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Documento BOE-A-2015-10566

Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Rgimen Jurdico del Sector Pblico.

TEXTO

FELIPE VI

REY DE ESPAA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley:

PREMBULO

I

El26 de octubre de2012 el Consejo de Ministros acord la creacin de la Comisin para la Reforma de las Administraciones Pblicas con el mandato de realizar un estudio integral dirigido a modernizar el sector pblico espaol, dotarle de una mayor eficacia y eliminar las duplicidades que le afectaban y simplificar los procedimientos a travs de los cuales los ciudadanos y las empresas se relacionan con la Administracin.

El informe, que fue elevado al Consejo de Ministros el21 de junio de2013, formul218 propuestas basadas en el convencimiento de que una economa competitiva exige unas Administraciones Pblicas eficientes, transparentes, giles y centradas en el servicio a los ciudadanos y las empresas. En la misma lnea, el Programa nacional de reformas de Espaa para2014 establece la necesidad de impulsar medidas para racionalizar la actuacin administrativa, mejorar la eficiencia en el uso de los recursos pblicos y aumentar su productividad.

Este convencimiento est inspirado en lo que dispone el propio artculo31.2 de la Constitucin Espaola, cuando establece que el gasto pblico realizar una asignacin equitativa de los recursos pblicos, y su programacin y ejecucin respondern a los criterios de eficiencia y economa.

Como se seala en el Informe de la Comisin para la Reforma de las Administraciones Pblicas (en adelante CORA), la normativa reguladora de las Administraciones Pblicas ha pasado por diferentes etapas. Tradicionalmente, las reglas reguladoras de los aspectos orgnicos del poder ejecutivo estaban separadas de las que disciplinaban los procedimientos. Esta separacin termin con la Ley30/1992, de26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, que unific en un solo instrumento estas materias.

La evolucin normativa posterior se ha caracterizado por la profusin de leyes, reales decretos y dems disposiciones de inferior rango, que han completado la columna vertebral del derecho administrativo. De este modo, nos encontramos en el momento actual normas que regulan aspectos orgnicos, como la Ley6/1997, de14 de abril, de organizacin y funcionamiento de la Administracin General del Estado; la Ley50/1997, de27 de noviembre, del Gobierno y la Ley28/2006, de18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios pblicos; y otras que tratan aspectos tanto orgnicos como procedimentales de la citada Ley30/1992, de26 de noviembre; o la Ley11/2007, de22 de junio, de acceso electrnico de los ciudadanos a los servicios pblicos, por citar las ms relevantes.

Resulta, por tanto evidente, la necesidad de dotar a nuestro sistema legal de un derecho administrativo sistemtico, coherente y ordenado, de acuerdo con el proyecto general de mejora de la calidad normativa que inspira todo el informe aprobado por la CORA. En l se previ la elaboracin de dos leyes: una, reguladora del procedimiento administrativo, que integrara las normas que rigen la relacin de los ciudadanos con las Administraciones. Otra, comprensiva del rgimen jurdico de las Administraciones Pblicas, donde se incluiran las disposiciones que disciplinan el sector pblico institucional. Con ello, se aborda una reforma integral de la organizacin y funcionamiento de las Administraciones articulada en dos ejes fundamentales: la ordenacin de las relaciones ad extra de las Administraciones con los ciudadanos y empresas, y la regulacin ad intra del funcionamiento interno de cada Administracin y de las relaciones entre ellas.

La presente Ley responde al segundo de los ejes citados, y abarca, por un lado, la legislacin bsica sobre rgimen jurdico administrativo, aplicable a todas las Administraciones Pblicas; y por otro, el rgimen jurdico especfico de la Administracin General del Estado, donde se incluye tanto la llamada Administracin institucional, como la Administracin perifrica del Estado. Esta Ley contiene tambin la regulacin sistemtica de las relaciones internas entre las Administraciones, estableciendo los principios generales de actuacin y las tcnicas de relacin entre los distintos sujetos pblicos. Queda as sistematizado el ordenamiento de las relaciones ad intra e inter Administraciones, que se complementa con su normativa presupuestaria, destacando especialmente la Ley Orgnica2/2012, de27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, la Ley47/2003, de26 de noviembre, General Presupuestaria y las leyes anuales de Presupuestos Generales del Estado.

Se conserva como texto independiente la Ley del Gobierno, que por regular de forma especfica la cabeza del poder ejecutivo de la nacin, de naturaleza y funciones eminentemente polticas, debe mantenerse separada de la norma reguladora de la Administracin Pblica, dirigida por aqul. De acuerdo con este criterio, la presente Ley modifica aquella, con el objeto de extraer aquellas materias que, por ser ms propias de la organizacin y funciones de los miembros del gobierno en cuanto que rganos administrativos, deben regularse en este texto legal.

El Informe CORA recomienda reformar el ordenamiento jurdico administrativo no solo por razones de coherencia normativa y poltica legislativa. Las Administraciones Pblicas, lejos de constituir un obstculo para la vida de los ciudadanos y las empresas, deben facilitar la libertad individual y el desenvolvimiento de la iniciativa personal y empresarial. Para ello es imprescindible establecer un marco normativo que impida la creacin de rganos o entidades innecesarios o redundantes, y asegure la eficacia y eficiencia de los entes pblicos, ejerciendo sobre ellos una supervisin continua que permita evaluar el cumplimiento de los objetivos que justificaron su creacin, y cuestionar su mantenimiento cuando aquellos se hayan agotado o exista otra forma ms eficiente de alcanzarlos.

La Organizacin para la Cooperacin y Desarrollo Econmico (en adelante OCDE), ha valorado la reforma administrativa emprendida por la CORA de forma muy positiva. En el informe emitido sobre ella, seala que el paquete de reforma es resultado de un riguroso proceso de recoleccin de datos, dilogo entre profesionales y diagnstico de las debilidades de la Administraciones Pblicas espaolas. Considera la OCDE que el conjunto de asuntos polticos incluidos en la reforma (por ejemplo, gobierno electrnico, relaciones de gobernanza multinivel, buena regulacin, reformas presupuestarias), junto con las iniciativas paralelas adoptadas en los dos ltimos aos en reas como estabilidad presupuestaria, transparencia y regeneracin democrtica, explica uno de los ms ambiciosos procesos de reforma realizados en un pas de la OCDE. La presente Ley, por tanto, no representa el nico instrumento normativo que materializa la reforma, Pero s constituye, junto con la que disciplinar el procedimiento administrativo, de tramitacin paralela, y las ya aprobadas sobre transparencia y buen gobierno y estabilidad presupuestaria, la piedra angular sobre la que se edificar la Administracin Pblica espaola del futuro, al servicio de los ciudadanos.

II

La Ley comienza estableciendo, en sus disposiciones generales, los principios de actuacin y de funcionamiento del sector pblico espaol.

Entre los principios generales, que debern respetar todas las Administraciones Pblicas en su actuacin y en sus relaciones recprocas, adems de encontrarse los ya mencionados en la Constitucin Espaola de eficacia, jerarqua, descentralizacin, desconcentracin, coordinacin, y sometimiento pleno a la Ley y al Derecho, destaca la incorporacin de los de trasparencia y de planificacin y direccin por objetivos, como exponentes de los nuevos criterios que han de guiar la actuacin de todas las unidades administrativas.

La Ley recoge, con las adaptaciones necesarias, las normas hasta ahora contenidas en la Ley11/2007, de22 de junio, en lo relativo al funcionamiento electrnico del sector pblico, y algunas de las previstas en el Real Decreto1671/2009, de6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la anterior. Se integran as materias que demandaban una regulacin unitaria, como corresponde con un entorno en el que la utilizacin de los medios electrnicos ha de ser lo habitual, como la firma y sedes electrnicas, el intercambio electrnico de datos en entornos cerrados de comunicacin y la actuacin administrativa automatizada. Se establece asimismo la obligacin de que las Administraciones Pblicas se relacionen entre s por medios electrnicos, previsin que se desarrolla posteriormente en el ttulo referente a la cooperacin interadministrativa mediante una regulacin especfica de las relaciones electrnicas entre las Administraciones. Para ello, tambin se contempla como nuevo principio de actuacin la interoperabilidad de los medios electrnicos y sistemas y la prestacin conjunta de servicios a los ciudadanos.

La enumeracin de los principios de funcionamiento y actuacin de las Administraciones Pblicas se completa con los ya contemplados en la normativa vigente de responsabilidad, calidad, seguridad, accesibilidad, proporcionalidad, neutralidad y servicio a los ciudadanos.

El Ttulo Preliminar regula pormenorizadamente el rgimen de los rganos administrativos, tomando como base la normativa hasta ahora vigente contenida en la Ley30/1992, de26 de noviembre, en la que se incorporan ciertas novedades. La creacin de rganos solo podr hacerse previa comprobacin de que no exista ninguna duplicidad con los existentes. Se completan las previsiones sobre los rganos de la Administracin consultiva y se mejora la regulacin de los rganos colegiados, en particular, los de la Administracin General del Estado, destacando la generalizacin del uso de medios electrnicos para que stos puedan constituirse, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos, elaborar y remitir las actas de sus reuniones.

Tambin se incorporan en este Ttulo los principios relativos al ejercicio de la potestad sancionadora y los que rigen la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Pblicas. Entre las novedades ms destacables en este mbito, merecen especial mencin los cambios introducidos en la regulacin de la denominada responsabilidad patrimonial del Estado Legislador por las lesiones que sufran los particulares en sus bienes y derechos derivadas de leyes declaradas inconstitucionales o contrarias al Derecho de la Unin Europea, concretndose las condiciones que deben darse para que se pueda proceder, en su caso, a la indemnizacin que corresponda.

Por ltimo, se regulan en el Ttulo Preliminar los convenios administrativos, en la lnea prevista en el Dictamen878 del Tribunal de Cuentas, de30 de noviembre, de2010, que recomendaba sistematizar su marco legal y tipologa, establecer los requisitos para su validez, e imponer la obligacin de remitirlos al propio Tribunal. De este modo, se desarrolla un rgimen completo de los convenios, que fija su contenido mnimo, clases, duracin, y extincin y asegura su control por el Tribunal de Cuentas.

III

En relacin con la Administracin del Estado, el Ttulo primero parte de la regulacin contenida en la Ley6/1997, de14 de abril, aplicando ciertas mejoras que el tiempo ha revelado necesarias. Se establecen los rganos superiores y directivos propios de la estructura ministerial y tambin en el mbito de la Administracin perifrica y en el exterior. En el caso de los organismos pblicos, sern sus estatutos los que establezcan sus rganos directivos.

La Ley regula los Ministerios y su organizacin interna, sobre la base de los siguientes rganos: Ministros, Secretarios de Estado, Subsecretarios, Secretarios Generales, Secretarios Generales Tcnicos, Directores Generales y Subdirectores Generales.

Se integran en esta Ley funciones de los Ministros que, hasta ahora, estaban dispersas en otras normas o que eran inherentes al ejercicio de ciertas funciones, como celebrar en el mbito de su competencia, contratos y convenios; autorizar las modificaciones presupuestarias; decidir la representacin del Ministerio en los rganos colegiados o grupos de trabajo; rendir la cuenta del departamento ante el Tribunal de Cuentas; y resolver los recursos administrativos presentados ante los rganos superiores y directivos del Departamento. La Ley reordena parcialmente las competencias entre los rganos superiores, Ministros y Secretarios de Estado, y directivos, Subsecretarios, Secretarios Generales, Secretarios Generales Tcnicos y Directores Generales de los Ministerios, atribuyendo a ciertos rganos como propias algunas funciones que hasta ahora habitualmente se delegaban en ellos. Y con el objeto de posibilitar las medidas de mejora de gestin propuestas en el Informe CORA, se atribuye a los Subsecretarios una nueva competencia: la de adoptar e impulsar las medidas tendentes a la gestin centralizada de recursos y medios materiales en el mbito de su Departamento.

Se atribuyen tambin expresamente a la Subsecretara del Ministerio de la Presidencia, en coordinacin con la Secretara General de la Presidencia del Gobierno, las competencias propias de los servicios comunes de los Departamentos en relacin con el rea de la Presidencia del Gobierno. Debe recordarse que, al tratarse de un mbito ajeno a la estructura del propio departamento ministerial, esta atribucin excede del real decreto en que se fije la estructura orgnica de aqul.

Con el objeto de evitar la proliferacin de centros encargados de la prestacin de servicios administrativos en cada ente o unidad, y facilitar que los mismos se provean por rganos especializados en el mbito del Ministerio o de forma centralizada para toda la Administracin, se prev la posibilidad de que la organizacin y gestin de los servicios comunes de los Ministerios y entidades dependientes pueda ser coordinada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas u otro organismo pblico; o bien por la Subsecretara de cada departamento.

IV

Sobre la base de la regulacin de la Administracin Perifrica contenida en la Ley6/1997, la Ley regula los rganos de la Administracin General del Estado de carcter territorial, los Delegados y Subdelegados del Gobierno. Como principales novedades respecto a la regulacin hasta ahora vigente, destacan las siguientes cuestiones.

En cuanto a los Delegados del Gobierno, se refuerza su papel poltico e institucional, se les define como rganos directivos, y se dispone que su nombramiento atender a criterios de competencia profesional y experiencia, siendo de aplicacin al desempeo de sus funciones lo establecido en el Ttulo II de la Ley19/2013, de9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informacin pblica y buen gobierno.

Se mejora la regulacin de su suplencia, vacante o enfermedad, correspondiendo al Subdelegado del Gobierno que el Delegado designe. En caso de no haber realizado formalmente la designacin, y cuando se trate de una Comunidad uniprovincial que carezca de Subdelegado, la suplencia recaer sobre el Secretario General.

Las competencias de los Delegados del Gobierno, que hasta ahora eran recogidas en diversos preceptos, pasan a estar reguladas en un nico artculo, sistematizndolas en cinco categoras: competencias de direccin y coordinacin; de informacin de la accin del Gobierno y a los ciudadanos; de coordinacin y colaboracin con otras Administraciones Pblicas; competencias relativas al control de legalidad; y competencias relacionadas con el desarrollo de las polticas pblicas.

Se recoge expresamente en la Ley la competencia atribuida a los Delegados del Gobierno en la Ley33/2003, de3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Pblicas, referente a la coordinacin de los usos de los edificios de la Administracin General del Estado en su mbito de actuacin, de acuerdo con las directrices establecidas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas y la Direccin General de Patrimonio del Estado.

Respecto de los Subdelegados del Gobierno, se concretan los requisitos de titulacin para ser nombrado Subdelegado del Gobierno, de tal manera que ahora se indica el subgrupo funcionarial al que debe pertenecer. En cuanto a las competencias de los Subdelegados del Gobierno, y como novedad ms relevante, se le atribuye la de coordinar la utilizacin de los medios materiales y, en particular, de los edificios administrativos en el mbito de su provincia.

Se recoge legalmente la existencia de un rgano que se ha revelado como fundamental en la gestin de las Delegaciones y Subdelegaciones, la Secretara General, encargada de la llevanza de los servicios comunes y de la que dependern las reas funcionales. Tambin se establece a nivel legal que la asistencia jurdica y el control financiero de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno sern ejercidos por la Abogaca del Estado y por la Intervencin General de la Administracin del Estado, respectivamente, cuestin anteriormente regulada por normativa reglamentaria.

La Ley tambin prev expresamente la existencia de la Comisin Interministerial de Coordinacin de la Administracin Perifrica del Estado, cuyas atribuciones, composicin y funcionamiento sern objeto de regulacin reglamentaria.

Por lo que se refiere a la Administracin General del Estado en el exterior, se efecta una remisin a la Ley2/2014, de25 de marzo, de la Accin y del Servicio Exterior del Estado, y a su normativa de desarrollo, declarndose la aplicacin supletoria de la presente Ley.

V

En el mbito de la denominada Administracin institucional, la Ley culmina y hace efectivas las conclusiones alcanzadas en este mbito por la CORA y que son reflejo de la necesidad de dar cumplimiento a lo previsto en el mencionado artculo31.2 de la Constitucin, que ordena que el gasto pblico realice una asignacin equitativa de los recursos pblicos, y que su programacin y ejecucin respondan a los criterios de eficiencia y economa. De forma congruente con este mandato, el artculo135 de la Constitucin establece que todas las Administraciones Pblicas adecuarn sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.

La permanente necesidad de adaptacin de la Administracin Institucional se aprecia con el mero anlisis de la regulacin jurdica de los entes que la componen. Un panorama en el que se han aprobado de forma sucesiva diferentes leyes que desde distintas perspectivas han diseado el marco normativo de los entes auxiliares de que el Estado dispone.

En primer lugar, la regulacin jurdica fundamental de los diferentes tipos de entes y organismos pblicos dependientes del Estado est prevista en la Ley6/1997, de14 de abril, que diferencia tres tipos de entidades: Organismos Autnomos, Entidades Pblicas Empresariales y Agencias Estatales, categora que se aadi con posterioridad. Cada uno de estos organismos pblicos cuenta con una normativa reguladora especfica, que normalmente consta de una referencia en la ley de creacin y de un desarrollo reglamentario posterior dictado al aprobar los correspondientes estatutos.

No obstante, el marco aparentemente general es cuestionado por la previsin establecida en la disposicin adicional dcima de la Ley,6/1997, de14 de abril, que excluye de su aplicacin a determinados entes que cuentan con previsiones legales propias, por lo que la Ley se les aplica de forma slo supletoria. Esta excepcin pone de relieve el principal obstculo en la clarificacin normativa de estos entes, que no es otro que el desplazamiento del derecho comn en beneficio de un derecho especial normalmente vinculado a una percepcin propia de un sector de actividad, social o corporativo, que a travs de la legislacin especfica logra dotarse de un marco jurdico ms sensible a sus necesidades.

Con posterioridad a la Ley6/1997, de14 de abril, la descentralizacin funcional del Estado recuper rpidamente su tendencia a la diversidad. En primer lugar, por la aprobacin de la Ley50/2002, de26 de diciembre, de Fundaciones. En ella se disea el rgimen aplicable a las fundaciones constituidas mayoritariamente por entidades del sector pblico estatal, aplicando la tcnica fundacional al mbito de la gestin pblica.

Desde otra perspectiva, basada en el anlisis de la actividad que realizan los diferentes entes, el ordenamiento vigente ha regulado en la Ley47/2003, de26 de noviembre, General Presupuestaria, la totalidad del denominado sector pblico estatal, que est formado por tres sectores: Primero, el Sector Pblico administrativo, que est constituido por la Administracin General del Estado; los organismos autnomos dependientes de la Administracin General del Estado; las entidades gestoras, servicios comunes y las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en su funcin pblica de colaboracin en la gestin de la Seguridad Social; los rganos con dotacin diferenciada en los Presupuestos Generales del Estado que, careciendo de personalidad jurdica, no estn integrados en la Administracin General del Estado pero forman parte del sector pblico estatal; las entidades estatales de derecho pblico y los consorcios, cuando sus actos estn sujetos directa o indirectamente al poder de decisin de un rgano del Estado, su actividad principal no consista en la produccin en rgimen de mercado de bienes y servicios y no se financien mayoritariamente con ingresos comerciales. Segundo, el Sector Pblico empresarial, que est constituido por las entidades pblicas empresariales, dependientes de la Administracin General del Estado, o de cualesquiera otros organismos pblicos vinculados o dependientes de ella; las sociedades mercantiles estatales, definidas en la Ley33/2003, de3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Pblicas; y las Entidades estatales de derecho pblico distintas de las comprendidas en el Sector Pblico administrativo y los consorcios no incluidos en l. Tercero, el Sector Pblico fundacional, constituido por las fundaciones del sector pblico estatal, definidas en la Ley50/2002, de26 de diciembre.

El siguiente hito normativo fue la Ley33/2003, de3 de noviembre, que regula el denominado patrimonio empresarial de la Administracin General del Estado, formado por las entidades pblicas empresariales, a las que se refiere el Captulo III del Ttulo III de la Ley6/1997, de14 de abril, las entidades de Derecho pblico cuyos ingresos provengan, al menos en un50 por100, de operaciones realizadas en el mercado; y las sociedades mercantiles estatales.

La preocupacin por la idoneidad de los entes pblicos y la voluntad de abordar su reforma condujo a la aprobacin de la Ley28/2006, de18 de julio, de Agencias Estatales para la Mejora de los Servicios Pblicos, mediante la que se cre este nuevo tipo de ente. El objetivo prioritario de esta Ley fue establecer mecanismos de responsabilidad en la direccin y gestin de los nuevos organismos pblicos, vinculando el sistema retributivo al logro de sus objetivos y reconociendo un mayor margen de discrecionalidad en la gestin presupuestaria.

La Ley autoriz la creacin de12 Agencias, si bien hasta el momento slo se han constituido7 de ellas, y la Agencia Espaola de Medicamentos y Productos Sanitarios, autorizada en otra Ley.

El objetivo de la reforma fue instaurar la Agencia como nuevo modelo de ente pblico, pero naci ya con una eficacia limitada. La disposicin adicional quinta de la Ley autorizaba al Gobierno para transformar en Agencia los Organismos Pblicos cuyos objetivos y actividades se ajustasen a su naturaleza, lo que implicaba el reconocimiento de la existencia de entidades que, por no cumplir este requisito, no precisaran transformacin, y que permaneceran en su condicin de Organismos Autnomos, Entidades Pblicas Empresariales o entes con estatuto especial. Y, sin embargo, la disposicin adicional sptima ordenaba atribuir el estatuto a todos los organismos pblicos de futura creacin con carcter general.

Por todo ello, no puede decirse que los objetivos de la Ley se hayan alcanzado, incluso despus de ms de seis aos de vigencia, porque su desarrollo posterior ha sido muy limitado, y porque las medidas de control de gasto pblico han neutralizado la pretensin de dotar a las agencias de mayor autonoma financiera.

Otras normas se han referido con mayor o menor amplitud, al mbito y categora del sector pblico. Es el caso de la Ley30/2007, de30 de octubre, de Contratos del Sector Pblico, que diferencia entre el Sector Pblico y las Administraciones Pblicas, introduciendo el concepto de poderes adjudicadores. Distincin igualmente recogida en el posterior Real Decreto Legislativo3/2011, de14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Pblico.

La Ley2/2011, de4 de marzo, de Economa Sostenible, llev a cabo una regulacin propia y especial para los seis organismos reguladores existentes en esos momentos, con especial atencin a garantizar su independencia respecto de los agentes del mercado. Posteriormente la Ley3/2013, de4 de junio, de creacin de la Comisin Nacional de los Mercados y la Competencia integr en esta supervisin hasta siete preexistentes. Incluso nos encontramos con que la Ley Orgnica2/2012, de27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, para evitar dudas interpretativas, se remite a la definicin del sector pblico en el mbito comunitario.

El proyecto de reforma administrativa puesto en marcha aborda la situacin de los entes instrumentales en dos direcciones: medidas concretas de racionalizacin del sector pblico estatal, fundacional y empresarial, que se han materializado en sucesivos Acuerdos de Consejo de Ministros, y en otras disposiciones; y la reforma del ordenamiento aplicable a los mismos, que se materializa en la presente Ley, y de la que ya se haban dado pasos en la reciente Ley15/2014, de16 de septiembre, de racionalizacin del Sector Pblico y otras medidas de reforma administrativa, que modific el rgimen jurdico de los consorcios.

Teniendo en cuenta todos estos antecedentes, la Ley establece, en primer lugar, dos normas bsicas para todas las Administraciones Pblicas. Por un lado, la obligatoriedad de inscribir la creacin, transformacin o extincin de cualquier entidad integrante del sector pblico institucional en el nuevo Inventario de Entidades del Sector Pblico Estatal, Autonmico y Local. Esta inscripcin ser requisito necesario para obtener el nmero de identificacin fiscal definitivo de la Agencia Estatal de Administracin Tributaria. Este Registro permitir contar con informacin completa, fiable y pblica del nmero y los tipos de organismos pblicos y entidades existentes en cada momento. Y por otro lado, se obliga a todas las Administraciones a disponer de un sistema de supervisin continua de sus entidades dependientes, que conlleve la formulacin peridica de propuestas de transformacin, mantenimiento o extincin.

Ya en el mbito de la Administracin General del Estado, se establece una nueva clasificacin del sector pblico estatal para los organismos y entidades que se creen a partir de la entrada en vigor de la Ley, ms clara, ordenada y simple, pues quedan reducidos a los siguientes tipos: organismos pblicos, que incluyen los organismos autnomos y las entidades pblicas empresariales; autoridades administrativas independientes, sociedades mercantiles estatales, consorcios, fundaciones del sector pblico y fondos sin personalidad jurdica. La meta es la de sistematizar el rgimen hasta ahora vigente en el mbito estatal y mejorarlo siguiendo las pautas que se explican a continuacin.

En primer lugar, preservando los aspectos positivos de la regulacin de los distintos tipos de entes, de modo que se favorezca la programacin de objetivos, el control de eficacia de los entes pblicos y el mantenimiento de los estrictamente necesarios para la realizacin de las funciones legalmente encomendadas al sector pblico.

En segundo lugar, suprimiendo las especialidades que, sin mucha justificacin, propiciaban la excepcin de la aplicacin de controles administrativos que deben existir en toda actuacin pblica, en lo que ha venido en denominarse la huida del derecho administrativo. La flexibilidad en la gestin ha de ser compatible con los mecanismos de control de la gestin de fondos pblicos.

Y, en tercer lugar, dedicando suficiente atencin a la supervisin de los entes pblicos y a su transformacin y extincin, materias stas que, por poco frecuentes, no haban demandado un rgimen detallado en el pasado. Con ello se resuelve una de las principales carencias de la Ley de Agencias: la ausencia de una verdadera evaluacin externa a la entidad, que permita juzgar si sigue siendo la forma ms eficiente y eficaz posible de cumplir los objetivos que persigui su creacin y que proponga alternativas en caso de que no sea as.

De este modo, se establecen dos tipos de controles de las entidades integrantes del sector pblico estatal.

Una supervisin continua, desde su creacin hasta su extincin, a cargo del Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas que vigilar la concurrencia de los requisitos previstos en esta Ley.

Un control de eficacia, centrado en el cumplimiento de los objetivos propios de la actividad de la entidad, que ser ejercido anualmente por el Departamento al que est adscrita la entidad u organismo pblico, sin perjuicio del control de la gestin econmico financiera que se ejerza por la Intervencin General de la Administracin del Estado.

Este sistema, que sigue las mejores prcticas del derecho comparado, permitir evaluar de forma continua la pervivencia de las razones que justificaron la creacin de cada entidad y su sostenibilidad futura. As se evitar tener que reiterar en el futuro el exhaustivo anlisis que tuvo que ejecutar la CORA para identificar las entidades innecesarias o redundantes y que estn en proceso de extincin.

Se incorpora al contenido de la Ley la regulacin de los medios propios y servicios tcnicos de la Administracin, de acuerdo con lo que en la actualidad se establece en la normativa de contratos del sector pblico. Como novedad, la creacin de un medio propio o su declaracin como tal deber ir precedida de una justificacin, por medio de una memoria de la intervencin general, de que la entidad resulta sostenible y eficaz, de acuerdo con los criterios de rentabilidad econmica, y que resulta una opcin ms eficiente que la contratacin pblica para disponer del servicio o suministro cuya provisin le corresponda, o que concurren otras razones excepcionales que justifican su existencia, como la seguridad pblica o la urgencia en la necesidad del servicio. Asimismo, estas entidades debern estar identificadas a travs de un acrnimo MP, para mayor seguridad jurdica. Estos requisitos se aplicarn tanto a los medios propios que se creen en el futuro como a los ya existentes, establecindose un plazo de seis meses para su adaptacin.

Bajo la denominacin de organismos pblicos, la Ley regula los organismos autnomos y las entidades pblicas empresariales del sector pblico estatal.

Los organismos pblicos se definen como aqullos dependientes o vinculados a la Administracin General del Estado, bien directamente, bien a travs de otro organismo pblico, cuyas caractersticas justifican su organizacin en rgimen de descentralizacin funcional o de independencia, y que son creados para la realizacin de actividades administrativas, sean de fomento, prestacin, gestin de servicios pblicos o produccin de bienes de inters pblico susceptibles de contraprestacin, as como actividades de contenido econmico reservadas a las Administraciones Pblicas. Tienen personalidad jurdica pblica diferenciada, patrimonio y tesorera propios, as como autonoma de gestin y les corresponden las potestades administrativas precisas para el cumplimiento de sus fines salvo la potestad expropiatoria.

Se establece una estructura organizativa comn en el mbito del sector pblico estatal, articulada en rganos de gobierno, ejecutivos y de control de eficacia, correspondiendo al Ministro de Hacienda y Administraciones Pblicas la clasificacin de las entidades, conforme a su naturaleza y a los criterios previstos en el Real Decreto451/2012, de5 de marzo, por el que se regula el rgimen retributivo de los mximos responsables y directivos en el sector pblico empresarial y otras entidades.

En general, se hace ms exigente la creacin de organismos pblicos al someterse a los siguientes requisitos: por un lado, la elaboracin de un plan de actuacin con un contenido mnimo que incluye un anlisis de eficiencia y las razones que fundamentan la creacin; justificacin de la forma jurdica propuesta; determinacin de los objetivos a cumplir y los indicadores para medirlos; acreditacin de la inexistencia de duplicidades, etc. Y, por otro lado, un informe preceptivo del Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas.

De acuerdo con el criterio de racionalizacin anteriormente expuesto para toda la Administracin General del Estado, tanto los organismos existentes en el sector pblico estatal como los de nueva creacin aplicarn una gestin compartida de los servicios comunes, salvo que la decisin de no hacerlo se justifique en la memoria que acompae a la norma de creacin por razones de eficiencia, conforme al artculo7 de la Ley Orgnica2/2012, de27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, seguridad nacional o cuando la organizacin y gestin compartida afecte a servicios que deban prestarse de forma autnoma en atencin a la independencia del organismo.

Por primera vez, se incluye para el sector pblico estatal un rgimen de transformaciones y fusiones de organismos pblicos de la misma naturaleza jurdica, bien mediante su extincin e integracin en un nuevo organismo pblico, o bien mediante su absorcin por otro ya existente. La fusin se llevar a cabo por una norma reglamentaria, aunque suponga modificacin de la ley de creacin. Se establece un mayor control para la transformacin de organismo autnomo en sociedad mercantil estatal o en fundacin del sector pblico, con el fin de evitar el fenmeno de la huida de los controles del derecho administrativo, para lo que se exige la elaboracin de una memoria que lo justifique y un informe preceptivo de la Intervencin General de la Administracin del Estado. En cambio, se facilita la transformacin de sociedades mercantiles estatales en organismos autnomos, que estn sometidos a controles ms intensos.

Se regula, tambin en el mbito estatal, la disolucin, liquidacin y extincin de organismos pblicos. En este sentido, se detallan las causas de disolucin, entre las que destaca la situacin de desequilibrio financiero durante dos ejercicios presupuestarios consecutivos, circunstancia que no opera de modo automtico, al poder corregirse mediante un plan elaborado al efecto.

El proceso de disolucin es gil, al bastar un acuerdo del Consejo de Ministros. Deber designarse un rgano administrativo o entidad del sector pblico institucional como liquidador, cuya responsabilidad ser directamente asumida por la Administracin que le designe, sin perjuicio de la posibilidad de repetir contra aqul cuando hubiera causa legal para ello.

Publicado el acuerdo de disolucin, la liquidacin se inicia automticamente, y tendr lugar por cesin e integracin global de todo el activo y pasivo del organismo en la Administracin General del Estado, que suceder a la entidad extinguida en todos sus derechos y obligaciones. Formalizada la liquidacin se producir la extincin automtica.

En cuanto a la tipologa propia del sector institucional del Estado, la Ley contempla las siguientes categoras de entidades: organismos pblicos, que comprende los organismos autnomos y las entidades pblicas empresariales; las autoridades administrativas independientes; las sociedades mercantiles estatales; las fundaciones del sector pblico estatal; los consorcios; y los fondos sin personalidad jurdica. En los captulos correspondientes a cada tipo se define su rgimen jurdico, econmico-financiero, presupuestario, de contratacin, y de personal. Los organismos autnomos desarrollan actividades derivadas de la propia Administracin Pblica, en calidad de organizaciones instrumentales diferenciadas y dependientes de sta, mientras que las entidades pblicas empresariales, se cualifican por simultanear el ejercicio de potestades administrativas y de actividades prestacionales, de gestin de servicios o de produccin de bienes de inters pblico, susceptibles de contraprestacin. Las autoridades administrativas independientes, tienen atribuidas funciones de regulacin o supervisin de carcter externo sobre un determinado sector o actividad econmica, para cuyo desempeo deben estar dotadas de independencia funcional o una especial autonoma respecto de la Administracin General del Estado, lo que deber determinarse en una norma con rango de Ley. En atencin a esta peculiar idiosincrasia, se rigen en primer trmino por su normativa especial, y supletoriamente, en cuanto sea compatible con su naturaleza y funciones, por la presente Ley.

Se mantiene el concepto de sociedades mercantiles estatales actualmente vigente en la Ley33/2003, de3 de noviembre, respecto de las cuales se incluye como novedad que la responsabilidad aplicable a los miembros de sus consejos de administracin designados por la Administracin General del Estado ser asumida directamente por la Administracin designante. Todo ello, sin perjuicio de que pueda exigirse de oficio la responsabilidad del administrador por los daos y perjuicios causados cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves.

La Ley establece con carcter bsico el rgimen jurdico de los consorcios, al tratarse de un rgimen que, por definicin, afectar a todas las Administraciones Pblicas, siguiendo la lnea de las modificaciones efectuadas por la Ley15/2014, de16 de septiembre, de racionalizacin del Sector Pblico y otras medidas de reforma administrativa. La creacin de un consorcio en el que participe la Administracin General del Estado ha de estar prevista en una ley e ir precedida de la autorizacin del Consejo de Ministros. El consorcio se constituye mediante el correspondiente convenio, al que habrn de acompaarse los estatutos, un plan de actuacin de igual contenido que el de los organismos pblicos y el informe preceptivo favorable del departamento competente en la Hacienda Pblica o la intervencin general que corresponda. Las entidades consorciadas podrn acordar, con la mayora que se establezca en los estatutos, o a falta de previsin estatutaria, por unanimidad, la cesin global de activos y pasivos a otra entidad jurdicamente adecuada con la finalidad de mantener la continuidad de la actividad y alcanzar los objetivos del consorcio que se liquida. Su disolucin es automtica mediante acuerdo del mximo rgano de gobierno del consorcio, que nombrar a un rgano o entidad como liquidador. La responsabilidad del empleado pblico que sea nombrado liquidador ser asumida por la entidad o la Administracin que lo design, sin perjuicio de las acciones que esta pueda ejercer para, en su caso, repetir la responsabilidad que corresponda. Finalmente, cabe destacar que se avanza en el rigor presupuestario de los consorcios que estarn sujetos al rgimen de presupuestacin, contabilidad y control de la Administracin Pblica a la que estn adscritos y por tanto se integrarn o, en su caso, acompaarn a los presupuestos de la Administracin de adscripcin en los trminos previstos en su normativa.

Se establece el rgimen jurdico de las fundaciones del sector pblico estatal, manteniendo las lneas fundamentales de la Ley50/2002, de26 de diciembre, de Fundaciones. La creacin de las fundaciones, o la adquisicin de forma sobrevenida de esta forma jurdica, se efectuar por ley. Se deber prever la posibilidad de que en el patrimonio de las fundaciones del sector pblico estatal pueda existir aportacin del sector privado de forma no mayoritaria. Como novedad, se establece con carcter bsico el rgimen de adscripcin pblica de las fundaciones y del protectorado.

Se regulan por ltimo en este Ttulo los fondos carentes de personalidad jurdica del sector pblico estatal, figura cuya frecuente utilizacin demandaba el establecimiento de un rgimen jurdico, y que debern crearse por ley.

VI

El Ttulo III establece un rgimen completo de las relaciones entre las distintas Administraciones Pblicas, que debern sujetarse a nuevos principios rectores cuya ltima ratio se halla en los artculos2,14 y138 de la Constitucin, como la adecuacin al sistema de distribucin de competencias, la solidaridad interterritorial, la programacin y evaluacin de resultados y el respeto a la igualdad de derechos de todos los ciudadanos.

Siguiendo la jurisprudencia constitucional, se definen y diferencian dos principios clave de las relaciones entre Administraciones: la cooperacin, que es voluntaria y la coordinacin, que es obligatoria. Sobre esta base se regulan los diferentes rganos y formas de cooperar y coordinar.

Se desarrollan ampliamente las tcnicas de cooperacin y en especial, las de naturaleza orgnica, entre las que destaca la Conferencia de Presidentes, que se regula por primera vez, las Conferencias Sectoriales y las Comisiones Bilaterales de Cooperacin. Dentro de las funciones de las Conferencias Sectoriales destaca como novedad la de ser informadas sobre anteproyectos de leyes y los proyectos de reglamentos del Gobierno de la Nacin o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autnomas, cuando afecten de manera directa al mbito competencial de las otras Administraciones Pblicas o cuando as est previsto en la normativa sectorial aplicable. Con ello se pretende potenciar la planificacin conjunta y evitar la aparicin de duplicidades.

Se aclara que las Conferencias Sectoriales podrn adoptar recomendaciones, que implican el compromiso de quienes hayan votado a favor a orientar sus actuaciones en esa materia en el sentido acordado, con la obligacin de motivar su no seguimiento; y acuerdos, que podrn adoptar la forma de planes conjuntos, que sern de obligado cumplimiento para todos los miembros no discrepantes, y que sern exigibles ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo. Cuando la Administracin General del Estado ejerza funciones de coordinacin, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, el acuerdo ser obligatorio para todas las Administraciones de la conferencia sectorial.

Se prev el posible funcionamiento electrnico de estos rganos, lo que favorecer las convocatorias de las Conferencias Sectoriales, que podrn ser ms frecuentes, ahorrando costes de desplazamiento.

Dentro del deber de colaboracin se acotan los supuestos en los que la asistencia y cooperacin puede negarse por parte de la Administracin requerida, y se concretan las tcnicas de colaboracin: la creacin y mantenimiento de sistemas integrados de informacin; el deber de asistencia y auxilio para atender las solicitudes formuladas por otras Administraciones para el mejor ejercicio de sus competencias y cualquier otra prevista en la Ley. No obstante, el deber de colaboracin al que estn sometidas las Administraciones Pblicas se ejercer con sometimiento a lo establecido en la normativa especfica aplicable.

Se crea un Registro Electrnico estatal de rganos e Instrumentos de Cooperacin, con efecto constitutivo, de forma que pueda ser de general conocimiento, de forma fiable, la informacin relativa a los rganos de cooperacin y coordinacin en los que participa la Administracin General del Estado y sus organismos pblicos y entidades vinculados o dependientes, y qu convenios hay en vigor en cada momento.

Se da tambin respuesta legal a las interrelaciones competenciales que se han venido desarrollando durante los ltimos aos, propiciando la creacin voluntaria de servicios integrados o complementarios, en los que cada Administracin tenga en cuenta las competencias de otras Administraciones Pblicas y conozca sus proyectos de actuacin para mejorar la eficacia de todo el sistema administrativo.

Tambin se potencia la disponibilidad de sistemas electrnicos de informacin mutua, cada vez ms integrados, tal como se ha puesto de relieve con la Ley20/2013, de9 de diciembre, de garanta de la unidad de mercado.

En las disposiciones adicionales de la Ley se recogen, entre otras materias, la mencin a la Administracin de los Territorios Histricos del Pas Vasco, los Delegados del Gobierno en las Ciudades de Ceuta y Melilla, la estructura administrativa en las islas menores, las relaciones con las ciudades de Ceuta y Melilla, la adaptacin de organismos pblicos y entidades existentes, la gestin compartida de servicios comunes de los organismos pblicos existentes, la transformacin de los medios propios existentes, el Registro estatal de rganos e instrumentos de cooperacin, la adaptacin de los convenios vigentes, la Comisin sectorial de administracin electrnica, la adaptacin a los consorcios en los que participa el Estado, los conflictos de atribuciones intraministeriales, as como el rgimen jurdico del Banco de Espaa, las Autoridades Portuarias y Puertos del Estado, las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, la Agencia Estatal de Administracin Tributaria y la organizacin militar, nicos cuyas peculiaridades justifican un tratamiento separado.

En las disposiciones transitorias se establece el rgimen aplicable al sector pblico institucional existente en la entrada en vigor de la Ley, as como las reglas aplicables a los procedimientos de elaboracin de normas en curso.

En la disposicin derogatoria nica se recoge la normativa y las disposiciones de igual o inferior rango que quedan derogadas.

Entre las disposiciones finales se incluye la modificacin de la regulacin del Gobierno contenida en la Ley50/1997, de27 de noviembre; tambin se modifica la Ley33/2003, de3 de noviembre; se establecen los ttulos competenciales en base a los cuales se dicta la Ley, la habilitacin para su desarrollo normativo; y la entrada en vigor, prevista para un ao despus de la publicacin de la Ley en el Boletn Oficial del Estado.

Las modificaciones introducidas en la actual Ley del Gobierno suponen una serie de trascendentes novedades. As, se adeca el rgimen de los miembros del Gobierno a las previsiones de la Ley3/2015, de30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administracin General del Estado. En cuanto al Presidente del Gobierno, a los Vicepresidentes y a los Ministros, se introducen mejoras tcnicas sobre el procedimiento y formalidades del cese. En el caso de que existan Ministros sin cartera, por Real Decreto se determinar el mbito de sus competencias, la estructura administrativa, as como los medios materiales y personales que queden adscritos a dichos rganos.

Adems de ello, se prev excepcionalmente la asistencia de otros altos cargos al Consejo de Ministros, cuando sean convocados, posibilidad que hasta ahora solo se contemplaba respecto de los Secretarios de Estado.

Se flexibiliza el rgimen de la suplencia de los miembros del Consejo de Ministros, ya que no se considerar ausencia la interrupcin transitoria de la asistencia de los Ministros a las reuniones de un rgano colegiado. En tales casos, las funciones que pudieran corresponder al miembro del Gobierno durante esa situacin sern ejercidas por la siguiente autoridad en rango presente.

El Real Decreto de creacin de cada una de las Comisiones Delegadas del Gobierno deber regular, adems de otras cuestiones, el rgimen interno de funcionamiento y, en particular, el de convocatorias y suplencias. De esta manera, se completa el rgimen de tales rganos.

Se contempla asimismo una habilitacin al Gobierno para que defina determinadas cuestiones, como son la regulacin de las precedencias en los actos oficiales de los titulares de los poderes constitucionales y de las instituciones nacionales, autonmicas, los Departamentos ministeriales y los rganos internos de estos, as como el rgimen de los expresidentes del Gobierno.

De acuerdo con el propsito de que la tramitacin telemtica alcance todos los niveles del Gobierno, se prev que el Ministro de la Presidencia pueda dictar instrucciones para la tramitacin de asuntos ante los rganos colegiados del Gobierno que regulen la posible documentacin de propuestas y acuerdos por medios electrnicos.

Los rganos de colaboracin y apoyo al Gobierno siguen siendo los mismos que en la normativa actual: Comisin General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, Secretariado del Gobierno y Gabinetes del Presidente del Gobierno, de los Vicepresidentes, de los Ministros y de los Secretarios de Estado. La Ley introduce mejoras en el funcionamiento de estos rganos, en particular, atribuyendo a la Comisin General de Secretarios de Estado y Subsecretarios el anlisis o discusin de aquellos asuntos que, sin ser competencia del Consejo de Ministros o sus Comisiones Delegadas, afecten a varios Ministerios y sean sometidos a la Comisin por su Presidente.

Se recogen tambin a nivel legal las funciones del Secretariado del Gobierno como rgano de apoyo del Ministro de la Presidencia, del Consejo de Ministros, de las Comisiones Delegadas del Gobierno y de la Comisin General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, y se le encomiendan otras que estn relacionadas con la tramitacin administrativa de la sancin y promulgacin real de las Leyes, la expedicin de los Reales Decretos, la tramitacin de los actos y disposiciones del Rey cuyo refrendo corresponde al Presidente del Gobierno o al Presidente del Congreso de los Diputados y la tramitacin de los actos y disposiciones que el ordenamiento jurdico atribuye a la competencia del Presidente del Gobierno, entre otras.

En cuanto al rgimen de funcionamiento del Consejo de Ministros, destaca como novedad la regulacin de la posibilidad de avocar, a propuesta del Presidente del Gobierno, las competencias cuya decisin corresponda a las Comisiones Delegadas del Gobierno.

Por ltimo, se modifica el Ttulo V de la Ley del Gobierno, con dos finalidades.

En primer lugar, se reforma el procedimiento a travs del cual se ejerce la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, en lnea con los principios establecidos con carcter general para todas las Administraciones en la Ley de Procedimiento Administrativo y que entraan la elaboracin de un Plan Anual Normativo; la realizacin de una consulta pblica con anterioridad a la redaccin de las propuestas; el reforzamiento del contenido de la Memoria del Anlisis de Impacto Normativo; la atribucin de funciones al Ministerio de la Presidencia para asegurar la calidad normativa; y la evaluacin ex post de las normas aprobadas.

Estas importantes novedades, tributarias de las iniciativas llevadas a cabo sobre Better Regulation en la Unin Europea, siguen asimismo las recomendaciones que en esta materia ha formulado la Organizacin para la Cooperacin y el Desarrollo Econmicos (OCDE) en su informe emitido en2014 Spain: From Administrative Reform to Continous Improvement. Es la Comunicacin de la Comisin Europea al Consejo de25 de junio de2008 (A Small Bussiness Act for Europe) la que entre sus recomendaciones incluye la de fijar fechas concretas de entrada en vigor de cualquier norma que afecte a las pequeas y medianas empresas, propuesta que se incorpora a la normativa estatal y que contribuir a incrementar la seguridad jurdica en nuestra actividad econmica.

En segundo lugar, se extrae el artculo dedicado al control del Gobierno del Ttulo V, en el que impropiamente se encontraba, de modo que pasa a constituir uno especfico con este exclusivo contenido, con una redaccin mas acorde con la normativa reguladora de la jurisdiccin contencioso-administrativa.

TTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales, principios de actuacin y funcionamiento del sector pblico
CAPTULO I
Disposiciones generales
Artculo1. Objeto.

La presente Ley establece y regula las bases del rgimen jurdico de las Administraciones Pblicas, los principios del sistema de responsabilidad de las Administraciones Pblicas y de la potestad sancionadora, as como la organizacin y funcionamiento de la Administracin General del Estado y de su sector pblico institucional para el desarrollo de sus actividades.

Artculo2. mbito Subjetivo.

1. La presente Ley se aplica al sector pblico que comprende:

a) La Administracin General del Estado.

b) Las Administraciones de las Comunidades Autnomas.

c) Las Entidades que integran la Administracin Local.

d) El sector pblico institucional.

2. El sector pblico institucional se integra por:

a) Cualesquiera organismos pblicos y entidades de derecho pblico vinculados o dependientes de las Administraciones Pblicas.

b) Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Pblicas que quedarn sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley que especficamente se refieran a las mismas, en particular a los principios previstos en el artculo3, y en todo caso, cuando ejerzan potestades administrativas.

c) Las Universidades pblicas que se regirn por su normativa especfica y supletoriamente por las previsiones de la presente Ley.

3. Tienen la consideracin de Administraciones Pblicas la Administracin General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autnomas, las Entidades que integran la Administracin Local, as como los organismos pblicos y entidades de derecho pblico previstos en la letra a) del apartado2.

Artculo3. Principios generales.

1. Las Administraciones Pblicas sirven con objetividad los intereses generales y actan de acuerdo con los principios de eficacia, jerarqua, descentralizacin, desconcentracin y coordinacin, con sometimiento pleno a la Constitucin, a la Ley y al Derecho.

Debern respetar en su actuacin y relaciones los siguientes principios:

a) Servicio efectivo a los ciudadanos.

b) Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos.

c) Participacin, objetividad y transparencia de la actuacin administrativa.

d) Racionalizacin y agilidad de los procedimientos administrativos y de las actividades materiales de gestin.

e) Buena fe, confianza legtima y lealtad institucional.

f) Responsabilidad por la gestin pblica.

g) Planificacin y direccin por objetivos y control de la gestin y evaluacin de los resultados de las polticas pblicas.

h) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados.

i) Economa, suficiencia y adecuacin estricta de los medios a los fines institucionales.

j) Eficiencia en la asignacin y utilizacin de los recursos pblicos.

k) Cooperacin, colaboracin y coordinacin entre las Administraciones Pblicas.

2. Las Administraciones Pblicas se relacionarn entre s y con sus rganos, organismos pblicos y entidades vinculados o dependientes a travs de medios electrnicos, que aseguren la interoperabilidad y seguridad de los sistemas y soluciones adoptadas por cada una de ellas, garantizarn la proteccin de los datos de carcter personal, y facilitarn preferentemente la prestacin conjunta de servicios a los interesados.

3. Bajo la direccin del Gobierno de la Nacin, de los rganos de gobierno de las Comunidades Autnomas y de los correspondientes de las Entidades Locales, la actuacin de la Administracin Pblica respectiva se desarrolla para alcanzar los objetivos que establecen las leyes y el resto del ordenamiento jurdico.

4. Cada una de las Administraciones Pblicas del artculo2 acta para el cumplimiento de sus fines con personalidad jurdica nica.

Artculo4. Principios de intervencin de las Administraciones Pblicas para el desarrollo de una actividad.

1. Las Administraciones Pblicas que, en el ejercicio de sus respectivas competencias, establezcan medidas que limiten el ejercicio de derechos individuales o colectivos o exijan el cumplimiento de requisitos para el desarrollo de una actividad, debern aplicar el principio de proporcionalidad y elegir la medida menos restrictiva, motivar su necesidad para la proteccin del inters pblico as como justificar su adecuacin para lograr los fines que se persiguen, sin que en ningn caso se produzcan diferencias de trato discriminatorias. Asimismo debern evaluar peridicamente los efectos y resultados obtenidos.

2. Las Administraciones Pblicas velarn por el cumplimiento de los requisitos previstos en la legislacin que resulte aplicable, para lo cual podrn, en el mbito de sus respectivas competencias y con los lmites establecidos en la legislacin de proteccin de datos de carcter personal, comprobar, verificar, investigar e inspeccionar los hechos, actos, elementos, actividades, estimaciones y dems circunstancias que fueran necesarias.

CAPTULO II
De los rganos de las Administraciones Pblicas
Seccin1. De los rganos administrativos
Artculo5. rganos administrativos.

1. Tendrn la consideracin de rganos administrativos las unidades administrativas a las que se les atribuyan funciones que tengan efectos jurdicos frente a terceros, o cuya actuacin tenga carcter preceptivo.

2. Corresponde a cada Administracin Pblica delimitar, en su respectivo mbito competencial, las unidades administrativas que configuran los rganos administrativos propios de las especialidades derivadas de su organizacin.

3. La creacin de cualquier rgano administrativo exigir, al menos, el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Determinacin de su forma de integracin en la Administracin Pblica de que se trate y su dependencia jerrquica.

b) Delimitacin de sus funciones y competencias.

c) Dotacin de los crditos necesarios para su puesta en marcha y funcionamiento.

4. No podrn crearse nuevos rganos que supongan duplicacin de otros ya existentes si al mismo tiempo no se suprime o restringe debidamente la competencia de estos. A este objeto, la creacin de un nuevo rgano slo tendr lugar previa comprobacin de que no existe otro en la misma Administracin Pblica que desarrolle igual funcin sobre el mismo territorio y poblacin.

Artculo6. Instrucciones y rdenes de servicio.

1. Los rganos administrativos podrn dirigir las actividades de sus rganos jerrquicamente dependientes mediante instrucciones y rdenes de servicio.

Cuando una disposicin especfica as lo establezca, o se estime conveniente por razn de los destinatarios o de los efectos que puedan producirse, las instrucciones y rdenes de servicio se publicarn en el boletn oficial que corresponda, sin perjuicio de su difusin de acuerdo con lo previsto en la Ley19/2013, de9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informacin pblica y buen gobierno.

2. El incumplimiento de las instrucciones u rdenes de servicio no afecta por s solo a la validez de los actos dictados por los rganos administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que se pueda incurrir.

Artculo7. rganos consultivos.

La Administracin consultiva podr articularse mediante rganos especficos dotados de autonoma orgnica y funcional con respecto a la Administracin activa, o a travs de los servicios de esta ltima que prestan asistencia jurdica.

En tal caso, dichos servicios no podrn estar sujetos a dependencia jerrquica, ya sea orgnica o funcional, ni recibir instrucciones, directrices o cualquier clase de indicacin de los rganos que hayan elaborado las disposiciones o producido los actos objeto de consulta, actuando para cumplir con tales garantas de forma colegiada.

Seccin2. Competencia
Artculo8. Competencia.

1. La competencia es irrenunciable y se ejercer por los rganos administrativos que la tengan atribuida como propia, salvo los casos de delegacin o avocacin, cuando se efecten en los trminos previstos en sta u otras leyes.

La delegacin de competencias, las encomiendas de gestin, la delegacin de firma y la suplencia no suponen alteracin de la titularidad de la competencia, aunque s de los elementos determinantes de su ejercicio que en cada caso se prevn.

2. La titularidad y el ejercicio de las competencias atribuidas a los rganos administrativos podrn ser desconcentradas en otros jerrquicamente dependientes de aqullos en los trminos y con los requisitos que prevean las propias normas de atribucin de competencias.

3. Si alguna disposicin atribuye la competencia a una Administracin, sin especificar el rgano que debe ejercerla, se entender que la facultad de instruir y resolver los expedientes corresponde a los rganos inferiores competentes por razn de la materia y del territorio. Si existiera ms de un rgano inferior competente por razn de materia y territorio, la facultad para instruir y resolver los expedientes corresponder al superior jerrquico comn de estos.

Artculo9. Delegacin de competencias.

1. Los rganos de las diferentes Administraciones Pblicas podrn delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros rganos de la misma Administracin, aun cuando no sean jerrquicamente dependientes, o en los Organismos pblicos o Entidades de Derecho Pblico vinculados o dependientes de aqullas.

En el mbito de la Administracin General del Estado, la delegacin de competencias deber ser aprobada previamente por el rgano ministerial de quien dependa el rgano delegante y en el caso de los Organismos pblicos o Entidades vinculados o dependientes, por el rgano mximo de direccin, de acuerdo con sus normas de creacin. Cuando se trate de rganos no relacionados jerrquicamente ser necesaria la aprobacin previa del superior comn si ambos pertenecen al mismo Ministerio, o del rgano superior de quien dependa el rgano delegado, si el delegante y el delegado pertenecen a diferentes Ministerios.

Asimismo, los rganos de la Administracin General del Estado podrn delegar el ejercicio de sus competencias propias en sus Organismos pblicos y Entidades vinculados o dependientes, cuando resulte conveniente para alcanzar los fines que tengan asignados y mejorar la eficacia de su gestin. La delegacin deber ser previamente aprobada por los rganos de los que dependan el rgano delegante y el rgano delegado, o aceptada por este ltimo cuando sea el rgano mximo de direccin del Organismo pblico o Entidad vinculado o dependiente.

2. En ningn caso podrn ser objeto de delegacin las competencias relativas a:

a) Los asuntos que se refieran a relaciones con la Jefatura del Estado, la Presidencia del Gobierno de la Nacin, las Cortes Generales, las Presidencias de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autnomas y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autnomas.

b) La adopcin de disposiciones de carcter general.

c) La resolucin de recursos en los rganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso.

d) Las materias en que as se determine por norma con rango de Ley.

3. Las delegaciones de competencias y su revocacin debern publicarse en el Boletn Oficial del Estado, en el de la Comunidad Autnoma o en el de la Provincia, segn la Administracin a que pertenezca el rgano delegante, y el mbito territorial de competencia de ste.

4. Las resoluciones administrativas que se adopten por delegacin indicarn expresamente esta circunstancia y se considerarn dictadas por el rgano delegante.

5. Salvo autorizacin expresa de una Ley, no podrn delegarse las competencias que se ejerzan por delegacin.

No constituye impedimento para que pueda delegarse la competencia para resolver un procedimiento la circunstancia de que la norma reguladora del mismo prevea, como trmite preceptivo, la emisin de un dictamen o informe; no obstante, no podr delegarse la competencia para resolver un procedimiento una vez que en el correspondiente procedimiento se haya emitido un dictamen o informe preceptivo acerca del mismo.

6. La delegacin ser revocable en cualquier momento por el rgano que la haya conferido.

7. El acuerdo de delegacin de aquellas competencias atribuidas a rganos colegiados, para cuyo ejercicio se requiera un qurum o mayora especial, deber adoptarse observando, en todo caso, dicho qurum o mayora.

Artculo10. Avocacin.

1. Los rganos superiores podrn avocar para s el conocimiento de uno o varios asuntos cuya resolucin corresponda ordinariamente o por delegacin a sus rganos administrativos dependientes, cuando circunstancias de ndole tcnica, econmica, social, jurdica o territorial lo hagan conveniente.

En los supuestos de delegacin de competencias en rganos no dependientes jerrquicamente, el conocimiento de un asunto podr ser avocado nicamente por el rgano delegante.

2. En todo caso, la avocacin se realizar mediante acuerdo motivado que deber ser notificado a los interesados en el procedimiento, si los hubiere, con anterioridad o simultneamente a la resolucin final que se dicte.

Contra el acuerdo de avocacin no cabr recurso, aunque podr impugnarse en el que, en su caso, se interponga contra la resolucin del procedimiento.

Artculo11. Encomiendas de gestin.

1. La realizacin de actividades de carcter material o tcnico de la competencia de los rganos administrativos o de las Entidades de Derecho Pblico podr ser encomendada a otros rganos o Entidades de Derecho Pblico de la misma o de distinta Administracin, siempre que entre sus competencias estn esas actividades, por razones de eficacia o cuando no se posean los medios tcnicos idneos para su desempeo.

Las encomiendas de gestin no podrn tener por objeto prestaciones propias de los contratos regulados en la legislacin de contratos del sector pblico. En tal caso, su naturaleza y rgimen jurdico se ajustar a lo previsto en sta.

2. La encomienda de gestin no supone cesin de la titularidad de la competencia ni de los elementos sustantivos de su ejercicio, siendo responsabilidad del rgano o Entidad encomendante dictar cuantos actos o resoluciones de carcter jurdico den soporte o en los que se integre la concreta actividad material objeto de encomienda.

En todo caso, la Entidad u rgano encomendado tendr la condicin de encargado del tratamiento de los datos de carcter personal a los que pudiera tener acceso en ejecucin de la encomienda de gestin, sindole de aplicacin lo dispuesto en la normativa de proteccin de datos de carcter personal.

3. La formalizacin de las encomiendas de gestin se ajustar a las siguientes reglas:

a) Cuando la encomienda de gestin se realice entre rganos administrativos o Entidades de Derecho Pblico pertenecientes a la misma Administracin deber formalizarse en los trminos que establezca su normativa propia y, en su defecto, por acuerdo expreso de los rganos o Entidades de Derecho Pblico intervinientes. En todo caso, el instrumento de formalizacin de la encomienda de gestin y su resolucin deber ser publicada, para su eficacia, en el Boletn Oficial del Estado, en el Boletn oficial de la Comunidad Autnoma o en el de la Provincia, segn la Administracin a que pertenezca el rgano encomendante.

Cada Administracin podr regular los requisitos necesarios para la validez de tales acuerdos que incluirn, al menos, expresa mencin de la actividad o actividades a las que afecten, el plazo de vigencia y la naturaleza y alcance de la gestin encomendada.

b) Cuando la encomienda de gestin se realice entre rganos y Entidades de Derecho Pblico de distintas Administraciones se formalizar mediante firma del correspondiente convenio entre ellas, que deber ser publicado en el Boletn Oficial del Estado, en el Boletn oficial de la Comunidad Autnoma o en el de la Provincia, segn la Administracin a que pertenezca el rgano encomendante, salvo en el supuesto de la gestin ordinaria de los servicios de las Comunidades Autnomas por las Diputaciones Provinciales o en su caso Cabildos o Consejos insulares, que se regir por la legislacin de Rgimen Local.

Artculo12. Delegacin de firma.

1. Los titulares de los rganos administrativos podrn, en materias de su competencia, que ostenten, bien por atribucin, bien por delegacin de competencias, delegar la firma de sus resoluciones y actos administrativos en los titulares de los rganos o unidades administrativas que de ellos dependan, dentro de los lmites sealados en el artculo9.

2. La delegacin de firma no alterar la competencia del rgano delegante y para su validez no ser necesaria su publicacin.

3. En las resoluciones y actos que se firmen por delegacin se har constar esta circunstancia y la autoridad de procedencia.

Artculo13. Suplencia.

1. En la forma que disponga cada Administracin Pblica, los titulares de los rganos administrativos podrn ser suplidos temporalmente en los supuestos de vacante, ausencia o enfermedad, as como en los casos en que haya sido declarada su abstencin o recusacin.

Si no se designa suplente, la competencia del rgano administrativo se ejercer por quien designe el rgano administrativo inmediato superior de quien dependa.

2. La suplencia no implicar alteracin de la competencia y para su validez no ser necesaria su publicacin.

3. En el mbito de la Administracin General del Estado, la designacin de suplente podr efectuarse:

a) En los reales decretos de estructura orgnica bsica de los Departamentos Ministeriales o en los estatutos de sus Organismos pblicos y Entidades vinculados o dependientes segn corresponda.

b) Por el rgano competente para el nombramiento del titular, bien en el propio acto de nombramiento bien en otro posterior cuando se produzca el supuesto que d lugar a la suplencia.

4. En las resoluciones y actos que se dicten mediante suplencia, se har constar esta circunstancia y se especificar el titular del rgano en cuya suplencia se adoptan y quien efectivamente est ejerciendo esta suplencia.

Artculo14. Decisiones sobre competencia.

1. El rgano administrativo que se estime incompetente para la resolucin de un asunto remitir directamente las actuaciones al rgano que considere competente, debiendo notificar esta circunstancia a los interesados.

2. Los interesados que sean parte en el procedimiento podrn dirigirse al rgano que se encuentre conociendo de un asunto para que decline su competencia y remita las actuaciones al rgano competente.

Asimismo, podrn dirigirse al rgano que estimen competente para que requiera de inhibicin al que est conociendo del asunto.

3. Los conflictos de atribuciones slo podrn suscitarse entre rganos de una misma Administracin no relacionados jerrquicamente, y respecto a asuntos sobre los que no haya finalizado el procedimiento administrativo.

Seccin3. rganos colegiados de las distintas administraciones pblicas
Subseccin1. Funcionamiento
Artculo15. Rgimen.

1. El rgimen jurdico de los rganos colegiados se ajustar a las normas contenidas en la presente seccin, sin perjuicio de las peculiaridades organizativas de las Administraciones Pblicas en que se integran.

2. Los rganos colegiados de las distintas Administraciones Pblicas en que participen organizaciones representativas de intereses sociales, as como aquellos compuestos por representaciones de distintas Administraciones Pblicas, cuenten o no con participacin de organizaciones representativas de intereses sociales, podrn establecer o completar sus propias normas de funcionamiento.

Los rganos colegiados a que se refiere este apartado quedarn integrados en la Administracin Pblica que corresponda, aunque sin participar en la estructura jerrquica de sta, salvo que as lo establezcan sus normas de creacin, se desprenda de sus funciones o de la propia naturaleza del rgano colegiado.

3. El acuerdo de creacin y las normas de funcionamiento de los rganos colegiados que dicten resoluciones que tengan efectos jurdicos frente a terceros debern ser publicados en el Boletn o Diario Oficial de la Administracin Pblica en que se integran. Adicionalmente, las Administraciones podrn publicarlos en otros medios de difusin que garanticen su conocimiento.

Cuando se trate de un rgano colegiado a los que se refiere el apartado2 de este artculo la citada publicidad se realizar por la Administracin a quien corresponda la Presidencia.

Artculo16. Secretario.

1. Los rganos colegiados tendrn un Secretario que podr ser un miembro del propio rgano o una persona al servicio de la Administracin Pblica correspondiente.

2. Corresponder al Secretario velar por la legalidad formal y material de las actuaciones del rgano colegiado, certificar las actuaciones del mismo y garantizar que los procedimientos y reglas de constitucin y adopcin de acuerdos son respetadas.

3. En caso de que el Secretario no miembro sea suplido por un miembro del rgano colegiado, ste conservar todos sus derechos como tal.

Artculo17. Convocatorias y sesiones.

1. Todos los rganos colegiados se podrn constituir, convocar, celebrar sus sesiones, adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia, salvo que su reglamento interno recoja expresa y excepcionalmente lo contrario.

En las sesiones que celebren los rganos colegiados a distancia, sus miembros podrn encontrarse en distintos lugares siempre y cuando se asegure por medios electrnicos, considerndose tambin tales los telefnicos, y audiovisuales, la identidad de los miembros o personas que los suplan, el contenido de sus manifestaciones, el momento en que stas se producen, as como la interactividad e intercomunicacin entre ellos en tiempo real y la disponibilidad de los medios durante la sesin. Entre otros, se considerarn incluidos entre los medios electrnicos vlidos, el correo electrnico, las audioconferencias y las videoconferencias.

2. Para la vlida constitucin del rgano, a efectos de la celebracin de sesiones, deliberaciones y toma de acuerdos, se requerir la asistencia, presencial o a distancia, del Presidente y Secretario o en su caso, de quienes les suplan, y la de la mitad, al menos, de sus miembros.

Cuando se trate de los rganos colegiados a que se refiere el artculo15.2, el Presidente podr considerar vlidamente constituido el rgano, a efectos de celebracin de sesin, si asisten los representantes de las Administraciones Pblicas y de las organizaciones representativas de intereses sociales miembros del rgano a los que se haya atribuido la condicin de portavoces.

Cuando estuvieran reunidos, de manera presencial o a distancia, el Secretario y todos los miembros del rgano colegiado, o en su caso las personas que les suplan, stos podrn constituirse vlidamente como rgano colegiado para la celebracin de sesiones, deliberaciones y adopcin de acuerdos sin necesidad de convocatoria previa cuando as lo decidan todos sus miembros.

3. Los rganos colegiados podrn establecer el rgimen propio de convocatorias, si ste no est previsto por sus normas de funcionamiento. Tal rgimen podr prever una segunda convocatoria y especificar para sta el nmero de miembros necesarios para constituir vlidamente el rgano.

Salvo que no resulte posible, las convocatorias sern remitidas a los miembros del rgano colegiado a travs de medios electrnicos, haciendo constar en la misma el orden del da junto con la documentacin necesaria para su deliberacin cuando sea posible, las condiciones en las que se va a celebrar la sesin, el sistema de conexin y, en su caso, los lugares en que estn disponibles los medios tcnicos necesarios para asistir y participar en la reunin.

4. No podr ser objeto de deliberacin o acuerdo ningn asunto que no figure incluido en el orden del da, salvo que asistan todos los miembros del rgano colegiado y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la mayora.

5. Los acuerdos sern adoptados por mayora de votos. Cuando se asista a distancia, los acuerdos se entendern adoptados en el lugar donde tenga la sede el rgano colegiado y, en su defecto, donde est ubicada la presidencia.

6. Cuando los miembros del rgano voten en contra o se abstengan, quedarn exentos de la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de los acuerdos.

7. Quienes acrediten la titularidad de un inters legtimo podrn dirigirse al Secretario de un rgano colegiado para que les sea expedida certificacin de sus acuerdos. La certificacin ser expedida por medios electrnicos, salvo que el interesado manifieste expresamente lo contrario y no tenga obligacin de relacionarse con las Administraciones por esta va.

Artculo18. Actas.

1. De cada sesin que celebre el rgano colegiado se levantar acta por el Secretario, que especificar necesariamente los asistentes, el orden del da de la reunin, las circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las deliberaciones, as como el contenido de los acuerdos adoptados.

Podrn grabarse las sesiones que celebre el rgano colegiado. El fichero resultante de la grabacin, junto con la certificacin expedida por el Secretario de la autenticidad e integridad del mismo, y cuantos documentos en soporte electrnico se utilizasen como documentos de la sesin, podrn acompaar al acta de las sesiones, sin necesidad de hacer constar en ella los puntos principales de las deliberaciones.

2. El acta de cada sesin podr aprobarse en la misma reunin o en la inmediata siguiente. El Secretario elaborar el acta con el visto bueno del Presidente y lo remitir a travs de medios electrnicos, a los miembros del rgano colegiado, quienes podrn manifestar por los mismos medios su conformidad o reparos al texto, a efectos de su aprobacin, considerndose, en caso afirmativo, aprobada en la misma reunin.

Cuando se hubiese optado por la grabacin de las sesiones celebradas o por la utilizacin de documentos en soporte electrnico, debern conservarse de forma que se garantice la integridad y autenticidad de los ficheros electrnicos correspondientes y el acceso a los mismos por parte de los miembros del rgano colegiado.

Subseccin2. De los rganos colegiados en la Administracin General del Estado
Artculo19. Rgimen de los rganos colegiados de la Administracin General del Estado y de las Entidades de Derecho Pblico vinculadas o dependientes de ella.

1. Los rganos colegiados de la Administracin General del Estado y de las Entidades de Derecho Pblico vinculadas o dependientes de ella, se regirn por las normas establecidas en este artculo, y por las previsiones que sobre ellos se establecen en la Ley de Procedimiento Administrativo Comn de las Administraciones Pblicas.

2. Corresponder a su Presidente:

a) Ostentar la representacin del rgano.

b) Acordar la convocatoria de las sesiones ordinarias y extraordinarias y la fijacin del orden del da, teniendo en cuenta, en su caso, las peticiones de los dems miembros, siempre que hayan sido formuladas con la suficiente antelacin.

c) Presidir las sesiones, moderar el desarrollo de los debates y suspenderlos por causas justificadas.

d) Dirimir con su voto los empates, a efectos de adoptar acuerdos, excepto si se trata de los rganos colegiados a que se refiere el artculo15.2, en los que el voto ser dirimente si as lo establecen sus propias normas.

e) Asegurar el cumplimiento de las leyes.

f) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos del rgano.

g) Ejercer cuantas otras funciones sean inherentes a su condicin de Presidente del rgano.

En casos de vacante, ausencia, enfermedad, u otra causa legal, el Presidente ser sustituido por el Vicepresidente que corresponda, y en su defecto, por el miembro del rgano colegiado de mayor jerarqua, antigedad y edad, por este orden.

Esta norma no ser de aplicacin a los rganos colegiados previstos en el artculo15.2 en los que el rgimen de sustitucin del Presidente debe estar especficamente regulado en cada caso, o establecido expresamente por acuerdo del Pleno del rgano colegiado.

3. Los miembros del rgano colegiado debern:

a) Recibir, con una antelacin mnima de dos das, la convocatoria conteniendo el orden del da de las reuniones. La informacin sobre los temas que figuren en el orden del da estar a disposicin de los miembros en igual plazo.

b) Participar en los debates de las sesiones.

c) Ejercer su derecho al voto y formular su voto particular, as como expresar el sentido de su voto y los motivos que lo justifican. No podrn abstenerse en las votaciones quienes por su cualidad de autoridades o personal al servicio de las Administraciones Pblicas, tengan la condicin de miembros natos de rganos colegiados, en virtud del cargo que desempean.

d) Formular ruegos y preguntas.

e) Obtener la informacin precisa para cumplir las funciones asignadas.

f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condicin.

Los miembros de un rgano colegiado no podrn atribuirse las funciones de representacin reconocidas a ste, salvo que expresamente se les hayan otorgado por una norma o por acuerdo vlidamente adoptado, para cada caso concreto, por el propio rgano.

En casos de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa justificada, los miembros titulares del rgano colegiado sern sustituidos por sus suplentes, si los hubiera.

Cuando se trate de rganos colegiados a los que se refiere el artculo15 las organizaciones representativas de intereses sociales podrn sustituir a sus miembros titulares por otros, acreditndolo ante la Secretara del rgano colegiado, con respeto a las reservas y limitaciones que establezcan sus normas de organizacin.

Los miembros del rgano colegiado no podrn ejercer estas funciones cuando concurra conflicto de inters.

4. La designacin y el cese, as como la sustitucin temporal del Secretario en supuestos de vacante, ausencia o enfermedad se realizarn segn lo dispuesto en las normas especficas de cada rgano y, en su defecto, por acuerdo del mismo.

Corresponde al Secretario del rgano colegiado:

a) Asistir a las reuniones con voz pero sin voto, y con voz y voto si la Secretara del rgano la ostenta un miembro del mismo.

b) Efectuar la convocatoria de las sesiones del rgano por orden del Presidente, as como las citaciones a los miembros del mismo.

c) Recibir los actos de comunicacin de los miembros con el rgano, sean notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquiera otra clase de escritos de los que deba tener conocimiento.

d) Preparar el despacho de los asuntos, redactar y autorizar las actas de las sesiones.

e) Expedir certificaciones de las consultas, dictmenes y acuerdos aprobados.

f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condicin de Secretario.

5. En el acta figurar, a solicitud de los respectivos miembros del rgano, el voto contrario al acuerdo adoptado, su abstencin y los motivos que la justifiquen o el sentido de su voto favorable.

Asimismo, cualquier miembro tiene derecho a solicitar la transcripcin ntegra de su intervencin o propuesta, siempre que, en ausencia de grabacin de la reunin aneja al acta, aporte en el acto, o en el plazo que seale el Presidente, el texto que se corresponda fielmente con su intervencin, hacindose as constar en el acta o unindose copia a la misma.

Los miembros que discrepen del acuerdo mayoritario podrn formular voto particular por escrito en el plazo de dos das, que se incorporar al texto aprobado.

Las actas se aprobarn en la misma o en la siguiente sesin, pudiendo no obstante emitir el Secretario certificacin sobre los acuerdos que se hayan adoptado, sin perjuicio de la ulterior aprobacin del acta. Se considerar aprobada en la misma sesin el acta que, con posterioridad a la reunin, sea distribuida entre los miembros y reciba la conformidad de stos por cualquier medio del que el Secretario deje expresin y constancia.

En las certificaciones de acuerdos adoptados emitidas con anterioridad a la aprobacin del acta se har constar expresamente tal circunstancia.

Artculo20. Requisitos para constituir rganos colegiados.

1. Son rganos colegiados aquellos que se creen formalmente y estn integrados por tres o ms personas, a los que se atribuyan funciones administrativas de decisin, propuesta, asesoramiento, seguimiento o control, y que acten integrados en la Administracin General del Estado o alguno de sus Organismos pblicos.

2. La constitucin de un rgano colegiado en la Administracin General del Estado y en sus Organismos pblicos tiene como presupuesto indispensable la determinacin en su norma de creacin o en el convenio con otras Administraciones Pblicas por el que dicho rgano se cree, de los siguientes extremos:

a) Sus fines u objetivos.

b) Su integracin administrativa o dependencia jerrquica.

c) La composicin y los criterios para la designacin de su Presidente y de los restantes miembros.

d) Las funciones de decisin, propuesta, informe, seguimiento o control, as como cualquier otra que se le atribuya.

e) La dotacin de los crditos necesarios, en su caso, para su funcionamiento.

3. El rgimen jurdico de los rganos colegiados a que se refiere el apartado1 de este artculo se ajustar a las normas contenidas en el artculo19, sin perjuicio de las peculiaridades organizativas contenidas en la presente Ley o en su norma o convenio de creacin.

Artculo21. Clasificacin y composicin de los rganos colegiados.

1. Los rganos colegiados de la Administracin General del Estado y de sus Organismos pblicos, por su composicin, se clasifican en:

a) rganos colegiados interministeriales, si sus miembros proceden de diferentes Ministerios.

b) rganos colegiados ministeriales, si sus componentes proceden de los rganos de un solo Ministerio.

2. En los rganos colegiados a los que se refiere el apartado anterior, podr haber representantes de otras Administraciones Pblicas, cuando stas lo acepten voluntariamente, cuando un convenio as lo establezca o cuando una norma aplicable a las Administraciones afectadas lo determine.

3. En la composicin de los rganos colegiados podrn participar, cuando as se determine, organizaciones representativas de intereses sociales, as como otros miembros que se designen por las especiales condiciones de experiencia o conocimientos que concurran en ellos, en atencin a la naturaleza de las funciones asignadas a tales rganos.

Artculo22. Creacin, modificacin y supresin de rganos colegiados.

1. La creacin de rganos colegiados de la Administracin General del Estado y de sus Organismos pblicos slo requerir de norma especfica, con publicacin en el Boletn Oficial del Estado, en los casos en que se les atribuyan cualquiera de las siguientes competencias:

a) Competencias decisorias.

b) Competencias de propuesta o emisin de informes preceptivos que deban servir de base a decisiones de otros rganos administrativos.

c) Competencias de seguimiento o control de las actuaciones de otros rganos de la Administracin General del Estado.

2. En los supuestos enunciados en el apartado anterior, la norma de creacin deber revestir la forma de Real Decreto en el caso de los rganos colegiados interministeriales cuyo Presidente tenga rango superior al de Director general; Orden ministerial conjunta para los restantes rganos colegiados interministeriales, y Orden ministerial para los de este carcter.

3. En todos los supuestos no comprendidos en el apartado1 de este artculo, los rganos colegiados tendrn el carcter de grupos o comisiones de trabajo y podrn ser creados por Acuerdo del Consejo de Ministros o por los Ministerios interesados. Sus acuerdos no podrn tener efectos directos frente a terceros.

4. La modificacin y supresin de los rganos colegiados y de los grupos o comisiones de trabajo de la Administracin General del Estado y de los Organismos pblicos se llevar a cabo en la misma forma dispuesta para su creacin, salvo que sta hubiera fijado plazo previsto para su extincin, en cuyo caso sta se producir automticamente en la fecha sealada al efecto.

Seccin4. Abstencin y recusacin
Artculo23. Abstencin.

1. Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias sealadas en el apartado siguiente se abstendrn de intervenir en el procedimiento y lo comunicarn a su superior inmediato, quien resolver lo procedente.

2. Son motivos de abstencin los siguientes:

a) Tener inters personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolucin pudiera influir la de aqul; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestin litigiosa pendiente con algn interesado.

b) Tener un vnculo matrimonial o situacin de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y tambin con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, as como compartir despacho profesional o estar asociado con stos para el asesoramiento, la representacin o el mandato.

c) Tener amistad ntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior.

d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.

e) Tener relacin de servicio con persona natural o jurdica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos ltimos aos servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.

3. Los rganos jerrquicamente superiores a quien se encuentre en alguna de las circunstancias sealadas en el punto anterior podrn ordenarle que se abstengan de toda intervencin en el expediente.

4. La actuacin de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Pblicas en los que concurran motivos de abstencin no implicar, necesariamente, y en todo caso, la invalidez de los actos en que hayan intervenido.

5. La no abstencin en los casos en que concurra alguna de esas circunstancias dar lugar a la responsabilidad que proceda.

Artculo24. Recusacin.

1. En los casos previstos en el artculo anterior, podr promoverse recusacin por los interesados en cualquier momento de la tramitacin del procedimiento.

2. La recusacin se plantear por escrito en el que se expresar la causa o causas en que se funda.

3. En el da siguiente el recusado manifestar a su inmediato superior si se da o no en l la causa alegada. En el primer caso, si el superior aprecia la concurrencia de la causa de recusacin, acordar su sustitucin acto seguido.

4. Si el recusado niega la causa de recusacin, el superior resolver en el plazo de tres das, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos.

5. Contra las resoluciones adoptadas en esta materia no cabr recurso, sin perjuicio de la posibilidad de alegar la recusacin al interponer el recurso que proceda contra el acto que ponga fin al procedimiento.

CAPTULO III
Principios de la potestad sancionadora
Artculo25. Principio de legalidad.

1. La potestad sancionadora de las Administraciones Pblicas se ejercer cuando haya sido expresamente reconocida por una norma con rango de Ley, con aplicacin del procedimiento previsto para su ejercicio y de acuerdo con lo establecido en esta Ley y en la Ley de Procedimiento Administrativo Comn de las Administraciones Pblicas y, cuando se trate de Entidades Locales, de conformidad con lo dispuesto en el Ttulo XI de la Ley7/1985, de2 de abril.

2. El ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a los rganos administrativos que la tengan expresamente atribuida, por disposicin de rango legal o reglamentario.

3. Las disposiciones de este Captulo sern extensivas al ejercicio por las Administraciones Pblicas de su potestad disciplinaria respecto del personal a su servicio, cualquiera que sea la naturaleza jurdica de la relacin de empleo.

4. Las disposiciones de este captulo no sern de aplicacin al ejercicio por las Administraciones Pblicas de la potestad sancionadora respecto de quienes estn vinculados a ellas por relaciones reguladas por la legislacin de contratos del sector pblico o por la legislacin patrimonial de las Administraciones Pblicas.

Artculo26. Irretroactividad.

1. Sern de aplicacin las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de producirse los hechos que constituyan infraccin administrativa.

2. Las disposiciones sancionadoras producirn efecto retroactivo en cuanto favorezcan al presunto infractor o al infractor, tanto en lo referido a la tipificacin de la infraccin como a la sancin y a sus plazos de prescripcin, incluso respecto de las sanciones pendientes de cumplimiento al entrar en vigor la nueva disposicin.

Artculo27. Principio de tipicidad.

1. Slo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del ordenamiento jurdico previstas como tales infracciones por una Ley, sin perjuicio de lo dispuesto para la Administracin Local en el Ttulo XI de la Ley7/1985, de2 de abril.

Las infracciones administrativas se clasificarn por la Ley en leves, graves y muy graves.

2. nicamente por la comisin de infracciones administrativas podrn imponerse sanciones que, en todo caso, estarn delimitadas por la Ley.

3. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo podrn introducir especificaciones o graduaciones al cuadro de las infracciones o sanciones establecidas legalmente que, sin constituir nuevas infracciones o sanciones, ni alterar la naturaleza o lmites de las que la Ley contempla, contribuyan a la ms correcta identificacin de las conductas o a la ms precisa determinacin de las sanciones correspondientes.

4. Las normas definidoras de infracciones y sanciones no sern susceptibles de aplicacin analgica.

Artculo28. Responsabilidad.

1. Slo podrn ser sancionadas por hechos constitutivos de infraccin administrativa las personas fsicas y jurdicas, as como, cuando una Ley les reconozca capacidad de obrar, los grupos de afectados, las uniones y entidades sin personalidad jurdica y los patrimonios independientes o autnomos, que resulten responsables de los mismos a ttulo de dolo o culpa.

2. Las responsabilidades administrativas que se deriven de la comisin de una infraccin sern compatibles con la exigencia al infractor de la reposicin de la situacin alterada por el mismo a su estado originario, as como con la indemnizacin por los daos y perjuicios causados, que ser determinada y exigida por el rgano al que corresponda el ejercicio de la potestad sancionadora. De no satisfacerse la indemnizacin en el plazo que al efecto se determine en funcin de su cuanta, se proceder en la forma prevista en el artculo101 de la Ley del Procedimiento Administrativo Comn de las Administraciones Pblicas.

3. Cuando el cumplimiento de una obligacin establecida por una norma con rango de Ley corresponda a varias personas conjuntamente, respondern de forma solidaria de las infracciones que, en su caso, se cometan y de las sanciones que se impongan. No obstante, cuando la sancin sea pecuniaria y sea posible se individualizar en la resolucin en funcin del grado de participacin de cada responsable.

4. Las leyes reguladoras de los distintos regmenes sancionadores podrn tipificar como infraccin el incumplimiento de la obligacin de prevenir la comisin de infracciones administrativas por quienes se hallen sujetos a una relacin de dependencia o vinculacin. Asimismo, podrn prever los supuestos en que determinadas personas respondern del pago de las sanciones pecuniarias impuestas a quienes de ellas dependan o estn vinculadas.

Artculo29. Principio de proporcionalidad.

1. Las sanciones administrativas, sean o no de naturaleza pecuniaria, en ningn caso podrn implicar, directa o subsidiariamente, privacin de libertad.

2. El establecimiento de sanciones pecuniarias deber prever que la comisin de las infracciones tipificadas no resulte ms beneficioso para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas.

3. En la determinacin normativa del rgimen sancionador, as como en la imposicin de sanciones por las Administraciones Pblicas se deber observar la debida idoneidad y necesidad de la sancin a imponer y su adecuacin a la gravedad del hecho constitutivo de la infraccin. La graduacin de la sancin considerar especialmente los siguientes criterios:

a) El grado de culpabilidad o la existencia de intencionalidad.

b) La continuidad o persistencia en la conducta infractora.

c) La naturaleza de los perjuicios causados.

d) La reincidencia, por comisin en el trmino de un ao de ms de una infraccin de la misma naturaleza cuando as haya sido declarado por resolucin firme en va administrativa.

4. Cuando lo justifique la debida adecuacin entre la sancin que deba aplicarse con la gravedad del hecho constitutivo de la infraccin y las circunstancias concurrentes, el rgano competente para resolver podr imponer la sancin en el grado inferior.

5. Cuando de la comisin de una infraccin derive necesariamente la comisin de otra u otras, se deber imponer nicamente la sancin correspondiente a la infraccin ms grave cometida.

6. Ser sancionable, como infraccin continuada, la realizacin de una pluralidad de acciones u omisiones que infrinjan el mismo o semejantes preceptos administrativos, en ejecucin de un plan preconcebido o aprovechando idntica ocasin.

Artculo30. Prescripcin.

1. Las infracciones y sanciones prescribirn segn lo dispuesto en las leyes que las establezcan. Si stas no fijan plazos de prescripcin, las infracciones muy graves prescribirn a los tres aos, las graves a los dos aos y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirn a los tres aos, las impuestas por faltas graves a los dos aos y las impuestas por faltas leves al ao.

2. El plazo de prescripcin de las infracciones comenzar a contarse desde el da en que la infraccin se hubiera cometido. En el caso de infracciones continuadas o permanentes, el plazo comenzar a correr desde que finaliz la conducta infractora.

Interrumpir la prescripcin la iniciacin, con conocimiento del interesado, de un procedimiento administrativo de naturaleza sancionadora, reinicindose el plazo de prescripcin si el expediente sancionador estuviera paralizado durante ms de un mes por causa no imputable al presunto responsable.

3. El plazo de prescripcin de las sanciones comenzar a contarse desde el da siguiente a aquel en que sea ejecutable la resolucin por la que se impone la sancin o haya transcurrido el plazo para recurrirla.

Interrumpir la prescripcin la iniciacin, con conocimiento del interesado, del procedimiento de ejecucin, volviendo a transcurrir el plazo si aqul est paralizado durante ms de un mes por causa no imputable al infractor.

En el caso de desestimacin presunta del recurso de alzada interpuesto contra la resolucin por la que se impone la sancin, el plazo de prescripcin de la sancin comenzar a contarse desde el da siguiente a aquel en que finalice el plazo legalmente previsto para la resolucin de dicho recurso.

Artculo31. Concurrencia de sanciones.

1. No podrn sancionarse los hechos que lo hayan sido penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento.

2. Cuando un rgano de la Unin Europea hubiera impuesto una sancin por los mismos hechos, y siempre que no concurra la identidad de sujeto y fundamento, el rgano competente para resolver deber tenerla en cuenta a efectos de graduar la que, en su caso, deba imponer, pudiendo minorarla, sin perjuicio de declarar la comisin de la infraccin.

CAPTULO IV
De la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Pblicas
Seccin1. Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Pblicas
Artculo32. Principios de la responsabilidad.

1. Los particulares tendrn derecho a ser indemnizados por las Administraciones Pblicas correspondientes, de toda lesin que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesin sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios pblicos salvo en los casos de fuerza mayor o de daos que el particular tenga el deber jurdico de soportar de acuerdo con la Ley.

La anulacin en va administrativa o por el orden jurisdiccional contencioso administrativo de los actos o disposiciones administrativas no presupone, por s misma, derecho a la indemnizacin.

2. En todo caso, el dao alegado habr de ser efectivo, evaluable econmicamente e individualizado con relacin a una persona o grupo de personas.

3. Asimismo, los particulares tendrn derecho a ser indemnizados por las Administraciones Pblicas de toda lesin que sufran en sus bienes y derechos como consecuencia de la aplicacin de actos legislativos de naturaleza no expropiatoria de derechos que no tengan el deber jurdico de soportar cuando as se establezca en los propios actos legislativos y en los trminos que en ellos se especifiquen.

La responsabilidad del Estado legislador podr surgir tambin en los siguientes supuestos, siempre que concurran los requisitos previstos en los apartados anteriores:

a) Cuando los daos deriven de la aplicacin de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, siempre que concurran los requisitos del apartado4.

b) Cuando los daos deriven de la aplicacin de una norma contraria al Derecho de la Unin Europea, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado5.

4. Si la lesin es consecuencia de la aplicacin de una norma con rango de ley declarada inconstitucional, proceder su indemnizacin cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuacin administrativa que ocasion el dao, siempre que se hubiera alegado la inconstitucionalidad posteriormente declarada.

5. Si la lesin es consecuencia de la aplicacin de una norma declarada contraria al Derecho de la Unin Europea, proceder su indemnizacin cuando el particular haya obtenido, en cualquier instancia, sentencia firme desestimatoria de un recurso contra la actuacin administrativa que ocasion el dao, siempre que se hubiera alegado la infraccin del Derecho de la Unin Europea posteriormente declarada. Asimismo, debern cumplirse todos los requisitos siguientes:

a) La norma ha de tener por objeto conferir derechos a los particulares.

b) El incumplimiento ha de estar suficientemente caracterizado.

c) Ha de existir una relacin de causalidad directa entre el incumplimiento de la obligacin impuesta a la Administracin responsable por el Derecho de la Unin Europea y el dao sufrido por los particulares.

6. La sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o declare el carcter de norma contraria al Derecho de la Unin Europea producir efectos desde la fecha de su publicacin en el Boletn Oficial del Estado o en el Diario Oficial de la Unin Europea, segn el caso, salvo que en ella se establezca otra cosa.

7. La responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento de la Administracin de Justicia se regir por la Ley Orgnica6/1985, de1 de julio, del Poder Judicial.

8. El Consejo de Ministros fijar el importe de las indemnizaciones que proceda abonar cuando el Tribunal Constitucional haya declarado, a instancia de parte interesada, la existencia de un funcionamiento anormal en la tramitacin de los recursos de amparo o de las cuestiones de inconstitucionalidad.

El procedimiento para fijar el importe de las indemnizaciones se tramitar por el Ministerio de Justicia, con audiencia al Consejo de Estado.

9. Se seguir el procedimiento previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo Comn de las Administraciones Pblicas para determinar la responsabilidad de las Administraciones Pblicas por los daos y perjuicios causados a terceros durante la ejecucin de contratos cuando sean consecuencia de una orden inmediata y directa de la Administracin o de los vicios del proyecto elaborado por ella misma sin perjuicio de las especialidades que, en su caso establezca el Real Decreto Legislativo3/2011, de14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Pblico.

Artculo33. Responsabilidad concurrente de las Administraciones Pblicas.

1. Cuando de la gestin dimanante de frmulas conjuntas de actuacin entre varias Administraciones pblicas se derive responsabilidad en los trminos previstos en la presente Ley, las Administraciones intervinientes respondern frente al particular, en todo caso, de forma solidaria. El instrumento jurdico regulador de la actuacin conjunta podr determinar la distribucin de la responsabilidad entre las diferentes Administraciones pblicas.

2. En otros supuestos de concurrencia de varias Administraciones en la produccin del dao, la responsabilidad se fijar para cada Administracin atendiendo a los criterios de competencia, inters pblico tutelado e intensidad de la intervencin. La responsabilidad ser solidaria cuando no sea posible dicha determinacin.

3. En los casos previstos en el apartado primero, la Administracin competente para incoar, instruir y resolver los procedimientos en los que exista una responsabilidad concurrente de varias Administraciones Pblicas, ser la fijada en los Estatutos o reglas de la organizacin colegiada. En su defecto, la competencia vendr atribuida a la Administracin Pblica con mayor participacin en la financiacin del servicio.

4. Cuando se trate de procedimientos en materia de responsabilidad patrimonial, la Administracin Pblica competente a la que se refiere el apartado anterior, deber consultar a las restantes Administraciones implicadas para que, en el plazo de quince das, stas puedan exponer cuanto consideren procedente.

Artculo34. Indemnizacin.

1. Slo sern indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daos que ste no tenga el deber jurdico de soportar de acuerdo con la Ley. No sern indemnizables los daos que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar segn el estado de los conocimientos de la ciencia o de la tcnica existentes en el momento de produccin de aqullos, todo ello sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o econmicas que las leyes puedan establecer para estos casos.

En los casos de responsabilidad patrimonial a los que se refiere los apartados4 y5 del artculo32, sern indemnizables los daos producidos en el plazo de los cinco aos anteriores a la fecha de la publicacin de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma con rango de ley o el carcter de norma contraria al Derecho de la Unin Europea, salvo que la sentencia disponga otra cosa.

2. La indemnizacin se calcular con arreglo a los criterios de valoracin establecidos en la legislacin fiscal, de expropiacin forzosa y dems normas aplicables, ponderndose, en su caso, las valoraciones predominantes en el mercado. En los casos de muerte o lesiones corporales se podr tomar como referencia la valoracin incluida en los baremos de la normativa vigente en materia de Seguros obligatorios y de la Seguridad Social.

3. La cuanta de la indemnizacin se calcular con referencia al da en que la lesin efectivamente se produjo, sin perjuicio de su actualizacin a la fecha en que se ponga fin al procedimiento de responsabilidad con arreglo al ndice de Garanta de la Competitividad, fijado por el Instituto Nacional de Estadstica, y de los intereses que procedan por demora en el pago de la indemnizacin fijada, los cuales se exigirn con arreglo a lo establecido en la Ley47/2003, de26 de noviembre, General Presupuestaria, o, en su caso, a las normas presupuestarias de las Comunidades Autnomas.

4. La indemnizacin procedente podr sustituirse por una compensacin en especie o ser abonada mediante pagos peridicos, cuando resulte ms adecuado para lograr la reparacin debida y convenga al inters pblico, siempre que exista acuerdo con el interesado.

Artculo35. Responsabilidad de Derecho Privado.

Cuando las Administraciones Pblicas acten, directamente o a travs de una entidad de derecho privado, en relaciones de esta naturaleza, su responsabilidad se exigir de conformidad con lo previsto en los artculos32 y siguientes, incluso cuando concurra con sujetos de derecho privado o la responsabilidad se exija directamente a la entidad de derecho privado a travs de la cual acte la Administracin o a la entidad que cubra su responsabilidad.

Seccin2. Responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Pblicas
Artculo36. Exigencia de la responsabilidad patrimonial de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Pblicas.

1. Para hacer efectiva la responsabilidad patrimonial a que se refiere esta Ley, los particulares exigirn directamente a la Administracin Pblica correspondiente las indemnizaciones por los daos y perjuicios causados por las autoridades y personal a su servicio.

2. La Administracin correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigir de oficio en va administrativa de sus autoridades y dems personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instruccin del correspondiente procedimiento.

Para la exigencia de dicha responsabilidad y, en su caso, para su cuantificacin, se ponderarn, entre otros, los siguientes criterios: el resultado daoso producido, el grado de culpabilidad, la responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones pblicas y su relacin con la produccin del resultado daoso.

3. Asimismo, la Administracin instruir igual procedimiento a las autoridades y dems personal a su servicio por los daos y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves.

4. El procedimiento para la exigencia de la responsabilidad al que se refieren los apartados2 y3, se sustanciar conforme a lo dispuesto en la Ley de Procedimiento Administrativo Comn de las Administraciones Pblicas y se iniciar por acuerdo del rgano competente que se notificar a los interesados y que constar, al menos, de los siguientes trmites:

a) Alegaciones durante un plazo de quince das.

b) Prctica de las pruebas admitidas y cualesquiera otras que el rgano competente estime oportunas durante un plazo de quince das.

c) Audiencia durante un plazo de diez das.

d) Formulacin de la propuesta de resolucin en un plazo de cinco das a contar desde la finalizacin del trmite de audiencia.

e) Resolucin por el rgano competente en el plazo de cinco das.

5. La resolucin declaratoria de responsabilidad pondr fin a la va administrativa.

6. Lo dispuesto en los apartados anteriores, se entender sin perjuicio de pasar, si procede, el tanto de culpa a los Tribunales competentes.

Artculo37. Responsabilidad penal.

1. La responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Pblicas, as como la responsabilidad civil derivada del delito se exigir de acuerdo con lo previsto en la legislacin correspondiente.

2. La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Pblicas no suspender los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinacin de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijacin de la responsabilidad patrimonial.

CAPTULO V
Funcionamiento electrnico del sector pblico
Artculo38. La sede electrnica.

1. La sede electrnica es aquella direccin electrnica, disponible para los ciudadanos a travs de redes de telecomunicaciones, cuya titularidad corresponde a una Administracin Pblica, o bien a una o varios organismos pblicos o entidades de Derecho Pblico en el ejercicio de sus competencias.

2. El establecimiento de una sede electrnica conlleva la responsabilidad del titular respecto de la integridad, veracidad y actualizacin de la informacin y los servicios a los que pueda accederse a travs de la misma.

3. Cada Administracin Pblica determinar las condiciones e instrumentos de creacin de las sedes electrnicas, con sujecin a los principios de transparencia, publicidad, responsabilidad, calidad, seguridad, disponibilidad, accesibilidad, neutralidad e interoperabilidad. En todo caso deber garantizarse la identificacin del rgano titular de la sede, as como los medios disponibles para la formulacin de sugerencias y quejas.

4. Las sedes electrnicas dispondrn de sistemas que permitan el establecimiento de comunicaciones seguras siempre que sean necesarias.

5. La publicacin en las sedes electrnicas de informaciones, servicios y transacciones respetar los principios de accesibilidad y uso de acuerdo con las normas establecidas al respecto, estndares abiertos y, en su caso, aquellos otros que sean de uso generalizado por los ciudadanos.

6. Las sedes electrnicas utilizarn, para identificarse y garantizar una comunicacin segura con las mismas, certificados reconocidos o cualificados de autenticacin de sitio web o medio equivalente.

Artculo39. Portal de internet.

Se entiende por portal de internet el punto de acceso electrnico cuya titularidad corresponda a una Administracin Pblica, organismo pblico o entidad de Derecho Pblico que permite el acceso a travs de internet a la informacin publicada y, en su caso, a la sede electrnica correspondiente.

Artculo40. Sistemas de identificacin de las Administraciones Pblicas.

1. Las Administraciones Pblicas podrn identificarse mediante el uso de un sello electrnico basado en un certificado electrnico reconocido o cualificado que rena los requisitos exigidos por la legislacin de firma electrnica. Estos certificados electrnicos incluirn el nmero de identificacin fiscal y la denominacin correspondiente, as como, en su caso, la identidad de la persona titular en el caso de los sellos electrnicos de rganos administrativos. La relacin de sellos electrnicos utilizados por cada Administracin Pblica, incluyendo las caractersticas de los certificados electrnicos y los prestadores que los expiden, deber ser pblica y accesible por medios electrnicos. Adems, cada Administracin Pblica adoptar las medidas adecuadas para facilitar la verificacin de sus sellos electrnicos.

2. Se entender identificada la Administracin Pblica respecto de la informacin que se publique como propia en su portal de internet.

Artculo41. Actuacin administrativa automatizada.

1. Se entiende por actuacin administrativa automatizada, cualquier acto o actuacin realizada ntegramente a travs de medios electrnicos por una Administracin Pblica en el marco de un procedimiento administrativo y en la que no haya intervenido de forma directa un empleado pblico.

2. En caso de actuacin administrativa automatizada deber establecerse previamente el rgano u rganos competentes, segn los casos, para la definicin de las especificaciones, programacin, mantenimiento, supervisin y control de calidad y, en su caso, auditora del sistema de informacin y de su cdigo fuente. Asimismo, se indicar el rgano que debe ser considerado responsable a efectos de impugnacin.

Artculo42. Sistemas de firma para la actuacin administrativa automatizada.

En el ejercicio de la competencia en la actuacin administrativa automatizada, cada Administracin Pblica podr determinar los supuestos de utilizacin de los siguientes sistemas de firma electrnica:

a) Sello electrnico de Administracin Pblica, rgano, organismo pblico o entidad de derecho pblico, basado en certificado electrnico reconocido o cualificado que rena los requisitos exigidos por la legislacin de firma electrnica.

b) Cdigo seguro de verificacin vinculado a la Administracin Pblica, rgano, organismo pblico o entidad de Derecho Pblico, en los trminos y condiciones establecidos, permitindose en todo caso la comprobacin de la integridad del documento mediante el acceso a la sede electrnica correspondiente.

Artculo43. Firma electrnica del personal al servicio de las Administraciones Pblicas.

1. Sin perjuicio de lo previsto en los artculos38,41 y42, la actuacin de una Administracin Pblica, rgano, organismo pblico o entidad de derecho pblico, cuando utilice medios electrnicos, se realizar mediante firma electrnica del titular del rgano o empleado pblico.

2. Cada Administracin Pblica determinar los sistemas de firma electrnica que debe utilizar su personal, los cuales podrn identificar de forma conjunta al titular del puesto de trabajo o cargo y a la Administracin u rgano en la que presta sus servicios. Por razones de seguridad pblica los sistemas de firma electrnica podrn referirse slo el nmero de identificacin profesional del empleado pblico.

Artculo44. Intercambio electrnico de datos en entornos cerrados de comunicacin.

1. Los documentos electrnicos transmitidos en entornos cerrados de comunicaciones establecidos entre Administraciones Pblicas, rganos, organismos pblicos y entidades de derecho pblico, sern considerados vlidos a efectos de autenticacin e identificacin de los emisores y receptores en las condiciones establecidas en este artculo.

2. Cuando los participantes en las comunicaciones pertenezcan a una misma Administracin Pblica, sta determinar las condiciones y garantas por las que se regir que, al menos, comprender la relacin de emisores y receptores autorizados y la naturaleza de los datos a intercambiar.

3. Cuando los participantes pertenezcan a distintas Administraciones, las condiciones y garantas citadas en el apartado anterior se establecern mediante convenio suscrito entre aquellas.

4. En todo caso deber garantizarse la seguridad del entorno cerrado de comunicaciones y la proteccin de los datos que se transmitan.

Artculo45. Aseguramiento e interoperabilidad de la firma electrnica.

1. Las Administraciones Pblicas podrn determinar los trmites e informes que incluyan firma electrnica reconocida o cualificada y avanzada basada en certificados electrnicos reconocidos o cualificados de firma electrnica.

2. Con el fin de favorecer la interoperabilidad y posibilitar la verificacin automtica de la firma electrnica de los documentos electrnicos, cuando una Administracin utilice sistemas de firma electrnica distintos de aquellos basados en certificado electrnico reconocido o cualificado, para remitir o poner a disposicin de otros rganos, organismos pblicos, entidades de Derecho Pblico o Administraciones la documentacin firmada electrnicamente, podr superponer un sello electrnico basado en un certificado electrnico reconocido o cualificado.

Artculo46. Archivo electrnico de documentos.

1. Todos los documentos utilizados en las actuaciones administrativas se almacenarn por medios electrnicos, salvo cuando no sea posible.

2. Los documentos electrnicos que contengan actos administrativos que afecten a derechos o intereses de los particulares debern conservarse en soportes de esta naturaleza, ya sea en el mismo formato a partir del que se origin el documento o en otro cualquiera que asegure la identidad e integridad de la informacin necesaria para reproducirlo. Se asegurar en todo caso la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde diferentes aplicaciones.

3. Los medios o soportes en que se almacenen documentos, debern contar con medidas de seguridad, de acuerdo con lo previsto en el Esquema Nacional de Seguridad, que garanticen la integridad, autenticidad, confidencialidad, calidad, proteccin y conservacin de los documentos almacenados. En particular, asegurarn la identificacin de los usuarios y el control de accesos, el cumplimiento de las garantas previstas en la legislacin de proteccin de datos, as como la recuperacin y conservacin a largo plazo de los documentos electrnicos producidos por las Administraciones Pblicas que as lo requieran, de acuerdo con las especificaciones sobre el ciclo de vida de los servicios y sistemas utilizados.

CAPTULO VI
De los convenios
Artculo47. Definicin y tipos de convenios.

1. Son convenios los acuerdos con efectos jurdicos adoptados por las Administraciones Pblicas, los organismos pblicos y entidades de derecho pblico vinculados o dependientes o las Universidades pblicas entre s o con sujetos de derecho privado para un fin comn.

No tienen la consideracin de convenios, los Protocolos Generales de Actuacin o instrumentos similares que comporten meras declaraciones de intencin de contenido general o que expresen la voluntad de las Administraciones y partes suscriptoras para actuar con un objetivo comn, siempre que no supongan la formalizacin de compromisos jurdicos concretos y exigibles.

Los convenios no podrn tener por objeto prestaciones propias de los contratos. En tal caso, su naturaleza y rgimen jurdico se ajustar a lo previsto en la legislacin de contratos del sector pblico.

2. Los convenios que suscriban las Administraciones Pblicas, los organismos pblicos y las entidades de derecho pblico vinculados o dependientes y las Universidades pblicas, debern corresponder a alguno de los siguientes tipos:

a) Convenios interadministrativos firmados entre dos o ms Administraciones Pblicas, o bien entre dos o ms organismos pblicos o entidades de derecho pblico vinculados o dependientes de distintas Administraciones pblicas, y que podrn incluir la utilizacin de medios, servicios y recursos de otra Administracin Pblica, organismo pblico o entidad de derecho pblico vinculado o dependiente, para el ejercicio de competencias propias o delegadas.

Quedan excluidos los convenios interadministrativos suscritos entre dos o ms Comunidades Autnomas para la gestin y prestacin de servicios propios de las mismas, que se regirn en cuanto a sus supuestos, requisitos y trminos por lo previsto en sus respectivos Estatutos de autonoma.

b) Convenios intradministrativos firmados entre organismos pblicos y entidades de derecho pblico vinculados o dependientes de una misma Administracin Pblica.

c) Convenios firmados entre una Administracin Pblica u organismo o entidad de derecho pblico y un sujeto de Derecho privado.

d) Convenios no constitutivos ni de Tratado internacional, ni de Acuerdo internacional administrativo, ni de Acuerdo internacional no normativo, firmados entre las Administraciones Pblicas y los rganos, organismos pblicos o entes de un sujeto de Derecho internacional, que estarn sometidos al ordenamiento jurdico interno que determinen las partes.

Artculo48. Requisitos de validez y eficacia de los convenios.

1. Las Administraciones Pblicas, sus organismos pblicos y entidades de derecho pblico vinculados o dependientes y las Universidades pblicas, en el mbito de sus respectivas competencias, podrn suscribir convenios con sujetos de derecho pblico y privado, sin que ello pueda suponer cesin de la titularidad de la competencia.

2. En el mbito de la Administracin General del Estado y sus organismos pblicos y entidades de derecho pblico vinculados o dependientes, podrn celebrar convenios los titulares de los Departamentos Ministeriales y los Presidentes o Directores de las dichas entidades y organismos pblicos.

3. La suscripcin de convenios deber mejorar la eficiencia de la gestin pblica, facilitar la utilizacin conjunta de medios y servicios pblicos, contribuir a la realizacin de actividades de utilidad pblica y cumplir con la legislacin de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

4. La gestin, justificacin y resto de actuaciones relacionadas con los gastos derivados de los convenios que incluyan compromisos financieros para la Administracin Pblica o cualquiera de sus organismos pblicos o entidades de derecho pblico vinculados o dependientes que lo suscriban, as como con los fondos comprometidos en virtud de dichos convenios, se ajustarn a lo dispuesto en la legislacin presupuestaria.

5. Los convenios que incluyan compromisos financieros debern ser financieramente sostenibles, debiendo quienes los suscriban tener capacidad para financiar los asumidos durante la vigencia del convenio.

6. Las aportaciones financieras que se comprometan a realizar los firmantes no podrn ser superiores a los gastos derivados de la ejecucin del convenio.

7. Cuando el convenio instrumente una subvencin deber cumplir con lo previsto en la Ley38/2003, de17 de noviembre, General de Subvenciones y en la normativa autonmica de desarrollo que, en su caso, resulte aplicable.

Asimismo, cuando el convenio tenga por objeto la delegacin de competencias en una Entidad Local, deber cumplir con lo dispuesto en Ley7/1985, de2 de abril, Reguladora de las Bases del Rgimen Local.

8. Los convenios se perfeccionan por la prestacin del consentimiento de las partes.

Los convenios suscritos por la Administracin General del Estado o alguno de sus organismos pblicos o entidades de derecho pblico vinculados o dependientes resultarn eficaces una vez inscritos en el Registro Electrnico estatal de rganos e Instrumentos de Cooperacin del sector pblico estatal, al que se refiere la disposicin adicional sptima y publicados en el Boletn Oficial del Estado. Previamente y con carcter facultativo, se podrn publicar en el Boletn Oficial de la Comunidad Autnoma o de la provincia, que corresponda a la otra Administracin firmante.

9. Las normas del presente Captulo no sern de aplicacin a las encomiendas de gestin y los acuerdos de terminacin convencional de los procedimientos administrativos.

Artculo49. Contenido de los convenios.

Los convenios a los que se refiere el apartado1 del artculo anterior debern incluir, al menos, las siguientes materias:

a) Sujetos que suscriben el convenio y la capacidad jurdica con que acta cada una de las partes.

b) La competencia en la que se fundamenta la actuacin de la Administracin Pblica, de los organismos pblicos y las entidades de derecho pblico vinculados o dependientes de ella o de las Universidades pblicas.

c) Objeto del convenio y actuaciones a realizar por cada sujeto para su cumplimiento, indicando, en su caso, la titularidad de los resultados obtenidos.

d) Obligaciones y compromisos econmicos asumidos por cada una de las partes, si los hubiera, indicando su distribucin temporal por anualidades y su imputacin concreta al presupuesto correspondiente de acuerdo con lo previsto en la legislacin presupuestaria.

e) Consecuencias aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por cada una de las partes y, en su caso, los criterios para determinar la posible indemnizacin por el incumplimiento.

f) Mecanismos de seguimiento, vigilancia y control de la ejecucin del convenio y de los compromisos adquiridos por los firmantes. Este mecanismo resolver los problemas de interpretacin y cumplimiento que puedan plantearse respecto de los convenios.

g) El rgimen de modificacin del convenio. A falta de regulacin expresa la modificacin el contenido del convenio requerir acuerdo unnime de los firmantes.

h) Plazo de vigencia del convenio teniendo en cuenta las siguientes reglas:

1. Los convenios debern tener una duracin determinada, que no podr ser superior a cuatro aos, salvo que normativamente se prevea un plazo superior.

2. En cualquier momento antes de la finalizacin del plazo previsto en el apartado anterior, los firmantes del convenio podrn acordar unnimemente su prrroga por un periodo de hasta cuatro aos adicionales o su extincin.

En el caso de convenios suscritos por la Administracin General del Estado o alguno de sus organismos pblicos y entidades de derecho pblico vinculados o dependientes, esta prrroga deber ser comunicada al Registro Electrnico estatal de rganos e Instrumentos de Cooperacin al que se refiere la disposicin adicional sptima.

Artculo50. Trmites preceptivos para la suscripcin de convenios y sus efectos.

1. Sin perjuicio de las especialidades que la legislacin autonmica pueda prever, ser necesario que el convenio se acompae de una memoria justificativa donde se analice su necesidad y oportunidad, su impacto econmico, el carcter no contractual de la actividad en cuestin, as como el cumplimiento de lo previsto en esta Ley.

2. Los convenios que suscriba la Administracin General del Estado o sus organismos pblicos y entidades de derecho pblico vinculados o dependientes se acompaarn adems de:

a) El informe de su servicio jurdico. No ser necesario solicitar este informe cuando el convenio se ajuste a un modelo normalizado informado previamente por el servicio jurdico que corresponda.

b) Cualquier otro informe preceptivo que establezca la normativa aplicable.

c) La autorizacin previa del Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas para su firma, modificacin, prrroga y resolucin por mutuo acuerdo entre las partes.

d) Cuando los convenios plurianuales suscritos entre Administraciones Pblicas incluyan aportaciones de fondos por parte del Estado para financiar actuaciones a ejecutar exclusivamente por parte de otra Administracin Pblica y el Estado asuma, en el mbito de sus competencias, los compromisos frente a terceros, la aportacin del Estado de anualidades futuras estar condicionada a la existencia de crdito en los correspondientes presupuestos.

e) Los convenios interadministrativos suscritos con las Comunidades Autnomas, sern remitidos al Senado por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas.

Artculo51. Extincin de los convenios.

1. Los convenios se extinguen por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto o por incurrir en causa de resolucin.

2. Son causas de resolucin:

a) El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prrroga del mismo.

b) El acuerdo unnime de todos los firmantes.

c) El incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes.

En este caso, cualquiera de las partes podr notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento ser comunicado al responsable del mecanismo de seguimiento, vigilancia y control de la ejecucin del convenio y a las dems partes firmantes.

Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigi notificar a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolucin y se entender resuelto el convenio. La resolucin del convenio por esta causa podr conllevar la indemnizacin de los perjuicios causados si as se hubiera previsto.

d) Por decisin judicial declaratoria de la nulidad del convenio.

e) Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras leyes.

Artculo52. Efectos de la resolucin de los convenios.

1. El cumplimiento y la resolucin de los convenios dar lugar a la liquidacin de los mismos con el objeto de determinar las obligaciones y compromisos de cada una de las partes.

2. En el supuesto de convenios de los que deriven compromisos financieros, se entendern cumplidos cuando su objeto se haya realizado en los trminos y a satisfaccin de ambas partes, de acuerdo con sus respectivas competencias, teniendo en cuenta las siguientes reglas:

a) Si de la liquidacin resultara que el importe de las actuaciones ejecutadas por alguna de las partes fuera inferior a los fondos que la misma hubiera recibido del resto de partes del convenio para financiar dicha ejecucin, aquella deber reintegrar a estas el exceso que corresponda a cada una, en el plazo mximo de un mes desde que se hubiera aprobado la liquidacin.

Transcurrido el plazo mximo de un mes, mencionado en el prrafo anterior, sin que se haya producido el reintegro, se deber abonar a dichas partes, tambin en el plazo de un mes a contar desde ese momento, el inters de demora aplicable al citado reintegro, que ser en todo caso el que resulte de las disposiciones de carcter general reguladoras del gasto pblico y de la actividad econmico-financiera del sector pblico.

b) Si fuera superior, el resto de partes del convenio, en el plazo de un mes desde la aprobacin de la liquidacin, deber abonar a la parte de que se trate la diferencia que corresponda a cada una de ellas, con el lmite mximo de las cantidades que cada una de ellas se hubiera comprometido a aportar en virtud del convenio. En ningn caso las partes del convenio tendrn derecho a exigir al resto cuanta alguna que supere los citados lmites mximos.

3. No obstante lo anterior, si cuando concurra cualquiera de las causas de resolucin del convenio existen actuaciones en curso de ejecucin, las partes, a propuesta de la comisin de seguimiento, vigilancia y control del convenio o, en su defecto, del responsable del mecanismo a que hace referencia la letra f) del artculo49, podrn acordar la continuacin y finalizacin de las actuaciones en curso que consideren oportunas, estableciendo un plazo improrrogable para su finalizacin, transcurrido el cual deber realizarse la liquidacin de las mismas en los trminos establecidos en el apartado anterior.

Artculo53. Remisin de convenios al Tribunal de Cuentas.

1. Dentro de los tres meses siguientes a la suscripcin de cualquier convenio cuyos compromisos econmicos asumidos superen los600.000 euros, estos debern remitirse electrnicamente al Tribunal de Cuentas u rgano externo de fiscalizacin de la Comunidad Autnoma, segn corresponda.

2. Igualmente se comunicarn al Tribunal de Cuentas u rgano externo de fiscalizacin de la Comunidad Autnoma, segn corresponda, las modificaciones, prrrogas o variaciones de plazos, alteracin de los importes de los compromisos econmicos asumidos y la extincin de los convenios indicados.

3. Lo dispuesto en los apartados anteriores se entender sin perjuicio de las facultades del Tribunal de Cuentas o, en su caso, de los correspondientes rganos de fiscalizacin externos de las Comunidades Autnomas, para reclamar cuantos datos, documentos y antecedentes estime pertinentes con relacin a los contratos de cualquier naturaleza y cuanta.

TTULO I
Administracin General del Estado
CAPTULO I
Organizacin administrativa
Artculo54. Principios y competencias de organizacin y funcionamiento de la Administracin General del Estado.

1. La Administracin General del Estado acta y se organiza de acuerdo con los principios establecidos en el artculo3, as como los de descentralizacin funcional y desconcentracin funcional y territorial.

2. Las competencias en materia de organizacin administrativa, rgimen de personal, procedimientos e inspeccin de servicios, no atribuidas especficamente conforme a una Ley a ningn otro rgano de la Administracin General del Estado, ni al Gobierno, correspondern al Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas.

Artculo55. Estructura de la Administracin General del Estado.

1. La organizacin de la Administracin General del Estado responde a los principios de divisin funcional en Departamentos ministeriales y de gestin territorial integrada en Delegaciones del Gobierno en las Comunidades Autnomas, salvo las excepciones previstas por esta Ley.

2. La Administracin General del Estado comprende:

a) La Organizacin Central, que integra los Ministerios y los servicios comunes.

b) La Organizacin Territorial.

c) La Administracin General del Estado en el exterior.

3. En la organizacin central son rganos superiores y rganos directivos:

a) rganos superiores:

1. Los Ministros.

2. Los Secretarios de Estado.

b) rganos directivos:

1. Los Subsecretarios y Secretarios generales.

2. Los Secretarios generales tcnicos y Directores generales.

3. Los Subdirectores generales.

4. En la organizacin territorial de la Administracin General del Estado son rganos directivos tanto los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autnomas, que tendrn rango de Subsecretario, como los Subdelegados del Gobierno en las provincias, los cuales tendrn nivel de Subdirector general.

5. En la Administracin General del Estado en el exterior son rganos directivos los embajadores y representantes permanentes ante Organizaciones internacionales.

6. Los rganos superiores y directivos tienen adems la condicin de alto cargo, excepto los Subdirectores generales y asimilados, de acuerdo con lo previsto en la Ley3/2015, de30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administracin General del Estado.

7. Todos los dems rganos de la Administracin General del Estado se encuentran bajo la dependencia o direccin de un rgano superior o directivo.

8. Los estatutos de los Organismos pblicos determinarn sus respectivos rganos directivos.

9. Corresponde a los rganos superiores establecer los planes de actuacin de la organizacin situada bajo su responsabilidad y a los rganos directivos su desarrollo y ejecucin.

10. Los Ministros y Secretarios de Estado son nombrados de acuerdo con lo establecido en la Ley50/1997, de27 de noviembre, del Gobierno y en la Ley3/2015, de30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administracin General del Estado.

11. Sin perjuicio de lo previsto en la Ley3/2015, de30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administracin General del Estado, los titulares de los rganos superiores y directivos son nombrados, atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia, en la forma establecida en esta Ley, siendo de aplicacin al desempeo de sus funciones:

a) La responsabilidad profesional, personal y directa por la gestin desarrollada.

b) La sujecin al control y evaluacin de la gestin por el rgano superior o directivo competente, sin perjuicio del control establecido por la Ley General Presupuestaria.

Artculo56. Elementos organizativos bsicos.

1. Las unidades administrativas son los elementos organizativos bsicos de las estructuras orgnicas. Las unidades comprenden puestos de trabajo o dotaciones de plantilla vinculados funcionalmente por razn de sus cometidos y orgnicamente por una jefatura comn. Pueden existir unidades administrativas complejas, que agrupen dos o ms unidades menores.

2. Los jefes de las unidades administrativas son responsables del correcto funcionamiento de la unidad y de la adecuada ejecucin de las tareas asignadas a la misma.

3. Las unidades administrativas se establecen mediante las relaciones de puestos de trabajo, que se aprobarn de acuerdo con su regulacin especfica, y se integran en un determinado rgano.

CAPTULO II
Los Ministerios y su estructura interna
Artculo57. Los Ministerios.

1. La Administracin General del Estado se organiza en Presidencia del Gobierno y en Ministerios, comprendiendo a cada uno de ellos uno o varios sectores funcionalmente homogneos de actividad administrativa.

2. La organizacin en Departamentos ministeriales no obsta a la existencia de rganos superiores o directivos u Organismos pblicos no integrados o dependientes, respectivamente, en la estructura general del Ministerio que con carcter excepcional se adscriban directamente al Ministro.

3. La determinacin del nmero, la denominacin y el mbito de competencia respectivo de los Ministerios y las Secretaras de Estado se establecen mediante Real Decreto del Presidente del Gobierno.

Artculo58. Organizacin interna de los Ministerios.

1. En los Ministerios pueden existir Secretaras de Estado, y Secretaras Generales, para la gestin de un sector de actividad administrativa. De ellas dependern jerrquicamente los rganos directivos que se les adscriban.

2. Los Ministerios contarn, en todo caso, con una Subsecretara, y dependiendo de ella una Secretara General Tcnica, para la gestin de los servicios comunes previstos en este Ttulo.

3. Las Direcciones Generales son los rganos de gestin de una o varias reas funcionalmente homogneas.

4. Las Direcciones Generales se organizan en Subdirecciones Generales para la distribucin de las competencias encomendadas a aqullas, la realizacin de las actividades que les son propias y la asignacin de objetivos y responsabilidades. Sin perjuicio de lo anterior, podrn adscribirse directamente Subdirecciones Generales a otros rganos directivos de mayor nivel o a rganos superiores del Ministerio.

Artculo59. Creacin, modificacin y supresin de rganos y unidades administrativas.

1. Las Subsecretaras, las Secretaras Generales, las Secretaras Generales Tcnicas, las Direcciones Generales, las Subdirecciones Generales, y rganos similares a los anteriores se crean, modifican y suprimen por Real Decreto del Consejo de Ministros, a iniciativa del Ministro interesado y a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Pblicas.

2. Los rganos de nivel inferior a Subdireccin General se crean, modifican y suprimen por orden del Ministro respectivo, previa autorizacin del Ministro de Hacienda y Administraciones Pblicas.

3. Las unidades que no tengan la consideracin de rganos se crean, modifican y suprimen a travs de las relaciones de puestos de trabajo.

Artculo60. Ordenacin jerrquica de los rganos ministeriales.

1. Los Ministros son los jefes superiores del Departamento y superiores jerrquicos directos de los Secretarios de Estado y Subsecretarios.

2. Los rganos directivos dependen de alguno de los anteriores y se ordenan jerrquicamente entre s de la siguiente forma: Subsecretario, Director general y Subdirector general.

Los Secretarios generales tienen categora de Subsecretario y los Secretarios Generales Tcnicos tienen categora de Director general.

Artculo61. Los Ministros.

Los Ministros, como titulares del departamento sobre el que ejercen su competencia, dirigen los sectores de actividad administrativa integrados en su Ministerio, y asumen la responsabilidad inherente a dicha direccin. A tal fin, les corresponden las siguientes funciones:

a) Ejercer la potestad reglamentaria en las materias propias de su Departamento.

b) Fijar los objetivos del Ministerio, aprobar los planes de actuacin del mismo y asignar los recursos necesarios para su ejecucin, dentro de los lmites de las dotaciones presupuestarias correspondientes.

c) Aprobar las propuestas de los estados de gastos del Ministerio, y de los presupuestos de los Organismos pblicos dependientes y remitirlas al Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas.

d) Determinar y, en su caso, proponer la organizacin interna de su Ministerio, de acuerdo con las competencias que le atribuye esta Ley.

e) Evaluar la realizacin de los planes de actuacin del Ministerio por parte de los rganos superiores y rganos directivos y ejercer el control de eficacia respecto de la actuacin de dichos rganos y de los Organismos pblicos dependientes, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley47/2003, de26 de noviembre, General Presupuestaria.

f) Nombrar y separar a los titulares de los rganos directivos del Ministerio y de los Organismos pblicos o entidades de derecho pblico dependientes del mismo, cuando la competencia no est atribuida al Consejo de Ministros a otro rgano o al propio organismo, as como elevar a aqul las propuestas de nombramientos que le estn reservadas de rganos directivos del Ministerio y de los Organismos Pblicos dependientes del mismo.

g) Autorizar las comisiones de servicio con derecho a indemnizacin por cuanta exacta para altos cargos dependientes del Ministro.

h) Mantener las relaciones con las Comunidades Autnomas y convocar las Conferencias sectoriales y los rganos de cooperacin en el mbito de las competencias atribuidas a su Departamento.

i) Dirigir la actuacin de los titulares de los rganos superiores y directivos del Ministerio, impartirles instrucciones concretas y delegarles competencias propias.

j) Revisar de oficio los actos administrativos y resolver los conflictos de atribuciones cuando les corresponda, as como plantear los que procedan con otros Ministerios.

k) Celebrar en el mbito de su competencia, contratos y convenios, sin perjuicio de la autorizacin del Consejo de Ministros cuando sea preceptiva.

l) Administrar los crditos para gastos de los presupuestos del Ministerio, aprobar y comprometer los gastos que no sean de la competencia del Consejo de Ministros, aprobar las modificaciones presupuestarias que sean de su competencia, reconocer las obligaciones econmicas y proponer su pago en el marco del plan de disposicin de fondos del Tesoro Pblico, as como fijar los lmites por debajo de los cuales estas competencias correspondern, en su mbito respectivo, a los Secretarios de Estado y Subsecretario del departamento. Corresponder al Ministro elevar al Consejo de Ministros, para su aprobacin, las modificaciones presupuestarias que sean de la competencia de ste.

m)   Decidir la representacin del Ministerio en los rganos colegiados o grupos de trabajo en los que no est previamente determinado el titular del rgano superior o directivo que deba representar al Departamento.

n) Remitir la documentacin a su Departamento necesaria para la elaboracin de la Cuenta General del Estado, en los trminos previstos en la Ley47/2003,26 de noviembre.

) Resolver de los recursos administrativos y declarar la lesividad de los actos administrativos cuando les corresponda.

o) Otorgar premios y recompensas propios del Departamento y proponer las que corresponda segn sus normas reguladoras.

p) Conceder subvenciones y ayudas con cargo a los crditos de gasto propios del Departamento, as como fijar los lmites por debajo de los cuales podrn ser otorgadas por los Secretarios de Estado o el Subsecretario del Departamento.

q) Proponer y ejecutar, en el mbito de su competencia, los Planes de Empleo del Departamento y de los organismos pblicos de l dependientes.

r) Modificar las Relaciones de Puestos de Trabajo en los casos en que esa competencia est delegada en el propio departamento o proponer al Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas las que sean de competencia de este ltimo.

s) Imponer la sancin de separacin del servicio por faltas muy graves.

t) Ejercer cuantas otras competencias les atribuyan las leyes, las normas de organizacin y funcionamiento del Gobierno y cualesquiera otras disposiciones.

Artculo62. Los Secretarios de Estado.

1. Los Secretarios de Estado son directamente responsables de la ejecucin de la accin del Gobierno en un sector de actividad especfica.

Asimismo, podrn ostentar por delegacin expresa de sus respectivos Ministros la representacin de estos en materias propias de su competencia, incluidas aquellas con proyeccin internacional, sin perjuicio, en todo caso, de las normas que rigen las relaciones de Espaa con otros Estados y con las Organizaciones internacionales.

2. Los Secretarios de Estado dirigen y coordinan las Secretaras y las Direcciones Generales situadas bajo su dependencia, y responden ante el Ministro de la ejecucin de los objetivos fijados para la Secretara de Estado. A tal fin les corresponde:

a) Ejercer las competencias sobre el sector de actividad administrativa asignado que les atribuya la norma de creacin del rgano o que les delegue el Ministro y desempear las relaciones externas de la Secretara de Estado, salvo en los casos legalmente reservados al Ministro.

b) Ejercer las competencias inherentes a su responsabilidad de direccin y, en particular, impulsar la consecucin de los objetivos y la ejecucin de los proyectos de su organizacin, controlando su cumplimiento, supervisando la actividad de los rganos directivos adscritos e impartiendo instrucciones a sus titulares.

c) Nombrar y separar a los Subdirectores Generales de la Secretara de Estado.

d) Mantener las relaciones con los rganos de las Comunidades Autnomas competentes por razn de la materia.

e) La autorizacin previa para contratar a los Organismos Autnomos adscritos a la Secretara de Estado, por encima de una cuanta determinada, segn lo previsto en la disposicin transitoria tercera del Real Decreto Legislativo3/2011, de14 de noviembre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Pblico.

f) Autorizar las comisiones de servicio con derecho a indemnizacin por cuanta exacta para los altos cargos dependientes de la Secretara de Estado.

g) Celebrar contratos relativos a asuntos de su Secretara de Estado y los convenios no reservados al Ministro del que dependan, sin perjuicio de la correspondiente autorizacin cuando sea preceptiva.

h) Conceder subvenciones y ayudas con cargo a los crditos de gasto propios de la Secretara de Estado, con los lmites establecidos por el titular del Departamento.

i) Resolver los recursos que se interpongan contra las resoluciones de los rganos directivos que dependan directamente de l y cuyos actos no agoten la va administrativa, as como los conflictos de atribuciones que se susciten entre dichos rganos.

j) Administrar los crditos para gastos de los presupuestos del Ministerio por su materia propios de la Secretara de Estado, aprobar las modificaciones presupuestarias de los mismos, aprobar y comprometer los gastos con cargo a aquellos crditos y reconocer las obligaciones econmicas y proponer su pago en el marco del plan de disposicin de fondos del Tesoro Pblico. Todo ello dentro de la cuanta que, en su caso, establezca el Ministro al efecto y siempre que los referidos actos no sean competencia del Consejo de Ministros.

k) Cualesquiera otras competencias que les atribuya la legislacin en vigor.

Artculo63. Los Subsecretarios.

1. Los Subsecretarios ostentan la representacin ordinaria del Ministerio, dirigen los servicios comunes, ejercen las competencias correspondientes a dichos servicios comunes y, en todo caso, las siguientes:

a) Apoyar a los rganos superiores en la planificacin de la actividad del Ministerio, a travs del correspondiente asesoramiento tcnico.

b) Asistir al Ministro en el control de eficacia del Ministerio y sus Organismos pblicos.

c) Establecer los programas de inspeccin de los servicios del Ministerio, as como determinar las actuaciones precisas para la mejora de los sistemas de planificacin, direccin y organizacin y para la racionalizacin y simplificacin de los procedimientos y mtodos de trabajo, en el marco definido por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas.

d) Proponer las medidas de organizacin del Ministerio y dirigir el funcionamiento de los servicios comunes a travs de las correspondientes instrucciones u rdenes de servicio.

e) Asistir a los rganos superiores en materia de relaciones de puestos de trabajo, planes de empleo y poltica de directivos del Ministerio y sus Organismos pblicos, as como en la elaboracin, ejecucin y seguimiento de los presupuestos y la planificacin de los sistemas de informacin y comunicacin.

f) Desempear la jefatura superior de todo el personal del Departamento.

g) Responsabilizarse del asesoramiento jurdico al Ministro en el desarrollo de las funciones que a ste le corresponden y, en particular, en el ejercicio de su potestad normativa y en la produccin de los actos administrativos de la competencia de aqul, as como a los dems rganos del Ministerio.

En los mismos trminos del prrafo anterior, informar las propuestas o proyectos de normas y actos de otros Ministerios, cuando reglamentariamente proceda.

A tales efectos, el Subsecretario ser responsable de coordinar las actuaciones correspondientes dentro del Ministerio y en relacin con los dems Ministerios que hayan de intervenir en el procedimiento.

h) Ejercer las facultades de direccin, impulso y supervisin de la Secretara General Tcnica y los restantes rganos directivos que dependan directamente de l.

i) Administrar los crditos para gastos de los presupuestos del Ministerio por su materia propios de la Subsecretara, aprobar las modificaciones presupuestarias de los mismos, aprobar y comprometer los gastos con cargo a aquellos crditos y reconocer las obligaciones econmicas y proponer su pago en el marco del plan de disposicin de fondos del Tesoro Pblico. Todo ello dentro de la cuanta que, en su caso, establezca el Ministro al efecto y siempre que los referidos actos no sean competencia del Consejo de Ministros.

j) Conceder subvenciones y ayudas con cargo a los crditos de gasto propios del Ministerio con los lmites establecidos por el titular del Departamento.

k) Solicitar del Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas la afectacin o el arrendamiento de los inmuebles necesarios para el cumplimiento de los fines de los servicios a cargo del Departamento.

l) Nombrar y cesar a los Subdirectores y asimilados dependientes de la Subsecretara, al resto de personal de libre designacin y al personal eventual del Departamento.

m)   Convocar y resolver pruebas selectivas de personal funcionario y laboral.

n) Convocar y resolver los concursos de personal funcionario.

) Ejercer la potestad disciplinaria del personal del Departamento por faltas graves o muy graves, salvo la separacin del servicio.

o) Adoptar e impulsar, bajo la direccin del Ministro, las medidas tendentes a la gestin centralizada de recursos humanos y medios materiales en el mbito de su Departamento Ministerial.

p) Autorizar las comisiones de servicio con derecho a indemnizacin por cuanta exacta para altos cargos dependientes del Subsecretario.

q) Cualesquiera otras que sean inherentes a los servicios comunes del Ministerio y a la representacin ordinaria del mismo y las que les atribuyan la legislacin en vigor.

2. La Subsecretara del Ministerio de la Presidencia, en coordinacin con la Secretara General de la Presidencia del Gobierno, ejercer las competencias propias de los servicios comunes de los Departamentos en relacin con el rea de la Presidencia del Gobierno.

3. Los Subsecretarios sern nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio.

Los nombramientos habrn de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autnomas o de las Entidades locales, pertenecientes al Subgrupo A1, a que se refiere el artculo76 de la Ley7/2007, de12 de abril, por el que se aprueba el Estatuto Bsico del Empleado Pblico. En todo caso, habrn de reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley3/2015, de30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administracin General del Estado.

Artculo64. Los Secretarios generales.

1. Cuando las normas que regulan la estructura de un Ministerio prevean la existencia de un Secretario general, debern determinar las competencias que le correspondan sobre un sector de actividad administrativa determinado.

2. Los Secretarios generales ejercen las competencias inherentes a su responsabilidad de direccin sobre los rganos dependientes, contempladas en el artculo62.2.b), as como todas aquellas que les asigne expresamente el Real Decreto de estructura del Ministerio.

3. Los Secretarios generales, con categora de Subsecretario, sern nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del Ministerio o del Presidente del Gobierno.

Los nombramientos habrn de efectuarse entre personas con cualificacin y experiencia en el desempeo de puestos de responsabilidad en la gestin pblica o privada. En todo caso, habrn de reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley3/2015, de30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administracin General del Estado.

Artculo65. Los Secretarios generales tcnicos.

1. Los Secretarios generales tcnicos, bajo la inmediata dependencia del Subsecretario, tendrn las competencias sobre servicios comunes que les atribuya el Real Decreto de estructura del Departamento y, en todo caso, las relativas a produccin normativa, asistencia jurdica y publicaciones.

2. Los Secretarios generales tcnicos tienen a todos los efectos la categora de Director General y ejercen sobre sus rganos dependientes las facultades atribuidas a dicho rgano por el artculo siguiente.

3. Los Secretarios generales tcnicos sern nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del titular del Ministerio.

Los nombramientos habrn de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autnomas o de las Entidades locales, pertenecientes al Subgrupo A1, a que se refiere el artculo76 de la Ley7/2007, de12 de abril. En todo caso, habrn de reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley3/2015, de30 de marzo, reguladora del ejercicio de alto cargo de la Administracin General del Estado.

Artculo66. Los Directores generales.

1. Los Directores generales son los titulares de los rganos directivos encargados de la gestin de una o varias reas funcionalmente homogneas del Ministerio. A tal efecto, les corresponde:

a) Proponer los proyectos de su Direccin general para alcanzar los objetivos establecidos por el Ministro, dirigir su ejecucin y controlar su adecuado cumplimiento.

b) Ejercer las competencias atribuidas a la Direccin general y las que le sean desconcentradas o delegadas.

c) Proponer, en los restantes casos, al Ministro o al titular del rgano del que dependa, la resolucin que estime procedente sobre los asuntos que afectan al rgano directivo.

d) Impulsar y supervisar las actividades que forman parte de la gestin ordinaria del rgano directivo y velar por el buen funcionamiento de los rganos y unidades dependientes y del personal integrado en los mismos.

e) Las dems atribuciones que le confieran las leyes y reglamentos.

2. Los Directores generales sern nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del titular del Departamento o del Presidente del Gobierno.

Los nombramientos habrn de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autnomas o de las Entidades locales, pertenecientes al Subgrupo A1, a que se refiere el artculo76 de la Ley7/2007, de12 de abril, salvo que el Real Decreto de estructura permita que, en atencin a las caractersticas especficas de las funciones de la Direccin General, su titular no rena dicha condicin de funcionario, debiendo motivarse mediante memoria razonada la concurrencia de las especiales caractersticas que justifiquen esa circunstancia excepcional. En todo caso, habrn de reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley3/2015, de30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administracin General del Estado.

Artculo67. Los Subdirectores generales.

1. Los Subdirectores generales son los responsables inmediatos, bajo la supervisin del Director general o del titular del rgano del que dependan, de la ejecucin de aquellos proyectos, objetivos o actividades que les sean asignados, as como de la gestin ordinaria de los asuntos de la competencia de la Subdireccin General.

2. Los Subdirectores generales sern nombrados, respetando los principios de igualdad, mrito y capacidad, y cesados por el Ministro, Secretario de Estado o Subsecretario del que dependan.

Los nombramientos habrn de efectuarse entre funcionarios de carrera del Estado, o de otras Administraciones, cuando as lo prevean las normas de aplicacin, pertenecientes al Subgrupo A1, a que se refiere el artculo76 de la Ley7/2007, de12 de abril.

Artculo68. Reglas generales sobre los servicios comunes de los Ministerios.

1. Los rganos directivos encargados de los servicios comunes, prestan a los rganos superiores y directivos del resto del Ministerio la asistencia precisa para el ms eficaz cumplimiento de sus cometidos y, en particular, la eficiente utilizacin de los medios y recursos materiales, econmicos y personales que tengan asignados.

Corresponde a los servicios comunes el asesoramiento, el apoyo tcnico y, en su caso, la gestin directa en relacin con las funciones de planificacin, programacin y presupuestacin, cooperacin internacional, accin en el exterior, organizacin y recursos humanos, sistemas de informacin y comunicacin, produccin normativa, asistencia jurdica, gestin financiera, gestin de medios materiales y servicios auxiliares, seguimiento, control e inspeccin de servicios, estadstica para fines estatales y publicaciones.

2. Los servicios comunes funcionan en cada Departamento de acuerdo con las disposiciones y directrices adoptadas por los Ministerios con competencia sobre dichas funciones comunes en la Administracin General del Estado. Todo ello, sin perjuicio de que determinados rganos con competencia sobre algunos servicios comunes sigan dependiendo funcional o jerrquicamente de alguno de los referidos Ministerios.

3. Mediante Real Decreto podr preverse la gestin compartida de algunos de los servicios comunes que podr realizarse de las formas siguientes:

a) Mediante su coordinacin directa por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas o por un organismo autnomo vinculado o dependiente del mismo, que prestarn algunos de estos servicios comunes a otros Ministerios.

b) Mediante su coordinacin directa por la Subsecretara de cada Ministerio o por un organismo autnomo vinculado o dependiente de la misma que prestar algunos de estos servicios comunes a todo el Ministerio. El Real Decreto que determine la gestin compartida de algunos de los servicios comunes concretar el rgimen de dependencia orgnica y funcional del personal que viniera prestando el servicio respectivo en cada unidad.

CAPTULO III
rganos territoriales
Seccin1. La organizacin territorial de la Administracin General del Estado
Artculo69. Las Delegaciones y las Subdelegaciones del Gobierno.

1. Existir una Delegacin del Gobierno en cada una de las Comunidades Autnomas.

2. Las Delegaciones del Gobierno tendrn su sede en la localidad donde radique el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autnoma, salvo que el Consejo de Ministros acuerde ubicarla en otra distinta y sin perjuicio de lo que disponga expresamente el Estatuto de Autonoma.

3. Las Delegaciones del Gobierno estn adscritas orgnicamente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas.

4. En cada una de las provincias de las Comunidades Autnomas pluriprovinciales, existir un Subdelegado del Gobierno, que estar bajo la inmediata dependencia del Delegado del Gobierno.

Podrn crearse por Real Decreto Subdelegaciones del Gobierno en las Comunidades Autnomas uniprovinciales, cuando circunstancias tales como la poblacin del territorio, el volumen de gestin o sus singularidades geogrficas, sociales o econmicas as lo justifiquen.

Artculo70. Los Directores Insulares de la Administracin General del Estado.

Reglamentariamente se determinarn las islas en las que existir un Director Insular de la Administracin General del Estado, con el nivel que se determine en la relacin de puestos de trabajo. Sern nombrados por el Delegado del Gobierno mediante el procedimiento de libre designacin entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autnomas o de las Entidades Locales, pertenecientes a Cuerpos o Escalas clasificados como Subgrupo A1.

Los Directores Insulares dependen jerrquicamente del Delegado del Gobierno en la Comunidad Autnoma o del Subdelegado del Gobierno en la provincia, cuando este cargo exista, y ejercen, en su mbito territorial, las competencias atribuidas por esta Ley a los Subdelegados del Gobierno en las provincias.

Artculo71. Los servicios territoriales.

1. Los servicios territoriales de la Administracin General del Estado en la Comunidad Autnoma se organizarn atendiendo al mejor cumplimiento de sus fines, en servicios integrados y no integrados en las Delegaciones del Gobierno.

2. La organizacin de los servicios territoriales no integrados en las Delegaciones del Gobierno se establecer mediante Real Decreto a propuesta conjunta del titular del Ministerio del que dependan y del titular del Ministerio que tenga atribuida la competencia para la racionalizacin, anlisis y evaluacin de las estructuras organizativas de la Administracin General del Estado y sus organismos pblicos, cuando contemple unidades con nivel de Subdireccin General o equivalentes, o por Orden conjunta cuando afecte a rganos inferiores.

3. Los servicios territoriales no integrados dependern del rgano central competente sobre el sector de actividad en el que aqullos operen, el cual les fijar los objetivos concretos de actuacin y controlar su ejecucin, as como el funcionamiento de los servicios.

4. Los servicios territoriales integrados dependern del Delegado del Gobierno, o en su caso Subdelegado del Gobierno, a travs de la Secretara General, y actuarn de acuerdo con las instrucciones tcnicas y criterios operativos establecidos por el Ministerio competente por razn de la materia.

Seccin2. Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autnomas
Artculo72. Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autnomas.

1. Los Delegados del Gobierno representan al Gobierno de la Nacin en el territorio de la respectiva Comunidad Autnoma, sin perjuicio de la representacin ordinaria del Estado en las mismas a travs de sus respectivos Presidentes.

2. Los Delegados del Gobierno dirigirn y supervisarn la Administracin General del Estado en el territorio de las respectivas Comunidades Autnomas y la coordinarn, internamente y cuando proceda, con la administracin propia de cada una de ellas y con la de las Entidades Locales radicadas en la Comunidad.

3. Los Delegados del Gobierno son rganos directivos con rango de Subsecretario que dependen orgnicamente del Presidente del Gobierno y funcionalmente del Ministerio competente por razn de la materia.

4. Los Delegados del Gobierno sern nombrados y separados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno. Su nombramiento atender a criterios de competencia profesional y experiencia. En todo caso, deber reunir los requisitos de idoneidad establecidos en la Ley3/2015, de30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administracin General del Estado.

5. En caso de ausencia, vacante o enfermedad del titular de la Delegacin del Gobierno, ser suplido por el Subdelegado del Gobierno que el Delegado designe y, en su defecto, al de la provincia en que tenga su sede. En las Comunidades Autnomas uniprovinciales en las que no exista Subdelegado la suplencia corresponder al Secretario General.

Artculo73. Competencias de los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autnomas.

1. Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autnomas son los titulares de las correspondientes Delegaciones del Gobierno y tienen, en los trminos establecidos en este Captulo, las siguientes competencias:

a) Direccin y coordinacin de la Administracin General del Estado y sus Organismos pblicos:

1. Impulsar, coordinar y supervisar con carcter general su actividad en el territorio de la Comunidad Autnoma, y, cuando se trate de servicios integrados, dirigirla, directamente o a travs de los subdelegados del gobierno, de acuerdo con los objetivos y, en su caso, instrucciones de los rganos superiores de los respectivos ministerios.

2. Nombrar a los Subdelegados del Gobierno en las provincias de su mbito de actuacin y, en su caso, a los Directores Insulares, y como superior jerrquico, dirigir y coordinar su actividad.

3. Informar, con carcter preceptivo, las propuestas de nombramiento de los titulares de rganos territoriales de la Administracin General del Estado y los Organismos pblicos estatales de mbito autonmico y provincial en la Delegacin del Gobierno.

b) Informacin de la accin del Gobierno e informacin a los ciudadanos:

1. Coordinar la informacin sobre los programas y actividades del Gobierno y la Administracin General del Estado y sus Organismos pblicos en la Comunidad Autnoma.

2. Promover la colaboracin con las restantes Administraciones Pblicas en materia de informacin al ciudadano.

3. Recibir informacin de los distintos Ministerios de los planes y programas que hayan de ejecutar sus respectivos servicios territoriales y Organismos pblicos en su mbito territorial.

4. Elevar al Gobierno, con carcter anual, a travs del titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas, un informe sobre el funcionamiento de los servicios pblicos estatales en el mbito autonmico.

c) Coordinacin y colaboracin con otras Administraciones Pblicas:

1. Comunicar y recibir cuanta informacin precisen el Gobierno y el rgano de Gobierno de la Comunidad Autnoma. Realizar tambin estas funciones con las Entidades Locales en su mbito territorial, a travs de sus respectivos Presidentes.

2. Mantener las necesarias relaciones de coordinacin y cooperacin de la Administracin General del Estado y sus Organismos pblicos con la de la Comunidad Autnoma y con las correspondientes Entidades Locales. A tal fin, promover la celebracin de convenios con la Comunidad Autnoma y con las Entidades Locales, en particular, en relacin a los programas de financiacin estatal, participando en el seguimiento de la ejecucin y cumplimiento de los mismos.

3. Participar en las Comisiones mixtas de transferencias y en las Comisiones bilaterales de cooperacin, as como en otros rganos de cooperacin de naturaleza similar cuando se determine.

d) Control de legalidad:

1. Resolver los recursos en va administrativa interpuestos contra las resoluciones y actos dictados por los rganos de la Delegacin, previo informe, en todo caso, del Ministerio competente por razn de la materia.

Las impugnaciones de resoluciones y actos del Delegado del Gobierno susceptibles de recurso administrativo y que no pongan fin a la va administrativa, sern resueltas por los rganos correspondientes del Ministerio competente por razn de la materia.

Las reclamaciones por responsabilidad patrimonial de las Administraciones Pblicas se tramitarn por el Ministerio competente por razn de la materia y se resolvern por el titular de dicho Departamento.

2. Suspender la ejecucin de los actos impugnados dictados por los rganos de la Delegacin del Gobierno, cuando le corresponda resolver el recurso, de acuerdo con el artculo117.2 de la Ley del Procedimiento Administrativo Comn de las Administraciones Pblicas, y proponer la suspensin en los restantes casos, as como respecto de los actos impugnados dictados por los servicios no integrados en la Delegacin del Gobierno.

3. Velar por el cumplimiento de las competencias atribuidas constitucionalmente al Estado y por la correcta aplicacin de su normativa, promoviendo o interponiendo, segn corresponda, conflictos de jurisdiccin, conflictos de atribuciones, recursos y dems acciones legalmente procedentes.

e) Polticas pblicas:

1. Formular a los Ministerios competentes, en cada caso, las propuestas que estime convenientes sobre los objetivos contenidos en los planes y programas que hayan de ejecutar los servicios territoriales y los de los Organismos pblicos, e informar, regular y peridicamente, a los Ministerios competentes sobre la gestin de sus servicios territoriales.

2. Proponer ante el Ministro de Hacienda y Administraciones Pblicas las medidas precisas para evitar la duplicidad de estructuras administrativas, tanto en la propia Administracin General del Estado como con otras Administraciones Pblicas, conforme a los principios de eficacia y eficiencia.

3. Proponer al Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas medidas para incluir en los planes de recursos humanos de la Administracin General del Estado.

4. Informar las medidas de optimizacin de recursos humanos y materiales en su mbito territorial, especialmente las que afecten a ms de un Departamento. En particular, corresponde a los Delegados del Gobierno, en los trminos establecidos en la Ley33/2003, de3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Pblicas, la coordinacin de la utilizacin de los edificios de uso administrativo por la organizacin territorial de la Administracin General del Estado y de los organismos pblicos de ella dependientes en su mbito territorial, de acuerdo con las directrices establecidas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas y la Direccin General del Patrimonio del Estado.

2. Asimismo, los Delegados del Gobierno ejercern la potestad sancionadora, expropiatoria y cualesquiera otras que les confieran las normas o que les sean desconcentradas o delegadas.

3. Corresponde a los Delegados del Gobierno proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad ciudadana, a travs de los Subdelegados del Gobierno y de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado, cuya jefatura corresponder al Delegado del Gobierno, quien ejercer las competencias del Estado en esta materia bajo la dependencia funcional del Ministerio del Interior.

4. En relacin con los servicios territoriales, los Delegados del Gobierno, para el ejercicio de las competencias recogidas en este artculo, podrn recabar de los titulares de dichos servicios toda la informacin relativa a su actividad, estructuras organizativas, recursos humanos, inventarios de bienes muebles e inmuebles o a cualquier otra materia o asunto que consideren oportuno al objeto de garantizar una gestin coordinada y eficaz de los servicios estatales en el territorio.

Seccin3. Los Subdelegados del Gobierno en las provincias
Artculo74. Los Subdelegados del Gobierno en las provincias.

En cada provincia y bajo la inmediata dependencia del Delegado del Gobierno en la respectiva Comunidad Autnoma, existir un Subdelegado del Gobierno, con nivel de Subdirector General, que ser nombrado por aqul mediante el procedimiento de libre designacin entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autnomas o de las Entidades Locales, pertenecientes a Cuerpos o Escalas clasificados como Subgrupo A1.

En las Comunidades Autnomas uniprovinciales en las que no exista Subdelegado, el Delegado del Gobierno asumir las competencias que esta Ley atribuye a los Subdelegados del Gobierno en las provincias.

Artculo75. Competencias de los Subdelegados del Gobierno en las provincias.

A los Subdelegados del Gobierno les corresponde:

a) Desempear las funciones de comunicacin, colaboracin y cooperacin con la respectiva Comunidad Autnoma y con las Entidades Locales y, en particular, informar sobre la incidencia en el territorio de los programas de financiacin estatal. En concreto les corresponde:

1. Mantener las necesarias relaciones de cooperacin y coordinacin de la Administracin General del Estado y sus Organismos pblicos con la de la Comunidad Autnoma y con las correspondientes Entidades locales en el mbito de la provincia.

2. Comunicar y recibir cuanta informacin precisen el Gobierno y el rgano de Gobierno de la Comunidad Autnoma. Realizar tambin estas funciones con las Entidades locales en su mbito territorial, a travs de sus respectivos Presidentes.

b) Proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades, garantizando la seguridad ciudadana, todo ello dentro de las competencias estatales en la materia. A estos efectos, dirigir las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia.

c) Dirigir y coordinar la proteccin civil en el mbito de la provincia.

d) Dirigir, en su caso, los servicios integrados de la Administracin General del Estado, de acuerdo con las instrucciones del Delegado del Gobierno y de los Ministerios correspondientes; e impulsar, supervisar e inspeccionar los servicios no integrados.

e) Coordinar la utilizacin de los medios materiales y, en particular, de los edificios administrativos en el mbito territorial de su competencia.

f) Ejercer la potestad sancionadora y cualquier otra que les confiera las normas o que les sea desconcentrada o delegada.

Seccin4. La estructura de las delegaciones del gobierno
Artculo76. Estructura de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.

1. La estructura de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno se fijar por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas, en razn de la dependencia orgnica de las Delegaciones del Gobierno, y contarn, en todo caso, con una Secretara General, dependiente de los Delegados o, en su caso, de los Subdelegados del Gobierno, como rgano de gestin de los servicios comunes, y de la que dependern los distintos servicios integrados en la misma, as como aquellos otros servicios y unidades que se determine en la relacin de puestos de trabajo.

2. La integracin de nuevos servicios territoriales o la desintegracin de servicios territoriales ya integrados en las Delegaciones del Gobierno, se llevar a cabo mediante Real Decreto de Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas, en razn de la dependencia orgnica de las Delegaciones del Gobierno, y del Ministerio competente del rea de actividad.

Artculo77. Asistencia jurdica y control econmico financiero de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno.

La asistencia jurdica y las funciones de intervencin y control econmico financiero en relacin con las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno se ejercern por la Abogaca del Estado y la Intervencin General de la Administracin del Estado respectivamente, de acuerdo con su normativa especfica.

Seccin5. rganos colegiados
Artculo78. La Comisin interministerial de coordinacin de la Administracin perifrica del Estado.

1. La Comisin interministerial de coordinacin de la Administracin perifrica del Estado es un rgano colegiado, adscrito al Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas.

2. La Comisin interministerial de coordinacin de la Administracin perifrica del Estado se encargar de coordinar la actuacin de la Administracin perifrica del Estado con los distintos Departamentos ministeriales.

3. Mediante Real Decreto se regularn sus atribuciones, composicin y funcionamiento.

Artculo79. Los rganos colegiados de asistencia al Delegado y al Subdelegado del Gobierno.

1. En cada una de las Comunidades Autnomas pluriprovinciales existir una Comisin territorial de asistencia al Delegado del Gobierno, con las siguientes caractersticas:

a) Estar presidida por el Delegado del Gobierno en la Comunidad Autnoma e integrada por los Subdelegados del Gobierno en las provincias comprendidas en el territorio de sta.

b) A sus sesiones debern asistir los titulares de los rganos y servicios territoriales, tanto integrados como no integrados, que el Delegado del Gobierno considere oportuno.

c) Esta Comisin desarrollar, en todo caso, las siguientes funciones:

1. Coordinar las actuaciones que hayan de ejecutarse de forma homognea en el mbito de la Comunidad Autnoma, para asegurar el cumplimiento de los objetivos generales fijados por el Gobierno a los servicios territoriales.

2. Homogeneizar el desarrollo de las polticas pblicas en su mbito territorial, a travs del establecimiento de criterios comunes de actuacin que habrn de ser compatibles con las instrucciones y objetivos de los respectivos departamentos ministeriales.

3. Asesorar al Delegado del Gobierno en la Comunidad Autnoma en la elaboracin de las propuestas de simplificacin administrativa y racionalizacin en la utilizacin de los recursos.

4. Cualesquiera otras que a juicio del Delegado del Gobierno en la Comunidad Autnoma resulten adecuadas para que la Comisin territorial cumpla la finalidad de apoyo y asesoramiento en el ejercicio de las competencias que esta Ley le asigna.

2. En las Comunidades Autnomas uniprovinciales existir una Comisin de asistencia al Delegado del Gobierno, presidida por l mismo e integrada por el Secretario General y los titulares de los rganos y servicios territoriales, tanto integrados como no integrados, que el Delegado del Gobierno considere oportuno, con las funciones sealadas en el apartado anterior.

3. En cada Subdelegacin del Gobierno existir una Comisin de asistencia al Subdelegado del Gobierno presidida por l mismo e integrada por el Secretario General y los titulares de los rganos y servicios territoriales, tanto integrados como no integrados, que el Subdelegado del Gobierno considere oportuno, con las funciones sealadas en el apartado primero, referidas al mbito provincial.

CAPTULO IV
De la Administracin General del Estado en el exterior
Artculo80. El Servicio Exterior del Estado.

El Servicio Exterior del Estado se rige en todo lo concerniente a su composicin, organizacin, funciones, integracin y personal por lo dispuesto en la Ley2/2014, de25 de marzo, de la Accin y del Servicio Exterior del Estado y en su normativa de desarrollo y, supletoriamente, por lo dispuesto en esta Ley.

TTULO II
Organizacin y funcionamiento del sector pblico institucional
CAPTULO I
Del sector pblico institucional
Artculo81. Principios generales de actuacin.

1. Las entidades que integran el sector pblico institucional estn sometidas en su actuacin a los principios de legalidad, eficiencia, estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera as como al principio de transparencia en su gestin. En particular se sujetarn en materia de personal, incluido el laboral, a las limitaciones previstas en la normativa presupuestaria y en las previsiones anuales de los presupuestos generales.

2. Todas las Administraciones Pblicas debern establecer un sistema de supervisin continua de sus entidades dependientes, con el objeto de comprobar la subsistencia de los motivos que justificaron su creacin y su sostenibilidad financiera, y que deber incluir la formulacin expresa de propuestas de mantenimiento, transformacin o extincin.

3. Los organismos y entidades vinculados o dependientes de la Administracin autonmica y local se regirn por las disposiciones bsicas de esta ley que les resulten de aplicacin, y en particular, por lo dispuesto en los Captulos I y IV y en los artculos129 y134, as como por la normativa propia de la Administracin a la que se adscriban.

Artculo82. El Inventario de Entidades del Sector Pblico Estatal, Autonmico y Local.

1. El Inventario de Entidades del Sector Pblico Estatal, Autonmico y Local, se configura como un registro pblico administrativo que garantiza la informacin pblica y la ordenacin de todas las entidades integrantes del sector pblico institucional cualquiera que sea su naturaleza jurdica.

La integracin y gestin de dicho Inventario y su publicacin depender de la Intervencin General de la Administracin del Estado y la captacin y el tratamiento de la informacin enviada por las Comunidades Autnomas y las Entidades locales para la formacin y mantenimiento del inventario depender de la Secretara General de Coordinacin Autonmica y Local.

2. El Inventario de Entidades del Sector Pblico contendr, al menos, informacin actualizada sobre la naturaleza jurdica, finalidad, fuentes de financiacin, estructura de dominio, en su caso, la condicin de medio propio, regmenes de contabilidad, presupuestario y de control as como la clasificacin en trminos de contabilidad nacional, de cada una de las entidades integrantes del sector pblico institucional.

3. Al menos, la creacin, transformacin, fusin o extincin de cualquier entidad integrante del sector pblico institucional, cualquiera que sea su naturaleza jurdica, ser inscrita en el Inventario de Entidades del Sector Pblico Estatal, Autonmico y Local.

Artculo83. Inscripcin en el Inventario de Entidades del Sector Pblico Estatal, Autonmico y Local.

1. El titular del mximo rgano de direccin de la entidad notificar, a travs de la intervencin general de la Administracin correspondiente, la informacin necesaria para la inscripcin definitiva en el Inventario de Entidades del Sector Pblico Estatal, Autonmico y Local, en los trminos previstos reglamentariamente, de los actos relativos a su creacin, transformacin, fusin o extincin, en el plazo de treinta das hbiles a contar desde que ocurra el acto inscribible. En la citada notificacin se acompaar la documentacin justificativa que determina tal circunstancia.

2. La inscripcin definitiva de la creacin de cualquier entidad integrante del sector pblico institucional en el Inventario de Entidades del Sector Pblico Estatal, Autonmico y Local se realizar de conformidad con las siguientes reglas:

a) El titular del mximo rgano de direccin de la entidad, a travs de la intervencin general de la Administracin correspondiente, notificar, electrnicamente a efectos de su inscripcin, al Inventario de Entidades del Sector Pblico Estatal, Autonmico y Local, la norma o el acto jurdico de creacin en el plazo de30 das hbiles desde la entrada en vigor de la norma o del acto, segn corresponda. A la notificacin se acompaar la copia o enlace a la publicacin electrnica del Boletn Oficial en el que se public la norma, o copia del acto jurdico de creacin, as como el resto de documentacin justificativa que proceda, como los Estatutos o el plan de actuacin.

b) La inscripcin en el Inventario de Entidades del Sector Pblico Estatal, Autonmico y Local se practicar dentro del plazo de15 das hbiles siguientes a la recepcin de la solicitud de inscripcin.

c) Para la asignacin del Nmero de Identificacin Fiscal definitivo y de la letra identificativa que corresponda a la entidad, de acuerdo con su naturaleza jurdica, por parte de la Administracin Tributaria ser necesaria la aportacin de la certificacin de la inscripcin de la entidad en el Inventario de Entidades del Sector Pblico Estatal, Autonmico y Local.

CAPTULO II
Organizacin y funcionamiento del sector pblico institucional estatal
Artculo84. Composicin y clasificacin del sector pblico institucional estatal.

1. Integran el sector pblico institucional estatal las siguientes entidades:

a) Los organismos pblicos vinculados o dependientes de la Administracin General del Estado, los cuales se clasifican en:

1. Organismos autnomos.

2. Entidades Pblicas Empresariales.

b) Las autoridades administrativas independientes.

c) Las sociedades mercantiles estatales.

d) Los consorcios.

e) Las fundaciones del sector pblico.

f) Los fondos sin personalidad jurdica.

g) Las universidades pblicas no transferidas.

2. La Administracin General del Estado o entidad integrante del sector pblico institucional estatal no podr, por s misma ni en colaboracin con otras entidades pblicas o privadas, crear, ni ejercer el control efectivo, directa ni indirectamente, sobre ningn otro tipo de entidad distinta de las enumeradas en este artculo, con independencia de su naturaleza y rgimen jurdico.

Lo dispuesto en este apartado no ser de aplicacin a la participacin del Estado en organismos internacionales o entidades de mbito supranacional, ni a la participacin en los organismos de normalizacin y acreditacin nacionales.

3. Las universidades pblicas no transferidas se regirn por lo dispuesto en la Ley47/2003, de26 de noviembre que les sea de aplicacin y lo dispuesto en esta ley en lo que no previsto en su normativa especfica.

Artculo85. Control de eficacia y supervisin continua.

1. Las entidades integrantes del sector pblico institucional estatal estarn sometidas al control de eficacia y supervisin continua, sin perjuicio de lo establecido en el artculo110.

Para ello, todas las entidades integrantes del sector pblico institucional estatal contarn, en el momento de su creacin, con un plan de actuacin, que contendr las lneas estratgicas en torno a las cuales se desenvolver la actividad de la entidad, que se revisarn cada tres aos, y que se completar con planes anuales que desarrollarn el de creacin para el ejercicio siguiente.

2. El control de eficacia ser ejercido por el Departamento al que estn adscritos, a travs de las inspecciones de servicios, y tendr por objeto evaluar el cumplimiento de los objetivos propios de la actividad especfica de la entidad y la adecuada utilizacin de los recursos, de acuerdo con lo establecido en su plan de actuacin y sus actualizaciones anuales, sin perjuicio del control que de acuerdo con la Ley47/2003, de26 de noviembre, se ejerza por la Intervencin General de la Administracin del Estado.

3. Todas las entidades integrantes del sector pblico institucional estatal estn sujetas desde su creacin hasta su extincin a la supervisin continua del Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas, a travs de la Intervencin General de la Administracin del Estado, que vigilar la concurrencia de los requisitos previstos en esta Ley. En particular verificar, al menos, lo siguiente:

a) La subsistencia de las circunstancias que justificaron su creacin.

b) Su sostenibilidad financiera.

c) La concurrencia de la causa de disolucin prevista en esta ley referida al incumplimiento de los fines que justificaron su creacin o que su subsistencia no resulte el medio ms idneo para lograrlos.

Las actuaciones de planificacin, ejecucin y evaluacin correspondientes a la supervisin continua se determinarn reglamentariamente.

4. Las actuaciones de control de eficacia y supervisin continua tomarn en consideracin:

a) La informacin econmico financiera disponible.

b) El suministro de informacin por parte de los organismos pblicos y entidades sometidas al Sistema de control de eficacia y supervisin contina.

c) Las propuestas de las inspecciones de los servicios de los departamentos ministeriales.

Los resultados de la evaluacin efectuada tanto por el Ministerio de adscripcin como por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas se plasmarn en un informe sujeto a procedimiento contradictorio que, segn las conclusiones que se hayan obtenido, podr contener recomendaciones de mejora o una propuesta de transformacin o supresin del organismo pblico o entidad.

Artculo86. Medio propio y servicio tcnico.

1. Las entidades integrantes del sector pblico institucional podrn ser consideradas medios propios y servicios tcnicos de los poderes adjudicadores y del resto de entes y sociedades que no tengan la consideracin de poder adjudicador cuando cumplan las condiciones y requisitos establecidos en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Pblico, aprobado por el Real Decreto Legislativo3/2011, de14 de noviembre.

2. Tendrn la consideracin de medio propio y servicio tcnico cuando se acredite que, adems de disponer de medios suficientes e idneos para realizar prestaciones en el sector de actividad que se corresponda con su objeto social, de acuerdo con su norma o acuerdo de creacin, se d alguna de las circunstancias siguientes:

a) Sea una opcin ms eficiente que la contratacin pblica y resulta sostenible y eficaz, aplicando criterios de rentabilidad econmica.

b) Resulte necesario por razones de seguridad pblica o de urgencia en la necesidad de disponer de los bienes o servicios suministrados por el medio propio o servicio tcnico.

Formar parte del control de eficacia de los medios propios y servicios tcnicos la comprobacin de la concurrencia de los mencionados requisitos.

En la denominacin de las entidades integrantes del sector pblico institucional que tengan la condicin de medio propio deber figurar necesariamente la indicacin Medio Propio o su abreviatura M.P..

3. A la propuesta de declaracin de medio propio y servicio tcnico deber acompaarse una memoria justificativa que acredite lo dispuesto en el apartado anterior y deber ser informada por la Intervencin General de la Administracin del Estado que vaya a declarar el medio propio y servicio tcnico.

Artculo87. Transformaciones de las entidades integrantes del sector pblico institucional estatal.

1. Cualquier organismo autnomo, entidad pblica empresarial, sociedad mercantil estatal o fundacin del sector pblico institucional estatal podr transformarse y adoptar la naturaleza jurdica de cualquiera de las entidades citadas.

2. La transformacin tendr lugar, conservando su personalidad jurdica, por cesin e integracin global, en unidad de acto, de todo el activo y el pasivo de la entidad transformada con sucesin universal de derechos y obligaciones.

La transformacin no alterar las condiciones financieras de las obligaciones asumidas ni podr ser entendida como causa de resolucin de las relaciones jurdicas.

3. La transformacin se llevar a cabo mediante Real Decreto, aunque suponga modificacin de la Ley de creacin.

4. Cuando un organismo autnomo o entidad pblica empresarial se transforme en una entidad pblica empresarial, sociedad mercantil estatal o en una fundacin del sector pblico, el Real Decreto mediante el que se lleve a cabo la transformacin deber ir acompaado de la siguiente documentacin:

a) Una memoria que incluya:

1. Una justificacin de la transformacin por no poder asumir sus funciones manteniendo su naturaleza jurdica originaria.

2. Un anlisis de eficiencia que incluir una previsin del ahorro que generar la transformacin y la acreditacin de inexistencia de duplicidades con las funciones que ya desarrolle otro rgano, organismo pblico o entidad preexistente.

3. Un anlisis de la situacin en la que quedar el personal, indicando si, en su caso, parte del mismo se integrar, bien en la Administracin General del Estado o bien en la entidad pblica empresarial, sociedad mercantil estatal o fundacin que resulte de la transformacin.

b) Un informe preceptivo de la Intervencin General de la Administracin del Estado en el que se valorar el cumplimiento de lo previsto en este artculo.

5. La aprobacin del Real Decreto de transformacin conllevar:

a) La adaptacin de la organizacin de los medios personales, materiales y econmicos que resulte necesaria por el cambio de naturaleza jurdica.

b) La posibilidad de integrar el personal en la entidad transformada o en la Administracin General del Estado. En su caso, esta integracin se llevar a cabo de acuerdo con los procedimientos de movilidad establecidos en la legislacin de funcin pblica o en la legislacin laboral que resulte aplicable.

Los distintos tipos de personal de la entidad transformada tendrn los mismos derechos y obligaciones que les correspondan de acuerdo con la normativa que les sea de aplicacin.

La adaptacin, en su caso, de personal que conlleve la transformacin no supondr, por s misma, la atribucin de la condicin de funcionario pblico al personal laboral que prestase servicios en la entidad transformada.

La integracin de quienes hasta ese momento vinieran ejerciendo funciones reservadas a funcionarios pblicos sin serlo podr realizarse con la condicin de a extinguir, debindose valorar previamente las caractersticas de los puestos afectados y las necesidades de la entidad donde se integren.

De la ejecucin de las medidas de transformacin no podr derivarse incremento alguno de la masa salarial preexistente en la entidad transformada.

CAPTULO III
De los organismos pblicos estatales
Seccin1. Disposiciones generales
Artculo88. Definicin y actividades propias.

Son organismos pblicos dependientes o vinculados a la Administracin General del Estado, bien directamente o bien a travs de otro organismo pblico, los creados para la realizacin de actividades administrativas, sean de fomento, prestacin o de gestin de servicios pblicos o de produccin de bienes de inters pblico susceptibles de contraprestacin; actividades de contenido econmico reservadas a las Administraciones Pblicas; as como la supervisin o regulacin de sectores econmicos, y cuyas caractersticas justifiquen su organizacin en rgimen de descentralizacin funcional o de independencia.

Artculo89. Personalidad jurdica y potestades.

1. Los organismos pblicos tiene personalidad jurdica pblica diferenciada, patrimonio y tesorera propios, as como autonoma de gestin, en los trminos previstos en esta Ley.

2. Dentro de su esfera de competencia, les corresponden las potestades administrativas precisas para el cumplimiento de sus fines, en los trminos que prevean sus estatutos, salvo la potestad expropiatoria.

Los estatutos podrn atribuir a los organismos pblicos la potestad de ordenar aspectos secundarios del funcionamiento para cumplir con los fines y el servicio encomendado, en el marco y con el alcance establecido por las disposiciones que fijen el rgimen jurdico bsico de dicho servicio.

Los actos y resoluciones dictados por los organismos pblicos en el ejercicio de potestades administrativas son susceptibles de los recursos administrativos previstos en la Ley del Procedimiento Administrativo Comn de las Administraciones Pblicas.

Artculo90. Estructura organizativa en el sector pblico estatal.

1. Los organismos pblicos se estructuran en los rganos de gobierno, y ejecutivos que se determinen en su respectivo Estatuto.

Los mximos rganos de gobierno son el Presidente y el Consejo Rector. El estatuto puede, no obstante, prever otros rganos de gobierno con atribuciones distintas.

La direccin del organismo pblico debe establecer un modelo de control orientado a conseguir una seguridad razonable en el cumplimiento de sus objetivos.

2. Corresponde al Ministro de Hacienda y Administraciones Pblicas la clasificacin de las entidades, conforme a su naturaleza y a los criterios previstos en Real Decreto451/2012, de5 de marzo, por el que se regula el rgimen retributivo de los mximos responsables y directivos en el sector pblico empresarial y otras entidades. A estos efectos, las entidades sern clasificadas en tres grupos. Esta clasificacin determinar el nivel en que la entidad se sita a efectos de:

a) Nmero mximo de miembros de los rganos de gobierno.

b) Estructura organizativa, con fijacin del nmero mnimo y mximo de directivos, as como la cuanta mxima de la retribucin total, con determinacin del porcentaje mximo del complemento de puesto y variable.

Artculo91. Creacin de organismos pblicos estatales.

1. La creacin de los organismos pblicos se efectuar por Ley.

2. La Ley de creacin establecer:

a) El tipo de organismo pblico que crea, con indicacin de sus fines generales, as como el Departamento de dependencia o vinculacin.

b) En su caso, los recursos econmicos, as como las peculiaridades de su rgimen de personal, de contratacin, patrimonial, fiscal y cualesquiera otras que, por su naturaleza, exijan norma con rango de Ley.

3. El anteproyecto de ley de creacin del organismo pblico que se eleve al Consejo de Ministros deber ser acompaado de una propuesta de estatutos y de un plan inicial de actuacin, junto con el informe preceptivo favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas que valorar el cumplimiento de lo previsto en este artculo.

Artculo92. Contenido y efectos del plan de actuacin.

1. El plan inicial de actuacin contendr, al menos:

a) Las razones que justifican la creacin de un nuevo organismo pblico, por no poder asumir esas funciones otro ya existente, as como la constatacin de que la creacin no supone duplicidad con la actividad que desarrolle cualquier otro rgano o entidad preexistente.

b) La forma jurdica propuesta y un anlisis que justifique que la elegida resulta ms eficiente frente a otras alternativas de organizacin que se hayan descartado.

c) La fundamentacin de la estructura organizativa elegida, determinando los rganos directivos y la previsin sobre los recursos humanos necesarios para su funcionamiento.

d) El anteproyecto del presupuesto correspondiente al primer ejercicio junto con un estudio econmico-financiero que acredite la suficiencia de la dotacin econmica prevista inicialmente para el comienzo de su actividad y la sostenibilidad futura del organismo, atendiendo a las fuentes futuras de financiacin de los gastos y las inversiones, as como a la incidencia que tendr sobre los presupuestos generales del Estado.

e) Los objetivos del organismo, justificando su suficiencia o idoneidad, los indicadores para medirlos, y la programacin plurianual de carcter estratgico para alcanzarlos, especificando los medios econmicos y personales que dedicar, concretando en este ltimo caso la forma de provisin de los puestos de trabajo, su procedencia, coste, retribuciones e indemnizaciones, as como el mbito temporal en que se prev desarrollar la actividad del organismo. Asimismo, se incluirn las consecuencias asociadas al grado de cumplimiento de los objetivos establecidos y, en particular, su vinculacin con la evaluacin de la gestin del personal directivo en el caso de incumplimiento. A tal efecto, el reparto del complemento de productividad o concepto equivalente se realizar teniendo en cuenta el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos en el plan de creacin y en los anuales.

2. Los organismos pblicos debern acomodar su actuacin a lo previsto en su plan inicial de actuacin. ste se actualizar anualmente mediante la elaboracin del correspondiente plan que permita desarrollar para el ejercicio siguiente las previsiones del plan de creacin. El plan anual de actuacin deber ser aprobado en el ltimo trimestre del ao natural por el departamento del que dependa o al que est vinculado el organismo y deber guardar coherencia con el Programa de actuacin plurianual previsto en la normativa presupuestaria. El Plan de actuacin incorporar, cada tres aos, una revisin de la programacin estratgica del organismo.

La falta de aprobacin del plan anual de actuacin dentro del plazo fijado por causa imputable al organismo, y hasta tanto se subsane la omisin, llevar aparejada la paralizacin de las transferencias que deban realizarse a favor del organismo con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, salvo que el Consejo de Ministros adopte otra decisin.

3. El plan de actuacin y los anuales, as como sus modificaciones, se har pblico en la pgina web del organismo pblico al que corresponda.

Artculo93. Contenido de los estatutos.

1. Los estatutos regularn, al menos, los siguientes extremos:

a) Las funciones y competencias del organismo, con indicacin de las potestades administrativas que pueda ostentar.

b) La determinacin de su estructura organizativa, con expresin de la composicin, funciones, competencias y rango administrativo que corresponda a cada rgano. Asimismo se especificarn aquellos de sus actos y resoluciones que agoten la va administrativa.

c) El patrimonio que se les asigne y los recursos econmicos que hayan de financiarlos.

d) El rgimen relativo a recursos humanos, patrimonio, presupuesto y contratacin.

e) La facultad de participacin en sociedades mercantiles cuando ello sea imprescindible para la consecucin de los fines asignados.

2. Los estatutos de los organismos pblicos se aprobarn por Real Decreto del Consejo de Ministros a propuesta conjunta del Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas y del Ministerio al que el organismo est vinculado o sea dependiente.

3. Los estatutos debern ser aprobados y publicados con carcter previo a la entrada en funcionamiento efectivo del organismo pblico.

Artculo94. Fusin de organismos pblicos estatales.

1. Los organismos pblicos estatales de la misma naturaleza jurdica podrn fusionarse bien mediante su extincin e integracin en un nuevo organismo pblico, bien mediante su extincin por ser absorbido por otro organismo pblico ya existente.

2. La fusin se llevar a cabo mediante norma reglamentaria, aunque suponga modificacin de la Ley de creacin. Cuando la norma reglamentaria cree un nuevo organismo pblico resultante de la fusin deber cumplir con lo previsto en el artculo91.2 sobre requisitos de creacin de organismos pblicos.

3. A la norma reglamentaria de fusin se acompaar un plan de redimensionamiento para la adecuacin de las estructuras organizativas, inmobiliarias, de personal y de recursos resultantes de la nueva situacin y en el que debe quedar acreditado el ahorro que generar la fusin.

Si alguno de los organismos pblicos estuviese en situacin de desequilibrio financiero se podr prever, como parte del plan de redimensionamiento, que las obligaciones, bienes y derechos patrimoniales que se consideren liquidables y derivados de la actividad que ocasion el desequilibrio, se integren en un fondo, sin personalidad jurdica y con contabilidad separada, adscrito al nuevo organismo pblico o al absorbente, segn corresponda.

La actividad o actividades que ocasionaron el desequilibrio dejarn de prestarse tras la fusin, salvo que se prevea su realizacin futura de forma sostenible tras la fusin.

El plan de redimensionamiento, previo informe preceptivo de la Intervencin General de la Administracin del Estado deber ser aprobado por cada uno de los organismos pblicos fusionados si se integran en uno nuevo o por el organismo pblico absorbente, segn corresponda al tipo de fusin.

4. La aprobacin de la norma de fusin conllevar:

a) La integracin de las organizaciones de los organismos pblicos fusionados, incluyendo los medios personales, materiales y econmicos, en los trminos previstos en el plan de redimensionamiento.

b) El personal de los organismos pblicos extinguidos se podr integrar bien en la Administracin General del Estado o bien en el nuevo organismo pblico que resulte de la fusin o en el organismo pblico absorbente, segn proceda, de acuerdo con lo previsto en la norma reglamentaria de fusin y de conformidad con los procedimientos de movilidad establecidos en la legislacin de funcin pblica o en la legislacin laboral que resulte aplicable.

Los distintos tipos de personal de los organismos pblicos fusionados tendrn los derechos y obligaciones que les correspondan de acuerdo con la normativa que les sea de aplicacin.

La integracin de quienes hasta ese momento vinieran ejerciendo funciones reservadas a funcionarios pblicos sin serlo podr realizarse con la condicin de a extinguir, debindose valorar previamente las caractersticas de los puestos afectados y las necesidades del organismos donde se integren.

Esta integracin de personal no supondr, en ningn caso, la atribucin de la condicin de funcionario pblico al personal laboral que prestase servicios en los organismos pblicos fusionados.

De la ejecucin de las medidas de fusin no podr derivarse incremento alguno de la masa salarial en los organismos pblicos afectados.

c) La cesin e integracin global, en unidad de acto, de todo el activo y el pasivo de los organismos pblicos extinguidos en el nuevo organismo pblico resultante de la fusin o en el organismo pblico absorbente, segn proceda, que le suceder universalmente en todos sus derechos y obligaciones.

La fusin no alterar las condiciones financieras de las obligaciones asumidas ni podr ser entendida como causa de resolucin de las relaciones jurdicas.

d) Si se hubiera previsto en el plan de redimensionamiento, las obligaciones, bienes y derechos patrimoniales que se consideren liquidables se integrarn en un fondo, sin personalidad jurdica y con contabilidad separada, adscrito al nuevo organismo pblico resultante de la fusin o al organismo pblico absorbente, segn proceda, que designar un liquidador al que le corresponder la liquidacin de este fondo. Esta liquidacin se efectuar de conformidad con lo previsto en el artculo97.

La liquidacin deber llevarse a cabo durante los dos aos siguientes a la aprobacin de la norma reglamentaria de fusin, salvo que el Consejo de Ministros acuerde su prrroga, sin perjuicio de los posibles derechos que puedan corresponder a los acreedores. La aprobacin de las normas a las que tendr que ajustarse la contabilidad del fondo corresponder al Ministro de Hacienda y Administraciones Pblicas a propuesta de la Intervencin General de la Administracin del Estado.

Artculo95. Gestin compartida de servicios comunes.

1. La norma de creacin de los organismos pblicos del sector pblico estatal incluir la gestin compartida de algunos o todos los servicios comunes, salvo que la decisin de no compartirlos se justifique, en la memoria que acompae a la norma de creacin, en trminos de eficiencia, conforme al artculo7 de la Ley Orgnica2/2012, de27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en razones de seguridad nacional o cuando la organizacin y gestin compartida afecte a servicios que deban prestarse de forma autnoma en atencin a la independencia del organismo.

La organizacin y gestin de algunos o todos los servicios comunes se coordinar por el Ministerio de adscripcin, por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas o por un organismo pblico vinculado o dependiente del mismo.

2. Se consideran servicios comunes de los organismos pblicos, al menos, los siguientes:

a) Gestin de bienes inmuebles.

b) Sistemas de informacin y comunicacin.

c) Asistencia jurdica.

d) Contabilidad y gestin financiera.

e) Publicaciones.

f) Contratacin pblica.

Artculo96. Disolucin de organismos pblicos estatales.

1. Los Organismos pblicos estatales debern disolverse:

a) Por el transcurso del tiempo de existencia sealado en la ley de creacin.

b) Porque la totalidad de sus fines y objetivos sean asumidos por los servicios de la Administracin General del Estado.

c) Porque sus fines hayan sido totalmente cumplidos, de forma que no se justifique la pervivencia del organismo pblico, y as se haya puesto de manifiesto en el control de eficacia.

d) Cuando del seguimiento del plan de actuacin resulte el incumplimiento de los fines que justificaron la creacin del organismo o que su subsistencia no es el medio ms idneo para lograrlos y as se concluya en el control de eficacia o de supervisin continua.

e) Por encontrarse en situacin de desequilibrio financiero durante dos ejercicios presupuestarios consecutivos.

Esta situacin de desequilibrio financiero se referir, para los entes que tengan la consideracin de Administracin Pblica a efectos del Sistema Europeo de Cuentas, a su necesidad de financiacin en trminos del Sistema Europeo de Cuentas, mientras que para los dems entes se entender como la situacin de desequilibrio financiero manifestada en la existencia de resultados brutos negativos de explotacin en dos ejercicios contables consecutivos.

f) Por cualquier otra causa establecida en los estatutos.

g) Cuando as lo acuerde el Consejo de Ministros siguiendo el procedimiento determinado al efecto en el acto jurdico que acuerde la disolucin.

2. Cuando un organismo pblico incurra en alguna de las causas de disolucin previstas en las letras a), b), c), d) o f) del apartado anterior, el titular del mximo rgano de direccin del organismo lo comunicar al titular del departamento de adscripcin en el plazo de dos meses desde que concurra la causa de disolucin. Transcurrido dicho plazo sin que se haya producido la comunicacin y concurriendo la causa de disolucin, el organismo pblico quedar automticamente disuelto y no podr realizar ningn acto jurdico, salvo los estrictamente necesarios para garantizar la eficacia de su liquidacin y extincin.

En el plazo de dos meses desde la recepcin de la comunicacin a la que se refiere el prrafo anterior, el Consejo de Ministros adoptar el correspondiente acuerdo de disolucin, en el que designar al rgano administrativo o entidad del sector pblico institucional estatal que asumir las funciones de liquidador, y se comunicar al Inventario de Entidades del Sector Pblico Estatal, Autonmico y Local para su publicacin. Transcurrido dicho plazo sin que el acuerdo de disolucin haya sido publicado, el organismo pblico quedar automticamente disuelto y no podr realizar ningn acto jurdico, salvo los estrictamente necesarios para garantizar la eficacia de su liquidacin y extincin.

3. Cuando un organismo pblico incurra en la causa de disolucin prevista en la letra e) del apartado1, el titular del mximo rgano de direccin del organismo dispondr del plazo de dos meses, a contar desde la concurrencia de dicha causa, para comunicarlo a la Administracin General del Estado.

En el plazo de dos meses a contar desde la comunicacin a la que se refiere el prrafo anterior, el organismo pblico, previo informe de la Intervencin General de la Administracin del Estado deber aprobar un plan de correccin del desequilibrio. Como parte del mencionado plan de correccin, la Administracin General del Estado podr realizar aportaciones patrimoniales en el ejercicio presupuestario inmediato anterior.

El plan de correccin se aplicar en el ejercicio presupuestario en el que se apruebe y en el siguiente. Transcurridos esos dos ejercicios sin que se haya corregido el desequilibrio, el titular del mximo rgano de direccin del organismo lo comunicar al titular del departamento de adscripcin en los cinco das naturales siguientes a la finalizacin del plazo mencionado. Recibida la comunicacin, se aplicar lo previsto en el apartado2, salvo que el Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Pblicas, decida prorrogar la duracin del plan de correccin. Si transcurre el citado plazo de cinco das sin que se haya producido dicha comunicacin, el organismo pblico quedar automticamente disuelto y no podr realizar ningn acto jurdico, salvo los estrictamente necesarios para garantizar la eficacia de su liquidacin y extincin.

Artculo97. Liquidacin y extincin de organismos pblicos estatales.

1. Publicado el acuerdo de disolucin al que se refiere el artculo anterior, o transcurridos los plazos en l establecidos sin que ste haya sido publicado, se entender automticamente iniciada la liquidacin.

2. La liquidacin tendr lugar por la cesin e integracin global, en unidad de acto, de todo el activo y el pasivo del organismo pblico en la Administracin General del Estado que le suceder universalmente en todos sus derechos y obligaciones. El rgano o entidad designada como liquidador determinar, en cada caso, el rgano o entidad concreta, de la Administracin General del Estado, donde se integrarn los elementos que forman parte del activo y del pasivo del organismo pblico liquidado.

La responsabilidad que le corresponda al empleado pblico como miembro de la entidad u rgano liquidador ser directamente asumida por la entidad o la Administracin General del Estado que lo design. La Administracin General del Estado podr exigir de oficio al empleado pblico que design a esos efectos la responsabilidad en que hubiera incurrido por los daos y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, culpa o negligencia graves, conforme a lo previsto en las Leyes administrativas en materia de responsabilidad patrimonial.

3. La Administracin General del Estado quedar subrogada automticamente en todas las relaciones jurdicas que tuviera el organismo pblico con sus acreedores, tanto de carcter principal como accesorias, a la fecha de adopcin del acuerdo de disolucin o, en su defecto, a la fecha en que concurriera la causa de disolucin, incluyendo los activos y pasivos sobrevenidos. Esta subrogacin no alterar las condiciones financieras de las obligaciones asumidas ni podr ser entendida como causa de resolucin de las relaciones jurdicas.

4. Formalizada la liquidacin del organismo pblico se producir su extincin automtica.

Seccin2. Organismos autnomos estatales
Artculo98. Definicin.

1. Los organismos autnomos son entidades de derecho pblico, con personalidad jurdica propia, tesorera y patrimonio propios y autonoma en su gestin, que desarrollan actividades propias de la Administracin Pblica, tanto actividades de fomento, prestacionales, de gestin de servicios pblicos o de produccin de bienes de inters pblico, susceptibles de contraprestacin, en calidad de organizaciones instrumentales diferenciadas y dependientes de sta.

2. Los organismos autnomos dependen de la Administracin General del Estado a la que corresponde su direccin estratgica, la evaluacin de los resultados de su actividad y el control de eficacia.

3. Con independencia de cul sea su denominacin, cuando un organismo pblico tenga la naturaleza jurdica de organismo autnomo deber figurar en su denominacin la indicacin organismo autnomo o su abreviatura O.A..

Artculo99. Rgimen jurdico.

Los organismos autnomos se regirn por lo dispuesto en esta Ley, en su ley de creacin, sus estatutos, la Ley de Procedimiento Administrativo Comn de las Administraciones Pblicas, el Real Decreto Legislativo3/2011, de14 de noviembre, la Ley33/2003, de3 de noviembre, y el resto de las normas de derecho administrativo general y especial que le sea de aplicacin. En defecto de norma administrativa, se aplicar el derecho comn.

Artculo100. Rgimen jurdico del personal y de contratacin.

1. El personal al servicio de los organismos autnomos ser funcionario o laboral, y se regir por lo previsto en la Ley7/2007, de12 de abril, y dems normativa reguladora de los funcionarios pblicos y por la normativa laboral.

El nombramiento de los titulares de los rganos de los organismos autnomos se regir por las normas aplicables a la Administracin General del Estado.

El titular del mximo rgano de direccin del organismo tendr atribuidas, en materia de gestin de recursos humanos, las facultades que le asigne la legislacin especfica.

El organismo autnomo estar obligado a aplicar las instrucciones sobre recursos humanos dictadas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas y a comunicarle a este departamento cuantos acuerdos o resoluciones adopte en aplicacin del rgimen especfico de personal establecido en su Ley de creacin o en sus estatutos.

2. La contratacin de los organismos autnomos se ajustar a lo dispuesto en la legislacin sobre contratacin del sector pblico. El titular del mximo rgano de direccin del organismo autnomo ser el rgano de contratacin.

Artculo101. Rgimen econmico-financiero y patrimonial.

1. Los organismos autnomos tendrn, para el cumplimiento de sus fines, un patrimonio propio, distinto del de la Administracin Pblica, integrado por el conjunto de bienes y derechos de los que sean titulares.

La gestin y administracin de sus bienes y derechos propios, as como de aquellos del Patrimonio de la Administracin que se les adscriban para el cumplimiento de sus fines, ser ejercida de acuerdo a lo establecido para los organismos autnomos en la Ley33/2003, de3 de noviembre.

2. Los recursos econmicos de los organismos autnomos podrn provenir de las siguientes fuentes:

a) Los bienes y valores que constituyen su patrimonio.

b) Los productos y rentas de dicho patrimonio.

c) Las consignaciones especficas que tuvieren asignadas en los presupuestos generales del Estado.

d) Las transferencias corrientes o de capital que procedan de la Administracin o entidades pblicas.

e) Las donaciones, legados, patrocinios y otras aportaciones de entidades privadas y de particulares.

f) Cualquier otro recurso que estn autorizados a percibir, segn las disposiciones por las que se rijan o que pudieran serles atribuidos.

Artculo102. Rgimen presupuestario, de contabilidad y control econmico-financiero.

Los organismo autnomos aplicarn el rgimen presupuestario, econmico-financiero, de contabilidad, y de control establecido por la Ley47/2003, de26 de noviembre.

Seccin3. Las entidades pblicas empresariales de mbito estatal
Artculo103. Definicin.

1. Las entidades pblicas empresariales son entidades de Derecho pblico, con personalidad jurdica propia, patrimonio propio y autonoma en su gestin, que se financian mayoritariamente con ingresos de mercado y que junto con el ejercicio de potestades administrativas desarrollan actividades prestacionales, de gestin de servicios o de produccin de bienes de inters pblico, susceptibles de contraprestacin.

2. Las entidades pblicas empresariales dependen de la Administracin General del Estado o de un Organismo autnomo vinculado o dependiente de sta, al que le corresponde la direccin estratgica, la evaluacin de los resultados de su actividad y el control de eficacia.

3. Con independencia de cul sea su denominacin, cuando un organismo pblico tenga naturaleza jurdica de entidad pblica empresarial deber figurar en su denominacin la indicacin de entidad pblica empresarial o su abreviatura E.P.E.

Artculo104. Rgimen jurdico.

Las entidades pblicas empresariales se rigen por el Derecho privado, excepto en la formacin de la voluntad de sus rganos, en el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos especficamente regulados para las mismas en esta Ley, en su Ley de creacin, sus estatutos, la Ley de Procedimiento Administrativo Comn, el Real Decreto Legislativo3/2011, de14 de noviembre, la Ley33/2003, de3 de noviembre, y el resto de normas de derecho administrativo general y especial que le sean de aplicacin.

Artculo105. Ejercicio de potestades administrativas.

1. Las potestades administrativas atribuidas a las entidades pblicas empresariales slo pueden ser ejercidas por aquellos rganos de stas a los que los estatutos se les asigne expresamente esta facultad.

2. No obstante, a los efectos de esta Ley, los rganos de las entidades pblicas empresariales no son asimilables en cuanto a su rango administrativo al de los rganos de la Administracin General del Estado, salvo las excepciones que, a determinados efectos se fijen, en cada caso, en sus estatutos.

Artculo106. Rgimen jurdico del personal y de contratacin.

1. El personal de las entidades pblicas empresariales se rige por el Derecho laboral, con las especificaciones dispuestas en este artculo y las excepciones relativas a los funcionarios pblicos de la Administracin General del Estado, quienes se regirn por lo previsto en la Ley7/2007, de12 de abril y dems normativa reguladora de los funcionarios pblicos o por la normativa laboral.

2. La seleccin del personal laboral de estas entidades se realizar conforme a las siguientes reglas:

a) El personal directivo, que se determinar en los estatutos de la entidad, ser nombrado con arreglo a los criterios establecidos en el apartado11 del artculo55, atendiendo a la experiencia en el desempeo de puestos de responsabilidad en la gestin pblica o privada.

b) El resto del personal ser seleccionado mediante convocatoria pblica basada en los principios de igualdad, mrito y capacidad.

3. La determinacin y modificacin de las condiciones retributivas, tanto del personal directivo como del resto del personal, requerirn el informe conjunto, previo y favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas.

4. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas efectuar, con la periodicidad adecuada, controles especficos sobre la evolucin de los gastos de personal y de la gestin de sus recursos humanos, conforme a los criterios previamente establecidos por los mismos.

5. La Ley de creacin de cada entidad pblica empresarial deber determinar las condiciones conforme a las cuales, los funcionarios de la Administracin General del Estado, podrn cubrir destinos en la referida entidad, y establecer, asimismo, las competencias que a la misma correspondan sobre este personal que, en todo caso, sern las que tengan legalmente atribuidas los Organismos autnomos.

6. La contratacin de las entidades pblicas empresariales se rige por las previsiones contenidas al respecto en la legislacin de contratos del sector pblico.

Artculo107. Rgimen econmico-financiero y patrimonial.

1. Las entidades pblicas empresariales tendrn, para el cumplimiento de sus fines, un patrimonio propio, distinto del de la Administracin Pblica, integrado por el conjunto de bienes y derechos de los que sean titulares.

La gestin y administracin de sus bienes y derechos propios, as como de aquellos del Patrimonio de la Administracin que se les adscriban para el cumplimiento de sus fines, ser ejercida de acuerdo con lo previsto en la Ley33/2003, de3 de noviembre.

2. Las entidades pblicas empresariales podrn financiarse con los ingresos que se deriven de sus operaciones, obtenidos como contraprestacin de sus actividades comerciales, y con los recursos econmicos que provengan de las siguientes fuentes:

a) Los bienes y valores que constituyen su patrimonio.

b) Los productos y rentas de dicho patrimonio y cualquier otro recurso que pudiera serle atribuido.

Excepcionalmente, cuando as lo prevea la Ley de creacin, podr financiarse con los recursos econmicos que provengan de las siguientes fuentes:

a) Las consignaciones especficas que tuvieran asignadas en los Presupuestos Generales del Estado.

b) Las transferencias corrientes o de capital que procedan de las Administraciones o entidades pblicas.

c) Las donaciones, legados, patrocinios y otras aportaciones de entidades privadas y de particulares.

3. Las entidades pblico empresariales se financiarn mayoritariamente con ingresos de mercado. Se entiende que se financian mayoritariamente con ingresos de mercado cuando tengan la consideracin de productor de mercado de conformidad con el Sistema Europeo de Cuentas.

A tales efectos se tomar en consideracin la clasificacin de las diferentes entidades pblicas a los efectos de la contabilidad nacional que efecte el Comit Tcnico de Cuentas Nacionales y que se recoger en el Inventario de Entidades del sector Pblico estatal, Autonmico y Local.

Artculo108. Rgimen presupuestario, de contabilidad y control econmico-financiero.

Las entidades pblicas empresariales aplicarn el rgimen presupuestario, econmico-financiero, de contabilidad y de control establecido en la Ley47/2003, de26 de noviembre.

CAPTULO IV
Las autoridades administrativas independientes de mbito estatal
Artculo109. Definicin.

1. Son autoridades administrativas independientes de mbito estatal las entidades de derecho pblico que, vinculadas a la Administracin General del Estado y con personalidad jurdica propia, tienen atribuidas funciones de regulacin o supervisin de carcter externo sobre sectores econmicos o actividades determinadas, por requerir su desempeo de independencia funcional o una especial autonoma respecto de la Administracin General del Estado, lo que deber determinarse en una norma con rango de Ley.

2. Las autoridades administrativas independientes actuarn, en el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines, con independencia de cualquier inters empresarial o comercial.

3. Con independencia de cul sea su denominacin, cuando una entidad tenga la naturaleza jurdica de autoridad administrativa independiente deber figurar en su denominacin la indicacin autoridad administrativa independiente o su abreviatura A.A.I..

Artculo110. Rgimen jurdico.

1. Las autoridades administrativas independientes se regirn por su Ley de creacin, sus estatutos y la legislacin especial de los sectores econmicos sometidos a su supervisin y, supletoriamente y en cuanto sea compatible con su naturaleza y autonoma, por lo dispuesto en esta Ley, en particular lo dispuesto para organismos autnomos, la Ley del Procedimiento Administrativo Comn de las Administraciones Pblicas, la Ley47/2003, de26 de noviembre, el Real Decreto Legislativo3/2011, de14 de noviembre, la Ley33/2003, de3 de noviembre, as como el resto de las normas de derecho administrativo general y especial que le sea de aplicacin. En defecto de norma administrativa, se aplicar el derecho comn.

2. Las autoridades administrativas independientes estarn sujetas al principio de sostenibilidad financiera de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgnica2/2012, de27 de abril.

CAPTULO V
De las sociedades mercantiles estatales
Artculo111. Definicin.

1. Se entiende por sociedad mercantil estatal aquella sociedad mercantil sobre la que se ejerce control estatal:

a) Bien porque la participacin directa, en su capital social de la Administracin General del Estado o alguna de las entidades que, conforme a lo dispuesto en el artculo84, integran el sector pblico institucional estatal, incluidas las sociedades mercantiles estatales, sea superior al50 por100. Para la determinacin de este porcentaje, se sumarn las participaciones correspondientes a la Administracin General del Estado y a todas las entidades integradas en el sector pblico institucional estatal, en el caso de que en el capital social participen varias de ellas.

b) Bien porque la sociedad mercantil se encuentre en el supuesto previsto en el artculo4 de la Ley24/1988, de28 de julio, del Mercado de Valores respecto de la Administracin General del Estado o de sus organismos pblicos vinculados o dependientes.

2. En la denominacin de las sociedades mercantiles que tengan la condicin de estatales deber figurar necesariamente la indicacin sociedad mercantil estatal o su abreviatura S.M.E..

Artculo112. Principios rectores.

La Administracin General del Estado y las entidades integrantes del sector pblico institucional, en cuanto titulares del capital social de las sociedades mercantiles estatales, perseguirn la eficiencia, transparencia y buen gobierno en la gestin de dichas sociedades mercantiles, para lo cual promovern las buenas prcticas y cdigos de conducta adecuados a la naturaleza de cada entidad. Todo ello sin perjuicio de la supervisin general que ejercer el accionista sobre el funcionamiento de la sociedad mercantil estatal, conforme prev la Ley33/2003, de3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Pblicas.

Artculo113. Rgimen jurdico.

Las sociedades mercantiles estatales se regirn por lo previsto en esta Ley, por lo previsto en la Ley33/2003, de3 de noviembre, y por el ordenamiento jurdico privado, salvo en las materias en que le sea de aplicacin la normativa presupuestaria, contable, de personal, de control econmico-financiero y de contratacin. En ningn caso podrn disponer de facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pblica, sin perjuicio de que excepcionalmente la ley pueda atribuirle el ejercicio de potestades administrativas.

Artculo114. Creacin y extincin.

1. La creacin de una sociedad mercantil estatal o la adquisicin de este carcter de forma sobrevenida ser autorizada mediante acuerdo del Consejo de Ministros que deber ser acompaado de una propuesta de estatutos y de un plan de actuacin que contendr, al menos:

a) Las razones que justifican la creacin de la sociedad por no poder asumir esas funciones otra entidad ya existente, as como la inexistencia de duplicidades. A estos efectos, deber dejarse constancia del anlisis realizado sobre la existencia de rganos o entidades que desarrollan actividades anlogas sobre el mismo territorio y poblacin y las razones por las que la creacin de la nueva sociedad no entraa duplicidad con entidades existentes.

b) Un anlisis que justifique que la forma jurdica propuesta resulta ms eficiente frente a la creacin de un organismo pblico u otras alternativas de organizacin que se hayan descartado.

c) Los objetivos anuales y los indicadores para medirlos.

Al acuerdo de creacin de la sociedad mercantil estatal se acompaar un informe preceptivo favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas o la Intervencin General de la Administracin del Estado, segn se determine reglamentariamente, que valorar el cumplimiento de lo previsto en este artculo.

El Programa de Actuacin Plurianual que conforme a la Ley47/2003, de26 de noviembre, deben elaborar las sociedades cada ao incluir un plan de actuacin anual que servir de base para el control de eficacia de la sociedad. La falta de aprobacin del plan de actuacin dentro del plazo anual fijado, por causa imputable a la sociedad y hasta tanto se subsane la omisin, llevar aparejada la paralizacin de las aportaciones que deban realizarse a favor de la sociedad con cargo a los presupuestos generales del Estado.

2. La liquidacin de una sociedad mercantil estatal recaer en un rgano de la Administracin General del Estado o en una entidad integrante del sector pblico institucional estatal.

La responsabilidad que le corresponda al empleado pblico como miembro de la entidad u rgano liquidador ser directamente asumida por la entidad o la Administracin General del Estado que lo design, quien podr exigir de oficio al empleado pblico la responsabilidad que, en su caso, corresponda cuando concurra dolo, culpa o negligencia grave conforme a lo previsto en las leyes administrativas en materia de responsabilidad patrimonial.

Artculo115. Rgimen de responsabilidad aplicable a los miembros de los consejos de administracin de las sociedades mercantiles estatales designados por la Administracin General del Estado.

1. La responsabilidad que le corresponda al empleado pblico como miembro del consejo de administracin ser directamente asumida por la Administracin General del Estado que lo design.

2. La Administracin General del Estado podr exigir de oficio al empleado pblico que design como miembro del consejo de administracin la responsabilidad en que hubiera incurrido por los daos y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves, conforme a lo previsto en las leyes administrativas en materia de responsabilidad patrimonial.

Artculo116. Tutela.

1. Al autorizar la constitucin de una sociedad mercantil estatal con forma de sociedad annima, de acuerdo con lo previsto en el artculo166.2 de la Ley33/2003, de3 de noviembre, el Consejo de Ministros podr atribuir a un Ministerio, cuyas competencias guarden una relacin especfica con el objeto social de la sociedad, la tutela funcional de la misma.

2. En ausencia de esta atribucin expresa corresponder ntegramente al Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas el ejercicio de las facultades que esta Ley y la Ley33/2003, de3 de noviembre, otorgan para la supervisin de la actividad de la sociedad.

3. El Ministerio de tutela ejercer el control de eficacia e instruir a la sociedad respecto a las lneas de actuacin estratgica y establecer las prioridades en la ejecucin de las mismas, y propondr su incorporacin a los Presupuestos de Explotacin y Capital y Programas de Actuacin Plurianual, previa conformidad, en cuanto a sus aspectos financieros, de la Direccin General del Patrimonio del Estado si se trata de sociedades cuyo capital corresponda ntegramente a la Administracin General del Estado, o del organismo pblico que sea titular de su capital.

4. En casos excepcionales, debidamente justificados, el titular del departamento al que corresponda su tutela podr dar instrucciones a las sociedades, para que realicen determinadas actividades, cuando resulte de inters pblico su ejecucin.

5. Cuando las instrucciones que imparta el Ministerio de tutela impliquen una variacin de los Presupuestos de Explotacin y Capital de acuerdo con lo dispuesto en la Ley47/2003, de26 de noviembre, el rgano de administracin no podr iniciar la cumplimentacin de la instruccin sin contar con la autorizacin del rgano competente para efectuar la modificacin correspondiente.

6. En este caso, los administradores de las sociedades a las que se hayan impartido estas instrucciones actuarn diligentemente para su ejecucin, y quedarn exonerados de la responsabilidad prevista en el artculo236 del Real Decreto Legislativo1/2010, de2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, si del cumplimiento de dichas instrucciones se derivaren consecuencias lesivas.

Artculo117. Rgimen presupuestario, de contabilidad, control econmico-financiero y de personal.

1. Las sociedades mercantiles estatales elaborarn anualmente un presupuesto de explotacin y capital y un plan de actuacin que forma parte del Programa Plurianual, que se integrarn con el Presupuesto General del Estado. El Programa contendr la revisin trienal del plan de creacin a que se refiere el artculo85.

2. Las sociedades mercantiles estatales formularn y rendirn sus cuentas de acuerdo con los principios y normas de contabilidad recogidos en el Cdigo de Comercio y el Plan General de Contabilidad y disposiciones que lo desarrollan.

3. Sin perjuicio de las competencias atribuidas al Tribunal de Cuentas, la gestin econmico financiera de las sociedades mercantiles estatales estar sometida al control de la Intervencin General de la Administracin del Estado.

4. El personal de las sociedades mercantiles estatales, incluido el que tenga condicin de directivo, se regir por el Derecho laboral, as como por las normas que le sean de aplicacin en funcin de su adscripcin al sector pblico estatal, incluyendo siempre entre las mismas la normativa presupuestaria, especialmente lo que se establezca en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

CAPTULO VI
De los consorcios
Artculo118. Definicin y actividades propias.

1. Los consorcios son entidades de derecho pblico, con personalidad jurdica propia y diferenciada, creadas por varias Administraciones Pblicas o entidades integrantes del sector pblico institucional, entre s o con participacin de entidades privadas, para el desarrollo de actividades de inters comn a todas ellas dentro del mbito de sus competencias.

2. Los consorcios podrn realizar actividades de fomento, prestacionales o de gestin comn de servicios pblicos y cuantas otras estn previstas en las leyes.

3. Los consorcios podrn utilizarse para la gestin de los servicios pblicos, en el marco de los convenios de cooperacin transfronteriza en que participen las Administraciones espaolas, y de acuerdo con las previsiones de los convenios internacionales ratificados por Espaa en la materia.

4. En la denominacin de los consorcios deber figurar necesariamente la indicacin consorcio o su abreviatura C.

Artculo119. Rgimen jurdico.

1. Los consorcios se regirn por lo establecido en esta Ley, en la normativa autonmica de desarrollo y sus estatutos.

2. En lo no previsto en esta Ley, en la normativa autonmica aplicable, ni en sus Estatutos sobre el rgimen del derecho de separacin, disolucin, liquidacin y extincin, se estar a lo previsto en el Cdigo Civil sobre la sociedad civil, salvo el rgimen de liquidacin, que se someter a lo dispuesto en el artculo97, y en su defecto, el Real Decreto Legislativo1/2010, de2 de julio.

3. Las normas establecidas en la Ley7/1985, de2 de abril, y en la Ley27/2013, de21 de diciembre, de racionalizacin y sostenibilidad de la Administracin Local sobre los Consorcios locales tendrn carcter supletorio respecto a lo dispuesto en esta Ley.

Artculo120. Rgimen de adscripcin.

1. Los estatutos de cada consorcio determinarn la Administracin Pblica a la que estar adscrito de conformidad con lo previsto en este artculo.

2. De acuerdo con los siguientes criterios, ordenados por prioridad en su aplicacin y referidos a la situacin en el primer da del ejercicio presupuestario, el consorcio quedar adscrito, en cada ejercicio presupuestario y por todo este periodo, a la Administracin Pblica que:

a) Disponga de la mayora de votos en los rganos de gobierno.

b) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayora de los miembros de los rganos ejecutivos.

c) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayora de los miembros del personal directivo.

d) Disponga de un mayor control sobre la actividad del consorcio debido a una normativa especial.

e) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayora de los miembros del rgano de gobierno.

f) Financie en ms de un cincuenta por ciento, en su defecto, en mayor medida la actividad desarrollada por el consorcio, teniendo en cuenta tanto la aportacin del fondo patrimonial como la financiacin concedida cada ao.

g) Ostente el mayor porcentaje de participacin en el fondo patrimonial.

h) Tenga mayor nmero de habitantes o extensin territorial dependiendo de si los fines definidos en el estatuto estn orientados a la prestacin de servicios a las personas, o al desarrollo de actuaciones sobre el territorio.

3. En el supuesto de que participen en el consorcio entidades privadas, el consorcio no tendr nimo de lucro y estar adscrito a la Administracin Pblica que resulte de acuerdo con los criterios establecidos en el apartado anterior.

4. Cualquier cambio de adscripcin a una Administracin Pblica, cualquiera que fuere su causa, conllevar la modificacin de los estatutos del consorcio en un plazo no superior a seis meses, contados desde el inicio del ejercicio presupuestario siguiente a aquel en se produjo el cambio de adscripcin.

Artculo121. Rgimen de personal.

El personal al servicio de los consorcios podr ser funcionario o laboral y habr de proceder exclusivamente de las Administraciones participantes. Su rgimen jurdico ser el de la Administracin Pblica de adscripcin y sus retribuciones en ningn caso podrn superar las establecidas para puestos de trabajo equivalentes en aqulla.

Excepcionalmente, cuando no resulte posible contar con personal procedente de las Administraciones participantes en el consorcio en atencin a la singularidad de las funciones a desempear, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas, u rgano competente de la Administracin a la que se adscriba el consorcio, podr autorizar la contratacin directa de personal por parte del consorcio para el ejercicio de dichas funciones.

Artculo122. Rgimen presupuestario, de contabilidad, control econmico-financiero y patrimonial.

1. Los consorcios estarn sujetos al rgimen de presupuestacin, contabilidad y control de la Administracin Pblica a la que estn adscritos, sin perjuicio de su sujecin a lo previsto en la Ley Orgnica2/2012, de27 de abril.

2. A efectos de determinar la financiacin por parte de las Administraciones consorciadas, se tendrn en cuenta tanto los compromisos estatutarios o convencionales existentes como la financiacin real, mediante el anlisis de los desembolsos efectivos de todas las aportaciones realizadas.

3. En todo caso, se llevar a cabo una auditora de las cuentas anuales que ser responsabilidad del rgano de control de la Administracin a la que se haya adscrito el consorcio.

4. Los consorcios debern formar parte de los presupuestos e incluirse en la cuenta general de la Administracin Pblica de adscripcin.

5. Los consorcios se regirn por las normas patrimoniales de la Administracin Pblica a la que estn adscritos.

Artculo123. Creacin.

1. Los consorcios se crearn mediante convenio suscrito por las Administraciones, organismos pblicos o entidades participantes.

2. En los consorcios en los que participe la Administracin General del Estado o sus organismos pblicos y entidades vinculados o dependientes se requerir:

a) Que su creacin se autorice por ley.

b) El convenio de creacin precisar de autorizacin previa del Consejo de Ministros. La competencia para la suscripcin del convenio no podr ser objeto de delegacin, y corresponder al titular del departamento ministerial participante, y en el mbito de los organismos autnomos, al titular del mximo rgano de direccin del organismo, previo informe del Ministerio del que dependa o al que est vinculado.

c) Del convenio formarn parte los estatutos, un plan de actuacin, de conformidad con lo previsto en el artculo92, y una proyeccin presupuestaria trienal, adems del informe preceptivo favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas. El convenio suscrito junto con los estatutos, as como sus modificaciones, sern objeto de publicacin en el Boletn Oficial del Estado.

Artculo124. Contenido de los estatutos.

Los estatutos de cada consorcio determinarn la Administracin Pblica a la que estar adscrito, as como su rgimen orgnico, funcional y financiero de acuerdo con lo previsto en esta Ley, y, al menos, los siguientes aspectos:

a) Sede, objeto, fines y funciones.

b) Identificacin de participantes en el consorcio as como las aportaciones de sus miembros. A estos efectos, en aplicacin del principio de responsabilidad previsto en el artculo8 de la Ley Orgnica2/2012, de27 de abril, los estatutos incluirn clusulas que limiten las actividades del consorcio si las entidades consorciadas incumplieran los compromisos de financiacin o de cualquier otro tipo, as como frmulas tendentes al aseguramiento de las cantidades comprometidas por las entidades consorciadas con carcter previo a la realizacin de las actividades presupuestadas.

c) rganos de gobiernos y administracin, as como su composicin y funcionamiento, con indicacin expresa del rgimen de adopcin de acuerdos. Podrn incluirse clusulas que contemplen la suspensin temporal del derecho de voto o a la participacin en la formacin de los acuerdos cuando las Administraciones o entidades consorciadas incumplan manifiestamente sus obligaciones para con el consorcio, especialmente en lo que se refiere a los compromisos de financiacin de las actividades del mismo.

d) Causas de disolucin.

Artculo125. Causas y procedimiento para el ejercicio del derecho de separacin de un consorcio.

1. Los miembros de un consorcio, al que le resulte de aplicacin lo previsto en esta Ley o en la Ley7/1985, de2 de abril, podrn separarse del mismo en cualquier momento siempre que no se haya sealado trmino para la duracin del consorcio.

Cuando el consorcio tenga una duracin determinada, cualquiera de sus miembros podr separase antes de la finalizacin del plazo si alguno de los miembros del consorcio hubiera incumplido alguna de sus obligaciones estatutarias y, en particular, aquellas que impidan cumplir con el fin para el que fue creado el consorcio, como es la obligacin de realizar aportaciones al fondo patrimonial.

Cuando un municipio deje de prestar un servicio, de acuerdo con lo previsto en la Ley7/1985, de2 de abril, y ese servicio sea uno de los prestados por el Consorcio al que pertenece, el municipio podr separarse del mismo.

2. El derecho de separacin habr de ejercitarse mediante escrito notificado al mximo rgano de gobierno del consorcio. En el escrito deber hacerse constar, en su caso, el incumplimiento que motiva la separacin si el consorcio tuviera duracin determinada, la formulacin de requerimiento previo de su cumplimiento y el transcurso del plazo otorgado para cumplir tras el requerimiento.

Artculo126. Efectos del ejercicio del derecho de separacin de un consorcio.

1. El ejercicio del derecho de separacin produce la disolucin del consorcio salvo que el resto de sus miembros, de conformidad con lo previsto en sus estatutos, acuerden su continuidad y sigan permaneciendo en el consorcio, al menos, dos Administraciones, o entidades u organismos pblicos vinculados o dependientes de ms de una Administracin.

2. Cuando el ejercicio del derecho de separacin no conlleve la disolucin del consorcio se aplicarn las siguientes reglas:

a) Se calcular la cuota de separacin que corresponda a quien ejercite su derecho de separacin, de acuerdo con la participacin que le hubiera correspondido en el saldo resultante del patrimonio neto, de haber tenido lugar la liquidacin, teniendo en cuenta el criterio de reparto dispuesto en los estatutos.

A falta de previsin estatutaria, se considerar cuota de separacin la que le hubiera correspondido en la liquidacin. En defecto de determinacin de la cuota de liquidacin se tendrn en cuenta, tanto el porcentaje de las aportaciones al fondo patrimonial del consorcio que haya efectuado quien ejerce el derecho de separacin, como la financiacin concedida cada ao. Si el miembro del consorcio que se separa no hubiere realizado aportaciones por no estar obligado a ello, el criterio de reparto ser la participacin en los ingresos que, en su caso, hubiera recibido durante el tiempo que ha pertenecido al consorcio.

Se acordar por el consorcio la forma y condiciones en que tendr lugar el pago de la cuota de separacin, en el supuesto en que esta resulte positiva, as como la forma y condiciones del pago de la deuda que corresponda a quien ejerce el derecho de separacin si la cuota es negativa.

La efectiva separacin del consorcio se producir una vez determinada la cuota de separacin, en el supuesto en que sta resulte positiva, o una vez se haya pagado la deuda, si la cuota es negativa.

b) Si el consorcio estuviera adscrito, de acuerdo con lo previsto en la Ley, a la Administracin que ha ejercido el derecho de separacin, tendr que acordarse por el consorcio a quien se adscribe, de las restantes Administraciones o entidades u organismos pblicos vinculados o dependientes de una Administracin que permanecen en el consorcio, en aplicacin de los criterios establecidos en la Ley.

Artculo127. Disolucin del consorcio.

1. La disolucin del consorcio produce su liquidacin y extincin. En todo caso ser causa de disolucin que los fines para los que fue creado el consorcio hayan sido cumplidos.

2. El mximo rgano de gobierno del consorcio al adoptar el acuerdo de disolucin nombrar un liquidador que ser un rgano o entidad, vinculada o dependiente, de la Administracin Pblica a la que el consorcio est adscrito.

La responsabilidad que le corresponda al empleado pblico como miembro de la entidad u rgano liquidador ser directamente asumida por la entidad o la Administracin Pblica que lo design, quien podr exigir de oficio al empleado pblico la responsabilidad que, en su caso, corresponda cuando haya concurrido dolo, culpa o negligencia graves conforme a lo previsto en las leyes administrativas en materia de responsabilidad patrimonial.

3. El liquidador calcular la cuota de liquidacin que corresponda a cada miembro del consorcio de conformidad con lo previsto en los estatutos. Si no estuviera previsto en los estatutos, se calcular la mencionada cuota de acuerdo con la participacin que le corresponda en el saldo resultante del patrimonio neto tras la liquidacin, teniendo en cuenta que el criterio de reparto ser el dispuesto en los estatutos.

A falta de previsin estatutaria, se tendrn en cuenta tanto el porcentaje de las aportaciones que haya efectuado cada miembro del consorcio al fondo patrimonial del mismo como la financiacin concedida cada ao. Si alguno de los miembros del consorcio no hubiere realizado aportaciones por no estar obligado a ello, el criterio de reparto ser la participacin en los ingresos que, en su caso, hubiera recibido durante el tiempo que ha pertenecido en el consorcio.

4. Se acordar por el consorcio la forma y condiciones en que tendr lugar el pago de la cuota de liquidacin en el supuesto en que sta resulte positiva.

5. Las entidades consorciadas podrn acordar, con la mayora que se establezca en los estatutos, o a falta de previsin estatutaria por unanimidad, la cesin global de activos y pasivos a otra entidad del sector pblico jurdicamente adecuada con la finalidad de mantener la continuidad de la actividad y alcanzar los objetivos del consorcio que se extingue. La cesin global de activos y pasivos implicar la extincin sin liquidacin del consorcio cedente.

CAPTULO VII
De las fundaciones del sector pblico estatal
Artculo128. Definicin y actividades propias.

1. Son fundaciones del sector pblico estatal aquellas que renan alguno de los requisitos siguientes:

a) Que se constituyan de forma inicial, con una aportacin mayoritaria, directa o indirecta, de la Administracin General del Estado o cualquiera de los sujetos integrantes del sector pblico institucional estatal, o bien reciban dicha aportacin con posterioridad a su constitucin.

b) Que el patrimonio de la fundacin est integrado en ms de un50 por ciento por bienes o derechos aportados o cedidos por sujetos integrantes del sector pblico institucional estatal con carcter permanente.

c) La mayora de derechos de voto en su patronato corresponda a representantes del sector pblico institucional estatal.

2. Son actividades propias de las fundaciones del sector pblico estatal las realizadas, sin nimo de lucro, para el cumplimiento de fines de inters general, con independencia de que el servicio se preste de forma gratuita o mediante contraprestacin.

nicamente podrn realizar actividades relacionadas con el mbito competencial de las entidades del sector pblico fundadoras, debiendo coadyuvar a la consecucin de los fines de las mismas, sin que ello suponga la asuncin de sus competencias propias, salvo previsin legal expresa. Las fundaciones no podrn ejercer potestades pblicas.

En la denominacin de las fundaciones del sector pblico estatal deber figurar necesariamente la indicacin fundacin del sector pblico o su abreviatura F.S.P..

3. Para la financiacin de las actividades y el mantenimiento de la fundacin, debe haberse previsto la posibilidad de que en el patrimonio de las fundaciones del sector pblico pueda existir aportacin del sector privado de forma no mayoritaria.

Artculo129. Rgimen de adscripcin de las fundaciones.

1. Los estatutos de cada fundacin determinarn la Administracin Pblica a la que estar adscrita de conformidad con lo previsto en este artculo.

2. De acuerdo con los siguientes criterios, ordenados por prioridad en su aplicacin, referidos a la situacin en el primer da del ejercicio presupuestario, la fundacin del sector pblico quedar adscrita, en cada ejercicio presupuestario y por todo este periodo, a la Administracin Pblica que:

a) Disponga de mayora de patronos.

b) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayora de los miembros de los rganos ejecutivos.

c) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayora de los miembros del personal directivo.

d) Tenga facultades para nombrar o destituir a la mayora de los miembros del patronato.

e) Financie en ms de un cincuenta por ciento, en su defecto, en mayor medida la actividad desarrollada por la fundacin, teniendo en cuenta tanto la aportacin del fondo patrimonial como la financiacin concedida cada ao.

f) Ostente el mayor porcentaje de participacin en el fondo patrimonial.

3. En el supuesto de que participen en la fundacin entidades privadas sin nimo de lucro, la fundacin del sector pblico estar adscrita a la Administracin que resulte de acuerdo con los criterios establecidos en el apartado anterior.

4. El cambio de adscripcin a una Administracin Pblica, cualquiera que fuere su causa, conllevar la modificacin de los estatutos que deber realizarse en un plazo no superior a tres meses, contados desde el inicio del ejercicio presupuestario siguiente a aqul en se produjo el cambio de adscripcin.

Artculo130. Rgimen jurdico.

Las fundaciones del sector pblico estatal se rigen por lo previsto en esta Ley, por la Ley50/2002, de26 de diciembre, de Fundaciones, la legislacin autonmica que resulte aplicable en materia de fundaciones, y por el ordenamiento jurdico privado, salvo en las materias en que le sea de aplicacin la normativa presupuestaria, contable, de control econmico-financiero y de contratacin del sector pblico.

Artculo131. Rgimen de contratacin.

La contratacin de las fundaciones del sector pblico estatal se ajustar a lo dispuesto en la legislacin sobre contratacin del sector pblico.

Artculo132. Rgimen presupuestario, de contabilidad, de control econmico-financiero y de personal.

1. Las fundaciones del sector pblico estatal elaborarn anualmente un presupuesto de explotacin y capital, que se integrarn con el Presupuesto General del Estado y formularn y presentarn sus cuentas de acuerdo con los principios y normas de contabilidad recogidos en la adaptacin del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y disposiciones que lo desarrollan, as como la normativa vigente sobre fundaciones.

2. Las fundaciones del sector pblico estatal aplicarn el rgimen presupuestario, econmico financiero, de contabilidad, y de control establecido por la Ley47/2003, de26 de noviembre, y sin perjuicio de las competencias atribuidas al Tribunal de Cuentas, estarn sometidas al control de la Intervencin General de la Administracin del Estado.

3. El personal de las fundaciones del sector pblico estatal, incluido el que tenga condicin de directivo, se regir por el Derecho laboral, as como por las normas que le sean de aplicacin en funcin de su adscripcin al sector pblico estatal, incluyendo entre las mismas la normativa presupuestaria as como lo que se establezca en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Artculo133. Creacin de fundaciones del sector pblico estatal.

1. La creacin de las fundaciones del sector pblico estatal o la adquisicin de este carcter de forma sobrevenida se realizar por ley que establecer los fines de la fundacin y, en su caso, los recursos econmicos con los que se le dota.

2. El anteproyecto de ley de creacin de una fundacin del sector pblico estatal que se eleve al Consejo de Ministros deber ser acompaado de una propuesta de estatutos y del plan de actuacin, de conformidad con lo previsto en el artculo92, junto con el informe preceptivo favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas o la Intervencin General de la Administracin del Estado, segn se determine reglamentariamente.

3. Los estatutos de las fundaciones del sector pblico estatal se aprobarn por Real Decreto de Consejo de Ministros, a propuesta conjunta del titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas y del Ministerio que ejerza el protectorado, que estar determinado en sus Estatutos. No obstante, por Acuerdo del Consejo de Ministros podr modificarse el Ministerio al que se adscriba inicialmente la fundacin.

Artculo134. Protectorado.

El Protectorado de las fundaciones del sector pblico ser ejercido por el rgano de la Administracin de adscripcin que tenga atribuida tal competencia, que velar por el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la normativa sobre fundaciones, sin perjuicio del control de eficacia y la supervisin continua al que estn sometidas de acuerdo con lo previsto en esta Ley.

Artculo135. Estructura organizativa.

En las fundaciones del sector pblico estatal la mayora de miembros del patronato sern designados por los sujetos del sector pblico estatal.

La responsabilidad que le corresponda al empleado pblico como miembro del patronato ser directamente asumida por la entidad o la Administracin General del Estado que lo design. La Administracin General del Estado podr exigir de oficio al empleado pblico que design a esos efectos la responsabilidad en que hubiera incurrido por los daos y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves, conforme a lo previsto en las leyes administrativas en materia de responsabilidad patrimonial.

Artculo136. Fusin, disolucin, liquidacin y extincin.

A las fundaciones del sector pblico estatal le resultar de aplicacin el rgimen de fusin, disolucin, liquidacin y extincin previsto en los artculos94,96 y97.

CAPTULO VIII
De los fondos carentes de personalidad jurdica del sector pblico estatal
Artculo137. Creacin y extincin.

1. La creacin de fondos carentes de personalidad jurdica en el sector pblico estatal se efectuar por Ley. La norma de creacin determinar expresamente su adscripcin a la Administracin General del Estado.

2. Con independencia de su creacin por Ley se extinguirn por norma de rango reglamentario.

3. En la denominacin de los fondos carentes de personalidad jurdica deber figurar necesariamente la indicacin fondo carente de personalidad jurdica o su abreviatura F.C.P.J.

Artculo138. Rgimen jurdico.

Los fondos carentes de personalidad jurdica se regirn por lo dispuesto en esta Ley, en su norma de creacin, y el resto de las normas de derecho administrativo general y especial que le sea de aplicacin.

Artculo139. Rgimen presupuestario, de contabilidad y de control econmico-financiero.

Los fondos carentes de personalidad jurdica estarn sujetos al rgimen de presupuestacin, contabilidad y control previsto en la Ley47/2003, de26 de noviembre.

TTULO III
Relaciones interadministrativas
CAPTULO I
Principios generales de las relaciones interadministrativas
Artculo140. Principios de las relaciones interadministrativas.

1. Las diferentes Administraciones Pblicas actan y se relacionan con otras Administraciones y entidades u organismos vinculados o dependientes de stas de acuerdo con los siguientes principios:

a) Lealtad institucional.

b) Adecuacin al orden de distribucin de competencias establecido en la Constitucin y en los Estatutos de Autonoma y en la normativa del rgimen local.

c) Colaboracin, entendido como el deber de actuar con el resto de Administraciones Pblicas para el logro de fines comunes.

d) Cooperacin, cuando dos o ms Administraciones Publicas, de manera voluntaria y en ejercicio de sus competencias, asumen compromisos especficos en aras de una accin comn.

e) Coordinacin, en virtud del cual una Administracin Pblica y, singularmente, la Administracin General del Estado, tiene la obligacin de garantizar la coherencia de las actuaciones de las diferentes Administraciones Pblicas afectadas por una misma materia para la consecucin de un resultado comn, cuando as lo prev la Constitucin y el resto del ordenamiento jurdico.

f) Eficiencia en la gestin de los recursos pblicos, compartiendo el uso de recursos comunes, salvo que no resulte posible o se justifique en trminos de su mejor aprovechamiento.

g) Responsabilidad de cada Administracin Pblica en el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos.

h) Garanta e igualdad en el ejercicio de los derechos de todos los ciudadanos en sus relaciones con las diferentes Administraciones.

i) Solidaridad interterritorial de acuerdo con la Constitucin.

2. En lo no previsto en el presente Ttulo, las relaciones entre la Administracin General del Estado o las Administraciones de las Comunidades Autnomas con las Entidades que integran la Administracin Local se regirn por la legislacin bsica en materia de rgimen local.

CAPTULO II
Deber de colaboracin
Artculo141. Deber de colaboracin entre las Administraciones Pblicas.

1. Las Administraciones Pblicas debern:

a) Respetar el ejercicio legtimo por las otras Administraciones de sus competencias.

b) Ponderar, en el ejercicio de las competencias propias, la totalidad de los intereses pblicos implicados y, en concreto, aquellos cuya gestin est encomendada a las otras Administraciones.

c) Facilitar a las otras Administraciones la informacin que precisen sobre la actividad que desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias o que sea necesaria para que los ciudadanos puedan acceder de forma integral a la informacin relativa a una materia.

d) Prestar, en el mbito propio, la asistencia que las otras Administraciones pudieran solicitar para el eficaz ejercicio de sus competencias.

e) Cumplir con las obligaciones concretas derivadas del deber de colaboracin y las restantes que se establezcan normativamente.

2. La asistencia y colaboracin requerida slo podr negarse cuando el organismo pblico o la entidad del que se solicita no est facultado para prestarla de acuerdo con lo previsto en su normativa especfica, no disponga de medios suficientes para ello o cuando, de hacerlo, causara un perjuicio grave a los intereses cuya tutela tiene encomendada o al cumplimiento de sus propias funciones o cuando la informacin solicitada tenga carcter confidencial o reservado. La negativa a prestar la asistencia se comunicar motivadamente a la Administracin solicitante.

3. La Administracin General del Estado, las de las Comunidades Autnomas y las de las Entidades Locales debern colaborar y auxiliarse para la ejecucin de sus actos que hayan de realizarse o tengan efectos fuera de sus respectivos mbitos territoriales. Los posibles costes que pueda generar el deber de colaboracin podrn ser repercutidos cuando as se acuerde.

Artculo142. Tcnicas de colaboracin.

Las obligaciones que se derivan del deber de colaboracin se harn efectivas a travs de las siguientes tcnicas:

a) El suministro de informacin, datos, documentos o medios probatorios que se hallen a disposicin del organismo pblico o la entidad al que se dirige la solicitud y que la Administracin solicitante precise disponer para el ejercicio de sus competencias.

b) La creacin y mantenimiento de sistemas integrados de informacin administrativa con el fin de disponer de datos actualizados, completos y permanentes referentes a los diferentes mbitos de actividad administrativa en todo el territorio nacional.

c) El deber de asistencia y auxilio, para atender las solicitudes formuladas por otras Administraciones para el mejor ejercicio de sus competencias, en especial cuando los efectos de su actividad administrativa se extiendan fuera de su mbito territorial.

d) Cualquier otra prevista en una Ley.

CAPTULO III
Relaciones de cooperacin
Seccin1. Tcnicas de cooperacin
Artculo143. Cooperacin entre Administraciones Pblicas.

1. Las Administraciones cooperarn al servicio del inters general y podrn acordar de manera voluntaria la forma de ejercer sus respectivas competencias que mejor sirva a este principio.

2. La formalizacin de relaciones de cooperacin requerir la aceptacin expresa de las partes, formulada en acuerdos de rganos de cooperacin o en convenios.

Artculo144. Tcnicas de Cooperacin.

1. Se podr dar cumplimiento al principio de cooperacin de acuerdo con las tcnicas que las Administraciones interesadas estimen ms adecuadas, como pueden ser:

a) La participacin en rganos de cooperacin, con el fin de deliberar y, en su caso, acordar medidas en materias sobre las que tengan competencias diferentes Administraciones Pblicas.

b) La participacin en rganos consultivos de otras Administraciones Pblicas.

c) La participacin de una Administracin Pblica en organismos pblicos o entidades dependientes o vinculados a otra Administracin diferente.

d) La prestacin de medios materiales, econmicos o personales a otras Administraciones Pblicas.

e) La cooperacin interadministrativa para la aplicacin coordinada de la normativa reguladora de una determinada materia.

f) La emisin de informes no preceptivos con el fin de que las diferentes Administraciones expresen su criterio sobre propuestas o actuaciones que incidan en sus competencias.

g) Las actuaciones de cooperacin en materia patrimonial, incluidos los cambios de titularidad y la cesin de bienes, previstas en la legislacin patrimonial.

h) Cualquier otra prevista en la Ley.

2. En los convenios y acuerdos en los que se formalice la cooperacin se prevern las condiciones y compromisos que asumen las partes que los suscriben.

3. Cada Administracin Pblica mantendr actualizado un registro electrnico de los rganos de cooperacin en los que participe y de convenios que haya suscrito.

Seccin2. Tcnicas orgnicas de cooperacin
Artculo145. rganos de cooperacin.

1. Los rganos de cooperacin son rganos de composicin multilateral o bilateral, de mbito general o especial, constituidos por representantes de la Administracin General del Estado, de las Administraciones de las Comunidades o Ciudades de Ceuta y Melilla o, en su caso, de las Entidades Locales, para acordar voluntariamente actuaciones que mejoren el ejercicio de las competencias que cada Administracin Pblica tiene.

2. Los rganos de cooperacin se regirn por lo dispuesto en esta Ley y por las disposiciones especficas que les sean de aplicacin.

3. Los rganos de cooperacin entre distintas Administraciones Pblicas en los que participe la Administracin General del Estado, debern inscribirse en el Registro estatal de rganos e Instrumentos de Cooperacin para que resulte vlida su sesin constitutiva.

4. Los rganos de cooperacin, salvo oposicin por alguna de las partes, podrn adoptar acuerdos a travs de un procedimiento simplificado y por suscripcin sucesiva de las partes, por cualquiera de las formas admitidas en Derecho, en los trminos que se establezcan de comn acuerdo.

Artculo146. Conferencia de Presidentes.

1. La Conferencia de Presidentes es un rgano de cooperacin multilateral entre el Gobierno de la Nacin y los respectivos Gobiernos de las Comunidades Autnomas y est formada por el Presidente del Gobierno, que la preside, y por los Presidentes de las Comunidades Autnomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla.

2. La Conferencia de Presidentes tiene por objeto la deliberacin de asuntos y la adopcin de acuerdos de inters para el Estado y las Comunidades Autnomas, estando asistida para la preparacin de sus reuniones por un Comit preparatorio del que forman parte un Ministro del Gobierno, que lo preside, y un Consejero de cada Comunidad Autnoma.

Artculo147. Conferencias Sectoriales.

1. La Conferencia Sectorial es un rgano de cooperacin, de composicin multilateral y mbito sectorial determinado, que rene, como Presidente, al miembro del Gobierno que, en representacin de la Administracin General del Estado, resulte competente por razn de la materia, y a los correspondientes miembros de los Consejos de Gobierno, en representacin de las Comunidades Autnomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla.

2. Las Conferencias Sectoriales, u rganos sometidos a su rgimen jurdico con otra denominacin, habrn de inscribirse en el Registro Electrnico estatal de rganos e Instrumentos de Cooperacin para su vlida constitucin.

3. Cada Conferencia Sectorial dispondr de un reglamento de organizacin y funcionamiento interno aprobado por sus miembros.

Artculo148. Funciones de las Conferencias Sectoriales.

1. Las Conferencias Sectoriales pueden ejercer funciones consultivas, decisorias o de coordinacin orientadas a alcanzar acuerdos sobre materias comunes.

2. En particular, las Conferencias Sectoriales ejercern, entre otras, las siguientes funciones:

a) Ser informadas sobre los anteproyectos de leyes y los proyectos de reglamentos del Gobierno de la Nacin o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autnomas cuando afecten de manera directa al mbito competencial de las otras Administraciones Pblicas o cuando as est previsto en la normativa sectorial aplicable, bien a travs de su pleno o bien a travs de la comisin o el grupo de trabajo mandatado al efecto.

b) Establecer planes especficos de cooperacin entre Comunidades Autnomas en la materia sectorial correspondiente, procurando la supresin de duplicidades, y la consecucin de una mejor eficiencia de los servicios pblicos.

c) Intercambiar informacin sobre las actuaciones programadas por las distintas Administraciones Pblicas, en ejercicio de sus competencias, y que puedan afectar a las otras Administraciones.

d) Establecer mecanismos de intercambio de informacin, especialmente de contenido estadstico.

e) Acordar la organizacin interna de la Conferencia Sectorial y de su mtodo de trabajo.

f) Fijar los criterios objetivos que sirvan de base para la distribucin territorial de los crditos presupuestarios, as como su distribucin al comienzo del ejercicio econmico, de acuerdo con lo previsto en la Ley47/2003, de26 de noviembre.

Artculo149. Convocatoria de las reuniones de las Conferencias Sectoriales.

1. Corresponde al Ministro que presida la Conferencia Sectorial acordar la convocatoria de las reuniones por iniciativa propia, al menos una vez al ao, o cuando lo soliciten, al menos, la tercera parte de sus miembros. En este ltimo caso, la solicitud deber incluir la propuesta de orden del da.

2. La convocatoria, que deber acompaarse de los documentos necesarios con la suficiente antelacin, deber contener el orden del da previsto para cada sesin, sin que puedan examinarse asuntos que no figuren en el mismo, salvo que todos los miembros de la Conferencia Sectorial manifiesten su conformidad. El orden del da de cada reunin ser propuesto por el Presidente y deber especificar el carcter consultivo, decisorio o de coordinacin de cada uno de los asuntos a tratar.

3. Cuando la conferencia sectorial hubiera de reunirse con el objeto exclusivo de informar un proyecto normativo, la convocatoria, la constitucin y adopcin de acuerdos podr efectuarse por medios electrnicos, telefnicos o audiovisuales, que garanticen la intercomunicacin entre ellos y la unidad de acto, tales como la videoconferencia o el correo electrnico, entendindose los acuerdos adoptados en el lugar donde est la presidencia, de acuerdo con el procedimiento que se establezca en el reglamento de funcionamiento interno de la conferencia sectorial.

De conformidad con lo previsto en este apartado la elaboracin y remisin de actas podr realizarse a travs de medios electrnicos.

Artculo150. Secretara de las Conferencias Sectoriales.

1. Cada Conferencia Sectorial tendr un secretario que ser designado por el Presidente de la Conferencia Sectorial.

2. Corresponde al secretario de la Conferencia Sectorial, al menos, las siguientes funciones:

a) Preparar las reuniones y asistir a ellas con voz pero sin voto.

b) Efectuar la convocatoria de las sesiones de la Conferencia Sectorial por orden del Presidente.

c) Recibir los actos de comunicacin de los miembros de la Conferencia Sectorial y, por tanto, las notificaciones, peticiones de datos, rectificaciones o cualquiera otra clase de escritos de los que deba tener conocimiento.

d) Redactar y autorizar las actas de las sesiones.

e) Expedir certificaciones de las consultas, recomendaciones y acuerdos aprobados y custodiar la documentacin generada con motivo de la celebracin de sus reuniones.

f) Cuantas otras funciones sean inherentes a su condicin de secretario.

Artculo151. Clases de decisiones de la Conferencia Sectorial.

1. La adopcin de decisiones requerir la previa votacin de los miembros de la Conferencia Sectorial. Esta votacin se producir por la representacin que cada Administracin Pblica tenga y no por los distintos miembros de cada una de ellas.

2. Las decisiones que adopte la Conferencia Sectorial podrn revestir la forma de:

a) Acuerdo: supone un compromiso de actuacin en el ejercicio de las respectivas competencias. Son de obligado cumplimiento y directamente exigibles de acuerdo con lo previsto en la Ley29/1998, de13 de julio, reguladora de la Jurisdiccin Contencioso-administrativa, salvo para quienes hayan votado en contra mientras no decidan suscribirlos con posterioridad. El acuerdo ser certificado en acta.

Cuando la Administracin General del Estado ejerza funciones de coordinacin, de acuerdo con el orden constitucional de distribucin de competencias del mbito material respectivo, el Acuerdo que se adopte en la Conferencia Sectorial, y en el que se incluirn los votos particulares que se hayan formulado, ser de obligado cumplimiento para todas las Administraciones Pblicas integrantes de la Conferencia Sectorial, con independencia del sentido de su voto, siendo exigibles conforme a lo establecido en la Ley29/1998, de13 de julio. El acuerdo ser certificado en acta.

Las Conferencias Sectoriales podrn adoptar planes conjuntos, de carcter multilateral, entre la Administracin General del Estado y la de las Comunidades Autnomas, para comprometer actuaciones conjuntas para la consecucin de los objetivos comunes, que tendrn la naturaleza de Acuerdo de la conferencia sectorial y se publicarn en el Boletn Oficial del Estado.

El acuerdo aprobatorio de los planes deber especificar, segn su naturaleza, los siguientes elementos, de acuerdo con lo previsto en la legislacin presupuestaria:

1. Los objetivos de inters comn a cumplir.

2. Las actuaciones a desarrollar por cada Administracin.

3. Las aportaciones de medios personales y materiales de cada Administracin.

4. Los compromisos de aportacin de recursos financieros.

5. La duracin, as como los mecanismos de seguimiento, evaluacin y modificacin.

b) Recomendacin: tiene como finalidad expresar la opinin de la Conferencia Sectorial sobre un asunto que se somete a su consulta. Los miembros de la Conferencia Sectorial se comprometen a orientar su actuacin en esa materia de conformidad con lo previsto en la Recomendacin salvo quienes hayan votado en contra mientras no decidan suscribirla con posterioridad. Si algn miembro se aparta de la Recomendacin, deber motivarlo e incorporar dicha justificacin en el correspondiente expediente.

Artculo152. Comisiones Sectoriales y Grupos de trabajo.

1. La Comisin Sectorial es el rgano de trabajo y apoyo de carcter general de la Conferencia Sectorial, estando constituida por el Secretario de Estado u rgano superior de la Administracin General del Estado designado al efecto por el Ministro correspondiente, que la presidir, y un representante de cada Comunidad Autnoma, as como un representante de la Ciudad de Ceuta y de la Ciudad Melilla. El ejercicio de las funciones propias de la secretara de la Comisin Sectorial corresponder a un funcionario del Ministerio correspondiente.

Si as se prev en el reglamento interno de funcionamiento de la Conferencia Sectorial, las comisiones sectoriales y grupos de trabajo podrn funcionar de forma electrnica o por medios telefnicos o audiovisuales, que garanticen la intercomunicacin entre ellos y la unidad de acto, tales como la videoconferencia o el correo electrnico, entendiendo los acuerdos adoptados en el lugar donde est la presidencia, de acuerdo con el procedimiento que se establezca en el reglamento de funcionamiento interno de la Conferencia Sectorial.

2. La Comisin Sectorial ejercer las siguientes funciones:

a) La preparacin de las reuniones de la Conferencia Sectorial, para lo que tratar los asuntos incluidos en el orden del da de la convocatoria.

b) El seguimiento de los acuerdos adoptados por la Conferencia Sectorial.

c) El seguimiento y evaluacin de los Grupos de trabajo constituidos.

d) Cualquier otra que le encomiende la Conferencia Sectorial.

3. Las Conferencias Sectoriales podrn crear Grupos de trabajo, de carcter permanente o temporal, formados por Directores Generales, Subdirectores Generales o equivalentes de las diferentes Administraciones Pblicas que formen parte de dicha Conferencia, para llevar a cabo las tareas tcnicas que les asigne la Conferencia Sectorial o la Comisin Sectorial. A estos grupos de trabajo podrn ser invitados expertos de reconocido prestigio en la materia a tratar.

El director del Grupo de trabajo, que ser un representante de la Administracin General del Estado, podr solicitar con el voto favorable de la mayora de sus miembros, la participacin en el mismo de las organizaciones representativas de intereses afectados, con el fin de recabar propuestas o formular consultas.

Artculo153. Comisiones Bilaterales de Cooperacin.

1. Las Comisiones Bilaterales de Cooperacin son rganos de cooperacin de composicin bilateral que renen, por un nmero igual de representantes, a miembros del Gobierno, en representacin de la Administracin General del Estado, y miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autnoma o representantes de la Ciudad de Ceuta o de la Ciudad de Melilla.

2. Las Comisiones Bilaterales de Cooperacin ejercen funciones de consulta y adopcin de acuerdos que tengan por objeto la mejora de la coordinacin entre las respectivas Administraciones en asuntos que afecten de forma singular a la Comunidad Autnoma, a la Ciudad de Ceuta o a la Ciudad de Melilla.

3. Para el desarrollo de su actividad, las Comisiones Bilaterales de Cooperacin podrn crear Grupos de trabajo y podrn convocarse y adoptar acuerdos por videoconferencia o por medios electrnicos.

4. Las decisiones adoptadas por las Comisiones Bilaterales de Cooperacin revestirn la forma de Acuerdos y sern de obligado cumplimiento, cuando as se prevea expresamente, para las dos Administraciones que lo suscriban y en ese caso sern exigibles conforme a lo establecido en la Ley29/1998, de13 de julio. El acuerdo ser certificado en acta.

5. Lo previsto en este artculo ser de aplicacin sin perjuicio de las peculiaridades que, de acuerdo con las finalidades bsicas previstas, se establezcan en los Estatutos de Autonoma en materia de organizacin y funciones de las comisiones bilaterales.

Artculo154. Comisiones Territoriales de Coordinacin.

1. Cuando la proximidad territorial o la concurrencia de funciones administrativas as lo requiera, podrn crearse Comisiones Territoriales de Coordinacin, de composicin multilateral, entre Administraciones cuyos territorios sean coincidentes o limtrofes, para mejorar la coordinacin de la prestacin de servicios, prevenir duplicidades y mejorar la eficiencia y calidad de los servicios. En funcin de las Administraciones afectadas por razn de la materia, estas Comisiones podrn estar formadas por:

a) Representantes de la Administracin General del Estado y representantes de las Entidades Locales.

b) Representantes de las Comunidades Autnomas y representantes de las Entidades locales.

c) Representantes de la Administracin General del Estado, representantes de las Comunidades Autnomas y representantes de las Entidades Locales.

2. La decisiones adoptadas por las Comisiones Territoriales de Cooperacin revestirn la forma de Acuerdos, que sern certificados en acta y sern de obligado cumplimiento para las Administraciones que lo suscriban y exigibles conforme a lo establecido en la Ley29/1998, de13 de julio.

3. El rgimen de las convocatorias y la secretara ser el mismo que el establecido para las Conferencias Sectoriales en los artculos149 y150, salvo la regla prevista sobre quin debe ejercer las funciones de secretario, que se designar segn su reglamento interno de funcionamiento.

CAPTULO IV
Relaciones electrnicas entre las Administraciones
Artculo155. Transmisiones de datos entre Administraciones Pblicas.

1. De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgnica15/1999, de13 de diciembre, de Proteccin de Datos de Carcter Personal y su normativa de desarrollo, cada Administracin deber facilitar el acceso de las restantes Administraciones Pblicas a los datos relativos a los interesados que obren en su poder, especificando las condiciones, protocolos y criterios funcionales o tcnicos necesarios para acceder a dichos datos con las mximas garantas de seguridad, integridad y disponibilidad.

2. La disponibilidad de tales datos estar limitada estrictamente a aquellos que son requeridos a los interesados por las restantes Administraciones para la tramitacin y resolucin de los procedimientos y actuaciones de su competencia, de acuerdo con la normativa reguladora de los mismos.

3. La Administracin General del Estado, las Administraciones Autonmicas y las Entidades Locales, adoptarn las medidas necesarias e incorporarn en sus respectivos mbitos las tecnologas precisas para posibilitar la interconexin de sus redes con el fin de crear una red de comunicaciones que interconecte los sistemas de informacin de las Administraciones Pblicas y permita el intercambio de informacin y servicios entre las mismas, as como la interconexin con las redes de las instituciones de la Unin Europea y de otros Estados Miembros.

Artculo156. Esquema Nacional de Interoperabilidad y Esquema Nacional de Seguridad.

1. El Esquema Nacional de Interoperabilidad comprende el conjunto de criterios y recomendaciones en materia de seguridad, conservacin y normalizacin de la informacin, de los formatos y de las aplicaciones que debern ser tenidos en cuenta por las Administraciones Pblicas para la toma de decisiones tecnolgicas que garanticen la interoperabilidad.

2. El Esquema Nacional de Seguridad tiene por objeto establecer la poltica de seguridad en la utilizacin de medios electrnicos en el mbito de la presente Ley, y est constituido por los principios bsicos y requisitos mnimos que garanticen adecuadamente la seguridad de la informacin tratada.

Artculo157. Reutilizacin de sistemas y aplicaciones de propiedad de la Administracin.

1. Las Administraciones pondrn a disposicin de cualquiera de ellas que lo solicite las aplicaciones, desarrolladas por sus servicios o que hayan sido objeto de contratacin y de cuyos derechos de propiedad intelectual sean titulares, salvo que la informacin a la que estn asociadas sea objeto de especial proteccin por una norma. Las Administraciones cedentes y cesionarias podrn acordar la repercusin del coste de adquisicin o fabricacin de las aplicaciones cedidas.

2. Las aplicaciones a las que se refiere el apartado anterior podrn ser declaradas como de fuentes abiertas, cuando de ello se derive una mayor transparencia en el funcionamiento de la Administracin Pblica o se fomente con ello la incorporacin de los ciudadanos a la Sociedad de la informacin.

3. Las Administraciones Pblicas, con carcter previo a la adquisicin, desarrollo o al mantenimiento a lo largo de todo el ciclo de vida de una aplicacin, tanto si se realiza con medios propios o por la contratacin de los servicios correspondientes, debern consultar en el directorio general de aplicaciones, dependiente de la Administracin General del Estado, si existen soluciones disponibles para su reutilizacin, que puedan satisfacer total o parcialmente las necesidades, mejoras o actualizaciones que se pretenden cubrir, y siempre que los requisitos tecnolgicos de interoperabilidad y seguridad as lo permitan.

En este directorio constarn tanto las aplicaciones disponibles de la Administracin General del Estado como las disponibles en los directorios integrados de aplicaciones del resto de Administraciones.

En el caso de existir una solucin disponible para su reutilizacin total o parcial, las Administraciones Pblicas estarn obligadas a su uso, salvo que la decisin de no reutilizarla se justifique en trminos de eficiencia conforme al artculo7 de la Ley Orgnica2/2012, de27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.

Artculo158. Transferencia de tecnologa entre Administraciones.

1. Las Administraciones Pblicas mantendrn directorios actualizados de aplicaciones para su libre reutilizacin, de conformidad con lo dispuesto en el Esquema Nacional de Interoperabilidad. Estos directorios debern ser plenamente interoperables con el directorio general de la Administracin General del Estado, de modo que se garantice su compatibilidad informtica e interconexin.

2. La Administracin General del Estado, mantendr un directorio general de aplicaciones para su reutilizacin, prestar apoyo para la libre reutilizacin de aplicaciones e impulsar el desarrollo de aplicaciones, formatos y estndares comunes en el marco de los esquemas nacionales de interoperabilidad y seguridad.

Disposicin adicional primera. Administracin de los Territorios Histricos del Pas Vasco.

En la Comunidad Autnoma del Pas Vasco, a efectos de lo dispuesto en el artculo segundo, se entender por Administraciones Pblicas las Diputaciones Forales y las Administraciones institucionales de ellas dependientes o vinculadas.

Disposicin adicional segunda. Delegados del Gobierno en las Ciudades de Ceuta y Melilla.

1. En las Ciudades de Ceuta y Melilla existir un Delegado del Gobierno que representar al Gobierno de la Nacin en su territorio.

2. Las disposiciones contenidas en la presente Ley que hagan referencia a los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autnomas se debern entender tambin referidas a los Delegados del Gobierno en las Ciudades de Ceuta y Melilla.

3. En las Ciudades de Ceuta y Melilla existir una Comisin de asistencia al Delegado del Gobierno, presidida por l mismo e integrada por el Secretario General y los responsables de los servicios territoriales. A sus sesiones debern asistir los titulares de los rganos y servicios territoriales, tanto integrados como no integrados que el Delegado del Gobierno considere oportuno.

Disposicin adicional tercera. Relaciones con las ciudades de Ceuta y Melilla.

Lo dispuesto en esta Ley sobre las relaciones entre la Administracin General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autnomas ser de aplicacin a las relaciones con las Ciudades de Ceuta y Melilla en la medida en que afecte al ejercicio de las competencias estatutariamente asumidas.

Disposicin adicional cuarta. Adaptacin de entidades y organismos pblicos existentes en el mbito estatal.

Todas las entidades y organismos pblicos que integran el sector pblico estatal existentes en el momento de la entrada en vigor de esta Ley debern adaptarse al contenido de la misma en el plazo de tres aos a contar desde su entrada en vigor, rigindose hasta que se realice la adaptacin por su normativa especfica.

La adaptacin se realizar preservando las actuales especialidades de los organismos y entidades en materia de personal, patrimonio, rgimen presupuestario, contabilidad, control econmico-financiero y de operaciones como agente de financiacin, incluyendo, respecto a estas ltimas, el sometimiento, en su caso, al ordenamiento jurdico privado. Las especialidades se preservarn siempre que no hubieran generado deficiencias importantes en el control de ingresos y gastos causantes de una situacin de desequilibrio financiero en el momento de su adaptacin.

Las entidades que no tuvieran la consideracin de poder adjudicador, preservarn esta especialidad en tanto no se oponga a la normativa comunitaria.

Las entidades que tengan como fines la promocin de la internacionalizacin de la economa y de la empresa espaola preservarn adems y con las mismas limitaciones las especialidades en materia de ayudas en tanto no se opongan a la normativa comunitaria.

Disposicin adicional quinta. Gestin compartida de servicios comunes de los organismos pblicos estatales existentes.

1. Los organismos pblicos integrantes del sector pblico estatal a la entrada en vigor de esta ley compartirn la organizacin y gestin de sus servicios comunes salvo que la decisin de no compartirlos se justifique, en una memoria elaborada al efecto y que se dirigir al Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas, en trminos de eficiencia, conforme al artculo7 de la Ley Orgnica2/2012, de27 de abril, en razones de seguridad nacional, o cuando la organizacin y gestin compartida afecte a servicios que deban prestarse de forma autnoma en atencin a la independencia del organismo pblico.

2. La organizacin y gestin compartida de los servicios comunes a los que se refiere el artculo95 podr realizarse de las formas siguientes:

a) Mediante su coordinacin por el departamento con competencias en materia de Hacienda pblica o por un organismo autnomo vinculado o dependiente del mismo.

b) Mediante su coordinacin por el departamento al que est vinculado o del que dependa el organismo pblico.

c) Mediante su coordinacin por el organismo pblico al que est vinculado o del que dependa a su vez el organismo pblico.

Disposicin adicional sexta. Transformacin de los medios propios estatales existentes.

Todas las entidades y organismos pblicos que en el momento de la entrada en vigor de esta Ley tengan la condicin de medio propio en el mbito estatal debern adaptarse a lo previsto en esta Ley en el plazo de seis meses a contar desde su entrada en vigor.

Disposicin adicional sptima. Registro Electrnico estatal de rganos e Instrumentos de Cooperacin.

1. La Administracin General del Estado mantendr actualizado un registro electrnico de los rganos de cooperacin en los que participa ella o alguno de sus organismos pblicos o entidades vinculados o dependientes y de convenios celebrados con el resto de Administraciones Pblicas. Este registro ser dependiente de la Secretara de Estado de Administraciones Pblicas.

2. La creacin, modificacin o extincin de los rganos de cooperacin, as como la suscripcin, extincin, prrroga o modificacin de cualquier convenio celebrado por la Administracin General del Estado o alguno de sus organismos pblicos o entidades vinculados o dependientes deber ser comunicada por el rgano de sta que lo haya suscrito, en el plazo de quince das desde que ocurra el hecho inscribible, al Registro Electrnico estatal de rganos e Instrumentos de Cooperacin.

3. Los Departamentos Ministeriales que ejerzan la Secretara de los rganos de cooperacin debern comunicar al registro antes del30 de enero de cada ao los rganos de cooperacin que hayan extinguido.

4. El Ministro de Hacienda y Administraciones Pblicas elevar anualmente al Consejo de Ministros un informe sobre la actividad de los rganos de cooperacin existentes, as como sobre los convenios vigentes a partir de los datos y anlisis proporcionados por el Registro Electrnico estatal de rganos e Instrumentos de Cooperacin.

5. Los rganos de cooperacin y los convenios vigentes disponen del plazo de seis meses, a contar desde la entrada en vigor de la Ley, para solicitar su inscripcin en este Registro.

6. Los rganos de cooperacin que no se hayan reunido en un plazo de cinco aos desde su creacin o en un plazo de cinco aos desde la entrada en vigor de esta ley quedarn extinguidos.

Disposicin adicional octava. Adaptacin de los convenios vigentes suscritos por cualquier Administracin Pblica e inscripcin de organismos y entidades en el Inventario de Entidades del Sector Pblico Estatal, Autonmico y Local.

1. Todos los convenios vigentes suscritos por cualquier Administracin Pblica o cualquiera de sus organismos o entidades vinculados o dependientes debern adaptarse a lo aqu previsto en el plazo de tres aos a contar desde la entrada en vigor de esta Ley.

No obstante, esta adaptacin ser automtica, en lo que se refiere al plazo de vigencia del convenio, por aplicacin directa de las reglas previstas en el artculo49.h).1. para los convenios que no tuvieran determinado un plazo de vigencia o, existiendo, tuvieran establecida una prrroga tcita por tiempo indefinido en el momento de la entrada en vigor de esta Ley. En estos casos el plazo de vigencia del convenio ser de cuatro aos a contar desde la entrada en vigor de la presente Ley.

2. Todos los organismos y entidades, vinculados o dependientes de cualquier Administracin Pblica y cualquiera que sea su naturaleza jurdica, existentes en el momento de la entrada en vigor de esta Ley debern estar inscritos en el Inventario de Entidades del Sector Pblico Estatal, Autonmico y Local en el plazo de tres meses a contar desde dicha entrada en vigor.

Disposicin adicional novena. Comisin Sectorial de administracin electrnica.

1. La Comisin Sectorial de administracin electrnica, dependiente de la Conferencia Sectorial de Administracin Pblica, es el rgano tcnico de cooperacin de la Administracin General del Estado, de las Administraciones de las Comunidades Autnomas y de las Entidades Locales en materia de administracin electrnica.

2. El Comisin Sectorial de la administracin electrnica desarrollar, al menos, las siguientes funciones:

a) Asegurar la compatibilidad e interoperabilidad de los sistemas y aplicaciones empleados por las Administraciones Pblicas.

b) Impulsar el desarrollo de la administracin electrnica en Espaa.

c) Asegurar la cooperacin entre las Administraciones Pblicas para proporcionar informacin administrativa clara, actualizada e inequvoca.

3. Cuando por razn de las materias tratadas resulte de inters, podr invitarse a las organizaciones, corporaciones o agentes sociales que se estime conveniente en cada caso a participar en las deliberaciones de la Comisin Sectorial.

Disposicin adicional dcima. Aportaciones a los consorcios.

Cuando las Administraciones Pblicas o cualquiera de sus organismos pblicos o entidades vinculados o dependientes sean miembros de un consorcio, no estarn obligados a efectuar la aportacin al fondo patrimonial o la financiacin a la que se hayan comprometido para el ejercicio corriente si alguno de los dems miembros del consorcio no hubiera realizado la totalidad de sus aportaciones dinerarias correspondientes a ejercicios anteriores a las que estn obligados.

Disposicin adicional undcima. Conflictos de atribuciones intraministeriales.

1. Los conflictos positivos o negativos de atribuciones entre rganos de un mismo Ministerio sern resueltos por el superior jerrquico comn en el plazo de diez das, sin que quepa recurso alguno.

2. En los conflictos positivos, el rgano que se considere competente requerir de inhibicin al que conozca del asunto, quien suspender el procedimiento por un plazo de diez das. Si dentro de dicho plazo acepta el requerimiento, remitir el expediente al rgano requirente. En caso de considerarse competente, remitir acto seguido las actuaciones al superior jerrquico comn.

3. En los conflictos negativos, el rgano que se estime incompetente remitir directamente las actuaciones al rgano que considere competente, quien decidir en el plazo de diez das y, en su caso, de considerarse, asimismo, incompetente, remitir acto seguido el expediente con su informe al superior jerrquico comn.

4. Los interesados en el procedimiento plantearn estos conflictos de acuerdo a lo establecido en el artculo14.

Disposicin adicional duodcima. Rgimen Jurdico de las Autoridades Portuarias y Puertos del Estado.

Las Autoridades Portuarias y Puertos del Estado se regirn por su legislacin especfica, por las disposiciones de la Ley47/2003, de26 de noviembre, que les sean de aplicacin y, supletoriamente, por lo establecido en esta Ley.

Disposicin adicional decimotercera. Rgimen jurdico de las Entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.

1. A las Entidades gestoras, servicios comunes y otros organismos o entidades que conforme a la Ley integran la Administracin de la Seguridad Social, les ser de aplicacin las previsiones de esta Ley relativas a los organismos autnomos, salvo lo dispuesto en el prrafo siguiente.

2. El rgimen de personal, econmico-financiero, patrimonial, presupuestario y contable, de participacin en la gestin, as como la asistencia jurdica, ser el establecido por su legislacin especfica, por la Ley47/2003, de26 de noviembre, General Presupuestaria, en las materias que sea de aplicacin, y supletoriamente por esta Ley.

Disposicin adicional decimocuarta. La organizacin militar y las Delegaciones de Defensa.

1. La organizacin militar se rige por su legislacin especfica y por las bases establecidas en la ley Orgnica5/2005, de17 de noviembre, de la Defensa Nacional.

2. Las Delegaciones de Defensa permanecern integradas en el Ministerio de Defensa y se regirn por su normativa especfica.

Disposicin adicional decimoquinta. Personal militar de las Fuerzas Armadas y del Centro Nacional de Inteligencia.

Las referencias que en los artculos63,65,66 y67 de esta ley se realizan a los funcionarios de carrera pertenecientes al Subgrupo A1 comprendern al personal militar de las Fuerzas Armadas perteneciente a cuerpos y escalas con una categora equivalente a aqulla.

Dichas previsiones normativas sern igualmente aplicables al personal del Centro Nacional de Inteligencia perteneciente al Subgrupo A1, segn su normativa estatutaria.

Disposicin adicional decimosexta. Servicios territoriales integrados en las Delegaciones del Gobierno.

Los servicios territoriales que, a la entrada en vigor de esta Ley, estuviesen integrados en las Delegaciones del Gobierno continuarn en esta situacin, siendo aplicable a los mismos lo previsto en la presente Ley.

Disposicin adicional decimosptima. Rgimen jurdico de la Agencia Estatal de Administracin Tributaria.

La Agencia Estatal de Administracin Tributaria se regir por su legislacin especfica y nicamente de forma supletoria y en tanto resulte compatible con su legislacin especfica por lo previsto en esta Ley.

El acceso, la cesin o la comunicacin de informacin de naturaleza tributaria se regirn en todo caso por su legislacin especfica.

Disposicin adicional decimoctava. Rgimen jurdico del Centro Nacional de Inteligencia.

La actuacin administrativa de los rganos competentes del Centro Nacional de Inteligencia se regir por lo previsto en su normativa especfica y en lo no previsto en ella, en cuanto sea compatible con su naturaleza y funciones propias, por lo dispuesto en la presente Ley.

Disposicin adicional decimonovena. Rgimen jurdico del Banco de Espaa.

El Banco de Espaa en su condicin de banco central nacional se regir, en primer trmino, por lo dispuesto en el Tratado de Funcionamiento de la Unin Europea, los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos Centrales y del Banco Central Europeo, el Reglamento (UE) n.1024/2013 del Consejo, de15 de octubre de2013 y la Ley13/1994, de1 de junio, de Autonoma del Banco de Espaa.

En lo no previsto en las referidas normas y en cuanto sea compatible con su naturaleza y funciones ser de aplicacin lo previsto en la presente Ley.

Disposicin adicional vigsima. Rgimen jurdico del Fondo de Reestructuracin Ordenada Bancaria.

El Fondo de Reestructuracin Ordenada Bancaria tendr la consideracin de autoridad administrativa independiente de conformidad con lo previsto en esta Ley.

Disposicin adicional vigesimoprimera. rganos Colegiados de Gobierno.

Las disposiciones previstas en esta Ley relativas a los rganos colegiados no sern de aplicacin a los rganos Colegiados del Gobierno de la Nacin, los rganos colegiados de Gobierno de las Comunidades Autnomas y los rganos colegiados de gobierno de las Entidades Locales.

Disposicin adicional vigesimosegunda. Actuacin administrativa de los rganos constitucionales del Estado y de los rganos legislativos y de control autonmicos.

La actuacin administrativa de los rganos competentes del Congreso de los Diputados, del Senado, del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas, del Defensor del Pueblo, de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autnomas y de las instituciones autonmicas anlogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo, se regir por lo previsto en su normativa especfica, en el marco de los principios que inspiran la actuacin administrativa de acuerdo con esta Ley.

Disposicin transitoria primera. Composicin y clasificacin del sector pblico institucional.

La composicin y clasificacin del sector pblico institucional estatal prevista en el artculo84 se aplicar nicamente a los organismos pblicos y las entidades integrantes del sector pblico institucional estatal que se creen tras la entrada en vigor de la Ley y a los que se hayan adaptado de acuerdo con lo previsto en la disposicin adicional cuarta.

Disposicin transitoria segunda. Entidades y organismos pblicos existentes.

1. Todos los organismos y entidades integrantes del sector pblico estatal en el momento de la entrada en vigor de esta Ley continuarn rigindose por su normativa especfica, incluida la normativa presupuestaria que les resultaba de aplicacin, hasta su adaptacin a lo dispuesto en la Ley de acuerdo con lo previsto en la disposicin adicional cuarta.

2. No obstante, en tanto no resulte contrario a su normativa especfica:

a) Los organismos pblicos existentes en el momento de la entrada en vigor de esta Ley y desde ese momento aplicarn los principios establecidos en el Captulo I del Ttulo II, el rgimen de control previsto en el artculo85 y92.2, y lo dispuesto en los artculos87,94,96,97 si se transformaran fusionaran, disolvieran o liquidaran tras la entrada en vigor de esta Ley.

b) Las sociedades mercantiles estatales, los consorcios, fundaciones y fondos sin personalidad jurdica existentes en el momento de la entrada en vigor de esta Ley aplicarn desde ese momento, respectivamente, lo previsto en el Captulo V, Captulo VI, Captulo VII y Captulo VIII del Ttulo II.

Disposicin transitoria tercera. Procedimientos de elaboracin de normas en la Administracin General del Estado.

Los procedimientos de elaboracin de normas que se hallaren en tramitacin en la Administracin General del Estado a la entrada en vigor de esta Ley se sustanciarn de acuerdo con lo establecido en la normativa vigente en el momento en que se iniciaron.

Disposicin transitoria cuarta. Rgimen transitorio de las modificaciones introducidas en la disposicin final novena.

Lo dispuesto en la disposicin final novena ser de aplicacin a los expedientes de contratacin iniciados con posterioridad a la entrada en vigor de dicha disposicin. A estos efectos se entender que los expedientes de contratacin han sido iniciados si se hubiera publicado la correspondiente convocatoria del procedimiento de adjudicacin del contrato. En el caso de procedimientos negociados, para determinar el momento de iniciacin se tomar en cuenta la fecha de aprobacin de los pliegos.

Disposicin derogatoria nica. Derogacin normativa.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan, contradigan o resulten incompatibles con lo dispuesto en la presente Ley y, en especial:

a) El artculo87 de la Ley7/1985, de2 de abril, Reguladora de las Bases del Rgimen Local.

b) El artculo110 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Rgimen Local aprobado por el Real Decreto Legislativo781/1986, de18 de abril.

c) Ley6/1997, de14 de abril, de Organizacin y Funcionamiento de la Administracin General del Estado.

d) Los artculos44,45 y46 de la Ley50/2002, de26 de diciembre, de Fundaciones.

e) Ley28/2006, de18 de julio, de Agencias estatales para la mejora de los servicios pblicos.

f) Los artculos12,13,14 y15 y disposicin adicional sexta de la Ley15/2014, de16 de septiembre, de racionalizacin del Sector Pblico y otras medidas de reforma administrativa.

g) El artculo6.1.f), la disposicin adicional tercera, la disposicin transitoria segunda y la disposicin transitoria cuarta del Real Decreto1671/2009, de6 de noviembre, por el que se desarrolla parcialmente la Ley11/2007, de22 de junio, de acceso electrnico de los ciudadanos a los servicios pblicos.

h) Los artculos37,38,39 y40 del Decreto de17 de junio de1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones locales.

Hasta que, de acuerdo con lo previsto en la disposicin adicional cuarta, concluya el plazo de adaptacin de las agencias existentes en el sector pblico estatal, se mantendr en vigor la Ley28/2006, de18 de julio.

Disposicin final primera. Modificacin de la Ley23/1982, de16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional.

El apartado uno del artculo octavo de la Ley23/1982, de16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, quedar redactado en la forma siguiente:

Uno. El Consejo de Administracin del Patrimonio Nacional estar constituido por su Presidente, el Gerente y por un nmero de Vocales no superior a trece, todos los cuales debern ser profesionales de reconocido prestigio. Al Presidente y al Gerente les ser de aplicacin lo establecido en el artculo2 de la Ley3/2015, de30 de marzo, reguladora del ejercicio del Alto Cargo de la Administracin General del Estado, debiendo realizarse su nombramiento entre funcionarios de carrera del Estado, de las Comunidades Autnomas o de las Entidades Locales, pertenecientes a cuerpos clasificados en el Subgrupo A1.

Dos de los Vocales, al menos, debern de provenir de instituciones musesticas y culturales de reconocido prestigio y proyeccin internacional. Igualmente, en dos de los Vocales, al menos, habr de concurrir la condicin de Alcaldes de Ayuntamientos en cuyo trmino municipal radiquen bienes inmuebles histricos del Patrimonio Nacional.

El Presidente, el Gerente y los dems miembros del Consejo de Administracin sern nombrados mediante Real Decreto, previa deliberacin del Consejo de Ministros a propuesta del Presidente del Gobierno.

Disposicin final segunda. Modificacin del Real Decreto-Ley12/1995, de28 de diciembre, sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera.

Uno. Se aade un nuevo apartado tres a la disposicin adicional sexta, renumerndose los apartados tres a seis como cuatro a siete. El apartado tres tendr la siguiente redaccin:

Tres. Consejo General.

1. El Instituto de Crdito Oficial estar regido por un Consejo General, que tendr a su cargo la superior direccin de su administracin y gestin.

2. El Consejo General estar formado por el Presidente de la entidad, que lo ser tambin del Consejo, y diez Vocales, y estar asistido por el Secretario y, en su caso, el Vicesecretario del mismo.

Todos los integrantes del Consejo General actuarn siempre en inters del Instituto de Crdito Oficial en el ejercicio de sus funciones como miembros del Consejo General.

3. El nombramiento y cese de los Vocales del Consejo General corresponde al Consejo de Ministros, a propuesta del Ministro de Economa y Competitividad, que los designar entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional en el mbito de actividad del Instituto de Crdito Oficial.

4. Cuatro de los diez Vocales del Consejo sern independientes. A tal efecto, se entender independiente aqul que no sea personal al servicio del Sector Pblico.

5. El mandato de los vocales independientes ser de tres aos, tras el cual cabr una sola reeleccin.

Reglamentariamente se establecern las causas de cese de dichos Vocales, as como el rgimen jurdico al que quedan sometidos los integrantes del Consejo General.

6. Cada uno de los Vocales independientes dispondr de dos votos exclusivamente para la adopcin de acuerdos relativos a operaciones financieras de activo y pasivo propias del negocio del Instituto.

Dos. Se aade una nueva disposicin transitoria, que tendr la siguiente redaccin:

Disposicin transitoria quinta. Operaciones y atribuciones vigentes.

La modificacin de la disposicin adicional sexta del Real Decreto-Ley12/1995, de28 de diciembre, introducida por la disposicin final segunda de la Ley40/2015, de 1 de octubre, de Rgimen Jurdico del Sector Pblico, no afectar al rgimen de las operaciones del Instituto de Crdito Oficial actualmente en vigor, sin que por ello se modifiquen los trminos y condiciones de los contratos y convenios suscritos.

Adicionalmente, se mantendrn las atribuciones, poderes y delegaciones conferidas por el Consejo General en otras autoridades y rganos del Instituto de Crdito Oficial hasta que el Consejo General decida, en su caso, su revisin.

Los Consejeros que, a la entrada en vigor de la disposicin final segunda de la Ley40/2015, de 1 de octubre, de Rgimen Jurdico del Sector Pblico, formasen parte del Consejo General del Instituto de Crdito Oficial continuarn en el ejercicio de sus funciones hasta que se nombre a quienes hubieran de sucederles.

Disposicin final tercera. Modificacin de la Ley50/1997, de27 de noviembre, del Gobierno.

La Ley50/1997, de27 de noviembre, del Gobierno, queda modificada en los siguientes trminos:

Uno. El apartado segundo del artculo4 queda redactado en los siguientes trminos:

2. Adems de los Ministros titulares de un Departamento, podrn existir Ministros sin cartera, a los que se les atribuir la responsabilidad de determinadas funciones gubernamentales. En caso de que existan Ministros sin cartera, por Real Decreto se determinar el mbito de sus competencias, la estructura administrativa, as como los medios materiales y personales que queden adscritos al mismo.

Dos. Se modifica el artculo5 que queda redactado en los siguientes trminos:

Artculo5. Del Consejo de Ministros.

1. Al Consejo de Ministros, como rgano colegiado del Gobierno, le corresponde el ejercicio de las siguientes funciones:

a) Aprobar los proyectos de ley y su remisin al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado.

b) Aprobar el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.

c) Aprobar los Reales Decretos-leyes y los Reales Decretos Legislativos.

d) Acordar la negociacin y firma de Tratados internacionales, as como su aplicacin provisional.

e) Remitir los Tratados internacionales a las Cortes Generales en los trminos previstos en los artculos94 y96.2 de la Constitucin.

f) Declarar los estados de alarma y de excepcin y proponer al Congreso de los Diputados la declaracin del estado de sitio.

g) Disponer la emisin de Deuda Pblica o contraer crdito, cuando haya sido autorizado por una Ley.

h) Aprobar los reglamentos para el desarrollo y la ejecucin de las leyes, previo dictamen del Consejo de Estado, as como las dems disposiciones reglamentarias que procedan.

i) Crear, modificar y suprimir los rganos directivos de los Departamentos Ministeriales.

j) Adoptar programas, planes y directrices vinculantes para todos los rganos de la Administracin General del Estado.

k) Ejercer cuantas otras atribuciones le confieran la Constitucin, las leyes y cualquier otra disposicin.

2. A las reuniones del Consejo de Ministros podrn asistir los Secretarios de Estado y excepcionalmente otros altos cargos, cuando sean convocados para ello.

3. Las deliberaciones del Consejo de Ministros sern secretas.

Tres. El apartado segundo del artculo6 queda redactado en los siguientes trminos:

2. El Real Decreto de creacin de una Comisin Delegada deber especificar, en todo caso:

a) El miembro del Gobierno que asume la presidencia de la Comisin.

b) Los miembros del Gobierno y, en su caso, Secretarios de Estado que la integran.

c) Las funciones que se atribuyen a la Comisin.

d) El miembro de la Comisin al que corresponde la Secretara de la misma.

e) El rgimen interno de funcionamiento y en particular el de convocatorias y suplencias.

Cuatro. El apartado segundo del artculo7 queda redactado en los siguientes trminos:

2. Actan bajo la direccin del titular del Departamento al que pertenezcan. Cuando estn adscritos a la Presidencia del Gobierno, actan bajo la direccin del Presidente.

Cinco. El artculo8 queda redactado en los siguientes trminos:

Artculo8. De la Comisin General de Secretarios de Estado y Subsecretarios.

1. La Comisin General de Secretarios de Estado y Subsecretarios estar integrada por los titulares de las Secretaras de Estado y por los Subsecretarios de los distintos Departamentos Ministeriales.

Asistir igualmente el Abogado General del Estado y aquellos altos cargos con rango de Secretario de Estado o Subsecretario que sean convocados por el Presidente por razn de la materia de que se trate.

2. La Presidencia de la Comisin General de Secretarios de Estado y Subsecretarios corresponde a un Vicepresidente del Gobierno o, en su defecto, al Ministro de la Presidencia. En caso de ausencia del Presidente de la Comisin, la presidencia recaer en el Ministro que corresponda segn el orden de precedencia de los Departamentos ministeriales. No se entender por ausencia la interrupcin transitoria en la asistencia a la reunin de la Comisin. En ese caso, las funciones que pudieran corresponder al Presidente sern ejercidas por la siguiente autoridad en rango presente, de conformidad con el orden de precedencia de los distintos Departamentos ministeriales.

3. La Secretara de la Comisin General de Secretarios de Estado y Subsecretarios ser ejercida por el Subsecretario de la Presidencia. En caso de ausencia, vacante o enfermedad, actuar como Secretario el Director del Secretariado del Gobierno.

4. Las deliberaciones de la Comisin General de Secretarios de Estado y Subsecretarios sern reservadas. En ningn caso la Comisin podr adoptar decisiones o acuerdos por delegacin del Gobierno.

5. Corresponde a la Comisin General de Secretarios de Estado y Subsecretarios:

a) El examen de todos los asuntos que vayan a someterse a aprobacin del Consejo de Ministros, excepto los nombramientos, ceses, ascensos a cualquiera de los empleos de la categora de oficiales generales y aqullos que, excepcionalmente y por razones de urgencia, deban ser sometidos directamente al Consejo de Ministros.

b) El anlisis o discusin de aquellos asuntos que, sin ser competencia del Consejo de Ministros o sus Comisiones Delegadas, afecten a varios Ministerios y sean sometidos a la Comisin por su presidente.

Seis. Se modifica el artculo9 que queda redactado en los siguientes trminos:

Artculo9. Del Secretariado del Gobierno.

1. El Secretariado del Gobierno, como rgano de apoyo del Consejo de Ministros, de las Comisiones Delegadas del Gobierno y de la Comisin General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, ejercer las siguientes funciones:

a) La asistencia al Ministro-Secretario del Consejo de Ministros.

b) La remisin de las convocatorias a los diferentes miembros de los rganos colegiados anteriormente enumerados.

c) La colaboracin con las Secretaras Tcnicas de las Comisiones Delegadas del Gobierno.

d) El archivo y custodia de las convocatorias, rdenes del da y actas de las reuniones.

e) Velar por el cumplimiento de los principios de buena regulacin aplicables a las iniciativas normativas y contribuir a la mejora de la calidad tcnica de las disposiciones aprobadas por el Gobierno.

f) Velar por la correcta y fiel publicacin de las disposiciones y normas emanadas del Gobierno que deban insertarse en el “Boletn Oficial del Estadoˮ.

2. Asimismo, el Secretariado del Gobierno, como rgano de asistencia al Ministro de la Presidencia, ejercer las siguientes funciones:

a) Los trmites relativos a la sancin y promulgacin real de las leyes aprobadas por las Cortes Generales y la expedicin de los Reales Decretos.

b) La tramitacin de los actos y disposiciones del Rey cuyo refrendo corresponde al Presidente del Gobierno.

c) La tramitacin de los actos y disposiciones que el ordenamiento jurdico atribuye a la competencia del Presidente del Gobierno.

3. El Secretariado del Gobierno se integra en la estructura orgnica del Ministerio de la Presidencia, tal como se prevea en el Real Decreto de estructura de ese Ministerio. El Director del Secretariado del Gobierno ejercer la secretara adjunta de la Comisin General de Secretarios de Estado y Subsecretarios.

4. De conformidad con las funciones que tiene atribuidas y de acuerdo con las normas que rigen la elaboracin de las disposiciones de carcter general, el Secretariado del Gobierno propondr al Ministro de la Presidencia la aprobacin de las instrucciones que han de seguirse para la tramitacin de asuntos ante los rganos colegiados del Gobierno y los dems previstos en el apartado segundo de este artculo. Las instrucciones prevern expresamente la forma de documentar las propuestas y acuerdos adoptados por medios electrnicos, que debern asegurar la identidad de los rganos intervinientes y la fehaciencia del contenido.

Siete. El artculo10 queda redactado en los siguientes trminos:

10. De los Gabinetes.

1. Los Gabinetes son rganos de apoyo poltico y tcnico del Presidente del Gobierno, de los Vicepresidentes, de los Ministros y de los Secretarios de Estado. Los miembros de los Gabinetes realizan tareas de confianza y asesoramiento especial sin que en ningn caso puedan adoptar actos o resoluciones que correspondan legalmente a los rganos de la Administracin General del Estado o de las organizaciones adscritas a ella, sin perjuicio de su asistencia o pertenencia a rganos colegiados que adopten decisiones administrativas. Asimismo, los directores de los gabinetes podrn dictar los actos administrativos propios de la jefatura de la unidad que dirigen.

Particularmente, los Gabinetes prestan su apoyo a los miembros del Gobierno y Secretarios de Estado en el desarrollo de su labor poltica, en el cumplimiento de las tareas de carcter parlamentario y en sus relaciones con las instituciones y la organizacin administrativa.

El Gabinete de la Presidencia del Gobierno se regular por Real Decreto del Presidente en el que se determinar, entre otros aspectos, su estructura y funciones. El resto de Gabinetes se regular por lo dispuesto en esta Ley.

2. Los Directores de Gabinete tendrn el nivel orgnico que se determine reglamentariamente. El resto de miembros del Gabinete tendrn la situacin y grado administrativo que les corresponda en virtud de la legislacin correspondiente.

3. Las retribuciones de los miembros de los Gabinetes se determinan por el Consejo de Ministros dentro de las consignaciones presupuestarias establecidas al efecto adecundose, en todo caso, a las retribuciones de la Administracin General del Estado.

Ocho. Se modifica el artculo11 con la siguiente redaccin:

Artculo11. De los requisitos de acceso al cargo.

Para ser miembro del Gobierno se requiere ser espaol, mayor de edad, disfrutar de los derechos de sufragio activo y pasivo, as como no estar inhabilitado para ejercer empleo o cargo pblico por sentencia judicial firme y reunir el resto de requisitos de idoneidad previstos en la Ley3/2015, de30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administracin General del Estado.

Nueve. El artculo12 queda redactado en los siguientes trminos:

Artculo12. Del nombramiento y cese.

1. El nombramiento y cese del Presidente del Gobierno se producir en los trminos previstos en la Constitucin.

2. Los Vicepresidentes y Ministros sern nombrados y separados por el Rey, a propuesta del Presidente del Gobierno. El nombramiento conllevar el cese en el puesto que, en su caso, se estuviera desempeando, salvo cuando en el caso de los Vicepresidentes, se designe como tal a un Ministro que conserve la titularidad del Departamento. Cuando el cese en el anterior cargo correspondiera al Consejo de Ministros, se dejar constancia de esta circunstancia en el nombramiento del nuevo titular. La separacin de los Ministros sin cartera llevar aparejada la extincin de dichos rganos.

3. La separacin de los Vicepresidentes del Gobierno llevar aparejada la extincin de dichos rganos, salvo el caso en que simultneamente se designe otro vicepresidente en sustitucin del separado.

4. Por Real Decreto se regular el estatuto que fuera aplicable a los Presidentes del Gobierno tras su cese.

Diez. El artculo13 queda redactado en los siguientes trminos:

Artculo13. De la suplencia.

1. En los casos de vacante, ausencia o enfermedad, las funciones del Presidente del Gobierno sern asumidas por los Vicepresidentes, de acuerdo con el correspondiente orden de prelacin, y, en defecto de ellos, por los Ministros, segn el orden de precedencia de los Departamentos.

2. La suplencia de los Ministros, para el despacho ordinario de los asuntos de su competencia, ser determinada por Real Decreto del Presidente del Gobierno, debiendo recaer, en todo caso, en otro miembro del Gobierno. El Real Decreto expresar entre otras cuestiones la causa y el carcter de la suplencia.

3. No se entender por ausencia la interrupcin transitoria de la asistencia a la reunin de un rgano colegiado. En tales casos, las funciones que pudieran corresponder al miembro del gobierno durante esa situacin sern ejercidas por la siguiente autoridad en rango presente.

Once. El artculo20 queda redactado en los siguientes trminos:

Artculo20. Delegacin y avocacin de competencias.

1. Pueden delegar el ejercicio de competencias propias:

a) El Presidente del Gobierno en favor del Vicepresidente o Vicepresidentes y de los Ministros.

b) Los Ministros en favor de los Secretarios de Estado y de los Subsecretarios dependientes de ellos, de los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autnomas y de los dems rganos directivos del Ministerio.

2. Asimismo, son delegables a propuesta del Presidente del Gobierno las funciones administrativas del Consejo de Ministros en las Comisiones Delegadas del Gobierno.

3. No son en ningn caso delegables las siguientes competencias:

a) Las atribuidas directamente por la Constitucin.

b) Las relativas al nombramiento y separacin de los altos cargos atribuidas al Consejo de Ministros.

c) Las atribuidas a los rganos colegiados del Gobierno, con la excepcin prevista en el apartado2 de este artculo.

d) Las atribuidas por una ley que prohba expresamente la delegacin.

4. El Consejo de Ministros podr avocar para s, a propuesta del Presidente del Gobierno, el conocimiento de un asunto cuya decisin corresponda a las Comisiones Delegadas del Gobierno.

La avocacin se realizar mediante acuerdo motivado al efecto, del que se har mencin expresa en la decisin que se adopte en el ejercicio de la avocacin. Contra el acuerdo de avocacin no cabr recurso, aunque podr impugnarse en el que, en su caso, se interponga contra la decisin adoptada.

Doce. El Ttulo V queda redactado del siguiente modo:

TTULO V
De la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria del Gobierno

Artculo22. Del ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria del Gobierno.

El Gobierno ejercer la iniciativa y la potestad reglamentaria de conformidad con los principios y reglas establecidos en el Ttulo VI de la Ley39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comn de las Administraciones Pblicas y en el presente Ttulo.

Artculo23. Disposiciones de entrada en vigor.

Sin perjuicio de lo establecido en el artculo2.1 del Cdigo Civil, las disposiciones de entrada en vigor de las leyes o reglamentos, cuya aprobacin o propuesta corresponda al Gobierno o a sus miembros, y que impongan nuevas obligaciones a las personas fsicas o jurdicas que desempeen una actividad econmica o profesional como consecuencia del ejercicio de sta, prevern el comienzo de su vigencia el2 de enero o el1 de julio siguientes a su aprobacin.

Lo previsto en este artculo no ser de aplicacin a los reales decretos-leyes, ni cuando el cumplimiento del plazo de transposicin de directivas europeas u otras razones justificadas as lo aconsejen, debiendo quedar este hecho debidamente acreditado en la respectiva Memoria.

Artculo24. De la forma y jerarqua de las disposiciones y resoluciones del Gobierno de la Nacin y de sus miembros.

1. Las decisiones del Gobierno de la Nacin y de sus miembros revisten las formas siguientes:

a) Reales Decretos Legislativos y Reales Decretos-leyes, las decisiones que aprueban, respectivamente, las normas previstas en los artculos82 y86 de la Constitucin.

b) Reales Decretos del Presidente del Gobierno, las disposiciones y actos cuya adopcin venga atribuida al Presidente.

c) Reales Decretos acordados en Consejo de Ministros, las decisiones que aprueben normas reglamentarias de la competencia de ste y las resoluciones que deban adoptar dicha forma jurdica.

d) Acuerdos del Consejo de Ministros, las decisiones de dicho rgano colegiado que no deban adoptar la forma de Real Decreto.

e) Acuerdos adoptados en Comisiones Delegadas del Gobierno, las disposiciones y resoluciones de tales rganos colegiados. Tales acuerdos revestirn la forma de Orden del Ministro competente o del Ministro de la Presidencia, cuando la competencia corresponda a distintos Ministros.

f) rdenes Ministeriales, las disposiciones y resoluciones de los Ministros. Cuando la disposicin o resolucin afecte a varios Departamentos revestir la forma de Orden del Ministro de la Presidencia, dictada a propuesta de los Ministros interesados.

2. Los reglamentos se ordenarn segn la siguiente jerarqua:

1. Disposiciones aprobadas por Real Decreto del Presidente del Gobierno o acordado en el Consejo de Ministros.

2. Disposiciones aprobadas por Orden Ministerial.

Artculo25. Plan Anual Normativo.

1. El Gobierno aprobar anualmente un Plan Normativo que contendr las iniciativas legislativas o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobacin en el ao siguiente.

2. El Plan Anual Normativo identificar, con arreglo a los criterios que se establezcan reglamentariamente, las normas que habrn de someterse a un anlisis sobre los resultados de su aplicacin, atendiendo fundamentalmente al coste que suponen para la Administracin o los destinatarios y las cargas administrativas impuestas a estos ltimos.

3. Cuando se eleve para su aprobacin por el rgano competente una propuesta normativa que no figurara en el Plan Anual Normativo al que se refiere el presente artculo ser necesario justificar este hecho en la correspondiente Memoria del Anlisis de Impacto Normativo.

4. El Plan Anual Normativo estar coordinado por el Ministerio de la Presidencia, con el objeto de asegurar la congruencia de todas las iniciativas que se tramiten y de evitar sucesivas modificaciones del rgimen legal aplicable a un determinado sector o rea de actividad en un corto espacio de tiempo. El Ministro de la Presidencia elevar el Plan al Consejo de Ministros para su aprobacin antes del30 de abril.

Por orden del Ministerio de la Presidencia se aprobarn los modelos que contengan la informacin a remitir sobre cada iniciativa normativa para su inclusin en el Plan.

Artculo26. Procedimiento de elaboracin de normas con rango de Ley y reglamentos.

La elaboracin de los anteproyectos de ley, de los proyectos de real decreto legislativo y de normas reglamentarias se ajustar al siguiente procedimiento:

1. Su redaccin estar precedida de cuantos estudios y consultas se estimen convenientes para garantizar el acierto y la legalidad de la norma.

2. Se sustanciar una consulta pblica, a travs del portal web del departamento competente, con carcter previo a la elaboracin del texto, en la que se recabar opinin de los sujetos potencialmente afectados por la futura norma y de las organizaciones ms representativas acerca de:

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la nueva norma.

b) La necesidad y oportunidad de su aprobacin.

c) Los objetivos de la norma.

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.

Podr prescindirse del trmite de consulta pblica previsto en este apartado en el caso de la elaboracin de normas presupuestarias u organizativas de la Administracin General del Estado o de las organizaciones dependientes o vinculadas a stas, cuando concurran razones graves de inters pblico que lo justifiquen, o cuando la propuesta normativa no tenga un impacto significativo en la actividad econmica, no imponga obligaciones relevantes a los destinatarios o regule aspectos parciales de una materia. Tambin podr prescindirse de este trmite de consulta en el caso de tramitacin urgente de iniciativas normativas, tal y como se establece en el artculo27.2. La concurrencia de alguna o varias de estas razones, debidamente motivadas, se justificarn en la Memoria del Anlisis de Impacto Normativo.

La consulta pblica deber realizarse de tal forma que todos los potenciales destinatarios de la norma tengan la posibilidad de emitir su opinin, para lo cual deber proporcionarse un tiempo suficiente, que en ningn caso ser inferior a quince das naturales.

3. El centro directivo competente elaborar con carcter preceptivo una Memoria del Anlisis de Impacto Normativo, que deber contener los siguientes apartados:

a) Oportunidad de la propuesta y alternativas de regulacin estudiadas, lo que deber incluir una justificacin de la necesidad de la nueva norma frente a la alternativa de no aprobar ninguna regulacin.

b) Contenido y anlisis jurdico, con referencia al Derecho nacional y de la Unin Europea, que incluir el listado pormenorizado de las normas que quedarn derogadas como consecuencia de la entrada en vigor de la norma.

c) Anlisis sobre la adecuacin de la norma propuesta al orden de distribucin de competencias.

d) Impacto econmico y presupuestario, que evaluar las consecuencias de su aplicacin sobre los sectores, colectivos o agentes afectados por la norma, incluido el efecto sobre la competencia, la unidad de mercado y la competitividad y su encaje con la legislacin vigente en cada momento sobre estas materias. Este anlisis incluir la realizacin del test Pyme de acuerdo con la prctica de la Comisin Europea.

e) Asimismo, se identificarn las cargas administrativas que conlleva la propuesta, se cuantificar el coste de su cumplimiento para la Administracin y para los obligados a soportarlas con especial referencia al impacto sobre las pequeas y medianas empresas.

f) Impacto por razn de gnero, que analizar y valorar los resultados que se puedan seguir de la aprobacin de la norma desde la perspectiva de la eliminacin de desigualdades y de su contribucin a la consecucin de los objetivos de igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, a partir de los indicadores de situacin de partida, de previsin de resultados y de previsin de impacto.

g) Un resumen de las principales aportaciones recibidas en el trmite de consulta pblica regulado en el apartado2.

La Memoria del Anlisis de Impacto Normativo incluir cualquier otro extremo que pudiera ser relevante a criterio del rgano proponente.

4. Cuando la disposicin normativa sea un anteproyecto de ley o un proyecto de real decreto legislativo, cumplidos los trmites anteriores, el titular o titulares de los Departamentos proponentes lo elevarn, previo sometimiento a la Comisin General de Secretarios de Estado y Subsecretarios, al Consejo de Ministros, a fin de que ste decida sobre los ulteriores trmites y, en particular, sobre las consultas, dictmenes e informes que resulten convenientes, as como sobre los trminos de su realizacin, sin perjuicio de los legalmente preceptivos.

Cuando razones de urgencia as lo aconsejen, y siempre que se hayan cumplimentado los trmites de carcter preceptivo, el Consejo de Ministros podr prescindir de este y acordar la aprobacin del anteproyecto de ley o proyecto de real decreto legislativo y su remisin, en su caso, al Congreso de los Diputados o al Senado, segn corresponda.

5. A lo largo del procedimiento de elaboracin de la norma, el centro directivo competente recabar, adems de los informes y dictmenes que resulten preceptivos, cuantos estudios y consultas se estimen convenientes para garantizar el acierto y la legalidad del texto.

Salvo que normativamente se establezca otra cosa, los informes preceptivos se emitirn en un plazo de diez das, o de un mes cuando el informe se solicite a otra Administracin o a un rgano u Organismo dotado de espacial independencia o autonoma.

El centro directivo competente podr solicitar motivadamente la emisin urgente de los informes, estudios y consultas solicitados, debiendo stos ser emitidos en un plazo no superior a la mitad de la duracin de los indicados en el prrafo anterior.

En todo caso, los anteproyectos de ley, los proyectos de real decreto legislativo y los proyectos de disposiciones reglamentarias, debern ser informados por la Secretara General Tcnica del Ministerio o Ministerios proponentes.

Asimismo, cuando la propuesta normativa afectara a la organizacin administrativa de la Administracin General del Estado, a su rgimen de personal, a los procedimientos y a la inspeccin de los servicios, ser necesario recabar la aprobacin previa del Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas antes de ser sometidas al rgano competente para promulgarlos. Si transcurridos15 das desde la recepcin de la solicitud de aprobacin por parte del citado Ministerio no se hubiera formulado ninguna objecin, se entender concedida la aprobacin.

Ser adems necesario informe previo del Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas cuando la norma pudiera afectar a la distribucin de las competencias entre el Estado y las Comunidades Autnomas.

6. Sin perjuicio de la consulta previa a la redaccin del texto de la iniciativa, cuando la norma afecte a los derechos e intereses legtimos de las personas, el centro directivo competente publicar el texto en el portal web correspondiente, con el objeto de dar audiencia a los ciudadanos afectados y obtener cuantas aportaciones adicionales puedan hacerse por otras personas o entidades. Asimismo, podr recabarse directamente la opinin de las organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o intereses legtimos se vieren afectados por la norma y cuyos fines guarden relacin directa con su objeto.

El plazo mnimo de esta audiencia e informacin pblicas ser de15 das hbiles, y podr ser reducido hasta un mnimo de siete das hbiles cuando razones debidamente motivadas as lo justifiquen; as como cuando se aplique la tramitacin urgente de iniciativas normativas, tal y como se establece en el artculo27.2. De ello deber dejarse constancia en la Memoria del Anlisis de Impacto Normativo.

El trmite de audiencia e informacin pblica slo podr omitirse cuando existan graves razones de inters pblico, que debern justificarse en la Memoria del Anlisis de Impacto Normativo. Asimismo, no ser de aplicacin a las disposiciones presupuestarias o que regulen los rganos, cargos y autoridades del Gobierno o de las organizaciones dependientes o vinculadas a stas.

7. Se recabar el dictamen del Consejo de Estado u rgano consultivo equivalente cuando fuera preceptivo o se considere conveniente.

8. Cumplidos los trmites anteriores, la propuesta se someter a la Comisin General de Secretarios de Estado y Subsecretarios y se elevar al Consejo de Ministros para su aprobacin y, en caso de proyectos de ley, su remisin al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado, acompandolo de una Exposicin de Motivos y de la documentacin propia del procedimiento de elaboracin a que se refieren las letras b) y d) del artculo7 de la Ley19/2013, de9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informacin pblica y buen gobierno y su normativa de desarrollo.

9. El Ministerio de la Presidencia, con el objeto de asegurar la coordinacin y la calidad de la actividad normativa del Gobierno analizar los siguientes aspectos:

a) La calidad tcnica y el rango de la propuesta normativa.

b) La congruencia de la iniciativa con el resto del ordenamiento jurdico, nacional y de la Unin Europea, con otras que se estn elaborando en los distintos Ministerios o que vayan a hacerlo de acuerdo con el Plan Anual Normativo, as como con las que se estn tramitando en las Cortes Generales.

c) La necesidad de incluir la derogacin expresa de otras normas, as como de refundir en la nueva otras existentes en el mismo mbito.

d) El contenido preceptivo de la Memoria del Anlisis de Impacto Normativo y, en particular, la inclusin de una sistemtica de evaluacin posterior de la aplicacin de la norma cuando fuere preceptivo.

e) El cumplimiento de los principios y reglas establecidos en este Ttulo.

f)   El cumplimiento o congruencia de la iniciativa con los proyectos de reduccin de cargas administrativas o buena regulacin que se hayan aprobado en disposiciones o acuerdos de carcter general para la Administracin General del Estado.

g) La posible extralimitacin de la iniciativa normativa respecto del contenido de la norma comunitaria que se trasponga al derecho interno.

Reglamentariamente se determinar la composicin del rgano encargado de la realizacin de esta funcin as como su modo de intervencin en el procedimiento.

10. Se conservarn en el correspondiente expediente administrativo, en formato electrnico, la Memoria del Anlisis de Impacto Normativo, los informes y dictmenes recabados para su tramitacin, as como todos los estudios y consultas emitidas y dems actuaciones practicadas.

11. Lo dispuesto en este artculo y en el siguiente no ser de aplicacin para la tramitacin y aprobacin de decretos-leyes, a excepcin de la elaboracin de la memoria prevista en el apartado3, con carcter abreviado, y lo establecido en los nmeros1,8,9 y10.

Artculo27. Tramitacin urgente de iniciativas normativas en el mbito de la Administracin General del Estado.

1. El Consejo de Ministros, a propuesta del titular del departamento al que corresponda la iniciativa normativa, podr acordar la tramitacin urgente del procedimiento de elaboracin y aprobacin de anteproyectos de ley, reales decretos legislativos y de reales decretos, en alguno de los siguientes casos:

a) Cuando fuere necesario para que la norma entre en vigor en el plazo exigido para la transposicin de directivas comunitarias o el establecido en otras leyes o normas de Derecho de la Unin Europea.

b) Cuando concurran otras circunstancias extraordinarias que, no habiendo podido preverse con anterioridad, exijan la aprobacin urgente de la norma.

La Memoria del Anlisis de Impacto Normativo que acompae al proyecto mencionar la existencia del acuerdo de tramitacin urgente, as como las circunstancias que le sirven de fundamento.

2. La tramitacin por va de urgencia implicar que:

a) Los plazos previstos para la realizacin de los trmites del procedimiento de elaboracin, establecidos en sta o en otra norma, se reducirn a la mitad de su duracin. Si, en aplicacin de la normativa reguladora de los rganos consultivos que hubieran de emitir dictamen, fuera necesario un acuerdo para requerirlo en dicho plazo, se adoptar por el rgano competente; y si fuera el Consejo de Ministros, se recoger en el acuerdo previsto en el apartado1 de este artculo.

b) No ser preciso el trmite de consulta pblica previsto en el artculo26.2, sin perjuicio de la realizacin de los trmites de audiencia pblica o de informacin pblica sobre el texto a los que se refiere el artculo26.6, cuyo plazo de realizacin ser de siete das.

c) La falta de emisin de un dictamen o informe preceptivo en plazo no impedir la continuacin del procedimiento, sin perjuicio de su eventual incorporacin y consideracin cuando se reciba.

Artculo28. Informe anual de evaluacin.

1. El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de la Presidencia, aprobar, antes del30 de abril de cada ao, un informe anual en el que se refleje el grado de cumplimiento del Plan Anual Normativo del ao anterior, las iniciativas adoptadas que no estaban inicialmente incluidas en el citado Plan, as como las incluidas en anteriores informes de evaluacin con objetivos plurianuales que hayan producido al menos parte de sus efectos en el ao que se evala.

2. En el informe se incluirn las conclusiones del anlisis de la aplicacin de las normas a que se refiere el artculo25.2, que, de acuerdo con lo previsto en su respectiva Memoria, hayan tenido que ser evaluadas en el ejercicio anterior. La evaluacin se realizar en los trminos y plazos previstos en la Memoria del Anlisis de Impacto Normativo y deber comprender, en todo caso:

a) La eficacia de la norma, entendiendo por tal la medida en que ha conseguido los fines pretendidos con su aprobacin.

b) La eficiencia de la norma, identificando las cargas administrativas que podran no haber sido necesarias.

c) La sostenibilidad de la disposicin.

El informe podr contener recomendaciones especficas de modificacin y, en su caso, derogacin de las normas evaluadas, cuando as lo aconsejase el resultado del anlisis.

Trece. Se aade un Ttulo VI en el que se incluye el artculo26 actual, que se renumera como artculo29, y que queda redactado del siguiente modo:

TTULO VI
Del control del Gobierno

Artculo29. Del control de los actos del Gobierno.

1. El Gobierno est sujeto a la Constitucin y al resto del ordenamiento jurdico en toda su actuacin.

2. Todos los actos y omisiones del Gobierno estn sometidos al control poltico de las Cortes Generales.

3. Los actos, la inactividad y las actuaciones materiales que constituyan una va de hecho del Gobierno y de los rganos y autoridades regulados en la presente Ley son impugnables ante la jurisdiccin contencioso-administrativa, de conformidad con lo dispuesto en su Ley reguladora.

4. La actuacin del Gobierno es impugnable ante el Tribunal Constitucional en los trminos de la Ley Orgnica reguladora del mismo.

Disposicin final cuarta. Modificacin de la Ley50/2002, de26 de diciembre, de Fundaciones.

El apartado2 del artculo34 de la Ley50/2002, de26 de diciembre, de Fundaciones, queda redactado en los siguientes trminos:

2. Las funciones de Protectorado respecto de las fundaciones de competencia estatal sern ejercidas por la Administracin General del Estado a travs de un nico rgano administrativo, en la forma que reglamentariamente se determine.

Disposicin final quinta. Modificacin de la Ley22/2003, de9 de julio, Concursal.

La Ley22/2003, de9 de julio, Concursal, queda modificada en los siguientes trminos:

Uno. El apartado1 del artculo3 queda redactado como sigue:

1. Para solicitar la declaracin de concurso estn legitimados el deudor, cualquiera de sus acreedores y el mediador concursal cuando se trate del procedimiento regulado en el Ttulo X de esta Ley.

Si el deudor fuera persona jurdica, ser competente para decidir sobre la solicitud el rgano de administracin o de liquidacin.

Dos. El artculo34 ter queda redactado como sigue:

Artculo34 ter. Rgimen de la cuenta de garanta arancelaria.

1. El Ministerio de Justicia gestionar la cuenta de garanta arancelaria en la forma que se determine reglamentariamente, ya sea directamente o a travs de terceros.

2. La gestin de la cuenta y el control de los ingresos y los cargos se realizar a travs de la aplicacin informtica que determine el Ministerio de Justicia. La aplicacin dispondr de los mecanismos adecuados de control, seguridad y supervisin, y deber garantizar la autenticidad, confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos, permitir la disposicin de fondos mediante la expedicin de rdenes telemticas de transferencia y mandamientos de pago, as como proporcionar informacin sobre los movimientos y saldos de las cuentas.

3. En los casos de falta de medios informticos adecuados o imposibilidad tcnica sobrevenida, se podrn emitir mandamientos de pago u rdenes de transferencia de forma manual utilizando los impresos normalizados.

4. La cuenta de garanta arancelaria permitir el control de las aportaciones que corresponden a los administradores concursales. Si en el momento de la rendicin de cuentas el administrador concursal no hubiera realizado los ingresos en la cuenta a los que estuviera obligado, el secretario judicial le instar a que lo haga en el plazo de10 das. Si transcurrido dicho plazo no hubiera cumplido con su obligacin, ser dado de baja en la seccin cuarta del Registro Pblico Concursal hasta que proceda a su abono.

Tres. El apartado2 del artculo34 quter de la Ley Concursal quedar con la siguiente redaccin:

2. Antes de la presentacin del informe de rendicin de cuentas, la administracin concursal deber ingresar en la cuenta de garanta arancelaria las aportaciones obligatorias establecidas en el apartado anterior, calculadas sobre las cantidades efectivamente percibidas. Simultneamente, la administracin concursal o cada uno de los administradores concursales debern dar cuenta al secretario judicial del juzgado donde se tramita el concurso del importe ingresado.

Cuatro. El punto6. del apartado1, del artculo90 queda redactado como sigue:

6. Los crditos garantizados con prenda constituida en documento pblico, sobre los bienes o derechos pignorados que estn en posesin del acreedor o de un tercero. Si se tratare de prenda de crditos, bastar con que conste en documento con fecha fehaciente para gozar de privilegio sobre los crditos pignorados.

Los crditos garantizados con prenda constituida sobre crditos futuros slo gozarn de privilegio especial cuando concurran los siguientes requisitos antes de la declaracin de concurso:

a) Que los crditos futuros nazcan de contratos perfeccionados o relaciones jurdicas constituidas con anterioridad a dicha declaracin.

b) Que la prenda est constituida en documento pblico o, en el caso de prenda sin desplazamiento de la posesin, se haya inscrito en el registro pblico competente.

c) Que, en el caso de crditos derivados de la resolucin de contratos de concesin de obras o de gestin de servicios pblicos, cumplan, adems, con lo exigido en el artculo261.3 del texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Pblico, aprobado por Real Decreto Legislativo3/2011, de14 de noviembre.

Disposicin final sexta. Modificacin de la Ley33/2003, de3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Pblicas.

La Ley33/2003, de3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Pblicas queda modificada en los siguientes trminos:

Uno. El apartado1 del artculo166, queda redactado como sigue:

1. Las disposiciones de este ttulo sern de aplicacin a las siguientes entidades:

a) Las entidades pblicas empresariales, a las que se refiere la Seccin3. del captulo III del Ttulo II de la Ley de Rgimen Jurdico del Sector Pblico.

b) Las entidades de Derecho pblico vinculadas a la Administracin General del Estado o a sus organismos pblicos cuyos ingresos provengan, al menos en un50 por ciento, de operaciones realizadas en el mercado.

c) Las sociedades mercantiles estatales, entendiendo por tales aquellas sobre la que se ejerce control estatal:

1. Bien porque la participacin directa en su capital social de la Administracin General del Estado o algunas de las entidades que, conforme a lo dispuesto en el artculo84 de la Ley de Rgimen Jurdico del Sector Pblico integran el sector pblico institucional estatal, incluidas las sociedades mercantiles estatales, sea superior al50 por100. Para la determinacin de este porcentaje, se sumarn las participaciones correspondientes a la Administracin General del Estado y a todas las entidades integradas en el sector pblico institucional estatal, en el caso de que en el capital social participen varias de ellas.

2. Bien porque la sociedad mercantil se encuentre en el supuesto previsto en el artculo4 de la Ley24/1988, de28 de julio, del Mercado de Valores respecto de la Administracin General del Estado o de sus organismos pblicos vinculados o dependientes.

Dos. El apartado segundo del artculo167 queda redactado en los siguientes trminos:

2. Las entidades a que se refiere el prrafo c) del apartado1 del artculo anterior ajustarn la gestin de su patrimonio al Derecho privado, sin perjuicio de las disposiciones de esta ley que les resulten expresamente de aplicacin.

Disposicin final sptima. Modificacin de la Ley38/2003, de17 de noviembre, General de Subvenciones.

Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley38/2003, de17 de noviembre, General de Subvenciones:

Uno. Se modifica el artculo10, que queda redactado como sigue:

Artculo10. rganos competentes para la concesin de subvenciones.

1. Los Ministros y los Secretarios de Estado en la Administracin General del Estado y los presidentes o directores de los organismos y las entidades pblicas vinculados o dependientes de la Administracin General del Estado, cualquiera que sea el rgimen jurdico a que hayan de sujetar su actuacin, son los rganos competentes para conceder subvenciones, en sus respectivos mbitos, previa consignacin presupuestaria para este fin.

2. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, para autorizar la concesin de subvenciones de cuanta superior a12 millones de euros ser necesario acuerdo del Consejo de Ministros o, en el caso de que as lo establezca la normativa reguladora de la subvencin, de la Comisin Delegada del Gobierno para Asuntos Econmicos.

En el caso de subvenciones concedidas en rgimen de concurrencia competitiva, la autorizacin del Consejo de Ministros a que se refiere el prrafo anterior deber obtenerse antes de la aprobacin de la convocatoria cuya cuanta supere el citado lmite.

La autorizacin a que se refiere el prrafo anterior no implicar la aprobacin del gasto, que, en todo caso, corresponder al rgano competente.

3. Las facultades para conceder subvenciones, a que se refiere este artculo, podrn ser objeto de desconcentracin mediante real decreto acordado en Consejo de Ministros.

4. La competencia para conceder subvenciones en las corporaciones locales corresponde a los rganos que tengan atribuidas tales funciones en la legislacin de rgimen local.

Dos. Se modifica el apartado1 de la disposicin adicional decimosexta con el siguiente contenido:

1. Las fundaciones del sector pblico nicamente podrn conceder subvenciones cuando as se autorice a la correspondiente fundacin de forma expresa mediante acuerdo del Ministerio de adscripcin u rgano equivalente de la Administracin a la que la fundacin est adscrita y sin perjuicio de lo dispuesto en el artculo10.2.

La aprobacin de las bases reguladoras, la autorizacin previa de la concesin, las funciones derivadas de la exigencia del reintegro y de la imposicin de sanciones, as como las funciones de control y dems que comporten el ejercicio de potestades administrativas, sern ejercidas por los rganos de la Administracin que financien en mayor proporcin la subvencin correspondiente; en caso de que no sea posible identificar tal Administracin, las funciones sern ejercidas por los rganos de la Administracin que ejerza el Protectorado de la fundacin.

Tres. Se introduce una nueva disposicin transitoria tercera con el siguiente contenido:

Disposicin transitoria tercera. Convocatorias iniciadas y subvenciones concedidas con anterioridad a la entrada en vigor de la modificacin de la Ley38/2003, de17 de noviembre, General de Subvenciones incluida en la disposicin final sptima de la Ley40/2015, de 1 de octubre, de Rgimen Jurdico del Sector Pblico.

Las subvenciones pblicas que se concedan en rgimen de concurrencia competitiva cuya convocatoria se hubiera aprobado con anterioridad a la entrada en vigor de la modificacin del artculo10 de la Ley General de Subvenciones, se regirn por la normativa anterior.

Cuatro. Se introduce una nueva disposicin adicional vigsima quinta con el siguiente contenido:

Disposicin adicional vigsima quinta. Servicio Nacional de Coordinacin Antifraude para la proteccin de los intereses financieros de la Unin Europea.

1. El Servicio Nacional de Coordinacin Antifraude, integrado en la Intervencin General de la Administracin del Estado, coordinar las acciones encaminadas a proteger los intereses financieros de la Unin Europea contra el fraude y dar cumplimiento al artculo325 del Tratado de Funcionamiento de la Unin Europea y al artculo3.4 del Reglamento (UE, Euratom) n.883/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las investigaciones efectuadas por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF).

2. Corresponde al Servicio Nacional de Coordinacin Antifraude:

a) Dirigir la creacin y puesta en marcha de las estrategias nacionales y promover los cambios legislativos y administrativos necesarios para proteger los intereses financieros de la Unin Europea.

b) Identificar las posibles deficiencias de los sistemas nacionales para la gestin de fondos de la Unin Europea.

c) Establecer los cauces de coordinacin e informacin sobre irregularidades y sospechas de fraude entre las diferentes instituciones nacionales y la OLAF.

d) Promover la formacin para la prevencin y lucha contra el fraude.

3. El Servicio Nacional de Coordinacin Antifraude ejercer sus competencias con plena independencia y deber ser dotado con los medios adecuados para atender los contenidos y requerimientos establecidos por la OLAF.

4. El Servicio Nacional de Coordinacin Antifraude estar asistido por un Consejo Asesor presidido por el Interventor General de la Administracin del Estado e integrado por representantes de los ministerios, organismos y dems instituciones nacionales que tengan competencias en la gestin, control, prevencin y lucha contra el fraude en relacin con los intereses financieros de la Unin Europea. Su composicin y funcionamiento se determinarn por Real Decreto.

5. Las autoridades, los titulares de los rganos del Estado, de las Comunidades Autnomas y de las Entidades Locales, as como los jefes o directores de oficinas pblicas, organismos y otros entes pblicos y quienes, en general, ejerzan funciones pblicas o desarrollen su trabajo en dichas entidades debern prestar la debida colaboracin y apoyo al Servicio. El Servicio tendr las mismas facultades que la OLAF para acceder a la informacin pertinente en relacin con los hechos que se estn investigando.

6. El Servicio podr concertar convenios con la OLAF para la transmisin de la informacin y para la realizacin de investigaciones.

Disposicin final octava. Modificacin de la Ley47/2003, de26 de noviembre, General Presupuestaria.

Se modifica la Ley47/2003, de26 de noviembre, General Presupuestaria, que queda redactada como sigue:

Uno. Se modifica el artculo2 que queda redactado en los siguientes trminos:

Artculo2. Sector pblico estatal.

1. A los efectos de esta Ley forman parte del sector pblico estatal:

a) La Administracin General del Estado.

b) El sector pblico institucional estatal.

2. Integran el sector pblico institucional estatal las siguientes entidades:

a) Los organismos pblicos vinculados o dependientes de la Administracin General del Estado, los cuales se clasifican en:

1. Organismos autnomos.

2. Entidades Pblicas Empresariales.

b) Las autoridades administrativas independientes.

c) Las sociedades mercantiles estatales.

d) Los consorcios adscritos a la Administracin General del Estado.

e) Las fundaciones del sector pblico adscritas a la Administracin General del Estado.

f) Los fondos sin personalidad jurdica.

g) Las universidades pblicas no transferidas.

h) Las entidades gestoras, servicios comunes y las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en su funcin pblica de colaboracin en la gestin de la Seguridad Social, as como sus centros mancomunados.

i) Cualesquiera organismos y entidades de derecho pblico vinculados o dependientes de la Administracin General del Estado.

3. Los rganos con dotacin diferenciada en los Presupuestos Generales del Estado que, careciendo de personalidad jurdica, no estn integrados en la Administracin General del Estado, forman parte del sector pblico estatal, regulndose su rgimen econmico-financiero por esta Ley, sin perjuicio de las especialidades que se establezcan en sus normas de creacin, organizacin y funcionamiento. No obstante, su rgimen de contabilidad y de control quedar sometido en todo caso a lo establecido en dichas normas, sin que les sea aplicable en dichas materias lo establecido en esta Ley.

Sin perjuicio de lo anterior, esta Ley no ser de aplicacin a las Cortes Generales, que gozan de autonoma presupuestaria de acuerdo con lo establecido en el artculo72 de la Constitucin; no obstante, se mantendr la coordinacin necesaria para la elaboracin del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.

Dos. Se modifica el artculo3 que queda redactado como sigue:

Artculo3. Sector pblico administrativo, empresarial y fundacional.

A los efectos de esta Ley, el sector pblico estatal se divide en los siguientes:

1. El sector pblico administrativo, integrado por:

a) La Administracin General del Estado, los organismos autnomos, las autoridades administrativas independientes, las universidades pblicas no transferidas y las entidades gestoras, servicios comunes y las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, as como sus centros mancomunados, as como las entidades del apartado3 del artculo anterior.

b) Cualesquiera organismos y entidades de derecho pblico vinculados o dependientes de la Administracin General del Estado, los consorcios y los fondos sin personalidad jurdica, que cumplan alguna de las dos caractersticas siguientes:

1. Que su actividad principal no consista en la produccin en rgimen de mercado de bienes y servicios destinados al consumo individual o colectivo, o que efecten operaciones de redistribucin de la renta y de la riqueza nacional, en todo caso sin nimo de lucro.

2. Que no se financien mayoritariamente con ingresos comerciales, entendindose como tales a los efectos de esta Ley, los ingresos, cualquiera que sea su naturaleza, obtenidos como contrapartida de las entregas de bienes o prestaciones de servicios.

2. El sector pblico empresarial, integrado por:

a) Las entidades pblicas empresariales.

b) Las sociedades mercantiles estatales.

c) Cualesquiera organismos y entidades de derecho pblico vinculados o dependientes de la Administracin General del Estado, los consorcios y los fondos sin personalidad jurdica no incluidos en el sector pblico administrativo.

3. El sector pblico fundacional, integrado por las fundaciones del sector pblico estatal.

Disposicin final novena. Modificacin del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Pblico, aprobado por Real Decreto Legislativo3/2011, de14 de noviembre.

El Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Pblico, aprobado por Real Decreto Legislativo3/2011, de14 de noviembre, queda modificado como sigue:

Uno. El artculo60 queda redactado del siguiente modo:

Artculo60. Prohibiciones de contratar.

1. No podrn contratar con las entidades previstas en el artculo3 de la presente Ley con los efectos establecidos en el artculo61 bis, las personas en quienes concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Haber sido condenadas mediante sentencia firme por delitos de terrorismo, constitucin o integracin de una organizacin o grupo criminal, asociacin ilcita, financiacin ilegal de los partidos polticos, trata de seres humanos, corrupcin en los negocios, trfico de influencias, cohecho, prevaricacin, fraudes, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios, delitos contra la Hacienda Pblica y la Seguridad Social, delitos contra los derechos de los trabajadores, malversacin, blanqueo de capitales, delitos relativos a la ordenacin del territorio y el urbanismo, la proteccin del patrimonio histrico y el medio ambiente, o a la pena de inhabilitacin especial para el ejercicio de profesin, oficio, industria o comercio.

La prohibicin de contratar alcanzar a las personas jurdicas que sean declaradas penalmente responsables, y a aqullas cuyos administradores o representantes, lo sean de hecho o de derecho, vigente su cargo o representacin y hasta su cese, se encontraran en la situacin mencionada en este apartado.

b) Haber sido sancionadas con carcter firme por infraccin grave en materia profesional, de falseamiento de la competencia, de integracin laboral y de igualdad de oportunidades y no discriminacin de las personas con discapacidad, o de extranjera, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente; por infraccin muy grave en materia medioambiental, de acuerdo con lo establecido en la Ley21/2013, de9 de diciembre, de evaluacin ambiental; en la Ley22/1988, de28 de julio, de Costas; en la Ley4/1989, de27 de marzo, de Conservacin de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres; en la Ley11/1997, de24 de abril, de Envases y Residuos de Envases; en la Ley10/1998, de21 de abril, de Residuos; en el Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo1/2001, de20 de julio, y en la Ley16/2002, de1 de julio, de Prevencin y Control Integrados de la Contaminacin; o por infraccin muy grave en materia laboral o social, de acuerdo con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo5/2000, de4 de agosto, as como por la infraccin grave prevista en el artculo22.2 del citado texto.

c) Haber solicitado la declaracin de concurso voluntario, haber sido declaradas insolventes en cualquier procedimiento, hallarse declaradas en concurso, salvo que en ste haya adquirido la eficacia un convenio, estar sujetos a intervencin judicial o haber sido inhabilitados conforme a la Ley22/2003, de9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el perodo de inhabilitacin fijado en la sentencia de calificacin del concurso.

d) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los trminos que reglamentariamente se determinen; o en el caso de empresas de50 o ms trabajadores, no cumplir el requisito de que al menos el2 por ciento de sus empleados sean trabajadores con discapacidad, de conformidad con el artculo42 del Real Decreto Legislativo1/2013, de29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusin social, en las condiciones que reglamentariamente se determinen.

En relacin con el cumplimiento de sus obligaciones tributarias o con la Seguridad Social, se considerar que las empresas se encuentran al corriente en el mismo cuando las deudas estn aplazadas, fraccionadas o se hubiera acordado su suspensin con ocasin de la impugnacin de tales deudas.

e) Haber incurrido en falsedad al efectuar la declaracin responsable a que se refiere el artculo146 o al facilitar cualesquiera otros datos relativos a su capacidad y solvencia, o haber incumplido, por causa que le sea imputable, la obligacin de comunicar la informacin que corresponda en materia de clasificacin y la relativa a los registros de licitadores y empresas clasificadas.

f) Estar afectado por una prohibicin de contratar impuesta en virtud de sancin administrativa firme, con arreglo a lo previsto en la Ley38/2003, de17 de noviembre, General de Subvenciones, o en la Ley58/2003, de17 de diciembre, General Tributaria.

g) Estar incursa la persona fsica o los administradores de la persona jurdica en alguno de los supuestos de la Ley5/2006, de10 de abril, de Regulacin de los Conflictos de Intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administracin General del Estado o las respectivas normas de las Comunidades Autnomas, de la Ley53/1984, de26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Pblicas o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgnica5/1985, de19 de junio, del Rgimen Electoral General, en los trminos establecidos en la misma.

La prohibicin alcanzar a las personas jurdicas en cuyo capital participen, en los trminos y cuantas establecidas en la legislacin citada, el personal y los altos cargos a que se refiere el prrafo anterior, as como los cargos electos al servicio de las mismas.

La prohibicin se extiende igualmente, en ambos casos, a los cnyuges, personas vinculadas con anloga relacin de convivencia afectiva, ascendientes y descendientes, as como a parientes en segundo grado por consanguineidad o afinidad de las personas a que se refieren los prrafos anteriores, cuando se produzca conflicto de intereses con el titular del rgano de contratacin o los titulares de los rganos en que se hubiere delegado la facultad para contratar o los que ejerzan la sustitucin del primero.

h) Haber contratado a personas respecto de las que se haya publicado en el “Boletn Oficial del Estado” el incumplimiento a que se refiere el artculo18.6 de la Ley5/2006, de10 de abril, de Regulacin de los Conflictos de Intereses de los Miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administracin General del Estado o en las respectivas normas de las Comunidades Autnomas, por haber pasado a prestar servicios en empresas o sociedades privadas directamente relacionadas con las competencias del cargo desempeado durante los dos aos siguientes a la fecha de cese en el mismo. La prohibicin de contratar se mantendr durante el tiempo que permanezca dentro de la organizacin de la empresa la persona contratada con el lmite mximo de dos aos a contar desde el cese como alto cargo.

2. Adems de las previstas en el apartado anterior, son circunstancias que impedirn a los empresarios contratar con las entidades comprendidas en el artculo3 de la presente Ley, en las condiciones establecidas en el artculo61 bis las siguientes:

a) Haber retirado indebidamente su proposicin o candidatura en un procedimiento de adjudicacin, o haber imposibilitado la adjudicacin del contrato a su favor por no cumplimentar lo establecido en el apartado2 del artculo151 dentro del plazo sealado mediando dolo, culpa o negligencia.

b) Haber dejado de formalizar el contrato, que ha sido adjudicado a su favor, en los plazos previstos en el artculo156.3 por causa imputable al adjudicatario.

c) Haber incumplido las clusulas que son esenciales en el contrato, incluyendo las condiciones especiales de ejecucin establecidas de acuerdo con lo sealado en el artculo118, cuando dicho incumplimiento hubiese sido definido en los pliegos o en el contrato como infraccin grave, concurriendo dolo, culpa o negligencia en el empresario, y siempre que haya dado lugar a la imposicin de penalidades o a la indemnizacin de daos y perjuicios.

d) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolucin firme de cualquier contrato celebrado con una entidad de las comprendidas en el artculo3 de la presente Ley.

3. Las prohibiciones de contratar afectarn tambin a aquellas empresas de las que, por razn de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuacin o que derivan, por transformacin, fusin o sucesin, de otras empresas en las que hubiesen concurrido aqullas.

Dos. El artculo61 queda redactado del siguiente modo:

Artculo61. Apreciacin de la prohibicin de contratar. Competencia y procedimiento.

1. Las prohibiciones de contratar relativas a las circunstancias contenidas en las letras c), d), f), g) y h) del apartado1 del artculo anterior, se apreciarn directamente por los rganos de contratacin, subsistiendo mientras concurran las circunstancias que en cada caso las determinan.

2. La prohibicin de contratar por las causas previstas en las letras a) y b) del apartado1 del artculo anterior se apreciar directamente por los rganos de contratacin, cuando la sentencia o la resolucin administrativa se hubiera pronunciado expresamente sobre su alcance y duracin, subsistiendo durante el plazo sealado en las mismas.

En el caso de que la sentencia o la resolucin administrativa no contengan pronunciamiento sobre el alcance o duracin de la prohibicin de contratar; en los casos de la letra e) del apartado primero del artculo anterior; y en los supuestos contemplados en el apartado segundo, tambin del artculo anterior, el alcance y duracin de la prohibicin deber determinarse mediante procedimiento instruido al efecto, de conformidad con lo dispuesto en este artculo.

3. La competencia para fijar la duracin y alcance de la prohibicin de contratar en el caso de las letras a) y b) del apartado1 del artculo anterior, en los casos en que no figure en la correspondiente sentencia o resolucin, y la competencia para la declaracin de la prohibicin de contratar en el caso de la letra e) del apartado primero del artculo anterior respecto de la obligacin de comunicar la informacin prevista en materia de clasificacin y respecto del registro de licitadores y empresas clasificadas, corresponder al Ministro de Hacienda y Administraciones Pblicas previa propuesta de la Junta Consultiva de Contratacin Administrativa del Estado, o a los rganos que resulten competentes en el mbito de las Comunidades Autnomas en el caso de la letra e) citada.

A efectos de poder dar cumplimiento a lo establecido en el prrafo anterior, el rgano judicial o administrativo del que emane la sentencia o resolucin administrativa deber remitir de oficio testimonio de aqulla o copia de sta a la Junta Consultiva de Contratacin Administrativa del Estado, sin perjuicio de que por parte de ste rgano, de tener conocimiento de su existencia y no habiendo recibido el citado testimonio de la sentencia o copia de la resolucin administrativa, pueda solicitarlos al rgano del que emanaron.

En los supuestos previstos en la letra e) del apartado1 del artculo anterior referido a casos en que se hubiera incurrido en falsedad al efectuar la declaracin responsable a que se refiere el artculo146, y en los supuestos previstos en el apartado segundo del artculo60, la declaracin de la prohibicin de contratar corresponder al rgano de contratacin.

4. La competencia para la declaracin de la prohibicin de contratar en los casos en que la entidad contratante no tenga el carcter de Administracin Pblica corresponder al titular del departamento, presidente o director del organismo al que est adscrita o del que dependa la entidad contratante o al que corresponda su tutela o control. Si la entidad contratante estuviera vinculada a ms de una Administracin, ser competente el rgano correspondiente de la que ostente el control o participacin mayoritaria.

5. Cuando conforme a lo sealado en este artculo, sea necesaria una declaracin previa sobre la concurrencia de la prohibicin, el alcance y duracin de sta se determinarn siguiendo el procedimiento que en las normas de desarrollo de esta Ley se establezca.

6. En los casos en que por sentencia penal firme as se prevea, la duracin de la prohibicin de contratar ser la prevista en la misma. En los casos en los que sta no haya establecido plazo, esa duracin no podr exceder de cinco aos desde la fecha de la condena por sentencia firme.

En el resto de los supuestos, el plazo de duracin no podr exceder de tres aos, para cuyo cmputo se estar a lo establecido en el apartado tercero del artculo61 bis.

7. En el caso de la letra a) del apartado1 del artculo anterior, el procedimiento, de ser necesario, no podr iniciarse una vez transcurrido el plazo previsto para la prescripcin de la correspondiente pena, y en el caso de la letra b) del apartado2 del mismo artculo, si hubiesen transcurrido ms de tres meses desde que se produjo la adjudicacin.

En los restantes supuestos previstos en dicho artculo, el procedimiento para la declaracin de la prohibicin de contratar no podr iniciarse si hubiesen transcurrido ms de tres aos contados a partir de las siguientes fechas:

a) Desde la firmeza de la resolucin sancionadora, en el caso de la causa prevista en la letra b) del apartado1 del artculo anterior;

b) Desde la fecha en que se hubieran facilitado los datos falsos o desde aquella en que hubiera debido comunicarse la correspondiente informacin, en los casos previstos en la letra e) del apartado1 del artculo anterior;

c) Desde la fecha en que fuese firme la resolucin del contrato, en el caso previsto en la letra d) del apartado2 del artculo anterior;

d) En los casos previstos en la letra a) del apartado2 del artculo anterior, desde la fecha en que se hubiese procedido a la adjudicacin del contrato, si la causa es la retirada indebida de proposiciones o candidaturas; o desde la fecha en que hubiese debido procederse a la adjudicacin, si la prohibicin se fundamenta en el incumplimiento de lo establecido en el apartado segundo del artculo151.

e) Desde que la entidad contratante tuvo conocimiento del incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucin del contrato en los casos previstos en la letra c) del apartado segundo del artculo61 bis.

Tres. Se introduce un artculo61 bis, con la siguiente redaccin:

Artculo61 bis. Efectos de la declaracin de la prohibicin de contratar.

1. En los supuestos en que se den las circunstancias establecidas en el apartado segundo del artculo60 y en la letra e) del apartado primero del mismo artculo en lo referente a haber incurrido en falsedad al efectuar la declaracin responsable del artculo146 o al facilitar otros datos relativos a su capacidad y solvencia, la prohibicin de contratar afectar al mbito del rgano de contratacin competente para su declaracin.

Dicha prohibicin se podr extender al correspondiente sector pblico en el que se integre el rgano de contratacin. En el caso del sector pblico estatal, la extensin de efectos corresponder al Ministro de Hacienda y Administraciones Pblicas, previa propuesta de la Junta Consultiva de Contratacin Administrativa del Estado.

En los supuestos en que, de conformidad con lo establecido en el primer prrafo del apartado tercero del artculo anterior respecto a la letra e) del apartado primero del artculo60, la competencia para la declaracin de la prohibicin de contratar corresponda a los rganos que resulten competentes en el mbito de las Comunidades Autnomas, la citada prohibicin de contratar afectar a todos los rganos de contratacin del correspondiente sector pblico.

Excepcionalmente, y siempre que previamente se hayan extendido al correspondiente sector pblico territorial, los efectos de las prohibiciones de contratar a las que se refieren los prrafos anteriores se podrn extender al conjunto del sector pblico. Dicha extensin de efectos a todo el sector pblico se realizar por el Ministro de Hacienda y Administraciones Pblicas, previa propuesta de la Junta Consultiva de Contratacin Administrativa del Estado, y a solicitud de la Comunidad Autnoma o Entidad Local correspondiente en los casos en que la prohibicin de contratar provenga de tales mbitos.

En los casos en que la competencia para declarar la prohibicin de contratar corresponda al Ministro de Hacienda y Administraciones Pblicas, la misma producir efectos en todo el sector pblico.

2. Todas las prohibiciones de contratar, salvo aquellas en que se den alguna de las circunstancias previstas en las letras c), d), g) y h) del apartado primero del artculo60, se inscribirn en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Pblico o el equivalente en el mbito de las Comunidades Autnomas, en funcin del mbito de la prohibicin de contratar y del rgano que la haya declarado.

Los rganos de contratacin del mbito de las Comunidades Autnomas o de las entidades locales situadas en su territorio notificarn la prohibicin de contratar a los Registros de Licitadores de las Comunidades Autnomas correspondientes, o si no existieran, al Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Pblico.

La inscripcin de la prohibicin de contratar en el Registro de Licitadores correspondiente caducar pasados3 meses desde que termine su duracin, debiendo procederse de oficio a su cancelacin en dicho Registro tras el citado plazo.

3. Las prohibiciones de contratar contempladas en las letras a) y b) del apartado primero del artculo60 producirn efectos desde la fecha en que devinieron firmes la sentencia o la resolucin administrativa en los casos en que aqulla o sta se hubieran pronunciado sobre el alcance y la duracin de la prohibicin.

En el resto de supuestos, los efectos se producirn desde la fecha de inscripcin en el registro correspondiente.

No obstante lo anterior, en los supuestos previstos en las letras a) y b) del apartado primero del artculo60 en los casos en que los efectos de la prohibicin de contratar se produzcan desde la inscripcin en el correspondiente registro, podrn adoptarse, en su caso, por parte del rgano competente para resolver el procedimiento de determinacin del alcance y duracin de la prohibicin, de oficio, o a instancia de parte, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la resolucin que pudiera adoptarse.

4. Las prohibiciones de contratar cuya causa fuera la prevista en la letra f) del apartado primero del artculo60, producirn efectos respecto de las Administraciones Pblicas que se establezcan en la resolucin sancionadora que las impuso, desde la fecha en que sta devino firme.

Cuatro. El apartado2 del artculo150 queda redactado de la siguiente manera:

2. Los criterios que han de servir de base para la adjudicacin del contrato se determinarn por el rgano de contratacin y se detallarn en el anuncio, en los pliegos de clusulas administrativas particulares o en el documento descriptivo.

En la determinacin de los criterios de adjudicacin se dar preponderancia a aquellos que hagan referencia a caractersticas del objeto del contrato que puedan valorarse mediante cifras o porcentajes obtenidos a travs de la mera aplicacin de las frmulas establecidas en los pliegos. Cuando en una licitacin que se siga por un procedimiento abierto o restringido se atribuya a los criterios evaluables de forma automtica por aplicacin de frmulas una ponderacin inferior a la correspondiente a los criterios cuya cuantificacin dependa de un juicio de valor, deber constituirse un comit que cuente con un mnimo de tres miembros, formado por expertos no integrados en el rgano proponente del contrato y con cualificacin apropiada, al que corresponder realizar la evaluacin de las ofertas conforme a estos ltimos criterios, o encomendar esta evaluacin a un organismo tcnico especializado, debidamente identificado en los pliegos.

La evaluacin de las ofertas conforme a los criterios cuantificables mediante la mera aplicacin de frmulas se realizar tras efectuar previamente la de aquellos otros criterios en que no concurra esta circunstancia, dejndose constancia documental de ello. Las normas de desarrollo de esta Ley determinarn los supuestos y condiciones en que deba hacerse pblica tal evaluacin previa, as como la forma en que debern presentarse las proposiciones para hacer posible esta valoracin separada.

Cuando en los contratos de concesin de obra pblica o gestin de servicios pblicos se prevea la posibilidad de que se efecten aportaciones pblicas a la construccin o explotacin as como cualquier tipo de garantas, avales u otro tipo de ayudas a la empresa, en todo caso figurar como un criterio de adjudicacin evaluable de forma automtica la cuanta de la reduccin que oferten los licitadores sobre las aportaciones previstas en el expediente de contratacin.

Cinco. El artculo254 queda redactado de la siguiente manera:

Artculo254. Aportaciones pblicas a la construccin y garantas a la financiacin.

1. Las Administraciones Pblicas podrn contribuir a la financiacin de la obra mediante aportaciones que sern realizadas durante la fase de ejecucin de las obras, tal como dispone el artculo240 de esta Ley, o una vez concluidas stas, y cuyo importe ser fijado por los licitadores en sus ofertas dentro de la cuanta mxima que establezcan los pliegos de condiciones.

2. Las aportaciones pblicas a que se refiere el apartado anterior podrn consistir en aportaciones no dinerarias del rgano de contratacin o de cualquier otra Administracin con la que exista convenio al efecto, de acuerdo con la valoracin de las mismas que se contenga en el pliego de clusulas administrativas particulares.

Los bienes inmuebles que se entreguen al concesionario se integrarn en el patrimonio afecto a la concesin, destinndose al uso previsto en el proyecto de la obra, y revertirn a la Administracin en el momento de su extincin, debiendo respetarse, en todo caso, lo dispuesto en los planes de ordenacin urbanstica o sectorial que les afecten.

3. Todas las aportaciones pblicas han de estar previstas en el pliego de condiciones determinndose su cuanta en el procedimiento de adjudicacin y no podrn incrementarse con posterioridad a la adjudicacin del contrato.

4. El mismo rgimen establecido para las aportaciones ser aplicable a cualquier tipo de garanta, avales y otras medidas de apoyo a la financiacin del concesionario que, en todo caso, tendrn que estar previstas en los pliegos.

Seis. El artculo256 queda redactado de la siguiente manera:

Artculo256. Aportaciones pblicas a la explotacin.

Las Administraciones Pblicas podrn otorgar al concesionario las siguientes aportaciones a fin de garantizar la viabilidad econmica de la explotacin de la obra, que, en todo caso, tendrn que estar previstas en el pliego de condiciones y no podrn incrementarse con posterioridad a la adjudicacin del contrato, sin perjuicio del reequilibrio previsto en el artculo258:

a) Subvenciones, anticipos reintegrables, prstamos participativos, subordinados o de otra naturaleza, para ser aportados desde el inicio de la explotacin de la obra o en el transcurso de la misma. La devolucin de los prstamos y el pago de los intereses devengados en su caso por los mismos se ajustarn a los trminos previstos en la concesin.

b) Ayudas, incluyendo todo tipo de garantas, en los casos excepcionales en que, por razones de inters pblico, resulte aconsejable la promocin de la utilizacin de la obra pblica antes de que su explotacin alcance el umbral mnimo de rentabilidad.

Siete. El artculo261 queda redactado de la siguiente manera:

Artculo261. Objeto de la hipoteca de la concesin y pignoracin de derechos.

1. Las concesiones de obras pblicas con los bienes y derechos que lleven incorporados sern hipotecables conforme a lo dispuesto en la legislacin hipotecaria, previa autorizacin del rgano de contratacin.

No se admitir la hipoteca de concesiones de obras pblicas en garanta de deudas que no guarden relacin con la concesin correspondiente.

2. Las solicitudes referentes a las autorizaciones administrativas previstas en este artculo y en el siguiente se resolvern por el rgano competente en el plazo de un mes, debiendo entenderse desestimadas si no resuelve y notifica en ese plazo.

3. Los derechos derivados de la resolucin de un contrato de concesin de obra o de gestin de servicio pblico, a que se refieren los primeros apartados de los artculos271 y288, as como los derivados de las aportaciones pblicas y de la ejecucin de garantas establecidos en los artculos254 y256, slo podrn pignorarse en garanta de deudas que guarden relacin con la concesin o el contrato, previa autorizacin del rgano de contratacin, que deber publicarse en el “Boletn Oficial del Estado” o en los diarios oficiales autonmicos o provinciales.

Ocho. Los apartados1 y3 del artculo271 quedan redactados de la siguiente manera:

1. En los supuestos de resolucin por causa imputable a la Administracin, esta abonar en todo caso al concesionario el importe de las inversiones realizadas por razn de la expropiacin de terrenos, ejecucin de obras de construccin y adquisicin de bienes que sean necesarios para la explotacin de la obra objeto de la concesin, atendiendo a su grado de amortizacin. Al efecto, se aplicar un criterio de amortizacin lineal. La cantidad resultante se fijar dentro del plazo de seis meses, salvo que se estableciera otro en el pliego de clusulas administrativas particulares.

En los casos en que la resolucin se produzca por causas no imputables a la Administracin, el importe a abonar a ste por razn de la expropiacin de terrenos, ejecucin de obras y adquisicin de bienes que deban revertir a la Administracin ser el que resulte de la valoracin de la concesin, determinado conforme a lo dispuesto en el artculo271 bis.

En todo caso, se entender que la resolucin de la concesin no es imputable a la Administracin cuando obedezca a alguna de las causas previstas en las letras a), b), c), e) y j) del artculo269 de esta Ley.

3. En los supuestos de los prrafos g), h) e i) del artculo269, y sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado1 de este artculo, la Administracin concedente indemnizar al concesionario por los daos y perjuicios que se le irroguen. Para determinar la cuanta de la indemnizacin se tendrn en cuenta:

a) los beneficios futuros que el concesionario dejar de percibir, cuantificndolos en la media aritmtica de los beneficios antes de impuestos obtenidos durante un perodo de tiempo equivalente a los aos que restan hasta la terminacin de la concesin. En caso de que el tiempo restante fuese superior al transcurrido, se tomar como referencia este ltimo.

La tasa de descuento aplicable ser la que resulte del coste de capital medio ponderado correspondiente a las ltimas cuentas anuales del concesionario.

b) la prdida del valor de las obras e instalaciones que no hayan de ser entregadas a aqulla, considerando su grado de amortizacin.

Nueve. Se aade un nuevo artculo271 bis con la siguiente redaccin:

Artculo271 bis. Nuevo proceso de adjudicacin en concesin de obras en los casos en los que la resolucin obedezca a causas no imputables a la Administracin.

1. En el supuesto de resolucin por causas no imputables a la Administracin, el rgano de contratacin deber licitar nuevamente la concesin, siendo el tipo de licitacin el que resulte del artculo siguiente. La licitacin se realizar mediante subasta al alza siendo el nico criterio de adjudicacin el precio.

En el caso que quedara desierta la primera licitacin, se convocar una nueva licitacin en el plazo mximo de un mes, siendo el tipo de licitacin el50 % de la primera.

El adjudicatario de la licitacin deber abonar el importe de sta en el plazo de dos meses desde que se haya adjudicado la concesin. En el supuesto de que no se abone el citado importe en el indicado plazo, la adjudicacin quedar sin efecto, adjudicndose al siguiente licitador por orden o, en el caso de no haber ms licitadores, declarando la licitacin desierta.

La convocatoria de la licitacin podr realizarse siempre que se haya incoado el expediente de resolucin, si bien no podr adjudicarse hasta que ste no haya concluido. En todo caso, desde la resolucin de la concesin a la apertura de las ofertas de la primera licitacin no podr transcurrir un plazo superior a tres meses.

Podr participar en la licitacin todo empresario que haya obtenido la oportuna autorizacin administrativa en los trminos previstos en el apartado2 del artculo263.

2. El valor de la concesin, en el supuesto de que la resolucin obedezca a causas no imputables a la Administracin, ser el que resulte de la adjudicacin de las licitaciones a las que se refiere el apartado anterior.

En el caso de que la segunda licitacin quedara desierta, el valor de la concesin ser el tipo de sta, sin perjuicio de la posibilidad de presentar por el concesionario originario o acreedores titulares al menos de un5 % del pasivo exigible de la concesionaria, en el plazo mximo de tres meses a contar desde que qued desierta, un nuevo comprador que abone al menos el citado tipo de licitacin, en cuyo caso el valor de la concesin ser el importe abonado por el nuevo comprador.

La Administracin abonar al primitivo concesionario el valor de la concesin en un plazo de tres meses desde que se haya realizado la adjudicacin de la licitacin a la que se refiere el apartado anterior o desde que la segunda licitacin haya quedado desierta.

En todo caso, el nuevo concesionario se subrogar en la posicin del primitivo concesionario quedando obligado a la realizacin de las actuaciones vinculadas a las subvenciones de capital percibidas cuando no se haya cumplido la finalidad para la que se concedi la subvencin.

3. El contrato resultante de la licitacin referida en el apartado1 tendr en todo caso la naturaleza de contrato de concesin de obra pblica, siendo las condiciones del mismo las establecidas en el contrato primitivo que se ha resuelto, incluyendo el plazo de duracin.

Diez. Se aade un nuevo artculo271 ter con la siguiente redaccin:

Artculo271 ter. Determinacin del tipo de licitacin de la concesin de obras en los casos en los que la resolucin obedezca a causas no imputables a la Administracin.

Para la fijacin del tipo de la primera licitacin, al que se refiere el artculo271 bis se seguirn las siguientes reglas:

a) El tipo se determinar en funcin de los flujos futuros de caja que se prevea obtener por la sociedad concesionaria, por la explotacin de la concesin, en el periodo que resta desde la resolucin del contrato hasta su reversin, actualizados al tipo de descuento del inters de las obligaciones del Tesoro a diez aos incrementado en300 puntos bsicos.

Se tomar como referencia para el clculo de dicho rendimiento medio los ltimos datos disponibles publicados por el Banco de Espaa en el Boletn del Mercado de Deuda Pblica.

b) El instrumento de deuda que sirve de base al clculo de la rentabilidad razonable y el diferencial citados podrn ser modificados por la Comisin Delegada del Gobierno para Asuntos Econmicos, previo informe de la Oficina Nacional de Evaluacin, para adaptarlo a las condiciones de riesgo y rentabilidad observadas en los contratos del sector pblico.

c) Los flujos netos de caja futuros se cuantificarn en la media aritmtica de los flujos de caja obtenidos por la entidad durante un perodo de tiempo equivalente a los aos que restan hasta la terminacin. En caso de que el tiempo restante fuese superior al transcurrido, se tomar como referencia este ltimo. No se incorporar ninguna actualizacin de precios en funcin de la inflacin futura estimada.

d) El valor de los flujos de caja ser el que el Plan General de Contabilidad establece en el Estado de Flujos de Efectivo como Flujos de Efectivo de las Actividades de Explotacin sin computar en ningn caso los pagos y cobros de intereses, los cobros de dividendos y los cobros o pagos por impuesto sobre beneficios.

e) Si la resolucin del contrato se produjera antes de la terminacin de la construccin de la infraestructura, el tipo de la licitacin ser el70 % del importe equivalente a la inversin ejecutada. A estos efectos se entender por inversin ejecutada el importe que figure en las ltimas cuentas anuales aprobadas incrementadas en la cantidad resultante de las certificaciones cursadas desde el cierre del ejercicio de las ltimas cuentas aprobadas hasta el momento de la resolucin. De dicho importe se deducir el correspondiente a las subvenciones de capital percibidas por el beneficiario, cuya finalidad no se haya cumplido.

Once. El apartado1 del artculo288 queda redactado de la siguiente manera:

1. En los supuestos de resolucin por causa imputable a la Administracin, esta abonar al concesionario en todo caso el importe de las inversiones realizadas por razn de la expropiacin de terrenos, ejecucin de obras de construccin y adquisicin de bienes que sean necesarios para la explotacin de la obra objeto de la concesin, atendiendo a su grado de amortizacin. Al efecto, se aplicar un criterio de amortizacin lineal de la inversin.

Cuando la resolucin obedezca a causas no imputables a la Administracin, el importe a abonar a ste por razn de la expropiacin de terrenos, ejecucin de obras y adquisicin de bienes que deban revertir a la Administracin ser el que resulte de la valoracin de la concesin, determinado conforme a lo dispuesto en el artculo271 bis.

En todo caso, se entender que no es imputable a la Administracin la resolucin del contrato cuando sta obedezca a alguna de las causas establecidas en las letras a) y b) del artculo223 de esta Ley.

Doce. Se incorpora una nueva disposicin adicional con el siguiente contenido:

Disposicin adicional trigsimo sexta. La Oficina Nacional de Evaluacin.

1. Se crea la Oficina Nacional de Evaluacin que tiene como finalidad analizar la sostenibilidad financiera de los contratos de concesiones de obras y contratos de concesin de servicios pblicos.

2. Mediante Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Pblicas, previo informe de la Comisin Delegada del Gobierno para Asuntos Econmicos, se determinar la composicin, organizacin y funcionamiento de la misma.

3. La Oficina Nacional de Evaluacin, con carcter previo a la licitacin de los contratos de concesin de obras y de gestin de servicios pblicos a celebrar por los poderes adjudicadores dependientes de la Administracin General del Estado y de las Corporaciones Locales, evacuar informe preceptivo en los siguientes casos:

a) Cuando se realicen aportaciones pblicas a la construccin o a la explotacin de la concesin, as como cualquier medida de apoyo a la financiacin del concesionario.

b) Las concesiones de obra pblica y los contratos de gestin de servicios en las que la tarifa sea asumida total o parcialmente por el poder adjudicador concedente, cuando el importe de las obras o los gastos de primer establecimiento superen un milln de euros.

Asimismo informar de los acuerdos de restablecimiento del equilibrio del contrato, en los casos previstos en los artculos258.2 y282.4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Pblico, respecto de las concesiones de obras y servicios pblicos que hayan sido informadas previamente de conformidad con las letras a) y b) anteriores o que, sin haber sido informadas, supongan la incorporacin en el contrato de alguno de los elementos previstos en stas. Cada Comunidad Autnoma podr adherirse a la Oficina Nacional de Evaluacin para que realice dichos informes o si hubiera creado un rgano u organismo equivalente solicitar estos informes preceptivos al mismo cuando afecte a sus contratos de concesin.

Reglamentariamente se fijarn las directrices apropiadas para asegurar que la elaboracin de los informes se realiza con criterios suficientemente homogneos.

4. Los informes previstos en el apartado anterior evaluarn si la rentabilidad del proyecto obtenida en funcin del valor de la inversin, las ayudas otorgadas, los flujos de caja esperados y la tasa de descuento establecida es razonable en atencin al riesgo de demanda que asuma el concesionario. En dicha evaluacin se tendr en cuenta la mitigacin que las ayudas otorgadas puedan suponer sobre otros riesgos distintos del de demanda, que habitualmente deban ser soportados por los operadores econmicos.

En los contratos de concesin de obra en los que el abono de la tarifa concesional se realice por el poder adjudicador la oficina evaluar previamente la transferencia del riesgo de demanda al concesionario. Si ste no asume completamente dicho riesgo, el informe evaluar la razonabilidad de la rentabilidad en los trminos previstos en el prrafo anterior.

En los acuerdos de restablecimiento del equilibrio del contrato, el informe evaluar si las compensaciones financieras establecidas mantienen una rentabilidad razonable segn lo dispuesto en el primer prrafo de este apartado.

5. Los informes sern evacuados, a solicitud del poder adjudicador contratante, en el plazo de treinta das desde la peticin o nueva aportacin de informacin al que se refiere el prrafo siguiente. Este plazo podr reducirse a la mitad siempre que se justifique en la solicitud las razones de urgencia. Estos informes sern publicados a travs de la central de informacin econmico-financiera de las Administraciones Pblicas dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas y estarn disponibles para su consulta por el pblico a travs de medios electrnicos.

El poder adjudicador que formule la peticin remitir la informacin necesaria a la Oficina, quien evacuar su informe sobre la base de la informacin recibida. Si dicha Oficina considera que la informacin remitida no es suficiente, no es completa o requiriere alguna aclaracin se dirigir al poder adjudicador peticionario para que le facilite la informacin requerida dentro del plazo que sta seale al efecto. La informacin que reciba la Oficina deber ser tratada respetando los lmites que rigen el acceso a la informacin confidencial.

6. Si la Administracin o la entidad destinataria del informe se apartara de las recomendaciones contenidas en un informe preceptivo de la Oficina, deber motivarlo en un informe que se incorporar al expediente del correspondiente contrato y que ser objeto de publicacin. En el caso de la Administracin General del Estado esta publicacin se har a travs de la central de informacin econmico-financiera de las Administraciones Pblicas.

7. La Oficina publicar anualmente una memoria de actividad.

Trece. Se incorpora una nueva disposicin transitoria con el siguiente contenido:

Disposicin transitoria dcima. Prohibicin de contratar por incumplimiento de la cuota de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad.

1. La prohibicin de contratar establecida en el artculo60.1.d) relativa al incumplimiento de la cuota de reserva de puestos de trabajo del2 por ciento para personas con discapacidad no ser efectiva en tanto no se desarrolle reglamentariamente y se establezca qu ha de entenderse por el cumplimiento de dicho requisito a efectos de la prohibicin de contratar y cmo se acreditar el mismo, que, en todo caso, ser bien mediante certificacin del rgano administrativo correspondiente, con vigencia mnima de seis meses, o bien mediante certificacin del correspondiente Registro de Licitadores, en los casos en que dicha circunstancia figure inscrita en el mismo.

2. Hasta el momento en que se produzca la aprobacin del desarrollo reglamentario a que se refiere el apartado anterior, los rganos de contratacin ponderarn en los supuestos que ello sea obligatorio, que los licitadores cumplen lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo1/2013, de29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusin social, en relacin con la obligacin de contar con un dos por ciento de trabajadores con discapacidad o adoptar las medidas alternativas correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en la disposicin adicional cuarta.

Disposicin final dcima. Modificacin de la Ley17/2012, de27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el ao2013.

Se modifica la disposicin adicional dcima tercera de la Ley17/2012, de27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el ao2013, que queda redactada en los siguientes trminos:

Dcima tercera. Subvenciones al transporte martimo y areo para residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla.

Uno. Con vigencia indefinida tendrn derecho a obtener bonificaciones en las tarifas de los servicios regulares de transporte martimo y areo de pasajeros, los ciudadanos espaoles, as como los de los dems Estados miembros de la Unin Europea o de otros Estados firmantes del Acuerdo sobre el Espacio Econmico Europeo o de Suiza, sus familiares nacionales de terceros pases beneficiarios del derecho de residencia o del derecho de residencia permanente y los ciudadanos nacionales de terceros pases residentes de larga duracin, que acrediten su condicin de residente en las Comunidades Autnomas de Canarias e Illes Balears y en las Ciudades de Ceuta y Melilla.

El derecho de residencia de los familiares de ciudadanos de Estados miembros de la Unin Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo del Espacio Econmico Europeo se acreditar conforme al Real Decreto240/2007, de16 de febrero, sobre entrada, libre circulacin y residencia en Espaa de ciudadanos de los Estados miembros de la Unin Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo del Espacio Econmico Europeo. El derecho de residencia de larga duracin de los nacionales de terceros pases a que se refiere el prrafo anterior se acreditar conforme a lo previsto en la Ley Orgnica4/2000, de11 de enero, de derechos y libertades de los extranjeros en Espaa y su integracin social y su normativa de desarrollo.

Para ciudadanos espaoles, de los Estados miembros de la Unin Europea o de los dems Estados firmantes del Acuerdo sobre el Espacio Econmico Europeo o Suiza, el documento acreditativo de su identidad ser el documento nacional de identidad o pasaporte en vigor. En el caso de los familiares de ciudadanos de Estados miembros de la Unin Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo del Espacio Econmico Europeo y los ciudadanos nacionales de terceros pases residentes de larga duracin, su identidad se acreditar mediante la tarjeta espaola de residencia de familiar de ciudadano de la Unin o de identidad de extranjero en la que debe constar su condicin de residente de larga duracin, respectivamente. Dichos documentos deben encontrarse en vigor.

En el caso de que telemticamente se haya constatado que el pasajero cumple las condiciones para ser beneficiario de la subvencin, ste podr acreditar su identidad en el modo areo a travs de los mismos medios que los pasajeros sin derecho a bonificacin. En este caso, el pasajero no tendr que acreditar su condicin de residente ni en facturacin ni en embarque.

Dos. El porcentaje de bonificacin aplicable en los billetes de transporte martimo, con vigencia indefinida, para los trayectos directos, ya sean de ida o de ida y vuelta, entre las Comunidades Autnomas de Canarias y las Illes Balears y las Ciudades de Ceuta y Melilla, respectivamente, y el resto del territorio nacional ser del50 por ciento de la tarifa bonificable y en los viajes interinsulares ser del25 por ciento de dicha cuanta.

Tres. El porcentaje de bonificacin en las tarifas de los servicios regulares de transporte areo de pasajeros, entre las Comunidades Autnomas de Canarias e Illes Balears y las Ciudades de Ceuta y Melilla, respectivamente, y el resto del territorio nacional, as como en los viajes interinsulares ser, con vigencia indefinida, del50 por ciento de la tarifa bonificable por cada trayecto directo de ida o de ida y vuelta.

A estos efectos, se considera trayecto directo de ida aqul que se realiza desde el aeropuerto o helipuerto del punto de origen en los archipilagos, Ceuta o Melilla, al de destino final, distinto del anterior, en el territorio nacional y viceversa, sin escalas intermedias o con escalas, siempre que estas no superen las12 horas de duracin, salvo aqullas que vinieran impuestas por las necesidades tcnicas del servicio o por razones de fuerza mayor.

A los efectos de esta bonificacin, del importe de la tarifa bonificable se deducir el importe correspondiente a las prestaciones patrimoniales pblicas a que se refieren las letras d), e) y f) del artculo68.2 de la Ley21/2003, de7 de julio, de Seguridad Area, con independencia de que hayan sido repercutidas o no al pasajero. A tal efecto, dichas prestaciones patrimoniales aparecern desglosadas en la documentacin justificativa de los cupones de vuelo.

Cuatro. La condicin de residente en las Comunidades Autnomas de Canarias y las Illes Balears y en las Ciudades de Ceuta y Melilla a los efectos de las bonificaciones reguladas en esta disposicin se acreditar mediante el certificado de empadronamiento en vigor.

Reglamentariamente podrn establecerse otros medios para la acreditacin de la condicin de residente, en sustitucin del previsto en este apartado o como adicionales de ste.

Cinco. En relacin con la verificacin del cumplimiento de los requisitos exigidos en esta disposicin:

a) Los rganos gestores de las bonificaciones del Ministerio de Fomento podrn acceder a los servicios de verificacin y consulta de datos de identidad, domicilio, residencia, nacionalidad y rgimen de extranjera de la Plataforma de Intermediacin del Ministerio de Hacienda y Administraciones Pblicas con el fin de comprobar el cumplimiento de los requisitos para ser beneficiarios de la subvencin y realizar las funciones de control encomendadas a dichos rganos, con las garantas previstas en la Ley Orgnica15/1999, de13 de diciembre, de Proteccin de Datos de Carcter Personal y en la Ley58/2003, de17 de diciembre, General Tributaria.

b) Los rganos gestores podrn facilitar por va telemtica a las agencias, las compaas areas o martimas o sus delegaciones, que comercialicen los ttulos de transporte bonificados y lo soliciten, la confirmacin del cumplimiento de los requisitos para ser beneficiario de la subvencin.

La cesin de datos prevista en los prrafos precedentes y su tratamiento, no requerir el consentimiento de los interesados ni requerir informarles sobre dicho tratamiento, de conformidad con lo previsto, respectivamente, en los artculos11.2, letra a), y5.5 de la Ley Orgnica15/1999, de Proteccin de Datos de Carcter Personal.

La integracin en el sistema telemtico de acreditacin de la residencia de los sistemas de emisin de billetes y su utilizacin al emitir billetes subvencionados ser obligatoria para todas las compaas, areas o martimas, que emitan billetes areos o martimos subvencionados por razones de residencia en territorios no peninsulares, en todos sus canales de venta.

En el caso de la incorporacin a un mercado subvencionado de una nueva compaa de transporte regular areo o martimo, sta podr emitir billetes areos o martimos con derecho a subvencin, sin necesidad de hacer uso del sistema telemtico, durante un mximo de tres meses hasta la implantacin efectiva de dicho sistema en todos sus canales de venta.

Seis. Cuando el cumplimiento de los requisitos exigidos para ser beneficiario de estas subvenciones no pueda acreditarse a travs de la Plataforma de Intermediacin conforme a lo previsto en el apartado Cinco, dichos requisitos se acreditarn por cualquiera de los medios previstos en la normativa de aplicacin. A estos efectos, el certificado de empadronamiento se ajustar a lo previsto reglamentariamente en la normativa de desarrollo de estas bonificaciones.

Siete. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado Uno de esta disposicin, las bonificaciones previstas en l para familiares nacionales de terceros pases beneficiarios del derecho de residencia o del derecho de residencia permanente y los ciudadanos nacionales de terceros pases residentes de larga duracin, que acrediten su condicin de residente en las Comunidades Autnomas de Canarias e Illes Balears y en las Ciudades de Ceuta y Melilla, surten efectos a partir del1 de abril de2013.

Ocho. Adems de las obligaciones impuestas por la normativa reguladora de las subvenciones al transporte martimo y areo para residentes en Canarias, Illes Balears, Ceuta y Melilla y para familias numerosas y por la Ley38/2003, de17 de noviembre, las compaas areas y martimas, como entidades colaboradoras, deben cumplir lo siguiente:

a) En el caso de las compaas areas, presentarn las liquidaciones mensuales de los cupones bonificados volados durante un mes en el transcurso de los dos meses siguientes, salvo autorizacin expresa de la Direccin General de Aviacin Civil por razones excepcionales. Estas liquidaciones podrn contener aquellos cupones volados en los seis meses anteriores que no hayan podido ser incluidos, por causas justificadas, en los ficheros de meses pasados.

En el caso de las compaas martimas, presentarn las liquidaciones trimestrales en el transcurso de los dos meses siguientes, salvo autorizacin expresa de la Direccin General de la Marina Mercante por razones excepcionales. Estas liquidaciones podrn contener aquellos embarques bonificados en los seis meses anteriores que no hayan podido ser incluidos, por causas justificadas, en los ficheros de trimestres pasados.

b) En la documentacin justificativa de la subvencin desglosarn el precio y la identificacin de todos los conceptos incluidos en el billete areo y martimo, as como cualquier servicio adicional contratado por el pasajero incluido en el billete.

c) Levantarn un parte de incidente cuando un pasajero que posea un billete subvencionado no acredite su identidad y residencia de conformidad con la normativa aplicable. Los partes correspondientes a cada periodo de liquidacin o, en otro caso, un certificado de inexistencia de incidentes en dicho perodo sern enviados al rgano gestor durante el periodo siguiente.

d) Cumplir con las obligaciones de registro establecidas reglamentariamente, as como registrar ante el rgano gestor, con anterioridad a su comercializacin, las tarifas areas que incluyan servicios ajenos al transporte areo especificndolo en sus condiciones, as como los convenios, contratos o acuerdos de cualquier tipo, con sus anexos, adendas o modificaciones, susceptibles de generar la emisin de billetes subvencionados, con al menos un mes de antelacin a la emisin del primer billete bonificado.

Nueve. Asimismo, las compaas martimas y areas y sus agentes, incluidos los sistemas de reserva, habrn de conservar toda la informacin y documentacin relativa a billetes bonificados tanto por razn de residencia no peninsular como por familias numerosas, cualquiera que sea su forma de almacenamiento, que acredite el importe de la subvencin y el cumplimento de los procedimientos recogidos reglamentariamente para la concesin de la subvencin, a disposicin del Ministerio de Fomento, durante el plazo de prescripcin previsto en el artculo39 de la Ley38/2003, de17 de noviembre.

A efectos de la liquidacin de las bonificaciones aplicadas, las compaas martimas, areas, y sus agentes, lo que incluye a los sistemas de reserva y a cualquier tercero que haya intervenido en la determinacin de la tarifa bonificada, en el pago realizado por el pasajero o en la gestin o aplicacin de la bonificacin, estarn obligadas a prestar colaboracin y facilitar cuanta documentacin les sea requerida en relacin con las tarifas comercializadas objeto de bonificacin, las bonificaciones aplicadas, los pagos realizados por el pasajero y las liquidaciones efectuadas.

La negativa al cumplimiento de esta obligacin se considerar resistencia, excusa, obstruccin o negativa a los efectos previstos en el artculo37 de la Ley38/2003, de17 de noviembre, sin perjuicio de las sanciones que, en su caso, pudieran corresponder.

Diez. Se autoriza al rgano gestor a modificar mediante resolucin, tras dar trmite de audiencia a las compaas areas que exploten los mercados sujetos a subvencin y a las principales asociaciones de aerolneas, el contenido de los modelos de los anexos, en lo que afecta a las bonificaciones al transporte areo, del Real Decreto1316/2001, de30 de noviembre, por el que se regula la bonificacin en las tarifas de los servicios regulares de transporte areo y martimo para los residentes en las Comunidades Autnomas de Canarias y las Illes Balears y en las Ciudades de Ceuta y Melilla.

Once. No sern objeto de liquidacin por las compaas martimas y areas, ni de reembolso a stas:

a) Los billetes subvencionados con tarifas martimas y areas que incluyan respectivamente servicios ajenos al transporte martimo y areo, sean o no repercutidos al pasajero.

b) Los billetes areos subvencionados emitidos bajo contratos, convenios o acuerdos de cualquier tipo que no hayan sido registrados y expresamente aprobados por la Direccin General de Aviacin Civil.

c) Los conceptos excluidos de bonificacin por la normativa de aplicacin, entre otros, las ofertas, descuentos, promociones o prcticas comerciales equivalentes, que deben ser aplicados de forma previa al clculo de la subvencin, as como los servicios opcionales del transporte comercializados por la compaa martima y area.

Doce. Verificacin de fichero informtico de las liquidaciones solicitadas por las compaas martimas con la relacin de los embarques realmente producidos en puertos.

El procedimiento de inspeccin y control de las bonificaciones al transporte martimo ha de incluir la comprobacin de si los datos de los embarques contenidos en el fichero informtico se corresponden con embarques reales producidos en los puertos. Para ello, las autoridades portuarias remitirn mensualmente a la Direccin General de la Marina Mercante la relacin de todos los embarques reales producidos en los puertos correspondientes a los trayectos bonificables.

La relacin mensual de todos los embarques reales producidos en cada puerto incluir las relaciones de embarques de todas y cada una de las escalas que hayan tenido lugar durante ese perodo. Estas relaciones de embarques de cada trayecto sern recabadas directamente por las autoridades portuarias u organismos competentes en cada caso o, en su defecto, remitidas electrnicamente a stas por las compaas martimas. La remisin se realizar en el tiempo y forma que determine la Direccin General de la Marina Mercante, pero en todo caso, debern haber sido recibidas por el rgano competente antes de que la nave llegue a su destino.

No podr bonificarse ningn embarque contenido en el fichero informtico que no est incluido en la relacin de embarques reales, salvo que se demuestre error u omisin.

Trece. El Gobierno dictar las normas de aplicacin y desarrollo de las bonificaciones al transporte, martimo y areo, regular de pasajeros.

Disposicin final undcima. Modificacin de la Ley20/2015, de14 de julio, de ordenacin, supervisin y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.

Se modifica el apartado2 de la disposicin final vigsima primera de la ley20/2015, de14 de julio, de ordenacin, supervisin y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, que queda redactado en los siguientes trminos:

2. No obstante, la disposicin transitoria decimotercera y la disposicin adicional decimosexta entrarn en vigor el da siguiente al de su publicacin. Las disposiciones transitorias cuarta y dcima entrarn en vigor el1 de septiembre de2015. La disposicin final novena entrar en vigor el1 de julio de2016. La disposicin final duodcima entrar en vigor al da siguiente de la publicacin de la Ley40/2015, de 1 de octubre, de Rgimen Jurdico del Sector Pblico.

Disposicin final duodcima. Restitucin o compensacin a los partidos polticos de bienes y derechos incautados en aplicacin de la normativa sobre responsabilidades polticas.

El reconocimiento de los derechos previstos en la Ley50/2007, de26 de diciembre, de modificacin de la Ley43/1998, de15 de diciembre, de restitucin o compensacin a los partidos polticos de bienes y derechos incautados en aplicacin de la normativa sobre responsabilidades polticas del periodo1936-1939, as como la tramitacin y resolucin de los procedimientos iniciados al amparo de dicha Ley, seguirn suspendidos hasta que se verifiquen las condiciones que permitan atender las prestaciones que la Ley reconoce sin menoscabo de la financiacin de otras actuaciones pblicas prioritarias.

Una vez se constate la concurrencia de las expresadas condiciones, el Gobierno aprobar el Reglamento de desarrollo de la Ley, el cual fijar un nuevo plazo para la presentacin de las solicitudes de restitucin o compensacin.

Disposicin final decimotercera. Referencias normativas.

Las referencias hechas a Ley30/1992, de26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn se entendern hechas a la Ley del Procedimiento Administrativo Comn de las Administraciones Pblicas o a la Ley de Rgimen Jurdico del Sector Pblico, segn corresponda.

Disposicin final decimocuarta. Ttulo competencial.

1. Esta Ley se dicta al amparo de lo dispuesto en el artculo149.1.18. de la Constitucin Espaola que atribuye al Estado competencia exclusiva sobre las bases rgimen jurdico de las Administraciones Pblicas, as como al amparo de lo previsto en el artculo149.1.13., relativo a las bases y coordinacin de la planificacin general de la actividad econmica, y del artculo149.1.14., relativo a la Hacienda Pblica general.

2. No tiene carcter bsico y se aplica exclusivamente a la Administracin General del Estado y al sector pblico estatal lo previsto en:

a) La subseccin2. referida a los rganos colegiados de la Administracin General del Estado de la seccin3. del captulo II del Ttulo preliminar.

b) El Ttulo I relativo a la Administracin General del Estado.

c) Lo dispuesto en el Captulo II relativo a la organizacin y funcionamiento del sector pblico institucional estatal, el Captulo III de los organismos pblicos estatales, el Captulo IV de las Autoridades administrativas independientes, el Captulo V de las sociedades mercantiles estatales, en el artculo123.2 del Captulo VI relativo a los Consorcios, los artculos128,130,131,132,133,135 y136 del Captulo VII de las fundaciones del sector pblico estatal y el Captulo VIII de los fondos carentes de personalidad jurdica, todos ellos del Ttulo II relativo a la organizacin y funcionamiento del sector pblico institucional.

d) Lo previsto en las disposiciones adicionales: cuarta, sobre adaptacin de entidades y organismos estatales, quinta, sobre gestin compartida de servicios comunes en organismos pblicos estatales, sexta, sobre medios propios, sptima, sobre el registro electrnico estatal de rganos e instrumentos de cooperacin, undcima, sobre conflictos de atribuciones intraministeriales, duodcima, sobre Autoridades Portuarias y Puertos del Estado, decimotercera, relativa a las entidades de la Seguridad Social, decimocuarta, sobre la organizacin militar, decimoquinta, relativa al personal militar, la decimosexta, sobre Servicios territoriales integrados en las Delegaciones del Gobierno, decimosptima, relativa a la Agencia Estatal de la Administracin Tributaria, la decimoctava relativa al Centro Nacional de Inteligencia, la decimonovena relativa al Banco de Espaa y la vigsima relativa al Fondo de Reestructuracin Ordenada Bancaria.

Disposicin final decimoquinta. Desarrollo normativo de la Ley.

Se faculta al Consejo de Ministros y a los Ministros de Presidencia y de Hacienda y Administraciones Pblicas, en el mbito de sus competencias, para dictar cuantas disposiciones reglamentarias sean necesarias para el desarrollo de la presente Ley, as como para acordar las medidas necesarias para garantizar la efectiva ejecucin e implantacin de las previsiones de esta Ley.

En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta Ley, mediante Orden del Ministro de Hacienda y Administraciones Pblicas, se desarrollar lo previsto en el artculo85 sobre la supervisin continua.

Disposicin final decimosexta. Precedencias en actos oficiales.

Por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno, se determinarn las precedencias de los titulares de los poderes constitucionales y de las instituciones nacionales, as como las de los titulares de los departamentos ministeriales y de los rganos internos de estos en relacin con los actos oficiales.

Disposicin final decimosptima. Adaptacin normativa.

1. En el plazo de un ao a partir de la entrada en vigor de la Ley, se debern adecuar a la misma las normas estatales o autonmicas que sean incompatibles con lo previsto en esta Ley.

2. Los consorcios creados por una ley singular aprobada por las Cortes Generales con anterioridad a la aprobacin de esta Ley seguirn rigindose por su legislacin especial hasta que se produzca la citada adaptacin normativa.

Disposicin final decimoctava. Entrada en vigor.

1. La presente Ley entrar en vigor al ao de su publicacin en el Boletn Oficial del Estado, a excepcin del punto cuatro de la disposicin final quinta, de modificacin de la Ley22/2003, de9 de julio, Concursal, de los puntos uno a once de la disposicin final novena, de modificacin del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Pblico, aprobado por Real Decreto Legislativo3/2011, de14 de noviembre y la disposicin final decimosegunda, de restitucin o compensacin a los partidos polticos de bienes y derechos incautados en aplicacin de la normativa sobre responsabilidades polticas que entrarn en vigor a los veinte das de su publicacin en el Boletn Oficial del Estado, y el punto doce de la misma disposicin final novena, que lo har a los seis meses de la citada publicacin en el Boletn Oficial del Estado.

2. No obstante, entrarn en vigor el da siguiente al de su publicacin en el Boletn Oficial del Estado la disposicin final primera, de modificacin de la Ley23/1982, de16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional, la disposicin final segunda, de modificacin del Real Decreto-Ley12/1995, de28 de diciembre, sobre medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera, los puntos uno a tres de la disposicin final quinta, de modificacin de la Ley22/2003, de9 de julio, Concursal, la disposicin final sptima, de modificacin de la Ley38/2003, de17 de noviembre, General de Subvenciones y la disposicin final undcima, de modificacin de la Ley20/2015, de14 de julio, de ordenacin, supervisin y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.

3. La disposicin final dcima de modificacin de la disposicin adicional dcima tercera de la Ley17/2012, de27 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el ao2013, entrar en vigor el da siguiente al de su publicacin en el Boletn Oficial del Estado, sin perjuicio de que los apartados Uno, primer y segundo prrafo; Dos; Tres, prrafos primero y segundo; Cuatro; Cinco, prrafos primero a cuarto y, Seis, surtirn efectos a partir del1 de enero de2013, y de lo dispuesto en el apartado Siete.

Por tanto,

Mando a todos los espaoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.

Madrid, 1 de octubre de 2015.

FELIPE R.

El Presidente del Gobierno,

MARIANO RAJOY BREY

Análisis

  • Rango: Ley
  • Fecha de disposición: 01/10/2015
  • Fecha de publicación: 02/10/2015
  • Entrada en vigor: el 2 de octubre de 2016, con las salvedades y efectos indicados.
Referencias posteriores

Criterio de ordenación:

  • SE MODIFICA la disposicin final 10.8.a), por Ley 6/2018, de 3 de julio (Ref. BOE-A-2018-9268).
  • SE DICTA DE CONFORMIDAD y aprueba las instrucciones para la tramitacin de convenios: Orden PRA/1267/2017, de 21 de diciembre (Ref. BOE-A-2017-15350).
  • SE MODIFICA los arts. 82.1 y 84.2, por Ley 9/2017, de 8 de noviembre (Ref. BOE-A-2017-12902).
  • Recurso:
    • 3903/2016 promovido contra los arts. 48.8, 50.2 d) y disposiciones adicionales 7 y 8 (Ref. BOE-A-2016-7357).
    • 3774/2016 promovido contra los arts. 39, 49 h), lo indicado del 52.2, 120.2, 121, 122, 126, 129.2, 157.3, la disposicin adicional 8, apartados 1 y 2 y la disposicin final 14 (Ref. BOE-A-2016-7354).
  • CORRECCIN de errores en BOE nm. 306 de 23 de diciembre de 2015 (Ref. BOE-A-2015-14020).
Referencias anteriores
  • DEROGA:
    • Arts. 12 a 15 y disposicin adicional 6 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre (Ref. BOE-A-2014-9467).
    • Art. 6.1.f), disposiciones adicional 3 y transitorias 2 y 4 del Real Decreto 1671/2009, de 6 de noviembre (Ref. BOE-A-2009-18358).
    • en la forma indicada, la Ley 28/2006, de 18 de julio (Ref. BOE-A-2006-13011).
    • Arts. 44 a 46 y MODIFICA el art. 34,2 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre (Ref. BOE-A-2002-25180).
    • Ley 6/1997, de 14 de abril (Ref. BOE-A-1997-7878).
    • Art. 110 de la Ley de Rgimen local, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril (Ref. BOE-A-1986-9865).
    • Art. 87 de la Ley 7/1985, de 2 de abril (Ref. BOE-A-1985-5392).
    • Arts. 37 a 40 del Decreto de 17 de junio de 1955 (Gazeta) (Ref. BOE-A-1955-10057).
  • MODIFICA:
    • Disposicin final 21.2 de la Ley 20/2015, de 14 de julio (Ref. BOE-A-2015-7897).
    • Disposicin adicional 13 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre (Ref. BOE-A-2012-15651).
    • y AADE determinados preceptos a Ley de Contratos del Sector Pblico, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (Ref. BOE-A-2011-17887).
    • Arts. 2 y 3 Ley 47/2003, de 26 de noviembre (Ref. BOE-A-2003-21614).
    • Art. 10 y disposicin adicional 16.1 y AADE las disposiciones transitoria 3 y adicional 25 a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre (Ref. BOE-A-2003-20977).
    • Arts. 166.1 y 167.2 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre (Ref. BOE-A-2003-20254).
    • Arts. 3.1, 34 ter, 34 quter y 90.1.6 de la Ley 22/2003, de 9 de julio (Ref. BOE-A-2003-13813).
    • Arts. 4 a 13, 20 y el ttulo V y AADE el ttulo VI a la Ley 50/1997, de 27 de noviembre (Ref. BOE-A-1997-25336).
    • Disposicin adicional 6 y AADE la disposicin transitoria 5 al Real Decreto-ley 12/1995, de 28 de diciembre (Ref. BOE-A-1995-27964).
    • Art. 8.Uno Ley 23/1982, de 16 de junio (Ref. BOE-A-1982-15230).
  • CITA Ley 50/2007, de 26 de diciembre (Ref. BOE-A-2007-22294).
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