuando el juicio se promueva sobre materias susceptibles de transaccin y, en particular, cuando verse sobre estimacin de cantidad.

Los representantes de las Administraciones pblicas demandadas necesitarn la autorizacin oportuna para llevar a efecto la transaccin, con arreglo a las normas que regulan la disposicin de la accin por parte de los mismos.

2. El intento de conciliacin no suspender el curso de las actuaciones salvo que todas las partes personadas lo solicitasen y podr producirse en cualquier momento anterior al da en que el pleito haya sido declarado concluso para sentencia.

3. Si las partes llegaran a un acuerdo que implique la desaparicin de la controversia, el Juez o Tribunal dictar auto declarando terminado el procedimiento, siempre que lo acordado no fuera manifiestamente contrario al ordenamiento jurdico ni lesivo del inters pblico o de terceros.

CAPTULO II
Procedimiento abreviado
Artculo 78.

1. Los recursos que se deduzcan en las materias de que conozcan los Juzgados de lo Contencioso-administrativo, cuando su cuanta no supere las 500.000 pesetas o se trate de cuestiones de personal que no se refieran al nacimiento o extincin de la relacin de servicio de los funcionarios pblicos de carrera, se sustanciarn por el procedimiento abreviado regulado en este artculo.

2. El recurso se iniciar por demanda, a la que se acompaar el documento o documentos en que el actor funde su derecho y aquellos previstos en el artculo 45.2.

3. Presentada la demanda, el Juez, previo examen de su jurisdiccin y de su competencia objetiva, dictar providencia en la que ordenar, en su caso, la admisin de la demanda y su traslado al demandado y citar a las partes para la celebracin de vista, con indicacin de da y hora. En la misma providencia ordenar a la Administracin demandada que remita el expediente administrativo, con al menos quince das de antelacin del trmino sealado para la vista.

4. Recibido el expediente administrativo, el Juez lo remitir al actor y a los interesados que se hubieren personado para que puedan hacer alegaciones en el acto de la vista.

5. Comparecidas las partes, o alguna de ellas, el Juez declarar abierta la vista.

Si las partes no comparecieren, o lo hiciere slo el demandado, se tendr al actor por desistido del recurso, y se le condenar en costas, y, si compareciere slo el actor, se proseguir la vista en ausencia del demandado.

6. La vista comenzar con exposicin por el demandante de los fundamentos de lo que pida o ratificacin de los expuestos en la demanda.

7cto seguido, el demandado podr formular las alegaciones que a su derecho convengan, comenzando, en su caso, por las cuestiones relativas a la jurisdiccin, a la competencia objetiva y territorial y a cualquier otro hecho o circunstancia que pueda obstar a la vlida prosecucin y trmino del proceso mediante sentencia sobre el fondo.

8. Odo el demandante sobre estas cuestiones, el Juez resolver lo que proceda, y si mandase proseguir el juicio, el demandado podr pedir que conste en acta su disconformidad. Lo mismo podr hacer el demandante si el Juez, al resolver sobre alguna de dichas cuestiones, declinara el conocimiento del asunto en favor de otro Juzgado o Tribunal o entendiese que debe declarar la inadmisibilidad del recurso.

9. Si en sus alegaciones el demandado hubiese impugnado la adecuacin del procedimiento por razn de la cuanta, el Juez, antes de practicarse la prueba o, en su caso, las conclusiones, exhortar a las partes a ponerse de acuerdo sobre tal extremo. Si no se alcanzare el acuerdo, decidir el Juez, que dar al proceso el curso procedimental que corresponda segn la cuanta que l determine. Frente a la decisin del Juez no se dar recurso alguno.

10. Si no se suscitasen las cuestiones procesales a que se refieren los apartados anteriores o si, habindose suscitado, se resolviese por el Juez la continuacin del juicio, se dar la palabra a las partes para fijar con claridad los hechos en que fundamenten sus pretensiones. Si no hubiere conformidad sobre ellos, se propondrn las pruebas y, una vez admitidas las que no sean impertinentes o intiles, se practicarn seguidamente.

11. Cuando de las alegaciones de las partes se desprenda la conformidad de todos los demandados con las pretensiones del actor, el carcter meramente jurdico de la controversia, la ausencia de proposicin de la prueba o la inadmisibilidad de toda la prueba propuesta, y las partes no deseasen formular conclusiones, el Juez apreciar tal circunstancia en el acto y, si ninguna parte se opusiere, dictar sentencia sin ms dilacin. .

Formulada oposicin, el Juez resolver estimndola, en cuyo caso proseguir la vista conforme a lo reglado en los apartados siguientes, o desestimndola en la misma sentencia que dicte conforme a lo previsto en el prrafo anterior, antes de resolver sobre el fondo, como especial pronunciamiento.

12. Los medios de prueba se practicarn en los juicios abreviados, en cuanto no sea incompatible con sus trmites, del modo previsto para el juicio ordinario.

13. Las posiciones para la prueba de confesin se propondrn verbalmente, sin admisin de pliegos.

14. No se admitirn escritos de preguntas y repreguntas para la prueba testifical. Cuando el nmero de testigos fuese excesivo y, a criterio del rgano judicial, sus manifestaciones pudieran constituir intil reiteracin del testimonio sobre hechos suficientemente esclarecidos, aqul podr limitarlos discrecionalmente.

15. Los testigos no podrn ser tachados y, nicamente en conclusiones, las partes podrn hacer las observaciones que sean oportunas respecto de sus circunstancias personales y de la veracidad de sus manifestaciones.

16. En la prctica de la prueba pericial no sern de aplicacin las reglas generales sobre insaculacin de peritos.

17. Contra las resoluciones del Juez sobre denegacin de pruebas o sobre admisin de las que se denunciaran como obtenidas con violacin de derechos fundamentales, las partes podrn interponer en el acto recurso de splica, que se sustanciar y resolver seguidamente.

18. Si el Juez estimase que alguna prueba relevante no puede practicarse en la vista, sin mala fe por parte de quien tuviera la carga de aportarla, la suspender, sealando en el acto, y sin necesidad de nueva notificacin, el lugar, da y hora en que deba reanudarse.

19. Tras la prctica de la prueba, si la hubiere, y, en su caso, de las conclusiones, odos los Letrados, las personas que sean parte en los asuntos podrn, con la venia del Juez, exponer de palabra lo que crean oportuno para su defensa a la conclusin de la vista, antes de darla por terminada.

20. El Juez dictar sentencia en el plazo de diez das desde la celebracin de la vista.

21. Durante la celebracin del juicio se ir extendiendo la correspondiente acta, en la que se har constar:

a) Lugar, fecha, Juez que preside el acto, partes comparecientes, representantes, en su caso, y defensores que las asisten.

b) Breve resumen de las alegaciones de las partes, medios de prueba propuestos por ellas, declaracin expresa de su pertinencia o impertinencia, razones de la denegacin y protesta, en su caso.

c) En cuanto a las pruebas admitidas y practicadas:

1. o Resumen suficiente de las de confesin y testifical.

2. o Relacin circunstanciada de los documentos presentados, o datos suficientes que permitan identificarlos, en el caso de que su excesivo nmero haga desaconsejable la citada relacin.

3. o Relacin de las incidencias planteadas en el juicio respecto a la prueba documental.

4. o Resumen suficiente de los informes periciales, as como tambin de la resolucin del Juez en torno a las propuestas de recusacin de los peritos.

5. o Resumen de las declaraciones realizadas en la vista.

d) Conclusiones y peticiones concretas formuladas por las partes; en caso de que fueran de condena a cantidad, sta deber recogerse en el acta.

e) Declaracin hecha por el Juez de conclusin de los autos, mandando traerlos a la vista para sentencia.

22. El Juez resolver, sin ulterior recurso, cualquier observacin que se hiciera sobre el contenido del acta, firmndola seguidamente en unin de las partes o de sus representantes o defensores y de los peritos, haciendo constar si alguno de ellos no firma por no poder, no querer hacerlo o no estar presente, firmndola, por ltimo, el Secretario, que dar fe.

El acta del juicio podr ser extendida tambin a travs de medios mecnicos de reproduccin. En tal caso, se exigirn los mismos requisitos expresados en el apartado anterior.

Del acta del juicio deber entregarse copia a quienes hayan sido partes en el proceso, si lo solicitaren.

23. El procedimiento abreviado, en lo no dispuesto en este captulo, se regir por las normas generales de la presente Ley.

CAPTULO III
Recursos contra providencias, autos y sentencias
SECCIN 1 RECURSOS CONTRA PROVIDENCIAS Y AUTOS
Artculo 79.

1. Contra las providencias y los autos no susceptibles de apelacin o casacin podr interponerse recurso de splica, sin perjuicio del cual se llevar a efecto la resolucin impugnada, salvo que el rgano jurisdiccional, de oficio o a instancia de parte, acuerde lo contrario.

2. No es admisible el recurso de splica contra las resoluciones expresamente exceptuadas del mismo en esta Ley, ni contra los autos que resuelvan los recursos de splica, los de aclaracin y las solicitudes de revisin de diligencias de ordenacin.

3. El recurso de splica se interpondr en el plazo de cinco das a contar desde el siguiente al de la notificacin de la resolucin impugnada.

4. Interpuesto el recurso en tiempo y forma, se dar traslado de las copias del escrito a las dems partes, por trmino comn de tres das, a fin de que puedan impugnarlo si lo estiman conveniente. Transcurrido dicho plazo, el rgano jurisdiccional resolver por auto dentro del tercer da.

5. La revisin de las diligencias de ordenacin podr ser solicitada del Juez o del Magistrado Ponente en el plazo sealado en el apartado 3. Solicitada la revisin, se seguir el trmite previsto en el apartado 4.

Artculo 80.

1. Son apelables en un solo efecto los autos dictados por los Juzgados de lo Contencioso-administrativo y los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo, en procesos de los que conozcan en primera instancia, en los siguientes casos:

a) Los que pongan trmino a la pieza separada de medidas cautelares.

b) Los recados en ejecucin de sentencia.

c) Los que declaren la inadmisin del recurso contencioso-administrativo o hagan imposible su continuacin.

d) Los recados sobre las autorizaciones previstas en el artculo 8.5.

e) Los recados en aplicacin de los artculos 83 y 84.

2. Son apelables en todo caso, en ambos efectos, los autos de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo y los de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo, en los supuestos a los que se refieren los artculos 110 y 111.

3. La tramitacin de los recursos de apelacin interpuestos contra los autos de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo y los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo se ajustar a lo establecido en la seccin 2 de este captulo.

SECCIN 2 RECURSO ORDINARIO DE APELACIN
Artculo 81.

1. Las sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo y de los Juzgados Centrales de lo Contencioso-administrativo sern susceptibles de recurso de apelacin, salvo que se hubieran dictado en los asuntos siguientes:

a) Aquellos cuya cuanta no exceda de tres millones de pesetas.

b) Los relativos a materia electoral comprendidos en el artculo 8.4.

2. Sern siempre susceptibles de apelacin las sentencias siguientes:

a) Las que declaren la inadmisibilidad del recurso en el caso de la letra a) del apartado anterior.

b) Las dictadas en el procedimiento para la proteccin de los derechos fundamentales de la persona.

c) Las que resuelvan litigios entre Administraciones pblicas.

d) Las que resuelvan impugnaciones indirectas de disposiciones generales.

Artculo 82.

El recurso de apelacin podr interponerse por quienes, segn esta Ley, se hallen legitimados como parte demandante o demandada.

Artculo 83.

1. El recurso de apelacin contra las sentencias es admisible en ambos efectos, salvo en los casos en que la presente Ley disponga otra cosa.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, el Juez, en cualquier momento, a instancia de la parte interesada, podr adoptar las medidas cautelares que sean pertinentes para asegurar, en su caso, la ejecucin de la sentencia atendiendo a los criterios establecidos en el captulo II del Ttulo VI.

Artculo 84.

1. La interposicin de un recurso de apelacin no impedir la ejecucin provisional de la sentencia recurrida.

Las partes favorecidas por la sentencia podrn instar su ejecucin provisional. Cuando de sta pudieran derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, podrn acordarse las medidas que sean adecuadas para evitar o paliar dichos perjuicios. Igualmente podr exigirse la prestacin de caucin o garanta para responder de aqullos. En este caso no podr llevarse a cabo la ejecucin provisional hasta que la caucin o la medida acordada est constituida y acreditada en autos.

2. La constitucin de la caucin se ajustar a lo establecido en el artculo 133.2.

3. No se acordar la ejecucin provisional cuando la misma sea susceptible de producir situaciones irreversibles o perjuicios de imposible reparacin.

4. Previa audiencia de las dems partes por plazo comn de tres das, el Juez resolver sobre la ejecucin provisional en el trmino de los cinco das siguientes.

5. Cuando quien inste la ejecucin provisional sea una Administracin pblica, quedar exenta de la prestacin de caucin.

Artculo 85.

1. El recurso de apelacin se interpondr ante el Juzgado que hubiere dictado la sentencia que se apele, dentro de los quince das siguientes al de su notificacin, mediante escrito razonado que deber contener las alegaciones en que se fundamente el recurso. Transcurrido el plazo de quince das sin haberse interpuesto el recurso de apelacin, la sentencia quedar firme.

2. Si el escrito presentado cumple los requisitos previstos en el apartado anterior y se refiere a una sentencia susceptible de apelacin, el Juzgado dictar resolucin admitiendo el recurso, contra la que no cabr recurso alguno, y dar traslado del mismo a las dems partes para que, en el plazo comn de quince das, puedan formalizar su oposicin. En otro caso, denegar la admisin por medio de auto, contra el que podr interponerse recurso de queja, que se sustanciar en la forma establecida en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

3. En los escritos de interposicin del recurso y de oposicin al mismo las partes podrn pedir el recibimiento a prueba para la prctica de las que hubieran sido denegadas o no hubieran sido debidamente practicadas en primera instancia por causas que no les sean imputables. En dichos escritos, los funcionarios pblicos, en los procesos a que se refiere el artculo 23.3, designarn un domicilio para notificaciones en la sede de la Sala de lo Contencioso-administrativo competente.

4. En el escrito de oposicin, la parte apelada, si entendiera admitida indebidamente la apelacin, deber hacerlo constar, en cuyo caso se dar vista a la apelante, por tres das, de esta alegacin. Tambin podr el apelado, en el mismo escrito, adherirse a la apelacin, razonando los puntos en que crea que le es perjudicial la sentencia, en cuyo caso se dar traslado al apelante del escrito de oposicin por plazo de diez das, al solo efecto de que pueda oponerse a la adhesin.

5. Transcurridos los plazos a que se refieren los apartados2y4anteriores, el Juzgado elevar los autos y el expediente administrativo, en unin de los escritos presentados, a la Sala de lo Contencioso-administrativo competente, que resolver, en su caso, lo que proceda sobre la discutida admisin del recurso o sobre el recibimiento a prueba.

6. Cuando la Sala estime procedente la prueba solicitada, su prctica tendr lugar con citacin de las partes.

7. Las partes, en los escritos de interposicin y de oposicin al recurso, podrn solicitar que se celebre vista, que se presenten conclusiones o que el pleito sea declarado concluso, sin ms trmites, para sentencia.

8. La Sala acordar la celebracin de vista o la presentacin de conclusiones si lo hubieren solicitado todas las partes o si se hubiere practicado prueba, as como cuando lo estimare necesario, atendida la ndole del asunto. Ser de aplicacin a estos trmites lo dispuesto en los artculos 63 a 65.

Celebrada la vista o presentadas las conclusiones, la Sala declarar que el pleito ha quedado concluso para sentencia.

9. La Sala dictar sentencia en el plazo de diez das desde la declaracin de que el pleito est concluso para sentencia.

10. Cuando la Sala revoque en apelacin la sentencia impugnada que hubiere declarado la inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo, resolver al mismo tiempo sobre el fondo del asunto.

SECCIN 3 RECURSO DE CASACIN
Artculo 86.

1. Las sentencias dictadas en nica instancia por la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional y por las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia sern susceptibles de recurso de casacin ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo.

2. Se exceptan de lo establecido en el apartado anterior:

a) Las sentencias que se refieran a cuestiones de personal al servicio de las Administraciones pblicas, salvo que afecten al nacimiento o a la extincin de la relacin de servicio de funcionarios de carrera.

b) Las recadas, cualquiera que fuere la materia, en asuntos cuya cuanta no exceda de 25 millones de pesetas, excepto cuando se trate del procedimiento especial para la defensa de los derechos fundamentales, en cuyo caso proceder el recurso cualquiera que sea la cuanta del asunto litigioso.

c) Las dictadas en el procedimiento para la proteccin del derecho fundamental de reunin a que se refiere el artculo 122.

d) Las dictadas en materia electoral.

3. Cabr en todo caso recurso de casacin contra las sentencias de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia que declaren nula o conforme a Derecho una disposicin de carcter general.

4. Las sentencias que, siendo susceptibles de casacin por aplicacin de los apartados precedentes, hayan sido dictadas por las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia slo sern recurribles en casacin si el recurso pretende fundarse en infraccin de normas de Derecho estatal o comunitario europeo que sea relevante y determinante del fallo recurrido, siempre que hubieran sido invocadas oportunamente en el proceso o consideradas por la Sala sentenciadora.

5. Las resoluciones del Tribunal de Cuentas en materia de responsabilidad contable sern susceptibles de recurso de casacin en los casos establecidos en su Ley de Funcionamiento.

Artculo 87.

1. Tambin son susceptibles de recurso de casacin, en los mismos supuestos previstos en el artculo anterior, los autos siguientes:

a) Los que declaren la inadmisin del recurso contencioso-administrativo o hagan imposible su continuacin.

b) Los que pongan trmino a la pieza separada de suspensin o de otras medidas cautelares.

c) Los recados en ejecucin de sentencia, siempre que resuelvan cuestiones no decididas, directa o indirectamente, en aqulla o que contradigan los trminos del fallo que se ejecuta.

d) Los dictados en el caso previsto en el artculo 91.

2. Sern susceptibles de recurso de casacin, en todo caso, los autos dictados en aplicacin de los artculos 110 y 111.

3. Para que pueda prepararse el recurso de casacin en los casos previstos en el apartado anterior es requisito necesario interponer previamente el recurso de splica.

Artculo 88.

1. El recurso de casacin habr de fundarse en alguno o algunos de los siguientes motivos:

a) Abuso, exceso o defecto en el ejercicio de la jurisdiccin.

b) Incompetencia o inadecuacin del procedimiento.

c) Quebrantamiento de las formas esenciales del juicio por infraccin de las normas reguladoras de la sentencia o de las que rigen los actos y garantas procesales, siempre que, en este ltimo caso, se haya producido indefensin para la parte.

d) Infraccin de las normas del ordenamiento jurdico o de la jurisprudencia que fueran aplicables para resolver las cuestiones objeto de debate.

2. La infraccin de las normas relativas a los actos y garantas procesales que produzca indefensin slo podr alegarse cuando se haya pedido la subsanacin de la falta o transgresin en la instancia, de existir momento procesal oportuno para ello.

3. Cuando el recurso se funde en el motivo previsto en la letra d) del apartado 1 de este artculo, el Tribunal Supremo podr integrar en los hechos admitidos como probados por el Tribunal de instancia aquellos que, habiendo sido omitidos por ste, estn suficientemente justificados segn las actuaciones y cuya toma en consideracin resulte necesaria para apreciar la infraccin alegada de las normas del ordenamiento jurdico o de la jurisprudencia, incluso la desviacin de poder.

Artculo 89.

1. El recurso de casacin se preparar ante la Sala que hubiere dictado la resolucin recurrida en el plazo de diez das, contados desde el siguiente al de la notificacin de aqulla, mediante escrito en el que deber manifestarse la intencin de interponer el recurso, con sucinta exposicin de la concurrencia de los requisitos de forma exigidos.

2. En el supuesto previsto en el artculo 86.4, habr de justificarse que la infraccin de una norma estatal o comunitaria europea ha sido relevante y determinante del fallo de la sentencia.

3. El recurso de casacin podr interponerse por quienes hayan sido parte en el procedimiento a que se contraiga la sentencia o resolucin recurrida.

4. Transcurrido el plazo de diez das sin haberse preparado el recurso de casacin, la sentencia o resolucin quedar firme.

Artculo 90.

1. Si el escrito de preparacin cumple los requisitos previstos en el artculo anterior, y se refiere a una resolucin susceptible de casacin, se tendr por preparado el recurso ordenndose el emplazamiento de las partes para su comparecencia e interposicin del recurso dentro del plazo de treinta das ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo. Practicados los emplazamientos, se remitirn los autos originales y el expediente administrativo dentro de los cinco das siguientes.

2. En otro caso, se dictar auto motivado denegando el emplazamiento de las partes y la remisin de las actuaciones al Tribunal Supremo. Contra este auto nicamente podr interponerse recurso de queja, que se sustanciar en la forma establecida por la Ley de Enjuiciamiento Civil.

3. Contra la providencia en la que se tenga por preparado el recurso de casacin, la parte recurrida no podr interponer recurso alguno, pero podr oponerse a su admisin al tiempo de comparecer ante el Tribunal Supremo, si lo hace dentro del trmino del emplazamiento.

Artculo 91.

1. La preparacin del recurso de casacin no impedir la ejecucin provisional de la sentencia recurrida.

Las partes favorecidas por la sentencia podrn instar su ejecucin provisional. Cuando de sta pudieran derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, podrn acordarse las medidas que sean adecuadas para evitar o paliar dichos perjuicios. Igualmente podr exigirse la presentacin de caucin o garanta para responder de aqullos. No podr llevarse a efecto la ejecucin provisional hasta que la caucin o la medida acordada est constituida y acreditada en autos.

2. La constitucin de la caucin se ajustar a lo establecido en el artculo 133.2.

3. La ejecucin provisional se denegar cuando pueda crear situaciones irreversibles o causar perjuicios de difcil reparacin.

4. La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional o del Tribunal Superior de Justicia, cuando tenga por preparado un recurso de casacin, dejar testimonio bastante de los autos y de la resolucin recurrida a los efectos previstos en este artculo.

Artculo 92.

1. Dentro del trmino del emplazamiento, el recurrente habr de personarse y formular ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo el escrito de interposicin del recurso, en el que se expresar razonadamente el motivo o motivos en que se ampare, citando las normas o la jurisprudencia que considere infringidas.

2. Transcurrido dicho plazo sin presentar el escrito de interposicin, el recurso se declarar desierto, ordenndose la devolucin de las actuaciones recibidas a la Sala de que procedieren.

3. Si el recurrente fuere el defensor de la Administracin o el Ministerio Fiscal, en cuanto se reciban los autos se dictar diligencia de ordenacin dndoles traslado de los mismos por plazo de treinta das para que manifiesten si sostienen o no el recurso y, en caso afirmativo, formulen el escrito de interposicin ajustado a lo que previene el apartado 1 de este artculo.

4. Si el recurso no se sostuviera o no se formulara el escrito de interposicin en el plazo antes sealado, se declarar desierto.

Artculo 93.

1. Interpuesto el recurso de casacin, se pasarn las actuaciones al Magistrado ponente para que se instruya y someta a la deliberacin de la Sala lo que haya de resolverse sobre la admisin o inadmisin del recurso interpuesto.

2. La Sala dictar auto de inadmisin en los siguientes casos:

a) Si, no obstante haberse tenido por preparado el recurso, se apreciare en este trmite que no se han observado los requisitos exigidos o que la resolucin impugnada no es susceptible de recurso de casacin estos efectos, la Sala podr rectificar fundadamente la cuanta inicialmente fijada, de oficio o a instancia de la parte recurrida, si sta lo solicita dentro del trmino del emplazamiento.

b) Si el motivo o motivos invocados en el escrito de interposicin del recurso no se encuentran comprendidos entre los que se relacionan en el artculo 88; si no se citan las normas o la jurisprudencia que se reputan infringidas; si las citas hechas no guardan relacin alguna con las cuestiones debatidas; o si, siendo necesario haber pedido la subsanacin de la falta, no hay constancia de que se haya hecho.

c) Si se hubieren desestimado en el fondo otros recursos sustancialmente iguales.

d) Si el recurso carece manifiestamente de fundamento.

e) En los asuntos de cuanta indeterminada que no se refieran a la impugnacin directa o indirecta de una disposicin general, si el recurso estuviese fundado en el motivo del artculo 88.1. d) y se apreciase que el asunto carece de inters casacional por no afectar a un gran nmero de situaciones o no poseer el suficiente contenido de generalidad.

3. La Sala, antes de resolver, pondr de manifiesto sucintamente la posible causa de inadmisin del recurso a las partes personadas por plazo de diez das para que formulen las alegaciones que estimen procedentes.

4. Si la Sala considera que concurre alguna de las causas de inadmisin, dictar auto motivado declarando la inadmisin del recurso y la firmeza de la resolucin recurrida. Si la inadmisin no fuera de todos los motivos aducidos, dictar tambin auto motivado, continuando la tramitacin del recurso respecto de los motivos no afectados por el auto de inadmisin parcial. Para declarar la inadmisin del recurso por cualquiera de las causas previstas en las letras c), d) y e) del apartado 2, ser necesario que el auto se dicte por unanimidad.

5. La inadmisin del recurso, cuando sea total, comportar la imposicin de las costas al recurrente, salvo si lo es exclusivamente por la causa prevista en la letra e) del apartado 2.

6. Contra los autos a que se refiere este artculo no se dar recurso alguno.

Artculo 94.

1. De admitirse el recurso por todos o alguno de sus motivos, se entregar copia del mismo a la parte o partes recurridas y personadas para que formalicen por escrito su oposicin en el plazo comn de treinta das. Durante dicho plazo estarn de manifiesto las actuaciones en la Secretara.

En el escrito de oposicin se podrn alegar causas de inadmisibilidad del recurso, siempre que no hayan sido rechazadas por el Tribunal en el trmite establecido en el artculo 93.

2. Transcurrido el plazo, hyanse o no presentado escritos de oposicin, la Sala sealar da y hora para celebracin de la vista o declarar que el pleito est concluso para sentencia.

3. Habr lugar a la celebracin de vista cuando lo pidan todas las partes o la Sala lo estime necesario, atendida la ndole del asunto. La solicitud de vista se formular por otros en los escritos de interposicin del recurso y de oposicin a ste.

4. La Sala dictar sentencia en el plazo de diez das desde la celebracin de la vista o la declaracin de que el pleito est concluso para sentencia.

Artculo 95.

1. La sentencia que resuelva el recurso de casacin podr declarar su inadmisibilidad si concurre alguno de los motivos previstos en el artculo 93.2.

2. Si se estimare el recurso por todos o alguno de los motivos aducidos, la Sala, en una sola sentencia, casando la recurrida, resolver conforme a Derecho, teniendo en cuenta lo siguiente:

a) De estimarse por el motivo del artculo 88.1.a), se anular la sentencia o resolucin recurrida, indicndose el concreto orden jurisdiccional que se estima competente o se resolver el asunto, segn corresponda.

En el primer caso, ser aplicable lo dispuesto en el artculo 5.3.

b) De estimarse por el motivo del artculo 88.1.b), se remitirn las actuaciones al rgano jurisdiccional competente para que resuelva, o se repondrn al estado y momento exigidos por el procedimiento adecuado para la sustanciacin de las mismas, salvo que, por la aplicacin de sus normas especficas, dicho procedimiento adecuado no pueda seguirse.

c) De estimarse la existencia de las infracciones procesales mencionadas en el motivo del artculo 88.1.c), se mandarn reponer las actuaciones al estado y momento en que se hubiera incurrido en la falta, salvo si la infraccin consistiera en vulneracin de las normas reguladoras de la sentencia, en cuyo caso se estar a lo dispuesto en la siguiente letra d).

d) En los dems casos, la Sala resolver lo que corresponda dentro de los trminos en que apareciera planteado el debate.

3. En la sentencia que declare haber lugar al recurso, la Sala resolver en cuanto a las costas de la instancia conforme a lo establecido en el artculo 139.

SECCIN 4 RECURSOS DE CASACIN PARA LA UNIFICACIN DE DOCTRINA
Artculo 96.

1. Podr interponerse recurso de casacin para la unificacin de doctrina contra las sentencias dictadas en nica instancia por las Salas de lo Contenciosoadministrativo del Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y Tribunales Superiores de Justicia cuando, respecto a los mismos litigantes u otros diferentes en idntica situacin y, en mrito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, se hubiere llegado a pronunciamientos distintos.

2. Tambin son recurribles por este mismo concepto las sentencias de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia dictadas en nica instancia cuando la contradiccin se produzca con sentencias del Tribunal Supremo en las mismas circunstancias sealadas en el apartado anterior.

3. Slo sern susceptibles de recurso de casacin para la unificacin de doctrina aquellas sentencias que no sean recurribles en casacin con arreglo a lo establecido en la letra b) del artculo 86.2, siempre que la cuanta litigiosa sea superior a tres millones de pesetas.

4. En ningn caso sern recurribles las sentencias a que se refiere el artculo 86.2.a), c) y d), ni las que quedan excluidas del recurso de casacin en el artculo 86.4.

5. Del recurso de casacin para la unificacin de doctrina previsto en este artculo conocer, dentro de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, la Seccin que corresponda de acuerdo con las reglas generales de organizacin de la misma Sala.

6. Ello no obstante, cuando se trate de sentencias dictadas en nica instancia por el Tribunal Supremo, del recurso conocer una Seccin compuesta por el Presidente del Tribunal Supremo, el de la Sala de lo Contencioso-administrativo y cinco Magistrados de esta misma Sala, que sern los dos ms antiguos y los tres ms modernos.

7. De este recurso conocer la Seccin a que se refiere el apartado anterior cuando la sentencia del Tribunal Supremo que se cite como infringida provenga, y se haga constar as por el recurrente en el escrito de preparacin, de una Seccin distinta de aqulla a la que corresponda conocer de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 5 de este artculo.

Artculo 97.

1. El recurso de casacin para la unificacin de doctrina se interpondr directamente ante la Sala sentenciadora en el plazo de treinta das, contados desde el siguiente a la notificacin de la sentencia, mediante escrito razonado que deber contener relacin precisa y circunstanciada de las identidades determinantes de la contradiccin alegada y la infraccin legal que se imputa a la sentencia recurrida.

2 este escrito se acompaar certificacin de la sentencia o sentencias alegadas con mencin de su firmeza o, en su defecto, copia simple de su texto y justificacin documental de haberse solicitado aqulla, en cuyo caso la Sala la reclamar de oficio. Si la sentencia ha sido publicada conforme a lo dispuesto en el artculo 72.2, bastar con indicar el peridico oficial en el que aparezca publicada.

3. Si el escrito de interposicin cumple los requisitos previstos en los apartados anteriores y se refiere a una sentencia susceptible de casacin para la unificacin de doctrina, la Sala sentenciadora admitir el recurso y en la misma diligencia de ordenacin dar traslado del mismo, con entrega de copia, a la parte o partes recurridas para que formalicen por escrito su oposicin en el plazo de treinta das, quedando entretanto de manifiesto las actuaciones en Secretara. El traslado del recurso a la parte o partes recurridas exigir, en su caso, que previamente se haya trado a los autos la certificacin reclamada.

4. En otro caso, dictar auto motivado declarando la inadmisin del recurso, pero antes de resolver pondr de manifiesto sucintamente la posible causa de inadmisin a las partes, en el plazo comn de cinco das, para que formulen las alegaciones que estimen procedentes. Contra el auto de inadmisin podr interponerse recurso de queja, que se sustanciar con arreglo a lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

5. En los escritos de interposicin del recurso y de oposicin al mismo podrn las partes pedir la celebracin de vista.

6. Presentado el escrito o escritos de oposicin al recurso, o transcurrido el plazo para ello, la Sala sentenciadora elevar los autos y el expediente administrativo a la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, ponindolo en conocimiento de las partes.

7. La sustanciacin y resolucin del recurso de casacin para la unificacin de doctrina, en todo lo no previsto en los artculos anteriores, se acomodar a lo establecido en la Seccin anterior en cuanto resulte aplicable.

Artculo 98.

1. Los pronunciamientos del Tribunal Supremo al resolver los recursos de casacin para la unificacin de doctrina en ningn caso afectarn a las situaciones jurdicas creadas por las sentencias precedentes a la impugnada.

2. Si la sentencia declara que ha lugar al recurso, casar la impugnada y resolver el debate planteado con pronunciamientos ajustados a Derecho, modificando las declaraciones efectuadas y las situaciones creadas por la sentencia recurrida.

Artculo 99.

1. Son susceptibles de recurso de casacin para la unificacin de doctrina las sentencias de las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, si existen varias de estas Salas o la Sala o Salas tienen varias Secciones, cuando, respecto de los mismos litigantes u otros diferentes en idntica situacin y, en mrito a hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, se hubiere llegado a pronunciamientos distintos. Este recurso slo podr fundarse en infraccin de normas emanadas de la Comunidad Autnoma.

2. Este recurso nicamente proceder contra sentencias que no sean susceptibles de recurso de casacin o de recurso de casacin para la unificacin de doctrina por aplicacin exclusiva de lo previsto en el artculo 86.4 y cuando la cuanta litigiosa supere los tres millones de pesetas.

3. Del recurso de casacin para la unificacin de doctrina conocer una Seccin de la Sala de lo Contencioso-administrativo que tenga su sede en el Tribunal Superior de Justicia compuesta por el Presidente de dicha Sala, que la presidir, por el Presidente o Presidentes de las dems Salas de lo Contencioso-administrativo y, en su caso, de las Secciones de las mismas, en nmero no superior a dos, y por los Magistrados de la referida Sala o Salas que fueran necesarios para completar un total de cinco miembros.

Si la Sala o Salas de lo Contencioso-administrativo tuviesen ms de una Seccin, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia establecer para cada ao judicial el turno con arreglo al cual los Presidentes de Seccin ocuparn los puestos de la regulada en este apartado. Tambin lo establecer entre todos los Magistrados que presten servicio en la Sala o Salas.

4. En lo referente a plazos, procedimiento para la sustanciacin de este recurso y efectos de la sentencia regir lo establecido en los artculos 97 y 98 con las adaptaciones necesarias.

SECCIN 5 RECURSOS DE CASACIN EN INTERS DE LA LEY
Artculo 100.

1. Las sentencias dictadas en nica instancia por los Jueces de lo Contencioso-administrativo y las pronunciadas por las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional, que no sean susceptibles de los recursos de casacin a que se refieren las dos Secciones anteriores, podrn ser impugnadas por la Administracin pblica territorial que tenga inters legtimo en el asunto y por las Entidades o Corporaciones que ostenten la representacin y defensa de intereses de carcter general o corporativo y tuviesen inters legtimo en el asunto, por el Ministerio Fiscal y por la Administracin General del Estado, en inters de la Ley, mediante un recurso de casacin, cuando estimen gravemente daosa para el inters general y errnea la resolucin dictada.

2. nicamente podr enjuiciarse a travs de este recurso la correcta interpretacin y aplicacin de normas emanadas del Estado que hayan sido determinantes del fallo recurrido.

3. El recurso se interpondr en el plazo de tres meses, directamente ante la Sala de lo Contenciosoadministrativo del Tribunal Supremo, mediante escrito razonado en el que se fijar la doctrina legal que se postule, acompaando copia certificada de la sentencia impugnada en la que deber constar la fecha de su notificacin. Si no se cumplen estos requisitos o el recurso fuera extemporneo, se ordenar de plano su archivo.

4. Interpuesto el recurso en tiempo y forma, el Tribunal Supremo reclamar los autos originales al rgano jurisdiccional sentenciador y mandar emplazar a cuantos hubiesen sido parte en los mismos, para que en el plazo de quince das comparezcan en el recurso.

5. Del escrito de interposicin del recurso se dar traslado, con entrega de copia, a las partes personadas para que en el plazo de treinta das formulen las alegaciones que estimen procedentes, ponindoles entretanto de manifiesto las actuaciones en Secretara. Este traslado se entender siempre con el defensor de la Administracin cuando no fuere recurrente.

6. Transcurrido el plazo de alegaciones, hyanse o no presentado escritos, y previa audiencia del Ministerio Fiscal por plazo de diez das, el Tribunal Supremo dictar sentencia la tramitacin y resolucin de estos recursos se dar carcter preferente.

7. La sentencia que se dicte respetar, en todo caso, la situacin jurdica particular derivada de la sentencia recurrida y, cuando fuere estimatoria, fijar en el fallo la doctrina legal. En este caso, se publicar en el Boletn Oficial del Estado, y a partir de su insercin en l vincular a todos los Jueces y Tribunales inferiores en grado de este orden jurisdiccional.

Artculo 101.

1. Las sentencias dictadas en nica instancia por los Jueces de lo Contencioso-administrativo contra las que no se puede interponer el recurso previsto en el artculo anterior podrn ser impugnadas por la Administracin pblica territorial que tenga inters legtimo en el asunto y por las Entidades o Corporaciones que ostenten la representacin y defensa de intereses de carcter general o corporativo y tuviesen inters legtimo en el asunto, por el Ministerio Fiscal y por la Administracin de la Comunidad Autnoma, en inters de la Ley, mediante un recurso de casacin, cuando estimen gravemente daosa para el inters general y errnea la resolucin dictada.

2. nicamente podr enjuiciarse a travs de este recurso la correcta interpretacin y aplicacin de normas emanadas de la Comunidad Autnoma que hayan sido determinantes del fallo recurrido.

3. De este recurso de casacin en inters de la Ley conocer la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia y, cuando cuente con ms de una, la Seccin de la Sala que tenga su sede en dicho Tribunal a que se refiere el artculo 99.3.

4. En lo referente a plazos, procedimiento para la sustanciacin de este recurso y efectos de la sentencia regir lo establecido en el artculo anterior con las adaptaciones necesarias. La publicacin de la sentencia, en su caso, tendr lugar en el Boletn Oficial de la Comunidad Autnoma y a partir de su insercin en l vincular a todos los Jueces de lo Contencioso-administrativo con sede en el territorio a que extiende su jurisdiccin el Tribunal Superior de Justicia.

SECCIN 6 RECURSO DE REVISIN
Artculo 102.

1. Habr lugar a la revisin de una sentencia firme:

a) Si despus de pronunciada se recobraren documentos decisivos, no aportados por causa de fuerza mayor o por obra de la parte en cuyo favor se hubiere dictado.

b) Si hubiere recado en virtud de documentos que, al tiempo de dictarse aqulla, ignoraba una de las partes haber sido reconocidos y declarados falsos o cuya falsedad se reconociese o declarase despus.

c) Si habindose dictado en virtud de prueba testifical, los testigos hubieren sido condenados por falso testimonio dado en las declaraciones que sirvieron de fundamento a la sentencia.

d) Si se hubiere dictado sentencia en virtud de cohecho, prevaricacin, violencia u otra maquinacin fraudulenta.

2. En lo referente a plazos, procedimiento y efectos de las sentencias dictadas en este recurso, regirn las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil. No obstante, slo habr lugar a la celebracin de vista cuando lo pidan todas las partes o la Sala lo estime necesario.

3. El recurso de revisin en materia de responsabilidad contable proceder en los casos establecidos en la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas.

CAPTULO IV
Ejecucin de sentencias
Artculo 103.

1. La potestad de hacer ejecutar las sentencias y dems resoluciones judiciales corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales de este orden jurisdiccional, y su ejercicio compete al que haya conocido del asunto en primera o nica instancia.

2. Las partes estn obligadas a cumplir las sentencias en la forma y trminos que en stas se consignen.

3. Todas las personas y entidades pblicas y privadas estn obligadas a prestar la colaboracin requerida por los Jueces y Tribunales de lo Contencioso-administrativo para la debida y completa ejecucin de lo resuelto.

4. Sern nulos de pleno derecho los actos y disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las sentencias, que se dicten con la finalidad de eludir su cumplimiento.

5. El rgano jurisdiccional a quien corresponda la ejecucin de la sentencia declarar, a instancia de parte, la nulidad de los actos y disposiciones a que se refiere el apartado anterior, por los trmites previstos en los apartados2y3delartculo 109, salvo que careciese de competencia para ello conforme a lo dispuesto en esta Ley.

Artculo 104.

1. Luego que sea firme una sentencia, se comunicar en el plazo de diez das al rgano que hubiera realizado la actividad objeto del recurso, a fin de que, una vez acusado recibo de la comunicacin en idntico plazo desde la recepcin, la lleve a puro y debido efecto y practique lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo y en el mismo plazo indique el rgano responsable del cumplimiento de aqul.

2. Transcurridos dos meses a partir de la comunicacin de la sentencia o el plazo fijado en sta para el cumplimiento del fallo conforme al artculo 71.1.c), cualquiera de las partes y personas afectadas podr instar su ejecucin forzosa.

3tendiendo a la naturaleza de lo reclamado y a la efectividad de la sentencia, sta podr fijar un plazo inferior para el cumplimiento, cuando lo dispuesto en el apartado anterior lo haga ineficaz o cause grave perjuicio.

Artculo 105.

1. No podr suspenderse el cumplimiento ni declararse la inejecucin total o parcial del fallo.

2. Si concurriesen causas de imposibilidad material o legal de ejecutar una sentencia, el rgano obligado a su cumplimiento lo manifestar a la autoridad judicial a travs del representante procesal de la Administracin, dentro del plazo previsto en el apartado segundo del artculo anterior, a fin de que, con audiencia de las partes y de quienes considere interesados, el Juez o Tribunal aprecie la concurrencia o no de dichas causas y adopte las medidas necesarias que aseguren la mayor efectividad de la ejecutoria, fijando en su caso la indemnizacin que proceda por la parte en que no pueda ser objeto de cumplimiento pleno.

3. Son causas de utilidad pblica o de inters social para expropiar los derechos o intereses legtimos reconocidos frente a la Administracin en una sentencia firme el peligro cierto de alteracin grave del libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, el temor fundado de guerra o el quebranto de la integridad del territorio nacional. La declaracin de la concurrencia de alguna de las causas citadas se har por el Gobierno de la Nacin; podr tambin efectuarse por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autnoma cuando se trate de peligro cierto de alteracin grave del libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos y el acto, actividad o disposicin impugnados proviniera de los rganos de la Administracin de dicha Comunidad o de las Entidades locales de su territorio, as como de las Entidades de Derecho pblico y Corporaciones dependientes de una y otras.

La declaracin de concurrencia de alguna de las causas mencionadas en el prrafo anterior habr de efectuarse dentro de los dos meses siguientes a la comunicacin de la sentencia. El Juez o Tribunal a quien competa la ejecucin sealar, por el trmite de los incidentes, la correspondiente indemnizacin y, si la causa alegada fuera la de peligro cierto de alteracin grave del libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos, apreciar, adems, la concurrencia de dicho motivo.

Artculo 106.

1. Cuando la Administracin fuere condenada al pago de cantidad lquida, el rgano encargado de su cumplimiento acordar el pago con cargo al crdito correspondiente de su presupuesto que tendr siempre la consideracin de ampliable. Si para el pago fuese necesario realizar una modificacin presupuestaria, deber concluirse el procedimiento correspondiente dentro de los tres meses siguientes al da de notificacin de la resolucin judicial.

2. A la cantidad a que se refiere el apartado anterior se aadir el inters legal del dinero, calculado desde la fecha de notificacin de la sentencia dictada en nica o primera instancia.

3. No obstante lo dispuesto en el artculo 104.2, transcurridos tres meses desde que la sentencia firme sea comunicada al rgano que deba cumplirla, se podr instar la ejecucin forzosa. En este supuesto, la autoridad judicial, odo el rgano encargado de hacerla efectiva, podr incrementar en dos puntos el inters legal a devengar, siempre que apreciase falta de diligencia en el cumplimiento.

4. Si la Administracin condenada al pago de cantidad estimase que el cumplimiento de la sentencia habra de producir trastorno grave a su Hacienda, lo pondr en conocimiento del Juez o Tribunal acompaado de una propuesta razonada para que, odas las partes, se resuelva sobre el modo de ejecutar la sentencia en la forma que sea menos gravosa para aqulla.

5. Lo dispuesto en los apartados anteriores ser de aplicacin asimismo a los supuestos en que se lleve a efecto la ejecucin provisional de las sentencias conforme a esta Ley.

6. Cualquiera de las partes podr solicitar que la cantidad a satisfacer se compense con crditos que la Administracin ostente contra el recurrente.

Artculo 107.

1. Si la sentencia firme anulase total o parcialmente el acto impugnado, el Juez o Tribunal dispondr, a instancia de parte, la inscripcin del fallo en los registros pblicos a que hubiere tenido acceso el acto anulado, as como su publicacin en los peridicos oficiales o privados, si concurriere causa bastante para ello, a costa de la parte ejecutada. Cuando la publicacin sea en peridicos privados se deber acreditar ante el rgano jurisdiccional un inters pblico que lo justifique.

2. Si la sentencia anulara total o parcialmente una disposicin general o un acto administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas, el rgano judicial ordenar su publicacin en diario oficial en el plazo de diez das a contar desde la firmeza de la sentencia.

Artculo 108.

1. Si la sentencia condenare a la Administracin a realizar una determinada actividad o a dictar un acto, el Juez o Tribunal podr, en caso de incumplimiento:

a) Ejecutar la sentencia a travs de sus propios medios o requiriendo la colaboracin de las autoridades y agentes de la Administracin condenada o, en su defecto, de otras Administraciones pblicas, con observancia de los procedimientos establecidos al efecto.

b) Adoptar las medidas necesarias para que el fallo adquiera la eficacia que, en su caso, sera inherente al acto omitido, entre las que se incluye la ejecucin subsidiaria con cargo a la Administracin condenada.

2. Si la Administracin realizare alguna actividad que contraviniera los pronunciamientos del fallo, el Juez o Tribunal, a instancia de los interesados, proceder a reponer la situacin al estado exigido por el fallo y determinar los daos y perjuicios que ocasionare el incumplimiento.

Artculo 109.

1. La Administracin pblica, las dems partes procesales y las personas afectadas por el fallo, mientras no conste en autos la total ejecucin de la sentencia, podrn promover incidente para decidir, sin contrariar el contenido del fallo, cuantas cuestiones se planteen en la ejecucin y especialmente las siguientes:

a) rgano administrativo que ha de responsabilizarse de realizar las actuaciones.

b) Plazo mximo para su cumplimiento, en atencin a las circunstancias que concurran.

c) Medios con que ha de llevarse a efecto y procedimiento a seguir.

2. Del escrito planteando la cuestin incidental se dar traslado a las partes para que, en plazo comn que no exceder de veinte das, aleguen lo que estimen procedente.

3. Evacuado el traslado o transcurrido el plazo a que se refiere el apartado anterior, el Juez o Tribunal dictar auto, en el plazo de diez das, decidiendo la cuestin planteada.

Artculo 110.

1. En materia tributaria y de personal al servicio de la Administracin pblica, los efectos de una sentencia firme que hubiera reconocido una situacin jurdica individualizada en favor de una o varias personas podrn extenderse a otras, en ejecucin de la sentencia, cuando concurran las siguientes circunstancias:

a) Que los interesados se encuentren en idntica situacin jurdica que los favorecidos por el fallo.

b) Que el Juez o Tribunal sentenciador fuera tambin competente, por razn del territorio, para conocer de sus pretensiones de reconocimiento de dicha situacin individualizada.

c) Que soliciten la extensin de los efectos de la sentencia en el plazo de un ao desde la ltima notificacin de sta a quienes fueron parte en el proceso.

Si se hubiere interpuesto recurso en inters de la ley o de revisin, este plazo se contar desde la ltima notificacin de la resolucin que ponga fin a ste.

2. La solicitud deber dirigirse a la Administracin demandada. Si transcurrieren tres meses sin que se notifique resolucin alguna o cuando la Administracin denegare la solicitud de modo expreso, podr acudirse sin ms trmites al Juez o Tribunal de la ejecucin en el plazo de dos meses, contados desde el transcurso del plazo antes indicado o desde el da siguiente a la notificacin de la resolucin denegatoria.

3. La peticin al rgano jurisdiccional se formular en escrito razonado al que deber acompaarse el documento o documentos que acrediten la identidad de situaciones, sustancindose por los trmites establecidos para los incidentes, pero sin que haya lugar a la celebracin de vista.

4ntes de resolver, el Juez o Tribunal de la ejecucin recabar de la Administracin las actuaciones referentes al incidente planteado y, si se recibieran en los veinte das siguientes, ordenar que se pongan de manifiesto a las partes por plazo comn de tres das.

En otro caso, resolver sin ms por medio de auto, en el que no podr reconocerse una situacin jurdica distinta a la definida en la sentencia firme de que se trate.

5. El incidente se desestimar, en todo caso, cuando existiera cosa juzgada, o cuando la doctrina determinante del fallo cuya extensin se postule fuere contraria a la jurisprudencia del Tribunal Supremo o a la doctrina sentada por los Tribunales Superiores de Justicia en el recurso a que se refiere el artculo 99. Si se encuentra pendiente un recurso de revisin o un recurso de casacin en inters de la ley, quedar en suspenso la decisin del incidente hasta que se resuelva el citado recurso.

Artculo 111.

Cuando se hubiere acordado suspender la tramitacin de uno o ms recursos con arreglo a lo previsto en el artculo 37.2, los recurrentes afectados por la suspensin podrn interesar del Juez o Tribunal de la ejecucin que extienda a su favor los efectos de la sentencia o sentencias firmes recadas en los recursos resueltos, con arreglo a lo establecido en los apartados 3,4y5del artculo anterior en cuanto resulten aplicables.

Artculo 112.

Transcurridos los plazos sealados para el total cumplimiento del fallo, el Juez o Tribunal adoptar, previa audiencia de las partes, las medidas necesarias para lograr la efectividad de lo mandado, y singularmente, previo apercibimiento, podr:

a) Imponer multas coercitivas de 25.000 a 250.000 pesetas a las autoridades, funcionarios o agentes que incumplan los requerimientos del Juzgado o de la Sala, as como reiterar estas multas hasta la completa ejecucin del fallo judicial, sin perjuicio de otras responsabilidades patrimoniales a que hubiere lugar la impo- sicin de estas multas le ser aplicable lo previsto en el artculo 48.

b) Deducir el oportuno testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder.

Artculo 113.

1. Transcurrido el plazo de ejecucin que se hubiere fijado en el acuerdo a que se refiere el artculo 77.3, cualquiera de las partes podr instar su ejecucin forzosa.

2. Si no se hubiere fijado plazo para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del acuerdo, la parte perjudicada podr requerir a la otra su cumplimiento y transcurridos dos meses podr proceder a instar su ejecucin forzosa.

TTULO V
Procedimientos especiales
CAPTULO I
Procedimiento para la proteccin de los derechos fundamentales de la persona
Artculo 114.

1. El procedimiento de amparo judicial de las libertades y derechos, previsto en el artculo 53.2 de la Constitucin espaola, se regir, en el orden contencioso-administrativo, por lo dispuesto en este captulo y, en lo no previsto en l, por las normas generales de la presente Ley.

2. Podrn hacerse valer en este proceso las pretensiones a que se refieren los artculos 31 y 32, siempre que tengan como finalidad la de restablecer o preservar los derechos o libertades por razn de los cuales el recurso hubiere sido formulado.

3 todos los efectos, la tramitacin de estos recursos tendr carcter preferente.

Artculo 115.

1. El plazo para interponer este recurso ser de diez das, que se computarn, segn los casos, desde el da siguiente al de notificacin del acto, publicacin de la disposicin impugnada, requerimiento para el cese de la va de hecho, o transcurso del plazo fijado para la resolucin, sin ms trmites. Cuando la lesin del derecho fundamental tuviera su origen en la inactividad administrativa, o se hubiera interpuesto potestativamente un recurso administrativo, o, tratndose de una actuacin en va de hecho, no se hubiera formulado requerimiento, el plazo de diez das se iniciar transcurridos veinte das desde la reclamacin, la presentacin del recurso o el inicio de la actuacin administrativa en va de hecho, respectivamente.

2. En el escrito de interposicin se expresar con precisin y claridad el derecho o derechos cuya tutela se pretende y, de manera concisa, los argumentos sustanciales que den fundamento al recurso.

Artculo 116.

1. En el mismo da de la presentacin del recurso o en el siguiente se requerir con carcter urgente al rgano administrativo correspondiente, acompaando copia del escrito de interposicin, para que en el plazo mximo de cinco das, a contar desde la recepcin del requerimiento, remita el expediente acompaado de los informes y datos que estime procedentes, con apercibimiento de cuanto se establece en el artculo 48.

2l remitir el expediente, el rgano administrativo lo comunicar a todos los que aparezcan como interesados en el mismo, acompaando copia del escrito de interposicin y emplazndoles para que puedan comparecer como demandados ante el Juzgado o Sala en el plazo de cinco das.

3. La Administracin, con el envo del expediente, y los dems demandados, al comparecer, podrn solicitar razonadamente la inadmisin del recurso y la celebracin de la comparecencia a que se refiere el artculo 117.2.

4. La falta de envo del expediente administrativo dentro del plazo previsto en el apartado anterior no suspender el curso de los autos.

5. Cuando el expediente administrativo se recibiese en el Juzgado o Sala una vez transcurrido el plazo establecido en el apartado 1 de este artculo, se pondr de manifiesto a las partes por plazo de cuarenta y ocho horas, en el que podrn hacer alegaciones, y sin alteracin del curso del procedimiento.

Artculo 117.

1. Recibido el expediente o transcurrido el plazo para su remisin y, en su caso, el del emplazamiento a los dems interesados, el rgano jurisdiccional, dentro del siguiente da, dictar auto mandando seguir las actuaciones o comunicar a las partes el motivo en que pudiera fundarse la inadmisin del procedimiento.

2. En el supuesto de posibles motivos de inadmisin del procedimiento se convocar a las partes y al Ministerio Fiscal a una comparecencia, que habr de tener lugar antes de transcurrir cinco das, en la que se les oir sobre la procedencia de dar al recurso la tramitacin prevista en este captulo.

3. En el siguiente da, el rgano jurisdiccional dictar auto mandando proseguir las actuaciones por este trmite o acordando su inadmisin por inadecuacin del procedimiento.

Artculo 118.

Acordada la prosecucin del procedimiento especial de este captulo, se pondrn de manifiesto al recurrente el expediente y dems actuaciones para que en el plazo improrrogable de ocho das pueda formalizar la demanda y acompaar los documentos.

Artculo 119.

Formalizada la demanda, se dar traslado de la misma al Ministerio Fiscal y a las partes demandadas para que, a la vista del expediente, presenten sus alegaciones en el plazo comn e improrrogable de ocho das y acompaen los documentos que estimen oportunos.

Artculo 120.

Evacuado el trmite de alegaciones o transcurrido el plazo para efectuarlas, el rgano jurisdiccional decidir en el siguiente da sobre el recibimiento a prueba, con arreglo a las normas generales establecidas en la presente Ley, y sin perjuicio de lo dispuesto en el artculo 57. El perodo probatorio no ser en ningn caso superior a veinte das comunes para su proposicin y prctica.

Artculo 121.

1. Conclusas las actuaciones, el rgano jurisdiccional dictar sentencia en el plazo de cinco das.

2. La sentencia estimar el recurso cuando la disposicin, la actuacin o el acto incurran en cualquier infraccin del ordenamiento jurdico, incluso la desviacin de poder, y como consecuencia de la misma vulneren un derecho de los susceptibles de amparo.

3. Contra las sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo proceder siempre la apelacin en un solo efecto.

Artculo 122.

1. En el caso de prohibicin o de propuesta de modificacin de reuniones previstas en la Ley Orgnica Reguladora del Derecho de Reunin que no sean aceptadas por los promotores, stos podrn interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal competente. El recurso se interpondr dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificacin de la prohibicin o modificacin, trasladndose por los promotores copia debidamente registrada del escrito del recurso a la autoridad gubernativa, con el objeto de que sta remita inmediatamente el expediente.

2. El Tribunal, en el plazo improrrogable de cuatro das, y poniendo de manifiesto el expediente si se hubiera recibido, convocar al representante legal de la Administracin, al Ministerio Fiscal y a los recurrentes o a la persona que stos designen como representante a una audiencia en la que, de manera contradictoria, oir a todos los personados y resolver sin ulterior recurso.

3. La decisin que se adopte nicamente podr mantener o revocar la prohibicin o las modificaciones propuestas.

CAPTULO II
Cuestin de ilegalidad
Artculo 123.

1. El Juez o Tribunal plantear, mediante auto, la cuestin de ilegalidad prevista en el artculo 27.1 dentro de los cinco das siguientes a que conste en las actuaciones la firmeza de la sentencia. La cuestin habr de ceirse exclusivamente a aquel o aquellos preceptos reglamentarios cuya declaracin de ilegalidad haya servido de base para la estimacin de la demanda. Contra el auto de planteamiento no se dar recurso alguno.

2. En este auto se acordar emplazar a las partes para que, en el plazo de quince das, puedan comparecer y formular alegaciones ante el Tribunal competente para fallar la cuestin. Transcurrido este plazo, no se admitir la personacin.

Artculo 124.

1. El Juez o Tribunal que haya planteado la cuestin remitir urgentemente, junto con la certificacin del auto de planteamiento, copia testimoniada de los autos principales y del expediente administrativo.

2. El planteamiento de la cuestin se publicar en el mismo peridico oficial en que lo hubiera sido la disposicin cuestionada.

Artculo 125.

1. Con el escrito de personacin y alegaciones podr acompaarse la documentacin que se estime oportuna para enjuiciar la legalidad de la disposicin cuestionada.

2. Terminado el plazo de personacin y alegaciones, se declarar concluso el procedimiento. La sentencia se dictar en los diez das siguientes a dicha declaracin.

No obstante, podr el Tribunal rechazar, en trmite de admisin, mediante auto y sin necesidad de audiencia de las partes, la cuestin de ilegalidad cuando faltaren las condiciones procesales.

3. El plazo para dictar sentencia quedar interrumpido si, para mejor proveer, el Tribunal acordara reclamar el expediente de elaboracin de la disposicin cuestionada o practicar alguna prueba de oficio. En estos casos se acordar or a las partes por plazo comn de tres das sobre el expediente o el resultado de la prueba.

Artculo 126.

1. La sentencia estimar o desestimar parcial o totalmente la cuestin, salvo que faltare algn requisito procesal insubsanable, caso en que la declarar inadmisible.

2. Se aplicar a la cuestin de ilegalidad lo dispuesto para el recurso directo contra disposiciones generales en los artculos 33.3, 66, 70, 71.1.a), 71.2, 72.2 y 73.

Se publicarn tambin las sentencias firmes que desestimen la cuestin.

3. Firme la sentencia que resuelva la cuestin de ilegalidad, se comunicar al Juez o Tribunal que la plante.

4. Cuando la cuestin de ilegalidad sea de especial trascendencia para el desarrollo de otros procedimientos, ser objeto de tramitacin y resolucin preferente.

5. La sentencia que resuelva la cuestin de ilegalidad no afectar a la situacin jurdica concreta derivada de la sentencia dictada por el Juez o Tribunal que plante aqulla.

CAPTULO III
Procedimiento en los casos de suspensin administrativa previa de acuerdos
Artculo 127.

1. En los casos en que, conforme a las Leyes, la suspensin administrativa de actos o acuerdos de Corporaciones o Entidades pblicas deba ir seguida de la impugnacin o traslado de aqullos ante la Jurisdiccin Contencioso-administrativa, se proceder conforme a lo dispuesto en este precepto.

2. En el plazo de los diez das siguientes a la fecha en que se hubiera dictado el acto de suspensin o en el que la Ley establezca, deber interponerse el recurso contencioso-administrativo mediante escrito fundado, o darse traslado directo del acuerdo suspendido al rgano jurisdiccional, segn proceda, acompaando en todo caso copia del citado acto de suspensin.

3. Interpuesto el recurso o trasladado el acuerdo suspendido, el rgano jurisdiccional requerir a la Corporacin o Entidad que lo hubiera dictado para que en el plazo de diez das remita el expediente administrativo, alegue lo que estime conveniente en defensa de aqul y notifique a cuantos tuvieran inters legtimo en su mantenimiento o anulacin la existencia del procedimiento, a efectos de su comparecencia ante el rgano jurisdiccional en el plazo de diez das.

4. Recibido el expediente administrativo, el rgano jurisdiccional lo pondr de manifiesto junto con las actuaciones a los comparecidos en el procedimiento, convocndolos para la celebracin de la vista, que se celebrar como mnimo a los diez das de la puesta de manifiesto del expediente.

5. El rgano jurisdiccional podr, motivadamente, sustituir el trmite de vista por el de alegaciones escritas, que se presentarn en el plazo comn de los diez das siguientes a la notificacin del auto en que as se acuerde.

Podr tambin abrir un perodo de prueba, para mejor proveer, por plazo no superior a quince das.

6. Celebrada la vista o deducidas las alegaciones a que se refieren los apartados anteriores, se dictar sentencia por la que se anule o confirme el acto o acuerdo objeto del recurso, disponiendo lo que proceda en cuanto a la suspensin.

TTULO VI
Disposiciones comunes a los Ttulos IV y V
CAPTULO I
Plazos
Artculo 128.

1. Los plazos son improrrogables y una vez transcurridos se tendr por caducado el derecho y por perdido el trmite que hubiere dejado de utilizarse. No obstante, se admitir el escrito que proceda, y producir sus efectos legales, si se presentare dentro del da en que se notifique el auto, salvo cuando se trate de plazos para preparar o interponer recursos.

2. Durante el mes de agosto no correr el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo ni ningn otro plazo de los previstos en esta Ley salvo para el procedimiento para la proteccin de los derechos fundamentales en el que el mes de agosto tendr carcter de hbil.

3. En casos de urgencia, o cuando las circunstancias del caso lo hagan necesario, las partes podrn solicitar al rgano jurisdiccional que habilite los das inhbiles en el procedimiento para la proteccin de los derechos fundamentales o en el incidente de suspensin o de adopcin de otras medidas cautelares. El Juez o Tribunal oir a las dems partes y resolver por auto en el plazo de tres das, acordando en todo caso la habilitacin cuando su denegacin pudiera causar perjuicios irreversibles.

CAPTULO II
Medidas cautelares
Artculo 129.

1. Los interesados podrn solicitar en cualquier estado del proceso la adopcin de cuantas medidas aseguren la efectividad de la sentencia.

2. Si se impugnare una disposicin general, y se solicitare la suspensin de la vigencia de los preceptos impugnados, la peticin deber efectuarse en el escrito de interposicin o en el de demanda.

Artculo 130.

1. Previa valoracin circunstanciada de todos los intereses en conflicto, la medida cautelar podr acordarse nicamente cuando la ejecucin del acto o la aplicacin de la disposicin pudieran hacer perder su finalidad legtima al recurso.

2. La medida cautelar podr denegarse cuando de sta pudiera seguirse perturbacin grave de los intereses generales o de tercero que el Juez o Tribunal ponderar en forma circunstanciada.

Artculo 131.

El incidente cautelar se sustanciar en pieza separada, con audiencia de la parte contraria, en un plazo que no exceder de diez das, y ser resuelto por auto dentro de los cinco das siguientes. Si la Administracin demandada no hubiere an comparecido, la audiencia se entender con el rgano autor de la actividad impugnada.

Artculo 132.

1. Las medidas cautelares estarn en vigor hasta que recaiga sentencia firme que ponga fin al procedimiento en el que se hayan acordado, o hasta que ste finalice por cualquiera de las causas previstas en esta Ley. No obstante, podrn ser modificadas o revocadas durante el curso del procedimiento si cambiaran las circunstancias en virtud de las cuales se hubieran adoptado.

2. No podrn modificarse o revocarse las medidas cautelares en razn de los distintos avances que se vayan haciendo durante el proceso respecto al anlisis de las cuestiones formales o de fondo que configuran el debate, y, tampoco, en razn de la modificacin de los criterios de valoracin que el Juez o Tribunal aplic a los hechos al decidir el incidente cautelar.

Artculo 133.

1. Cuando de la medida cautelar pudieran derivarse perjuicios de cualquier naturaleza, podrn acordarse las medidas que sean adecuadas para evitar o paliar dichos perjuicios. Igualmente podr exigirse la presentacin de caucin o garanta suficiente para responder de aqullos.

2. La caucin o garanta podr constituirse en cualquiera de las formas admitidas en Derecho. La medida cautelar acordada no se llevar a efecto hasta que la caucin o garanta est constituida y acreditada en autos, o hasta que conste el cumplimiento de las medidas acordadas para evitar o paliar los perjuicios a que se refiere el apartado precedente.

3. Levantada la medida por sentencia o por cualquier otra causa, la Administracin, o la persona que pretendiere tener derecho a indemnizacin de los daos sufridos, podr solicitar sta ante el propio rgano jurisdiccional por el trmite de los incidentes, dentro del ao siguiente a la fecha del alzamiento. Si no se formulase la solicitud dentro de dicho plazo, se renunciase a la misma o no se acreditase el derecho, se cancelar la garanta constituida.

Artculo 134.

1. El auto que acuerde la medida se comunicar al rgano administrativo correspondiente, el cual dispondr su inmediato cumplimiento, siendo de aplicacin lo dispuesto en el captulo IV del Ttulo IV, salvo el artculo 104.2 2. La suspensin de la vigencia de disposiciones de carcter general ser publicada con arreglo a lo dispuesto en el artculo 107.2. Lo mismo se observar cuando la suspensin se refiera a un acto administrativo que afecte a una pluralidad indeterminada de personas.

Artculo 135.

El Juez o Tribunal, atendidas las circunstancias de especial urgencia que concurran en el caso, adoptar la medida sin or a la parte contraria. Contra este auto no se dar recurso alguno. En la misma resolucin, el Juez o Tribunal convocar a las partes a una comparecencia, que habr de celebrarse dentro de los tres das siguientes, sobre el levantamiento, mantenimiento o modificacin de la medida adoptada. Celebrada la comparecencia, el Juez o Tribunal dictar auto, el cual ser recurrible conforme a las reglas generales.

Artculo 136.

1. En los supuestos de los artculos 29 y 30, la medida cautelar se adoptar salvo que se aprecie con evidencia que no se dan las situaciones previstas en dichos artculos o la medida ocasione una perturbacin gravede los intereses generales o de tercero, que el Juez ponderar en forma circunstanciada.

2. En los supuestos del apartado anterior, las medidas tambin podrn solicitarse antes de la interposicin del recurso, tramitndose conforme a lo dispuesto en el artculo precedente. En tal caso el interesado habr de pedir su ratificacin al interponer el recurso, lo que habr de hacerse inexcusablemente en el plazo de diez das a contar desde la notificacin de la adopcin de las medidas cautelares. En los tres das siguientes se convocar la comparecencia a la que hace referencia el artculo anterior.

De no interponerse el recurso, quedarn automticamente sin efecto las medidas acordadas, debiendo el solicitante indemnizar de los daos y perjuicios que la medida cautelar haya producido.

CAPTULO III
Incidentes e invalidez de actos procesales
Artculo 137.

Todas las cuestiones incidentales que se susciten en el proceso, se sustanciarn en pieza separada y sin suspender el curso de los autos.

Artculo 138.

1. Cuando se alegue que alguno de los actos de las partes no rene los requisitos establecidos por la presente Ley, la que se halle en tal supuesto podr subsanar el defecto u oponer lo que estime pertinente dentro de los diez das siguientes al de la notificacin del escrito que contenga la alegacin.

2. Cuando el rgano jurisdiccional, de oficio, aprecie la existencia de algn defecto subsanable, dictar providencia en que lo resee y otorgue el mencionado plazo para la subsanacin, con suspensin, en su caso, del fijado para dictar sentencia.

3. Slo cuando el defecto sea insubsanable o no se subsane debidamente en plazo, podr ser decidido el recurso con fundamento en tal defecto.

CAPTULO IV
Costas procesales
Artculo 139.

1. En primera o nica instancia, el rgano jurisdiccional, al dictar sentencia o al resolver por auto los recursos o incidentes que ante el mismo se promovieren, impondr las costas, razonndolo debidamente, a la parte que sostuviere su accin o interpusiere los recursos con mala fe o temeridad.

No obstante lo dispuesto en el prrafo anterior, se impondrn las costas a la parte cuyas pretensiones hayan sido desestimadas cuando de otra manera se hara perder al recurso su finalidad.

2. En las dems instancias o grados se impondrn al recurrente si se desestima totalmente el recurso, salvo que el rgano jurisdiccional, razonndolo debidamente, aprecie la concurrencia de circunstancias que justifiquen su no imposicin.

3. La imposicin de las costas podr ser a la totalidad, a una parte de stas o hasta una cifra mxima.

4. Para la exaccin de las costas impuestas a particulares, la Administracin acreedora utilizar el procedimiento de apremio, en defecto de pago voluntario.

5. En ningn caso se impondrn las costas al Ministerio Fiscal.

6. Las costas causadas en los autos sern reguladas y tasadas segn lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Disposicin adicional primera. Territorios Histricos y Comisin Arbitral del Pas Vasco.

1. En la Comunidad Autnoma del Pas Vasco, la referencia del apartado 2 del artculo 1 de esta Ley incluye las Diputaciones Forales y la Administracin Institucional de ellas dependientesimismo, la referencia del apartado 3, letra a), del artculo 1 incluye los actos y disposiciones en materia de personal y gestin patrimonial sujetos al derecho pblico adoptados por los rganos competentes de las Juntas Generales de los Territorios Histricos.

2. No corresponde a la Jurisdiccin Contenciosoadministrativa el conocimiento de las decisiones o resoluciones dictadas por la Comisin Arbitral a que se refiere el artculo 39 del Estatuto de Autonoma del Pas Vasco.

Disposicin adicional segunda. Actualizacin de cuantas.

El Gobierno queda autorizado para actualizar cada cinco aos las cuantas sealadas en esta Ley, previo informe del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado.

Disposicin adicional tercera. Registro de sentencias.

1. Las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia, de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo remitirn al Consejo General del Poder Judicial, dentro de los diez das siguientes a su firma, testimonio de las sentencias dictadas en los procesos de que conozcan.

2. El Consejo General del Poder Judicial constituir, con dichas sentencias, un Registro, cuyas certificaciones harn fe en todo tipo de procesos.

Disposicin adicional cuarta. Recursos contra determinados actos, resoluciones y disposiciones.

Sern recurribles:

1. Los actos administrativos no susceptibles de recurso ordinario dictados por el Banco de Espaa y las resoluciones del Ministro de Economa y Hacienda que resuelvan recursos ordinarios contra actos dictados por el Banco de Espaa, as como las disposiciones dictadas por la citada entidad, directamente, en nica instancia, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional de conformidad con lo dispuesto en la Ley 13/1994, de 1 de junio, de Autonoma del Banco de Espaa.

2. Los actos administrativos no susceptibles de recurso ordinario dictados por la Comisin Nacional del Mercado de Valores y las resoluciones del Ministro de Economa y Hacienda que resuelvan recursos ordinarios contra actos dictados por la Comisin Nacional del Mercado de Valores, as como las disposiciones dictadas por la citada entidad, directamente, en nica instancia, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.

3. Las resoluciones del Tribunal de Defensa de la Competencia, directamente, en nica instancia, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.

4. Las resoluciones de la Junta Arbitral regulada por la Ley Orgnica 3/1996, de 27 de diciembre, de Modificacin parcial de la Ley Orgnica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiacin de las Comunidades Autnomas, directamente, en nica instancia, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.

5. Los actos administrativos dictados por la Agencia de Proteccin de Datos, Comisin del Sistema Elctrico Nacional, Comisin del Mercado de las Telecomunicaciones, Consejo Econmico y Social, Instituto Cervantes, Consejo de Seguridad Nuclear y Consejo de Universidades, directamente, en nica instancia, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.

Disposicin adicional quinta. Modificacin del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral.

El artculo 3 del texto refundido de la Ley de Procedimiento Laboral, aprobado mediante Real Decreto legislativo 2/1995, de 7 de abril, queda redactado como sigue:

1. No conocern los rganos jurisdiccionales del orden social:

a) De la tutela de los derechos de libertad sindical y del derecho a huelga relativa a los funcionarios pblicos y al personal a que se refiere el artculo 1.3.a) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

b) De las resoluciones dictadas por la Tesorera General de la Seguridad Social en materia de gestin recaudatoria o, en su caso, por las Entidades Gestoras en el supuesto de cuotas de recaudacin conjunta, as como de las relativas a las actas de liquidacin y de infraccin.

c) De las pretensiones que versen sobre la impugnacin de las disposiciones generales y actos de las Administraciones pblicas sujetos al Derecho Administrativo en materia laboral, salvo los que se expresan en el apartado siguiente.

2. Los rganos jurisdiccionales del orden social conocern, en todo caso, y previa reclamacin en los trminos previstos en los artculos 69 a 73 del presente texto refundido, ante la Administracin pblica correspondiente, de las pretensiones sobre:

a) Las resoluciones administrativas relativas a la imposicin de cualesquiera sanciones por todo tipo de infracciones de orden social, con la excepcin prevista en la letra b) del apartado 1 de este artculo.

b) Las resoluciones administrativas relativas a regulacin de empleo y actuacin administrativa en materia de traslados colectivos.

Disposicin adicional sexta. Modificacin del texto articulado de la Ley de Bases sobre el procedimiento econmico-administrativo.

El artculo 40 del texto articulado de la Ley de Bases 39/1980, de 5 de julio, sobre el procedimiento econmico-administrativo, aprobado por Real Decreto legislativo 2795/1980, de 12 de diciembre, queda redactado como sigue:

1. Las resoluciones del Ministro de Economa y Hacienda y del Tribunal Econmico-Administrativo Central sern recurribles por va contencioso-administrativa ante la Audiencia Nacional, salvo las resoluciones dictadas por el Tribunal Econmico-Administrativo Central en materia de tributos cedidos, que sern recurribles ante el Tribunal Superior de Justicia competente.

2. Las resoluciones dictadas por los TribunaleSEConmico-Administrativos Regionales y Locales que pongan fin a la va econmico-administrativa sern recurribles ante el Tribunal Superior de Justicia competente.

Disposicin transitoria primera. Asuntos de la competencia de los Juzgados de lo Contencioso-administrativo.

1. Los procesos pendientes ante las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia cuya competencia corresponda, conforme a esta Ley, a los Juzgados de lo Contencioso-administrativo, continuarn tramitndose ante dichas Salas hasta su conclusin.

2. En tanto no entren en funcionamiento los Juzgados de lo Contencioso-administrativo, las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia ejercern competencia para conocer de los procesos que, conforme a esta Ley, se hayan atribuido a los Juzgados. En estos casos, el rgimen de recursos ser el establecido en esta Ley para las sentencias dictadas en segunda instancia por las Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.

Disposicin transitoria segunda. Procedimiento ordinario.

1. Los recursos contencioso-administrativos interpuestos con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley continuarn sustancindose conforme a las normas que regan a la fecha de su iniciacin.

2. No obstante, cuando el plazo para dictar sentencia en tales procesos se hubiere iniciado con posterioridad a la entrada en vigor de esta Ley, se har aplicacin en la sentencia de lo dispuesto en la seccin 8 del captulo I del Ttulo IV. Si hubiera de aplicarse un precepto que supusiera innovacin, se otorgar a las partes un plazo comn extraordinario de diez das para orlas sobre ello.

3. Sern asimismo aplicables las reglas de la seccin 9 del captulo I del Ttulo IV a todos los recursos contencioso-administrativos en que no se hubiese dictado sentencia a la entrada en vigor de esta Ley.

Disposicin transitoria tercera. Recursos de casacin.

1. El rgimen de los distintos recursos de casacin regulados en esta Ley ser de plena aplicacin a las resoluciones de las Salas de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia que se dicten con posterioridad a su entrada en vigor y a las de fecha anterior cuando al producirse aqulla no hubieren transcurrido los plazos establecidos en la normativa precedente para preparar o interponer el recurso de casacin que procediera. En este ltimo caso, el plazo para preparar o interponer el recurso de casacin que corresponda con arreglo a esta Ley se contar desde la fecha de su entrada en vigor.

2. Los recursos de casacin preparados con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley se regirn por la legislacin anterior.

Disposicin transitoria cuarta. Ejecucin de sentencias.

La ejecucin de las sentencias firmes dictadas despus de la entrada en vigor de esta Ley se llevar a cabo segn lo dispuesto en ella. Las dictadas con anterioridad de las que no constare en autos su total ejecucin se ejecutarn en lo pendiente con arreglo a la misma.

Disposicin transitoria quinta. Procedimiento especial para la proteccin de los derechos fundamentales de la persona.

Los recursos interpuestos en materia de proteccin de los derechos fundamentales de la persona con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley continuarn sustancindose por las normas que regan a la fecha de su iniciacin.

Disposicin transitoria sexta. Cuestin de ilegalidad.

La cuestin de ilegalidad slo podr plantearse en todos los procedimientos cuya sentencia adquiera firmeza desde la entrada en vigor de esta Ley.

Disposicin transitoria sptima. Procedimiento especial en materia de suspensin administrativa de acuerdos.

El rgimen del procedimiento especial en los casos de suspensin administrativa de acuerdos regulado en el artculo 127 ser de aplicacin a las impugnaciones y traslados de actos suspendidos que tengan lugar con posterioridad a su entrada en vigor, aunque dichos actos hubieran sido dictados antes de esa fecha.

Disposicin transitoria octava. Medidas cautelares.

En los procedimientos pendientes a la entrada en vigor de esta Ley podrn solicitarse y acordarse las medidas cautelares previstas en el captulo II del Ttulo VI.

Disposicin transitoria novena. Costas procesales.

El rgimen de costas procesales establecido en esta Ley ser aplicable a los procesos y a los recursos que se inicien o promuevan con posterioridad a su entrada en vigor.

Disposicin derogatoria primera. Clusula general de derogacin.

Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que se opongan a la presente Ley.

Disposicin derogatoria segunda. Derogacin de normas.

Quedan derogadas las siguientes disposiciones:

a) La Ley reguladora de la Jurisdiccin Contencioso-administrativa, de 27 de diciembre de 1956.

b) Los artculos 114 y 249 de la Ley 118/1973, de 12 de enero, texto refundido de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario.

c) Los artculos 6, 7, 8, 9 y 10 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, de Proteccin Jurisdiccional de los Derechos Fundamentales de la Persona.

d) El apartado 3 del artculo 110 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn.

Disposicin final primera. Supletoriedad de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

En lo no previsto por esta Ley, regir como supletoria la de Enjuiciamiento Civil.

Disposicin final segunda. Desarrollo de la Ley.

Se autoriza al Gobierno a dictar cuantas disposiciones de aplicacin y desarrollo de la presente Ley sean necesarias. En concreto, en el plazo de un ao a partir de la entrada en vigor de esta Ley, el Gobierno, a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, regular la organizacin y rgimen de acceso al Registro previsto en la disposicin adicional terceral mismo tiempo, el Gobierno elaborar los programas necesarios para la instauracin de los rganos unipersonales de lo contencioso-administrativo en el perodo comprendido entre 1998 y 2000, correspondiendo al Consejo General del Poder Judicial y al Ministerio de Justicia o, en su caso, al rgano competente de la Comunidad Autnoma el desarrollo y ejecucin, dentro del mbito de sus respectivas competencias.

Disposicin final tercera. Entrada en vigor.

La presente Ley entrar en vigor a los cinco meses de su publicacin en el Boletn Oficial del Estado, salvo en lo concerniente a la atribucin a la jurisdiccin social de las materias comprendidas en la letra a) del apartado 2 del artculo 3 de la Ley de Procedimiento Laboral, que lo har al ao de la entrada en vigor del resto de la Ley.

Por tanto, Mando a todos los espaoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley.

Madrid, 13 de julio de 1998.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

JOS MARA AZNAR LPEZ

Análisis

  • Rango: Ley
  • Fecha de disposición: 13/07/1998
  • Fecha de publicación: 14/07/1998
  • Entrada en vigor:, con la excepcin indicada, el 14 de diciembre de 1998.
Referencias posteriores

Criterio de ordenación:

  • SE DECLARA en la Cuestin 2860/2018 la desestimacin en relacin con lo indicado del art. 86.3, por Sentencia 128/2018, de 29 de noviembre (Ref. BOE-A-2018-17692).
  • SE MODIFICA los arts. 10 a 12 y SE AADE el art. 122 ter, por Ley Orgnica 3/2018, de 5 de diciembre (Ref. BOE-A-2018-16673).
  • Cuestion:
    • 3019/2018 promovida por supuesta inconstitucionalidad del art. 86.3, prrafos 2 y 3, en la redaccin dada por la disposicin final 3.Uno de la Ley Orgnica 7/2015, de 21 de julio (Ref. BOE-A-2018-9639).
    • 2861/2018 promovida por supuesta inconstitucionalidad del art. 86.3, prrafos 2 y 3, en la redaccin dada por la disposicin final 3.Uno de la Ley Orgnica 7/2015, de 21 de julio (Ref. BOE-A-2018-9638).
  • SE DECLARA:
    • en el Recurso 1411/2014, la extincin, por prdida de su objeto, de la impugnacin del art. 127 quter.2, en la redaccin dada por la disposicin final 1.3 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, por Sentencia 110/2017, de 5 de octubre (Ref. BOE-A-2017-12202).
    • en el Recurso 1397/2014, la inconstitucionalidad y nulidad de lo indicado del art. 127 quater, en la redaccin dada por la disposicin final 1.3 de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre por Sentencia 79/2017, de 22 de junio (Ref. BOE-A-2017-8464).
    • en la Cuestin 5344/2013, la inconstitucionalidad y nulidad del art. 102 bis.2.prrafo 1, en la redaccin dada por la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, por Sentencia 58/2016, de 17 de marzo (Ref. BOE-A-2016-3911).
  • SE MODIFICA el art. 23, por Ley 42/2015, de 5 de octubre (Ref. BOE-A-2015-10727).
  • SE AADE las disposiciones adicionales 9 y 10, por Ley 34/2015, de 21 de septiembre (Ref. BOE-A-2015-10143).
  • SE MODIFICA:
    • el art. 8.6, por Ley 26/2015, de 28 de julio (Ref. BOE-A-2015-8470).
    • en la forma indicada, la seccin 3 del captulo III del ttulo IV; los arts. 102, 108, 139 y SE SUPRIME los arts. 94, 95 y las secciones 4 y 5 del captulo III del titulo IV, por Ley Orgnica 7/2015, de 21 de julio (Ref. BOE-A-2015-8167).
    • la disposicin adicional 4, por Ley 22/2015, de 20 de julio (Ref. BOE-A-2015-8147).
    • el art. 11.1.g), por Ley 11/2015, de 18 de junio (Ref. BOE-A-2015-6789).
    • el art. 9 y AADE el captulo V al ttulo V, por Ley Orgnica 3/2015, de 30 de marzo (Ref. BOE-A-2015-3441).
  • SE DECLARA en la Cuestin 2918/2005, su DESESTIMACIN, por Sentencia 52/2014, de 10 de abril (Ref. BOE-A-2014-4822).
  • SE CORRIGEN errores, con modificacin de la disposicin final 1.3, de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, en BOE nm. 85, de 8 de abril de 2014 (Ref. BOE-A-2014-3716).
  • SE MODIFICA:
    • los arts.. 11.1, 110.1 y SE AADE el captulo IV al ttulo V, por Ley 20/2013, de 9 de diciembre (Ref. BOE-A-2013-12888).
    • el art. 19, por Ley Orgnica 3/2013, de 20 de junio (Ref. BOE-A-2013-6732).
  • SE DEROGA:
    • el apartado 7 de la disposicin adicional 4 y se modifica el 5, por Ley 3/2013, de 4 de junio (Ref. BOE-A-2013-5940).
    • el art. 23.3, por Ley 10/2012, de 20 de noviembre (Ref. BOE-A-2012-14301).
  • SE MODIFICA:
    • el art. 11.1, por Ley 9/2012, de 14 de noviembre (Ref. BOE-A-2012-14062).
    • el art. 11.1, por Real Decreto-ley 24/2012, de 31 de agosto (Ref. BOE-A-2012-11247).
    • determinados preceptos , por Ley 37/2011, de 10 de octubre (Ref. BOE-A-2011-15937).
    • la disposicin adicional 4.5, por Real Decreto-ley 11/2011, de 26 de agosto (Ref. BOE-A-2011-14221).
    • los arts. 9, 80, disposicin adicional 4 y se aade el art. 122.bis, por Ley 2/2011, de 4 de marzo (Ref. BOE-A-2011-4117).
    • los arts. 10.1, 11.1, 19, 21, 44 y 49, por Ley 34/2010, de 5 de agosto (Ref. BOE-A-2010-12765).
    • el art. 3, por Ley Orgnica 1/2010, de 19 de febrero (Ref. BOE-A-2010-2739).
    • determinados preceptos y SE AADE una seccin 7 al captulo III del ttulo IV y la disposicin adicional 8, con efectos de 4 de mayo de 2010, por Ley 13/2009, de 3 de noviembre (Ref. BOE-A-2009-17493).
    • los arts. 8.6, 10.1 y la disposicin adicional 4.3, por Ley 15/2007, de 3 de julio (Ref. BOE-A-2007-12946).
    • los arts. 19.1, 60 y se TRANSPONE la Directiva 97/80, por Ley Orgnica 3/2007, de 22 de marzo (Ref. BOE-A-2007-6115).
    • los arts. 9 y 78, por Ley Orgnica 7/2006, de 21 de noviembre (Ref. BOE-A-2006-20263).
  • Cuestion:
    • 3068/2004, promovida por supuesta incostitucionalidad de la disposicin adicional 1 (Ref. BOE-A-2004-14370).
    • 7144/2003, promovida por supuesta inconstitucionalidad del segundo prrafo de la disposicin adicional 1 (Ref. BOE-A-2004-3448).
  • SE MODIFICA:
    • los art. 48 y 112, por Ley 62/2003, de 30 de diciembre (Ref. BOE-A-2003-23936).
    • los arts. 2.e), 8, 9, 21.1, 37, 78.1, 80.2 y 110 y SE AADE la disposicin adicional 7, por Ley Orgnica 19/2003, de 23 de diciembre (Ref. BOE-A-2003-23644).
    • el art. 11.1, por Ley Orgnica 4/2003, de 21 de mayo (Ref. BOE-A-2003-10287).
    • los arts. 8.5 y 87.3, por la Ley 1/2000, de 7 de enero (Ref. BOE-A-2000-323).
    • la disposicin adicional cuarta, por Ley 41/1999, de 12 de noviembre (Ref. BOE-A-1999-21980).
    • las disposiciones adicionales 4 y 5 y la final 3 , por Ley 50/1998, de 30 de diciembre (Ref. BOE-A-1998-30155).
Referencias anteriores
  • DEROGA:
    • apartado 3 del art. 110 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre (Ref. BOE-A-1992-26318).
    • los arts. 6 a 10 de la Ley 62/1978, de 26 de diciembre (Ref. BOE-A-1979-88).
    • arts. 114 y 249 de la Ley de Reforma y desarrollo Agrario, texto refundido aprobado por Decreto 118/1973, de 12 de enero (Ref. BOE-A-1973-167).
    • Ley de la Jurisdiccin Contencioso-Administrativa, de 27 de diciembre de 1956 (Gazeta) (Ref. BOE-A-1956-17970).
  • MODIFICA:
    • art. 3 de la Ley de procedimiento laboral, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril (Ref. BOE-A-1995-8758).
    • el art. 40 de la Ley sobre procedimiento Economico-Administrativo, texto articulado aprobado por Real Decreto Legislativo 2795/1980, de 12 de diciembre (Ref. BOE-A-1980-27974).
  • CITA:
Materias
  • Jurisdiccin Contencioso-Administrativa
  • Juzgados de lo Contencioso-Administrativo
  • Procedimiento Contencioso-Administrativo
  • Procedimiento Econmico-Administrativo
  • Procedimiento Laboral
  • Recurso Contencioso-Administrativo

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