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Derechos Fundamentales

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Artículo 16.1 - Libertad ideológica, religiosa y de culto

Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley

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  • Sala Primera. Sentencia 15/1982, de 23 de abril. Recurso de amparo 205-1981. Contra Resoluciones de la Autoridad militar que degeneraron el aplazamiento en la incorporación a filas del recurrente en amparo que había alegado objeción de conciencia


    Procedimiento: Recurso de amparo    Decisión: Sala Primera. Sentencia
    Recurso: 205-1981
    Sentencia: 15/1982   [ECLI:ES:TC:1982:15]

    Fecha: 23/04/1982    Fecha publicación BOE: 18/05/1982

    Ver original (Referencia BOE-T-1982-11457)

    Comentario

    Si bien esta sentencia también se estudia a propósito del contenido del art.30 de la Constitución, es de interés resaltar aquí la doctrina general sobre objeción de conciencia que en ella se recoge.

    El Abogado del Estado defiende que "en puridad el derecho a la objeción de conciencia no está reconocido en la Constitución Española, pues el art. 30.2 de la misma, al limitarse a establecer que «la Ley regulará con las debidas garantías la objeción de conciencia», contiene una declaración abierta, esto es, una remisión al legislador que afecta a la propia existencia del derecho y no sólo a su configuración".

    A juicio del Tribunal, una interpretación sistemática de los preceptos constitucionales no da lugar a apoyar esta tesis: "Nuestra Constitución declara literalmente en su art. 53.2, in fine, que el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional «será aplicable a la objeción de conciencia reconocida en el art. 30», y al hacerlo utiliza el mismo término, «reconocida», que en la primera frase del párrafo primero del citado artículo cuando establece que «los derechos y libertades reconocidos en el capítulo II del presente título vinculan a todos los poderes públicos». A su vez, el propio párrafo segundo del art. 53 equipara el tratamiento jurídico constitucional de la objeción de conciencia al de ese núcleo especialmente protegido que son los derechos fundamentales y libertades públicas que se reconocen en el art. 14 y en la Sección primera del capítulo II, del título I.

    Por otra parte, tanto la doctrina como el derecho comparado afirman la conexión entre la objeción de conciencia y la libertad de conciencia. Para la doctrina, la objeción de conciencia constituye una especificación de la libertad de conciencia, la cual supone no sólo el derecho a formar libremente la propia conciencia, sino también a obrar de modo conforme a los imperativos de la misma. En la Ley Fundamental de Bonn el derecho a la objeción de conciencia se reconoce en el mismo artículo que la libertad de conciencia y asimismo en la resolución 337, de 1967, de la Asamblea Consultiva del Consejo de Europa se afirma de manera expresa que el reconocimiento de la objeción de conciencia deriva lógicamente de los derechos fundamentales del individuo garantizados en el art. 9 de la Convención Europea de Derechos Humanos, que obliga a los Estados miembros a respetar las libertades individuales de conciencia y religión".

    Y sigue defendiendo el Alto Tribunal "Y, puesto que la libertad de conciencia es una concreción de la libertad ideológica, que nuestra Constitución reconoce en el art. 16, puede afirmarse que la objeción de conciencia es un derecho reconocido explícita e implícitamente en el ordenamiento constitucional español, sin que contra la argumentación expuesta tenga valor alguno el hecho de que el art. 30.2 emplee la expresión «la Ley regulará», la cual no significa otra cosa que la necesidad de la interpositio legislatoris no para reconocer, sino, como las propias palabras indican, para «regular» el derecho en términos que permitan su plena aplicabilidad y eficacia".

    Fallo: Estimar en parte del recurso de amparo.

  • Pleno. Sentencia 53/1985, de 11 de abril. Recurso de inconstitucionalidad 800-1983 promovido por 54 Diputados contra el texto definitivo del Proyecto de Ley Orgánica de reforma del art. 417 bis del Código Penal. Votos particulares.


    Procedimiento: Recurso de inconstitucionalidad    Decisión: Pleno. Sentencia
    Recurso: 800-1983
    Sentencia: 53/1985   [ECLI:ES:TC:1985:53]

    Fecha: 11/04/1985    Fecha publicación BOE: 18/05/1985

    Ver original (Referencia BOE-T-1985-9096)

    Comentario

    Esta sentencia tiene mucho interés porque en ella el Tribunal definió la naturaleza jurídica de la objeción de conciencia asegurando que forma parte del contenido esencial del derecho fundamental de libertad religiosa e ideológica. Afirmación que fue contradicha por este mismo Tribunal dos años después, cuando, a propósito de la resolución de un recurso de inconstitucionalidad contra el texto definitivo del Proyecto de Ley Orgánica de reforma del art.417 bis del Código Penal, defendió que el derecho a la objeción de conciencia era un derecho constitucional autónomo.

    En la sentencia de 11 de abril de 1985, que se analiza, el Tribunal, al responder a un recurso de inconstitucionalidad en el que se denunciaba, entre otras cosas, la omisión en la ley de un reconocimiento explícito de la objeción en favor del personal sanitario fue tajante, al afirmar "que el derecho a la objeción de conciencia existe y puede ser ejercido con independencia de que exista o no tal regulación". Y añade “que el no reconocimiento expreso de la objeción de conciencia al aborto no puede entenderse como un obstáculo para su ejercicio, pues el derecho a formularla “existe y puede ser ejercido con independencia de que se haya dictado o no tal regulación” “…la objeción de conciencia forma parte del contenido esencial a la libertad ideológica y religiosa reconocido en el art.16.1 de la Constitución”.

    Fallo: Declarar que el proyecto de ley Orgánica por el que se introduce el art. 417 bis del Código Penal es disconforme con la Constitución por incumplir exigencias constitucionales derivadas del art.15 de la Constitución. Es necesario resaltar que el fallo no hace alusión al tema destacado en esta sentencia.

    Votos particulares: entre otros que no hacen referencia al tema que nos ocupa, conviene destacar el de los magistrados D. Ángel Latorre Segura y don Manuel Díez de Velasco Vallejo para …”poner de manifiesto la escasa precisión utilizada en ella respecto a la conocida como «cláusula de conciencia», cuya derivación directa del art. 16.1 de la C.E. compartimos, y que puede ser utilizada como es lógico por el Médico del que se solicite la práctica abortiva para negarse a realizarla. Dicha cláusula, basada en razones ideológicas o religiosas, es un derecho constitucional solamente del Médico y demás personal sanitario al que se pretenda que actúe de una manera directa en la realización del acto abortivo.”

  • Pleno. Sentencia 151/2014, de 25 de septiembre. Recurso de inconstitucionalidad 825-2011. Interpuesto por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario Popular del Congreso de los Diputados en relación con la Ley Foral de Navarra 16/2010, de 8 de noviembre, por la que se crea el registro de profesionales en relación con la interrupción voluntaria del embarazo. Reserva de ley orgánica, condiciones básicas de igualdad y derechos a la libertad ideológica y a la intimidad: constitucionalidad de la regulación foral del registro de profesionales que objetan a la práctica del aborto; nulidad del precepto legal que regula el régimen de acceso a la información contenida en el registro. Voto particular.


    Procedimiento: Recurso de inconstitucionalidad    Decisión: Pleno. Sentencia
    Recurso: 825-2011
    Sentencia: 151/2014   [ECLI:ES:TC:1985:53]

    Fecha: 25/09/2014    Fecha publicación BOE: 28/10/2014

    Ver original (Referencia BOE-A-2014-11020)

    Comentario

    El TC entiende que no plantea ningún problema constitucional la exigencia de cumplimentar una solicitud para hacer efectiva la objeción de conciencia por parte del personal sanitario a la interrupción voluntaria del embarazo.  El modelo "puede contener datos identificativos del profesional, necesarios para formalizar por escrito, tal y como exige la norma estatal, su voluntad de objetar". El Tribunal justifica la existencia de la solicitud ya que entiende como necesario el consentimiento expreso en la "recogida y tratamiento de los datos relativos a su objeción de conciencia, pues no podemos olvidar que el art. 7.2 de la Ley Orgánica de protección de datos de carácter personal únicamente permite el tratamiento de datos que revelen la ideología de una persona si esta ha manifestado previamente su consentimiento de forma expresa y por escrito, precepto que trae causa en el art. 16.2 CE, en cuanto dispone que nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias".  Por tanto, el modelo solicita el consentimiento para ejercer un derecho. EL objetor presta el consentimiento de manera voluntaria. "Así, y teniendo en cuenta que el art. 19.2 de la Ley Orgánica 2/2010 exige una manifestación escrita de la declaración de objeción de conciencia, resulta que dicha manifestación y el consentimiento para el tratamiento de los datos han de ir necesariamente unidos. No hay, pues, en este punto, restricción desproporcionada del ejercicio del derecho a la objeción de conciencia en relación con la interrupción voluntaria del embarazo, sino las necesarias exigencias derivadas del ejercicio de un derecho que exime del cumplimiento de un deber, pudiendo ejercitarse en cualquier momento los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo un escrito a la persona titular de la gerencia del Servicio Navarro de Salud".

    Fallo: Estimar parcialmente recurso de inconstitucionalidad

    Voto particular: el Magistrado Andrés Ollero emite un voto particular al considerar "que la creación del registro de profesionales sanitarios en relación con la interrupción voluntaria del embarazo en Navarra no supera el juicio de proporcionalidad constitucionalmente exigible sobre la relación existente entre la medida adoptada, el resultado producido y la finalidad pretendida". Y continúa defendiendo que la obligatoriedad de inscribirse en un registro limita el derecho fundamental a la objeción de conciencia de los profesionales que pueden tener un legítimo miedo a sufrir represalias en sus expectativas profesionales

  • Pleno. Sentencia 145/2015, de 25 de junio. Recurso de amparo 412-2012. Promovido por don Joaquín Herrera Dávila en relación con las sanciones impuestas a la oficina de farmacia que regenta, por la Junta de Andalucía y confirmadas por un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Sevilla. Vulneración del derecho a la objeción de conciencia, vinculado al derecho a la libertad ideológica: sanción impuesta al carecer la oficina de farmacia de existencias de preservativos y del medicamento con el principio activo levonorgestrel. Votos particulares.


    Procedimiento: Recurso de amparo    Decisión: Pleno. Sentencia
    Recurso: 412-2012
    Sentencia: 145/2015   [ECLI:ES:TC:2015:145]

    Fecha: 25/06/2015    Fecha publicación BOE: 31/07/2015

    Ver original (Referencia BOE-A-2015-8639)

    Comentario

    El Tribunal Constitucional otorga amparo a un farmacéutico que fue sancionado por la Junta de Andalucía por no disponer de la llamada "píldora del día después".

    La sentencia analiza si el derecho a la objeción de conciencia que la doctrina constitucional reconoce a los médicos se puede aplicar también a los farmacéuticos.

    El Tribunal considera que, en este caso concreto, la sanción impuesta al demandante vulneró su derecho a la objeción de conciencia como manifestación de la libertad ideológica y religiosa, reconocida en el art.16.1 y afirma que "los aspectos determinantes que llevaron al Tribunal al "singular reconocimiento" del derecho a la objeción de conciencia de los médicos (STC 53/1985) pueden concurrir también "cuando la referida objeción se proyecta sobre el deber de dispensación de la `píldora del día después´ por parte de los farmacéuticos".

    Sin desconocer las diferencias de índole cuantitativa y cualitativa existentes entre la participación de los médicos en la interrupción voluntaria del embarazo y la dispensación, por parte de un farmacéutico, del medicamento anteriormente mencionado, cabe concluir que, dentro de los parámetros indicados, la base conflictual que late en ambos supuestos se anuda a una misma finalidad, toda vez que en este caso se plantea asimismo una colisión con la concepción que profesa el demandante sobre el derecho a la vida. Además, la actuación de este último, en su condición de expendedor autorizado de la referida sustancia, resulta particularmente relevante desde la perspectiva enunciada. En suma, pues, hemos de colegir que los aspectos determinantes del singular reconocimiento de la objeción de conciencia que fijamos en la STC 53/1985, FJ 14, también concurren, en los términos indicados, cuando la referida objeción se proyecta sobre el deber de dispensación de la denominada "píldora del día después" por parte de los farmacéuticos, en base a las consideraciones expuestas.

    Y el tribunal continúa matizando: "la imposición de la sanción a que fue acreedor el demandante no derivó de su negativa a dispensar el medicamento a un tercero que se lo hubiera solicitado, sino del incumplimiento del deber de contar con el mínimo de existencias establecido normativamente. En segundo término, hemos de añadir que en las actuaciones no figura dato alguno a través del cual se infiera el riesgo de que la dispensación "de la píldora del día después" se viera obstaculizada, ya que "la farmacia regentada por el demandante se ubica en el centro urbano de la ciudad de Sevilla, dato este del que se deduce la disponibilidad de otras oficinas de farmacia relativamente cercanas... "

    Respecto al segundo motivo por el que fue sancionado el recurrente -no disponer de preservativos en su farmacia-, el Tribunal no accede a su petición de amparo por considerar que no puede ser subsumida en el ámbito de protección del art.16.1 de la Constitución., "....es patente que el incumplimiento de la obligación relativa a las existencias de preservativos queda extramuros de la protección que brinda el precepto constitucional indicado. La renuencia del demandante a disponer de profilácticos en su oficina de farmacia no queda amparada por la dimensión constitucional de la objeción de conciencia que dimana de la libertad de creencias reconocida en el art. 16.1 CE. Ningún conflicto de conciencia con relevancia constitucional puede darse en este supuesto."

    Fallo: Declarar que ha sido vulnerado su derecho a la objeción de conciencia, vinculado al derecho fundamental a la libertad ideológica (art. 16.1 CE).

    Votos Particulares: la Magistrada Adela Asúa Batarrita que se opone al reconocimiento que se hace en la sentencia del derecho a la objeción de conciencia . En sentido contrario, el Magistrado Andrés Ollero que entiende que la actuación del tribunal debe estar presidida por el principio de no injerencia en la conciencia del individuo. El Magistrado don Fernando Valdés Dal-Rés afirma que no hubo negativa a la dispensación de la conocida como "píldora del día después", ni sanción por esa causa, no pudo haber lugar al conflicto personal que trata de ampararse en la objeción de conciencia.

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