Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAÑA

Por cuanto el día 27 de marzo de 1995, el Plenipotenciario de España, nombrado en buena y debida forma al efecto, firmó en La Haya el Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción internacional, hecho en La Haya el 29 de mayo de 1993,

Vistos y examinados el preámbulo y los cuarenta y ocho artículos de dicho Convenio,

Concedida por las Cortes Generales la autorización prevista en el artículo 94.1 de la Constitución,

Vengo en aprobar y ratificar cuanto en él se dispone, como en virtud del presente lo apruebo y ratifico, prometiendo cumplirlo, observarlo y hacer que se cumpla y observe puntualmente en todas sus partes, a cuyo fin, para su mayor validación y firmeza, mando expedir este Instrumento de Ratificación firmado por Mí, debidamente sellado y refrendado por el infrascrito Ministro de Asuntos Exteriores, con las siguientes Declaraciones:

1. Designación de Autoridades Centrales (artículo 6).

a) «Será Autoridad Central cada una de las 17 Comunidades Autónomas, en el ámbito de su territorio y en relación a los residentes en el mismo.

En los territorios de Ceuta y Melilla la Autoridad Central será la Dirección General del Menor y Familia, del Ministerio de Asuntos Sociales.

De acuerdo con lo anterior, las autoridades Centrales y los órganos competentes en cada una de las Comunidades Autónomas y en las ciudades de Ceuta y Melilla son, con respecto a las personas residentes en el territorio de las mismas, las siguientes:

Comunidad Autónoma de Andalucía

Dirección General de Atención al Niño. Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía. Calle Héroes de Toledo, sin número. 41071 Sevilla.

Comunidad Autónoma de Aragón

Dirección General de Bienestar Social. Departamento de Bienestar Social y Trabajo de la Diputación General de Aragón. Paseo María Agustín, 36. 50071 Zaragoza.

Comunidad Autónoma del Principado de Asturias

Dirección Regional de Acción Social. Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Calle General Elorza, 35. 33071 Oviedo.

Comunidad Autónoma de Baleares

Dirección General de Juventud, Menores y Familia. Consejería de Gobernación del Gobierno Balear. Calle Francisco Salvá, sin número, Pont D'Inca-Marratxi. 07071 Palma de Mallorca.

Comunidad Autónoma de Canarias

Dirección General de Protección del Menor y la Familia. Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias. Avenida San Sebastián, 53. 38071 Santa Cruz de Tenerife.

Comunidad Autónoma de Cantabria

Dirección Regional de Bienestar Social. Consejería de Sanidad, Consumo y Bienestar Social de la Diputación Regional de Cantabria. Calle Lealtad, 23. 39071 Santander.

Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha

Dirección General de Servicios Sociales. Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades. Avenida Portugal, 77. 45071 Toledo.

Comunidad Autónoma de Castilla y León

Dirección General de Servicios Sociales. Consejería de Sanidad y Bienestar Social de la Junta de Castilla y León. Calle María de Molina, 13. 47071 Valladolid.

Comunidad Autónoma de Cataluña

Dirección General de Atención a la Infancia. Departamento de Bienestar Social de la Generalidad de Cataluña. Plaza de Pau Vila, 1. 08071 Barcelona.

Comunidad Autónoma de Extremadura

Dirección General de Acción Social. Consejería de Bienestar Social de la Junta de Extremadura. Calle Santa Eulalia, 30. 06071 Mérida (Badajoz).

Comunidad Autónoma de Galicia

Dirección General de la Familia. Consejería de Familia, Mujer y Juventud. Edificio San Caetaño, sin número. 15771 Santiago de Compostela.

Comunidad Autónoma de La Rioja

Dirección General de Bienestar Social. Consejería de Salud, Consumo y Bienestar Social. Calle Villamediana, 17. 26071 Logroño.

Comunidad Autónoma de Madrid

Comisión de Tutela del Menor. (Instituto Madrileño de Atención a la Infancia). Consejería de Integración Social. Calle Orense, 11, 9.ª planta. 28071 Madrid.

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia

Instituto de Servicios Sociales. Consejería de Sanidad y Asuntos Sociales. Calle Alonso Espejo, sin número. 30071 Murcia.

Comunidad Autónoma de Navarra

Instituto Navarro de Bienestar Social. Departamento de Bienestar Social, Deporte y Vivienda del Gobierno de Navarra. Calle González Tablas, sin número. 31071 Pamplona.

Comunidad Autónoma del País Vasco

1. Departamento de Bienestar Social de la Diputación Foral de Alava. Calle General Alava, 10. 01071 Vitoria.

2. Departamento de Bienestar Social de la Diputación Foral de Vizcaya. Calle Gran Vía, 26. 48071 Bilbao.

3. Departamento de Servicios Sociales de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Avenida de la Libertad, 17-19, 4.ª planta. 20071 San Sebastián.

Comunidad Autónoma de Valencia

Dirección General de Servicios Sociales. Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales de la Generalidad Valenciana. Calle Conde de Salvatierra, 9. 46071 Valencia.

En las ciudades de Ceuta y Melilla

Dirección General del Menor y Familia. Ministerio de Asuntos Sociales. Calle Condesa de Venadito, 34. 28071 Madrid.

b) La Autoridad Central que prevé el Convenio, artículo 6.2, para la transmisión de comunicaciones, será:

Dirección General del Menor y Familia. Ministerio de Asuntos Sociales. Calle Condesa de Venadito, 34. 28071 Madrid.»

2. Designación de la Autoridad Central que debe certificar la conformidad de la adopción con el Convenio (artículo 23). Con el siguiente texto:

«Cada una de las Comunidades Autónomas y la Dirección General del Menor y Familia con respecto a Ceuta y Melilla, designadas como Autoridades Centrales, serán las competentes para certificar la adopción conforme al Convenio.»

3. Excepción prevista en el artículo 22.4:

«Las adopciones de niños con residencia habitual en España, sólo podrán tener lugar por los residentes en aquellos Estados en los que, las funciones conferidas a las Autoridades Centrales son ejercidas por Autoridades Públicas o por Organismos reconocidos de acuerdo con lo previsto en el párrafo 1.º del artículo 22 del Convenio.»

Dado en Madrid a 30 de junio de 1995.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Asuntos Exteriores,

JAVIER SOLANA MADARIAGA

CONVENIO RELATIVO A LA PROTECCION DEL NIÑO Y A LA COOPERACION EN MATERIA DE ADOPCION INTERNACIONAL

Hecho en La Haya el 29 de mayo de 1993

Los Estados signatarios del presente Convenio,

Reconociendo que para el desarrollo armónico de su personalidad, el niño debe crecer en un medio familiar, en un clima de felicidad, amor y comprensión,

Recordando que cada Estado debería tomar, con carácter prioritario, medidas adecuadas que permitan mantener al niño en su familia de origen,

Reconociendo que la adopción internacional puede presentar la ventaja de dar una familia permanente a un niño que no puede encontrar una familia adecuada en su Estado de origen,

Convencidos de la necesidad de adoptar medidas que garanticen que las adopciones internacionales tengan lugar en consideración al interés superior del niño y al respeto a sus derechos fundamentales, así como para prevenir la sustracción, la venta o el tráfico de niños,

Deseando establecer a tal efecto disposiciones comunes que tomen en consideración los principios reconocidos por instrumentos internacionales, especialmente por el Convenio de las Naciones Unidas sobre los derechos del niño, de 20 de noviembre de 1989, y por la Declaración de Naciones Unidas sobre los principios sociales y jurídicos aplicables a la protección y al bienestar de los niños, considerados sobre todo desde el ángulo de las prácticas en materia de adopción y de colocación familiar en los planos nacional e internacional (Resolución de la Asamblea General 41/1985, de 3 de diciembre de 1986),

Han acordado las disposiciones siguientes:

CAPITULO I

Ambito de aplicación del Convenio

Artículo 1.

El presente Convenio tiene por objeto:

a) Establecer garantías para que las adopciones internacionales tengan lugar en consideración al interés superior del niño y al respeto a los derechos fundamentales que le reconoce el Derecho internacional;

b) Instaurar un sistema de cooperación entre los Estados contratantes que asegure el respeto a dichas garantías y, en consecuencia, prevenga la sustracción, la venta o el tráfico de niños;

c) Asegurar el reconocimiento en los Estados contratantes de las adopciones realizadas de acuerdo con el Convenio.

Artículo 2.

1. El Convenio se aplica cuando un niño con residencia habitual en un Estado contratante («el Estado de origen») ha sido, es o va a ser desplazado a otro Estado contratante («el Estado de recepción»), bien después de su adopción en el Estado de origen por cónyuges o por una persona con residencia habitual en el Estado de recepción, bien con la finalidad de realizar tal adopción en el Estado de recepción o en el Estado de origen.

2. El Convenio sólo se refiere a las adopciones que establecen un vínculo de filiación.

Artículo 3.

El Convenio deja de aplicarse si no se han otorgado las aceptaciones a las que se refiere el artículo 17, apartado c), antes de que el niño alcance la edad de dieciocho años.

CAPITULO II

Condiciones de las adopciones internacionales

Artículo 4.

Las adopciones consideradas por el Convenio sólo pueden tener lugar cuando las Autoridades competentes del Estado de origen:

a) Han establecido que el niño es adoptable;

b) Han constatado, después de haber examinado adecuadamente las posibilidades de colocación del niño en su Estado de origen, que una adopción internacional responde al interés superior del niño;

c) Se han asegurado de que:

1. Las personas, instituciones y autoridades cuyo consentimiento se requiera para la adopción han sido convenientemente asesoradas y debidamente informadas de las consecuencias de su consentimiento, en particular en relación al mantenimiento o ruptura, en virtud de la adopción, de los vínculos jurídicos entre el niño y su familia de origen.

2. Han dado su consentimiento libremente, en la forma legalmente prevista y que este consentimiento ha sido dado o constatado por escrito.

3. Los consentimientos no se han obtenido mediante pago o compensación de clase alguna y que tales consentimientos no han sido revocados.

4. El consentimiento de la madre, cuando sea exigido, se ha dado únicamente después del nacimiento del niño.

d) Se han asegurado, teniendo en cuenta la edad y el grado de madurez del niño, de que:

1. Ha sido convenientemente asesorado y debidamente informado sobre las consecuencias de la adopción y de su consentimiento a la adopción, cuando éste sea necesario.

2. Se han tomado en consideración los deseos y opiniones del niño.

3. El consentimiento del niño a la adopción, cuando sea necesario, ha sido dado libremente, en la forma legalmente prevista y que este consentimiento ha sido dado o constatado por escrito.

4. El consentimiento no ha sido obtenido mediante pago o compensación de clase alguna.

Artículo 5.

Las adopciones consideradas por el Convenio sólo pueden tener lugar cuando las Autoridades competentes del estado de recepción:

a) Han constatado que los futuros padres adoptivos son adecuados y aptos para adoptar.

b) Se han asegurado de que los futuros padres adoptivos han sido convenientemente asesorados.

c) Han constatado que el niño ha sido o será autorizado a entrar y residir permanentemente en dicho Estado.

CAPITULO III

Autoridades centrales y organismos acreditados

Artículo 6.

1. Todo Estado contratante designará una Autoridad Central encargada de dar cumplimiento a las obligaciones que el Convenio le impone.

2. Un Estado federal, un Estado en el que están en vigor diversos sistemas jurídicos o un Estado con unidades territoriales autónomas puede designar más de una Autoridad Central y especificar la extensión territorial o personal de sus funciones. El Estado que haga uso de esta facultad, designará la Autoridad Central a la que puede dirigirse toda comunicación para su transmisión a la Autoridad Central competente dentro de ese Estado.

Artículo 7.

1. Las Autoridades Centrales deberán cooperar entre ellas y promover una colaboración entre las Autoridades competentes de sus respectivos Estados para asegurar la protección de los niños y alcanzar los demás objetivos del Convenio.

2. Tomarán directamente todas las medidas adecuadas para:

a) Proporcionar información sobre la legislación de sus Estados en materia de adopción y otras informaciones generales, tales como estadísticas y formularios.

b) Informarse mutuamente sobre el funcionamiento del Convenio y, en la medida de lo posible, suprimir los obstáculos para su aplicación.

Artículo 8.

Las Autoridades Centrales tomarán, directamente o con la cooperación de autoridades públicas, todas las medidas apropiadas para prevenir beneficios materiales indebidos en relación a una adopción y para impedir toda práctica contraria a los objetivos del Convenio.

Artículo 9.

Las Autoridades Centrales tomarán, ya sea directamente o con la cooperación de Autoridades públicas o de otros organismos debidamente acreditados en su Estado, todas las medidas apropiadas, en especial para:

a) Reunir, conservar e intercambiar información relativa a la situación del niño y de los futuros padres adoptivos en la medida necesaria para realizar la adopción.

b) Facilitar, seguir y activar el procedimiento de adopción.

c) Promover, en sus respectivos Estados, el desarrollo de servicios de asesoramiento en materia de adopción y para el seguimiento de las adopciones.

d) Intercambiar informes generales de evaluación sobre las experiencias en materia de adopción internacional.

e) Responder, en la medida en que lo permita la ley de su Estado, a las solicitudes de información motivadas respecto a una situación particular de adopción formuladas por otras Autoridades Centrales o por autoridades públicas.

Artículo 10.

Sólo pueden obtener y conservar la acreditación los organismos que demuestren su aptitud para cumplir correctamente las funciones que pudieran confiárseles.

Artículo 11.

Un organismo acreditado debe:

a) Perseguir únicamente fines no lucrativos, en las condiciones y dentro de los límites fijados por las autoridades competentes del Estado que lo haya acreditado.

b) Ser dirigido y administrado por personas cualificadas por su integridad moral y por su formación o experiencia para actuar en el ámbito de la adopción internacional.

c) Estar sometido al control de las autoridades competentes de dicho Estado en cuanto a su composición, funcionamiento y situación financiera.

Artículo 12.

Un organismo acreditado en un Estado contratante sólo podrá actuar en otro Estado contratante si ha sido autorizado por las autoridades competentes de ambos Estados.

Artículo 13.

La designación de las Autoridades Centrales y, en su caso, el ámbito de sus funciones, así como el nombre y dirección de los organismos acreditados, serán comunicados por cada Estado contratante a la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya de Derecho internacional privado.

CAPITULO IV

Condiciones de procedimiento respecto

a las adopciones internacionales

Artículo 14.

Las personas con residencia habitual en un Estado contratante que deseen adoptar un niño cuya residencia habitual este en otro Estado contratante, deberán dirigirse a la Autoridad Central del Estado de su residencia habitual.

Artículo 15.

1. Si la Autoridad Central del Estado de recepción considera que los solicitantes son adecuados y aptos para adoptar, preparará un informe que contenga información sobre su identidad, capacidad jurídica y aptitud para adoptar, su situación personal, familiar y médica, su medio social, los motivos que les animan, su aptitud para asumir una adopción internacional y sobre los niños que estarían en condiciones de tomar a su cargo.

2. Esta Autoridad Central transmitirá el informe a la Autoridad Central del Estado de origen.

Artículo 16.

1. Si la Autoridad Central del Estado de origen considera que el niño es adoptable:

a) Preparará un informe, que contenga información sobre la identidad del niño, su adoptabilidad, su medio social, su evolución personal y familiar, su historia médica y la de su familia, así como sobre sus necesidades particulares.

b) Se asegurará de que se han tenido debidamente en cuenta las condiciones de educación del niño así como su origen étnico, religioso y cultural.

c) Se asegurará de que se han obtenido los consentimientos previstos en el artículo 4.

d) Constatará si, basándose especialmente en los informes relativos al niño y a los futuros padres adoptivos, la colocación prevista obedece al interés superior del niño.

2. Esta Autoridad Central transmitirá a la Autoridad Central del Estado de recepción su informe sobre el niño, la prueba de que se han obtenido los consentimientos requeridos y la motivación de la decisión relativa a la colocación, procurando no revelar la identidad de la madre y el padre, si en el Estado de origen no puede divulgarse su identidad.

Artículo 17.

En el Estado de origen sólo se podrá confiar al niño a los futuros padres adoptivos si:

a) La Autoridad Central del Estado de origen se ha asegurado de que los futuros padres adoptivos han manifestado su acuerdo.

b) La Autoridad Central del Estado de recepción ha aprobado tal decisión, si así lo requiere la ley de dicho Estado o la Autoridad Central del Estado de origen.

c) Las Autoridades Centrales de ambos Estados están de acuerdo en que se siga el procedimiento de adopción.

d) Se ha constatado, de acuerdo con el artículo 5, que los futuros padres adoptivos son adecuados y aptos para adoptar y que el niño ha sido o será autorizado a entrar y residir permanentemente en el Estado de recepción.

Artículo 18.

Las Autoridades Centrales de ambos Estados tomarán todas las medidas necesarias para que el niño reciba la autorización de salida del Estado de origen, así como de entrada y residencia permanente en el Estado de recepción.

Artículo 19.

1. Sólo se podrá desplazar al niño al Estado de recepción si se han observado las exigencias del artículo 17.

2. Las Autoridades Centrales de ambos Estados se asegurarán de que el desplazamiento se realice con toda seguridad, en condiciones adecuadas y, cuando sea posible, en compañía de los padres adoptivos o de los futuros padres adoptivos.

3. Si no se produce el desplazamiento del niño, los informes a los que se refieren los artículos 15 y 16 serán devueltos a las autoridades que los hayan expedido.

Artículo 20.

Las Autoridades Centrales se mantendrán informadas sobre el procedimiento de adopción y las medidas adoptadas para finalizarlo, así como sobre el desarrollo del período probatorio, si fuera requerido.

Artículo 21.

1. Si la adopción debe tener lugar en el Estado de recepción tras el desplazamiento del niño y la Autoridad Central de dicho estado considera que el mantenimiento del niño en la familia de recepción ya no responde a su interés superior, tomará las medidas necesarias para la protección del niño, especialmente para:

a) Retirar al niño de las personas que deseaban adoptarlo y ocuparse de su cuidado provisional.

b) En consulta con la Autoridad Central del Estado de origen, asegurar sin dilación una nueva colocación del niño en vistas a su adopción o, en su defecto, una colocación alternativa de carácter duradero; la adopción del niño sólo podrá tener lugar si la Autoridad Central del Estado de origen ha sido debidamente informada sobre los nuevos padres adoptivos.

c) Como último recurso, asegurar el retorno del niño al Estado de origen, si así lo exige su interés.

2. Teniendo en cuenta especialmente la edad y grado de madurez del niño, se le consultará y, en su caso, se obtendrá su consentimiento en relación a las medidas a tomar conforme al presente artículo.

Artículo 22.

1. Las funciones atribuidas a la Autoridad Central por el presente capítulo pueden ser ejercidas por autoridades públicas o por organismos acreditados conforme al capítulo III, en la medida prevista por la Ley de este Estado.

2. Todo Estado contratante podrá declarar ante el depositario del Convenio que las funciones conferidas a la Autoridad Central por los artículos 15 a 21 podrán también ser ejercidas en ese Estado, dentro de los límites permitidos por la Ley y bajo el control de las Autoridades competentes de dicho Estado, por personas u organismos que:

a) Cumplan las condiciones de integridad, competencia profesional, experiencia y responsabilidad exigidas por dicho Estado.

b) Estén capacitadas por su calificación ética y por su formación o experiencia para trabajar en el ámbito de la adopción internacional.

3. El Estado contratante que efectúe la declaración prevista en el párrafo 2 informará con regularidad a la Oficina Permanente de la Conferencia de La Haya de Derecho internacional privado de los nombres y direcciones de estos organismos y personas.

4. Todo Estado contratante podrá declarar ante el depositario del Convenio que las adopciones de niños cuya residencia habitual esté situada en su territorio sólo podrán tener lugar si las funciones conferidas a las Autoridades Centrales se ejercen de acuerdo con el párrafo primero.

5. A pesar de que se haya realizado la declaración prevista en el párrafo 2, los informes previstos en los artículos 15 y 16 se prepararán, en todo caso, bajo las responsabilidad de la Autoridad Central o de otras autoridades u organismos de acuerdo con el párrafo primero.

CAPITULO V

Reconocimiento y efectos de la adopción

Artículo 23.

1. Una adopción certificada como conforme al Convenio por la autoridad competente del Estado donde ha tenido lugar, será reconocida de pleno derecho en los demás Estados contratantes. La certificación especificará cuándo y por quién han sido otorgadas las aceptaciones a las que se refiere el artículo 17, apartado c).

2. Todo Estado contratante, en el momento de la firma, la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, notificará al depositario del Convenio la identidad y las funciones de la autoridad o autoridades que, en dicho Estado, son competentes para expedir la certificación. Notificará asimismo cualquier modificación en la designación de estas autoridades.

Artículo 24.

Sólo podrá denegarse el reconocimiento de una adopción en un Estado contratante si dicha adopción es manifiestamente contraria a su orden público, teniendo en cuenta el interés superior del niño.

Artículo 25.

Todo Estado contratante puede declarar ante el depositario del Convenio que no reconocerá en virtud de las disposiciones del mismo las adopciones hechas conforme a un acuerdo concluido en aplicación del artículo 39, párrafo 2.

Artículo 26.

1. El reconocimiento de la adopción comporta el reconocimiento:

a) Del vínculo de filiación entre el niño y sus padres adoptivos.

b) De la responsabilidad de los padres adoptivos respecto al hijo.

c) De la ruptura del vínculo de filiación preexistente entre el niño y su madre y su padre, si la adopción produce este efecto en el Estado contratante en que ha tenido lugar.

2. Si la adopción tiene como efecto la ruptura del vínculo preexistente de filiación, el niño gozará, en el Estado de recepción y en todo otro Estado contratante en que se reconozca la adopción, de derechos equivalentes a los que resultan de una adopción que produzca tal efecto en cada uno de esos Estados.

3. Los párrafos precedentes no ipedirán la aplicación de disposiciones más favorables al niño que estén en vigor en el Estado contratante que reconozca la adopción.

Artículo 27.

1. Si una adopción realizada en el Estado de origen no tiene por efecto la ruptura del vínculo de filiación preexistente, en el Estado de recepción que reconozca la adopción conforme al Convenio dicha adopción podrá ser convertida en un adopción que produzca tal efecto, si:

a) La Ley del estado de recepción lo permite.

b) Los consentimientos exigidos en el artículo 4, apartados c) y d), han sido o son otorgados para tal adopción.

2. El artículo 23 se aplicará a la decisión sobre la conversión de la adopción.

CAPITULO VI

Disposiciones generales

Artículo 28.

El Convenio no afecta a Ley alguna de un Estado de origen que exija que la adopción de un niño con residencia habitual en ese Estado tenga lugar en ese Estado o que prohíba la colocación del niño en el Estado de recepción o su desplazamiento al Estado de recepción antes de la adopción.

Artículo 29.

No habrá contacto alguno entre los futuros padres adoptivos y los padres del niño u otras personas que tengan la guarda de éste hasta que se hayan cumplido las condiciones de los artículos 4, apartados a) a c), y del artículo 5, apartado a), salvo cuando la adopción del niño tenga lugar entre familiares o salvo que se cumplan las condiciones que establezca la autoridad competente del Estado de origen.

Artículo 30.

1. Las autoridades competentes de un Estado contratante asegurarán la conservación de la información de la que dispongan relativa a los orígenes del niño, en particular la información respecto a la identidad de sus padres, así como la historia médica del niño y de su familia.

2. Dichas autoridades asegurarán el acceso, con el debido asesoramiento, del niño o de su representante a esta información en la medida en que lo permita la Ley de dicho Estado.

Artículo 31.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 30, los datos personales que se obtengan o transmitan conforme al Convenio, en particular aquellos a los que se refieren los artículos 15 y 16, no podrán utilizarse para fines distintos de aquellos para los que se obtuvieron o transmitieron.

Artículo 32.

1. Nadie puede obtener beneficios materiales indebidos, como consecuencia de una intervención relativa a una adopción internacional.

2. Sólo se podrán reclamar y pagar costes y gastos directos, incluyendo los honorarios profesionales razonables de las personas que han intervenido en la adopción.

3. Los directores, administradores y empleados de organismos que intervengan en la adopción no podrán recibir remuneraciones desproporcionadas en relación a los servicios prestados.

Artículo 33.

Toda Autoridad competente que constate que no se ha respetado o que existe un riesgo manifiesto de que no sea respetada alguna de las disposiciones del Convenio, informará inmediatamente a la Autoridad Central de su estado. Dicha Autoridad Central tendrá la responsabilidad de asegurar que se toman las medidas adecuadas.

Artículo 34.

Si la autoridad competente del Estado de destino de un documento así lo requiere, deberá proporcionarse una traducción auténtica. Salvo que se disponga lo contrario, los costes de tal traducción correrán a cargo de los futuros padres adoptivos.

Artículo 35.

Las autoridades competentes de los Estados contratantes actuarán con celeridad en los procedimientos de adopción.

Artículo 36.

En relación a un Estado que tenga, en materia de adopción, dos o más sistemas jurídicos aplicables en distintas unidades territoriales:

a) Toda referencia a la residencia habitual en dicho Estado se entenderá referida a la residencia habitual en una unidad territorial de dicho Estado.

b) Toda referencia a la Ley de dicho Estado se entenderá referida a la Ley vigente en la correspondiente unidad territorial.

c) Toda referencia a las autoridades competentes o a las autoridades públicas de dicho Estado se entenderá referida a las autoridades autorizadas para actuar en la correspondiente unidad territorial.

d) Toda referencia a los organismos acreditados de dicho Estado se entenderá referida a los organismos acreditados en la correspondiente unidad territorial.

Artículo 37.

En relación a un Estado que tenga, en materia de adopción, dos o más sistemas jurídicos aplicables a diferentes categorías de personas, toda referencia a la Ley de ese Estado se entenderá referida al sistema jurídico determinado por la Ley de dicho Estado.

Artículo 38.

Un Estado contratante en el que distintas unidades territoriales tengan sus propias normas en materia de adopción no estará obligado a aplicar las normas del Convenio cuando un Estado con un sistema jurídico unitario no estaría obligado a hacerlo.

Artículo 39.

1. El Convenio no derogará a los instrumentos internacionales en que los Estados contratantes sean partes y que contengan disposiciones sobre materias reguladas por el presente Convenio, salvo declaración en contrario de los Estados vinculados por dichos instrumentos.

2. Todo Estado contratante podrá concluir con uno o más Estados contratantes acuerdos para favorecer la aplicación del Convenio en sus relaciones recíprocas. Estos acuerdos sólo podrán derogar las disposiciones contenidas en los artículos 14 a 16 y 18 a 21. Los Estados que concluyan tales acuerdos transmitirán una copia de los mismos al depositario del presente Convenio.

Artículo 40.

No se admitirá reserva alguna al Convenio.

Artículo 41.

El Convenio se aplicará siempre que una solicitud formulada conforme al artículo 14 sea recibida después de la entrada en vigor del Convenio en el Estado de origen y en el Estado de recepción.

Artículo 42.

El Secretario general de la Conferencia de La Haya, de Derecho internacional privado convocará periódicamente una Comisión especial para examinar el funcionamiento práctico del Convenio.

CAPITULO VII

Cláusulas finales

Artículo 43.

1. El Convenio estará abierto a la firma de los Estados que fueren miembros de la Conferencia de La Haya, de Derecho internacional privado cuando se celebró su decimoséptima sesión y de los demás Estados participantes en dicha sesión.

2. Será ratificado, aceptado o aprobado, y los instrumentos de ratificación, aceptación o aprobación se depositarán en el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de los Países Bajos, depositario del Convenio.

Artículo 44.

1. Cualquier otro Estado podrá adherirse al Convenio después de su entrada en vigor en virtud del párrafo 1 del artículo 46.

2. El instrumento de adhesión se depositará en poder del depositario.

3. La adhesión sólo surtirá efecto en las relaciones entre el Estado adherente y los Estados contratantes que no hubiesen formulado objeción a la adhesión en los seis meses siguientes a la recepción de la notificación a que se refiere el apartado b) del artículo 48. Podrá asimismo formular una objeción al respecto cualquier Estado en el momento de la ratificación, aceptación o aprobación del Convenio posterior a la adhesión. Dichas objeciones serán notificadas al depositario del Convenio.

Artículo 45.

1 Cuando un Estado comprenda dos o más unidades territoriales en las que se apliquen sistemas jurídicos diferentes en lo que se refiere a cuestiones reguladas por el presente Convenio, podrá declarar, en el momento de la firma, ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, que el Convenio se aplicará a todas sus unidades territoriales o solamente a una o varias de ellas y podrá en cualquier momento modificar esta declaración haciendo otra nueva.

2. Toda declaración de esta naturaleza será notificada al depositario del Convenio y en ella se indicarán expresamente las unidades territoriales a las que el Convenio será aplicable.

3. En el caso de que un Estado no formule declaración alguna al amparo del presente artículo, el Convenio se aplicará a la totalidad del territorio de dicho Estado.

Artículo 46.

1. El Convenio entrará en vigor el día primero del mes siguiente a la expiración de un período de tres meses después del depósito del tercer instrumento de ratificación, de aceptación o de aprobación previsto en el artículo 43.

2. En lo sucesivo, el Convenio entrará en vigor:

a) Para cada Estado que lo ratifique, acepte o apruebe posteriormente, o se adhiera al mismo, el primer día del mes siguiente a la expiración de un período de tres meses después del depósito de su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.

b) Para las unidades territoriales a las que se haya hecho extensiva la aplicación del Convenio de conformidad con el artículo 45, el día primero del mes siguiente a la expiración de un período de tres meses después de la notificación prevista en dicho artículo.

Artículo 47.

1. Todo Estado parte en el presente Convenio podrá denunciarlo mediante notificación por escrito dirigida al depositario.

2. La denuncia surtirá efecto el día primero del mes siguiente a la expiración de un período de doce meses después de la fecha de recepción de la notificación por el depositario del Convenio. En caso de que en la notificación se fije un período más largo para que la denuncia surta efecto, ésta tendrá efecto cuando transcurra dicho período, que se contará a partir de la fecha de recepción de la notificación.

Artículo 48.

El depositario del convenio notificará a los Estados miembros de la Conferencia de La Haya, de Derecho internacional privado, así como a los demás Estados participantes en la decimoséptima sesión y a los Estados que se hayan adherido de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44:

a) Las firmas, ratificaciones, aceptaciones y aprobaciones a que se refiere el artículo 43.

b) Las adhesiones y las objeciones a las mismas a que se refiere el artículo 44.

c) La fecha en la que el Convenio entrará en vigor de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46;

d) Las declaraciones y designaciones a que se refieren los artículos 22, 23, 25 y 45.

e) Los acuerdos a que se refiere el artículo 39.

f) Las denuncias a que se refiere el artículo 41.

En fe de lo cual, los infrascritos, debidamente autorizados, han firmado el presente Convenio.

Hecho en La Haya, el 29 de mayo de 1993, en francés e inglés, siendo ambos textos igualmente auténticos, en un solo ejemplar, que será depositado en los archivos del Gobierno del Reino de los Países Bajos y del cual se remitirá por vía diplomática una copia auténtica a cada uno de los Estados miembros de la Conferencia de La Haya, de Derecho internacional privado, en el momento de celebrarse su decimoséptima sesión, así como a cada uno de los demás Estados que han participado en dicha sesión.

ESTADOS PARTE

Países / Fecha firma / Fecha depósito instrumento / Fecha entrada en vigor

Brasil / 29- 5-1993

Burkina Faso (Decl.) / 19- 4-1994

Canadá / 12- 4-1994

Colombia / 1- 9-1993

Costa Rica / 29- 5-1993

Chipre / 17-11-1994 / 20- 2-95 R / 1- 6-1995

Ecuador / 3- 5-1994

España / 27- 3-1995 / 11- 7-95 R / 1-11-1995

EE.UU / 31- 3-1994

Finlandia / 19- 4-1994

Francia / 5- 4-1994

Israel / 2-11-1993

Luxemburgo / 6- 6-1995

Méjico (Decl.) / 29- 5-1993 / 14-9-94 R / 1- 5-1995

Países Bajos / 5-12-1993

Perú / 16-11-1994

Polonia / 12- 6-1995 / 12- 6-95 R / 1-10-1995

Reino Unido / 12- 1-1994

Rumania / 29- 5-1993 / 28-12-94 R / 1- 5-1995

Sri Lanka (Decl.) / 24- 5-1994 / 23- 1-95 R / 1- 5-1995

Suiza / 16- 1-1995

Uruguay / 1- 9-1993

R: Ratificación.

Declaración (Méjico)

«I. En relación con los artículos 6, numeral 2 y 22, numeral 2, únicamente fungirán como Autoridades Centrales para la aplicación de la presente Convención, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de cada una de las siguientes entidades federativas, con jurisdicción exclusiva en el territorio al que pertenecen.

1. Aguascalientes.

2. Baja California.

3. Baja California Sur.

4. Campeche.

5. Coahuila.

6. Colima.

7. Chiapas.

8. Chihuahua.

9. Durango.

10. Estado de México.

11. Guanajuato.

12. Guerrero.

13. Hidalgo.

14. Jalisco.

15. Michoacán.

16. Morelos.

17. Nayarit.

18. Nuevo León.

19. Oaxaca.

20. Puebla.

21. Querétaro.

22. Quintana Roo.

23. San Luis Potosí.

24. Sinaloa.

25. Sonora.

26. Tabasco.

27. Tamaulipas.

28. Tlaxcala.

29. Veracruz.

30. Yucatán.

31. Zacatecas.

32. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia tendrá jurisdicción exclusiva en el Distrito Federal y jurisdicción subsidiaria en las 31 entidades federativas de la República ateriormente citadas.

La Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones exteriores fungirá como Autoridad Central para la recepción de documentación proveniente del extranjero.

II. En relación con los artículos 17, 21 y 28 el Gobierno de México declara que sólo podrán ser trasladados fuera del país los menores que hayan sido previamente adoptados a través de los tribunales familiares nacionales.

III. En relación con el artículo 23, numeral 2, el Gobierno de México declara que la Consultoría Jurídica de la Secretaría de Relaciones exteriores es la autoridad competente para expedir las certificaciones de las adopciones que se hayan gestionado de conformidad con la Convención.

IV. En relación con el artículo 34, el Gobierno de México declara que toda la documentación que se remita a México en aplicación de la Convención, deberá estar acompañada de una traducción oficial al idioma español.»

El presente Convenio entró en vigor de forma general el 1 de mayo de 1995 y para España entrará en vigor el 1 de noviembre de 1995 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 del Convenio.

Lo que se hace público para conocimiento general.

Madrid, 18 de julio de 1995.-El Secretario general Técnico del Ministerio de Asuntos exteriores, Antonio Bellver Manrique.